fbpx

El supermercado debe restituir a la aseguradora lo abonado por la sustracción de un vehículo de su estacionamiento

EstacionamientoPartes: Provincia Seguros S.A. c/ Coto SICSA s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 20-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-85720-AR | MJJ85720

El supermercado debe restituir a la aseguradora el monto que esta abonó en concepto de indemnización por la sustracción de un vehículo de su estacionamiento con más los intereses devengados desde la fecha de dicho pago.

Sumario:

1.-Los supermercados resultan responsables por la sustracción de vehículos estacionados en sus playas de estacionamiento anexas y ello es así, en razón de la obligación de seguridad y custodia que recae sobre el supermercado en virtud de la relación contractual que lo vincula con sus clientes.

2.-En cuanto a la existencia y tipificación de la relación que une al cliente que aloja su rodado en la playa de estacionamiento de un supermercado al que concurre a realizar ciertas compras, este vínculo es de naturaleza contractual y si bien no puede afirmarse que hubiera un contrato típico de depósito o uno de garaje, o una prestación accesoria de un contrato de compraventa, ello no implica que no exista vínculo jurídico entre las partes.

3.-Se ha considerado que la relación entre el cliente que aloja su rodado en la playa de estacionamiento de un supermercado, con el propietario del mismo, se configura una relación de índole contractual atípica, pues si bien, por sus características, podría asimilarse al depósito gratuito, en tanto se facilita gratuitamente la guarda del vehículo (CCiv. 2182 y ss.), el ánimo de lucro hace que exceda ese encuadramiento, por lo que se trata de un contrato innominado (CCiv. 1143 ), semejante a lo que ocurre con los guardarropas de los restaurantes o salas de espectáculos, ofrecidos como servicios accesorios de su actividad principal a fin de incrementar o facilitar ésta última.

4.-Toda vez que el libre acceso a las playas de estacionamiento implican un beneficio adicional para empresas que como la demandada, ofrecen bienes o servicios a potenciales consumidores o comerciantes minoristas, parece razonable concluir, a la luz del standard de la buena fe previsto por el CCiv. 1198 , que ellas asumen un deber de custodia y deben responder por los daños que se produzcan a los vehículos allí estacionados.

5.-Habiendo quedado demostrada la responsabilidad atribuida a la demandada por la sustracción del vehículo asegurado por la accionante, por lo tanto la primera debe restituir a la aseguradora el monto que esta última abonó en concepto de indemnización por el acaecimiento del eventus damni, con más los intereses devengados desde la fecha de dicho pago (ley 17418:80 ). N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los 20 días del mes de febrero de dos mil catorce, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos «PROVINCIA SEGUROS S.A. c/ COTO C.I.C.S.A. s/ ORDINARIO» (expediente n° 7515.10, Juz 17, Sec 34) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Garibotto, Villanueva, Machin.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a

resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 327/332?

El Señor Juez de Cámara doctor Juan R. Garibotto dice:

I. La sentencia de primera instancia.

En la sentencia de fs. 327/332 -a cuyos resultandos cabe remitirse en orden a la reseña de la cuestión litigiosa- el señor juez a quo rechazó la demanda dirigida por Provincia Seguros S.A. contra Coto C.I.C.S.A,, basada en la norma del art. 80 de la ley 17418, e impuso las costas a la actora en su condición de vencida.

Para decidir en el sentido indicado juzgó no probado que el

vehículo sobre el cual dio cobertura la actora hubiese sido sustraído luego de

que su dueña lo estacionara en la playa aledaña al supermercado Coto de

Ciudadela, localidad de 3 de Febrero, Provincia de Buenos Aires y, por ende, consideró ser improcedente el reclamo en análisis.

Basó tal conclusión en que la actora no había logrado acreditar la autenticidad de la denuncia efectuada por la asegurada en la Comisaría 2da.de Ciudadela, y que tampoco los testimonios brindados por la Sra. Rey y por su esposo, el Sr. Betti concurrieron en sustento de su postura asumida en la demanda.Añadió que tampoco las conclusiones arribadas por el experto contable en la pericia realizada en autos conferían certeza, pues sólo ilustraron acerca de la existencia del contrato de seguro y de la indemnización abonada, más no resultaron conducentes para arrojar luz acerca del efectivo acaecimiento de su hurto en el predio de propiedad de la demandada.

II. El recurso.

Contra dicho acto jurisdiccional apeló la actora (fs. 337). Fundó su recurso con la pieza obrante en fs. 361/362, que fue respondida por la demandada en fs. 364/365.

