Resulta inaplicable la solidaridad prevista en el art. 30 LCT. a una relación de empleo público.

reglamento-internoPartes: Méndez Walter Damián c/ Loyola Ricardo Hugo y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 20-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-86028-AR | MJJ86028

Resulta inaplicable la solidaridad prevista en el art. 30 LCT a una relación de empleo público.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia en cuanto rechazó la acción impetrada contra el Estado Nacional en los términos del art. 30 LCT., pues el demandado no es empleador según el Régimen de Contrato de Trabajo, por lo que mal puede ser alcanzado por una responsabilidad solidaria que sólo es inherente a esta clase de sujetos del contrato de trabajo; además, dicha regulación es incompatible con el régimen de derecho público.

2.-Si bien las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo deciden en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas, por cuanto por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la dicho Tribunal tiene autoridad definitiva para la justicia de la República.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 20 días del mes de marzo de 2014 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I)- La sentencia definitiva de fs. 308/314, que acoge parcialmente las pretensiones deducidas en el reclamo inicial, es apelada por la parte actora en los términos del memorial obrante a fs. 315/323, que suscitó réplica de la demandada Ministerio de Defensa, Estado Mayor General del Ejército conforme lo expuesto 325/328 vta.

La parte actora cuestiona esencialmente dos aspectos de la sentencia de primera instancia, en primer lugar se queja por el rechazo de la acción dirigida contra el Hospital Militar Central-Estado Nacional y seguidamente por la desestimación de las indemnizaciones contempladas en los arts. 9 y 15, de la ley 24.013.

II)- En cuanto a la queja que pretende revertir la suerte de la acción dirigida contra el Hospital Militar Central-Estado Nacional, con fundamento en lo establecido por el artículo 30 del RCT (t.o.), adelanto que postularé la confirmación de lo resuelto. Me explico.

En casos substancialmente análogos sostuve la posibilidad de responsabilizar al Estado por las obligaciones laborales de sus contratistas, subcontratistas y cesionarios por aplicación del art. 30, L.C.T. (t.o.), expresando como uno de los argumentos fundantes de esa decisión, que la norma precitada impone al contratista principal una responsabilidad solidaria objetiva, y que, al utilizar el pronombre «quienes» no excluye a las personas públicas de tal órbita de responsabilidad (conf. C.N.A.T., Sala V, sent. nº 71.087, 21/10/2008, «Gómez, Susana c/Golden Chef S.A.y otros» , voto del suscripto que constituyó mayoría en ese caso, entre otros).

La sentencia referida dictada por esta Sala, fue dejada sin efecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal que señaló en lo pertinente:

«…Que la cámara no valoró la gravitación del carácter administrativo del contrato de concesión entre las demandadas, para establecer si el art. 30 -Régimen de Contrato de Trabajo- permitía vincular de manera solidaria a una persona de derecho público no sometida expresamente a la regulación laboral común, máxime cuando el régimen legal en que se fundó la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está condicionado en su aplicación a que resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen a que se halle sujeta (art. 2º, párrafo 1º, Ley de Contrato de Trabajo)…»

«…que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es em- pleador según el Régimen de Contrato de Trabajo -salvo que por acto expreso se incluya a sus dependientes dentro de su ámbito- por lo que mal puede ser alcanzado, entonces, por una responsabilidad solidaria que sólo es inherente a esta clase de sujetos del contrato de trabajo (arts. 2, inc. a y 26). Y, en segundo lugar, que dicha regulación es incompatible con el régimen de derecho público (art. 2º, párrafo 1º) a que, en la hipótesis de autos, se halla sujeta la apelante (doctrina de las causas «Cometta, Alberto Fernando y otros c/Cañogal S.R.L. y otro», Mónaco, Nicolás y otros c/Cañogal S.R.L. y otro» y «Godoy, Epifania y otro c/Breke S.R.L. y otro», registradas en Fallos: 308:1589, 1591; 314:1679, respectivamente)…» (conf. C.S.J.N., G. 78. XLV., 17/09/2013, «Gómez, Susana Gladys c/Golden Chef S.A.y otros»).

