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La Corte admitió un reclamo por el trato de peor calidad a los usuarios de los trenes de la línea Sarmiento

TrenesPartes: Unión de Usuarios y Consumidores c/ Estado Nacional – Estado Nacional – M° V E Inf. – Secretaría de Transporte – dec. 104/2001 y otros s/ amparo proceso sumarísimo (art. 321, inc. 2°, CPCCN.)

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 24-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-86668-AR | MJJ86668 | MJJ86668

La Corte Suprema admitió el reclamo de la Unión de Consumidores y Usuarios, motivado por el trato desigual de los usuarios del sistema de transporte ferroviario, consistente en brindar -injustificadamente- un servicio de evidente peor calidad a los usuarios que utilizan un determinado ramal, en relación a los usuarios que utilizan otro.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar al recurso extraordinario y, en consecuencia, revocar la sentencia por la cual se rechazó la acción interpuesta por la Unión de Usuarios y Consumidores -en los términos del art. 55 de la Ley de Defensa del Consumidor- contra Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA), el Estado Nacional y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a fin de que se equiparen los servicios prestados en los diferentes ramales ferroviarios, haciéndose efectivo el principio por el cual los usuarios tienen derecho a un trato equitativo, con fundamento en que, aunque se invoque la existencia de un estado de emergencia pública o se alegue que se trata de cuestiones técnicas -ajenas, como principio, a la revisión judicial-, ello no autoriza a avalar el incumplimiento del estándar mínimo constitucional de protección equitativa a los usuarios de servicios públicos de transporte ferroviario.

2.-El art. 42 de la CN., en su parte pertinente, establece que ‘los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho -en la relación de consumo- a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos (…) y a condiciones de trato equitativo y digno’; lo cual revela la especial protección que el constituyente decidió otorgar a los usuarios y consumidores en razón de ser sujetos particularmente vulnerables, y garantiza un estándar mínimo de calidad que todo servicio público debe cumplir.

3.-Quienes tienen a su cargo la administración de los asuntos del Estado deben cumplir con la Constitución garantizando un contenido mínimo a los derechos fundamentales y muy especialmente en el caso de las prestaciones en las que están en juego tanto la vida como la integridad física de las personas, lo cual no se cumple cuando los servicios son atrasados, descuidados, deteriorados, insuficientes, o presentan un estado lamentable porque la Constitución no consiente interpretaciones que transformen a los derechos en meras declaraciones con un resultado trágico para los ciudadanos.

4.-La Constitución Nacional obliga a los prestadores de servicios públicos a brindarles un trato digno a los usuarios y consumidores (art. 42, CN.), y el trato digno al pasajero transportado significa que se deben adoptar medidas para que éste sea atendido como una persona humana con dignidad, contemplando la situación de quienes tienen capacidades diferentes, o son menores; esto incluye las diligencias mínimas para que el tren, una vez en marcha, circule con las puertas correctamente cerradas, para evitar que viajen pasajeros ubicados en lugares peligrosos para la seguridad del transporte, la adopción de medidas para que el pasajero no descienda empujado por una marea humana con riesgo de su integridad física, y para que viaje de un modo razonablemente cómodo.

5.-El deber constitucional de seguridad en el transporte de pasajeros se trata de un valor que debe guiar la conducta del Estado, así como a los organizadores de actividades que, directa o indirectamente, se vinculen con la vida o la salud de las personas y que obliga a los prestadores de servicios públicos a desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso que existe: la vida y la salud de sus habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos.

6.-Si bien la emergencia puede autorizar ciertas restricciones de derechos individuales, ello nunca justifica la desnaturalización o supresión de su sustancia; ni la autoridad estatal puede válidamente trasponer el límite que señala el art. 28 de la CN. y preterir su inexcusable rol como gestor del bien común, puesto que, el estado de derecho, es necesariamente un estado de poderes limitados, en el que las razones de emergencia mal pueden servir de fundamento para sacrificar los derechos del individuo en pos de la supervivencia de las gobierno.

7.-No parece coherente con la naturaleza del discurso judicial apartarse del consejo experto volcado en el dictamen pericial sin motivo y, menos aún, abstenerse de ese aporte, puesto que si bien en nuestro sistema la prueba pericial no reviste el carácter de prueba legal, teniendo en consideración que el experto es una persona especialmente calificada por su saber específico y se desempeña como auxiliar judicial distinto de las partes, la prudencia aconseja aceptar los resultados a los que aquél haya llegado, en tanto no adolezcan de errores manifiestos, o no resulten contrariados por otra probanza de igual o parejo tenor

8.-Corresponde rechazar el pedido de la inconstitucionalidad del dec. 104/2001 (Addenda al Contrato de Concesión de los Grupos de Servicio de líneas ferroviarias), por ser infundado, en la inteligencia de que el apelante se limita a señalar que la norma previó la incorporación de nueva tecnología en una de las líneas ferroviarias en desmedro de otra, alegación que, por sí sola, resulta insuficiente para acreditar la violación del principio de trato equitativo invocada.

9.-El recurso extraordinario entablado por la Unión de Usuarios y Consumidores, cuyos agravios se plantean en torno a la supuesta ‘práctica discriminatoria’ que implica la prestación del servicio de trenes a los usuarios de un ramal ferroviario que tienen ‘peor posición económica’ a los de otro ramal, resulta inadmisible y fue incorrectamente concedido por el a quo pues, si bien la apelante aduce que existe una cuestión federal en punto a la lesión al principio de igualdad ante la ley consagrado en el art. 16 de la CN. y al de trato equitativo y digno del usuario previsto en su art. 42, tales preceptos carecen de vinculación directa con la materia del pleito, pues la solución del caso no dependía de la declaración de inconstitucionalidad de norma alguna sino de la apreciación de las pruebas y de los hechos de la causa (dictamen de la Procuradora General).

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

A fs. 3207/3228, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala III), al revocar el pronunciamiento de primera instancia, rechazó la demanda entablada -en los términos del art. 55 de la Ley de Defensa del Consumidor- por Unión de Usuarios y Consumidores contra Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA), el Estado Nacional y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para que se declare la inconstitucionalidad del decreto 104/91 en cuanto aprobó el adjunto 4 del anexo III y el adjunto 2 del anexo VI de la agenda del contrato de concesión ferroviaria, . por contener cláusulas discriminatorias y disposiciones que establecen diferencias o desvalorización de un determinado sector de usuarios.

