AFIP debe reparar el daño por la traba de un embargo sobre las cuentas bancarias de la actora por una deuda en el Impuesto a las Ganancias

comisiones-cuenta-xl-668x400x80xXPartes: Olivera Aguirre María c/ AFIP s/ ordinario

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza

Sala/Juzgado: B

Fecha: 8-may-2014

Cita: MJ-JU-M-86269-AR | MJJ86269

AFIP debe abonar a una contribuyente los daños sufridos a causa de la traba de un embargo sobre sus cuentas bancarias tras iniciar una ejecución fiscal por deuda en el Impuesto a las Ganancias.

Sumario:

1.-La Administración Pública -AFIP- no puede fundamentar su accionar en el desconocimiento del Plan de Pagos suscripto por la concursada, y ello en virtud de que es la propia administración la que pone en manos de los contribuyentes la posibilidad de cumplir con su obligación tributaria a través de un plan de pagos, por lo que mal puede alegar desconocer un hecho que ella misma creó para ese fin, de lo contrario, pierde sentido tal procedimiento.

2.-El hecho de que pueda accederse al plan de pago por medio de un mecanismo virtual, -internet-, tiene el fin de facilitar la forma de acceder al mismo que no puede ser desconocido por la administración, ya que sería lo mismo que concurrir a las oficinas de la AFIP.

3.-La percepción de la renta pública constituye una de las funciones más importantes que reside en cabeza de la autoridad, pues ella hace al cumplimiento de la política económica del Estado, necesaria para atender a los intereses de la comunidad. Así la delicada función del impuesto justifica que los ordenamientos consagran a favor del Fisco un generoso repertorio de herramientas para perseguir su cobro, un sinnúmero de deberes formales, tendientes a obtener toda la información necesaria para determinar y controlar la identidad de los contribuyentes, así como el control necesario y suficiente, e incluso mecanismos coercitivos, tendientes a lograr su satisfacción oportuna.

4.-Al ejercer las funciones de percepción de la renta pública, el Estado debe obrar observando el principio de conformidad con el cual quien contrae la obligación de prestar un servicio, lo debe hacer en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y es responsable por los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecución irregular, en los términos del artículo 1112 del Código Civil .

5.-El daño moral se caracteriza por los padecimientos o molestias que hieren las afecciones legítimas de quienes los sufren y que su valuación no está sujeta a cánones estrictos, correspondiendo -por ende- a los jueces de la causa establecer prudencialmente el quantum indemnizatorio, tomando en cuenta la gravedad de la lesión espiritual sufrida y el hecho generador de responsabilidad. Ninguna relación forzosa existe entre el perjuicio material y moral: ambos cuentan con presupuestos propios y concurrentes a su determinación por razones diferentes. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen

Fallo:

En la ciudad de Mendoza, a los ocho deocho días del mes Mayo de del dedel año dos mil catorce, reunidos en acuerdo los señores miembros de la dela Sala “B”, de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, y Mendoza, Doctores,Roberto Julio Naciff, Hugo Carlos Echegaray y Juan definitiva Juan Antonio González Macías, procedieron a resolver en definitiva estos autos Nº FMZ 82161713/2010 , caratulados: “OLIVERA AGUIRRE, María c/AFIP p/Ordinario”, Juzgado, venidos del Juzgado Federal deFederal de Primera Instancia de San Luis, en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 224, contra la resolución de fs.220/223 vta., por la que se resuelve: “I)- Haciendo lugar a la demanda de daños y perjuicios OLIVERAperjuicios interpuesta por la actora MARÍA SOLEDAD OLIVERA AGUIRRE DEAGUIRRE contra la accionada ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS aINGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P), y, en consecuencia, condenando a ésta MILésta íltima a pagarle a la actora la suma de PESOS QUINCE MIL ($de($15.000.-) en concepto de daño económico con más los intereses de la parala tasa activa que informe el Banco de la Nación Argentina para operaciones desdeoperaciones de descuentos en documentos comerciales desde 12/a12/06/2006 y hasta que los montos se encuentren depositados a disposición de la actora, y la suma de PESOS TRES MIL ( $4.000.-) (se(sic), en concepto de daño moral con más los mismos intereses que se generen desde el 28/07/2006.II).- Imponiendo las costas del proceso a la accionada objetivamente perdodiosa (art. 68 y ccts. del CPCCN). III).- Difiriendo la regulación de honorarios…”

El aEl Tribunal se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

De conformidad con lo establecido por los arts. 268 y 271 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y arts. 4se4º y 15º del Reglamento de esta Cámara, previa y oportunamente se procedió yprocedió a establecer por sorteo el siguiente orden de estudio y votación, doctores: ydoctores:Roberto Julio Naciff, Hugo Carlos Echegaray y Juan Antonio González Macías.

