En plena etapa epistolar no es valido el despido indirecto

despido 4Partes: Gierez Alejandro c/ EDEFOR S.A. y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IX

Fecha: 26-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-86001-AR | MJJ86001

Se juzga inválido el despido por abandono de trabajo pues al momento del distracto, ambas partes se encontraban en pleno intercambio telegráfico.

Sumario:

1.-Para que se configure la figura del abandono de trabajo se requiere, además del hecho objetivo del abandono, la demostración de una conducta abdicativa por parte del actor, esto es que en el transcurso de un tiempo prudencialmente evaluado el trabajador omita realizar actos tendientes a demostrar su voluntad de continuar con la vinculación laboral que lo liga a su empleador, lo que no tuvo lugar en el caso, ya que -asistido o no de derecho- el accionante replicó las intimaciones cursadas por la empresa, y a la sazón se encontraba cursando intimaciones a la patronal al momento en que se lo intimara a retomar tareas.

2.-Cabe confirmar la condena decidida en concepto de ‘vacaciones proporcionales y su incidencia de SAC, ya que si bien es cierto que el instituto mismo establece la prohibición de su compensación en dinero, ello refiere a los períodos vacacionales vencidos que no han sido gozados dentro del límite temporal que fija la ley, mas no a las vacaciones proporcionales que se deben abonar al finalizar el vínculo, cualquiera sea su causa.

3.-Corresponde mantener la condena en los términos del art. 31 LCT., pues surge probado que todos y cada uno de los codemandados se comportaban como empleadores del demandante, ya sea dándole órdenes, asignándole tareas, o bien utilizándolo como apoderado para la realización de distintos trámites de envergadura en tales establecimientos.

4.-Si bien del informe emanado de la AFIP en torno de los aportes previsionales y de obra social del actor se evidencia que resulta impago el período correspondiente a un mes, dicho incumplimiento carece de la entidad necesaria para tornar admisible la sanción conminatoria a la que alude el art. 132 bis LCT., puesto que resultaría ampliamente desproporcionada la sanción consecuente.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, 26-3-14 para dictar sentencia en los autos caratulados «GIEREZ ALEJANDRO C/ EDEFOR S.A. Y OTROS S/ DESPIDO» se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Alvaro E. Balestrini dijo:

I.- Contra la sentencia dictada en primera instancia que, en lo sustancial, admitió la demanda articulada al inicio, se alzan las partes actora y codemandadas Poliservicios S.A., YCRT S.A., Petroquimica Bermudez S.A., Edefor S.A. y Santa Elena Alimentos S.A. a tenor de los memoriales obrantes a fs. 1111/1116, fs. 1103/1110, fs. 1118/1129, fs. 1130/1134 y fs. 1189/1999, respectivamente, mereciendo las réplicas obrantes a fs. 1155/1159, fs. 1160/1164, fs. 1172/1176, fs. 1183/1188, fs. 1203/1207. A fs. 1117 la representación letrada de la parte actora recurre sus estipendios por entenderlos exiguos.

II.- La queja de las demandadas se dirige, en términos que resultan concordantes en todos los casos, a cuestionar la procedencia de la acción, agraviándose puntualmente en cada caso por la consideración efectuada por la sentenciante de primera instancia en cuanto consideró que la postura asumida por su parte no resultó ajustada a la buena fe que debe regir los vínculos laborales, ello, según criterio de las apelantes, sin tener en cuenta que la postura lesiva de la buena fe habría sido la del Sr. Gierez quien procedió a retener tareas y ausentarse de su puesto de trabajo por el término de 74 días, invocando a tales fines la presunta existencia de diferencias salariales a su favor, las que a la sazón han sido luego desestimadas por la judicante, razón por la cual, el proceder del actor habría sido contrario a los deberes que la LCT impone a su cargo, los que había dejado de cumplir so pretexto de lo dispuesto por el art.1201 del Código Civil sin que luego se demostraran razones que avalen su accionar.

Por otra parte recurren la decisión en cuanto se tuvo por válido que el vínculo laboral que ligó al actor con la empresa Edefor S.A. se extinguió como consecuencia de la misiva dirigida por la interventora de la firma aludida quien, a través de apoderado, hizo efectivo el apercibimiento previo al considerarlo incurso en abandono de trabajo en los términos del art. 244 LCT cuando habría sido el actor quien se encontraba intimando a la empresa a fin que procediera a abonar presuntas diferencias salariales y quien luego de reiteradas intimaciones cruzadas, habría puesto fin al vínculo laboral invocando injurias a tal fin.

