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Para que el imputado ejerza su derecho de réplica, la Cámara de Casación ordenó permitir el ingreso de un equipo televisivo a la unidad carcelaria

filmandoPartes: L. L. H. de J. s/ ingreso de incompetencia

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 29-may-2014

Cita: MJ-JU-M-86823-AR | MJJ86823

Se hizo lugar a la casación y en el marco del habeas corpus promovido, se ordenó al Servicio Penitenciario Federal que disponga las medidas necesarias para el ingreso de un equipo televisivo a la unidad carcelaria a fin de que el imputado ejerza su derecho de réplica, autorizándose el ingreso de una computadora personal.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa particular y ordenar que el Servicio Penitenciario Federal implemente las medidas tendientes a permitir el ingreso de un equipo televisivo para que el imputado pueda ejercer su derecho de réplica como así también que se le permita el ingreso de una computadora personal o, en su defecto, que se le habilite un horario y un espacio para acceder a ella, para examinar la prueba que obra en su contra y elaborar su defensa, pues lo cierto es que fue el juez interviniente quien expresó a la autoridad penitenciaria que dicha judicatura no tenía objeciones que formular con relación a que el interno reciba periodistas y efectúe una entrevista, de manera tal que ha sido el servicio penitenciario quien, habilitado por la autoridad jurisdiccional a dar curso a la petición formulada por la parte, a los efectos de no menoscabar derechos previstos en nuestra Constitución Nacional, optó por denegarla conforme aplicación del dec. 1136/97 del Reglamento de Comunicaciones de los Internos, fundando tal restricción en la inconveniencias derivadas de las particulares circunstancias tratadas (en el caso, se hizo lugar al habeas corpus).

2.-Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un control o dominio total sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. En este particular contexto de subordinación del detenido frente al Estado, este último tiene una responsabilidad especial de asegurar a aquellas personas bajo su control las condiciones que les permitan retener un grado de dignidad consistente con sus derechos humanos inherentes e inderogables (en el caso, se hizo lugar a la casación y al habeas corpus promovido).

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 29 días del mes de mayo de 2014, se reúne la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por la doctora Ana M. Figueroa como Presidente, y los doctores Luis María Cabral Juan Carlos Gemignani como Vocales, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de H. de J. L. L. en esta causa causa Nº FLP 8714/2014/CFCI caratulada: «L. L., H. de J. s/ ingreso de incompetencia», de cuyas constancias RESULTA:

1º) Que el magistrado a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de esta Ciudad rechazó la denuncia de habeas corpus interpuesta por H. de J. L. L. (art. 17 de la Ley 23.098).

Contra dicha resolución la defensa particular interpuso el recurso de apelación que, concedido, fue remitido a esta sede por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal por haberse superado la etapa de citación a juicio. A fs. 128/134 la defensa particular reencauzó la impugnación efectuada cumpliendo con los requisitos previstos por el ordenamiento procesal para el acceso a este Tribunal.

2º) Que los agravios introducidos por la defensa oficial pueden sintetizarse de la siguiente forma:

A. el 10 de marzo del corriente la defensa solicitó autorización para que ingresara al lugar de detención, en el que se encuentra alojado H. de J. L. L., un equipo del programa televisivo «La Cornisa» a fin de efectuar una entrevista con el objeto de que el imputado pudiera ejercer su derecho a réplica, respecto de cuestiones que habían sido informadas, con anterioridad, en el mencionado programa. A pesar de que el magistrado interviniente sostuvo que no tenía objeciones para que ingrese el equipo mencionado, dicha posibilidad, continuó el impugnante, fue vedada por las autoridades del Servicio Penitenciario Federal.