Para resolver de tal modo, los integrantes de la Cámara con respecto ala sentencia del juez de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad de las mencionadas cláusulas-, entendieron que no se encontraba ,satisfecho el presupuesto atinente a la realización de un exhaustivo examen de la normas cuestionadas sobre el cual se pudiera concluir en la existencia de una notoria contradicción con el derecho constitucional invocado y que, por ende, habilitara a dicho magistrado a sostener que aquéllas contenían disposiciones discriminatorias o lesivas del derecho a la igualdad, por haberse establecido diferencias o desvalorizaciones de determinado grupo en función del nivel social o económico de los usuarios.

Así pues, resaltaron que tal declaración de inconstitucionalidad se efectuó con sustento en apreciaciones de carácter genérico sobre las disposiciones cuestionadas y en supuesta colisión con los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, sin contar con una base de convicción cierta y de aptitud suficiente para ello -tal como fue la simple conclusión de mayor demanda del servicio de la linea Sarmiento con respecto a la linea Mitre, que se tomó como única pauta de valoración-, y sin reparar en las múltiples razones que pudieron inducir -en el marco del contrato de concesión- a la autoridad de aplicación a aprobarlas citadas adendas.

En tales condiciones, concluyeron en que la sentencia de grado no contenía un pronunciamiento concreto por el que se pudiera considerar debidamente fundado el reproche constitucional formulado, ya que no se acreditó que mediante la norma cuestionada se hubiera configurado una manifiesta violación al derecho a la igualdad como consecuencia de una decisión que fue adoptada -en un momento determinado- para incorporar material rodante a una línea ferroviaria y en comparación con el servicio que brinda otra línea a cargo de la misma concesionaria.

Expusieron que en el marco del ejercicio de la función administrativa -que concluyó con el dictado del decreto 104/01- se llevó a cabo un proceso para adecuar los contratos de concesión de los servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros de la región metropolitana de Buenos Aires a las nuevas necesidades percibidas en virtud de una demanda insatisfecha en calidad y cantidad de servicio prestado, para lo cual se tomó particularmente en cuenta -entre otros factores- que los contratos de concesión de servicios públicos son mutables por naturaleza y que la facultad de incluir modificaciones es una potestad de la Administración Pública cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de satisfacer en mejor forma los intereses públicos.

Destacaron también que el trámite de adecuación del contrato había sido sometido al procedimiento de Documento de Consulta -de acuerdo con las resoluciones ST 143 y 144 del 10 y 15 de noviembre de 2000-, permitiéndose así la participación de los órganos y sectores interesados -como de las asociaciones de usuarios-, quienes habían aportado sugerencias y requerimientos, los cuales a su vez fueron incorporados en aquellos aspectos que -según se estimó-, definían con mayor detalle y claridad los derechos y obligaciones de cada una de las partes e incidían, directamente, en una prestación de servicios más adecuada a las expectativas de la comunidad.

Por tales motivos, aseveraron que los criterios de evaluación técnica, tanto respecto de las obligaciones cuyo cumplimiento debe garantizar el concesionario, como en ordena las restantes condiciones en que debe prestarse el servicio comportaron el regular ejercicio de facultades discrecionales del Poder Ejecutivo, sin que las conclusiones del juez de primera instancia tuvieran virtualidad y sustento (tanto fácticos, como técnicos y jurídicos) suficientes para demostrar la arbitrariedad e ilegitimidad de la decisión aprobatoria que la autoridad de aplicación había adoptado en la emergencia.

Entendieron que eran atendibles los agravios de los demandados en cuanto se había admitido en el pronunciamiento apelado la pretensión de la actora en tomo a la existencia de una actitud violatoria del derecho a la igualdad y de discriminación en la prestación -en sí- del servicio ferroviario de la línea Sarmiento. Afirmaron, al respecto, que no cabía hablar de discriminación ni de agravio al principio de igualdad consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional, ya que ello sólo podría darse si a situaciones similares se las tratas de modo diverso y que, en el caso, ambas líneas estaban sujetas a características distintas, lo que imposibilita la igualdad en el servicio.Además – dijeron – en los supuestos en los cuales se habían admitido diferencias en orden o al equipamiento de las respectivas líneas de transporte ferroviario, ellas o respondían a extremos objetivos (de naturaleza fáctica, técnica, económica, concerniente al trazado, características, equipamientos y requerimientos -entre otros aspectos- de las líneas involucradas) debidamente comprobados y correctamente valorados por la autoridad de aplicación.

Advirtieron, asimismo, que se había dictado un entramado de actos por los cuales las autoridades administrativas regularon e implementaron todo el desarrollo del contrato de concesión y la prestación del servicio público, y que, con posterioridad al inicio de esta acción judicial, entablada el 17 de mayo de 2001 como consecuencia de la declaración de emergencia mediante el decreto 2075/02, se continuaron dictando actos administrativos.

Ponderaron en tal sentido que, debido a los planes implementados luego de esa declaración de emergencia, se habían operado ciertas modificaciones en el servicio de la línea Sarmiento, tales como la incorporación de nuevo material ro dante con modernas unidades con aire acondicionado y otras comodidades a fin de satisfacer algunas de las necesidades de los usuarios, motivo por el cual la situación imperante a la fecha de inicio’ de esta causa y al momento de dictar la sentencia resultaba notoriamente diversa.

-II-

Disconforme, la actora interpuso el recurso extraordinario de fs. 3237/3257, el cual fue concedido por cuestionarse la interpretación de los arts. 16 y 42 de la Constitución Nacional y desestimado por la causal de arbitrariedad, sin que se interpusiera la pertinente queja. En ese sentido la jurisdicción del Tribunal ha quedado abierta en la medida que la concedió la Alzada.