Recurren la consideración de la Sra. Juez de grado en cuanto consideró que la accionada Edefor S.A. habría incurrido en ejercicio abusivo del ius variandi, al intimar al actor a presentarse a tomar servicios en la Provincia de Formosa, todo ello sin reparar que además, se remitieron intimaciones a fin que se presentara a su puesto de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires.

Se quejan, en todos los casos, por la estimación de empleador plural decidido por la Jueza de grado y la condena solidaria dispuesta en consecuencia. Alegan sobre inexistencia de presupuestos fácticos en el caso que permitan la aplicación del art. 31 de la LCT y destacan que no se ha demostrado la presencia de fraude alguno que de operatividad a la norma aludida.

En todos los casos, insisten en que el único y real empleador ha sido la firma Edefor S.A. quien tenía correctamente registrado el contrato de trabajo con el actor.

Como consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, se agravian por la condena solidaria a extender las certificaciones previstas en el art. 80 de la LCT con fundamento en que, al no haber sido empleadores del demandante, mal puede serle exigida la confección de tales certificados.

Recurren además, la condena por la multa prevista en el art.2 de la ley 25.323 y la procedencia del reclamo impetrado en concepto de «vacaciones no gozadas» como así también de su SAC proporcional, toda vez que según se afirma, la LCT prohíbe la compensación dineraria del rubro razón por la cual solicitan la desestimación del tópico diferido a condena.

La actora, por su parte, recurre el decisorio en cuanto desestimó el planteo impetrado con fundamento en las diferencias salariales que han sido objeto de reclamo desde el inicio, a tal fin señala que la sentenciante no resolvió con claridad la pretensión vinculada con el encuadramiento convencional del actor en el CCT 36/75.

Señala que no existen razones objetivas en autos, más que las afirmaciones de las demandadas en sus respondes, para concluir que el actor desempeñara tareas como Jefe de Personal o asimilables a las de un Gerente de modo que pueda considerarse excluido del ámbito de aplicación del convenio colectivo aludido.

Se agravia además por el rechazo dispuesto a los reclamos mencionados en concepto de Bonificación Anual por Eficiencia, como así también las horas extras y el rubro «Turismo Social». Sostiene que ha sido erróneamente calculado el rubro Vacaciones y su SAC proporcional, al tiempo que cuestiona la desestimación del rubro reclamado con fundamento en el art. 132 bis de la LCT, toda vez que según afirma, de los informes de AFIP se extrae la falta de cumplimiento de las accionadas en el pago de los importes destinados a los organismos de la Seguridad Social.Por último, recurre la decisión en cuanto omitió expedirse sobre la aplicación de los intereses punitorios pretendidos en la demanda, por lo que solicita se disponga en esta Alzada la aplicación de la doble tasa de interés activa que fija el Banco de la Nación Argentina.

III.- Razones de orden estrictamente metodológico, me llevan a examinar en primer término los recursos interpuestos por las demandadas los que, de aceptarse mi propuesta, serán desestimados.

Liminarmente, advierto que, los agravios desarrollados por todas las accionadas en torno de la validez de la ruptura del contrato de trabajo dispuesta mediante la misiva dirigida al actor por el apoderado de Edefor S.A., omiten tener en cuenta los argumentos que se desprenden del fallo de grado para decidir del modo en que se resolvió la cuestión, puesto que las cuestiones vinculadas con la cantidad de días que el accionante pudo haber omitido cumplir con su débito laboral invocando una retención de tareas por presuntos incumplimientos patronales, no ha sido objeto de análisis en la sentencia en crisis, mas no por cuanto se hubiere omitido su examen sino porque el despido en el caso, debe entenderse materializado por la ruptura que fue decidida por la patronal invocando abandono de tareas al actor, y en cuanto a la actitud del dependiente asumida durante el curso de todo ese tiempo, más allá de los reparos que me pueda merecer, no ha sido objeto de análisis por parte de la juzgadora, desde que lo que se tuvo en cuenta al momento de dirimir el tópico fue la confusión que se generó en el actor al haber sido intimado para presentarse a trabajar en la Provincia de Formosa, cuando siempre se desempeñó en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien puede ser atendible el argumento de las accionadas, vinculado con la pasiva actitud que asumió Gierez al no presentarse siquiera en su lugar de trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, no lo es menos que, del análisis de los elementos que obran en autos, no puede sinoinferirse que el desarrollo de los hechos, más allá de las intimaciones que cursara el actor a la empresa a fin que se regularizaran ciertas cuestiones de su contrato de trabajo, que la solución del diferendo debe situarse en el marco y en el contexto en que lo hizo la Dra. Barrionuevo.