B.en la audiencia celebrada con motivo de la acción de hábeas corpus interpuesta, el imputado manifestó una serie de circunstancias que entendió, constituían un agravamiento de las condiciones de detención. En tal sentido manifestó: a) que es el único de los internos que no tiene acceso para recibir llamadas telefónicas; b) que tampoco se le autorizó el ingreso de una computadora personal para que pudiera trabajar en su defensa en relación con la profusa evidencia e información digital con la que cuenta la causa principal, cuestión que torna imposible acceder a ese material por otro medio; c) que, asimismo, en el marco de la audiencia celebrada ante el juez federal de Lomas de Zamora sostuvo haber sufrido intentos de traslado de módulos sin fundamento alguno, haber estado aislado sin acceso al exterior y haber sufrido apremios psicológicos por parte de integrantes del Servicio Penitenciario Federal.

3º) Que, celebrada la audiencia establecida en el art. 454 en función del art. 465 bis del C.P.P.N., con la presencia de la defensa particular y, a través del sistema de videoconferencia, de H. de J. L. L., oportunidad en la que la asistencia técnica pudo desarrollar los agravios contenidos en su impugnación y el imputado pudo ejercer su derecho a ser oído por el tribunal que debe resolver sus pretensiones. En esa oportunidad, tanto el recurrente como su asistido, además de desarrollar los agravios reseñados más arriba, manifestaron su disconformidad con las condiciones de detención puntualizando un trato desigual respecto de los otros internos en lo referente a la concurrencia de visitas y a la retención y no entrega en tiempo de prendas de vestir. Por su parte la defensa particular solicitó un examen psicológico y clínico de su representado. Tras ello el Tribunal pasó a deliberar (art. 469 del mismo cuerpo legal), y efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden:en primer lugar, el doctor Luis María Cabral, y en segundo y tercer término, los doctores Ana M. Figueroa y Juan Carlos Gemigniani, respectivamente.

El juez Luis María Cabral dijo:

El art. 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es operativo, puesto que es posible derivar con nitidez de su texto los perfiles centrales que habilitan el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta.

Ese derecho de rectificación o respuesta encuentra su razón de ser en dos ámbitos, el individual, donde se presenta como un eficaz medio para la tutela de ciertos derechos personalísimos afectados por la información, consagrándose en este aspecto, como una garantía para la persona, y el social, en tanto es preciso que el público en general – a quien va destinada la información – pueda llegar a conocer la expresión contradictoria de la noticia, proveniente del afectado (C.S.J.N. 321:2314 ).

Como se ha visto H. de J. L. L. solicitó poder ejercer su derecho de réplica, en relación con la información vertida en un programa de televisión. No parece lógico que las autoridades penitenciarias limiten el ejercicio de ese derecho a una comunicación telefónica o escrita, siendo que la información que el imputado afirma es inexacta, fue vertida en un programa televisivo y esa posibilidad le es cedida por ese medio.

Por el contrario, debe asegurarse al ofendido la posibilidad de respuesta en el mismo espacio y con igual alcance a aquél de cuyo contenido se agravia. En el caso, nada obsta y así lo propongo al acuerdo, a que un equipo del programa televisivo ingrese, tal como lo solicitó, a la unidad en la que se encuentra alojado H. de J. L. L.para que éste pueda ejercer el derecho de réplica, obviamente, con las medidas de seguridad del caso que el servicio penitenciario establezca en uso de las facultades que le son propias.

Idéntica solución propondré respecto de la posibilidad de que el imputado cuente con una computadora personal o, en su defecto, que se le habilite un horario y un espacio para acceder a ella. Ello es así, no solo porque no media prohibición legal en tal sentido, sino 3 porque resultan lógicas las razones expuestas por el imputado en el sentido de que le resultaría de gran utilidad para preparar su defensa, en atención a la profusa prueba que obraría en soporte magnético. También aquí deberán extremarse las medidas de seguridad a implementar a fin de evitar que el instrumento mencionado sea usado para distintos fines que los solicitados y con la limitación para acceder al servicio de Internet y de medios informáticos de transmisión de información que da cuenta la resolución que en copia obra a fs. 63/65.