Se agravia, en síntesis, porque en la sentencia:(i) se realizó una interpretación equivocada sobre el principio de uniformidad de la prestación de 10$ servicios públicos y el derecho de los consumidores al trato equitativo, y sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación; (ii) no se efectuó el menor control sobte la razonabilidad del diferente tratamiento hacia uno y otro ramal, ni se evaluaron mínimamente las explicaciones brindadas para justificar dicha diferencia, acreditadas mediante fotografías, actas notariales, notas periodísticas, dictámenes periciales y reconocimientos judiciales, entre otros; ii) no se examinaron las razones alegadas por las demandadas para justificar el tratamiento desigual; (iv) se· omitió considerar la doctrina sobre el principio de no «, discriminación que resulta aplicable al sub lite y que conduce necesariamente a demostrar el carácter discriminatorio de la distinción en la prestación del servicio de trenes en detrimento de los usuarios del ramal Sarmiento que tienen «peor posición económica» a los del ramal Mitre; (v) se incurrió en contradicciones y en afirmaciones dogmáticas, se prescindió del informe pericial a la par que se interpretó erróneamente la prueba; (vi) no se esgrimió un solo· argumento concreto e individualizado de las razones por las cuales se consideró que el juez de primera instancia había omitido efectuar un examen circunstanciado de los motivos que ameritaron en esa instancia a declarar la inconstitucionalidad de las adendas del contrato y de la práctica de proveer un peor servicio a los usuarios del ramal Once–Moreno en relación con el que se brinda a los usuarios del ramal Retiro-Tigre; (vii) se estimó, erróneamente, que las diferencias técnicas entre las condiciones del servicio de las líneas Mitre y Sarmiento sólo pueden ser formuladas por organismos especializados de la Administración y que, por su naturaleza, escapan al control jurídico, pues tal· tarea es propia del órgano jurisdiccional; (viii) se prescindió de advertir que la adenda modifica el contrato de concesión y permite que el servicio de transporte ferroviario sea prestado en condiciones tales que lesiona el derecho de los usuarios de la línea Sarmiento de . recibir el servicio público en condiciones de uniformidad, en tanto sólo prevé incorporaciones de trenes Unidad Múltiple Argentina de Pasajeros (UMAP o PUMA) para la línea Mitre, profundizando de esa forma la brecha en la calidad del servicio existente; (ix) no se tuvo en cuenta otro hecho que hace que los adjuntos impugnados sean violatorios del derecho a la igualdad, cual es el referido a la cantidad de pasajeros que viajan por vagón en cada una de las líneas, así como que en la adenda 2000 se falsean las proyecciones referentes a la cantidad de pasajeros esperados para el las; (x) se omitió ponderar que en la demanda formuló precisiones respecto a la incorporación de nueva tecnología con coches PUMA y a las características de éstos, que habrían sido destinados en su totalidad al ramal eléctrico de la línea Mitre (Retiro-Tigre) y que -según la adeuda 20’00 al contrato de concesión- el resto de esas unidades también serían destinadas, al mismo ramal y (xi) se prescindió de tomar en que cuenta que ninguna Corporación de esa nueva tecnología se hallaba prevista para la línea Sarmiento; y que todos los coches que han sido y serán sometidos al proceso de reconstrucción también se destinarían a la línea Mitre.

-III-

Ante todo, es mi parecer que el recurso extraordinario es inadmisible y fue incorrectamente concedido por el a quo pues, si bien la apelante aduce que existe una cuestión federal en punto a la lesión al principio de igualdad ante la ley consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional y al de trato equitativo y digno del usuario previsto en su art. 42, por las razones que expondré, tales preceptos carecen de vinculación directa con la materia del pleito.

Así lo pienso, pues la solución del caso no dependía de la declaración de inconstitucionalidad de norma alguna sino de la apreciación de las pruebas y de los hechos de la causa.En efecto, basta recordar que todos los agravios de la actora se plantean en torno a la supuesta «práctica discriminatoria» que implica la prestación del servicio de trenes a los usuarios del ramal Sarmiento que tienen «peor posición económica» a los del ramal Mitre, o en no haberse tomado en cuenta la cantidad de pasajeros que viajan por vagón en cada una de las líneas, o bien en que en la adenda 2000 se falsean las proyecciones referentes a la cantidad de pasajeros esperados para aquéllas.

Es decir que no se verifica discrepancia de las partes sobre la ponderación de lo que dispone el decreto 104/91 a la luz del principio de igualdad establecido en el art. 16 de la Constitución Nacional. Tampoco hay discordancia sobre la interpretación del art. 42 de la Constitución Nacional con relación a lo que debe entenderse por trato equitativo y digno sino que las discrepancias surgen sobre cuáles condiciones técnicas del servicio que resultan necesarias para alcanzar ese estándar establecido en la Constitución.

Desde esta perspectiva, a mi juicio, los agravios quedan ceñidos a controvertir, exclusivamente, la apreciación de los hechos de la causa y de las pruebas, tales como fotografías, actas notariales, notas periodísticas, dictámenes periciales y reconocimientos judiciales allegados al expediente.Tales cuestiones resultan, por naturaleza, ajenas al recurso extraordinario y sólo revisables en· caso de arbitrariedad, circunstancia, ésta última que debe descartarse en el sub lite, toda vez que la actora consintió la desestimación por el a qua de la arbitrariedad de la sentencia, sin que se dedujera la pertinente queja.

Aún cuando en la hipótesis de que el planteo implicara la revisión del contenido de las modificaciones del contrato de concesión introducidas por la autoridad administrativa en ejercicio de su potestad legítima -cuestión ajena, en principio, al examen de la Corte- ello solo no implica que tales modificaciones deban ser descalificadas por lesivas a principios constitucionales, cuando éstos no se hallen directamente afectados por disposiciones que no son manifiestamente inconstitucionales, en forma que imponga al Tribunal la necesidad de invalidar aquellas normas en salvaguarda de esos principios. Tanto más si se tiene presente que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal o reglamentaria que goza de presunción de legitimidad sólo puede ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable.

En efecto, la apelante se limita a considerar, en forma genérica, que la cámara efectuó una interpretación equivocada del principio de igualdad y no discriminación (arts.16 de la Constitución Nacional, 1° Y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2° y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros) al evaluar las distinciones de tratamiento en las condiciones en que se presta el servicio y las que surgen de la adenda aprobada por el decreto 104/01, en la medida en que se convalida una práctica discriminatoria en perjuicio de los usuarios del ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento que tienen condición social desventajosa en relación con los usuarios del ramal Retiro-Tigre de la línea Mitre.

