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No rige para los casos de accidente in itinere el incremento del 20% previsto en el art. 3 de la Ley 26.773

AumentosPartes: Suárez, Victor Hugo c/ Mapfre Argentina A.R.T. S.A. s/ accidente de trabajo

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Santa Fe

Sala/Juzgado: Segunda

Fecha: 26-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-86040-AR | MJJ86040 | MJJ86040

El incremento del 20% previsto en el art. 3 de la Ley 26.773 no rige para los casos de accidente in itinere, pues no puede imputarse la culpa del empleador en el accidente sufrido por el obrar de un tercero, ni el empleador es dueño o guardián de la eventual cosa riesgosa que ha causado el accidente.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar el recurso de nulidad del actor en tanto en su escrito no se expresa queja alguna, haciéndose lugar en forma parcial al recurso de apelación y modificar la sentencia de grado, disponiendo que a la forma de pago y al cálculo de la indemnización debida al actor según art. 11 inc. 4 b y art 15 inc. 2. Ley 24.557 se le debe aplicar el Decreto 1694/09 y el art. 17 incs. 1 y 6 Ley 26.773.

2.-Usualmente se denomina al sistema reparatorio civil como integral, con la ilusión que este cubre absolutamente todos los daños sufridos por la victima, mas ello no es así pues el propio sistema contiene pautas de limitación de las consecuencias, tal es el caso del accidente in itinere, supuesto en el cual el trabajador no tendría una acción civil contra su empleador, pues no puede imputarse la culpa del empleador en el accidente sufrido por el obrar de un tercero, ni el empleador es dueño o guardián de la eventual cosa riesgosa que ha causado el accidente, por lo tanto, en el test de constitucionalidad del art. 3 Ley 26.773 respecto al accidente in itinere no debe caerse en la tentación de comparar trabajadores accidentados in itinere y en ocasión del trabajo argumentando que estos últimos tienen una cobertura indemnizatoria mayor dada por el 20% previsto en esa norma pues, en verdad la comparación debe efectuarse entre los sistemas indemnizatorios civil y laboral para el caso del accidente in itinere, en consecuencia, el actor no tiene derecho al cobro de la indemnización prevista en el art. 3 Ley 26.773.

Fallo:

En la ciudad de Santa Fe, a los 26 días de febrero del año dos mil catorce, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral, Dres. José Daniel Machado, Sebastián César Coppoletta y Julio César Alzueta, para resolver los recursos de nulidad y apelación puestos por ambas partes, contra la sentencia dictada por el Señor Juez de Primera Instancia de Distrito N° 11 de San Jorge (Pcia. Sta. Fe), en los autos caratulados: «SUÁREZ, Victor Hugo c/MAPFRE ARGENTINA A.R.T.S.A. s/ACCIDENTE DE TRABAJO» (Expte. 147- Fo. 144- Año 2013).

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿Procede el recurso de nulidad? SEGUNDA: En caso contrario ¿se ajusta a derecho la sentencia impugnada? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Dispuesto el orden de votación, resulta: Coppoletta, Alzueta, Machado.

A la primera cuestión el Dr. Coppoletta dice:

Contra la sentencia que hace lugar en forma parcial a la demanda e impone el total de costas a la vencida se alzan ambas partes: la demandada mediante los recursos de nulidad y apelación que interpone y son concedidos por el A Quo, y la parte actora mediante los recursos de nulidad y apelación que interpone y son concedidos.- Elevados los autos ante esta instancia, la parte actora expresa sus agravios mediante memorial que se agrega al expediente, que no resultan contestados por la parte demandada. A su vez, la ART no expresa agravios por lo cual debe considerarse la deserción de sus recursos. Habiéndose decretado el pase de los autos a resolución, quedan las presentes en estado de dictar sentencia.

La actora interpone recurso de nulidad, pero, en su escrito en esta Instancia, ninguna queja expresa sobre el tema, excepto una vaga e imprecisa referencia a vicios de nulidad (fs. 675). Por otra parte, no se advierten vicios que impusieran de oficio la anulación de la sentencia.A mi juicio pues, de acuerdo con las breves consideraciones expuestas, el planteo de nulidad ha de rechazarse.

En consecuencia, voto por la negativa.

A la misma cuestión el Dr. Alzueta dice:

Que expone las mismas razones vertidas por el Juez preopinante y, como él, vota por la negativa.

A igual cuestión el Dr. Machado dice:

Que comparte los fundamentos vertidos por los preopinantes, y como ellos, vota por la negativa.