Con relación al pedido de colocación de una línea telefónica apta para recibir llamadas, nada habré de resolver ya que de fs. 77 surge que se ha solicitado a la empresa telefónica la colocación de dicha línea, razón por la cual deberá aguardarse y reclamarse por la vía correspondiente dicha implementación.

Por último no debe perderse de vista que H. de J. L. L. se encuentra detenido, a disposición de la justicia federal a la espera de las resultas de un proceso de extradición. En tales condiciones y aún cuando medien motivos de seguridad para su alojamiento en otros pabellones, durante su estadía no debiera contar con menos derechos que los internos alojados en otras dependencias.Por ello la autoridad penitenciaria deberá disponer las medidas tendientes a que le sean devueltas las prendas de vestir que le fueron retenidas, como así también las que le permitan contar con un régimen de visitas que en ningún caso puede ser más estricto que el de otros internos. Para finalizar deberá disponerse que a través del juez, a cuya disposición se encuentra el detenido, se ordene, en forma urgente, los exámenes psicológicos y físicos respecto del estado actual de H. de J. L. L.

En atención a ello, propongo al acuerdo: I. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa particular, sin costas. II. Ordenar que el Servicio Penitenciario Federal, a través de quien corresponda y con los recaudos del caso, implemente las medidas tendientes a permitir el ingreso del equipo televisivo para que el imputado pueda ejercer su derecho de réplica como así también que se le permita, en los términos solicitados por el recurrente, el ingreso de una computadora personal para examinar la prueba que obra en su contra y elaborar su defensa. III. Ordenar que se lleven a cabo las medidas necesarias para que las prendas de vestir que le fueron retenidas le sean devueltas como así también que cuente con un régimen de visitas que en ningún caso puede ser más estricto que el de otros internos. IV. Ordenar que se disponga, en forma urgente, los exámenes psicológicos y físicos respecto de H. de J. L. L. (arts.470, 530, 531 y 532 del C.P.P.N.). Tal es mi voto.

La señora jueza doctora Ana María Figueroa dijo:

1º) En primer término he de señalar que la acción de habeas corpus intentada en autos es la vía procesal idónea, correspondiendo la intervención jurisdiccional amplia cuando se denuncian lesiones convencionales y constitucionales referidas al agravamiento ilegítimo de las formas y condiciones de la detención, denunciando condiciones y prácticas institucionales estructurales, que incumplen los estándares mínimos de derechos humanos de las personas en condiciones de encierro, consolidando patrones de violencia dentro del sistema carcelario, que deben ser erradicados (artículos 18, 43 y 75 inciso 22 de la C.N.).

Cabe referir que la acción de habeas corpus históricamente tuvo como principal objetivo proteger la libertad personal ambulatoria frente al poder del Estado, en el que valiéndose de restricciones a la libertad de locomoción, detenciones o arrestos arbitrarios y demás desplazamientos de las personas, descargaban todo el peso del ejercicio del poder punitivo. Para ello hacen uso de las garantías prescriptas constitucionalmente en el artículo 43, poniendo de manifiesto la tensión entre el Estado de Derecho y un estado de policía, que siempre puja por sobrepasar a aquél. El habeas corpus expresa la tensión entre el poder político y el individuo, que luego de las conquistas l ogradas de la mano del liberalismo político de la Modernidad, 5 pusieron freno a la omnipotente potestad punitiva del entonces decadente Estado Monárquico.

Si bien sus antecedentes pueden remontarse a varios siglos, está pacíficamente situado como paradigma del respeto a la persona y su integridad física, en la Carta Magna de 1215. Por su parte en nuestro país, desde 1811 contamos con disposiciones que prevén requisitos para la detención de las personas.La Constitución de 1853 reafirmó los derechos de libertad de las personas -sobre todo la libertad ambulatoria- y previó su especial protección al establecer que nadie podrá ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente, en el artículo 18 CN. Reforzando esta concepción nuestra Constitución Nacional declaró en su Preámbulo como uno de sus objetivos principales, el respeto de la libertad de la persona. Cabe tener presente también el antecedente del artículo 20 de la ley 48, vigente desde 1863 hasta su derogación en 1984.

