El Tribunal de Disciplina del CPACF multó a un abogado que utilizó en beneficio propio cheques entregados para otros fines.

DineroPartes: O. A. C. c/ CPACF s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 10-abr-2014

Cita: MJ-JU-M-85847-AR | MJJ85847

Resulta adecuada la multa impuesta por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados a un profesional, condenado penalmente por utilizar en beneficio propio cheques entregados para otros fines, puesto que tal conducta viola el Código de Ética.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la decisión del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que aplicó a un abogado la sanción de multa equivalente al 100% de la retribución mensual de un juez nacional de primera instancia en lo civil de la Capital Federal, teniendo en cuenta que en sede penal, con autoridad de cosa juzgada, se había probado que el letrado había sido autor del delito de defraudación por administración infiel, condenado a la pena de seis meses de prisión, cuyo cumplimiento se dejó en suspenso, y encontrándose acreditado que dicho profesional había afectado la propiedad de la firma en la que se desempeñaba, toda vez que utilizó cheques que oportunamente le fueron entregados y destinados a obligaciones predeterminadas, para pagos personales, violando de este modo los principios de lealtad, probidad y buena fe, exigidos en el Código de Ética.

2.-La conducta del letrado que utilizó, para pagos personales, cheques entregados por la sociedad en la cual se desempeñaba y destinados a obligaciones predeterminadas, es pasible de sanción disciplinaria impuesta por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados en el que se encuentra matriculado, sin perjuicio de la alegación del profesional de que dicha falta fue cometida en condición de miembro del directorio y no en condición de abogado; puesto que, afirmar lo contrario implicaría una concepción excesivamente limitada y restrictiva de los poderes de control del colegio profesional, incompatible con una verdadera tutela del interés público comprometido. Debe tenerse en cuenta que la autoridad disciplinaria del Colegio Público de Abogados es competente para entender en causas en que resulte evidente el mal desempeño en el ejercicio de la profesión o ante cualquier conducta que comprometa el perfil ético del letrado.

3.-Las sentencias emitidas por una de las Salas del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados no carecen de virtualidad por no haber sido dictadas por el pleno de ese tribunal, en los términos del art. 47 de la ley 23187, puesto que, independientemente de la gravedad de la falta cometida por un profesional, no habiéndose aplicado al profesional la sanción prevista en el art. 45, inc. e) —exclusión de la matrícula—, no se requiere la integración del Tribunal en pleno.

Fallo:

Buenos Aires, 10 de abril de 2014.

VISTO:

El recurso de apelación deducido a fs. 123/126 vta. contra la sentencia de fs. 114/118; y

CONSIDERANDO:

I. Que la presente causa tuvo origen en el oficio suscripto por el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 13 haciendo saber al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal la sentencia recaída en la causa nº 1685, de condena, respecto del abogado A.C.O., matriculado con el Tº Fº (conf. fs. 1/16 y vta.).

II. Que, el 18 de abril de 2012, la Sala I del Tribunal de Disciplina, a través de la sentencia número 32, por mayoría, y en lo que es pertinente, aplicó al referido profesional la sanción de multa equivalente al 100% de la retribución mensual de un juez nacional de primera instancia en lo civil de la Capital Federal, para hacerse efectiva dentro de los cinco días de quedar firme, en la tesorería del Colegio, bajo apercibimiento de ejecución (fs. 114/118).

Para resolver de ese modo, en el voto del integrante del Tribunal que contó con la adhesión de la mayoría se tuvo en cuenta, en sustancia, que:

a) En sede penal, con autoridad de cosa juzgada, se había probado que el letrado A.C.O. había sido autor del delito de defraudación por administración infiel, condenado a la pena de seis meses de prisión, cuyo cumplimiento se dejó en suspenso. De ese modo, estaba acreditado que dicho profesional había afectado la propiedad de . SA, toda vez que dos cheques, oportunamente entregados al matriculado y destinados a obligaciones predeterminadas, habían sido utilizados para pagos personales, así como también, otros dos cheques, habían sido desviados en beneficio propio, o de un tercero, como director de una de las firmas relacionadas “‘y abogado de la firma . SA’ (ver fs.2 y 2 vta.)”.

