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La enfermedad preexistente de la actora contribuyó en un 20% en su fallecimiento a raíz del accidente sufrido.

shutterstock_152336216Partes: C. I. E. y ot c/ R. M. A. s/ daños y perj.autom.c/les.o muerte (exc.estado (99)

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín

Fecha: 24-abr-2014

Cita: MJ-JU-M-85634-AR | MJJ85634

La enfermedad preexistente de la actora -malformaciones congénitas arteriovenosas- contribuyó en un 20% en su fallecimiento a raíz del accidente sufrido. 

Sumario:

1.-Corresponde acoger el recurso del demandado y su aseguradora, debitando de todas sumas indemnizatorias el 20% por aporte causal al resultado dañoso del estado patológico previo de la víctima – malformaciones congénitas arterio-venosas-, pues las patologías o disfuncionalidades del afectado que despliegan su propia potencialidad nociva -eventualmente determinante de serias incapacidades o de fallecimiento- pueden constituir causa exclusiva o concausa del evento lesivo o del resultado final.

2.-Si bien quien padece una dolencia goza de la legítima expectativa de que el eventual empeoramiento o desarrollo sólo sobrevenga por causas naturales y no por una agresión exógena que active o acelere el proceso, ello no implica que se cargue en la cuenta del responsable ese plus si no existió previsibilidad al respecto; es que el agravamiento del resultado dañoso atribuible a esa patología solo es imputable al responsable del hecho lesivo que la reactivó cuando la hubiese conocido o debido conocer y si pese a ello obró siquiera con desprecio o indiferencia ante el riesgo que implicaba dicha situación nociva.

3.-Resulta inconstitucional en el caso el art. 1078 CCivil, en cuanto impide al hermano de la causante reclamar el daño moral, pues surge acreditada la intimidad, cercanía y habitualidad de la relación, tanto con relación a su hermana como con sus sobrinos.

Fallo:

JUNIN, a los 24 días del mes de Abril del año dos mil catorce, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, en causa Nº JU-7219-2008 caratulada: «C. I. E. Y OT. C/ R. M. A. S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM.C/LES.O MUERTE (EXC.ESTADO (99)», a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola-Castro Durán.-

La Cámara planteó las siguientes cuestiones:

1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Guardiola dijo:

I.- El Sr. Juez Dr. Castro Mitarotonda dictó sentencia única en los exptes. 7219/2010 «C. I. E. y ot. c/ R. M. A s/ Daños Y perjuicios» y 2368/2009 «P. Norberto Mario c/ R. M. Antonio s/ Daños y Perjuicios», que obra a fs. 384/409 del primero.

El pronunciamiento está referido al accidente de tránsito ocurrido el 3/11/2007 al abrir el demandado la puerta del conductor de su camioneta en el preciso momento en que pasaba a la par la motocicleta en que iba como acompañante la Sra. Mirta B., impacto del cual resultó su caída provocándole lesiones -particularmente en el miembro inferior derecho- y su posterior fallecimiento.

Luego de atribuir la responsabilidad exclusiva por el hecho al Sr. R., bajo el régimen del art. 1113 segundo párrafo segunda parte CCivil, el sentenciante de grado atiende el reclamo indemnizatorio formulado en el primer expediente citado por la madre y hermano de la occisa. Fija para aquella la suma de $ 230.000 ( $ 80.000 por valor vida o pérdida de chance de ayuda + $ 150.000 por daño moral). Y respecto del hermano Humberto Leonardo B., luego de reconocerle legitimación activa, considera procedente el resarcimiento por daño moral el que establece en $ 80.000.

Se ocupa luego de la pretensión deducida en el otro proceso por el viudo Sr.Norberto Mario P. , fijando la indemnización a su favor en $ 361.000 ( $3.000 por daño emergente + $ 158.000 por valor vida + $ 200.000 por daño moral).