Sin embargo, la recurrente en la expresión de agravios sub examine, omite desarrollar el contenido de las disposiciones o cláusulas que de manera concreta afectan sus derechos constitucionales, motivo por el cual cabe : en, tender que el recurso en este aspecto carece de la debida fundamentación necesaria para demostrar tal afectación. Ello es así, pues una escueta y genérica impugnación no basta para que la Corte Suprema ejerza en el caso la atribución que reiteradamente ha calificado como la más delicada de las funciones que pueden encomendarse a un tribunal de justicia y que constituye un acto de suma gravedad! que debe considerarse como ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 312:72 y 330:1036 ).

Por otra parte, me parece correcta la aseveración del a qua en el sentido de que no es posible desatender al entramado de actos en la que se engarza la cuestión sub examine, por los cuales las autoridades administrativas competentes han regulado e implementado el desarrollo y ejecución del contrato concesionado, así como que -con posterioridad al inicio de la demanda, del 17 de mayo de 2001- se han sucedido una serie de actos desde la modificación producida como consecuencia de la emergencia declarada por el decreto 2075/02.

En ese marco, por ejemplo se dictaron las resoluciones 115/02 del Ministerio de la Producción (MP) -que aprobó las bases de los programas de emergencia de obras y trabajos indispensables para cada una de las empresas concesionarias de este servicio, que debían ejecutarse durante 2003, 2004 y 2005-; 298/03 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios -que aprobó la prórroga del régimen de contrataciones para regir las obras y los trabajos establecidos en el art. 2° de la resolución MP 115/02-; MP 126/03 -que articuló la emergencia ferroviaria con el sistema integrado ferroviario, previó un sistema de seguridad pública adicional de los programas de emergencia de prestación del servicio y planes de confort y seguridad de los programas de emergencia de prestación del servicio-; decreto 1683/05 y resoluciones 94/04, 905/08, 76/09 de la Secretaría de Transporte -que implementaron programas específicos de remodelación de estaciones y planes de confort y seguridad-, entre otros.

Se puede apreciar que se trata de un conjunto normativo complejo y de difícil aprehensión, que incluye medidas del Poder Ejecutivo y de los órganos’ técnicos que dependen de él, tomadas en momentos de emergencia, destinadas a superar una situación extremadamente complicada desde el punto de vista de la prestación ;en sí como desde la óptica económica-financiera que atravesaba el país. Por ello, y la necesidad de atender a las circunstancias existentes al momento de emitir el pronunciamiento (Fallos:312:555; 315:123, entre muchos otros), ello permite determinar la inconstitucionalidad del planteo inicial, en la medida en que la pretensión de la actora debe correlacionarse con las circunstancias sobrevinientes a su dictado -que modificaron el impacto de las primeras medidas- a fin de ponderar de modo objetivo y realista aquel planteo formulado.

Asimismo la grave tensión constitucional que señala la actora no puede justificar que por vía pretoriana se arbitre o se tienda a arbitrar, sin más, una suerte de régimen general sustitutivo del contrato de concesión. Tal como lo ha reiterado la Corte no es propio del cometido fijado al Poder Judicial en el art. 116 de la Constitución Nacional dictar una norma, derogatoria de otra implementando un mecanismo de reemplazo en su lugar, cuando resulta evidente que -en esta materia- tal solución requiere de la suficiente e indispensable concreción de medidas de política pública previas (conf. argo Fallos: 329:3089 ; 330:4866 ). Ello implicaría sustituirse a competencias propias de los otros poderes del Estado (Fallos: 330:4866).

En efecto, el diseño del sistema de prestación del servicio elaborado por las autoridades competentes y las consecuencias directas que derivan de él responden a una valoración de carácter económico cuya apreciación . y adopción corresponde a los otros poderes del Estado en virtud de sus altas facultades y constituyen enfoques de política técnica y económica cuya desventaja o acierto escapa a la consideración de los tribunales.

Esta conclusión se impone, toda vez que los poderes Legislativo y Ejecutivo son quienes tiene la atribución para sopesar la influencia de las concepciones referidas y las diferentes situaciones por las que atraviesa la sociedad y que se proyectan sobre la oportunidad, el mérito y la conveniencia para dotar con una determinada extensión y cualidad al sistema de servicios públicos, del que forma parte, también, el art.42 de la Constitución Nacional.

Por tal razón, es menester recordar, con especial énfasis, que la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción sin menoscabar la las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones, toda vez que es el judicial el llamado por la ley para sostener la observancia de la Constitución Nacional, y de ahí que un avance de este poder en desmedro de las facultades de los demás revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público (Fallos: 329:1675 ); .

Lo precedentemente expuesto no implica colocar a los otros poderes del Estado fuera del control de l os tribunales de justicia, que están encargados en todo momento de fiscalizar la sujeción de las leyes a los principios constitucionales, sino de mantener el imperio de las facultades propias de tales poderes que son indispensables para armonizar las garantías individuales con las conveniencias generales.

De admitirse por esta vía la revisión de la normativa como pretende el recurrente, se afectaría seriamente la política adoptada y los objetivos que tuvo en mira el Estado Nacional para concretar la privatización de este servicio público, al desarticular, sin fundamento válido, la ecuación económico financiera del contrato de concesión.

Así lo considero, toda vez que el principio de la presunción de constitucionalidad de las normas supone, naturalmente, la de su razonabilidad, al menos cuando juegan elementos de hecho. En consecuencia, la simple discrepancia del recurrente con el método escogido por el decreto 104/91 no basta para sustentar su inconstitucionalidad.

-IV-

Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde declarar inadmisible el recurso extraordinario.

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011.

ES COPIA LAURA M. MONTI

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, veinticuatro de junio de 2014

Vistos los autos: «Unión de Usuarios y Consumidores c/ EN – M V E Inf. – Sec. Transporte – dto. 104/01 y otros si amp. Proc. sumarisimo (art.321, inc. 2°, CPCC)» .

Considerando:

l°) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al revocar el pronunciamiento de primera instancia, rechazó la acción interpuesta por la Unión de Usuarios y Consumidores -en los términos del articulo 55 de la Ley de Defensa del Consumidor- contra Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA), el Estado Nacional y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

En su demanda, la actora solicitó que se condenara a la empresa TBA a cesar en la práctica que viola el principio de uniformidad con que deben prestarse los servicios públicos (.).