A la segunda cuestión el Dr. Coppoletta continúa diciendo:

En lo que respecta al recurso de apelación de la parte actora por el cual llegan éstos autos a la Alzada, debe considerarse que llega firme a esta instancia: 1) que el actor sufrió un accidente laboral in itinere el día 10 de Junio de 2006; 2) del cual sufrió una incapacidad laboral, permanente, total y definitiva del 87,79% conforme dictamen de comisión médica de fecha 13/10/10 -fs. 12 y sigs.-.

Como corolario, la sentencia de grado hacer lugar a la demanda condenando a la demandada Mapfre ART SA al pago de las prestaciones dineraria por indemnización de la incapacidad laboral permanente total definitiva por el 87,79% T.O. (art. 11 inc. 4 b y art 15 inc. 2. ley 24.557).

En lo que respecta a la liquidación de las prestaciones dinerarias adeudadas deberá considerarse la fecha de la junta médica.

La aplicación del Decreto 1694/09 en casos en los que el accidente es anterior al dictado de la norma pero el deudor es moroso, ya ha sido decidido por ésta Sala en los casos «Hilbe, Eduardo c/ Berkley», de fecha 25/11/11, luego reiterado en «Ferreyra, Julio Cesar c/ Provincia de Santa Fe» de fecha 19/12/12 y en «Owsianski, Mariano Ramón c/ Provincia de Santa Fe» de fecha 05/02/13, «Gatti, Daniel c/ Provincia de Santa Fe» en fecha 14/06/13.Así, como lo ha sostenido mi colega José Daniel Machado en su voto en «Ferreyra», «La demandada, al deducir su recurso de apelación, especificó que el mismo refería a la aplicación al caso del Decreto 1694/09. En su memorial de agravios aclara que su embate debe entenderse en el doble sentido de que el mismo ha sido aplicado de oficio y que no corresponde su aplicación retroactiva a siniestros laborales ocurridos con anterioridad.

Sobre la primera cuestión, si alguna duda cabía luego de la adopción por la C.S.J.N. en la causa «Mill de Pereyra» de la doctrina constitucional conforme a la cual los jueces pueden y deben declarar de oficio la prevalencia aplicativa de la Constitución por sobre la legislación ordinaria, ella ha quedado definitivamente despejada tras la reciente decisión del Alto Tribunal en la causa «Rodríguez Pereyra, Jorge Luis c/Ejército Argentino s/Daños y perjuicios», del 27.11.12, a cuya lectura, en especial del Considerando 10 del voto mayoritario, corresponde remitirse en honor a la brevedad.

Por otra parte, como lo sostuvo esta Sala en la causa «Hilbe», mal puede juzgarse compatible la disposición que ordena la aplicación de la norma para los eventos futuros con los considerandos del propio Decreto 1694/09, en tanto es el propio Poder Ejecutivo quien allí reconoce que el régimen de riesgos del trabajo que tal norma vino a reformar era no solo intrínsecamente inequitativo, sino que estaba reñido con la Constitución, obstáculos que se propone superar con su dictado.

Además, el criterio de la aplicación a las consecuencias pendientes de los siniestros futuros, lo que desde luego incluye todos los daños respecto de los que no conste la liberación por el pago en fecha anterior a la nueva normativa, es aplicado por todas las Cámaras de Apelaciones en lo Laboral de Santa Fe y Rosario, además de la clara mayoría de las Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la CABA y de los tribunalesdel trabajo de Córdoba y Mendoza, por cuanto puede juzgarse a la fecha como doctrina recibida.

Y es que si la Corte Suprema ha señalado que el resarcimiento tarifado propio del sistema de riesgos solo puede juzgarse constitucionalmente compatible cuando tiende a la integralidad en el resarcimiento del daño (causas «Lucca de Hoz c/Taddei» y «Ascúa c/Somisa») es caso obvio que corresponde favorecer la aplicación de las previsiones de ese régimen que más se aproximan a una reparación plena del perjuicio y descartar, en cambio, las que lo restringen o minimizan, máxime cuando los argumentos de tipo económico expuestos por esta Sala en el precedente Hilbe no se modifican por el hecho de tratarse de un ente público que no «recauda» literalmente una cotización de terceros a valores actuales para cancelar contingencias a valores pretéritos. Y es que, mutatis mutandi, no solo los entes públicos que optan por el régimen de autoseguro se someten incondicionadamente al sistema de la LRT, sino que el rol que respecto de las ART con fines de lucro lo cumplen las previsiones actuariales viene a ser suplido aquí por las previsiones presupuestarias que para la cobertura de la propia responsabilidad se destinen.» En el caso de autos, al celebrarse la junta médica en fecha 13/10/10 el Decreto 1694/09 ya era norma vigente y, como corolario, la indemnización prevista en el art. 11 inc. 4 b y art. 15 inc. 2. a) ley 24.557 se liquidará conforme el Decreto 1694/09.