Adiciona a todas las sumas intereses a la tasa pasiva del Bco. de la Pcia. de Bs. As., hace extensiva la condena a la citada en garantía Federación Patronal Seguros SA e impone las costas a los accionados, difiriendo la regulación de honorarios profesionales.

II.- Apelaron los actores de ambos procesos ( fs. 412 y 414) y el Dr. Saulino representante del demandado y la aseguradora ( fs. 413 y 415).

Concedidos libremente los recursos, son fundados los de los actores P. a fs. 453/4, C. y B. a fs. 455/8 y el del Dr. Saulino a fs. 465/472.

En apretada síntesis los agravios de los actores versan sobre la cuantificación del rubro lucro cesante-valor vida reconocido en favor del cónyuge P. y de la madre Sra. C. que se estima en ambos casos escaso en función de la vida útil de la fallecida y lo que serían sus ingresos actuales; y del daño moral de la madre que se considera debe ser igual al del esposo por lo que se pretende se eleve a $ 200.000 y del hermano Sr. B. cuya elevación también se postula.

Por el otro lado, el representante del demandado y su aseguradora se queja por el reconocimiento de legitimación del hermano para el reclamo de daño moral y por la omisión de valoración de la presencia de un factor previo – patología de base y congénita de la fallecida determinada pericialmente- que alteró y modificó el curso causal, toda vez que las lesiones causadas per se y según el curso natural y ordinario no podían producir su óbito. Cita un precedente reciente de esta Cámara en cuanto a la concausalidad por factor mórbido pre existente. Finalmente critica todas las sumas asignadas por daño moral (incluso subsidiariamente la del hermano) y valor vida por excesivas.

Con las recíprocas contestaciones de fs.479/480 (Dr. Saulino), fs. 484/493 (P. ) y fs. 494/504( C. y B.) resistiendo las impugnaciones, firme que quedó el llamado de autos para sentencia de fs. 510, se está en condiciones de resolver (art. 263 del CPCC).

III.- En esa tarea entiendo debe comenzarse por la influencia causal o concausal del estado de la víctima, ya que de ser admitida se proyectará inexorablemente sobre el daño resarcible en todos sus aspectos.

He de señalar liminarmente que no impide su tratamiento el argumento esgrimido por los actores con base en lo dispuesto por los arts. 266, 163 inc. 6 CPCC y 1113 CCivil de que ello no fue introducido oportunamente como eximente al contestarse las demandas y citaciones en garantía. No estamos aquí frente a un factor concausal o cocausal del hecho determinante de la responsabilidad atribuida, sino de las consecuencias, esto es del daño provocado en su configuración y extensión resarcible. «El primer juicio o indagación es necesario para poder imputar el evento nocivo a su autor, en cambio el segundo tiene por finalidad delimitar la extensión del resarcimiento» ( Prevot Juan Manuel » Influencia de las anomalías patológicas de la víctima sobre la pretensión resarcitoria» La Ley Responsabilidad Civil y Seguros 2006 p. 636; en sentido similar López Mesa Marcelo «Presupuestos de la responsabilidad civil» Astrea p. 102 y ss ). Aún reconocido o probado el hecho invocado en la demanda no se elimina la exigencia de acreditar el daño de modo concreto ni queda vedada la valoración de circunstancias acreditadas que desvirtuando presunciones hominis lo desvían noxalmente (Zavala de González Matilde Resarcimiento de daños Hammurabi To. 3 p.155 y ss). El representante de los emplazados en todas sus contestaciones por otra parte ha desconocido expresamente su relación causal al sostener «Niego existencia de relación causal o concausal entre los hechos y los daños narrados en la demanda» y en los puntos 8 y 9 de la oferta probatoria de la pericial médica se preocupó por la etiología y si era factible de modo científico y objetivo vincular las lesiones provocadas con la terapéutica y derivación de la víctima y en la informativa a entes asistenciales sobre documentación asistencial anterior a la fecha del accidente.