Con la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 en el artículo 43 se introduce el instituto de hábeas corpus, con el siguiente alcance «Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en la desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera a su favor y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio».

El convencional constituyente, le otorgó especial protección a esta acción, en consonancia con los parámetros comparados que impone el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, debiendo analizarse y complementar con los artículos 18, 43 y 75 inciso 22, con las disposiciones previstas en los artículos 18 y 25 de la DADDH; 8, 9 de la DUDH; 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 22.3 y 25 CADH; 10.1, 10.3, 14.1 del PIDCP y 13 PIDESC.

Ahora bien, para el caso en análisis no puede dejar de destacarse la situación en que se encuentra quien está privado de su libertad, a disposición del Servicio Penitenciario Federal, sea que estén cumpliendo pena o se encuentre detenido en base a una medida cautelar.El recurrente está sujeto dentro de la esfera administrativa y burocrática de la autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, encontrándose a disposición del Estado privado de libertad, durante el período de tiempo que el ordenamiento legal lo prevé y según la duración del trámite procesal en trámite.

Teniendo en cuenta el precepto previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional, por el que se proclama que «Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice», completando con las obligaciones asumidas al ratificar los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional -artículo 75 inciso 22 C.N.-, que establecen las condiciones de detención, cabe señalar la responsabilidad de nuestro país en cuanto Estado parte al ratificar las declaraciones, convenciones, pactos y demás instrumentos jurídicos con jerarquía normativa superior a las leyes federales; de lo que resulta de especial importancia efectuar un análisis minucioso de la normativa de aplicación nacional, constitucional y convencional respecto de los agravamientos en las condiciones de detención denunciadas por H. de J. L. L.

2º) Desarrollados que fueron los agravios de la defensa y del encausado tanto en la presentación a estudio, como durante la audiencia celebrada en las estas actuaciones, corresponde su tratamiento pormenorizado. a. En primer lugar señalaré que he tenido oportunidad de expedirme en casos en los cuales se traía a estudio de esta Cámara, la alegación de cercenamientos de derechos amparados constitucional y convencionalmente de personas privadas de su libertad, entre ellas: causa nº 14.805, «N.N. s/recurso de casación», rta. el 02/02/2012, reg. nº 19.653; causa nº 14.961, «N. N. s/recurso de casación», rta. el 22/06/2012, reg.nº 20.116; causa nº 16.302, «Barraza, José Eduardo; Brossio, Gastón Darío; 7 Molina, Víctor Manuel y Suardi, Leonardo Darío y otros s/recurso de casación», rta. el 19/12/2012, reg. nº 21.015, todas de la Sala II de esta Cámara Federal de Casación Penal y causa nº 32/13, «Beltrán Flores, Rosemary y otros s/recurso de casación» , rta. el 30/04/2013, reg. nº 20.928 de la Sala I.

En ellos he recordado que desde el análisis de las normas convencionales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que «Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano» (art. 5 inc. 2º), y en consonancia con ello el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que «toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano» (art. 10).

La CIDH ha sostenido que en «los términos del artículo 5.2 de la Convención toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos» (párr. 195 Caso «Castillo Petruzzi y otros Vs.Perú», Sentencia del 30 de mayo de 1999, con cita del caso » Neira Alegría y Otros, Sentencia de 19 de enero de 1995), explicitando que «la incomunicación durante la detención, la exhibición pública con un traje infamante a través de medios de comunicación, el aislamiento en celda reducida, sin ventilación ni luz natural, los golpes y otros maltratos como el ahogamiento, la intimidación por amenazas de otros actos violentos, las restricciones al régimen de visitas (.), constituyen formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el sentido del artículo 5.2. de la Convención Americana» (párr. 58, caso «Loayza Tamayo Vs. Perú», Sentencia del 17 de mayo de 1997).