Mas luego, siendo moroso el deudor, es aplicable al caso de autos el art. 17 inc. 6 ley 26.773 en cuanto dispone:»Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010.» Es la estructura de la norma que las indemnizaciones devengadas pero aún no canceladas (como es el caso de autos) son ajustadas por el RIPTE a partir de la vigencia de la ley y, de esta forma, ello no implica ninguna aplicación retroactiva de la norma sino la aplicación inmediata a las consecuencias pendientes (art. 3 del Código Civil).

En definitiva, a la forma de pago y al cálculo de la indemnización debida al actor según el art. 11 inc. 4 B y art. 15 inc. 2 ley 24.557 se le debe aplicar el Decreto 1694/09 y el art. 17 incs. 1 y 6 ley 26.773.

De esta forma, la cuestión sobre los topes indemnizatorios y la forma de pago se torna abstracta.

Con respecto a la pretensión del actor de declarar la inconstitucionalidad del art. 12 ley 24.557 en cuanto hace al cómputo del IBM, que ha sido rechazada por el A Quo, entiendo que debe confirmarse la sentencia pues, en primer lugar y como bien lo afirma el Sr. Juez de grado, el actor no ha demostrado un perjuicio serio, concreto y directo en la aplicación de la norma que represente una merma significativa entre el valor del IBM y su salario. Y en segundo lugar, porque los argumentos respecto a la desactualización monetaria quedan superados por la aplicación del RIPTE a las formulas indemnizatorias.

Corresponde ahora analizar si el actor tiene derecho a la indemnización prevista en el art. 3 ley 26.773, el que establece:»Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al veinte por ciento (20%) de esa suma.» En los precedentes de esta Sala «Gatti» y sus sucesores ya citados se ha decidido sobre la aplicación temporal del art. 3 ley 26.773, pero en casos donde la parte actora se encontraba prima facie comprendida dentro de la norma por el tipo de accidente producido en ocasión del trabajo.

Mas en éste caso no se trata de la aplicación temporal de la norma del art. 3 ley 26.773 sino mas bien a la aplicación personal pues, como mencioné, llega firme a esta instancia que el trabajador sufrió un accidente in itinere y, según el texto del art. 3 ley 26.773 estos accidentes están excluido de la indemnización otorgada en esa norma.

A los efectos del test de constitucionalidad y convencionalidad de la norma, es necesario comparar entre las respuestas indemnizatorias ofrecidas al trabajador dentro del sistema de riesgos del trabajo y dentro del sistema civil. Usualmente se denomina al sistema reparatorio civil como «integral», con la ilusión que este cubre absolutamente todos los daños sufridos por la victima, mas ello no es así pues el propio sistema contiene pautas de limitación de las consecuencias dañosas a través, por ejemplo, del factor de atribución de responsabilidad subjetivo y de la relación de causalidad adecuada.Y en el caso del accidente in itinere el trabajador no tendría una acción civil contra su empleador pues evidentemente no puede imputarse la culpa del empleador en el accidente sufrido por el obrar de un tercero, ni el empleador es dueño o guardián de la eventual cosa riesgosa que ha causado el accidente.

Por lo tanto, en el test de constitucionalidad del art. 3 ley 26.773 respecto al accidente in itinere entiendo que no debe caerse en la tentación de comparar trabajadores accidentados in itinere y en ocasión del trabajo argumentando que estos últimos tienen una cobertura indemnizatoria mayor dada por el 20% previsto en esa norma pues, en verdad la comparación debe efectuarse entre los sistemas indemnizatorios civil y laboral para el caso del accidente in itinere. Como corolario, no observo en este caso un tratamiento discriminatorio en la exclusión del accidente in itinere de la norma del art. 3 ley 26.773.

En consecuencia, el actor no tiene derecho al cobro de la indemnización prevista en el art. 3 ley 26.773.

El capital adeudado devengará intereses que se calcularán de la siguiente manera: conforme la fecha de mora establecida por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en el art. 2 de la Resolución n° 148/98 y considerando la junta médica de fecha 13/10/10 hasta el efectivo pago se aplicará la tasa del 12% anual que será calculada sobre el capital resultante de la aplicación de ajuste por RIPTE.