Aclarado ello recordemos que Zannoni («Cocausación de daños (una visión panorámica)» en RDD Rubinzal Culzoni 2003-2 p. 9) al tratar las concausas ejemplifica las preexistentes y las sobrevinientes con patologías que padecía la víctima que desarrollan su potencialidad nociva de manera simultánea con el hecho o con posterioridad (así al sufrir osteoporosis sufre una fractura grave que un golpe por si mismo no debía producir o si lesionado es intervenido quirúrgicamente y por una alergia desarrolla un shock anfiláctico a un antibiótico y muere).

Se trata ni más ni menos que de la interferencia de una causa ajena en el curso ordinario y normal de los sucesos que operó en el daño producido, nada más que «ya estaba» a diferencia de los «daños en cascada» que se producen con posterioridad (vgr. contagio de sida por sangre viciosa transfundida al ser internado por un accidente de tránsito) los cuales no son imputables como apunta el Dr. López Mesa ( obra citada p.109/ 110).

Como bien refiere Zavala de Gonzalez (» Situación anormal de la víctima como causa o concausa del daño» RCyS 2011-VIII,3) las simples tendencias o predisposiciones carecen de virtualidad para incidir en el nexo causal imputable al sujeto en tanto se tratan de simples antecedentes o condiciones, empero si se trata de patologías o disfuncionalidades del afectado que despliegan su propia potencialidad nociva -eventualmente determinante de serias incapacidades o de fallecimiento – pueden constituir causa exclusiva o concausa del evento lesivo o del resultado final.

Sin lugar a dudas que quien padece una dolencia goza de la legítima expectativa de que el eventual empeoramiento o desarrollo sólo sobrevenga por causas naturales y no por una agresión exógena que active o acelere el proceso, pero ello no implica que se cargue en la cuenta del responsable ese plus, «lo que sucedía a la persona», que confluyó en el derivado final, si no existió previsibilidad al respecto. Es que el agravamiento del resultado dañoso atribuible a esa patología solo es imputable al responsable del hecho lesivo que la reactivó cuando la hubiese conocido o debido conocer y si pese a ello obró siquiera con desprecio o indiferencia ante el riesgo que implicaba dicha situación nociva (arg. art. 904 ; Zavala de Gonzalez ídem y su obra Disminuciones psicofísicas To. 1 Astrea p.896 ; Liz Carlos Alberto y Vella Liliana » Las consecuencias que el responsable del daño no se ha podido representar» La Ley 1994-B-379)

Ya Antonio Vázquez Vialard también en materia laboral desarrolló una severa crítica a la teoría de la indiferencia de la concausa en materia de enfermedad accidente ( ver DT 1983-B-1575), la que sólo se explica más no justifica en la regla del «favor victimae» que satisface al decir de Alterini «el interés a conseguir fácilmente el resarcimiento del daño».

Bajo estos parámetros es que valoro la malformación congénita consistente en «shunt arterio venosos múltiples, sangrantes y sin respetar anatomía y las consiguientes malformaciones del miembro (inferior derecho) en general» (pericia médica Dr. Rosas fs. 283 expte 7219/2008); a esos «factores constitucionales (malformaciones congénitas arterio-venosas) de evolución crónica no relacionados con el hecho accidental», «generalizada en todo el organismo pero con mayor presencia en el Miembro Inferior Derecho» (pericia médica Dr. Gómez fs. 260 y vta. expte 2368/2009) que padecía la víctima como concausa en el desenlace mortal y por ende de los daños indirectos o reflejos que generó ese resultado por los que se acciona.