Digo ello pues, tal como se señala en el pronunciamiento en crisis y conforme la reiterada jurisprudencia de este Tribunal, para que se configure la figura del abandono de trabajo prevista en el art. 244 de la LCT, se requiere, además del hecho objetivo del abandono, la demostración de una conducta abdicativa por parte del actor, esto es que en el transcurso de un tiempo prudencialmente evaluado, el trabajador omita realizar actos tendientes a demostrar su voluntad de continuar con la vinculación laboral que lo liga a su empleador, lo que no tuvo lugar en el caso de marras, si se repara en que, asistido o no de derecho, el accionante replicó las intimaciones cursadas por la empresa, y a la sazón, se encontraba cursando intimaciones a la patronal al momento en que se lo intimara a retomar tareas.

En mérito a ello, y sin perjuicio de lo que en definitiva corresponda decidir sobre el objeto mismo de las intimaciones que cursara el demandante, lo cierto es que ante la ausencia del elemento subjetivo para que se configure el abandono de trabajo previsto en el art. 244 de la L.C.T., no puede examinarse la cuestión bajo la égida de la normativa aludida, puesto que al no mediar la voluntad abdicativa del dependiente, sus inasistencias a su puesto de trabajo podrían ser examinadas a la luz de lo dispuesto por el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, mas no en los términos del abandono que establece el art.244 del mismo plexo normativo.

Aclarado ello, cabe recordar que tal como se extrae del pronunciamiento en crisis, el actor fue intimado de modo concomitante a fin que se presente a retomar tareas, en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Formosa, razón suficiente para provocar en el actor, la confusión a la que se alude en el decisorio recurrido.

De tal modo encuentro infundada la decisión rupturista adoptada por la patronal, sin perjuicio de haber sido dirigida por apoderado de la empresa, puesto que, en ese marco, revestía la totalidad de las formalidades que pueden ser exigidas a la comunicación epistolar, y tampoco fue objeto de retractación posterior por parte de la empresa, circunstancia que me lleva a coincidir con lo afirmado en la instancia de grado, y en consecuencia, a confirmar lo resuelto en este sentido.

Por otra parte, la afirmación tendiente a poner de relieve que se habría materializado con carácter previo el despido indirecto en que se colocó el actor, carece de sustento en los elementos aportados a la contienda, pues to que, conforme se desprende de la individualización de las misivas efectuada en la sentencia en crisis, y de la prueba informativa obrante a fs.504 y 670, el despido decidido por la patronal llegó a la esfera de conocimiento del actor con fecha 20 de febrero de 2010 mientras que la epístola dirigida por el demandante a la empleadora, arribó a destino el día 22 de febrero del mismo año.

En consecuencia, esta formulación carece de todo sustento que permita el análisis de la cuestión que se introduce como materia de agravios en este sentido, si se tiene en cuenta que rige la teoría recepticia de las comunicaciones.

De conformidad con lo expuesto hasta el momento, carece también de andamiaje la cuestión vinculada con la presunta incongruencia que se atribuye a la decisión de primera instancia por haber admitido la demanda entablada sin reparar en que las intimaciones que cursara el demandante se vinculaban con pretendidas diferencias salariales que no han sido demostradas. Digo ello pues, tal como ha quedado dicho, la relación que ligó a las partes de esta contienda se extinguió como consecuencia de la comunicación de abandono de trabajo efectuada por el apoderado de Edefor SA, y no por virtud de un despido indirecto por parte del actor, de modo que la demostración o no de la existencia de irregularidades invocadas como injuria por el actor, a los fines de establecer si la rescisión ha sido causada o incausada, resultan irrelevantes en esta contienda.

Como consecuencia de todo lo dicho, no cabe sino confirmar el pronunciamiento de primera instancia en cuanto admitió la demanda entablada por el accionante y de acuerdo a la falta de pago de las indemnizaciones objeto de reclamo, no cabe sino confirmar también la condena a abonar la multa prevista en el art.2 de la ley 25.323 puesto que se verifican todos los presupuestos fácticos de su procedencia, circunstancia que me lleva a confirmar, también en este sentido, la sentencia en crisis.

