Reclamo del daño punitivo a la aseguradora ante el incendio que provoco la destrucción total del domicilio asegurado

shutterstock_6547483Partes: Vázquez Benigno c/ BBVA Consolidar Seguros S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: B

Fecha: 13-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-85871-AR | MJJ85871 | MJJ85871

No se hace lugar al daño punitivo reclamado por quien contrata un seguro contra incendio y ante la denuncia de la destrucción total de su domicilio provocado por el fuego la aseguradora no responde por lo sucedido.

Sumario:

1.-La buena fe es factor primordial en la relación de asegurador y asegurado. Si bien dicho principio gravita sobre todo el campo de los negocios jurídicos, respecto del seguro tiene preeminencia traducida en el recordado aforismo uberrimae bona fidei.

2.-La exigencia de la buena fe se manifiesta en el seguro de manera extrema y hasta desconocida en los demás contratos, ya que se expresa de modo dominante en el llamado período precontractual cuando el asegurado todavía no lo es. Es una carga legal del asegurado, y como tal no genera a favor del asegurador prestación susceptible de ejecución forzada.

3.-La ley establece con precisión el efecto de su incumplimiento en la nulidad ex tunc de la relación contractual. La Ley 17.418 en su art. 5 sigue el criterio más severo, al considerar causa de nulidad del contrato la reticencia aún de buena fe, recogiendo en ese precepto el supuesto del puro error consistente en la desarmonía entre la situación real de riesgo y la aparente, deducida de la declaración del asegurado, aunque éste no hubiese incurrido en culpa ni en mala fe.

4.-La declaración del asegurado es reticente cuando la circunstancia influyente sobre el riesgo es omitida, declarada en forma incompleta o de manera confusa; siendo falsa cuando la circunstancia es declarada de un modo que no corresponde a la realidad. Se imponen al asegurado dos cargas: a) ser exacto en lo que dice; b) decir todo lo que sepa. Si viola el primer precepto, produce una declaración errónea, si viola el segundo comete reticencia.

5.-El derecho del consumidor no supone una habilitación para demandar indiscriminadamente, exonerándose al reclamante de la aportación de las pruebas necesarias para fundar su reclamo por el solo hecho de revestir calidad de tal: establece sí una serie de pautas y directrices (v.gr. arts. 3 y 40) a fin de acentuar la protección de la parte más débil de la relación, pero siendo el sustento de la demanda contractual, el derecho del consumidor no puede escindirse de la teoría general del contrato, que en materia de reparación exige la acreditación de los daños. Es decir, la especialidad de este ordenamiento no lleva a prescindir de las normas del derecho común.

6.-Ha sido definido al daño punitivo como las sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro.

7.-La legislación argentina, incorpora en el art. 52 de la Ley de Defensa del Consumidor la figura del daño punitivo al establecer que: al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan… La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el art. 47, inc. b) de esta ley.

8.-Si bien es cierto que ha sido criticado el alcance amplio con el que fue legislada la multa civil, en cuanto se alude a cualquier incumplimiento legal o contractual, existe consenso dominante en el derecho comparado, en el sentido de que las indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 13 días del mes de febrero de dos mil catorce, reunidas las señoras Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos seguidos por “VÁZQUEZ, BENIGNO” contra “BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A.” s/ ordinario, en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctoras Piaggi y Ballerini. La Dra. Díaz Cordero no interviene por hallarse en uso de licencia (art 109 R.J.N.).

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a

resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La Señora Juez de Cámara Doctora Piaggi dijo:

I. ANTECEDENTES FACTICIALES DEL PROCESO

1. El 15-06-12 (fs. 37/40) Benigno Vázquez demandó a BBVA

Consolidar Seguros S.A. por $ 150.000 (pesos ciento cincuenta mil) en concepto de perjuicios derivados del incumplimiento contractual, más intereses y costas; como así también $ 200.000 (pesos doscientos mil) por daño punitivo (art. 52 bis de la ley 24.240, reformada por la ley 26.361).

Manifestó que contrató con la accionada un seguro de incendio instrumentado mediante póliza nro. 0001192431 con vigencia desde el día 19-01-07 hasta el 19-01-12; siendo la suma asegurada $ 95.000. Agregó que el pago de la prestación se realizaba por débito bancario de la cuenta de ahorro en pesos n° 132/026817/0.