Por último, realizando el control de constitucionalidad y convencionalidad de oficio que corresponde efectuar a cada Juez conforme la estructura difusa del mismo en el sistema argentino, no observo que existan normas jurídicas que por violación al bloque constitucional federal deban ser declaradas inconstitucionales de oficio.

Voto por la negativa.

A la misma cuestión el Dr. Alzueta dice:

Que expone las mismas razones vertidas por el Dr. Coppoletta, como él, vota en igual sentido.

A igual cuestión el Dr.Machado dice:

Adhiero a las consideraciones y conclusiones del preopinante.

Por ser además la primera vez que se plantea ante esta Sala la posible aplicación del art. 3 de la ley 26.773 a los accidentes in itinere agrego que, tal como explicité en mi voto para la causa «Gatti», el incremento del 20% atribuido por dicha norma la reparación de «otros daños no resarcidos por las fórmulas» vino a cumplir la función -o al menos a intentarlo- de superar la inconstitucionalidad de la LRT en tanto la misma no preveía sino la indemnización de la incapacidad de ganancia, desconsiderando por ende todos los otros rubros patrimoniales y extrapatrimoniales.

Esta omisión es la que, al decir de la CS, implicó un reduccionismo inaceptable de la persona del trabajador a la condición de mero recurso productivo.

Desde otro pero concurrente costado, el art.3 forma parte de los incentivos para permanecer en el sistema -o desincentivos para perseguir la reparación integral- de modo que su procedencia está vinculado íntimamente a la posibilidad de demandar por esta última vía.

Esa posibilidad -por regla- no existe en cuanto concierne al accidente in itinere por las circunstancias ya analizadas por el preopinante, a saber, la ajenidad de un curso causal que el empleador no pudo prevenir ni evitar (ausencia de negligencia) y de titularidad o guarda de las cosas con que el daño se produjo (ausencia de riesgo creado y de riesgo provecho).

Precisamente por la ausencia de esos factores de atribución es que el resarcimiento de estos accidentes constituyó desde su origen una «vuelta de tuerca» del sistema especial y una de sus principales ventajas comparativas. Cuando el belga Sainctelette -verdadero mentor de la responsabilidad patronal objetiva- escribió Responsabilidad y garantía, razonaba que el empleador debía devolver al trabajador «a la puerta de la fábrica» con la misma integridad con que lo había recibido. No decía «a su casa» sino, insisto, a la puerta de la fábrica, donde cesaba su posibilidad de organizar, dirigir y controlar.En términos técnico-jurídicos todo lo que podía ocurrirle al trabajador cuando ingresaba al torrente de la circulación constituía una fuerza mayor o un hecho de terceros o incluso un «hecho de la víctima» en el sentido de nuestro art.1111 CC.

Luego sí vinieron los franceses (Josserand y Saleilles, desde luego, pero mucho más la jurisprudencia de la Corte de Casación) a incorporar el concepto de ocasión laboral como factor convocante de una respuesta de equidad toda vez que fuera la prestación del servicio contractualmente prometido, y no otra cosa, la que colocara a la víctima en las coordenadas cronotopográficas, el fatal aquí y ahora en que resulta dañada. La incorporación -pretoriana primero, legal después- de los accidentes in itinere como supuesto resarcible se inscribe en esa trayectoria conceptual. Constituye, desde luego, un exabrupto para los parámetros clásicos de la responsabilidad civil (incluso tras la diversificación y generalización de la objetiva, que siempre requiere cuanto menos un nexo causal con el agente) y por ello siempre estuvo confinado al ámbito de la responsabilidad especial a salvo de unos pocos supuestos poco frecuentes (el personal que se traslada en un vehículo provisto por la empresa, el gerente cuyo chofer es empleado de la firma, etc.).

Se sigue de allí que, en mi opinión, podrá juzgarse conveniente o no la regulación legal, pero el art.3 no constituye una exclusión descabellada ni un trato discriminatorio. Además, cabe tener en cuenta que en estos casos el dañado tendrá la acción resarcitoria integral contra el tercero que lo causó sin que ello le implique opción disyuntiva alguna respecto del beneficio sistémico (art.39 LRT). Lo cual, en el más numeroso del grupo de hipótesis (el de los accidentes de tránsito) supondrá, por lo general, la respuesta del seguro del embistente in solidum con el dañador mismo.De modo que, al menos en teoría, obtendrá una respuesta del ordenamiento a su justo requerimiento de ser plenamente indemnizado, pero por una vía que no concierne al ámbito de responsabilidad especial a cargo de la ART.