En idéntico sentido, sugiero confirmar la condena decidida en concepto de «vacaciones proporcionales y su incidencia de SAC» toda vez que si bien es cierto que el instituto mismo establece la prohibición de su compensación en dinero, ello refiere a los períodos vacacionales vencidos que no han sido gozados dentro del límite temporal que fija la ley, más no a las vacaciones proporcionales que se deben abonar al finalizar el vínculo, cualquiera sea su causa.

Previo a examinar los agravios de la parte actora, corresponde tratar la cuestión vinculada con la condena decidida contra todos los codemandados en autos y a su respecto, adelanto que tampoco les asiste razón a las quejosas en este sentido.

En efecto, mientras las recurrentes cuestionan la procedencia de la normativa prevista en el art. 31 de la LCT y se extienden en destacar que no se verifican en el caso los presupuestos de procedencia de la normativa en cuestión, cabe señalar que, pese a haber sido objeto de formulación en la demanda la existencia del conjunto económico, lo cierto y relevante es que en la sentencia en crisis no se ha hecho mención a la circunstancia prevista en la norma citada, sino que la condena ha sido decidida, con fundamento en los extremos que se tuvieron por demostrados a través de las pruebas producidas, en el supuesto de pluriempleador que regula el art. 26 de la LCT, razón por la cual la totalidad de los agravios tendientes a revertir la presunta existencia de un conjunto económico conformado por las empresas accionadas, carecen de asidero e impiden el tratamiento toda vez que no ha sido ese el argumento que sustente la condena solidaria de las empresas accionadas, más allá de Edefor S.A.que revistió el carácter de empleadora formal del trabajador.

Como consecuencia de ello y toda vez que, de acuerdo al detalle minucioso que surge de la sentencia en crisis, de la prueba en virtud de la cual cabe concluir que todos y cada uno de los codemandados se comportaban como empleadores del demandante, ya sea dándole órdenes, asignándole tareas, o bien utilizándolo como apoderado para la realización de distintos trámites de envergadura en tales establecimientos, no encuentro mérito para apartarme de lo resuelto tampoco en este sentido y por ello propicio la confirmación de la decisión.

De conformidad con el modo en que se resuelve la cuestión analizada en los párrafos precedentes, carece de andamiaje también la queja dirigida a cuestionar, con idéntica argumentación, la condena solidaria dispuesta en torno de los certificados previstos en el ar.t. 80 LCT toda vez que los condenados no han sido incluidos por la vía de la solidaridad en la condena de marras, sino que se ha considerado que se trató en todos los casos de empleadores múltiples del trabajador, razón por la cual su obligación previsional y la relativa a extender las certificaciones aludidas, se impone más allá de lo que se esgrime en los recursos de apelación.

IV.- Aclarado ello cabe dar tratamiento a los agravios de la parte actora y, en lo principal, adelanto mi opinión desfavorable respecto de los aspectos cuya revisión se pretende en esta Alzada.

Para comenzar y en lo atinente a la cuestión vinculada con el encuadramiento convencional del actor, advierto que la queja esgrimida omite tener en cuenta los argumentos traídos por la sentenciante de grado para fundar la decisión en el sentido que lo ha hecho.

En efecto, y más allá de lo que oportunamente diré respecto de la pretendida aplicabilidad del CCT invocado para el desempeño del actor, en virtud de la exclusión a la que alude el art.1 del CCT 36/75 y la categoría laboral desempeñada por el trabajador, considero que la sentencia en crisis, si se ha pronunciado, contrariamente con lo que se afirma en el recurso, respecto del tòpico en cuestión.

Por otra parte, no puede pasarse por alto que, más allá de esa cuestión medular, la sentenciante expresó con meridiana claridad que la demanda interpuesta, no cumplía a tales fines con la carga prevista en el art. 65 de la LO. Y en este punto, también coincido con la judicante que me precedió.

En efecto, no se indicó ni se precisó con claridad y la debida fundamentación, cuál era el salario básico que – a criterio de su parte- debía percibir el Sr. Gierez como consecuencia de su desempeño a las órdenes de las accionadas, ni se indicó de un modo aceptable el mecanismo seguido para arribar a los importes pretendidos en la liquidación que se incluyó en la demanda, circunstancia que ha obstado a la procedencia de los reclamos impetrados en tal concepto, más allá de lo que se resolvió en torno del encuadre convencional pretendido.