Sobre su potencialidad lesiva propia el perito Rosas explicó que la gravedad de «estos shunts es que cualquier traumatismo de pequeño a severo, los puede hacer sangrar e infectarse en consecuencia complicando la vida del paciente » ( fs. 317 expte 7219/2008) y el Dr. Gomez que «implican riesgos para la s alud y la vida del enfermo» ( fs. 260vta. expte 2368/2009). Tampoco puede soslayarse entre los antecedentes las cirugías previas «vasculares y de rodilla en número de 8» (Dr. Rosas idem fs. 318 y particularmente conclusiones fs. 241 vta. y puntos 3.6 a 3.9 fs. 260vta. pericia Dr. Gomez )

Que ello tuvo incidencia «que determina el desarrollo final de la lesión» – Síndrome de Disfunción Multiorgánica como causa inmediata y final del óbito- ha sido puntualizado por ambos expertos (Rosas fs. 283vta.punto 5 y Gomez fs. 242 puntos 2 y 3 y fs 260 punto b). Es más, el Dr. Gomez ha cuantificado esa contribución causal en un 20%, conclusión esta que además de no haber sido impugnada por las partes del proceso respectivo entiendo que es la que este pronunciamiento debe establecer al tratarse de una cuestión de índole específicamente médica, más allá de las dificultades propias de un diagnóstico/pronóstico de esa especie que por su misma naturaleza es ajena a una valoración con exactitud estadística o matemática. Que no fue causa excluyente ni siquiera preponderante, a mi modo de ver resulta evidente a la luz de los factores de morbo-mortalidad propios de la entidad de las lesiones que el accidente provocó, en cuanto a complicaciones posibles de las mismas ajenas a la patología en consideración, y por haber sido activada en su nocividad a partir del suceso. Por otra parte, el juicio jurídico de adecuación causal no es una física de las acciones; lo que se proyecta tanto para la valoración del hecho antijurídico como de sus consecuencias; siendo siempre sólo de relativa certeza – más allá de la utilidad de los aportes técnico científicos – la distribución porcentual entre los factores concausales a la que se puede arribar.

Por todo esto propongo se recepte este aspecto del recurso del demandado y su aseguradora, debitando de todas sumas indemnizatorias el porcentaje que estipulo en el 20% por aporte causal al resultado dañoso del estado patológico previo de la víctima.

IV.- Prosigo con la legitimación activa del coactor Humberto Leonardo B. – hermano de la fallecida- por el reclamo indemnizatorio que efectuá circunscripto al daño moral.

Sobre este tema, como expresa el Sr. Juez de Primera Instancia ya hemos tenido la oportunidad de pronunciarnos en las causas «Mercado Adriana y otros c. Falcón Luis Orlando» 18/11/2008 LLBA 2009 (marzo), 196 y «M.G.A.y otros c/ Semento Oscar Omelio» 27/11/2012 RCyS 2013,I,195 y La Ley 2013-C-308, por lo que considero inncesario reproducir in extenso los argumentos en favor de la postura que de lege lata sostiene la Casación provincial y que comparto, la que como bien resume el distinguido colega y prestigioso autor Dr. Galdós no se trata siempre de una inconstitucionalidad in abstracto y a priori sino que corresponde discriminar las distintas situaciones del damnificado, las concretas circunstancias del caso, distinguiendo entre legitimación y prueba de los damnificados indirectos no habilitados por el art. 1078 CCivil. Sólo una vez que en concreto se pruebe la existencia del daño moral podría invalidarse la exclusión legitimatoria (remito como de imprescindible lectura para la cuestión y los criterios de lege ferenda a «Diálogos de doctrina sobre Daño Extrapatrimonial» publicado en RCyS 2013-IV,5, muchos de cuyos pasajes de los distintos partícipes debo resistir la tentación de transcribir en homenaje a la brevedad)

En el caso particular de los hermanos, la Suprema Corte tuvo ocasión de ratificar esta doctrina en fallo relativamente reciente «Balerdi Josefa c/ Menchon Horacio y otro s/ Daños y Perjuicios» 26/6/2013 Cita Online La Ley AR/JUR/92798/2013, aún cuando haya sido para desestimar su procedencia por ausencia probatoria que impedía tener por configurado un supuesto excepcional, avalando así la decisión de la Sala II de la Cámara de Azul.

