No procede la exclusión de tutela sindical por la sola posibilidad de que el trabajador se jubile

DemandaPartes: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Thiacodimitris Roberto Darío s/ juicio sumarísimo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 23-may-2014

Cita: MJ-JU-M-86888-AR | MJJ86888

Improcedencia de la demanda de exclusión de tutela sindical basada en la situación de posible jubilación del trabajador, conforme el art. 252 LCT.

Sumario:

1.-Debe revocarse el fallo recurrido y, en consecuencia, rechazar la demanda de exclusión de tutela sindical por encontrarse el actor en condición de jubilarse, pues lo dispuesto en el art. 252 LCT. no puede ser opuesto a lo establecido en la CN. en su art. 14 bis , al Convenio 87 de la OIT y por el Convenio 135 de la OIT, en tanto brindan garantías que pretende resguardar a las personas que ocupan cargos de representación sindical, como consecuencia de un legítimo ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical.

2.-El trabajador, por ser titular de un cargo sindical electivo, goza de estabilidad y mal puede aceptarse que se intente quebrar una estabilidad que fue adquirida conforme un acto eleccionario, lo que importaría desconocer la voluntad de las bases que la eligieron para desempeñar tal cargo y la libertad sindical amparada tanto en el art. 14 bis de la CN. como en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.

3.-El acceso a un cargo amparado por la estabilidad sindical implica una prórroga del plazo establecido en el art. 91 LCT., que expresamente consagra que el contrato de trabajo dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social, y pospone el ejercicio de la facultad conferida al empleador por el art. 252 de la ley citada hasta el vencimiento del período de tutela.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de MAYO de 2.014, para dictar sentencia en estos autos: “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Thiacodimitris Roberto Darío s/ Juicio Sumarísimo”, se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIROS DIJO:

A fs. 2/8 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, promueve demanda con el objeto de obtener la exclusión de la tutela sindical de la cual goza el Sr. Roberto Darío Thiacodimitris, conforme la garantía estatuida en la Ley 23.551. Sostiene que el demandado al 08/02/ 2012 contaba con 35 años de servicios y una edad de 65 años. En consecuencia, pretende efectuar la intimación a en los términos de los arts. 59 y 61 de la ley 471). Finalmente ofrece como prueba el expediente Administrativo Nro. 93.664/2012 y solicita se haga lugar a la demanda, con costas.

El trabajador contestó demanda a fs. 23/38, niega los hechos y derecho invocado y especialmente que reviste como médico Suplente de Guardia en el Hospital de Rehabilitación Manuel Roca. Alega que es agente de planta permanente y cumple funciones como Médico de la Sección Otorrinolaringología en el mencionado nosocomio. Afirma que ejerce un cargo de representación gremial – Revisor de Cuentas Suplente de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires – en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, con mandato vigente desde el 10 de diciembre de 2009 hasta el 10 de diciembre de 2013, que le fue notificado a la demandada con fecha 27 de Agosto de

2.009. Ofrece prueba y solicita se rechace la demanda con expresa imposición de costas.

A fs. 70/71 se encuentra glosada la sentencia que hace lugar a la demanda instaurada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y concede la exclusión de tutela peticionada.

La parte demandada cuestiona la decisión de grado a fs.74 y 77/83 que replica la actora en la presentación que obra a fs. 90/96.

II- Se queja la parte demandada porque el Sr. juez acogió el pedido de exclusión de tutela peticionado. Arguye que la decisión a la que arriba omite el análisis de la garantía establecida en los artículos 47 y 52 de la Ley 23.551 y el alcance de lo que se entiende por justa causa en el artículo 48 de la norma citada. Alega que la decisión sería arbitraria y contraria a lo establecido en la ley 23.551, el art. 14 bis de nuestra Ley Fundamental y lo dispuesto en los Convenios Internacionales que se incorporan al bloque Constitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna.

Atento la forma en que quedó trabada la litis, ambas partes son contestes en que el trabajador se encuentra amparado por las garantías previstas en la ley 23.551 para los representantes sindicales. Discrepan únicamente en torno a si estar en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio constituye o no causal suficiente para excluirlo de tal garantía y, consecuentemente, disponer su cese a esos efectos.

En relación a este punto, es mi ver, que a la actora no le asiste razón pues el trabajador, por ser titular de un cargo sindical electivo, goza de estabilidad y mal puede aceptarse que se intente quebrar una estabilidad que fue adquirida conforme un acto eleccionario, lo que importaría desconocer la voluntad de las bases que la eligieron para desempeñar tal cargo y la libertad sindical amparada tanto en el art. 14 bis de la Constitución Nacional como en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.

En efecto, del análisis conjunto de los arts.48 y 52 de la ley 23.551, surge que se prevee la exclusión de tutela ante la existencia de una justa causa, por lo tanto es mi ver que la intimación al demandado a que se jubile, no resulta ser una justa causa.