Explicó que el 23-06-11 se produjo un incendio en su domicilio, del que resultó su destrucción total. Denunció ante la aseguradora el evento dañoso, entregando la totalidad de la documentación requerida a tal fin.Sin embargo, ‘BBVA’ incumplió de mala fe el contrato, alegando que el riesgo no estaba cubierto, pues la casa se construyó con elementos combustibles.

Resaltó que la defendida nada objetó al tiempo de contratar el seguro, ni tampoco al recibir los pagos durante más de tres años, pero ello no impidió que la contraria rechazara el siniestro por el presunto incumplimiento.

2. El 03-08-12 (fs. 77/81) BBVA Consolidar Seguros S.A. contestó demanda, negó los hechos expuestos en el escrito de inicio y solicitó su rechazo con costas.

Reconoció la emisión de la póliza contratada a través de la cual las partes contratantes se sometieron a lo acordado en los anexos y las cláusulas generales y particulares del convenio.

Señaló que la cobertura cubría los siguientes riesgos: incendio del edificio prorrata $ 95.220, incendio contenido $ 19.044, HVCT edificio prorrata $ 95.220, HVCT contenido $ 19.044, robo/hurto contenido $ 3.808,80, TR-EQ ELEC 2% $ 1.904,40, y responsabilidad civil privada $ 14.283.

Expresó que el actor realizó la denuncia el 27-06-11, acompañando el certificado de incendio, expedido por los bomberos voluntarios de Florencio Varela, Pcia. de Buenos Aires. Este instrumento corroboraba que el 23-06-11 a las 7:20 hs. se recibió una llamada anoticiando que en la calle 1308 entre 1335 y 1337 se originó un incendio, y que llegados los bomberos al lugar, se comprobó el hecho en una construcción precaria que sufrió destrucción total.

En cumplimiento de sus obligaciones, el 29-06-11 le remitió a la accionante una CD comunicándole la designación del “Estudio de Peritos en Siniestros Lis” para que procediera a las tareas de inspección y constatación de lo denunciado.

De este modo, el experto se hizo presente en el sitio donde ocurrió el incendio, siendo atendido por el titular de la póliza, quien efectuó un relato de lo sucedido.Posteriormente, el perito elevó un informe con la descripción del lugar detallando las características de la vivienda, disponiendo que “.se encontraba construida íntegramente con paredes exteriores y divisionales de madera, al igual que la cabreada de su techo, sobre el cual poseía chapas acanaladas de zinc.

Insistió en que la morada asegurada se hallaba construida en su totalidad de madera, contraviniendo así la cláusula primera de las condiciones generales específicas del seguro de incendio y verificándose un supuesto de riesgo no cubierto o de no seguro conforme el art. 499 C.Civ y los arts. 47 y 56 de la ley 17.418.

Consecuentemente, el 11-07-11 le envió a la contraria una CD informándole que declinaba su responsabilidad por el incumplimiento de las condiciones generales de la póliza.

II. EL DECISORIO RECURRIDO

La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 333/53) acogió parcialmente la demanda, incoada por Benigno Vázquez contra BBVA Consolidar Seguros S.A., con costas a la vencida (art. 68 Cpr.).

Para así decidir, el a quo meritó que: (i) respecto de los daños por incumplimiento de contrato; “.la demandada debía probar que el inmueble no guardaba las condiciones de seguridad exigidas por la póliza. Para ello se basó en el informe de su liquidador de siniestros. Cualquier fuerza convictiva residual que pudiera otorgarse al informe de marras, pierde vigencia frente a todas las declaraciones testimoniales concordantes que dan cuenta de que se trataba de una construcción de material y techo de loza, como surge también de las fotografías acompañadas. Las tomas de fs. 283/287 no contradicen esta conclusión. si la accionada sabía o estaba en condiciones de saber al momento de entrar en vigencia la póliza (LS:36 inc. a) que la vivienda carecía de los requisitos de seguridad indispensables para que se hallara cubierto el siniestro, y sin embargo percibió la prima sin formular objeción ni realizar constatación alguna (CCOM:218-4), no puede luego declinar responsabilidad invocando el incumplimiento del asegurado.Su inactividad desde el inicio del vínculo contractual, implicó una renuncia tácita a su derecho de liberarse de la obligación.”; (ii) con relación al daño punitivo: “.Es claro que tales presupuestos no se han verificado en el caso de autos, en donde conforme se ha expuesto, la aseguradora no ha incurrido en conductas de gravedad tal que justifiquen la aplicación del instituto, o en la obtención de un beneficio económico de importancia. Y máxime frente a una duda razonable que pudiera evidenciarse de las posturas asumidas y elementos colectados en la causa.”

