Controlar en demasía las relaciones laborales de un franquiciado permite la aplicación del art. 30 LCT

shutterstock_124535932Partes: Suarez Jorge Antonio c/ Food & Service Consulting S.A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 14-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-86565-AR | MJJ86565 | MJJ86565

El franquiciante es responsable en los términos del art. 30 LCT, pues se probó la fuerte injerencia en el control de las relaciones laborales del franquiciado.

Sumario:

1.-Corresponde condenar al franquiciante en los términos del art. 30 LCT., pues su injerencia en la contratación, elección, capacitación y control de los registros del personal de la sociedad franquiciada, en contratar un seguro de riesgos y accidentes de trabajo, denota una fuerte intromisión en las relaciones del franquiciado con sus empleados, lo que impide considerar como ajena a los intereses del franquiciante la actividad de aquél.

2.-No impiden la aplicación del art. 30 LCT. las cláusulas referidas a la indemnidad en la que se obliga el franquiciado a mantener al franquiciante, propias del acuerdo bilateral entre ellos celebrados, pero de eficacia restringida frente al trabajador, a quién esas limitaciones de responsabilidad le resultan inoponibles de acuerdo a lo dispuesto por la norma referida.

3.-Debe revocarse la sentencia en cuanto consideró procedentes el pago en negro, la jornada de trabajo y consecuentemente de las horas extras, dado que la prueba volcada en la causa es insuficiente para acreditar la versión del pretensor.

4.-La exigencia del dec. 146/01 no es inconstitucional, porque lejos de someter la aplicación de la Ley 25.345 a un requisito restrictivo, permite, mediante una simple manifestación documentada, otorgar certeza a la exigibilidad de los certificados y aventar las innumerables cuestiones que podrían ser planteadas, de buena o mala fe, sin ese recaudo.

5.-La intimación a la entrega del certificado de trabajo no puede ser suplida por su mención en la audiencia de conciliación o en el escrito de demanda, porque al integrar el elenco de pretensiones, su existencia como crédito debe ser preexistente a los actos constitutivos del proceso.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de marzo de 2014, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda, viene apelada por el actor y ambas demandadas y, disconforme con la regulación de su honorario, por la perito contadora.

La sentenciante de primera instancia, con fundamento en la prueba testimonial, encontró acreditado que el actor percibía parte de su salario ($ 400.-) fuera de registro y que se desempeñaba de lunes a miércoles de 11.30 a 16 hs. y de 19.30 a 2 hs. (11 horas diarias) y de viernes a domingos de 11.30 a 16 y de 19.30 a 3 hs. (12 horas diarias) (artículo 386 de C.P.C.C.N.). Sostuvo que: “.las declaraciones provienen de personas que han sido compañeros de trabajo del actor en Vinculación, o bien eran enviados por Food a cubrir relevos, por lo que conocen los pormenores del servicio. En este sentido las impugnaciones de fs. 214/vta., 217/vta., 229/246 vta. y 338/355 no logran inhabilitar sus dichos pues los testimonios de los cinco deponentes son coherentes y concordantes entre sí, y no se contradicen con las restantes pruebas de la causa por lo que cabe otorgarles plena eficacia convictiva (artículo 90 L.O.).”. La a quo concluyó de la siguiente manera: “.el despido decidido por el actor, ante la negativa de la demandada a regularizar su situación, resultó ajustado a derecho (arts.242 y 246 de la L.C.T.).”.

II.- Por una cuestión de buen método trataré en primer término el recurso de Vinculación S.A., que adelanto, estimo procedente.

La demandada ataca las declaraciones testimoniales con las que la señora Jueza a quo fundó su pronunciamiento (Regis -v. fs. 211-, Barrios -v. fs. 226-, Deganutti -v. fs. 287-, Cobben -v. fs. 333- y García Quipuesco -v. fs. 205-), y sostiene que con las de los testigos propuestos por su parte (Alvarado -v. fs. 357-, Colque -v. fs. 359-, Acosta -v. fs. 361- y Ketz -v. fs. 363-) logra acreditar que el actor trabajaba un turno de media jornada y que nunca percibió sumas en negro.