Por su parte la CIDH ha declarado que «frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un control o dominio total sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. En este particular contexto de subordinación del detenido frente al Estado, este último tiene una responsabilidad especial de asegurar a aquellas personas bajo su control las condiciones que les permitan retener un grado de dignidad consistente con sus derechos humanos inherentes e inderogables (párr. 97, Caso «Caesar Vs. Trinidad y Tobago», Sentencia del 11 de marzo de 2005) (el resaltado es propio).

Por su parte, los «Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión», adoptados por la Asamblea General por resolución 43/173 de fecha 9/12/1988, dispone -en lo pertinente-: «30.2.Principio 4 «.toda forma de detención o prisión y todas las medidas que afectan a los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, deberán ser ordenadas por un juez u otra autoridad, o quedar sujeta a la fiscalización efectiva de un juez u otra autoridad.».

Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado, que si bien «.no es tarea de los jueces -y escapa a sus posibilidades reales- resolver por sí mismos las falencias en materia edilicia que determinan la población carcelaria, sí lo es, velar porque el encarcelamiento se cumpla en forma acorde con los parámetros que establecen las leyes y las normas constitucionales, y ordenar, dado el caso, el cese de los actos u omisiones de la autoridad pública, que, medido con arreglo a esas pautas, impliquen agravar ilegítimamente la forma y condiciones de ejecución de la pena. con la extensión del procedimiento sumarísimo de hábeas corpus a la protección de la dignidad y respeto a la persona, con los que debe cumplirse la privación de libertad, el legislador ha buscado establecer un medio legal adicional, rápido y eficaz, para resguardar el trato digno en las prisiones y solucionar situaciones injustas que allí se planteen. Pues lo que caracteriza al instituto sub examine es 9 el objetivo de suministrar un recurso expeditivo para la protección de los derechos comprometidos cuando fuere urgente modificar el agravamiento de las condiciones de detención, y cuando ello no aconteciere por cualquier razón.» (C.S.J.N. Fallos D. 1867 XXXVIII «Defensor Oficial s/interpone acción del art. 43 de la Constitución Nacional», 23/12/04 -con remisión al dictamen del Procurador General-). b. Ahora bien, sobre el habeas corpus traído a estudio y en lo que respecta al cercenamiento del derecho a réplica invocado por la defensa, obsérvese que ha sido la autoridad penitenciaria quien denegó la entrevista del interno L. L.con el programa televisivo «La Cornisa», sobre la base de los artículos 121 a 124 del Decreto 1136/97 del Reglamento de Comunicaciones de los Internos (cfr. fs. 54), fundando tal restricción en la inconveniencias derivadas de las particulares circunstancias del caso, «.por tratarse de un caso de trascendencia pública, y las implicancias que acarrean en la sociedad delitos de [la] envergadura [por los cuales viene requerida la extradición].».

Recuérdese al respecto que el juez Federal interviniente había manifestado al señor Director del Complejo Penitenciario Federal nº 1 que «.este Tribunal no tiene objeciones que formular con relación a lo requerido, en lo concerniente a [que L. L. pueda] recibir a periodistas y efectuar una entrevista con éstos.», de manera tal que ha sido la autoridad penitenciaria quien, habilitada por la autorida d jurisdiccional a dar curso a la petición formulada por la parte a los efectos de no menoscabar derechos previstos en nuestra Constitución Nacional, optó por denegarla conforme aplicación de reglamentos administrativos.

Sobre el planteo efectuado por el interno sobre el ejercicio de su derecho de réplica en el programa «La Cornisa», se autorice respetando la reglamentación vigente, el ingreso a la unidad del equipo televisivo, o se disponga el uso de la sala de video conferencia en día y hora a establecer por el SPF, para que el imputado pueda ejercer dicho derecho.