Se agravia por el hecho de que el primer sentenciante haya juzgado que no se había probado que el robo del automotor se hubiera producido en la playa de estacionamiento de la demandada. Sostiene que se ha producido prueba suficiente en tal sentido.

Afirmó que la existencia de la concurrencia de su asegurado al supermercado y su vinculación con la demandada son hechos que resultan demostrados a través del ticket de presencia en el lugar y, con la declaración testimonial realizada por la asegurada y su esposo. Asimismo cuestiona el argumento del juez de grado de que la denuncia policial no pudo ser ubicada por la dependencia oficiada, pues ello no le quitaba valor probatorio a las declaraciones testimoniales antes referidas y a lo declarado por ellos en la sede policial.

III. La solución.

i. Adelanto que no comparto la solución a la que arribó el sr. juez a quo, pues considero que de las constancias de la causa surge demostrada la sustracción del vehículo asegurado por la accionante de la playa de estacionamiento aledaña al supermercado.

Esta Sala en reiteradas ocasiones ha considerado que los supermercados resultan responsables por la sustracción de vehículos estacionados en sus playas de estacionamiento anexas. Ello es así, en razón de la obligación de seguridad y custodia que recae sobre el supermercado en virtud de la relación contractual que lo vincula con sus clientes (in re: «Caja de Seguros S.A. c. Cencosud S.A. s/ ordinario», del 5.2.10; íd. «La Segunda Coop. Ltda.de Seguros Generales c. Carrefour Argentina S.A.», del 14.11.06; íd. «Omega Coop. de Seguros Ltda. c. Carrefour Argentina S.A.», del 6.6.06, entre otros).

En cuanto a la existencia y tipificación de la relación que une al cliente que aloja su rodado en la playa de estacionamiento de un supermercado al que concurre a realizar ciertas compras, este Tribunal ha señalado que el vínculo es de naturaleza contractual. Si bien no puede afirmarse que hubiera un contrato típico de depósito o uno de garaje, o una prestación accesoria de un contrato de compraventa, ello no implica que no exista vínculo jurídico entre las partes. En efecto, se ha considerado que en estos supuestos se configura una relación de índole contractual atípica, pues si bien, por sus características, podría asimilarse al depósito gratuito, en tanto se facilita gratuitamente la guarda del vehículo (cciv 2182 y siguientes), el ánimo de lucro hace que exceda ese encuadramiento, por lo que se trata de un contrato innominado (cciv 1143), semejante a lo que ocurre con los guardarropas de los restaurantes o salas de espectáculos, ofrecidos como servicios accesorios de su actividad principal a fin de incrementar o facilitar ésta última (esta Sala, in re: «Omega Cooperativa de Seguros Limitada c. Carrefour Argentina S.A. s. ordinario», del 31.3.06 y del 6.6.06; íd. «Omega Cooperativa de Seguros Ltda. c. Supermercados Mayoristas Makro S.A.», del 18.11.03; íd., del voto del Dr. Monti; in re «Caja de Seguros c. Cadesa s. ordinario», del 19.10.01; en igual sentido, CNCom., Sala A, in re: «Sancor c. Cencosud s. ordinario», del 6.3.98; íd., in re: «Arcadía Cía. de Seguros c. Carrefour Argentina S.A.», del 16.4.97; CNCom., Sala B, in re: «La Meridional c. Carrefour s. ordinario», del 22.5.96; CNCom., Sala E, in re: «Inca S.A. c. Carrefour s.ordinario», del 22.10.91, entre muchos otros).

En síntesis, toda vez que el libre acceso a las playas de estacionamiento implican un beneficio adicional para empresas que como la demandada, ofrecen bienes o servicios a potenciales consumidores o comerciantes minoristas, parece razonable concluir, a la luz del standard de la buena fe previsto por el cciv 1198, que ellas asumen un deber de custodia y deben responder por los daños que se produzcan a los vehículos allí estacionados (CNCom., Sala D integrada, in re: «Omega Coop. de Seguros Ltda. c. Carrefour Argentina S.A. s/ ordinario», del 18.2.05).

iii. El Sr. juez de grado rechazó la demanda; juzgó no probada la responsabilidad atribuida a Coto C.I.C.S.A.

Sostuvo que si bien había adjuntado una copia de la denuncia de hurto que habría formulado la titular del rodado, expedida por la Comisaría 2da.

de Ciudadela, ante la negativa formulada por su contraria, no produjo prueba idónea dirigida a acreditar su autenticidad, pues de la respuesta al oficio dirigido a dicha dependencia surge que no existían constancias de denuncia de robo de automotor DOM URO 682 (v. fs. 164/167).