III. LOS RECURSOS

La demandante apeló el decisorio el 23-08-13 (fs. 354); el recurso se concedió el 23-08-13 (fs. 355); y sus incontestadas quejas del 10-10-13 obran a fs. 388/89.

La defendida apeló el fallo el 30-08-13 (fs. 366); su recurso se concedió el 30-08-13 (fs. 367) y su expresión de agravios del 9-10-13 (fs. 383/84) fue respondida el 17-10-13 (fs. 391/92).

La presidencia de esta Sala llamó “autos para sentencia” el 18-13

(fs. 396); el sorteo de la causa se realizó el 16-12-13 (fs. 396 vta.) por lo que el Tribunal

se encuentra habilitado para resolver.

IV. CONTENIDO DE LA PRETENSIÓN RECURSIVA

El accionante se agravia de que el a quo no hace lugar a la aplicación del daño punitivo.

La demandada se queja porque: i) “.la sentencia subvalora la conducta reticente por parte del consumidor. el juez de grado pareciera colocar el deber de conducirse de buena fe solo en cabeza de la aseguradora, eximiendo de dicha obligación al consumidor.”; ii) “.la sentencia recurrida realiza una interpretación errónea de la ley de seguros; iii) “.el fallo en crisis viola el derecho de propiedad. puesto que estamos frente a un supuesto de riesgo no cubierto o de no seguro conforme el art. 499 del Código Civil, art. 47 y 56 de la ley 17.418. vulnera el derecho de defensa en juicio.y su derecho a la igualdad de trato.”

V. Luego de analizar los antecedentes del caso, los diversos medios de prueba aportados al expediente de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 386, CPCCN) y la sentencia recurrida, anticipo que el pronunciamiento apelado será confirmado.

No atenderé todos los planteos recursivos del apelante sino sólo los

que estime esenciales y decisivos para fallar en la causa (cnfr. CSJN, “Altamirgano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica”, del 13-11-86; ídem, “Soñes, Raúl c. Adm. Nacional de Aduanas” , del 12-2-87; bis ídem, “Pons, Maria y otro” del 6-10-87; ter ídem, “Stancato, Carmelo”, del 15-9-89; v. Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).

VI. LA DECISIÓN PROPUESTA

1. La buena fe es factor primordial en la relación de asegurador y asegurado. Si bien dicho principio gravita sobre todo el campo de los negocios jurídicos, respecto del seguro tiene preeminencia traducida en el recordado

aforismo uberrimae bona fidei.

La exigencia de la buena fe se manifiesta en el seguro de manera extrema y hasta desconocida en los demás contratos, ya que se expresa de modo dominante en el llamado período precontractual cuando el asegurado todavía no lo es. Es una carga legal del asegurado, y como tal no genera a favor del asegurador prestación susceptible de ejecución forzada.

La ley establece con precisión el efecto de su incumplimiento en la nulidad ex tunc de la relación contractual. La ley 17.418 en su art.5 sigue el criterio más severo, al considerar causa de nulidad del contrato la reticencia aún de buena fe, recogiendo en ese precepto el supuesto del puro error consistente en la desarmonía entre la situación real de riesgo y la aparente, deducida de la declaración del asegurado, aunque éste no hubiese incurrido en culpa ni en mala fe (CNCom, esta Sala, “Sucesión de Jorge Risso Patrón c/ Círculo Cerrado S.A. 30-06-88).

La declaración del asegurado es reticente cuando la circunstancia influyente sobre el riesgo es omitida, declarada en forma incompleta o de manera confusa; siendo falsa cuando la circunstancia es declarada de un modo que no corresponde a la realidad. Se imponen al asegurado dos cargas: a) ser exacto en lo que dice; b) decir todo lo que sepa. Si viola el primer precepto, produce una declaración errónea, si viola el segundo comete reticencia (Vivante).

2. En autos, existen circunstancias particulares que denotan la

verosimilitud de las afirmaciones de ‘Vázquez’.

A fs. 75 consta que la póliza de inc endio se emitió sin inspección previa, por ello ‘Vázquez’ tuvo que declarar bajo juramento que la vivienda asegurada cumplía con los requisitos y medidas de seguridad exigidos por la contraria: “.el hogar objeto de seguro cuenta con techos sólidos y paredes exteriores de material, ambos incombustibles. Si se produjera un siniestro facilitado por tal circunstancia, el asegurador queda automáticamente liberado del pago de la indemnización. No obstante lo indicado precedentemente, autorizo a la aseguradora a inspeccionar el riesgo durante la vigencia de la póliza si así lo considera necesario. Toda reticencia, declaración inexacta o no veraz implicará la nulidad del presente contrato y la pérdida de los eventuales derechos del asegurado a ser indemnizado (art.5 a 10 de la ley de seguros).””. A pesar de esto, es dable destacar que no se realizó pericial caligráfica alguna a efectos de corroborar que la firma inserta en aquél documento era la del demandante, ni tampoco la concurrencia de la asegurada para inspeccionar el domicilio durante la vigencia de la póliza.

En el certificado de incendio expedido por la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Florencio Varela, obra que el siniestro acaeció “.en una construcción del tipo precario la cual sufre destrucción total.”(fs. 5).

Ante esta circunstancia, el Estudio Lis designado por la aseguradora

para la liquidación y peritaje del seguro dispuso que “.analizadas las condiciones contractuales de la póliza pactada, fuimos de opinión que esa Compañía podría hallarse exenta de responsabilidad indemnizatoria por el presente hecho, toda vez que la vivienda asegurada, se encuentra construida en su totalidad de madera, contraviniendo así lo exigido en la cláusula primera de las condiciones generales específicas de incendio. Además, el asegurado ha desechado los bienes de contenido afectados.” (fs. 288). Por consiguiente, es en esta dirección que la demandada apoya su defensa.

No obstante, considero relevante mencionar que la autencidad del informe fue desconocida por el accionante (fs. 83) y que al expediente sólo se ha anejado una copia simple; ya que “.es imposible remitir el original. pues el mismo fue remitido oportunamente a BBVA Consolidar Seguros.”(fs. 300/01).

Ergo, la conclusión a la que arribó el liquidador del siniestro -no ratificada por ninguna prueba producida en el sub lite-, es tan sólo una determinación unilateral efectuada de manera extrajudicial sin control del actor, resultando inidónea para acreditar la existencia de la alegada reticencia.

Y si bien la jurisprudencia ha asignado valor probatorio al informe de los liquidadores de siniestros, lo ha hecho en la medida en que, a la fecha de su confección, eran contrapuestos los intereses de las partes involucradas, esto es, del asegurado y asegurador (CNCom., Sala D, “La Meridional Cía. Arg. de Seguros S.A.c/ Botazzi, Eduardo Pablo” , 4-6-09; y sus citas).

Por eso, debe apreciarse que el informe de la firma liquidadora tiene eficacia relativa y debe ser admitido con criterio restrictivo.

Máxime cuando de las inimpugnadas declaraciones testimoniales

obrantes a fs. 262/63 (Rubén Darío Olivera Corrales); 264/5 (Clementino Maldonado); 275/76 (Juan Sebastián Gonnet); 277/78 (Adrián Ramón Maldonado); 307/08 (Dardo Salto), 309/10 (Alberto Andrés Maldonado) se desprende que: “.era una casa de material, sencilla. ladrillos, cal y cemento.”. Lo cual se verifica con las fotografías que constan en las presentes actuaciones (fs. 283/87).

Basta entonces lo expuesto para rebatir la reticencia alegada por la defendida y hacer lugar al resarcimiento del actor por incumplimiento de contrato.

A mayor abundamiento, cabe mencionar que del informe pericial contable (fs. 267/73) surge que la accionada continuó percibiendo las primas aún después de rechazado el siniestro, lo que implica un hecho más a favor del

cumplimiento de la prestación solicitada por ‘Vázquez’.

Se rechaza el agravio de la demandada.

3. De otro lado, el accionante cuestiona que el a quo no hizo lugar al resarcimiento por daño punitivo. El sentenciante de primer grado admitió parcialmente la acción instaurada por el actor. Para ello juzgó que la defendida debía responder por el daño generado en virtud del incumplimiento del contrato de seguro, pero no por el daño punitivo.

El derecho del consumidor no supone una habilitación para demandar indiscriminadamente, exonerándose al reclamante de la aportación de las pruebas necesarias para fundar su reclamo por el solo hecho de revestir calidad de tal: establece sí una serie de pautas y directrices (v.gr. arts. 3 y 40) a fin de acentuar la protección de la parte más débil de la relación, pero siendo el sustento de la demanda contractual, el derecho del consumidor no puede escindirse de la teoría general del contrato, que en materia de reparación exige la acreditación de los daños.Es decir, la especialidad de este ordenamiento no lleva a prescindir de las normas del derecho común (CNCom., Sala A, in re “D.C. c/Video Cable Comunicación y otro”, del 31.3.04).

Como dice el recurrente ‘Vázquez’ (en su expresión de agravios) citando un fallo de esta Sala, (“Mourrut de Beauverger c/ Forensa S.A. s/ sumarísimo” , 21-02-13): se ha definido al daño punitivo como las “sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro”.

La legislación argentina, incorpora en el artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor la figura del “daño punitivo” al establecer que: “al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan.La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley”.

Si bien es cierto que ha sido criticado el alcance amplio con el que fue legislada la multa civil, en cuanto se alude a cualquier incumplimiento legal o contractual, existe consenso dominante en el derecho comparado, en el sentido de que las indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva.

En este marco normativo no resulta razonable considerar que en el caso -conforme las pruebas producidas y los hechos suscitados – se encuentren reunidos los extremos mencionados por el demandante a efectos que proceda el resarcimiento por dicho rubro. Pues basta remitirse a lo expresado por el anterior a quo al disponer que “.la aseguradora no ha incurrido en conductas de gravedad tal que justifiquen la aplicación del instituto, o en la obtención de un beneficio económico de importancia. Y máxime frente a una duda razonable que pudiera evidenciarse de las posturas asumidas y elementos colectados en la causa.”

La queja de ‘Vázquez’ será desestimada.

4. El tratamiento de los restantes agravios deviene abstracto.

VII. Si el criterio es compartido por mis distinguidas colegas, propongo -por los fundamentos enunciados-: confirmar el decisorio recurrido, con costas a la vencida (art. 68 Cpr.). He concluido.

VIII. HONORARIOS

1. En atención a la índole, extensión de los trabajos realizados y las características e importancia del pleito de que se trata, se confirman por el sentido del recurso -apelación por bajos- en ($.) los honorarios de los letrados patrocinantes de la parte actora Alberto G. M. Spota y Fernando Millán Silva -en conjunto- (arts.6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la ley 21.839).

Se deja constancia que se ha considerado como base regulatoria el monto del juicio integrado por el capital y los intereses (Sala in re: “Hernández Cristian Javier c/ Orbis Compañía Argentina de Seguros s/ ordinario” del 08.05.2013) devengados hasta la fecha del auto regulatorio de primera instancia. Por lo tanto los honorarios deberán entenderse fijados a dicha fecha.

Por las tareas que dieron origen a la resolución de fs. 314, se confirman en ($.) los honorarios del letrado patrocinante Alberto G. M. Spota (arts. 6, 7, 9, 33 y 38 de la ley 21.839).

2. En relación a las tareas de la perito contadora María I. Sommariva, se elevan a ($.) sus estipendios (art. 3 del D/L 16.638/57).

3. Por los trabajos realizados ante esta Alzada, que originaron la resolución de fs. 397/401, se fijan en ($.) los honorarios de los letrados patrocinantes de la parte actora Alberto G. M. Spota (art. 14 de la ley 21.839).

Por análogas razones la Dra. Ballerini adhirió al voto anterior. Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron las Sras. Jueces de Cámara Dras. Matilde E. Ballerini, Ana I. Piaggi. La Dra. María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.). Es copia del original que corre a fs. del Libro de Acuerdos Comerciales. Sala B. de febrero de 2014

Y VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo que precede, se resuelve: confirmar el decisorio recurrido con costas a la vencida (art. 68 Cpr.), y fijar los honorarios apelados con los alcances expuestos en el punto VIII.

Regístrese por secretaría, comuníquese oportunamente a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN (art. 4, Acordada 15/13), notifíquese y, devuélvase. Matilde E. Ballerini, Ana I. Piaggi. La Dra. María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.). Es copia fiel del origi nal que corre a fs. de los autos de la materia. juzg. n° 8, sec. n° 15.

JORGE DJIVARIS

SECRETARIO DE CÁMARA

 

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