Se fijan alimentos con un incremento escalonado para no someter al hijo menor al gravoso incidente de aumento de cuota.

DineroPartes: F. A. M. c/ K. C. s/ aumento de cuota alimentaria

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 16-abr-2014

Cita: MJ-JU-M-85761-AR | MJJ85761

Se fija la cuota que deberá abonar el alimentante, estableciéndose un incremento escalonado en los meses subsiguientes sin tener que someter al hijo menor al gravoso expediente del incidente de aumento de cuota.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto al monto de la cuota alimentaria a favor del hijo menor de edad del demandado, estableciendo un incremento de modo escalonado en los meses subsiguientes, a fin de garantizar que las necesidades del hijo se encuentren cubiertas, a pesar de los esperables aumentos en los rubros que integran la prestación alimentaria, sin tener que someterlo al gravoso expediente del incidente de aumento de cuota.

2.-La cantidad que se establece en concepto de cuota alimentaria debe incrementarse de modo escalonado en los meses subsiguientes, siempre por un lapso de tiempo determinado, como medida que apunta a conservar el valor de la prestación establecida y, fundamentalmente, a preservar la salud psíquica y emocional de los hijos, para que no se vean periódicamente expuestos a las inevitables tensiones que generan la tramitación de pleitos como el presente.

3.-El derecho alimentario de los hijos deriva de las obligaciones que impone la responsabilidad parental en cabeza de los progenitores, quienes deben proveer a los hijos lo necesario para la cobertura de todos aquellos rubros tradicionales y que hacen a una subsistencia en condiciones de decoro, adecuadas a las circunstancias personales relevantes de las partes en litigio, tratando de mantener el nivel social y económico del cual gozaban hasta el surgimiento del conflicto entre sus padres, es por ello que, para determinar una suma razonable en concepto de alimentos, deben ponderarse no sólo los ingresos del alimentante, sino también la condición social de las partes y sus modalidades de vida.

4.-La mayor edad de los hijos autoriza, por ese solo hecho, el aumento de la pensión alimentaria establecida a su favor; pues el crecimiento de los hijos trae aparejado el paralelo incremento de las erogaciones destinadas a la cobertura de sus necesidades; aparecen mayores gastos para atender a sus requerimientos en materia de alimentación propiamente dicha, vestimenta y calzado, nuevas y crecientes necesidades e inquietudes educativas y culturales; a lo que se le suma un aumento en su vida de relación independiente de la de sus progenitores; todo lo cual hace más onerosa su manutención.

5.-Al ostentar el padre del menor la calidad de profesional, se trata de un sujeto apto para extremar los esfuerzos necesarios en orden a la satisfacción de las necesidades integrales de su hijo, pues las responsabilidades asumidas por la paternidad así lo aconsejan, siendo menester recordar que si el accionado posee título profesional y se halla en edad y condiciones físicas para desarrollar su profesión -extremo no discutido en autos-, aun cuando no se obtenga prueba directa de sus ganancias, cabe presumir que cuenta con ingresos suficientes provenientes de su profesión.

Fallo:

Buenos Aires, 16 de abril de 2014. (sb)

VISTOS y CONSIDERANDO:

I. Contra la sentencia de fs. 778/780 y su aclaratoria de fs. 785/786, en las que se establece la cuantía de la prestación alimentaria que el demandado debe garantizar a su hijo L., interpuso recurso de apelación el encartado. Allí, el magistrado de la anterior instancia estableció que C. K. debe pagar mensualmente a favor del niño tres mil cuatrocientos pesos ($3.400). Empero, dicha suma se incrementará en el mismo porcentaje de aumento que experimente la cuota que se abona por el plan médico del Hospital Alemán a la que el hijo se encuentra adherido. Además, el emplazado deberá solventar la cuota del club al que concurre L.

Los memoriales del emplazado fueron presentados a fs. 796/800 y 813/817; y las contestaciones de la pretensora lucen anejadas a fs. 802/804 y 819/822. El dictamen de la Sra. Defensora de Menores de Cámara se encuentra agregado a fs. 827/829.

El alimentante se queja del monto de la cuota establecido en el decisum de grado porque, según dice, no se condice ni con las necesidades del niño ni con sus posibilidades monetarias. En ese sentido, sostiene que el a quo interpretó su potencial económico de modo arbitrario y reñido con las pruebas de la causa. Por otro lado, se agravia de la sentencia en cuanto ha establecido un “reajuste automático” de la cuota, pese a la expresa prohibición legal contenida en las leyes 23.928 y 25.561. Subsidiariamente, impugna el índice elegido por el magistrado de grado para proceder a la referida actualización.