La citada doctrina fue reiterada con posterioridad por el Supremo Tribunal Federal en un caso donde dejó sin efecto una sentencia de la Sala III de esta Cámara, cuya doctrina había sido tenida en cuenta por el suscripto al votar en el caso «Gómez c/Golden Chef» (conf. C.S.J.N., C. 1173, XLIV, 19/11/2013, «Ciancio, Sandra Cristina c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires».

La situación contemplada en los casos «Gómez c/Golden Chef» y «Cian- cio c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires» guarda substancial analogía con la presente.

Si bien las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo deciden en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas (Fallos: 307:1094). Ello es así por cuanto por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de la República (art. 100 -hoy art. 116- de la Constitución Nacional y 14 de la ley 48, Fallos: 212:51).

Este deber de los tribunales inferiores no importa la imposición de un pu- ro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte sino el reconocimiento de la autoridad que inviste y, en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzga- miento (doctrina de Fallos: 212:51; 312:2007).

Toda vez que la doctrina relativa al alcance del art. 30 de la L.C.T.(t.o.) fijada al votar en el caso «Gómez c/Golden Chef» se aparta de los criterios hermenéuticos y los argumentos jurídicos expuestos por nuestro más Alto Tribunal y no aparece fundada en razones no examinadas o no resueltas por aquél, se impone acatar lealmente la doctrina del Supremo Tribunal Federal, máxime que el actor tampoco aporta razones no examinadas o no resueltas en los casos «Gómez c/Golden Chef» y «Ciancio c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires» que -insisto- guardan substancial analogía con el presente, sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión contraria sustentada en la causa precitada.

Por las razones expuestas, propicio confirmar la sentencia de primera instancia en la medida que rechaza la acción impetrada contra el Hospital Militar Central- Estado Nacional.

III)- Abordaré a continuación el agravio dirigido contra el rechazo de las indemnizaciones normadas por los arts. 9 y 15 de la L.N.E.

La señora jueza de primera instancia, expresó: «En cambio no proceden las indemnizaciones de los arts. 9 y 15 de la ley 24.013 en tanto el solo testimonio en soledad de la señora Norma Beatriz Maidana, no lo habilita, a lo que se agrega que no se invoca ni acredita haber cumplido con la intimación y comunicación, prevista en el artículo 11 de la ley 24013 y el despido no fue consecuencia de que hubiera cursado dichas notificaciones tendientes a subsanar alguna de las situaciones a que se refieren los arts. 8, 9 y 10 de la ley.»

La recurrente sostiene en defensa de tu tesis que la declaración de Maidana es suficiente a los fines de acreditar la fecha de ingreso invocada en la demanda y que, contrariamente a lo sostenido por la sentenciante, sí dio cumplimiento con la intimación prevista por el art. 11 de la ley 24.013.

Con relación a la prueba de la fecha de ingreso invocada por el actor, considero que la declaración brindada por Norma Maidana a fs.275/6 resulta suficientemente circunstanciada para respaldar fácticamente la versión del actor en cuanto a su ingreso a órdenes del demandado Loyola. La testigo expresó, que ella sabía que el actor había ingresado a principios de 2002, porque ella ya estaba trabajando en el mismo lugar desde el año 1999.

No advierto imprecisión ni contradicciones que me conduzcan a descartar la eficacia probatoria de sus dichos respecto del hecho que se pretende acreditar, como tampoco obsta a dicha circunstancia el hecho de que trate de la única declaración testimonial en tal sentido (conf. arts. 386, CPCCN; 90 y 155, L.O.).

Por lo expuesto, considero acreditada la fecha de ingreso invocada en la demanda y con ello la incorrecta registración del contrato de trabajo del actor.

En cuanto a la intimación exigida por el art. 11 de la ley 24.01, de las constancias de autos surge que la misma ha sido cumplida.