También destacó que las declaraciones testimoniales de la Sra. Rey y de su marido, si bien fueron coincidentes en sus afirmaciones, no concurrieron en sustento de la postura asumida por la actora en su demanda. En efecto, señaló que ambos deponentes sostuvieron que habían concurrido al hipermercado explotado por la demandada para jugar al bowling en el local que existe en el patio de comidas (fs. 288/289), y que ello se contradecía con el relato del escrito inicial, pues Provincia Seguros S.A. nada había dicho acerca del motivo de la concurrencia de la Sra. Rey al centro de compras. Por otro lado, dijo, tampoco se adjuntó con el escrito de inicio ni un comprobante de compras del hipermercado Coto, ni un ticket o factura que dé cuenta de que efectivamente la asegurada concurrió a jugar al bowling.

Sin embargo, considero que el hurto se encuentra probado mediante:1) la denuncia penal efectuada por el asegurado en sede policial (fs. 18); 2) el ticket que fue entregado al cliente al ingresar con el vehículo, (fs. 17); 3) las declaraciones testimoniales de la asegurada y su esposo (fs. 288 y 289), que no fueron impugnadas por la defensa, y son evaluadas según los términos del cpr 456.

Menester es señalar que pese a que la comisaría oficiada respondió en fs. 164 que no existen constancias de denuncia de robo de automotor Renault 12 dom. URO 682, ocurrido en la playa de estacionamiento propiedad de COTO CICSA, sin embargo de la denuncia que luce agregada en fs. 18 no se observan indicios que autoricen a presumir que el instrumento fuera falso o su contenido se hubiere adulterado.

Por el contrario tiene todos los signos de ser la original que le fue entregada al denunciante el día en que efectuó la denuncia. En efecto, fue realizada a las 00.45 del día siguiente, es decir en la misma madrugada en que aparentemente se produjo el robo, e incluso está sellada con idéntico sello al que luce agregado en la propia contestación de oficio mencionada de fs. 164, pese a que una y otra fueron firmadas por distintos agentes. Además, consta la firma original de la Sra. Nancy Claudia Rey, idéntica a la que realizó luego de celebrada la audiencia testimonial de fs. 288.

Por lo demás, no puede soslayarse que el ticket de ingreso al estacionamiento fue emitido a las 21.35 horas del día 25.08.07, y que la denuncia fue realizada a las 00.45 hs.de la madrugada del 26.08.07, apenas tres horas después de haber arribado al establecimiento y en una seccional de la Provincia de Buenos Aires cercana al centro comercial explotado por la demandada, lo cual hace presumir con suficiente grado de certeza, que los datos allí consignados se ajustan a la realidad de los acontecimientos, circunstancia que permite asignarle credibilidad a la versión de los hechos suministrada por la actora.

Bueno es recordar, al hilo de lo expuesto, que las presunciones constituyen, por su propia naturaleza, una prueba indirecta basada en el raciocinio. Este raciocinio que puede ser inductivo o deductivo según el caso, tiene por fundamento tres grandes tipos de acontecimientos: (a) los modos constantes del obrar de la naturaleza, (b) la índole y esencia misma de las cosas, y (c) la forma constante y uniforme de conducirse los hombres en sociedad, en sus relaciones comunes y recíprocas. Es decir, las presunciones consideradas como institución procesal, tienen un fundamento natural y necesario: el razonamiento (Parrilli, en «La prueba de presunciones», LL. 1987-B-1003).

Finalmente no se advierte ninguna contradicción entre lo declarado por la asegurada y su esposo en declaración testimonial y lo relatado por la actora en el líbelo inicial, pues en todo caso en ésta última presentación se omitió expresar cuál fue la actividad que fueron a realizar al establecimiento. Lo cierto es que más allá de que hubiesen ido a hacer compras, a jugar al bowling o simplemente a cenar, lo cierto es que quedó demostrado con el ticket de ingreso que ingresaron con su vehículo al establecimiento comercial de la demandada, y que al retirarse no hallaron el vehículo, por lo que debieron realizar la correspondiente denuncia policial en la comisaría más cercana.

iv.En síntesis, considero que la responsabilidad atribuida a la demandada por la sustracción del vehículo asegurado por la accionante quedó demostrada, y por lo tanto la primera debe restituir a la aseguradora el monto que esta última abonó en concepto de indemnización por el acaecimiento del eventus damni, con más los intereses devengados desde la fecha de dicho pago (ley 17.418:80).

