Sanción a abogado por sustituir a un colega en una causa judicial sin haberlo notificado, violando el Código de Ética

codigo_etico_ws65250456Partes: C. D. L. F. c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ recurso directo de organismo externo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 18-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-85549-AR | MJJ85549 | MJJ85549

Se confirma la sanción impuesta a un abogado por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, con motivo de haber sustituido a un colega en una causa judicial, sin haberlo notificado, violando de esta manera las normas del Código de Ética.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que sancionó a un abogado matriculado con un llamado de atención previsto en el art. 45, inc. a , de la ley 23187, por entender que con su conducta, al omitir la notificación a un colega sobre el reemplazo en la dirección letrada de un juicio sucesorio, incurrió en violación a lo dispuesto en el art. 15 del Código de Ética; ello con fundamento en que la falta sancionada se configura con la comprobación objetiva del incumplimiento a las obligaciones impuestas y para eximirse de ella, la defensa debe acreditar causas que lo exculpan, lo cual no se logra mediante el ensayo de argumentos evasivos que no logran conmover las conclusiones arribadas por el Tribunal de Disciplina.

2.-La falta injustificada de aviso fehaciente al colega que haya intervenido previamente en el caso de reemplazarlo o participar en la representación, patrocinio o defensa (art. 15 del Código de Ética) configura una conducta merecedora de sanción; y la circunstancia de que el letrado sustituido haya sido notificado por el ex cliente con posterioridad a la revocación de su mandato, no empece el hecho de que dicha comunicación no se produjo por un obrar propio del abogado reemplazante, practicándole al colega la comunicación impuesta por el Código de Ética a fin de avisarle la decisión adoptada por la parte, circunstancia que configura el reproche ético sancionado.

Fallo:

Buenos Aires, 18 de marzo de 2014.

VISTO:

El recurso de apelación deducido a fs. 186/188 contra la resolución obrante a fs. 149/152; y

CONSIDERANDO:

I. Que la presente causa se inició a raíz de la denuncia efectuada por el doctor Andrés Ernesto Juárez contra el doctor L. F. C. D. ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

En ella, el letrado manifestó sentirse agraviado porque, sin ningún tipo de notificación previa, le fue revocado su patrocinio letrado en la causa “Lefevre, Susana Fernanda s/sucesión testamentaria”, (expte 45.469/08), en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 66 reemplazándolo en la dirección letrada el abogado denunciado, en violación a lo dispuesto en el art. 15 del Código de Ética.

Agregó que, al promover la ejecución del convenio de honorarios suscripto como consecuencia del citado proceso sucesorio la señora Kleiman, en audiencia, reconoció el acuerdo, su contenido y su firma. Sin embargo el mismo día le envió una carta documento en la que con términos injuriosos lo acusaba de aprovecharse de su necesidad, de no atenderla y de amenazarla.

Sostuvo que existió asesoramiento técnico del doctor C. D. en la redacción de esa correspondencia, pues fue acompañada al contestar la demanda de ejecución del convenio.

II. Que la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, mediante sentencia del 13 de marzo de 2013, impuso al doctor C. D. un llamado de atención previsto en el art. 45, inc. a, de la ley 23.187, por entender que la conducta analizada configuraba el supuesto regulado por el art. 15 del Código de Ética de esa Institución.

Asimismo, lo absolvió de la alegada infracción al art. 14 del código citado (fs.149/152).

Para resolver de ese modo, el tribunal señaló que no había existido notificación fehaciente por parte del denunciado sobre el reemplazo de la dirección letrada del proceso sucesorio, quien, por su parte, tampoco había contestado la cédula que le fue cursada en la presente causa, que obligó a la intervención del defensor oficial de oficio.

Agregó que, aun cuando se tomara en cuenta el intercambio telegráfico, lo cierto es que el letrado ya había tomado intervención en el juicio sucesorio antes de que anoticiara a su predecesor la revocación de mandato.

III. Que, contra dicha sentencia, el defensor oficial dedujo recurso de apelación (cfr. fs. 186/188).

Considera -en síntesis- que el Tribunal interpretó y aplicó erróneamente el art. 15 del Código de Ética, y que no tuvo en consideración el principio in dubio pro matriculado.

En tal sentido, precisa que el denunciante tuvo conocimiento de sustitución de letrados al haberse notificado de la revocación del patrocinio.

IV. Que, corrido en esta alzada el pertinente traslado el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal lo contestó, solicitando el rechazo de la apelación (fs. 205/206).