[así como el] principio constitucional que establece. que los usuarios tienen derecho a un trato equitativo». Aclaró que tal práctica «consiste en brindar -injustificadamente- un servicio de evidente peor calidad a los usuarios. que utilizan e~ ramal eléctrico Once-Moreno, en relación a los usuarios que utilizan el ramal eléctrico Retiro-Tigre».

Asimismo, reclamó que el Estado Nacional y la Comisión Nacional Reguladora .del Transporte cumplieran «con su deber de controlar que el servicio público de ferrocarriles que brinda TBA se haga de conformidad a los preceptos de nuestra Constitución Nacional.Específicamente, que controle[n] que no se viole el principio de uniformidad con que deben prestarse los servicios públicos, y el derecho a la igualdad y a un trato equitativo de los usuarios de la línea eléctrica Sarmiento (Once-Moreno) en relación con los usuarios de la línea eléctrica Mitre (Retiro- Tigre)».

Por otra parte, la actora requirió que se declarara «la inconstitucionalidad del Adjunto 4 del Anexo 111 y del Adjunto 2 del Anexo VI de la Addenda al Contrato de Concesión de los Grupos de Servicio 1 y 2 (ex Líneas Mitre y Sarmiento), aprobada por el Decreto 104/01, por contener las mismas previsiones repugnantes a preceptos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna, específicamente el derecho a la igualdad, a la uniformidad en los servicios públicos, a la no discriminación y a un trato equitativo [del] que deben gozar los usuarios de la línea eléctrica Sarmiento (Once-Moreno)» (fs. 4/4 vta.).

2°) Que, para decidir como lo hizo, el a qua sostuvo, fundamentalmente, que:

A) El reproche constitucional realizado respecto del decreto 104/01 no se encuentra debidamente fundado «ya que no se ha acreditado que mediante la norma en cuestión se encuentre configurada una manifiesta violación del derecho a la igualdad, como consecuencia de la decisión que ha sido adoptada -en un momento determinado- para incorporar material rodante a una línea ferroviaria, en razón de la comparación con la prestación del servicio que se lleva a cabo en otra que se encuentra a cargo de la misma concesionaria» (fs. 3223 vta.).

B) En cuanto a los agravios constitucionales relativos al principio de uniformidad y. al trato equitativa de los usuarios en la prestación de servicios públicos, la Cámara señaló que debían ser examinados en «el contexto de la emergencia pública que ha sido declarada y, específicamente, que mediante el decreto 2075/2002, se declaró en estado de emergencia la prestación de los servicios ferroviarios; entre ellos, el que se encuentra a cargo de TBA.Ello así (.). en razón de la incidencia directa e inmediata de la situación de las finanzas públicas del país sobre las concesiones de explotación de los servicios ferroviarios de pasajeros (.)., en la medida en que la señalada crisis fiscal afectaba tanto el cumplimiento de los planes de inversión en obras oportunamente acordados como la explotación del servicio, que se hallaban sujetos a determinados subsidios o aportes del Estado Nacional» (fs. 3224).

C) Asimismo, destacó que «como consecuencia de los planes implementados luego de la declaración de emergencia, se han operado ciertas modificaciones tales como la incorporación de nuevo material rodante, con modernas unidades que cuentan con aire acondicionado y otras comodidades a fin de satisfacer algunas de las necesidades de los usuarios’. Si bien ello, claro está, no importa afirmar que el servicio se encuentre siendo prestado en condiciones óptimas ni totalmente adecuadas, lo cierto es que -en lo que a este proceso interesa- la situación imperante a la fecha del inicio de esta causa y en la actualidad resulta notoriamente diversa; habiéndose producido cambios significativos en relación con las cuestiones que fueron materia de la pretensión articulada en autos» (fs. 3225).

D) Que, por otra parte, no correspondía tener en cuenta las conclusiones de la prueba pericial producida en la causa -ordenada como medida para mejor proveer por la Cámara- (ver informe de fs. 2991/3033) dado que «en líneas generales, carece de utilidad para la decisión de la causa, pues además de haber ‘adherido’ el experto -en varios puntos de la pericia- a lo que ya había sido dictaminado por el perito que actuó en primera instancia (v. fs.3027/3033); en cuanto a la situación actual (.). no aporta ningún elemento de convicción de relevancia».

«En suma, si la pericia efectuada en esta instancia puede contribuir en alguna medida, ha sido en dejar plasmado -en autos- que se han operado cambios positivos en la prestación del servicio desde la fecha de inicio de esta demanda (hechos que, como se dijo, son de público conocimiento), pues las condiciones en las que se prestaba y actualmente se desarrolla el transporte ferroviario en la línea Sarmiento no sólo no es igual, sino que ha mejorado en determinados aspectos, que puntualmente han motivado el inicio de la presente causa (.). En este punto, es importante remarcar (.) [que las diferencias en la prestación del servicio entre las líneas Sarmiento y Mitre] no son elementos de convicción suficientes para concluir en la existencia de una conducta discriminatoria, ni para tener por probado que en la prestación del servicio se incurra en un tratamiento secundario de los usuarios, como ha considerado el Juez de la instancia anterior» (fs. 3225 vta. y 3226).

E) Que, por lo demás, el a qua destacó que «las deficiencias que se apuntan sobre la falta de higiene y estado de los coches se presentan como resultados disvaliosos, que -en principio- no pueden sino ser considerados como un producto de un conjunto de concausas que los determinan. Y, en este punto, tampoco se puede dejar de admitir, como hechos coadyuvantes, la existencia de mayor cantidad de roturas de vidrios y de falta de cuidado de las unidades [de la línea Sarmiento] (.) como consecuencia de los frecuentes actos vandálicos» (fs. 3227).

F) Que, finalmente, señaló que «esta causa judicial no es el ámbito adecuado para instrumentar una revisión sobre la forma en la que se efectúa la explotación y cumplimiento de la prestación que ha sido otorgada a la codemandada Trenes de Buenos Aires S.A.(oo.) [lo que] no importa descartar que, mediante la implementación de vías pertinentes, se pueda instar a que se cumpla con el mantenimiento adecuado de las unidades, la prevención de los actos vandálicos y, en definitiva, la mejora de la calidad del servicio, a fin de que todos los ciudadanos podamos acceder a un servicio de transporte de pasajeros digno» (fs. 3227/3227 vta.).