II. Encaminados al análisis de los agravios, cabe mencionar -de modo preliminar- que el tribunal de apelación no se encuentra obligado a seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones, ni a refutar éstas una por una, en tanto posee amplia libertad para ordenar el estudio de los hechos y de las distintas cuestiones planteadas.Vale decir, que es facultad de los jueces asignar a aquellos el valor que corresponda,

seleccionando lo que resulte decisivo para fundar la sentencia. Esto significa que la Sala podrá prescindir de los planteos que no sirvan para la justa solución de la litis.

III. Para el estudio del caso, es útil precisar que el derecho alimentario de los hijos deriva de las obligaciones que impone la responsabilidad parental en cabeza de los progenitores. El mencionado deber implica proveer a los hijos de lo necesario para la cobertura de todos aquellos rubros tradicionales y que hacen a una subsistencia en condiciones de decoro, adecuadas a las circunstancias personales relevantes de las partes en litigio, tratando de mantener el nivel social y económico del cual gozaban hasta el surgimiento del conflicto entre sus padres. Es por ello que, para determinar una suma razonable en concepto de alimentos, deben ponderarse no sólo los ingresos del alimentante, sino también la condición social de las partes y sus modalidades de vida (conf.: CNCiv., Sala H, “K., D. c/ L., L.”, 21/04/97, LL, 1997-F, 52-DJ 1998-2, 991, AR/JUR/1290/1997).

Debe puntualizarse que la pensión alimentaria originaria es la que resulta del acuerdo celebrado por las partes en el mes de noviembre de 2008, agregado en original a fs. 96/97. En dicho momento se estableció que la cuota a sufragar por el demandado sería de mil cien pesos mensuales ($1.100), cantidad que corresponde presumir las partes consideraron suficiente para satisfacer los gastos ordinarios del niño, así como posible de ser abonada por el alimentante.

En este sentido, se recuerda que los presupuestos de admisibilidad del incidente de aumento de cuota alimentaria se configuran cuando han variado las circunstancias de hecho consideradas al establecerla, ya sea por el incremento de la fortuna o de las posibilidades económicas del deudor, o por el aumento de las necesidades del acreedor a cuya satisfacción debe tender la cuota.En este último caso, la factibilidad del aumento pretendido y sus concretos alcances deben guardar relación con la disponibilidad potencial de recursos por parte del obligado (esta Sala, R.619.128, 31-05-2013, “S.R., M.S. c/ S., P.”, eldial.com AA822A; CNCiv., sala D, 9-9-85, ED 122-650; CNCiv., sala H, 27-8-1997 in re “A., M. N. c. F., M. A. y F., M. A. c. A., M. N.”, LL 1998-B-917, entre muchos otros antecedentes).

De ello se sigue que el objeto de la prueba en el incidente de modificación de alimentos del art. 650 del Código Procesal, se centra en demostrar la variación acontecida en el contexto fáctico que sirvió de base para la fijación de la cuota cuya modificación se pretende.

En la apuntada inteligencia, no constituye un dato menor que desde la fecha de suscripción del referido convenio han transcurrido más de cinco años, y que el niño cuenta ahora con casi nueve años de edad. Así, se ha decidido de modo uniforme que la mayor edad de los hijos autoriza, por ese solo hecho, el aumento de la pensión alimentaria establecida a su favor; pues el crecimiento de los hijos trae aparejado el paralelo incremento de las erogaciones destinadas a la cobertura de sus necesidades; aparecen mayores gastos para atender a sus requerimientos en materia de alimentación propiamente dicha, vestimenta y calzado, nuevas y crecientes necesidades e inquietudes educativas y culturales; a lo que se le suma un aumento en su vida de relación independiente de la de sus progenitores; todo lo cual hace más onerosa su manutención (Conf. Bossert, Gustavo A, “Régimen jurídico de los alimentos”, Buenos Aires, Astrea, 1993, pág. 206, pto. 229 y jurisprudencia allí citada; R. 459.679, del 14/02/07; y R.492.369, del 7/03/08, entre muchos otros). Esto es así particularmente cuando -como en el caso- ha transcurrido un extenso período de tiempo desde la fecha en que se fijaran los alimentos, y con más razón aún cuando durante dicho lapso se ha verificado el pasaje del hijo de una etapa evolutiva a otra, con la consecuente modificación de sus requerimientos e intereses.