En lo atinente a que el recurrente pueda contar con una computadora personal, a los efectos de poder preparar su defensa, considero que la solicitud no encuentra impedimentos legales, si bien en cumplimiento de los reglamentos carcelarios debe limitarse el acceso al servicio de internet y a medios informáticos de transmisión de información (cfr. fs.63/65), o alternativamente se disponga de una franja horaria para que acceda diariamente a un espacio con computadora en funcionamiento, conforme precedentes existentes en el SPF.

Sobre el agravamiento en las condiciones de detención, habiéndose trasladado a la zona psiquiátrica y en aislamiento, considero que debe ser trasladado a un lugar dentro del complejo penitenciario, donde sea resguardada su vida y tenga relaciones con otras personas, a los efectos que cese su aislamiento que agrava su situación de vulnerabilidad particular por el encierro.

Por otra parte entiendo que a los fines que prevé la ley 23.098 en su artículo 3 inciso 2, en su análisis convencional y constitucional, corresponde atender el reclamo, ordenando al Servicio Penitenciario Federal la devolución de las prendas que oportunamente le retuvieran.

Vale señalar al respecto que la acción referida se condice con un agravamiento de la condición de detención de L. L. que no obedece a normativa legal o reglamento carcelario alguno, menoscabando los derechos humanos y las garantías constitucionales que le asisten.

Resulta así pertinente recordar que «.a diferencia de la evaluación de políticas, cuestión claramente no judiciable, corresponde sin duda alguna al Poder Judicial de la Nación garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que éstos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y decidir las controversias.» (V. 856. XXXVIII; «Verbitsky, Horacio s/habeas corpus» , 03/05/2005, Fallos:328:1146), deber que por las razones expuestas ha sido inobservado en el presente caso.

Es por ello, frente a la acción de habeas corpus deducida por la defensa, no se ha cumplido con los estándares convencionales ni constitucionales en atención a la respuesta jurisdiccional brindada a la naturaleza de las cuestiones planteadas, voto por hacer lugar al planteo traído a estudio, por lo que adhiero a la solución propuesta por el juez que me precede en la votación.

Por último, en lo atinente al pedido de colocación de una línea telefónica apta para recibir llamadas, deberá estarse a lo resuelto a fs. 77, o verificar después de efectivizado el traslado, si la UPF dispone de línea telefónica para recibir y realizar llamadas, como se encuentra dotado en todos los pabellones, en caso afirmativo la cuestión habría devenido abstracta.

Tal es mi voto.

El doctor Juan Carlos Gemignani dijo:

Que adhiere al voto del doctor Luis María Cabral.

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal, RESUELVE: I. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa particular, sin costas. II. Ordenar que el Servicio Penitenciario Federal, a través de quien corresponda y con los recaudos del caso, implemente las medidas tendientes a permitir el ingreso del equipo televisivo para que el imputado pueda ejercer su derecho de réplica como así también que se le permita, en los términos solicitados por el recurrente, el ingreso de una computadora personal o, en su defecto, que se le habilite un horario y un espacio para acceder a ella para examinar la prueba que obra en su contra y elaborar su defensa. III. Ordenar que se lleven a cabo las medidas necesarias para que las prendas de vestir que le fueron retenidas le sean devueltas como así también que cuente con un régimen de visitas que en ningún caso puede ser más estricto que el de otros internos. IV. Ordenar que se disponga, en forma urgente, los exámenes psicológicos y físicos respecto de H. de J. L. L. (arts. 470, 530, 531 y 532 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese y oportunamente, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordada Nº 15/13, CSJN), a través de la Secretaría de Jurisprudencia de esta Cámara.

Cúmplase con la remisión ordenada, y sirva la presente de muy atenta nota de envío.

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