Conserva entonces su valor la regla que como guía adopté y que expresaba el Proyecto de 1998 de la siguiente forma «Los tribunales tienen atribuciones para asignar legitimación a otros sujetos, en los casos especiales en los que el hecho tiene un grado de repercusión que excede del ordinario, habida cuenta su vinculación con el damnificado y las demás circunstancias». Una de estas sin lugar a dudas ha de ser la de convivencia con trato familiar ostensible que toma como única ampliación legitimaria el art. 1741 del Proyecto redactado por la Comisión Decreto PE 191/2011.Sin embargo a mi parecer, mientras no se convierta en derecho vigente, no ha de ser la única situación que merezca ser contemplada como excepción, la que me permito valorar como muy estrecha. «Así, y entre otros: la edad y relaciones afectivas de los hermanos; su convivencia; la existencia o no de otros hermanos; los especiales vínculos de unión, el rol económico del hermano de acuerdo con la estructura y situación económica de la familia; la dependencia de hermanos enfermos o discapacitados; la dependencia de hermanas solteras o viudas; la dependencia recíproca de hermanos adultos o ancianos, en general solteros o carentes de autonomía familiar materializada con convivencia y conjunción de recursos propios» (Galdós trabajo citado).

Ahora bien, sin que ello vaya en desmedro de que en todos los casos de ampliación legitimaria por inconstitucionalidad en concreto del art. 1078 CCivil se requiere un particular esfuerzo de alegación y prueba de la existencia del daño para viabilizar – aún de oficio- esa declaración de incompatibilidad como última ratio para preservar la jerarquía de principios y derechos del ordenamiento jurídico, entiendo que la rigurosidad valorativa ha de ser muy distinta – inversamente proporcional diría – según fuere la cercanía o proximidad de los vinculos (también familiares) de los damnificados indirectos con la víctima. En este sentido constituirá un elemento presuncional hominis – a reforzarse necesariamente por otros medios- la repercusión que normalmente tendrá el deceso de un colateral de segundo grado, del que no gozaran otros parientes ni mucho menos sus «allegados» (de adoptarse la fórmula a la que aluden los Principios de Derecho Europeo de la Responsabilidad Civil propuestos por el European Group of Tort Law) – arts. 375, 384, 163 inc. 5 CPCC-. Que aquel por sí solo es insuficiente lo revela el hecho de que no fue computado por el ordenamiento civil para atribuirle legitimación, pero de ahí a restarle toda incidencia existe una sideral distancia.De lo contrario dentro de los legitimados legalmente carecería de relevancia cuantificatoria la diferencia existente entre un bisnieto o bisabuelo con un hijo o un padre.

Con este piso de marcha, evalúo como configurados en el caso que nos ocupa los presupuestos suficientes para tener por inconstitucional a su respecto la limitación del art. 1078 CCivil.

De las declaraciones testimoniales de López y Franzini ( fs. 360 y 361 expte. 7219/2008) surge que el matrimonio P. -B. vivía en el departamento de atrás de la casa de la madre de aquella Sra. C. donde también lo hacía el coactor y uno de sus hijos. Eran los únicos hermanos, con el padre de ambos fallecido y el matrimonio de la occisa sin descendencia, dando cuenta los mismos de la cercanía de la Sra. Mirta B. con sus sobrinos – hijos del hermano- y de que entre sí eran muy unidos, circunstancia que se ve apuntalada por la escasa diferencia de edad entre ambos (ella nacida en 1954 y Humberto en 1956). Se suma a ello la desintegración familiar posterior al fallecimiento, de la que se nos informa, habiéndose mudado todos ellos y la Sra. C. trasladada a un geriátrico.

Admitida la procedencia del daño y en consecuencia su legitimación, considero no obstante ha sido algo elevada la cuantificación resarcitoria establecida en la instancia de origen la que propongo sea reducida a $ 50.000, suma ésta de la que deberá descontarse el 20% conforme lo dicho en el punto III.