Esta información se configura central a los efectos de meritar las necesidades de L. y la posibilidad de mantener el nivel de vida contemplado al momento del convenio; así como las necesidades de su desarrollo físico y socio-cultural, y otros aspectos tales como vivienda, vestimenta, enseres personales, esparcimiento, vida de relación y salud. Es que al fijarse la prestación alimentaria se deben equilibrar -prudencial y equitativamente- las necesidades de los hijos, las posibilidades del alimentante y la severidad del deber alimentario que deriva de la responsabilidad parental, con la prevención de que no es ajustado a derecho escatimar esfuerzos o medios que conduzcan al pleno cumplimiento de la obligación (conf.: CNCiv., Sala C, R. 30.662, del 04/08/87 y sus citas).

IV. Ahora bien, en lo referido a la situación patrimonial del demandado, de las pruebas producidas en la causa se desprende que se desempeña laboralmente como abogado de forma privada, en un estudio que pertenece a su padre (fs. 141vta.). A su vez, se verifica que es propietario de dos inmuebles sitos en la Av. Cabildo 112/4 unidad 9 piso 5º y Av. Cabildo 128/40 unidad 110 piso 1º (ver fs. 751/4); habiendo sido el primero de ellos el asiento del domicilio de la familia hasta la separación. También surge del expediente que el encartado ha realizado numerosos viajes en los últimos años, como ser a Uruguay y Brasil en el año 2011; a Gran Bretaña y Uruguay en el año 2012 y nuevamente a Uruguay en enero de 2013 (ver informe de la Dirección Nacional de Migraciones a f.573).

El alimentante sostiene que no puede hacer frente a la cuota establecida en la resolución en crisis por exceder su capacidad económica; al respecto argumenta que, por haber provenido los inmuebles de una donación de su padre, y al ser las vacaciones en Punta del Este solventadas por su madre, estos datos no reflejan adecuadamente su nivel de vida ni su potencial económico. Señalase al respecto que, a pesar de no haber adquirido el dominio de los señalados departamentos con ingresos propios, los inmuebles constituyen actualmente su patrimonio; y en tal calidad determinan sin dudas su posibilidad de contribuir adecuadamente a la manutención del hijo.

Por otro lado, cabe agregar que al ostentar el Sr. K. la calidad de profesional, se trata de un sujeto apto para extremar los esfuerzos necesarios en orden a la satisfacción de las necesidades integrales de su hijo. Las responsabilidades asumidas por la paternidad así lo aconsejan, siendo menester recordar que si el accionado posee titulo profesional y se halla en edad y condiciones físicas para desarrollar su profesión (extremo no discutido), aun cuando no se obtenga prueba directa de sus ganancias, cabe presumir que cuenta con ingresos suficientes provenientes de su profesión (conf. Bossert, “Régimen jurídico de los alimentos”, pág. 425 y siguientes). Asimismo, cabe resaltar que el demandado, a pesar de encontrarse en mejores condiciones para ello, no ha producido una sola prueba en autos a los efectos de determinar con exactitud el nivel de sus ingresos. No es posible soslayar tal conducta procesal, que habrá de ser valorada en los términos del artículo 163, inc. 5), del CPCCN.

En suma, entendemos acreditado -por medios directos o indirectos- que el encartado cuenta con los recursos suficientes para contribuir en forma adecuada a la satisfacción de las necesidades alimentarias de su hijo; de forma tal que no median razones para que aquél no pueda vivir de acuerdo a la condición y fortuna del grupo familiar (conf.: esta Sala, “C., N. E. c/ V., C. O. s/ alimentos”, 05/02/92; íd., CNCiv.Sala C, R. 169.248, 18/07/95; íd., R. 232.398, 2/04/98 y sus citas, entre otros).

V. Respecto en concreto al quantum de la obligación alimentaria, de las pruebas rendidas en autos se colige que la prestación establecida en la sentencia en recurso es adecuada para afrontar los gastos de L., teniéndose en cuenta los gastos por vivienda, comida, higiene personal, medicamentos, vestimenta, calzado, viáticos, compro misos sociales (regalos de cumpleaños de amigos y compañeros), esparcimiento, actividades extracurriculares y/o deportivas, impuestos, expensas y servicios. Cabe señalar en este punto que entendemos que la particularidad de que L. concurra a una entidad educativa estatal -circunstancia que el alimentante entiende debe morigerar el monto de la cuota alimentaria- ha sido correctamente valorada por el a quo al establecer la cuota alimentaria.