b) Pese a que las defensas esgrimidas por el profesional pretendían negar que la conducta sancionada en sede penal hubiese sido realizada en la condición de letrado, los antecedentes provenientes de sede penal y laboral demostraban lo contrario. De la causa penal surgía que la conducta ilícita motivo de la condena “ha sido en carácter de abogado de la firma .”, y de los antecedentes del juicio laboral, caratulado “O.C.A. c/ . SA y otros s/ despido”, surgía que el propio profesional había afirmado que se había sumado a los profesionales de . SA y que había comenzado a trabajar el 4 de septiembre de 2000 como abogado, que era mencionado dentro del staff de profesionales en la página web de esa entidad, desarrollando su actividad dentro del establecimiento empresario. El propio letrado, al referirse a la proletarización del ejercicio de la abogacía, hacía referencia a su persona. En la referida sede laboral, el juez de primera instancia, al ocuparse del horario de trabajo, se refirió a su desempeño como “abogado”. Asimismo, la documentación acompañada daba cuenta de que el denunciado otorgaba los recibos en su carácter de abogado matriculado.

c) En las condiciones descriptas, se encontraban conculcados los principios de lealtad, probidad y buena fe, exigidos en el art. 10, inc. a), del Código de Ética, como así también el art. 19, inc. a), de ese mismo código, toda vez que los intereses confiados con la parte que había contratado sus servicios, más allá del alcance de la figura, no habían sido atendidos en la forma que exigía esa norma, tal como surgía de los hechos descriptos en la causa penal (desvío de fondos y su utilización en interés propio), siendo irrelevante si posteriormente había reparado o no tales extremos. Ello también subsumía la conducta de O. en la transgresión del inc. h) del mencionado art.19, anteponiendo sus intereses a los de la empresa donde prestaba sus servicios profesionales, lo cual denotaba una gravedad que no podía ser soslayada.

d) Como atenuante, cabía tener en cuenta la falta de antecedentes disciplinarios del profesional y los esfuerzos para reparar los daños materiales habidos. Y, como agravante, debía considerarse la antigüedad de la matrícula y del título profesional, el carácter grave de la falta, la propia impresión reseñada a fs. 15 vta., toda vez que el matriculado se desdijo en más de una oportunidad, redundando en su nula credibilidad, y que el Tribunal Oral oficiante, en el fondo, había diferido a ese Tribunal de Disciplina cualquier aspecto profesional disciplinario, al extremo de no pronunciarse sobre la inhabilitación profesional respectiva.

Otro de los integrantes adhirió a su colega preopinante, añadiendo dos cosas. Una, que según los arts. 44, 45, inc. d) y 47 del Código de Ética [debió decir “de la ley 23.187”], cuando la pena a imponerse no era mayor a un año de suspensión, la sanción debía ser impuesta por la Sala interviniente y no por el Tribunal en pleno. La otra, que el Tribunal Oral, en sede penal, no había condenado al denunciado a la pena de inhabilitación especial, circunstancia que, de haber acontecido, hubiera influido en la presente decisión (fs. 116 vta.).

En cambio, el miembro que se pronunció en disidencia solicitó que la causa fuese remitida al Pleno del Tribunal para su resolución, toda vez que, a su entender, la imputación que se le había hecho al denunciado daba lugar a la aplicación de la pena máxima prevista en la ley 23.187. Según su criterio, si se actuaba de otro modo se afectaría la garantía de igualdad ante la ley (fs. 116 vta./117 vta.).

III. Que, contra dicha resolución, el letrado A.C.O. dedujo y fundó recurso de apelación (fs.123/126 vta.). Sus agravios, en síntesis, fueron los siguientes:

a) El Tribunal de Disciplina, en su composición anterior, no había reparado en que no todas las actuaciones de abogados inscriptos en la matrícula se encontraban alcanzadas en el ámbito de competencia de ese tribunal sino sólo aquellas que se cumplían en el estricto ejercicio de la profesión. En el caso, la conducta reprochada en sede judicial a su persona había sido motivada por hechos ajenos al ejercicio de la abogacía.

Era inverosímil sostener, como había hecho el Tribunal de Disciplina, que estaba acreditado que el matriculado O. había afectado la propiedad de la firma . SA, así como también era inexacto considerar, a renglón seguido, que el desvío se había producido como abogado de la firma . SA. Cualquier acto realizado para la firma . fue en condición de miembro del directorio y no en condición de abogado, menos aún en el ejercicio de ella. Tal como surgía de la causa laboral, si bien había ingresado a la firma . SA por la condición de abogado, ninguna actividad cumplió bajo ese rol, tampoco para la firma ., donde era un simple “director de paja”.