Sobre las cuestiones propuestas el Dr. Roberto Julio Naciff, dijo:

I.- Que contra la sentencia de fs. 220/223 vta. que en su parte resolutiva ha quedado transcripta, la Dra. María Laura Tonn, en representación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), interpone recurso de apelación a fs. 224.

Al expresar agravios a fs. 250/265 dice que la actora logra que el a quo condene a su parte los supuestos daños y perjuicios y supuesto daño moral derivados de la ejecución fiscal iniciada legítimamente por el organismo en su contra mediante Boleta de Deuda Nº 801/40019/01/2007, que se tramitó en la causa Nº 18/2006 de la Secretaría Tributaria del Juzgado Federal de San Luis.

Relata que la causa de dicha boleta de deuda se origina por la fiscalización efectuada por su parte a la actora en la presente causa, por Impuestos a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales 2001, 2002 y 2003.

Que luego de llevarse a cabo la fiscalización, la actora conforma los ajustes practicados y presenta sendas declaraciones juradas rectificativas por los períodos involucrados, en forma correcta el 21/12/2005, en saldos a ingresar a favor del Fisco, pero sin que la actora los haya ingresado a la fecha.

Señala que el art. 38 del Decreto 1397/79 dispone que los responsables deberán comunicar a la Dirección General, salvo disposición general en contrario dictada por ésta, el lugar, la fecha, concepto, forma y monto de los pagos que efectúen y que el pago realizado en otro lugar que el señalado por el art. 32 de la ley, deberá ser comunicado con indicación del domicilio fiscal del contribuyente.

Agrega que el art. 92 de la Ley 11683 dispone que la ejecución fiscal será considerada juicio ejecutivo a todos sus efectos, aplicándose de manera supletoria las disposiciones del CPCCN.Que los pagos efectuados después de iniciado el juicio no serán hábiles para fundar excepción, acreditados los mismos en autos procederá su archivo o reducción del monto demandado con costas a los ejecutados y que igual tratamiento se aplicará a los pagos mal imputados y a los no comunicados por el contribuyente a o responsable en la forma que establezca a la AFIP, en cuyo caso se eximirá de las costas si se tratara de la primera ejecución fiscal iniciada como consecuencia de dicho accionar.

Afirma que el caso de autos se encuentra dentro de estos supuestos, dado que la actora nunca dio cumplimiento a la normativa citada, no habiéndose declarado a la fecha del fallo que hoy recurre la inconstitucionalidad de las normas mencionadas, las cuales debían de haber sido cumplidas por la actora.

Dice que con motivo del fin de la fiscalización y las presentaciones efectuadas de las declaraciones juradas rectificativas, se le notificó a la contribuyente junto con la correspondiente liquidación de intereses resarcitorios mediante actas de fecha 30/10/06 y 31/01/06 (Nº 7 007-0099318 y 007-00993137 la intimación para que ingresara el capital adeudado y los correspondientes intereses resarcitorios, todo bajo apercibimiento de iniciar ejecución fiscal en su contra.

Que tales intimaciones adquirieron firmeza dado que no fueron apeladas sino que además la propia contribuyente presentó el día 03/02/2006 una multinota mediante Formulario F.206/7 que expresa “Le informo por la presente que realizaré un plan de pagos con el aplicativo “Mis Facilidades” para cancelar los saldos de DDJJ rectificativas Nº 2 del impuesto a las ganancias de los períodos 2001/2002/2003 intimados…”

Concluye que resulta imposible conocer acabadamente la situación particular de un contribuyente a la cual se le había dado por finalizada la fiscalización y se encontraban vencidos los plazos de la intimación de pago.

Que pasados aproximadamente cuatro años para que la contribuyente declarara en forma correcta los saldos a ingresar luego de un proceso de fiscalización, intimada en sede administrativa, la actora solo presenta un descargo diciendo que realizará un plan de pagos en la agencia San Luis de la AFIP el día 03/02/2006 pero el prometido plan de pagos recién lo ingresa y formaliza el 13/02/2006, ya vencido en exceso el plazo de 48 horas otorgado en la intimación de fecha 16/10/2006 y además no comunica dicha circunstancia al organismo recaudador.

Que para ese entonces dado que ya se encontraba vencido el plazo de 48 horas otorgado en la intimación, el 05/02/2006 se emite la correspondiente boleta de deuda -título ejecutivo- que sustenta el reclamo del Fisco.