V.- Yendo al daño moral de la madre y el viudo, aunque parezca a esta altura una obviedad cabe recordar que el derecho a su reparación » no es de esencia sucesoria, que se ejerza iure hereditatis, sino que es un bien que se demanda por derecho propio, iure proprio, y no en cuanto sucesor del fallecido.» (SCBA, Ac 82356 S 1-4-2004 , «Ojeda, Mirta Yolanda y otro c/ Provincia de Buenos Aires (Servicio Penitenciario) s/ Daños y perjuicios «, por lo que no ha de encontrarse por ese camino – el del art.3571 CCivil- el fundamento para su eventual y pretendida equiparación resarcitoria.

Ahora bien, la distinta naturaleza de los vínculos no implica una diferencia etiológica entre los padecimientos que provoca el fallecimiento según se trate de una madre o un esposo ni es posible establecer en abstracto una mayor o menor entidad entre el amor – y de consuno el dolor- filial y el conyugal; lo que no excluye que en caso de concurrencia por el principio de individualidad -personalidad del daño, en función de circunstancias particulares deba ser valorado y cuantificado de modo disímil.

Sin embargo no advierto que existan elementos objetivos que aquí nos permitan inferir razones para su diferenciación indemnizatoria, allende lo inaccesible de los sentimientos afectados y los factores personales. Por una lado tenemos el caso de una única hija mujer, con quien en la práctica convivía y la ayudaba en su viudez y ancianidad (C. tenía aproximadamente 74 años al momento de la muerte de Mirta) y que según lo ya dicho hoy está internada en un geríatrico posiblemente al no poder contar con ese auxilio. Por el otro, a un esposo en matrimonio desde 1998 sin hijos que privado de la compañía de su cónyuge a los 53 años de ésta, al poco tiempo dejó el hogar conyugal regresando a la casa de sus padres.

En la siempre díficil tarea de mensurar dinerariamente afecciones que carecen de contenido patrimonial, procurando en la medida de lo factible ante la imposibilidad de ser colocados en la misma situación anterior al hecho, que la reparación con esa limitación sea efectiva, no simb ólica pero que tampoco sea desmedida y genere un enriquecimiento al sobrepasar el detrimento espiritual infringido, recurriendo a los parámetros de este tribunal para supuestos análogos y a valores actuales, es que propongo se confirme la suma de $ 200.000 fijada para el esposo y se eleva a esa cantidad la correspondiente a la Sra. C. en concepto de daño moral (art.1078 CCivil); importes ámbos a los que corresponde debitar el 20% conforme lo expuesto en el punto III.

VI.- Corresponde por último tratar los agravios referidos al rubro valor vida -denominación bajo la cual de un modo simple quedan comprendidos el lucro cesante o la pérdida de chances de naturaleza patrimonial que según el caso provoca el fallecimiento de una persona – de la madre y el viudo

Dando por sentado que la vida humana no tiene valor económico per se sino como fuente actual o potencial de bienes, por lo que corresponde posicionarse en el perjuicio que resulta para los allegados de la víctima directa, que son quienes sufren desde el punto de vista patrimonial su muerte (art. 1079 CCivil), nada nuevo digo al considerar la muerte de la hija como la frustración para la madre de una chance representada por la objetiva y fundada expectativa ligada a la proyección futura de su existencia, de contar con el sostén, apoyo y colaboración de contenido económico – lo que supera lo dinerario- , según las condiciones personales, patrimoniales y sociales de ambas.

Así no puede dejar de tomarse en cuenta además de las edades de ambas, expectativa de vida y laboral, que la Sra. C. es viuda y jubilada ( ver fs. 13) que cuenta con otro hijo con quien convivía y dos nietos, que la Sra. Mirta Teresa B. era empleada contratada en el Miisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con un nivel de ingresos informados a fs. 144/163, con una educación y antecedentes laborales resultantes de la documentación de fs. 15/25 expte. 2368/2009, que estaba casada sin descendencia, viviendo en un departamento atrás de la casa materna.Con tales elementos, considero que a valores actuales debe fijarse la indemnización en favor de la reclamante en la cantidad de $ 100.000, monto del cual debe descontarse el 20% conforme lo expuesto en el punto III.

