No hubo mala praxis ya que el daño no ha sido causado por obrar imputable del médico sino que es una reacción del propio organismo.

CirugiaPartes: S. B. E. c/ S. M. B. y otro s/ ordinario – daños y perjuicios – mala praxis – recurso de apelación

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba

Sala/Juzgado: Tercera

Fecha: 18-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-85853-AR | MJJ85853

Se rechaza la demanda de mala praxis ya que el daño que la actora ha sufrido no ha sido causado por un obrar imputable a la profesional interviniente sino que es una reacción de su propio organismo.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que rechazó in totum la demanda por la que pretende que la médica que le practicó una intervención quirúrgica de implante de prótesis mamarias y la clínica donde dicho acto médico se llevó a cabo, respondan por los daños y perjuicios que considera le han sido provocados a causa de la desatención, impericia y negligencia en el obrar médico de las demandadas, pues no se ha demostrado que la demandada haya tenido un comportamiento ligero y errático en la etapa postoperatoria, sino que más bien la prueba sugiere que esos calificativos se compadecen más con el comportamiento de la actora que no siguió el tratamiento indicado.

2.-Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que rechazó in totum la demanda por la que pretende que la médica que le practicó una intervención quirúrgica de implante de prótesis mamarias y la clínica donde dicho acto médico se llevó a cabo, respondan por los daños y perjuicios que considera le han sido provocados, pues el daño que la actora ha sufrido no ha sido causado por un obrar imputable a la profesional interviniente sino que es una reacción de su propio organismo que está estadísticamente determinado se produce en determinado porcentaje de intervenciones de este tipo sin que pueda prevenirse ni evitarse.

3.-La prueba rendida en autos ha demostrado claramente que las consecuencias negativas de la intervención quirúrgica no han sido provocadas por un obrar negligente o falto de experticia de la demandada, sino que es un resultado previsible e inevitable en cierto porcentaje de casos de operaciones del tipo de la que se sometió voluntariamente la actora y que tenía conocimiento claro de ese riesgo al someterse a la intervención, tal como surge del documento que acredita debidamente el consentimiento informado de la accionante para someterse a la intervención quirúrgica.

4.-Los efectos del consentimiento informado de la accionante que es forzoso considerar libremente expresado, produce plenos efectos jurídicos, desde que no se han invocado ni menos aún acreditado, vicios en la voluntad de la otorgante, indudablemente no lo es la circunstancia de que la paciente haya suscripto el documento el día antes de la operación.

Fallo:

En la ciudad de Córdoba a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil catorce, se reúnen en audiencia pública los señores Vocales de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación Dres. Guillermo E. Barrera Buteler, Julio L. Fontaine y Beatriz Mansilla de Mosquera con el objeto de dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: “S. B. E. C/ S. M. B. Y OTRO-ORDINARIO-DAÑOS Y PERJUICIOS-MALA PRAXIS-RECURSO DE APELACION -(EXPTE. N°1377136/36)”, venidos del Juzgado de Primera Instancia y 22° Nominación Civil y Comercial, en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs.540 por el apoderado de la parte actora, Dr. Gerardo R. Schneeberger contra la Sentencia Número treinta y seis de fecha dos de marzo de dos mil doce(fs.518/539).

El Tribunal sienta las siguientes cuestiones a resolver:

Primera: ¿Es procedente la apelación de la actora?

Segunda: ¿Qué resolución corresponde adoptar?

Conforme lo dispuesto previamente por el Sr. Presidente y de acuerdo al sorteo que en este acto se realiza los señores Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dres. Guillermo E. Barrera Buteler, Julio L. Fontaine y Beatriz Mansilla de Mosquera. –

A LA PRIMERA CUESTION:

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR GUILLERMO E. BARRERA BUTELER DIJO:

La actora ha apelado la sentencia que rechazó in totum la demanda por la que pretende que la médica que le practicó una intervención quirúrgica de implante de prótesis mamarias el 17 de febrero de 2006 y la clínica donde dicho acto médico se llevó a cabo, respondan por los daños y perjuicios que considera le han sido provocados a causa de “la desatención, impericia y negligencia en el obrar médico” de las demandadas.-

Para fundar su recurso la apelante se agravia en primer término, cuestionando el criterio que asume el primer sentenciante cuando -con apoyo en autorizada doctrina y jurisprudencia- dice que la obligación contractual que asume el cirujano plástico ante su paciente no difiere en su naturaleza de la que asume cualquier médico, en tanto se trata también de una obligación de medios y no de resultado, aunque sí requiere una mayor severidad para apreciar la culpa del médico.