Cualquiera hubiera sido su actuación dentro de . SA, era inadmisible que el Tribunal no diferenciase su actuación como miembro de . SA. Por ello, era inexacto esgrimir en su contra haber transgredido la disposición prevista en el art. 19, inc.a), del Código de Ética, toda vez que no había “intereses confiados por un cliente por mi condición de abogado”.

b) En la resolución se afirmaba que, en la causa penal, el Tribunal Oral había diferido cualquier aspecto profesional disciplinario, Sin embargo, nada se decía de que en esa sede no se había dispuesto la inhabilitación profesional porque, precisamente, no se había considerado que la conducta incriminada se hubiera configurado en el ejercicio de la profesión de abogado.

c) En cualquier caso, no podía considerarse que se había configurado una falta grave, de modo que justificase una sanción totalmente desproporcionada. Cabía tener en cuenta que no se habían producido daños materiales y que, como matriculado, no registraba antecedentes disciplinarios. La multa solo tenía razón de ser en el afán recaudatorio de las autoridades anteriores del Colegio.

d) En función de la supuesta gravedad de la falta hubiera tenido que intervenir el tribunal en pleno y no una sola sala.

e) El monto de la multa era desmesurado y no podía afrontarlo en su condición de profesional independiente y único sustento de su familia. Por ello, en subsidio, solicitaba su reducción, más aún teniendo en cuenta que de la causa penal surgía que no había existido intención de dañar ni defraudar intereses de terceros, y que cualquier daño involuntario había sido inmediatamente reparado.

IV. Que, en esta alzada, se ordenó correr traslado al Colegio Público (fs. 135) quien oportunamente contestó los agravios (fs. 146/148).

V. Que, con posterioridad, emitió su dictamen el Señor Fiscal General subrogante, quien no encontró óbice a la admisibilidad formal del recurso interpuesto (fs. 153).

VI. Que, de modo inicial, cabe descartar que la sentencia emitida en autos por la Sala I del Tribunal de Disciplina carezca de virtualidad por no haber sido dictada por el pleno de ese tribunal, en los términos del art. 47 de la ley 23.187.No habiéndose aplicado al profesional la sanción prevista en el art. 45, inc. e) —exclusión de la matrícula—, la objeción esgrimida por el letrado no se corresponde con las circunstancias del caso.

VII. Que, ello asentado, cabe recordar que esta Cámara tiene dicho que las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina remiten a la definición de faltas supuestamente deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales o inespecíficos, que si bien no resultarían asimilables en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente bajo un régimen de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los títulos del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que les envuelve a ambos (confr. Sala III, “Escudero, Roberto Franklin c/ CPACF”, del 27 de julio de 2009, entre otros).

Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológico profesional, es, como principio, resorte primario de quien está llamado —porque as í lo ha querido la ley— a valorar comportamientos que, precisamente, pueden dar lugar a la configuración de infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulte manifiestamente arbitraria (confr. Sala V, causa “Alvarez, Teodoro c/ CPACF”, del 16 de agosto de 1995; esta Sala, expte N° 12.353/2012, “Mosquera Carlos Alberto c/ CPACF (Expte 24325/09)”, 14/8/12; entre otras).

VIII.Que, en el caso, la imposición de la sanción de multa por el Tribunal de Disciplina se fundó en la transgresión a los deberes inherentes al ejercicio de la abogacía, en cuanto el letrado está obligado a respetar los “principios de lealtad, probidad y buena fe” (inc, a) y a los deberes para con su cliente, en cuanto debe atender los intereses a él confiados con “celo, saber y dedicación” (inc. a) y en cuanto está obligado a “[n]o anteponer su propio interés al de su cliente” (inc. h).

IX. Que, en sus agravios, A.C.O. no discute la existencia de los hechos por los que se lo sanciona —los cuales, en sustancia, se desprenden de la comisión del ilícito imputado en sede penal y por el cual fue condenado por resultar autor penalmente responsable del delito de defraudación fraudulenta— sino que objeta que aquéllos hubieran sido realizados en el ejercicio de la profesión de abogado, de modo tal que, según afirma, por carecer de esa particularidad, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal carecería de potestad disciplinaria para sancionarlo por su conducta.