Pero aún pasando por alto la cuestión apuntada precedentemente, lo cierto y relevante para dirimir el primer agravio de la recurrente reside en la demostración, a través de los elementos de prueba que han sido merituados en el pronunciamiento en crisis, de la categoría laboral desempeñada por el demandante, que revestía el carácter de personal jerárquico, puesto que el desempeño de las funciones que, según los testigos que han sido merituados en la sede de grado, ejercía el demandante, y las responsabilidades que le eran endilgadas, permiten concluir como lo hizo la Dra.Barrionuevo en el cargo que se indicó al replicar la demanda, lo que me lleva a confirmar la decisión recurrida, también en este sentido.

En efecto, del propio alegato de la parte actora se desprende que de las pruebas producidas en autos, surge que el actor no solo liquidaba sueldos y jornales, sino que además atendía e intervenía inspecciones realizadas a las distintas empresas, realizaba gestiones de administración de personal y representaba como integrante de las empresas ante las obras sociales, ANSES, policía de trabajo, AFIP, bancos, etc. Lo que no hace sino ratificar la conclusión a la que arribó la sentenciante de grado (ver fs. 1057/vta).

No obstante lo dicho, resulta oportuno reiterar que la recurrente, desde el intercambio telegráfico y hasta el momento de practicar su liquidación en la demanda, se ha limitado a mencionar diversos rubros que considera adeudados, más no ha efectuado ningún detalle pormenorizado ni de las razones que motivarían la procedencia de tales conceptos, ni mucho menos -y esto es esencial- el modo en que arribó a los resultados numéricos que la llevan a establecer la existencia de una deuda y el tenor de la misma.

En efecto, y tal como lo tiene reiteradamente dicho la jurisprudencia del Fuero, la sola inclusión de un rubro y un importe en la liquidación, impide tener por cumplida la carga prevista en el art.65 de la LO, pues quien dirige la pretensión tiene la carga procesal de arrimar al Tribunal la totalidad de los elementos con los que deberá luego dictarse la resolución.

La actora en su demanda, se limita a reclamar importes atribuidos a bonificación por antigüedad, a horas extras, al rubro Bonificación por Turismo, más lo hace sin indicar ni el importe sobre el cual debería considerarse el cálculo de los rubros que pretendió, ni siquiera estableció el salario básico previsto para la categoría que pretendió y su cotejo con el percibido por el demandante, de modo que se pueda establecer, en el caso de haberse determinado la aplicabilidad del convenio colectivo citado al actor, la percepción por parte del actor de un salario menor al que le hubiere correspondido percibir si se contemplaran los ítems que constituyen el objeto de la demanda.

En virtud de lo dicho, no cabe sino confirmar la decisión recurrida en este sentido y ello por ambas razones, en primer lugar porque coincido con la decisión que señala que el desempeño del actor conlleva a concluir en la exclusión del Convenio Colectivo 36/75 y, aún soslayando este impedimento al progreso de la pretensión, por cuanto de todos modos, el mecanismo utilizado para incoar la acción, impide al Tribunal considerar adecuadamente la veracidad y acierto del objeto de su reclamo.

Solo resta añadir -frente a lo afirmado en la queja- que no se soslaya que la prueba pericial contable ha sido de imposible realización por exclusiva responsabilidad de la empleadora formal del actor. Sin embargo, esa sola circunstancia que determina la procedencia de la presunción prevista en el art.55 de la LCT, no resulta suficiente para tener por cierto todo lo relatado en la demanda, si en la misma no se han formulado afirmaciones claras que permitan ser viabilizadas por su sola operatividad.

En efecto, no se trata de un supuesto en el que se denunciara la percepción de sumas fuera de registración de modo que el sentenciante debiera limitarse a tener por ciertas tales afirmaciones, sino que se ha indicado la presencia de diferencias salariales, y a tal fin, la carga procesal pesa sobre quien denuncia ese déficit salarial, actividad procesal que no puede ser endilgada al perito contador, sino que debe ser claramente precisada por quien invoca el error en las liquidaciones salariales, no pudiendo suplirse la inactividad de la parte -como se pretende-.