Es cierto que la recurrente invoca también jurisprudencia que abona su postura, pero esa discusión doctrinaria resulta irrelevante a los fines de resolver esta causa porque el rechazo de la demanda encuentra sólidos fundamentos en otros argumentos independientes que de todos modos nos conducirían a idéntico resultado, cualquiera sea la postura que adoptemos respecto de la naturaleza de la obligación que asume el cirujano plástico. –

En efecto, el primer juzgador no se ha valido de la naturaleza de obligación de medios que le atribuye a la que asumieron las demandadas, para rechazar la demanda por insuficiencia de prueba de la culpa de éstas. Por el contrario, el fundamento dirimente para el rechazo de la acción está en que la prueba rendida en la causa lleva a concluir que la única secuela desfavorable que le ha quedado a la actora en sus mamas como consecuencia de la intervención quirúrgica de que se trata fue la “contractura capsular” o “retracción capsular fibrótica” que “es una reacción imprevisible e inevitable y normal en que reacciona el organismo ante el ingreso de un cuerpo extraño (prótesis mamaria)”, tal como lo ha dicho el perito médico oficial a fs.252/258, en total coincidencia con las declaraciones del testigo Dr. Julio César Frontera Vaca a fs.178/189.

Adviértase que el testigo mencionado, cuya declaración adquiere una eficacia probatoria relevante, no sólo por haber sido propuesto por la parte actora sino principalmente por ser el médico que ésta eligió para que le practicara una segunda intervención reemplazándole las prótesis mamarias que le había implantado la demandada, dice claramente que la única falencia que advirtió en las mamas de la paciente fue dicha retracción capsular fibrótica (tercera respuesta) y añadió luego, al contestar la última pregunta “que no hay forma de prevenir o evitar la retracción fibrosa. Agrega que es factible además que la paciente luego de esta última intervención que el testigo le practicó desarrolle contractura capsular”.

Por otra parte, de la historia clínica (fs. 92) surge que al detectarse la existencia de la contractura capsular en oportunidad del control post operatorio realizado a los nueve meses, se le indicó a la actora un tratamiento médico de droga y fisioterapia que ésta no cumplió alegando falta de recursos, lo que coincide con la declaración de la testigo Kineseóloga Mercedes Carrere (fs. 277/279).

En definitiva, no sólo no se ha demostrado que la demandada Dra. Sánchez haya tenido un “comportamiento ligero y errático” en la etapa postoperatoria, sino que más bien la prueba sugiere que esos calificativos se compadecen más con el comportamiento de la actora que no siguió el tratamiento indicado.

Lo dicho pone de manifiesto que la prueba rendida en autos ha demostrado claramente que las consecuencias negativas de la intervención quirúrgica no han sido provocadas por un obrar negligente o falto de experticia de la demandada, sino que es un resultado previsible e inevitable en cierto porcentaje de casos de operaciones del tipo de la que se sometió voluntariamente la actora y que tenía conocimiento claro de ese riesgo al someterse a la intervención, tal como surge del documento cuya copia corre a fs.94, cuya autenticidad no ha sido puesta en cuestión por la actora y que acredita debidamente el “consentimiento informado” de la accionante para someterse a la intervención quirúrgica. Los efectos de ese consentimiento, que es forzoso considerar libremente expresado, produce plenos efectos jurídicos, desde que no se han invocado ni menos aún acreditado, vicios en la voluntad de la otorgante. Indudablemente no lo es la circunstancia de que la paciente haya suscripto el documento el día antes de la operación.

Otro argumento que ensaya la apelante es sostener que la demandada se apartó de la técnica quirúrgica pactada, ya que pese a haber consignado en las “fichas de registro” de fs. 33 y 34 que a las protésis se les daría una localización “retromuscular”, en definitiva fueron implantadas como “retroglandulares”.

Pero hay dos razones que conducen a desechar ese argumento:

1)En primer lugar porque se trata de una cuestión de hecho que no fue invocada en la demanda y, por ende, no podría ser considerada en la sentencia como circunstancia configurativa de un obrar culposo y fundamento de una condena, sin afectar el derecho de defensa de la parte demandada que, al no haber sido planteada la cuestión en la demanda, no ha tenido ocasión de defenderse con relación al punto.

2) Por otro lado, parece bastante dudoso que el consentimiento informado que prestó la actora haya sido para una intervención con una técnica y no con la otra, porque el texto del documento respectivo dice que la firmante asume la responsabilidad total de su elección de someterse “a la intervención quirúrgica para la colocación de un implante mamario de silicona” sin ninguna especificación y ésta sólo aparece en las fichas de fs.33 y 34, que no necesariamente han pasado por las manos de la accionante.