A fs. 9 vta./10 de la demanda el actor transcribió el telegrama Nº 938385495, fechado el 28/07/08 -esto es, en encontrándose vigente el contrato de trabajo- y del informe del Correo Argentino agregado a fs. 217/237, surge que la demandada recibió dicho instrumento. A mayor abundamiento agrego que con fecha 30/07/08, procedió a responderlo, negando, entre otras cosas, la pretensión del actor de que se regularice su registración en torno a la fecha de ingreso consignada.

También se encuentra cumplido el recaudo de comunicar a la Afip la intimación formulada en los términos del art. 9 de la LNE (ver informe Correo Argentino, fs. 229 y 236).

Por lo expuesto, considero que corresponde hacer lugar a la indemniza- ción normada por el art. 9 de la ley 24.013, la cual ascenderá a la suma de $6.700,49 (25 % de las remuneraciones devengadas por el período no registrado comprendido entre el 6/03/02 y el 1/03/03, tomando un salario de $ 2.061,69).

También deberá admitirse la sanción contenida en el art.15, del mismo cuerpo legal, en tanto el despido decidido por la demandada se configuró dentro de los dos años siguientes a que el actor efectuó la intimación del art. 11, LNE. Dicho resarcimiento alcanza a la suma de $19.643,15 .

IV)- En definitiva, de suscitar adhesión mi propuesta deberá modificarse la sentencia de primera instancia, elevándose el monto de condena a la suma de

$68.656,7, sobre la que se calcularán los intereses establecidos en la sentencia de primera instancia.

Asimismo, y en orden a lo dispuesto por el art. 279 CPCCN, deberá dejar- se sin efecto lo decidido en materia de costas y honorarios respecto de la acción dirigida contra el demandado Ricardo Hugo Loyola, para adecuarlos al nuevo resultado del pleito.

En dicho aspecto las costas de ambas instancias deberán declararse a cargo del demandado vencido (conf. art. 68, CPCCN) y a tal fin regularse los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado del actor en primera instancia en el 15 % del nuevo monto total de condena resultante en la etapa procesal del art. 132 L.O., comprendido de capital e intereses.

Por los trabajos llevados a cabo ante este tribunal por la representación le- trada del actor, propongo que sus honorarios se fijen en el 25 % de lo que le corresponda en la instancia de origen (conf. art. 14, ley 21.839).

En cuanto a la acción dirigida contra el Hospital Militar Central-Estado Nacional, propongo que las costas originadas en esta instancia se declaren en el orden causado regulándose los honorarios del letrado que efectuó la presentación de fs. 325/328 vta., en el 25 % de lo que le corresponda por su actuación en la instancia previa (conf. art. 14, ley 21.839).

EL DOCTOR ENRIQUE N. ARIAS GIBERT djo:

Sin perjuicio de no compartir los argumentos del voto que antecede con relación al valor de los precedentes de la CSJN, acuerdo con el mismo por razones economía procesal.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE:1) Modificar la sentencia de primera instancia elevando el capital de condena a la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA CENTAVOS ($ 68.656,7), sobre la que se calcularán los intereses dispuestos en la sentencia de primera instancia. 2) Dejar sin efecto lo decidido en materia de costas y honorarios en la acción dirigida contra Ricardo Hugo Loyola y declarar las primeras en ambas instancias a cargo del vencido. 3) Regular los honorarios correspondientes a las labores desarrolladas por la representación letrada de la parte actora en la instancia anterior en el 15 % del nuevo monto total de condena y los retributivos de las labores desarrolladas en esta instancia en el 25 % de lo que le corresponda por aquella. 4) Respecto de la acción dirigida contra el Hospital Militar Central-Estado Nacional, decláranse las costas de alzada en el orden y se regulan los honorarios de la representación y patrocinio letrado de dicha demandada en el 25 % de lo que le corresponda por sus labores en la instancia de origen. 5) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 (punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109 R.J.N.).

Oscar Zas

Juez de Cámara

Enrique Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara

 

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