Por último, cabe además destacar que, pese a todo lo afirmado precedentemente, a los fines de resolver este diferendo, la convención colectiva pretendida al inicio, se ha declarado inaplicable al contrato de trabajo del actor, circunstancia que sella definitivamente la suerte adversa de todo el reclamo impetrado en este sentido, más allá de las restantes consideraciones, que también determinan la inviabilidad de la pretensión.

En el mismo sentido habré de resolver la queja dirigida a cuestionar el rechazo de la sanción prevista en el art.132 bis de la L.C.T.

Y digo ello pues, una atenta lectura del intercambio telegráfico y de la pretensión inicial de la demanda, permite advertir que el objeto de la intimación del actor, se ha dirigido con el fin de obtener que las demandadas hicieran efectivo el ingreso de los aportes y contribuciones correspondientes a las diferencias salariales que se reclamaban y que -conforme lo resuelto- se han desestimado.

Repárese en que, de la intimación cursada se extrae (punto 14) que el actor emplazó a las demandadas a fin que «.proceda a ingresar sobre las diferencias resultantes de punto 1 a 14 los correspondientes aportes previsionales, socioasistenciales y sindicales bajo apercibimiento de formular las denuncias correspondientes ante los organismos de control.», extremo que impide tener por debidamente formulada la intimación a la que alude el art. 43 de la ley 24.635 y la reglamentación establecida en por el decreto 146/01.

Pero, aún pasando por alto lo expuesto precedentemente, cabe además añadir que de la lectura del informe emanado por la AFIP en torno de los aportes previsionales y de obra social del actor, se evidencia que solo resulta impago el período correspondiente al mes de septiembre de 2005, y si bien no soslayo esa circunstancia, no puedo dejar de advertir que el incumplimiento verificado carece de la entidad necesaria para tornar admisible la sanción conminatoria a la que alude el art. 132 bis mencionado puesto que resultaría ampliamente desproporcionada la sanción consecuente.

En mérito a estas consideraciones, es que de prosperar mi voto, corresponde confirmar el decisorio recurrido en cuanto desestima la sanción prevista en el art. 132bis de la LCT.Así lo sugiero.

En cuanto a los intereses, advierto que la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina ha sido dispuesta por la sentenciante de grado a fin de ser aplicada al crédito determinado en la sentencia, desde que cada suma que la integra ha sido debida y hasta el momento de su efectivo pago, fijación que coincide con la que dispone este Tribunal y la totalidad de las salas del fuero desde el dictado del Acta Nº 2357/01 razón por la cual no encuentro mérito para modificar lo decidido, sumado a lo cual, cabe aclararlo, no advierten razones que tornen atendible la pretensión de la recurrente en este sentido.

V.- Atento al modo de resolverse la cuestión traída a la Litis, la imposición de las costas efectuada por la magistrada que me precedió, resulta ajustada a derecho toda vez que se compadece con lo dispuesto por el principio rector en la materia, contenido en el art. 68 CPCC, razón por la cual habré de propiciar la confirmación de este tópico.

En el mismo sentido encuentro adecuada la fijación de los honorarios de los profesionales intervinientes en primera instancia, toda vez que las sumas asignadas lucen equitativas y ajustadas a las pautas arancelarias vigentes, evaluado todo ello a la luz del mérito, calidad y extensión de las tareas desempeñadas (arts. 38 de la L.O., ley 21.839 mod. 24.432 y dec. ley 16638/57).

VI.- De acuerdo al modo en que se resuelven los recursos traídos a la Alzada, sugiero imponer las costas de esta instancia en el orden causado (Art. 68 2do párrafo y 71 CPCC). A tal fin, regúlanse los honorarios por la representación y patrocinio letrado de las partes actora y cada una de las codemandadas recurrentes, en el 25% para cada una de ellas, que se calculará sobre lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia de grado (Art. 38 LO y 14 ley arancelaria).

El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

El Dr. Gregorio Corach no vota (Art. 125 de la L.O.).

A mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto decide y ha sido materia de recursos y agravios; 2) Costas de la Alzada en el orden causado; 3) Regular los honorarios de esta instancia, por la representación y patrocinio letrado de las partes actora y cada una de las codemandadas recurrentes en el 25% para cada una de ellas que se calcularán sobre lo que les corresponda percibir por su actuación en la sede de grado.

Cópiese, regístrese, notifíquese y, oportunamente devuélvase.-

Ante Mi

 

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