Por otro lado, no debe olvidarse que en este caso la madre se encuentra a cargo del cuidado personal de L. en el tiempo principal, de lo que cabe presumir que se hace cargo de una serie de necesidades de un modo directo, a través de la cotidiana atención de sus requerimientos, lo que implica una inversión de tiempo al que no debe restársele valor susceptible de apreciación pecuniaria. A su vez, constituye un dato más que relevante que la progenitora no cuenta con vivienda propia, por lo que el inmueble donde habita con el niño es alquilado. De ahí que, en el caso, resulta indiscutible que la mayor contribución económica se encuentre a cargo del padre no conviviente cuyo patrimonio es a todas luces mayor (Conf. CNCiv., Sala H, R. 477.790 in re “L., L. L. y otro c/ O., E. G. s/ alimentos). Ello no implica, claro está, que no se deba tener en cuenta a la hora de fijar la cuota de alimentos a cargo del padre los aportes que tiene que realizar la madre, a fin de lograr una mejor calidad de vida para el beneficiario, a cuyo mejor interés debe siempre propenderse (conf. art.3° de la Convención de los Derechos del Niño).

En virtud entonces de la prueba arrimada al expediente, y de las necesidades que se desprenden de la edad de L., este tribunal entiende que corresponde confirmar la cuota establecida en la sentencia en crisis ($3.400), con los alcances que a continuación se indicarán.

VI. Se ha agraviado el emplazado del modo establecido por el juez de grado para mantener en un valor razonable la prestación alimentaria. Al respecto, se debe señalar que esta Sala ha venido sosteniendo en reiteradas oportunidades que en toda actuación judicial en la que se encuentren involucrados niños, debe velarse por el interés supremo de éstos, que se erige como principio rector del derecho procesal de familia. Como consecuencia de ello, en todas las cuestiones de esta índole en las que nos toca intervenir, ha de ser aquel interés primordial de los niños el que ha de orientar y condicionar toda decisión de los Tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos; y ello conforme a reiterada jurisprudencia de nuestra Corte Federal (CSJN, 6/2/2001, Fallos: 324:122 ; 2/12/2008, Fallos 331:2691 ; 29/4/2008, Fallos 331:941, entre muchos otros) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho que la expresión “interés superior del niño” implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración y la aplicación de normas en todos los órdenes relativos a su vida (CIDH, 28/08/2002, Opinión Consultiva OC 17/02, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, LL 2003-B, 312).

En virtud de dichos lineamientos, este Tribunal ha resuelto ya en numerosas oportunidades que en los casos en los que están en juego los derechos de los niños no corresponde limitarse a la aplicación rigurosamente técnica de pautas formales que llevarían a desentenderse de que se trata de derechos indisponibles.Nótese que la normativa los declara “irrenunciables” (art. 2, párr. 2°, de la ley 26.061), lo que lleva a privilegiar el principio opuesto al dispositivo y, en consecuencia, las facultades de las partes ceden paso a las facultades judiciales (conf.: Morello, Sosa, Berizonce, Códigos Procesales.K, 2da. ed., I-574, “C”; CApel. Trelew, sala A, 10/03/2010, “S, E.B. c/ N., J de la C.”, AR/JUR/95785/2010). Vale decir, el orden público es el que se impone y, con él, el deber de los jueces de actuar oficiosamente.