En relación al mismo concepto para el viudo, a partir de la presunción de daño de los arts.1084 y 1085 CCivil, además de las circunstancias reseñadas en lo que hace a la occisa corresponde computar la edad del Sr. P. a la fecha del fallecimiento ( 43 años), el nivel de ocupación e ingresos del mismo( fs. 152/155 del expte 2368/2009) -algo superiores a los de aquella-, las prestaciones realizadas por la Sra. B. como esposa en los quehaceres domésticos y la parte de sus ingresos destinadas a su personal consumo.propio que la Sra. B. como esposa. Por ello estimo que el monto para el Sr. P. por la partida debe ser elevado a la cantidad de $ 200.000, de la que también deberá debitarse el 20% mencionado.

VII.- Las costas de Alzada en razón del éxito obtenido propongo sea soportadas en un 85% por los condenados ( demandado y su aseguradora) y en un 15% por los actores P. y C. en lo que a su acciones compete; y respecto de la acción del Sr. B. en un 30 % a su cargo y en un 70% a los condenados (arts. 68 y 71 del CPCC).

ASI LO VOTO.-

El Señor Juez Dr. Castro Durán, aduciendo análogas razones dió su voto en igual sentido.-

A LA SEGUNDA CUESTION, EL Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior , preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículo 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde:

I.- Modificar la sentencia apelada, estableciendo que de las sumas indemnizatorias corresponde descontar el 20% por aporte causal al resultado dañoso del estado patológíco previo de la víctima. II.- En función de ello y de la revisión de los conceptos recurridos, establecer las sumas netas por daño moral del hermano de la occisa Sr. B. en $ 40.000 ; de su madre Sra. C. en $ 160.000 y la de su viudo Sr. P. en $ 160.000 y por «valor vida» para la Sra. C. en $ 80.000 y para el Sr. P. en $ 160.000.III.- Las costas de Alzada por la acción del Sr. B. se distribuyen en un 30% a su cargo y en un 70% en cabeza del demandado y su aseguradora y por las acciones de la Sra. C. y el Sr. P. en un 15% a los mismos y en un 85% al demandado y su aseguradora (arts. 68 y 71 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).

ASI LO VOTO.-

El Señor Juez Dr. Castro Durán, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.-

Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí:

Juan Jose Guardiola

Ricardo Manuel Castro Duran

Ante Mi, Dra. Maria. V. Zuza (Secretaria).-

JUNIN, (Bs. As.), 24 de Abril de 2014

AUTOS Y VISTO:

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del C.P.C.C.-, se resuelve:

I.- Modificar la sentencia apelada, estableciendo que de las sumas indemnizatorias corresponde descontar el 20% por aporte causal al resultado dañoso del estado patológico previo de la víctima. II.- En función de ello y de la revisión de los conceptos recurridos, establecer las sumas netas por daño moral del hermano de la occisa Sr. B. en $ 40.000 ; de su madre Sra. C. en $ 160.000 y la de su viudo Sr. P. en $ 160.000 y por «valor vida» para la Sra. C. en $ 80.000 y para el Sr. P. en $ 160.000. III.- Las costas de Alzada por la acción del Sr. B. se distribuyen en un 30% a su cargo y en un 70% en cabeza del demandado y su aseguradora y por las acciones de la Sra. C. y el Sr. P. en un 15% a los mismos y en un 85% al demandado y su aseguradora (arts. 68 y 71 del CPCC).

II.-Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse los autos al Juzgado de Origen.-

Juan Jose Guardiola

Ricardo Manuel Castro Duran

Ante Mi, Dra. Maria. V. Zuza (Secretaria).-

 

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