X. Que, en tal sentido, cabe anticipar que la apelación del letrado no puede encontrar mérito en esta instancia.

En efecto, tal como surge del relato, la defensa esgrimida por el profesional en esta sede judicial reedita una argumentación ya expuesta frente al Tribunal de Disciplina. Frente a ello, la mayoría de ese tribunal puso de manifiesto una serie de consideraciones, fundadas en elementos de prueba provenientes de actuaciones producidas en sede penal y laboral, de las cuales surgía con nitidez la vinculación que existía entre los hechos investigados y la condición de abogado, matriculado, que revestía el letrado. Sin embargo, el recurrente no rebate de modo concreto y circunstanciado ninguna de esas consideraciones.

Nótese que el letrado, en concreto, nada dice sobre las afirmaciones del tribunal referidas a la sentencia penal (fs. 2/16), sobre la demanda por despido que había deducido en sede laboral (fs.60/76) y la sentencia de primera instancia dictada por la justicia del trabajo (fs. 77/90), como tampoco sobre los numerosos recibos que emitió invocando su condición de abogado (fs. 93/106). A ello se añade que una relectura de tales antecedentes ratifica la convicción de este Tribunal acerca de lo decidido.

XI. Que, por lo demás, y solo a mayor abundamiento, subyace en la defensa esgrimida por el letrado una concepción excesivamente limitada y restrictiva de los poderes de control del colegio profesional en el que se encuentra matriculado, incompatible con una verdadera tutela del interés público comprometido.

Al respecto, esta Sala tiene dicho que la autoridad disciplinaria del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal es competente para entender en causas en que resulte evidente el mal desempeño en el ejercicio de la profesión o ante cualquier conducta que comprometa el perfil ético del letrado (conf. “Aquino, Claudio y Otro c/ CPACF”, sent. del 20/6/02, entre otros. En igual sentido, Sala III, “Rey, Juan Carlos y Carnevale c/ CPAF”, sent. del 17/3/92).

XII. Que, respecto de la intensidad de la sanción aplicada, cabe destacar que en numerosas oportunidades se ha señalado que su determinación y graduación es resorte primario de la autoridad administrativa, principio que sólo cede ante una manifiesta arbitrariedad (conf. esta Sala in re “Jorge Luis Rebagliati SRL y otro c/ PNA -Disp 76/08 (Expte B-9828/06)”, 2/11/10, “OSBA c/ SSS – Resol 1497/10 (expte 130808/08)”, 7/6/11, entre otras).

En el caso, el importe de la multa fijado no aparece como manifiestamente arbitrario si se tiene en cuenta la entidad de la infracción cometida, ni resulta desproporcionado teniendo en cuenta la falta que se imputa y las circunstancias de hecho comprobadas en la causa, no existiendo, por lo tanto, mérito suficiente para modificar la sanción impuesta (cfr. Fallos: 313:153, considerando 6°; 321:3103 , considerandos 4° y 6°).

XIII.Que, en síntesis, examinados los antecedentes del caso y los agravios planteados por el profesional, cabe concluir que no se advierte en autos la existencia de vulneración del derecho defensa ni arbitrariedad, razón por la cual corresponde confirmar la resolución apelada.

XIV. Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 8° -modificado por el artículo 12, inciso e) de la ley 24.432-, 9°, 19 -por analogía lo dispuesto en los artículos 37 y 38- y concordantes de la ley 21.839; y habida cuenta de la naturaleza del juicio, la importancia de la cuestión debatida -la sanción impuesta al profesional- y la calidad y eficacia de la labor desarrollada ante esta instancia originaria (conf. contestación de traslado de fs. 146/148), corresponde regular en la suma de ($.) los honorarios del doctor Juan Pablo Echeverría (Tº 67 Fº 327), quien se desempeñó como letrado apoderado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) rechazar la apelación deducida, con costas; y 2) regular los honorarios del doctor Juan Pablo Echeverría de conformidad con lo dispuesto en el considerando XIV.

Regístrese, notifíquese, líbrese el certificado de deuda correspondiente por la falta de pago de la tasa de justicia y devuélvase.

ROGELIO W. VINCENTI

JORGE EDUARDO MORÁN

MARCELO DANIEL DUFFY

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s