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Ante la falta de disidencia de la Junta Médica sobre la incapacidad de la actora no puede declararse extinguida la jubilación por invalidez

shutterstock_124922840Partes: Caspani Liliana del C. A. c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe

Fecha: 8-abr-2014

Cita: MJ-JU-M-86096-AR | MJJ86096 | MJJ86096

Anulación de la sentencia que había declarado extinguido el beneficio de jubilación por invalidez a la actora con fundamento en la legitimidad de los actos impugnados donde se había expedido la Junta Médica sin disidencia en que el porcentaje de incapacidad de la actora era de un 30%.

Sumario:

1.-Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido contra la sentencia que resolvió la extinción del beneficio jubilatorio si de la misma surge que el Tribunal brindó razones jurídicas respecto de la legitimidad de los actos impugnados por la actora, los que deben examinarse al tiempo de su emisión, sin perjuicio de la incidencia del actual estado de salud de la recurrente, toda vez que en el caso, se trata de la extinción de un beneficio de jubilación por invalidez, debiendo ser evaluadas las particulares circunstancias del caso, lo que impone considerar, las cuestiones sobrevinientes y existentes al momento de fallar.

2.-No resulta prudente extinguir el beneficio que continúa percibiendo la actora, reestablecer la relación de empleo y hacerla transitar nuevamente en la obtención de una jubilación, atento su edad, lo dictaminado en la pericia médica y la posibilidad de sustituir la actividad habitual por otra compatible con sus aptitudes profesionales, debiendo apreciarse razonablemente en el caso, entre otras cuestiones el hecho de que ha permanecido más de veinte años alejada del sistema educativo, por hallarse percibiendo la prestación que se discute, debiendo anularse la sentencia que así lo consideró.

3.-Declarar nula la sentencia que consideró extinguido el beneficio de jubilación del actor no implica neutralizar la potestad de revisión de los beneficios, pues la revisión judicial en casos excepcionales, conforme a las reglas de la lógica y la sana crítica debe ser llevada a cabo valorándose la totalidad de las pruebas y constancias de la causa al momento de fallar, atento los principios protectorios vigentes en la materia.

Fallo:

En la ciudad de Santa Fe, a los ocho días del mes de abril del año dos mil catorce, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia de su titular, el señor Ministro doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados «CASPANI, Liliana del Carmen Alina contra PROVINCIA DE SANTA FE -Recurso Contencioso Administrativo- (Expte. 108/03) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD» (Expte. nro. CUIJ: 21-00508904-9, año 2013). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia ¿que resolución corresponde dictar?. Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Gutiérrez, Spuler, Falistocco y Gastaldi.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo:

I. Mediante resolución registrada en A. y S. T. 250, págs. 498/500 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fecha 6 de diciembre de 2010, dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nro. 1 de la ciudad de Santa Fe, por entender que la postulación de la recurrente contaba «prima facie» con suficiente asidero en las constancias de la causa e importaba articular con seriedad planteos que exigían examinar si la sentencia reunía las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial.

El nuevo análisis de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar esa conclusión, tal como lo propicia el Señor Procurador General (fs.355/357).

Por ello, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler y Falistocco y la señora Ministra doctora Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo:

1. Según surge de las constancias de la causa la actora promovió recurso contencioso administrativo contra la Provincia de Santa Fe tendente a que se deje sin efecto el decreto del Poder Ejecutivo 1173/02 y su antecedente, la resolución 1065 del 22.3.2001 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia y se declare «definitivamente adquirido» su derecho al beneficio de jubilación por invalidez.

Expone que se desempeñó como maestra de grado preprimario titular, y con retención de dicho cargo, como Directora Organizadora -15.2.1982 al 7.3.1984- primero y después Interina -6.12.1985 hasta su cese- en el Jardín de Infantes 58.Señala que por Resolución 6159 del 30.12.1991 se le acordó la jubilación por invalidez habiendo sido declarada cesante por ese motivo el 15.2.1991, percibiendo haberes desde el 1.7.1991; que citada a reconocimiento médico el 26.10.2000 se determinó la existencia de una incapacidad parcial y permanente del 30%, por lo que por Resolución 1065/01 se extinguió el beneficio.

Aduce que adquirió el derecho al beneficio con carácter definitivo, de conformidad a los artículos 19 y 67 de la ley ley 6915.

Indica que el acta médica carece de la descripción de la dolencia, antecedentes y fundamentos considerados para la decisión, que los actos administrativos debieron tener en cuenta los elementos conducentes a determinar el grado de incapacidad profesional.