Continúa diciendo que la interposición de la demanda se efectúa recién el 15/02/2007 y hasta esa fecha la ahora actora no había comunicado presentación y/o pago alguno de los saldos adeudado al Organismo Recaudador, nunca presentó otro descargo más que el del 03/02/2006 comunicando que se iba a acoger a un plan de pago.Recién esperó al momento de la ejecución fiscal oponiendo excepción de “espera” en los autos mencionados el 31/07/2006, la cual nunca notificó al Organismo ni a la Agente Fiscal interviniente en la causa.

Señala que los contribuyentes presentan los planes de pago conforme la RG 1966/05 denominado “Mis Facilidades” al que se acogió la actora por internet, a través de una clave fiscal que solo el contribuyente conoce, y a la cual la AFIP no tiene acceso. Que en consecuencia si la contribuyente no comunica a la AFIP que pagó, ésta no puede enterarse porque no tiene acceso ni conocimiento de los movimientos que un contribuyente realiza hasta tanto el mismo no se los comunica al Organismo.

Continúa diciendo que una vez que se radicó la demanda, el organismo procedió a trabar las medias cautelares el día 25/07/06 en un todo de acuerdo con las previsiones del art. 92 Ley 11683 el cual a la fecha no había sido declarado inconstitucional.

Que el 31/07/06 la demandada -ahora actora- había interpuesto “excepción de espera” la cual nunca fue proveída como tal por el Juzgado atento que la demandada nunca adjuntó la intimación de pago, por lo que el 02/08/06 la demandada presenta “solicitud de levantamiento de embargo improcedente con habilitación de día y hora, la cual es proveída el 02/08/06.-

Que en fecha 03/08/06 la Agente Fiscal interviniente adjuntó a la causa el mandamiento de intimación de pago diligenciado y las instrucciones impartidas por la jefatura de desistir las actuaciones por haber ingresado la demandada en un plan antes de la demanda.Que para ese entonces el embargo general de fondos y valores ya había sido levantado el 01/08/06 conforme obra en el expediente de ejecución fiscal.

Afirma que a la fecha en que la actora manifiesta haber celebrado el supuesto contrato de compraventa del automóvil pro el cual ahora reclama el perjuicio económico sufrido, celebrado el 12/06/06 ella sabía perfectamente que la cuota Nº 2 del plan de pagos se hallaba impaga y que no había comunicado el pago efectuado al organismo, con el consecuente riesgo que corría ese contrato de no poder cumplirlo.

Destaca que la cuota Nº 2 se rehabilitó y recién se cobró el 10/03/2007, once meses después de la fecha de vencimiento original, que la actora oculta, ya que solo acredita haber pagado las cuotas 7 y 8 cuyos vencimientos operaron el 16/9/06 y 16/10/06, respectivamente y no acredita haber pagado las cuotas 1 al 6 de dicho plan de manera alguna.

Que dicha situación se refleja en el sistema informático del organismo, del cual se acompañan los correspondientes reportes, por el cual se puede destacar que el plan de pagos suscripto había sido rehabilitado el 30/10/07 porque el 26/10/07 se produjo la precaducidad del mismo por tener a esa fecha 2 cuotas impagas.La cuota nº 2 recién se pagó el 10/03/07, un año después de su vencimiento y dos años después de que el organismo le diera por finalizada la fiscalización que originara la deuda… Que el 30/10/07 se rehabilitó el plan de pagos dado que la cuota Nº 11 y 13 no habían sido canceladas, y recién el 10/12/07.

Dice que es improcedente el resarcimiento económico dado que por la propia torpeza de la actora en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, devino en la traba de las medidas cautelares dispuestas en el marco de la ejecución fiscal.

Que tampoco existen pruebas del daño moral supuestamente ocasionado a la actora, derivado de un requerimiento de la Presidencia del banco donde la actora es apoderada para que arbitrase todos los medios para que se levantara la medida.

Hace reserva del caso federal.

Solicita se haga lugar al recurso deducido y se revoque la decisión de esta Cámara con imposición de costas a la actora.

II.- Corrido traslado de ley, la parte actora no contesta, por lo que se tiene por decaído el derecho dejado de usar. (v. fs. 109)

III.- De las constancias de la causa, surge que en fecha 13/02/2006 la demandada María Soledad Olivera Aguirre -actora en los presentes- se acogió a un plan de facilidades de pago -F-1003- Nº A055757 en virtud de la deuda de Impuesto a las Ganancias años 2001, 2002 y 2003 en el que se comprometió a abonar 18 cuotas con más el interés que aplica la AFIP, con vencimiento la primera de ellas en el mes de marzo de 2006.- (v. fs. 8/9)

Que en fecha 15/02/2006 la demandada inició ejecución fiscal mediante boleta de deuda Nº 801/40019/01/2006, por la fiscalización efectuada a la Sra.María Soledad Olivera Aguirre por impuestos a las Ganancias correspondiente a los períodos Fiscales 2001, 2002 y 2003, que se tramitó en la causa Nº 18/2006 del Juzgado Federal de San Luis y en fecha 25/07/2006 trabó embargo sobre todas las cuentas bancarias que poseía la actora. (conforme Expte Nº 18/06 “AFIP c/OLIVERA AGUIRRE, María Soledad p/Ejecución Fiscal” reservado en caja de seguridad).-

Que el 31/07/2006 la demandada -Olivera- deduce excepción de espera teniendo en cuenta el plan de pagos propuesto, aceptado y en plena etapa de cumplimiento que se había acordado con la AFIP y en fecha 02/08/2006 solicitó el inmediato levantamiento de la medida cautelar dictada. (v. fs. 11/14 y 31 respectivamente del Expte 18/06)

Que en los presentes la actora Dra. María Soledad Olivera reclama daños y perjuicios producidos como consecuencia de la traba de embargo sobre sus cuentas bancarias en la ejecución fiscal individualizada precedentemente, iniciada por una deuda tributaria que se encontraba incluida en un plan de pagos vigente y con anterioridad al procedimiento de apremio que se le iniciara.

Que el daño material reclamado consiste en la pérdida de la seña de $ 15.000.- con sus respectivos intereses desde el 12/06/2006 que la actora había entregado por el contrato suscripto en esa fecha para la adquisición de un vehículo, convenio que fuera rescindido por la vendedora al haberse dado el presupuesto pactado para ello en el caso de no pagarse en el día del vencimiento las cuotas acordadas, circunstancia que ocurrió respecto de la primera cuota, pago que no se logró efectivizar porque el cheque entregado por la actora fue rechazado por el Banco “por cuenta embargada con fondos”, en razón de la medida cautelar ordenada en el expediente fiscal.

Reclama asimismo daño moral ocasionado a su persona, consistente en que se trabó embargo sobre la cuenta que tiene en el Banco Regional de Cuyo S.A.entidad de la que es apoderada y abogada de hace más de diez años y del que recibió de la Presidencia de dicho Banco un llamado de atención que le causó un daño moral y profesional.

IV.- Entrando a la cuestión traída a Acuerdo, entiendo que corresponde confirmar la sentencia apelada, en virtud de las siguientes consideraciones:

En primer lugar, conviene apuntar que la Administración Pública -AFIP- no puede fundamentar su accionar en el desconocimiento del Plan de Pagos suscripto por la Sra. María Soledad Olivera.

Ello en virtud de que es la propia administración la que pone en manos de los contribuyentes la posibilidad de cumplir con su obligación tributaria a través de un plan de pagos, por lo que mal puede alegar desconocer un hecho que ella misma creó para ese fin, de lo contario, pierde sentido tal procedimiento.

El hecho de que pueda accederse al plan de pago por medio de un mecanismo virtual, -internet-, tiene el fin de facilitar la forma de acceder al mismo (“Mis facilidades”), debe ser conocido por la administración, ya que sería lo mismo que concurrir a las oficinas de la AFIP.

Nótese que en el pie del formulario AFIP F. 1003, suscripto por María Soledad Olivera, dice textualmente “Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que se ha confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad” (el subrayado me pertenece).

No obstante lo expuesto, la Dra. Olivera informó el acogimiento a dicho plan de pago mediante F. 206/1 Multinota Impositivo “Les informo por la presente que realizaré un plan de pagos con el aplicativo “Mis Facilidades” para cancelar los saldos de DDJJ rectificativas Nº 2 del impuesto a las ganancias de los períodos 2001/2002/2003 reclamados…”, que fuera recibido por la AFIP el 03/02/2006. (v. fs. 4 Expte.18/06)

En este orden de ideas, constituye un verdadero desarreglo burocrático que el organismo recaudador invoque desconocimiento del plan de pagos suscripto por la contribuyente.

Por otro lado, si bien es cierto que pueden ser reprochables ciertas conductas de la Sra. Olivera tal como la demora en presentar la rectificatoria de las declaraciones juradas, ello no fue obstáculo para que se acogiera al plan de pagos, consolidado por la AFIP.

Lo mismo ocurre con el atraso de la cuota Nº 2 que denuncia la AFIP, a esta altura ya resulta insignificante, habida cuenta que la actitud reprochable de la AFIP es haber iniciado la ejecución fiscal dos días después de que la contribuyente se acogiera al plan de pagos y no como erróneamente expresa la recurrente al decir que la demanda fue iniciada el 15/02/2007, un año después.