Pero además de eso, aunque asumiéramos que el consentimiento se prestó en esos términos, no está demostrado que el haber utilizado la técnica que se empleó y no la otra pueda haber tenido alguna eficacia causal en la producción del daño. En efecto, no hay en autos ningún elemento de juicio que indique que la utilización de una u otra técnica incida para que se produzca la contractura capsular. Por el contrario, los elementos reunidos en la causa nos llevan más bien a la conclusión de que es absolutamente indiferente en ese sentido la utilización de una u otra técnica. El perito oficial dice que “no hay ventajas ni desventajas en la utilización de cualquiera de las técnicas mencionadas, queda a criterio de cada cirujano su uso” y el testigo Frontera Vaca, por su parte, afirma que “existen dos sitios de ubicación de los implantes mamarios, uno el retroglandular y el otro retromuscular” y que “las dos tienen la misma seguridad” (fs. 178). Es verdad que el perito de control Dr. Luis Ramón Michel, en su dictamen en disidencia, cuestiona esa conclusión del perito oficial y se explaya dando razones por las que considera que la técnica del implante submuscular reduce riesgos, pero esas afirmaciones se contradicen con las que él mismo había hecho cuando concurrió a declarar como testigo y fue interrogado sobre cuál técnica es más conveniente la submuscular o la intramuscular retromamaria y respondió “que estas son cuestiones del cirujano” (fs. 274).

De igual manera debe desecharse el argumento relativo a la falta de título de especialista de la demandada al momento de llevarse a cabo la intervención quirúrgica.Esa circunstancia de hecho no había sido invocada en la demanda y, por tanto, no integraba la litis contestatio, pero por sobre todo, la apelante no se ha hecho cargo de las razones que el juez de primer grado invocó para descartar en la sentencia ese argumento, recién introducido en el alegato; esto es que con independencia de que pueda configurar o no una infracción a las reglas deontológicas la conducta de la demandada al practicar ese tipo de intervenciones quirúrgicas cuando todavía no había obtenido el título de especialista, lo cierto es que habiéndose probado en autos que su labor profesional fue realizada conforme a las reglas del arte de curar, la eventual infracción administrativa que pudiera haberse configurado, si así lo fuera, carecería de toda eficacia causal con el daño cuya reparación se reclama.

No es necesario que el tribunal entre en el análisis del segundo agravio por el que la apelante plantea subsidiariamente que, en caso de considerarse que la obligación del médico cirujano plástico es de medios, de todos modos no debió haberse puesto la carga de la prueba en cabeza de la actora en virtud de la distribución dinámic a de esta carga procesal. En efecto, ya se ha explicado que la sentencia no se funda en la insuficiencia de pruebas aportadas por la actora respecto del obrar culposo de la demandada sino en que está probada su ausencia de culpa.Está demostrado que el daño que la actora ha sufrido no ha sido causado por un obrar imputable a la profesional interviniente sino que es una reacción de su propio organismo que está estadísticamente determinado se produce en determinado porcentaje de intervenciones de este tipo sin que pueda prevenirse ni evitarse.

Por tanto me pronuncio por la negativa a la primera cuestión y, en consecuencia, las costas de esta instancia deberán ser impuestas a la apelante, por lo que corresponde fijar el porcentaje para que se regulan los honorarios del letrado de la parte apelada de conformidad con las previsiones de los arts. 36, 39 y 40 de la ley 9459.

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR JULIO L. FONTAINE DIJO:

Adhiero al voto del Dr. Guillermo E. Barrera Buteler. LA SEÑORA VOCAL DOCTORA BEATRIZ MANSILLA DE MOSQUERA DIJO:

Adhiero a las consideraciones manifestadas por el Sr. Vocal del primer voto.

A LA SEGUNDA CUESTION:

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR GUILLERMO E. BARRERA BUTELER DIJO:

Propongo rechazar la apelación con costas y fijar el porcentaje para regular los honorarios del Dr. Pablo Kesman en el cuarenta por ciento del punto medio de la escala del art. 36 de la ley Arancelaria.

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR JULIO L. FONTAINE DIJO:

Adhiero al voto del Sr. Vocal preopinante.

LA SEÑORA VOCAL DOCTORA BEATRIZ MANSILLA DE MOSQUERA DIJO:

Adhiero a la decisión que propone el Dr. Guillermo E. Barrera Buteler en su voto.

Por el resultado de los votos que anteceden el Tribunal:

RESUELVE:

Rechazar la apelación con costas y fijar el porcentaje para regular los honorarios del Dr. Pablo Kesman en el cuarenta por ciento del punto medio de la escala del art. 36 de la ley Arancelaria.

Protocolícese y bajen.

Guillermo E. Barrera Buteler

Vocal

Julio L. Fontaine

Presidente

Beatriz Mansilla de Mosquera

Vocal

 

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