En relación a la suma reclamada -$ 13.100- la misma resulta adecuada, pues de la pericial contable se desprende que consta el pago efectuado por Provincia Seguros S.A. a favor de su asegurada, Sra. Rey, Nancy Claudia, como consecuencia del siniestro N° 1-4-650374, pago que se efectivizó el día 25.10.07 (v. fs. 228/256).

De modo que, a mi juicio, corresponde estimar la pretensión recursiva introducida por la aseguradora, y en consecuencia revocar la sentencia de fs. 327/332, con costas a cargo de la demandada en virtud del principio objetivo de la derrota.

IV. Conclusión.

Por los motivos expuestos, propongo entonces al Acuerdo que estamos celebrando hacer lugar al recurso de la actora y, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida, condenando a Coto C.I.C.S.A. a pagar a Provincia Seguros S.A. la suma de $ 13.100 con más intereses según la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento de documentos a treinta días sin capitalizar (conf. CNCom. en pleno, 25.8.03, in re «Calle Guevara, Raúl (Fiscal de Cámara) s/ Revisión de Plenario») desde la fecha de mora producida el 25.10.07 y hasta su efectivo pago, con costas de ambas instancias a cargo de la demandada, por resultar vencida (cpr 279 y 68).

Así voto.

Por análogas razones, los Señores Jueces de Cámara, doctores Eduardo R. Machin y Julia Villanueva, adhieren al voto anterior.

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Eduardo R. Machin, Juan R. Garibotto, Julia Villanueva. Ante mí: Rafael F. Bruno.Es copia de su original que corre a fs. del libro de acuerdos N° Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala «C».

Rafael F. Bruno Secretario

Buenos Aires, 20 de febrero de 2014.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve:

I. Hacer lugar al recurso de la actora y, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida, condenando a Coto C.I.C.S.A. a pagar a Provincia Seguros S.A. la suma de $ 13.100 con más intereses según la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento de documentos a treinta días sin capitalizar (conf. CNCom. en pleno, 25.8.03, in re «Calle Guevara, Raúl (Fiscal de Cámara) s/ Revisión de Plenario») desde la fecha de mora producida el 25.10.07 y hasta su efectivo pago. Las costas se imponen a cargo de la demandada, por resultar vencida (cpr 279 y 68).

II. Proveyendo en relación con la materia arancelaria:

i. Atento lo resuelto precedentemente por este Tribunal y lo normado por el art. 279 CPCC, corresponde a éste fijar los estipendios de la totalidad de los profesionales intervinientes.

En consecuencia, déjanse sin efecto las regulaciones de honorarios obrantes en fs. 327/332.

Así se decide.

ii. En mérito a la importancia, calidad, eficacia y extensión de los trabajos desarrollados por los profesionales beneficiarios de la regulación apelada, habiéndose considerado las pautas porcentuales que habitualmente utiliza el Tribunal para casos como el de autos, se fijan en cuatro mil trescientos pesos ($ 4.300) y en quinientos pesos ($ 500) los honorarios de los letrados apoderados de la actora, Dres. Patricio E. Petersen y María Alejandra Barbuto, respectivamente, en ochocientos ochenta pesos ($ 880) los de la apoderada de la demandada, Dra. Karina Paula Kucyk, en dos mil doscientos pesos ($ 2.200) los del letrado patrocinante de la misma parte, Dr. Claudio Galli, en quinientos pesos ($ 500) los del apoderado de la demandada, Dr.Sebastián Córdova Moyano, en mil quinientos pesos ($1.500) los del letrado apoderado de la tercera citada, Dr. Daniel E. Madrid, en mil doscientos pesos ($ 1.200) los del perito contador, Guillermo E. Kleinlein, y en mil doscientos pesos ($ 1.200) los de la mediadora, Alejandra Elena Knudsen. Asimismo, por la incidencia de fs. 299, se confirman en trescientos pesos ($ 300) los estipendios del Dr. Patricio E. Petersen (arts. 6, 7, 9, 10, 19, 33, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432, art. 3 del decreto ley 16.638/57 y dec. 1467/11).

iii. Asimismo, se fijan en mil quinientos pesos ($ 1.500) los emolumentos del Dr. Patricio E. Petersen, por sus tareas inherentes a esta instancia (art. 14, ley cit.).

Notifíquese por Secretaría.

Devueltas que sean las cédulas debidamente notificadas, vuelva el expediente a la Sala a fin de dar cumplimiento a la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Eduardo R. Machin

Juan R. Garibotto

Julia Villanueva

Rafael F. Bruno Secretario

 

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: