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Los topes previsionales de los arts. 24, 25 y 26 de la Ley 24241 son inaplicables e inconstitucionales

MartilloPartes: Lorefice Humberto Francisco c/ ANSES s/ reajustes varios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 16-abr-2014

Cita: MJ-JU-M-85998-AR | MJJ85998 | MJJ85998

Se declara la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los topes previsionales establecidos en los arts. 24, 25 y 26 de la Ley 24241.

Sumario:

1.-Razones de economía procesal aconsejan remitir a la doctrina del precedente Elliff a fin de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario, por lo que corresponde ratificar la actualización de las remuneraciones tenidas en mira para la estimación de la Prestación Compensatoria y la Prestación Adicional por Permanencia, con arreglo al Indice de Salarios Básicos de la Industria de la Construcción – personal no calificado-, hasta la fecha en que se produjo la adquisición del derecho al beneficio.

2.-Para la movilidad del haber previsional con posterioridad a la fecha de adquisición del beneficio, es de aplicación lo resuelto por el Alto Tribunal en la causa ‘Badaro’ (fallos 329:3089 y 330:4866); por el lapso posterior, se aplican las pautas establecidas por el 45 de la ley 26198, decs. 1346/07 y 279/08 , y la movilidad establecida por la ley 26417 , que -en el caso-, fue consentido por la actora.

3.-La Prestación Básica Universal ha sido considerada como un beneficio al que tiene derecho todo afiliado al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, con independencia de los aportes y de la mayor o menor proporcionalidad que estos puedan tener con el haber de esta prestación, las únicas condiciones para su percepción son alcanzar la edad requerida y tener 30 años de aportes. Su finalidad es, esencialmente, redistributiva, al repartir montos idénticos a quienes han hecho aportes diferentes.

4.-El ajuste de la Prestación Básica Universal y su consiguiente incidencia en la determinación del haber inicial, queda determinada por el legislador y organismo de aplicación, por ende no existen elementos que autoricen a apartarse de lo establecido por la ley 24241 por lo que corresponde revocar la sentencia que en el punto dispuso el reajuste de dicho componente.

5.-Corresponde confirmar la declaración de inconstitucionalidad del art. 24 de la ley 24241, dado que el actor acredita haber superado el tiempo máximo de servicios con aportes (35 años) anteriores a julio de 1994 que establece la norma como límite máximo para efectuar el cálculo de la Prestación Compensatoria, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos ‘Barrios Idilio Anelio c/ ANSES s/ reajustes varios’ sentencia del 21 de agosto de 2013.

6.-Corresponde confirmar la declaración de inaplicabilidad del art. 9 de la ley 24463, en la medida que de la liquidación ordenada en la sentencia surja una diferencia que supere el porcentaje del 15% del haber liquidado conforme lo resuelto por la Corte Suprema en los precedentes ‘Tudor Enrique José c/ANSES’ , sent. del 19 de agosto de 2004, ‘Actis Caporale, Loredeano Luis Adolfo’ , sent. del 19/8/99, entre otros). Similar criterio corresponde aplicar al art. 26 de la ley 24241.

7.-De confirmarse la aplicación del tope cuantitativo previsto por el art. 25 bajo análisis se limitaría la percepción del beneficio, atentando contra la proporción justa y razonable que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, situación que se vería afectada si en el cálculo del haber jubilatorio no se reflejaran las variaciones que se produjeron en las remuneraciones (causas ‘Sánchez’ y ‘Monzo’ en Fallos: 328:1602, 2833 y 329:3211). En virtud de ello y toda vez que de las constancias obrantes en autos surge que las remuneraciones, aún sin actualizar, superan el mentado límite en varios períodos, corresponde admitir el agravio deducido y declarar la inconstitucionalidad del art. 25 de la ley 24241 y su reglamentación, en tanto su aplicación irresctricta afecte la justa proporcionalidad entre el haber de actividad y el haber jubilatorio y su aplicación importe una diferencia superior al 15%, apoderamiento que ha sido considerado confiscatorio.

8.-A tenor de lo prescripto por el art. 9 de la ley 24241, vigente a la fecha en que se devengaron las remuneraciones del actor, dicho límite se aplicó respecto de los aportes personales, no siendo procedente cotizar en la medida en que fuera superado dicho tope. Por consiguiente, debe existir un justo equilibrio, por lo que se estima procedente que en los casos en que se declare la inconstitucionalidad del art. 25 de la ley 24241, se autorice al organismo administrativo a retener los aportes que hubieran correspondido de computarse la totalidad de la remuneración, utilizándose para ello los mismos paramentos de actualización que se utilizan para éstas.

9.-Hasta tanto no haya una liquidación, resulta prematuro un pronunciamiento en torno al límite del haber previsional con respecto a los haberes de actividad.

10.-El haber de pasividad que se determine en beneficio del afiliado, en ningún caso podrá superar al que hubiera percibido de continuar en actividad, por lo que resulta ajustado a derecho fijar tal limitación conforme la doctrina del precedente ‘Villanustre’ del Alto Tribunal.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 16 de abril de 2014 reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos: «LOREFICE HUMBERTO FRANCISCO C/ANSES S/REAJUSTES VARIOS»; se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS RENE HERRERO DIJO:

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Sala en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de grado.

El organismo administrativo cuestiona el cálculo del haber y el mecanismo de movilidad del fallo Badaro hasta la actualidad. Asimismo apela la actualización de la Prestación Básica Universal y la declaración de inconstitucionalidad de los arts 24 y 26 de la ley 24241 y 9 de la ley 24463.

La actora critica la aplicación del caso Villanustre, la tasa de interés aplicada y la manera como fueron impuestas las costas. Por último, solicita la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 9 y 25 de la ley 24241.

Agravios Anses

En orden al primero de los cuestionamientos introducidos a consideración de este Tribunal, cabe señalar que, de las constancias obrantes en autos y del expediente administrativo que corre por cuerda, revelan que el titular obtuvo su beneficio previsional al amparo de la ley 24.241, previo reconocimiento por parte de ANSeS de los servicios prestados en relación de dependencia.

A efectos de estimar el promedio de las últimas 120 remuneraciones conforme lo indica el artículo 24 inc. a) de la norma invocada, el organismo actualizo los salarios percibidos sólo hasta el mes de abril de 1991 acorde lo indicado por las resoluciones 63/94, 918/94 y 140/1995.

Atento ello, la cuestión a resolver gira en torno a la limitación introducida por las resoluciones invocadas y, por otra parte, la elección del índice a utilizar.

En tales circunstancias, los agravios introducidos encuentran adecuada respuesta en la doctrina del Superior Tribunal recaída en los autos «Elliff Alberto c/Anses s/Reajustes Varios», sent del 11 de agosto del año 2009 (E.131 XLIV R.O), en donde confirmó la postura de esta Sala que ordenó la aplicación del índice de los salarios básicos de la industria y la construcción -personal no calificado-, escogido por la resolución 140/95, sin limitación temporal.

Razones de economía procesal aconsejan remitir a dicho precedente a fin de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario, por lo que corresponde ratificar la actualización de las remuneraciones tenidas en mira para la estimación de la PC y PAP, con arreglo del índice que señala la Resolución indicada, hasta la fecha en que se produjo la adquisición del derecho.

No ha de obstar a lo señalado, la falta de indices en tal sentido, debiendo la administración adoptar los medios necesarios para proceder a su emisión en el plazo de cumplimiento del decisorio.

Ahora bien, la facultad que se asigna a ANSES para determinar el índice, no autoriza que estos sean arbitrarios o únicamente subordinados al criterio del organismo emisor. Por ello, en ningún caso, el índice en cuestión podrá diferir de los que, por similar concepto, emita el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos u organismo oficial que lo remplace en la determinación de indices oficiales.

En cuanto a la movilidad con posterioridad a la adquisición del beneficio, es de aplicación lo resuelto por el Alto Tribunal en la causa «Badaro» (fallos 329:3089 y 330:4866), doctrina cuya aplicación dispuso la juez de grado, por lo que corresponde confirmar lo decidido.

Respecto del lapso posterior, el magistrado actuante aplica las pautas establecidas por el 45 de la ley 26198, Dec. 1346/07, decr. 279/08 y las pautas de movilidad establecidas por la ley 26417.Lo que fue consentido por la actora.Por lo que se desestima este agravio.

Respecto de la PBU ha sido considerada como un beneficio al que tiene derecho todo afiliado al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, con independencia de los aportes y de la mayor o menor proporcionalidad que estos puedan tener con el haber de esta prestación, las únicas condiciones para su percepción son alcanzar la edad requerida y tener 30 años de aportes. Su finalidad es, esencialmente,

redistributiva, «al repartir montos idénticos a quienes han hecho aportes diferentes»( ver en este sentido. Paya Martín Yañez «Regimen de Jubilaciones y Pensiones», pag.614)

El juez de grado ordena el recalculo de la prestación y la actualización del valor MOPRE utilizando un Índice salarial, con criterio similar al fallo Badaro.

El ajuste de esta prestación y su consiguiente incidencia en la determinación del haber inicial, queda determinada por el legislador y organismo de aplicación.

En ese contexto, debe tenerse presente el incremento habido en esta prestación, de acuerdo a lo dispuesto por la ley 26.417 y Resolución 6/2009.

Por ende considero que no existen elementos que autoricen a apartarse de la norma y se propicia revocar la sentencia en este punto.

En cuanto al agravio que gira en torno a la declaración de inconstitucionalidad del art. 24 de la ley 24.241, cabe señalar que el actor acredita haber superado el tiempo máximo de servicios con aportes (35 años) anteriores a julio de 1994 que establece la norma como límite máximo para efectuar el cálculo de la Prestación Compensatoria y en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos «Barrios Idilio Anelio c/ Anses s/ reajustes varios» sentencia del 21 de agosto de 2013, corresponde confirmar el mismo.

Por último, en cuanto al planteo formulado en torno al art.9 de la ley 24.463, debe señalarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación has señalado en innumerables precedentes que sólo se considera razonable cualquier reducción que no supere el 15% del haber liquidado, como una contribución solidaria a la Seguridad Social por parte de quienes poseen mayor capacidad económica. En consecuencia, corresponde confirmar declaración de inaplicabilidad del art. 9 de la ley 24463, en la medida que de la liquidación ordenada en la sentencia surja una diferencia que supere el porcentaje «ut-supra» mencionado (v. asimismo criterio C.S.J.N. en autos «Tudor Enrique José c/Anses» , sent. del 19 de agosto de 2004, Actis Caporale, Loredeano Luis Adolfo , sent. del 19/8/99, entre otros).

Similar criterio corresponde aplicar al art. 26 de la ley 24241.

Agravios actora

En relación al pedido de inconstitucionalidad del art. 25 de la ley 24241, cabe señalar que la norma prevé que para establecer el promedio de las remuneraciones -a los fines del artículo 24- no se considerará el sueldo anual complementario ni los importes que en virtud de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 9º excedan el máximo fijado en el primer párrafo del mismo artículo -limitación que se aplica las remuneraciones imponibles devengadas con posterioridad al 1º de febrero de 1994 (decreto 679/95)-.

Ello implicó que inicialmente el tope de la remuneración a considerar para establecer el promedio, no podía superar los $4800. Este valor se mantuvo invariable hasta el 1° de abril de 2007, fecha en que fue elevado al valor de $6000. Con posterioridad se comenzó a reacomodar su cuantía de acuerdo a los incrementos otorgados a los beneficios previsionales (ley 26.417 art. 10).

Otra situación que no debe perderse de vista, está dada por la ponderación del límite vigente al momento en que se devengó la remuneración; situación que recién fue modificada por la Res. A.N.Se.S 6/2009 que en su art.14 punto 2 in fine establece que las remuneraciones actualizadas no deberán superar el monto máximo de la base imponible establecida en el artículo 9º de la Ley Nº 24.241, texto sustituido por el artículo 1º de la Ley Nº 26.222, vigente a la fecha de la cesación de servicios.

En el caso de autos, el actor obtuvo su beneficio, como se dijo, en función de las tareas desarrolladas como trabajador autónomo y trabajador dependiente. Respecto a estas últimas, las remuneraciones computables a los fines del art. 24 de la ley 24241, se situaron entre los años 1991 y 2001. De este modo, las comprendidas a partir del 1° de febrero de 1994 fueron limitadas en la suma de $4800.

Así las cosas, de confirmar la aplicación del tope cuantitativo previsto por el art. 25 bajo análisis se limitaría la percepción del beneficio, atentando contra la proporción justa y razonable que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, situación que se vería afectada si en el cálculo del haber jubilatorio no se reflejaran las variaciones que se produjeron en las remuneraciones (causas «Sánchez» y «Monzo» en Fallos: 328:1602, 2833 y 329:3211).

En virtud de ello y toda vez que de las constancias obrantes en autos surge que las remuneraciones, aún sin actualizar, superan el mentado límite en varios períodos, corresponde admitir el agravio deducido y declarar la inconstitucionalidad del artículo 25 de la ley 24.241 y su reglamentación, en tanto su aplicación irresctricta afecte la justa proporcionalidad entre el haber de actividad y el haber jubilatorio y su aplicación importe una diferencia superior al 15% apoderamiento que ha sido considerado confiscatorio

No obstante ello, lo cierto es que a tenor de lo prescripto por el art.9 del cuerpo normativo analizado, vigente a la fecha en que se devengaron las remuneraciones, el límite se aplico asimismo en cuanto a los aportes personales, no siendo procedente cotizar en la medida en que fuera superado dicho tope. Por consiguiente, debe existir un justo equilibrio entre ambas normas, por lo que se estima procedente que en los casos en que se declare la inconstitucionalidad del artículo 25 señalado, se autorice al organismo administrativo a retener los aportes que hubieran correspondido de computarse la totalidad de la remuneración, utilizándose para ello los mismos paramentos de actualización.

En cuanto al cuestionamiento que gira e n torno al límite del haber previsional con los haberes de actividad hasta tanto no haya una liquidación, resulta prematuro su pronunciamiento.

Sin perjuicio de ello, en cuanto a su aplicación, se destaca que la Resolución N° 23/2004, expresamente prevé que «La aplicación del precedente Villanustre sólo procederá cuando el haber final determinado por sentencia supere el haber máximo legal vigente al momento de practicarse la liquidación. Incumbe a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) la carga de la prueba a los efectos de limitar los haberes de sentencia conforme el criterio establecido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION in re ?Villanustre?. (Artículo sustituido por art. 2° de la Resolución N° 955/2008 de la Secretaría de Seguridad Social B.O. 4/7/2008).(Anexo I, art. 2°)».De ello se extrae que el haber de pasividad que se determine en beneficio del afiliado, en ningún caso podrá superar al que hubiera percibido de continuar en actividad, por lo que resulta ajustado a derecho fijar tal limitación.

Respecto a la tasa de interés, corresponde confirmar la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con la Doctrina que fijara el Alto Tribunal (C.S.J.N. L. 44 XXIV «LOPEZ, Antonio Manuel c/ Explotación Pesquera de la Patagonia S.A.» sent.del 10/6/92 y Fallos 303:1769; 311:1644) y tal criterio se ha mantenido en diversos pronunciamientos de esta Alzada («GONZALEZ, Herminia del Carmen c/ ANSeS s/ Reajustes por Movilidad» , sent. def. N: 72543 del 20/11/98 entre otros).

Por último, con respecto a la imposición de costas, este Tribunal se ha expedido en los autos,»Arena Alfredo c/ANSeS S/ Reajustes por Movilidad»(sent.def. 74868 del 7-10-99 (a disposición en la Mesa de Entradas de la Sala).

El Superior Tribunal, en dichos autos ( sent. del 9 de agosto de 2001), por voto mayoritario, revocó la inconstitucionalidad del artículo 21 de la ley 24.463 y ratificó la imposición de las costas por su orden. Criterio que reitera en otros precedentes (in re «Sayús, Enrique Roque c/ ANSeS s/ reajustes varios» .16/11/04 T. 327). Por ello se rechaza el agravio.

Por ello, propongo: Revocar parcialmente la sentencia recurrida en cuanto actualiza la Prestación Básica Universal. Declarar la inconstitucionalidad del art. 25 de la ley 24241, conforme lo resuelto precedentemente. Confirmar la sentencia en lo demás que decide, con la salvedad apuntada respecto del precedente Villanustre y la aplicación del fallo Badaro que se aplicará a partir de la adquisición del beneficio Imponer las costas de Alzada en el orden causado. Devolver las presentes actuaciones al juzgado de origen a sus efectos.

LOS DOCTORES EMILIO LISANDRO FERNANDEZ Y NORA CARMEN DORADO DIJERON:

Adherimos a la solución del voto del Dr. Herrero.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: Revocar parcialmente la sentencia recurrida en cuanto actualiza la Prestación Básica Universal. Declarar la inconstitucionalidad del art. 25 de la ley 24241, conforme lo señalado precedentemente. Confirmar la sentencia en lo demás que decide, con la salvedad apuntada respecto del precedente Villanustre y la aplicación del fallo Badaro que se aplicará a partir de la adquisición del beneficio Imponer las costas de Alzada en el orden causado. Devolver

las presentes actuaciones al juzgado de origen a sus efectos.

Notifíquese, regístrese y oportunamente remítase.

EMILIO L. FERNANDEZ

Juez de Cámara

LUIS RENE HERRERO

Juez de Cámara

NORA CARMEN DORADO

Juez de Cámara

ANTE MI: MARINA MALVA D’ONOFRIO

PROSECRETARIA DE CAMARA

 

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