En cuanto a la jornada de trabajo, corresponde destacar que tiene razón la apelante, ya que las declaraciones con las que la señora Jueza a quo fundó su pronunciamiento, resultan ser ineficaces para acreditar el tema en cuestión. Así, el testigo Regis -v. fs. 211- menciona el horario que cumplía el actor que dice saberlo porque trabajaba en el restaurant, pero lo cierto es que no especifica cuál era su jornada de trabajo, para respaldar sus dichos. Respecto de Barrios -v. fs. 226, con juicio pendiente contra las demandadas-, era empleado de una empresa que realizaba relevos en “Vinculación” y “Food”, por lo que resulta ser ineficaz, por tratarse de una persona ajena al establecimiento; por lo tanto mal puede expresar un conocimiento acabado acerca de aspectos propios de la organización y el ámbito de trabajo. Deganutti -v. fs. 287, con juicio pendiente contra las demandadas- declaró que “.todos trabajábamos el mismo horario de

11.30 hs. a 16 hs. más o menos de 19.30 a 0.1 hs., los días de semana y los fines de semana se trabajaba hasta las 2 o 3 de la mañana.”; lo cierto es que el testigo se limita a realizar una inferencia, la que además de ser tal, no coincide con el horario expuesto en la demanda por el actor. Por su parte, Cobben -v. fs.333, con juicio pendiente contra “Food & Services”- dijo que “el horario que tenían la mayoría de los mozos era de.”, por lo que no describe con precisión que ese era el horario del actor. Por último, García Quipuesco -v. fs. 205- afirma haber trabajado una jornada y sostiene que el actor realizaba la misma, pero lo cierto es que lo expuesto, no coincide con lo relatado en la demanda, lo que impide otorgarle credibilidad. Por lo demás, esta Sala viene sosteniendo que el análisis de las declaraciones testimoniales debe efectuarse en forma más rigurosa si quienes las vierten, de algún modo pueden verse beneficiados con el resultado del litigio, situación que se vislumbra con aquellas personas que tienen juicio pendiente. Forzoso es sugerir la revocación de la sentencia, ya que las declaraciones no fueron convincentes, según las reglas de la sana crítica (artículos 377 y 386 del C.P.C.C.N.).

Respecto de la segunda cuestión, esto es, el pago en negro, corresponde destacar que las declaraciones con las que la quo fundó su pronunciamiento resultan ineficaces a los fines de acreditar la pretensión del accionante. Así, del testimonio de la señora García Quipuesco, se extrae que “.sabe que al actor le pagaban en negro porque todo el personal en Vinculación cobrábamos en negro.” (v. fs. 206). Lo mismo sucede con el señor Regis. Declaró que “.todos los mozos tenían un promedio en blanco, y después un promedio en negro.que lo sabe y le consta porque trabajaba en ese restaurant.” (v. fs. 212). También, el testigo Cobben, al igual que los anteriores, dijo que “.le consta porque cobraba de la misma manera.” (v. fs. 334). Deganutti sostuvo que “.era para todos una parte en blanco y después los llamaban a la caja para pagarnos la otra parte en negro.” (v. fs. 289). Por último, respecto de Barrios, cabe recordar lo expuesto precedentemente.Sin perjuicio de ello, el testigo dijo que “.al actor le abonaban igual que al dicente la parte en negro y la parte en blanco, lo sabía porque veía como le pagaban al actor porque llamaban de 2 a 3 personas a la vez para cobrar.” (v. fs. 227), aspecto este último poco creíble en tanto ha sido soslayado por el resto. Lo cierto es que, dicha declaración debe apreciarse teniendo en cuenta pautas más estrictas, que sumado a las demás declaraciones que resultan ineficaces, lleva a que, de conformidad con las reglas de la sana crítica, considere que la declaración de Barrios no resulte eficaz a los fines pretendidos (artículos 377 y 386 del C.P.C.C.N.). Al respecto, cabe aclarar que las inferencias de los testigos, no constituyen aserciones sobre hechos percibidos, por lo que no son materia de la prueba testimonial. En definitiva, ninguno de los declarantes refirió experiencias directas en relación a cobros clandestinos por parte del actor y no se puede fundar una decisión de condena en indicios, por más razonables que parezcan -los indicados no lo son-, si no son confirmados por otros elementos de juicio. En resumen, la mera probabilidad de la hipótesis apuntada es insuficiente para acoger la pretensión traída a esta sede, cuyos presupuestos de hecho debieron ser probados, como todos los hechos relevantes para el proceso, convincentemente, según las reglas de la sana crítica.