Me explico: lo dispuesto en el art. 252 de la L.C.T. no puede ser opuesto a lo establecido en la Constitución Nacional en su art. 14 bis, al Convenio 87 de la OIT (jerarquía constitucional), y por el Convenio 135 de la OIT(jerarquía supralegal), en tanto brindan garantías que pretende resguardar a las personas que ocupan cargos

de representación sindical, como consecuencia de un legítimo ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical.

Es decir, la estabilidad de rango constitucional, en este caso, se proyecta durante el tiempo de estabilidad gremial, por lo tanto la facultad de su empleador de intimar a que inicie los trámites jubilatorios queda superada por la garantía constitucional que protege el ejercicio de las funciones sindicales.

Por los fundamentos antes indicados, propicio revocar el fallo y rechazar la demandada, de exclusión de tutela.

III) La nueva solución que dejo propuesta impone algunas modificaciones en materia de costas y honorarios (art. 279 del Código Procesal).

En esta tesitura, entiendo que las costas en ambas instancias deben ser soportadas por la actora, que ha resultado vencida (art. 68 del Código Procesal).

Los honorarios, teniendo en cuenta los trabajos cumplidos por los profesionales, propongo se establezcan $6000 para la representación de la parte actora y $8.000 para la demandada (art. 38 de la ley 18.345 y demás normas arancelarias).

V- Por los trabajos de alzada propicio se regulen honorarios a la representación letrada de la actora 25% y de la demandada en el 35%, respectivamente, de los determinados para la primera instancia (art.14 del arancel de abogados y procuradores).

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

Que adhiero al voto que antecede y agrego que, respecto del tema debatido soy de la opinión de que las disposiciones del art.

252 de la L.C.T. no pueden ser aplicadas al delegado gremial porque considero que las finalidades perseguidas por los arts. 252 LCT y 48 de la ley 23551 son distintas.

En efecto, la primera contempla por igual los derechos del principal y del trabajador y en relación a éste, porque estando en condiciones de jubilarse, la cesantía o despido no lo perjudica. En lo que atañe al patrón lo libera de mantener vigente el contrato de trabajo y, por ende, de seguir obligado al pago de jornales, en razón, precisamente, de que su actitud no causa perjuicio al obrero.

La segunda normativa (art. 48 ley 23551) reconoce estabilidad transitoria al delegado gremial por la naturaleza de la representación sindical que ejerce, a fin de no comprometer su gestión, la que desde luego se vería impedida si pudiera ser dejado cesante por haber llegado al límite de edad y servicios para la jubilación. Militan pues, en este caso, razones de política laboral protegidas por el ordenamiento jurídico vigente (art. 14 de la Const. Nacional) que explican y justifican la permanencia y estabilidad en el empleo del delegado durante el plazo fijado legalmente.De ahí que, cuando se presenta un conflicto entre estas dos normas (por una parte, el derecho del representante sindical a no ser despedido arbitrariamente y a que no se modifiquen las condiciones de trabajo, ni se lo suspenda, y por otra, el derecho del empleador a extinguir la relación laboral en caso de que aquél reuniere los requisitos para obtener una de las prestaciones del sistema previsional) el conflicto -a mi modo de ver- deba resolverse a favor del derecho cuyo reconocimiento emana de la norma de jerarquía superior, basada en los principios que afirman la libertad sindical, como los Tratados Internacionales pertinentes y la Constitución Nacional, bloque que constituye el “Ius Cogens” de primacía ineludible.

Desde esta perspectiva, la garantía de estabilidad sindical emana del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En cambio, la facultad atribuida al empleador emana de la ley y no tiene fundamento constitucional.

Orientados por el criterio de la preferencia de los valores y de las normas en juego, cabe concluir que el acceso a un cargo amparado por la estabilidad sindical implica una prórroga del plazo establecido en el art. 91 LCT que expresamente consagra que el contrato de trabajo dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social, y pospone el ejercicio de la facultad conferida al empleador por el artículo 252 de la ley citada hasta el vencimiento del período de tutela.

La solución propuesta no implica, a mi modo de ver, un privilegio arbitrario para el representante sindical, pues la garantía le es reconocida, fundamentalmente, para la defensa del interés de los trabajadores representados (en similar sentido CSJN 4/9/68 “González, Avelino c/ Frigorífico La Blanca S.A.” LT XVI-937)(en similar sentido ver mi voto in re:”Desouza Desousa Pires, Valentín c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Juicio Sumarísimo”, S.D. nro.: 43834 del 30- 09-11).

LA DOCTORA BEATRIZ INÉS FONTANA: No vota.

Por lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar el fallo y rechazar la demanda interpuesta por Gobierno de la Ciudad de Bunos Aires. 2) Declarar las costas en ambas instancias a cargo de la actora, que ha resultado vencida. 3) Fijar los honorario, ($.) para la representación de la parte actora y $8.000 (ocho mil pesos) para la demandada. 4) Regular honorarios de alzada, a la representación letrada de la actora 25% (veinticinco por ciento) y de la demandada en el 35% (treinta y cinco por ciento), respectivamente, de los determinados para la primera instancia. 4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la C.S.J.N. Nº 15/2.013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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