3°) Que, contra dicho fallo, la actora dedujo recurso extraordinario federal, que fue concedido en cuanto a la interpretación de los artículos 16 y 42 de la Constitución Nacional, y denegado en lo relativo a la causal de arbitrariedad.

4º) Que, en su apelación, la actora sostiene que la Cámara realizó una «interpretación equivocada sobre el principio de uniformidad en la prestación de los servicios públicos y el derecho de los consumidores al trato equitativo, y sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación», consagrados en los artículos 16 y 42 de la Constitución Nacional (fs. 3244 vta. ). Asimismo, señala que el pronunciamiento incurre en distintas causales de arbitrariedad de sentencia.

En tal sentido, alega que:

A) «La ligereza con la [que] estos principios constitucionales han sido interpretados por los camaristas no deja de sorprender a esta parte. El principio de igualdad y no discriminación y su versión aún más particularizada en el caso que nos ocupa, principio de uniformidad, han evolucionado (.). El absurdo criterio de la sentencia bajo examen conduce a negar la justiciabilidad de toda práctica diferencial y discriminatoria entre usuarios/as de servicios públicos, en tanto se considera que debido a las cuestiones técnicas que estos servicios necesariamente involucran se está frente al ejercicio de facultades discrecionales que se encuentran exent as de la revisión judicial» (fs. 3247 vta.) Asimismo, «la Cámara confunde por completo el objeto del litigio.La crisis [derivada de la emergencia pública] nada tiene que ver con esta causa (.). En este caso no se trata de analizar cada contingencia de la prestación del servicio ferroviario, y tampoco corresponde que el juez evalúe la razón de la suspensión de las obras. En este juicio se trata de analizar si efectivamente en las líneas Mitre y Sarmiento existe violación al principio de igualdad y de uniformidad en la prestación de los servicios públicos» (fs. 3249).

B) En la causa quedó suficientemente acreditado que los «usuarios del ramal Once-Moreno de la Línea Sarmiento no gozan de las .comodidades e innovaciones tecnológicas que disfrutan los usuarios del ramal Retiro-Tigre de la Línea Mitre. Esta diferencia en la calidad del servicio prestada por la demandada se pone de manifiesto en distintos aspectos (.) [entre ellos]: 1) viajan en condiciones de seguridad y confort muy inferiores a las de los usuarios/as de la Línea Mitre debido (.) a las condiciones de hacinamiento que sufren en horas pico (.); 2) ausencia de condiciones de accesibilidad adecuadas para personas con discapacidad, en contraste con las de los trenes (.) que corren por las vías del ramal Retiro-Tigre; 3) la cantidad de pasajeros transportados por coche y la cantidad de oferta diaria de servicios (.) ofrecida por la empresa en cada uno de los ramales no responde a la diferente demanda».

Concretamente, «respecto de la seguridad (.) los trenes de la línea Sarmiento (.) no cuentan con sistemas de seguridad que impidan que el tren arranque con sus puertas abiertas, o si los tienen no los activan, lo que hace que los pasajeros que no entran en el vagón -por estar colmada su capacidad- viajen colgados» (fs. 3240 vta.y 3241 vta.).

C) Al decidir como lo hizo, el a qua no tuvo en cuenta «que las pruebas colectadas (entre las que se destacan la prueba pericial de primera instancia, los expedientes administrativos solicitados, las fotografías; el reconocimiento judicial y las actas notariales) y la sentencia de la etapa anterior realizan un pormenorizado análisis de la situación entre unos y otros [usuarios] para determinar si se ha producido una vulneración al derecho de igualdad y al derecho a un trato equitativo» (fs. 3252).

Contrariamente a lo afirmado por la Cámara, «el dictamen pericial en el que se apoyó la decisión de primera instancia se encuentra sólidamente fundado, es completo, claro, preciso, coherente, y evalúa en forma detallada, profunda y exhaustiva cada uno de los aspectos sometidos a examen» (fs. 3253).

A su vez, «la Cámara consideró que era necesaria la realización de una segunda pericia. Tal pericia condujo a idéntica conclusión que la (.). de primera instancia, y en ella se realizan muchas remisiones a aquel fundado dictamen. Sin embargo, a pesar de que los sentenciantes consideraron que el nuevo . informe técnico carecía de utilidad para la decisión de la causa, y no aportaba ningún elemento de convicción de relevancia, decidieron arbitrariamente revocar el decisorio del juez de primera instancia, sin sustento técnico de ninguna clase» (fs.3255) .

D) «La Cámara pretende sustentar la decisión en dos hechos que considera arbitrariamente como de ‘público y notorio conocimiento’. Al respecto, se señala que ‘tampoco se puede dejar de admitir, como hechos coadyuvantes, la existencia de mayor cantidad de roturas de vidrios y de falta de cuidado de las unidades de esa línea [Sarmiento] como consecuencia de los frec~entes actos vandálicos’. A su vez (oo.) se indica que ‘las condiciones en que se prestaba y actualmente se desarrolla el transporte de la línea Sarmiento no sólo no es igual, sino que ha mejorado en determinados aspectos, que puntualmente han motivado el inicio de la presente causa'».

«Tales afirmaciones no se apoyan en ningún tipo de prueba obrante en la causa, y de la lectura de tales apreciaciones ni siquiera logra comprenderse qué modificaciones considera arbitrariamente la Cámara que tuvieron lugar en el servicio recibido por los usuarios/as del ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento» (fs. 3255 vta.) E) Finalmente, en otro orden de ideas, el decreto 104/01 resulta inconstitucional porque solo ha previsto la incorporación de nueva tecnología para la Línea Mitre, sin considerar, en forma equitativa, a los usuarios que viajan en la Línea Sarmiento.

5°) Que el recurso extraordinario resulta formalmente admisible, pues se encuentra en juego la interpretación de normas de naturaleza federal (artículos 16 y 42 de la Constitución Nacional) y la decisión adoptada es contraria a la pretensión de la recurrente que se fundó en ellas (artículo 14, inciso 3°, de la ley 48).