Que por las razones expuestas, entiendo que la actitud descuidada de la AFIP constituyó una deficiente prestación del servicio estatal de recaudación tributaria. En suma, como consecuencia del incumplimiento de su deber de verificar su base de datos, la Dra. María María Soledad Olivera fue ilegítimamente ejecutada judicialmente, lo que generó el embargo de sus cuentas bancarias y la consiguiente pérdida del valor de la seña entregada $ 15.000.- con sus respectivos intereses que la nombrada había entregado por el contrato suscripto en fecha para la adquisición del vehículo marca CLIO RN Sedan 4 puertas, modelo 2001, dominio DUN 256, todo ello conforme fotocopia de la Carta Documento agregada a fs. 1/2 de los presentes.

Es del caso, señalar que la percepción de la renta pública constituye una de las funciones más importantes que reside en cabeza de la autoridad, pues ella hace al cumplimiento de la política económica del Estado, necesaria para atender a los intereses de la comunidad.Así la delicada función del impuesto justifica que los ordenamientos consagran a favor del Fisco un generoso repertorio de herramientas para perseguir su cobro, un sinnúmero de deberes formales, tendientes a obtener toda la información necesaria para determinar y controlar la identidad de los contribuyentes, así como el control necesario y suficiente, e incluso mecanismos coercitivos, tendientes a lograr su satisfacción oportuna” (Fallos 316:1837; 320:2649 ; 324:3345; Cám. Ap. Cont. Ad. Fed. De Mar del Plata en autos “Castellanos, Enrique Francisco c/Poder Ejecutivo s/Pretensión indemnizatoria”, del 7/06/2001).

Sin embargo, al ejercer tales funciones el Estado debe obrar observando el principio de conformidad con el cual “quien contrae la obligación de prestar un servicio, lo debe hacer en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y es responsable por los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecución irregular, en los términos del artículo 1112 del Código Civil” (Fallos: 310:1826; 328:4175, y sus citas).

Por todo ello es que corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto hace lugar a la demanda y condena a la AFIP a indemnizar a la actora la suma de $ 15.000 en concepto de daño económico con más los intereses de la tasa activa.

Por último la recurrente critica el fallo por la indemnización establecida por daño moral por estimar que no se ha probado.

Sobre el particular, nuestros tribunales tienen dicho que “El daño moral se caracteriza por los padecimientos o molestias que hieren las afecciones legítimas de quienes los sufren y que su valuación no está sujeta a cánones estrictos, correspondiendo -por ende- a los jueces de la causa establecer prudencialmente el “quantum” indemnizatorio, tomando en cuenta la gravedad de la lesión espiritual sufrida y el hecho generador de responsabilidad. Ninguna relación forzosa existe entre el perjuicio material y moral: ambos cuentan con presupuestos propios y concurrentes a su determinación por razones diferentes” (CNFed. Contencioso Administrativo, Sala II, junio 12/992, “Ausades, René J. c.Estado Nacional-D.G.I., “L:L: 1993-A-27, L:L: 1992-C-570).

El mentado requerimiento de la Presidencia del banco donde la actora es apoderada, para que arbitrase los medios para que se levante el embargo, no es suficiente para probar el daño moral denunciado.

Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de apelación en cuanto a la indemnización por daño moral y en consecuencia revocar la sentencia de grado en cuanto condena a la demandada AFIP a abonar a la actora la suma de $ 4.000.- con más los intereses, por dicho concepto.

V.- Las costas, atento el resultado al que se arriba se imponen por su orden (art. 71 del C.P.C.C.N.)

Así expreso mi voto.

Sobre la única cuestión propuesta, los señores Jueces de Cámara, Dres. Hugo Carlos Echegaray Juan Antonio González Macías, dijeron: Que adhieren al voto que antecede, por sus fundamentos.

Por lo expuesto, SE RESUELVE: 1) No hacer lugar al recurso de apelación deducido por la demandada a fs. 250/265 y en consecuencia confirmar la resolución de grado en cuanto condena a la demandada a indemnizar a la actora la suma de $ 15.000.- en concepto de daño económico con más los intereses a tasa activa.- 2) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la demandada a fs. 250/265 y en consecuencia revocar la sentencia de fs. 220/225 vta. en cuanto hace lugar a la indemnización solicitada por la actora por daño moral.- 3) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado (art. 71 del C.P.C.C.N.).- 4) Diferir “suo tempore” la regulación de los honorarios profesionales.-

CÓPIESE y NOTIFÍQUESE.-

Naciff

Echegaray

González Macías

 

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