V. Que, a fs. 207, emitió su dictamen el señor Fiscal General subrogante.

VI. Que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan sólo en aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (Fallos: 297:140; 301:970, entre otros).

VII.Que, además, es preciso recordar que las sanciones que impone el Tribunal de Disciplina remiten a la definición de faltas supuestamente deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales o inespecíficos, que si bien no resultarían asimilables en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente bajo un régimen de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los títulos del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que los envuelve a todos (confr. Sala III, “Escudero, Roberto Franklin c/ CPACF”, sentencia del 27/07/09, esta Sala “Ponce Azucena Isabel c/ CPACF (Expte 23056/08)”, sentencia del 4/08/11, “Fudim, Ángel Alberto c/ CPACF (Expte 21592/07)”, sentencia del 18/10/12, entre otras).

Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológica profesional es, como principio, resorte primario de quien está llamado -porque así lo ha querido la ley- a valorar comportamientos que precisamente pueden dar lugar a la configuración de infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulte manifiestamente arbitraria (confr. Sala V, causa “Alvarez, Teodoro c/ CPACF”, del 16 de agosto de 1995, esta Sala “Ponce” ya citada, entre otras).

VIII. Que, bajo los lineamientos precedentemente expuestos es que deben examinarse las defensas invocadas.

Al respecto, el art. 15 del Código de Ética dispone que “[t]odo abogado debe dar aviso fehaciente al colega que haya intervenido previamente en el caso de reemplazarlo o participar en la representación, patrocinio o defensa. Esto no será necesario cuando el letrado anterior hubiera renunciado expresamente o se le hubiera notificado la revocación de tal mandato o patrocinio.El abogado no debe tratar directa o indirectamente, ni arribar a ningún tipo de convenio o acuerdo con personas patrocinadas y/o asesoradas por otro colega, sin la intervención o conocimiento de éste”.

IX. Que cabe reseñar que de las constancias de la causa surge que el 6 de junio de 2008 la señora Charlotte Kleiman inició una sucesión testamentaria con el patrocinio del doctor Andrés Ernesto Juárez (fs. 132/134).

El 7 de octubre de ese año se presentó con el patrocinio del doctor L. C. D. y revocó el de su anterior letrado (fs. 137). Como consecuencia de ello, el 15 de octubre de ese año el doctor Juárez acreditó los gastos incurridos y el convenio de honorarios suscripto oportunamente (fs. 136).

El 12 de noviembre de 2008 la señora Kleiman le envió una carta documento al letrado en la que -en lo que aquí interesa- le informó la mencionada revocación (fs. 3), cuya contestación fue acompañada por el doctor Juárez a fs. 4.

X. Que la falta sancionada se configura con la comprobación objetiva del incumplimiento a las obligaciones impuestas y para eximirse de ella, la defensa debe acreditar causas que lo exculpan; circunstancia no se ha configurado en autos pues aquélla sólo ha ensayado argumentos evasivos que no logran conmover las conclusiones arribadas por el Tribunal de Disciplina.

En efecto, el recurrente se limita a reseñar que el Tribunal de Disciplina realizó una interpretación errónea del art. 15 del Código de Ética y que el letrado denunciante tuvo conocimiento de la sustitución al notificarse de la revocación del mandato, pero nada dice -ni prueba- en torno a que ese saber no se produjo por un obrar propio, practicándole al colega la comunicación impuesta por el Código de Ética a fin de avisarle la decisión adoptada por la parte, circunstancia que configura el reproche ético sancionado.

XII.Que, en ese contexto, en atención a que existió una conducta merecedora de sanción y que la impuesta es la de menor gravedad prevista por el art. 45 de la ley 23.187, aplicable al caso, corresponde confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68 del CPCCN).

XIII. Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 8° -modificado por el artículo 12, inciso e, de la ley 24.432-, 9°, 19 -por analogía lo dispuesto en los artículos 37 y 38- y concordantes de la ley 21.839; y habida cuenta de la naturaleza del juicio, la importancia de la cuestión debatida -la sanción impuesta al profesional denunciado- y la calidad y eficacia de la labor desarrollada ante esta instancia (conf. contestación de traslado de fs. 205/206), corresponde regular en la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) los honorarios del doctor Juan Pablo Echeverría, quien se desempeñó como letrado apoderado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:

1)Confirmar la resolución apelada, con costas (art. 68 del CPCCN).

2)Regular en la suma de ($.) los honorarios del doctor Juan Pablo Echeverría.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ROGELIO W. VINCENTI

JORGE EDUARDO MORÁN

MARCELO DANIEL DUFFY

 

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