Así las cosas, como modo de favorecer y contemplar con especial atención las necesidades del niño y propender a la economía, simplificación y celeridad procesal, y también a los fines de neutralizar el riesgo de que alguna de las necesidades de los niños pueda quedar insatisfecha, la Sala ha entendido en numerosos precedentes que la cantidad que se establece en concepto de cuota alimentaria debe incrementarse de modo escalonado en los meses subsiguientes, siempre por un lapso de tiempo determinado, como medida que apunta a conservar el valor de la prestación establecida y, fundamentalmente, a preservar la salud psíquica y emocional de los hijos, para que no se vean periódicamente expuestos a las inevitables tensiones que generan la tramitación de pleitos como el presente (ver esta Sala, R. 613.001, “D. B., G. M. c/ M., E. B. s/alimentos” del 11-03-2013, Expte. Nº 86.342/2011; íd., R. 613.850, “D., M. G. c/D. U., A. M. s/alimentos” del 12-03-2013, Expte. Nº 7.917/2012; íd., R. 625.327, “S., A. D. c/A., M. R. s/aumento de cuota alimentaria”, del 30-10-2013, Expte. Nº 40.297/2010; íd., “F., M. A. c/ C., E. s/aumento de cuota alimentaria”, del 03-12-2013, Expte. Nº 76.132/2011; íd., “R., C. A. c/ L., R. E. s/alimentos”, del 05-02-2014, Expte. Nº 16.200/2009; íd, “P., M. A. c/L., G. J.s/aumento de cuota alimentaria”, del 25-02-2014, Expte. Nº 99.058/2008; íd., “M., M. L. c/ P., E. O. s/alimentos”, del 14-03-2014, Expte. Nº 26.797/2010, entre muchos otros).

La referida manera de decidir se revela también como la más adecuada en este caso, pues de ese modo se garantiza, por un lado, que las necesidades del hijo se encuentren cubiertas, a pesar de los esperables aumentos en los rubros que integran la prestación alimentaria, sin tener que someterlo al gravoso expediente del incidente de aumento de cuota; y, por el otro, respondiendo a lo señalado en el memorial de agravios por el alimentante, para otorgar certeza a la cuota que éste deberá abonar en el futuro.

En virtud de la modalidad establecida, que se considera superadora de la instituida en la sentencia en crisis, deviene entonces innecesario abordar las impugnaciones que el encartado formuló, habida cuenta que no será el criterio que adoptará el Tribunal.

A mérito de lo expuesto, siguiendo la línea jurisprudencial de los citados precedentes, se determina que la cantidad establecida en la instancia anterior ($3.400) se aplique únicamente hasta el mes de julio de 2014, inclusive. Asimismo, del mes de agosto de 2014 a febrero de 2015, ambos inclusive, la cuota será de cuatro mil cien pesos mensuales ($ 4.100); y de marzo de 2015 a agosto de ese mismo año, también ambos inclusive, la cuota se elevará a la cantidad de cinco mil pesos mensuales ($ 5.000).

VII. Las costas de la alzada, deberán ser soportadas por el demandado en virtud de la naturaleza del presente proceso; esto es, el carácter asistencial de la prestación alimentaria; pues rige el principio general de que las citadas erogaciones deben ser soportadas por el alimentante, a fin de evitar su incidencia en detrimento de la integridad de la cuota (ver, esta Sala, R. 626.614, “D., I. c/ P., A. s/alimentos” entre muchos otros).

VIII. En cuanto al recurso interpuesto por la letrada de la parte demandada contra la regulación de f.780vta., por considerar bajos los honorarios fijados, teniendo en cuenta el modo en que se decide en esta instancia, la naturaleza, importancia, extensión, calidad y eficacia de la labor desarrollada; etapas cumplidas; recurso de apelación por bajos de f. 794 y lo dispuesto por los arts. 6, 7, 10, 25, 37, 41 y concs. de la Ley de Arancel n° 21.839, con las reformas introducidas por la Ley n° 24.432, se confirman en la suma de ($.) los honorarios de la referida letrada.

Por su labor en la Alzada, se fijan en la suma de ($.) los honorarios de la letrada patrocinante de la parte demandada y en ($.) los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora; los que deberán abonarse en el plazo de diez días.

IX. A la luz de todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto al monto de la cuota, dejando sin efecto el sistema de reajuste establecido; 2) Determinar que la cuota a abonar por el demandado a favor de su hijo será de ($.) mensuales; importe que solo regirá hasta el mes de julio de 2014, inclusive. Establecer que desde el mes de agosto de 2014 a febrero de 2015, ambos inclusive, la cuota a abonar será de ($.). Por último, desde el mes de marzo de 2015 a agosto del mismo año, también ambos inclusive, la cuota se elevará a la cantidad de ($.). 3) Desestimar los restantes agravios; 4) Imponer las costas al alimentante; 5) Fijar los honorarios de ambas instancias de acuerdo a la regulación efectuada en el considerando VIII. 6) Regístrese. Notifíquese a la Defensora de Cámara en su despacho y encomiéndese a la instancia de grado las restantes notificaciones. Sin perjuicio de ello, publíquese (conf. Ac. CSJN 24/13). Cumplido, devuélvase.

 

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