A fojas 95/98 contestó la demanda la Provincia, solicitando su rechazo, con fundamento en la legitimidad de los actos impugnados atento que resultan motivados expidiéndose las Juntas Médicas sin disidencias en que el porcentaje de incapacidad de la actora es del 30% y que no adquirió el beneficio con carácter definitivo.

2. La Cámara de lo Contencioso Administrativo Nro. 1 mediante resolución nro. 59 de fecha 14 de marzo de 2012 resolvió declarar improcedente el recurso.

Para sí decidirlo, sostuvo en primer lugar, que el texto del artículo 19 de la ley 6915 es claro en cuanto al tiempo estipulado, en tanto refiere al que efectivamente percibió el beneficio, por lo que no puede computarse desde la fecha de declaración.Así dispone que «será definitivo cuando el titular tuviere cincuenta o más años de edad y hubiera percibido la prestación por lo menos durante diez años».

Consideró además, que resulta inaplicable el artículo 67 de la norma previsional, que contempla el modo en que deben computarse los años de servicios a los fines de poder acceder a la jubilación, situación muy distinta a la de autos, dónde se discute cuanto tiempo estuvo gozando del beneficio ya adquirido.

Observó que en el caso, la Caja le otorgó a la actora el beneficio el 30.12.1991 (Res. 6159) -con retroactividad al 1.7.1991- y dispuso suspenderlo el 22.3.2001 (Res. 1065/01) por lo que no había transcurrido el plazo exigido para que adquiera definitividad.

En segundo lugar, tras detallar las Actas Médicas de revisión de la invalidez de la actora, estimó que los dictámenes habían sido regularmente emitidos conforme a las exigencias jurisprudenciales y normativas de motivación, destacando que ésta había expresado su conformidad y que se le había notificado la posibilidad de que participara su médico particular y de que aportara estudios actualizados referidos a su patología.

Señaló que como consecuencia de la medida cautelar incoada en autos se constituyó una nueva Junta médica que dictaminó que padecía de una incapacidad parcial y permanente del 37%, con posibilidad de reubicación de acuerdo a la ficha lesiográfica obrante (fs.137/138).

Por último, analizó la pericia médica producida en sede judicial, en la que se informó que actualmente no presenta síntomas cardiovasculares y que tanto su examen clínico como su electrocardiograma resultan normales, que desde el punto de vista estrictamente cardiológico la señora Caspani se encontraría en condiciones de retomar sus funciones laborales, «.que evaluada médicamente de manera integral.a sus 59 años de edad, con antecedentes de ansiedad.emocionalmente afectada por su historial médico y por encontrarse fuera de entrenamiento profesional desde hace casi veinte años, no parece en condiciones de enfrentar un aula con niños de edad preescolar.», por lo que entendió que presenta una incapacidad total y permanente para el desempeño de sus tareas laborales.

Concluyó, que la peritación no autoriza a apartarse de los dictámenes cuestionados porque no demuestra que haya estado incapacitada al momento de dictarse los actos impugnados, que por el contrario, surge que la actora no parece encontrarse en condiciones de enfrentar un aula, lo cual la circunscribiría a ejercer funciones especificadas en las fichas lesiográficas.

3. Contra dicho pronunciamiento deduce la accionante recurso de inconstitucionalidad con fundamento en que se vulneran las garantías de integralidad de los beneficios de la seguridad social y de inviolabilidad de la propiedad (artículos 14 bis y 17 de la Constitución nacional y 6, 15 y 21 de la Carta Magna provincial), por desconocimiento de la solución normativa, carecer de fundamentación suficiente y exceso ritual (artículo 1, incisos 2 y 3, ley 7055).

En sustento de su impugnación expresa que se priva a su parte de un derecho previsional regularmente adquirido incorporado definitivamente a su patrimonio, por aplicación del artículo 19 de la ley 6915.Cuestiona al respecto, la interpretación efectuada por el Oficio y considera que se encuentra asimismo subsumido en las previsiones del artículo 67, segundo párrafo, de la norma citada.

Se agravia de que en el fallo se considere que lo resuelto en un dictamen de Junta Médica y en un acto extintivo de un beneficio es suficiente, definitivo e inmodificable en sede judicial.

Manifiesta que la Administración no ha demostrado que existiera capacidad suficiente acorde a sus aptitudes profesionales para reincorporarla, y consecuente con ello, esto no ha acontecido y ha continuado en el goce de la prestación. Observa que el transcurso del tiempo privó de sentido discurrir si en otro momento contaba con los diez años para adquirir definitivamente la jubilación, plazo que se ha duplicado.

Alude a la ficha lesiográfica practicada por la Junta Médica constituida el 22.12.2003 (en virtud de resolución judicial), en la cual más allá de un total general de invalidez estimado en el 37%, se describe que no puede dicar clases, cuidar niños, entre otras tareas, y en el caso se trata de una docente preescolar. Destaca además que, con anterioridad a esa fecha, la misma no se había confeccionado.

Acusa arbitrariedad al fallo, por convalidar la resolución extintiva del beneficio y el decreto del Poder Ejecutivo confirmatorio de la misma, sin previo dictamen médico respecto de las aptitudes profesionales, al margen de la incapacidad general.

Considera que la Cámara se apartó de las circunstancias consumadas al tiempo de la sentencia, en referencia a la falta de reincorporación antes mencionada.Transcribe además, el informe del perito médico judicial, que determina una incapacidad permanente total.

Califica la sentencia de «academicista y extremadamente formalista» y que el resultado de lo decidido es «contradictorio, inútil, absurdo», contrariando los fines teniendo en cuenta por la ley al establecer el régimen de jubilación por invalidez, la progresividad de los derechos de la seguridad social y los principios previsionales protectorios de la persona.

Cuestiona la interpretación «restrictiva» efectuada por el Tribunal del artículo 19 de la ley 6915. Señala que de conformidad al artículo 67 de la norma, toda fracción de tiempo mayor a seis meses se computa como año entero y que tal previs ión resulta aplicable para la obtención del beneficio con carácter definitivo.

Afirma que legalmente transcurrieron diez años entre el decreto del Poder Ejecutivo que dispuso su cesantía (15.12.1991) y el dictamen de la Junta Médica revisora (26.10.2000) y también alega que prescindiendo de tal normativa, lo mismo adquirió el derecho a la jubilación computando las fechas de realización de las Juntas Médicas (la que declaró su incapacidad total y permanente; y la revisiva).

4. Habiéndose cuestionado desde el plano constitucional la respuesta jurisdiccional de la Cámara, atento a las particulares circunstancias de la causa, resulta necesario efectuar algunas consideraciones respecto de las situaciones jurídicas planteadas.En primer lugar, cabe precisar que el artículo 19 de la ley 6915 dispone que «La jubilación por Invalidez se otorgará con carácter provisional, quedando la Caja facultada para concederla por tiempo determinado y sujeta a los reconocimientos médicos periódicos que se establezcan.El beneficio de Jubilación por Invalidez será definitivo cuando el titular tuviere cincuenta o más años de edad y hubiere percibido la prestación por lo menos durante diez años».

De conformidad a tal precepto, en nuestro régimen previsional, si la invalidez disminuye al desaparecer la contingencia que se ampara se reconstituye la relación de empleo, al agente que no puede prestar servicios laborales por una dolencia incapacitante permanente total se le brinda una cobertura de la seguridad social, pero ésta se otorga con carácter provisorio y transcurrido cierto tiempo en el goce de la jubilación, comprobada la imposibilidad de curación y consiguiente reinserción laboral del afectado se le confiere el carácter de definitivo, situación que se consolida si tiene 50 años de edad y hubiese percibido la misma por lo menos durante diez años. Es decir, se establece una regla jurídica que no resulta, en principio, irrazonable, la que no resulta alcanzada por el artículo 67 de la ley previsional, aplicable a otros supuestos y atento a la claridad del texto normativo.

En el sub examine, tal como lo señala el Tribunal, la Caja le otorgó a la actora el beneficio el 30.12.1991 (Res. 6159) -con retroactividad al 1.7.1991- y dispuso extinguirlo el 22.3.2001 (Res. 1065/01) -atento a lo dictaminado por la Junta Médica constituida el 26.10.2000-, por lo que no había transcurrido el plazo exigido para que adquiera definitividad.

Dicho ello, corresponde ahora analizar, los fundamentos expuestos en el fallo respecto de la legitimidad de los actos impugnados y las situaciones fácticas y jurídicas planteadas en la litis.Se observa que al extinguirse el beneficio se determinó una minusvalía del 30 % y que el Tribunal atento a la medida cautelar deducida por la actora suspendió la ejecución de la resolución 2059/03 hasta que se realice una nueva Junta médica, la que constituida el 18.12.2003 determinó una incapacidad del 37 % y las tareas compatibles conforme a ficha lesiográfica.

En cuanto a la pericia médica efectuada en sede judicial en el año 2007, informa el perito actuante que pese a no presentar secuelas cardiológicas y mostrar adecuado control de su enfermedad coronaria, presenta una incapacidad permanente total para el desempeño de sus tareas laborales, toda vez que «.evaluada médicamente de una manera integral.la sra. Caspani, a sus 59 años con antecedentes de ansiedad (en su momento como factor etiológico de su enfermedad coronaria) emocionalmente afectada por su historial médico y por encontrarse fuera de entrenamiento profesional desde hace veinte años, no parece en condiciones de enfrentar un aula con niños de edad preescolar, no sólo por una cuestión de eficiencia, sino por el stress sicológico (y sus negativas consecuencias cardiovasculares) que un retorno a la actividad tan extemporáneo le podría generar».