Por último, no quiero soslayar otra circunstancia decisiva en la génesis del art.3. Las estadísticas demuestran que este tipo de siniestros, que representan aproximadamente el 7% del total, suponen en cambio el 25% del total de indemnizaciones acordadas, en razón de las graves incapacidades que usualmente siguen tanto a los ya mentados «hechos del tránsito» como al otro gran subconjunto, los «episodios de inseguridad». Se sigue de allí que todo incremento en el costo que deben asumir las ART, y que obviamente será trasladado al precio del seguro, supone un incremento sensible del costo de la afiliación que puede conspirar contra la viabilidad de las economías empresarias.

Por supuesto, este último argumento económico resulta inaceptable (y esta Cámara decididamente no lo acepta) cuando de lo que se trate es de dejar a la víctima sin un resarcimiento satisfactorio o pleno respecto de aquellos daños causados en sentido estricto por el trabajo, es decir, los que pudieron prevenirse o evitarse, e incluso los que siendo inevitables corresponda imputar al riesgo-provecho de la empresa. Pero no resultan despreciables cuando se trata en cambio de decidir los límites de un sistema que resulta especial, en este sentido, porque ensancha los presupuestos de resarcibilidad de las víctimas acordándoles un beneficio que según el Derecho común no tienen, o que tienen pero solo frente al tercero que lo dañó.

Con estas aclaraciones, adhiero al voto del preopinante.

A la tercera cuestión los Dres. Coppoletta, Alzueta y Machado dicen:

Que atento el resultado de las votaciones precedentes corresponde: 1) rechazar el recurso de nulidad del actor; 2) hacer lugar en forma parcial al recurso de apelación del actor y modificando la sentencia de grado, disponer que a la forma de pago y al cálculo de la indemnización debida al actor según art. 11 inc.4 b y art 15 inc. 2. ley 24.557 se le debe aplicar el Decreto 1694/09 y el art. 17 incs. 1 y 6 ley 26.773; 3) El capital adeudado devengará intereses que se calcularán de la siguiente manera: conforme la fecha de mora establecida por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en el art. 2 de la Resolución n° 148/98 y considerando la junta médica de fecha 13/10/10 hasta el efectivo pago se aplicará la tasa del 12% anual que será calculada sobre el capital resultante de la aplicación de ajuste por RIPTE; 4) las costas en la Alzada serán impuestas a la parte actora en el 20% y a la demandada en el 80%; 5) los honorarios de los letrados por el trámite del recurso de apelación se regularán en el 50% de lo que en definitiva se regulen en primera instancia.

Por los fundamentos y conclusiones del Acuerdo que antecede, la SALA II DE LA CÁMARA DE APELACIÓN EN LO LABORAL

R E S U E L V E:

1) Rechazar el recurso de nulidad del actor.

2) Hacer lugar en forma parcial al recurso de apelación del actor y modificando la sentencia de grado, disponer que a la forma de pago y al cálculo de la indemnización debida al actor según art. 11 inc. 4 b y art 15 inc. 2. ley 24.557 se le debe aplicar el Decreto 1694/09 y el art. 17 incs. 1 y 6 ley 26.773.

3) El capital adeudado devengará intereses que se calcularán de la siguiente manera: conforme la fecha de mor a establecida por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en el art. 2 de la Resolución n° 148/98 y considerando la junta médica de fecha 13/10/10 hasta el efectivo pago se aplicará la tasa del 12% anual que será calculada sobre el capital resultante de la aplicación de ajuste por RIPTE.

4) Las costas en la Alzada serán impuestas a la parte actora en el 20% y a la demandada en el 80%.

5) Los honorarios de los letrados por el trámite del recurso de apelación se regularán en el 50% de lo que en definitiva se regulen en primera instancia.

Resérvese el original, agréguese copia, hágase saber y oportunamente bajen.

Concluido el Acuerdo, firman los Señores Jueces por ante mí, que doy fe.

Coppoletta

Alzueta

Machado

Claudia Barrilis – Secretaria

  1. Dra. Valeria Pereira 5 febrero 2015 at 2:29 PM

    Es un fallo muy interesante en atencion a la redaccion con la cual los legisladores han introducido este art. 3, donde a simple vista se podria mal interpretar en cabeza de las art la obligacion del pago del daño moral ante los accidentes in ittinere.Esperamos que proximamente las modificaciones a regimenes tan especiales como este del derecho laboral sean redactadas debidamente, con la presicion que requieren.

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