No obsta a tal conclusión el hecho de que la apelación haya sido rechazada en lo atinente a la causal de arbitrariedad porque, en este caso, la determinación de la inteligencia de las normas de naturaleza federal se encuentra inescindiblemente unida a la ponderación de las cuestiones fácticas y probatorias discutidas en el pleito.En tal~s condiciones, corresponde que la Corte atienda los agravios de la recurrente con la amplitud que exige la garantía de la defensa en juicio (Fallos: 307:493; 323:1048 ; 328:1472).

6°) Que, previamente a abordar los agravios traídos a conocimiento del Tribunal, resulta pertinente señalar dos cuestiones.

La primera de ellas es que, como se ha señalado desde antiguo, la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes, toda vez que es el Judicial el llamado por la ley para sostener la observancia de la Constitución Nacional, y de ahí que un avance en desmedro de otras facultades revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público (Fallos: 155:248; 254:43; 311:2580; 319:1537 ; 321:1187 ; 324:2315; entre otros). Esto último sucedería si los jueces -tal como lo ha hecho el magistrado de primera instancia- pretenden sustituir a la Administración en sus atribuciones para decidir el modo más oportuno o conveniente de cumplir sus obligaciones constitucionales; o bien deciden modificar el contenido de las cláusulas del contrato de concesión que liga a las partes.

La segunda es que debe seguirse «la tradicional regla con arreglo a la cual los jueces -en el cumplimiento de su misión constitucional de discurrir los conflictos litigiosos- tienen el deber de examinar autónomamente la realidad fáctica subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen. Atribución que por ser propia y privativa de la función jurisdiccional lleva a prescindir de los fundamentos y calificaciones normativas que postulan las partes (.). que encuentra su único límite en el respeto al principio de congruencia, de raigambre constitucional, en cuanto invalida todo pronunciamiento que altere la causa petendi o introduzca planteos o defensas no invocados» (Fallos:310:1536 y 2733; 313:915; 329:349, 3517 y 4372; entre otros). En un orden afín de consideraciones, se ha sostenido que es propio de la labor de los jueces calificar las pretensiones de los justiciables (Fallos: 297:485 y 300:1074), y que aquéllos no están obligados a seguir a las partes en la consideración de todos y cada uno de los agravios expresados, sino a atender los que estimaren conducentes para resolver la cuestión debatida (Fallos: 300:522; 301:602; 302:1191; 311:340).

7°) Que, -aclarados los aspectos precedentes, cabe destacar que si bien el apelante -sobre la base de reiteradas comparaciones entre las Líneas Sarmiento y Mitre- ha planteado la existencia de un trato desigual y discriminatorio, también – con sustento en el artículo 42 de la Constitución Nacional~ se ha agraviado del incumplimiento de condiciones mínimas de seguridad y trato digno respecto de los usuarios de la Línea Sarmiento (ver en especial fs. 3241 vta., 3249 Y 3257 in fine). A este último’ aspecto, ha de ceñirse la decisión del Tribunal.

80) Que el artículo 42 de la Constitución Nacional, en su parte pertinente, establece: «Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; (.). y a condiciones de trato equitativa y digno».

Dicha cláusula, cabe destacar, revela la especial protección que el constituyente decidió otorgar a los usuarios y consumidores en razón de ser sujetos particularmente vulnerables (Fallos:331:819 ), y garantiza un estándar mínimo de calidad que todo servicio público debe cumplir.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que «quienes tienen a su cargo la administración de los asuntos del Estado deben cumplir con la Constitución garantizando un contenido mínimo a los derechos fundamentales y muy especialmente en el caso de las prestaciones (.) [en las que] están en juego tanto la vida como la integridad física de las personas (oo.) No se cumple con ello cuando los servicios son atrasados, descuidados, deteriorados, insuficientes, o presentan un estado lamentable porque la Constitución no consiente interpretaciones que transformen a los derechos en meras declaraciones con un resultado trágico para los ciudadanos» (Fallos: 329: 4741 , voto del juez Lorenzetti) .

También ha señalado que «la Constitución Nacional obliga a los prestadores de servicios públicos a brindarles un trato digno a los [usuarios y] consumidores (artículo 42, Constitución Nacional) (.) [y que] el trato digno al pasajero transportado significa que se deben adoptar medidas para que éste sea atendido como una persona humana con dignidad, contemplando la situación de quienes tienen capacidades diferentes, o son menores (.) Ello incluye las diligencias mínimas para que el tren, una vez en marcha, circule con las puertas correctamente cerradas, (.) para evitar que viajen pasajeros ubicados en lugares peligrosos para la seguridad del transporte, (oo.) la adopción de medidas para que el pasajero no descienda empujado por una marea humana con riesgo de su integridad física, y para que viaje de un modo razonablemente cómodo» (Fallos:333:203 y su cita) .

Por último, respecto al deber constitucional de seguridad en el Transporte de pasajeros, ha expresado que se trata .de «un valor que debe guiar la conducta del Estado, así como a los organizadores de actividades que, directa o indirectamente, sé vinculen con la vida o la salud de las personas (.). [y que] obliga a ‘los prestadores de servicios públicos [a] desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso que existe (.). la vida y la salud de sus habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos» (Fallos: 331: 819) .

9°) Que, a partir de lo expuesto, asiste razón al apelante en cuanto aduce que, aunque se invoque la existencia de un estado de emergencia pública o. se alegue que se trata de cuestiones técnicas -ajenas, como principio, a la revisión judicial-, ello no autoriza a avalar el incumplimiento del estándar mínimo constitucional al que se ha hecho referencia precedente- )

En particular, corresponde recordar que si bien la emergencia puede autorizar ciertas restricciones de derechos individuales, ello nunca justifica la desnaturalización o supresión de su sustancia; ni la autoridad estatal puede válidamente trasponer el límite que señala el artículo 28 de la Constitución Nacional y preterir su inexcusable rol como gestor del bien común (Fallos:316:779 y 325:28).

Es que, el estado de derecho, es necesariamente un estado de poderes limitados, en el que las razones de emergencia mal pueden servir de fundamento para sacrificar los derechos del individuo en pos de» la supervivencia de las gobierno, creadas y enderezadas a garantizar del primero instituciones del la supervivencia

10) Que, además, el pronunciamiento recurrido también exhibe los vicios de arbitrariedad que el apelante le endilga.