Ahora bien, surge de la lectura de la sentencia que el Tribunal brindó razones jurídicas respecto de la legitimidad de los actos impugnados (fs.274/276), los que -señaló- deben examinarse al tiempo de su emisión, sin perjuicio de la incidencia que el actual estado de salud de la recurrente pueda en su caso tener en la continuación de la relación de empleo público.Cabe analizar que se trata de la extinción de una jubilación, lo que estimo corresponde evaluar en las particulares circunstancias del caso, pues lo contrario como ha sostenido reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, «no se aviene con la cautela que los jueces deben juzgar las peticiones de la seguridad social», teniendo en cuenta que «tienen como cometido propio la cobertura integral de las consecuencias negativas producidas por las contingencias sociales» (cfr. doctrina de Fallos 313:79; 323:2235; 324:915 ; «Fenoglio, del 8.7.08; «Saldaña» 20.3.12), lo que impone considerar en el sub examine, las cuestiones sobrevinientes y existentes al momento de fallar.

En efecto, atendiendo a la edad de la actora (62 años al momento de dictarse la sentencia de la Cámara), lo dictaminado en la pericia médica producida en sede judicial, que no ha sido controvertido en autos que la Administración no la ha reincorporado pese al tiempo transcurrido desde que consideró que podía reconstituir la relación de empleo, habiendo incluso cesado en el año 2003 la medida cautelar dictada por el Oficio; que en relación a la ficha lesiográfica (f.137) no se puede dejar de apreciar que la posibilidad de sustituir la actividad habitual por otra compatible con sus aptitudes profesionales, debe ser apreciada razonablemente teniendo en cuenta entre otras cuestiones, la edad, que en el caso, la señora Caspani ha permanecido más de veinte años alejada del sistema educativo, por hallarse percibiendo la prestación que se discute en esta litis.

Conforme a lo expuesto, no resulta prudente extinguir el beneficio que continúa percibiendo, reestablecer la relación de empleo y hacerla transitar nuevamente en la obtención de una jubilación.

Así decidirlo, no implica neutralizar la potestad de revisión de los beneficios, pero la revisión judicial en casos excepcionales como el de autos, conforme a las reglas de la lógica y la sana crítica debe llevarse a cabo valorando la totalidad de las pruebas y constancias de la causa al momento de fallar.

Cabe recordar, los principios protectorios vigentes en la materia, y que se trata de la extinción de un beneficio. En tal sentido, cabe señalar que interpretando tal principio ha sostenido José Goñi Moreno que «se debe atender a la finalidad perseguida por la ley que determinará las soluciones más aproximadas a la justicia, ideal inmanente del derecho» («Goñi Moreno, José» Derecho de la Previsión Social, Bs. As.Ediar, 1956; «Cómo interpretar las leyes de previsión social?, LL, 52-974); aspectos que deben ser tenidos en cuenta para que la misma sea razonable y adecuada a las circunstancias de personas, tiempo, las particularidades de la causa, el tipo de prestación de la que se trate.

Por las razones expuestas, estimo que el recurso resulta procedente, y de conformidad a las consideraciones precedentes, que las costas sean impuestas en el orden causado.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler y Falistocco y la señora Ministra doctora Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia ¿que resolución corresponde dictar? -el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Disponer la remisión de los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa, teniendo en cuenta los considerandos expuestos al tratar la segunda cuestión. Costas en el orden causado.

Así votó.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores doctores Spuler y Falistocco y la señora Ministra doctora Gastaldi dijeron que la resolución que se debía adoptar era la propuesta por el señor Presidente doctor Gutiérrez y así votaron.

En mérito del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Disponer la remisión de los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa, teniendo en cuenta los considerandos expuestos al tratar la segunda cuestión. Costas en el orden causado.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Gutiérrez

Falistocco

Gastaldi

Spuler

Fernández

Riestra (Secretaria)

  1. hola a mi me paso algo parecido después de estar cobrando mi jubilación seis meses me revisan nuevamente y me la retiran mi discapacidad es real tengo una prótesis en la columna vertebral ,virus del hepatitis c, y una hipertencion arterial los estudios que me faltaron los realizaron ellos . ahora yo me realice todos los estudios y por-supuesto.apele es injusto lo que me hicieron necesito medicación.y continuar con mi tratamiento del hep.c y el dolor tan grande de mi columna y pierna . .

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