Sentado lo anterior, ello basta para dejar sin efecto lo decidido en grado respecto de la procedencia del pago en negro, de la jornada de trabajo y consecuentemente de las horas extras, dado que la prueba volcada en la causa es insuficiente para acreditar la versión del pretensor. En esas condiciones, corresponde se revoque la sentencia de primera instancia en cuanto a la cuestión principal.

El actor se agravia de que se haya desestimado la pretensión de obtener la multa del artículo 80 de la L.C.T., fundada en la omisión de la intimación prevista por el Decreto 146/01.La exigencia del mencionado decreto no es inconstitucional, porque, lejos de someter la aplicación de la Ley 25.345 a un requisito restrictivo, permite, mediante una simple manifestación documentada, otorgar certeza a la exigibilidad de los certificados y aventar las innumerables cuestiones que podrían ser planteadas, de buena o mala fe, sin ese recaudo. Esa manifestación no puede ser suplida por su mención en la audiencia de conciliación o en el escrito de demanda, porque, al integrar el elenco de pretensiones, su existencia como crédito debe ser preexistente a los actos constitutivos del proceso. El actor no cursó la intimación prevista por el artículo 3° del Decreto 146/01 en los plazos allí establecidos, por lo que corresponde se confirme lo resuelto en grado.

Por lo precedentemente expuesto, el tratamiento de los restantes agravios, deviene abstracto.

III El recurso de la demandada Food & Services Consulting

S.A. es improcedente. Ello en atención al contrato de franquicia y de gestión administrativa -v. fs. 39 y 52- acompañado por la propia franquiciante (“Food & Services”) de donde surge que si bien se acordó allí, como regla general, que el franquiciado será responsable de la contratación de sus empleados y que para ello dispondrá de total autonomía -v. fs. 40-, seguidamente se advierte la injerencia del franquiciante cuando resulta una obligación para éste, entrenar al franquiciado y a dos personas más que este último designe -v. fs. 43-, como así también, cuando le facilita entrenamiento adicional al programado -v. fs. 44- Agrega, que “el franquiciado deberá asistir personalmente y/o el gerente del local designado a la totalidad de los entrenamientos a los que convoque el franquiciante, no pudiendo eximirse de los mismo en forma alguna” -v. fs. 45-. Se vuelve a advertir la injerencia en la parte que acuerdan que el franquiciado deberá alcanzar una uniformidad arquitectónica-decorativa, en cuanto al trato y atención al cliente, imagen, servicio, concepto de venta, productos y precios, siguiendo las instrucciones del franquiciante -v. fs.44-. También así, en cuanto se extrae que “el franquiciado tiene la obligación de estar presente físicamente en el negocio.para el caso en que no pueda estar el cien por cien del tiempo activo semanal en el local, deberá obligatoriamente contratar a un gerente o encargado del local, contando, de solicitarlo así, con la asistencia de Food & Services en la selección del gerente y su capacitación” -v. fs. 45- Agrega que es “recomendable que el franquiciado informe al franquiciante sobre el reemplazo de su gerente”. Además impone al franquiciado la obligación de “contratar seguros contra incendio, daños y perjuicios, accidentes de trabajo, robo e inclusive, seguros de vida” -v. fs. 46-. Por su parte, del contrato de gestión administrativa surge que “el dueño del negocio (Vinculación S.A.) le encomienda por el presente al administrador (Food & Services), y éste acepta, la administración de su negocio.a tal fin el administrador representará al dueño del negocio en todos aquellos actos inherentes a su actividad comercial, con las más amplias facultades para realizar gestiones administrativas de toda índole, contratar en su nombre percibir y efectuar pagos propios del giro comercial, y de las contrataciones que celebre, rescindirlas, seleccionar, incorporar personal y determinar regímenes disciplinarios para el mismo, representarlo ante todas las reparticiones públicas y/o privadas inclusive bancos y demás entidades financieras y realizar todos aquellos actos que resulten atinentes a la administración de la empresa dueña del negocio”, así a continuación enuncia distintos puntos que describen el deber del administrador.