Por una parte, porque al concluir que «se han operado cambios positivos en la prestación del servicio desde la fecha de inicio de esta demanda (.). [pues] no sólo no es igual, sino que ha mejorado en determinados aspectos, que puntualmente han motivado el inicio de la presente causa», el a quo se apartó, sin razones fundadas, de la abundante prueba producida en el expediente.

En efecto, la pericia de fs. 1421/1506 da cuenta de los siguientes aspectos, que resultaban conducentes para la solución del caso:

A) En el ramal Once-Moreno de la Línea Sarmiento «desde octubre de 1999 comienza a marcarse una tendencia decreciente en los índices de calidad, en tanto que los mismos se mantienen prácticamente constantes en Retiro-Tigre» (fs. 1434) B) «TBA opera actualmente su servicio debajo de lo previsto en la contratación en lo que hace al número de coches por tren y al número máximo de pasajeros por metro cuadrado en hora pico. Tampoco es cierto que TBA esté operando en su nivel óptimo ( ); situación [que] se ve magnificada en el ramal Once- Moreno ( ) [en el que] no solamente los índices han decaído mucho más notoriamente que en el ramal Retiro-Tigre sino que además nunca se alcanzaron los valores previstos» (fs. 1491). e) Los coches originales de la linea Sarmiento «contaban con ventiladores, iluminación adecuada, música funcional, y asientos por demás confortables. Además de amplios furgones que históricamente sirvieron no sólo para las sillas de ruedas de los discapacitados sino también para llevar bicicletas.Después de la primer[a] reparación general (.). [que hizo TBA] y como consecuencia del análisis de mercado propios de la misma se cambiaron los asientos originales por las actuales e incómodas butacas que poseen estos coches (.). esta modificación, respondió a las directrices básicas siguientes: a) disminuir el costo de los asientos en la reparación, b) (.). aumentar la superficie libre de los coches para admitir más pasajeros parados, c) (.). disminuir el peso del vehículo para compensar el peso del mayor número de personas que cargaría el coche».

D) Según lo expuso el perito, «el problema del Sarmiento no pasa por la falta de lugares donde tirar la basura o donde amarrar una silla de ruedas, sino que más bien porque los sufridos pasajeros de ese Ferrocarril simplemente no podrán utilizar el cesto de basura porque no podrán llegar a él, debido al hacinamiento en el que viajan! y quien ha viajado en esos trenes sabe que a una persona con capacidades físicas o requerimientos normales le es difícil subir y permanecer en el interior del tren, a un discapacitado o una persona con capacidades diferentes simplemente le es imposible, no porque no tenga lugar para su silla de ruedas sino más bien, porque le será imposible acceder al interior del tren». «Resumiendo (.). lo que necesitan los pasajeros del Sarmiento son más coches o más metros cuadrados en cada coche de modo que su resignado y diario hacinamiento al viajar sea menor» (ver fs. 1504/1506).

E) No existen impedimentos técnicos para justificar, tal como lo pretende hacer TBA, la incorporación de coches con nueva tecnología a la Línea Sarmiento (fs.1494).

Por otra parte, según lo expresado por el magistrado de primera instancia en el reconocimiento judicial que realizó, en los trenes de la Línea Sarmiento «que tuve que abordar (.).

[se] encontraban sucios los vagones y rotos los asientos y los vidrios de las ventanas y puertas; aunque, para ser más fiel con la realidad, en casi todos los coches faltaban completamente los vidrios de algunas ventanas y no habían sido repuestos. Desde luego, ninguno de los vagones contaba con aire acondicionado, ni cestos para la basura, y los furgones se encontraban, en todos los casos, en deplorable estado» (fs. 1802 vta./1803).

Finalmente, según la nueva prueba pericial ordenada por la Cámara como medida para mejor proveer, en lo sustancial, resultaron confirmadas las deficiencias del servicio señaladas en el informe del experto de fs. 1421/1506 antes mencionado (ver fs. 2993/2994, 3024/3033, 3144/3145 Y 3183/3186).

11) Que, en las condiciones antes referidas, la decisión de la Cámara no cumple con los recaudos que debe reunir un acto jurisdiccional, por dos órdenes de razones distintas.

En primer término, porque si bien en nuestro sistema la prueba pericial no reviste el carácter de prueba legal, puesto que el experto es una persona especialmente calificada por su saber específico y se desempeña como auxiliar judicial distinto de las partes, la prudencia aconseja aceptar los resultados a los que aquél haya llegado, en tanto no adolezcan de errores manifiestos, o no resulten contrariados por otra probanza de igual o parejo tenor. En tales condiciones, «no parece coherente con la naturaleza del discurso judicial apartarse [del consejo experto] sin motivo y, menos aún, abstenerse de ese aporte» (Fallos: 331:2109 ).

En segundo término, pues la motivación de toda sentencia «ha de construirse siempre desde el material fáctico propuesto y acreditado por las partes, desde la mejor solución que ofrezca el ordenamiento jurídico y desde fundamentos engarzados con propiedad lógica» (Fallos:331:2109, antes citado).

12) Que, sin perjuicio de que lo expuesto resulta suficiente para la solución del caso, corresponde señalar que el agravio relativo a la inconstitucionalidad del decreto 104/01 es infundado.

En efecto, el apelante se limita a señalar que la norma previó la incorporación de nueva tecnología en la Línea Mitre, y no así en la Línea Sarmiento; alegación que, por sí sola, resulta insuficiente para acreditar la violación del principio de trato equitativo invocada.

Al respecto, esta Corte tiene dicho que la .declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del ordenamiento jurídico (Fallos: 300:241, 1087; 302:457, 484, 1149; entre otros); y el lógico corolario de este principio, es que «un planteo de esta índole debe contener un sólido desarrollo argumental y contar con no menos sólidos fundamentos para que pueda ser atendido» (Fallos: 305:518; en igual sentido Fallos: 327:1899 ).

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar al recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada con el alcance indicado en los considerandos precedentes.Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Con costas.

ENRIQUE S PETRACCHI – ELENA I.HIGHTON de NOLASCO – CARLOS . FAYT – RICARDO LUIS LORENZETTI – JUAN CARLOS MAQUEDA –

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT

Considerando:

Que el recurso extraordinario interpuesto es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) .

Por ello, se lo desestima. Notifíquese y, oportunamente, remítase.

CARLOS S. FAYT

 

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