En resumen, la injerencia del franquiciante en la contratación, elección, capacitación y control de los registros del personal de la sociedad franquiciada, en contratar un seguro de riesgos y accidentes de trabajo, advierte entonces que la fuerte intromisión en las relaciones del franquiciado con sus empleados, impide considerar como ajena a los intereses del franquiciante, la actividad de aquél.Por el contrario, una interpretación integral de los términos del contrato permite concluir que a través del mismo se habilita al franquiciado para llevar adelante el desarrollo de tareas propias de la actividad normal y específica del franquiciante.

De allí que resulte adecuado y razonable encuadrar la situación ventilada en autos, en la normativa prescripta en el artículo 30. No modifican tal criterio, las cláusulas referidas a la indemnidad en la que se obliga el franquiciado a mantener al franquiciante, propias del acuerdo bilateral entre ellos celebrados, pero de eficacia restringida frente al trabajador, a quién esas limitaciones de responsabilidad le resultan inoponibles de acuerdo a lo dispuesto por el artículo

30 de la L.C.T. En base a las consideraciones que anteceden, corresponde confirmar la condena, en forma solidaria a Food & Service Consulting S.A.

IV.- Por todo lo expuesto, no encuentro acreditadas las causales por las que el accionante se colocó en situación de despido (artículos 66, 242 y

246 L.C.T.). Por ello, corresponde dejar sin efecto las indemnizaciones reclamadas y los restantes rubros. Por otra parte, corresponde se confirme en cuanto pronuncia condena contra las demandadas, respecto de la procedencia de los rubros: días trabajados, s.a.c. proporcional y vacaciones proporcionales más

s.a.c. (conf. informe contable de fs.284).

V.- En virtud de lo dispuesto por el artículo 279 del CPCCN correspondería dejar sin efecto lo resuelto en grado sobre costas y honorarios.

VI.- Por lo expuesto, propongo se confirme la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena contra las sociedades demandadas y se fije el capital nominal en $ 2.934,67 al que accederán intereses en la forma establecida en la sentencia de grado; se dejen sin efecto los pronunciamiento sobre costas y honorarios; se imponga el 95% de las costas del proceso al actor, ya que resultó comparativamente -con criterio conceptual, no aritmético- vencido en lo sustancial de la controversia de fondo, y a las demandadas, el 5%, de conformidad al artículo 71 del C.P.C.C.N.; se regulen los honorarios de las representaciones letradas del actor y de las demandadas, por la totalidad de los trabajos cumplidos en ambas instancias, y los de la perito contadora, en ($.), ($.).-, ($.)- y ($.).-, respectivamente (artículos 68, 71 y 279 del

C.P.C.C.N ; 6°, 7°, 14, 19 y arg. artículo 20 de la Ley 21.839; 3° del Decreto-Ley 16638/57).

EL DOCTOR VICTOR ARTURO PESINO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena contra las sociedades demandadas y fijar el capital nominal en $ 2.934,67 al que accederán intereses en la forma establecida en la sentencia de grado;

2) Dejar sin efecto los pronunciamiento sobre costas y honorarios;

3) Imponer el 95% de las costas del proceso al actor, y el 5% a las demandadas;

4) Regular los honorarios de las representaciones letradas del actor y de las demandadas, por la totalidad de los trabajos cumplidos en ambas instancias, y los de la perito contadora, en ($.), ($.).-, ($.)- y

($.).-, respectivamente.

Regístrese, notifíquese y, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/5/13 y oportunamente, devuélvanse.-

LUIS ALBERTO CATARDO

JUEZ DE CÁMARA

VICTOR ARTURO PESINO

JUEZ DE CÁMARA

Ante mí:

ALICIA E. MESERI

SECRETARIA

 

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