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Por su especialización en el área, debe la justicia del trabajo intervenir en un conflicto de empleo público

TrabajoPartes: Bujia Noelia Alejandra Verónica c/ Estado Nacional Presidencia de la Nación SEDRONAR s/ medida cautelar

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 30-dic-2013

Cita: MJ-JU-M-85391-AR | MJJ85391 | MJJ85391

En virtud de la especialización de la rama y la formación en los principios rectores de sus magistrados, se juzga que es la justicia del trabajo quien debe entender en un conflicto de empleo público.

Sumario:

1.-Debe revocarse el fallo recurrido, declarando la competencia del fuero laboral, pues los conflictos vinculados con el empleo público deben ser competencia de la Justicia del Trabajo, en tanto rama especializada precisamente en relaciones en las que rige el orden público laboral y que cuenta con magistrados formados en los principios del derecho del trabajo, y con normas de procedimiento que receptan los requerimientos del principio protectorio también en la norma adjetiva.

2.-La simple lectura del art. 14 bis de la CN. revela que, a la hora de establecer garantías, el constituyente no diferenció entre trabajadores que se desempeñan para empleadores privados, o quienes lo hacen para el Estado en sus distintos niveles; por el contrario, si alguna diferencia efectuó fue para agregar en el caso del empleado público la garantía de estabilidad, por lo que esta última debe ser entendida como un escalón más de derechos respecto del resto, pero nunca para privar al empleado público de los demás derechos establecidos para el privado.

3.-En modo alguno puede entenderse que el art. 20 de la ley 18345 haya pretendido acotar la jurisprudencia del Fuero a los asuntos regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, ello por cuanto la ley ritual fue promulgada cinco años antes de que lo fuera la ley 20744 .

Fallo:

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013.

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 24/30 contra la resolución de fs. 21/23 en la que la Señora Juez a quo declaró la incompetencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en estas actuaciones.

Y CONSIDERANDO:

Que la recurrente sostiene, en lo que aquí interesa y en síntesis, que la decisión de grado resulta errónea al no aplicar lo dispuesto por el art. 196 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Refiere, además, que con la falta de aptitud jurisdiccional decidida, se ha negado a una trabajadora de su fuero natural y que el art. 14 bis de la Constitución Nacional que cimenta el orden público laboral, garantiza la protección del trabajo en todas sus formas, sentando el principio protectorio del Derecho del Trabajo, que no distingue entre empleo público o privado.

Tal como lo tiene reiteradamente dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dilucidar las cuestiones de competencia, es preciso atender, en primer término, a los hechos que se relatan en la demanda -art. 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 67 ley 18.345 y, en la medida que se adecue a ello, al derecho invocado como fundamento de su pretensión (Fallos: 305:1453; 306:1053 y 308:2230; 320:46 ; 324:4495 , 325:905 y en «Pérez, Gustavo Javier c/ Facultad de Medicina UBA y otros s/ daños y perjuicios» Competencia Nro. 495.XLV del 7 de diciembre de 2009; en idéntico sentido SI Nro.32.505 del 16 de mayo de 2011 in re «Nasife, Rossana Andrea c/Ministerio de Trabajo de la Nación Estado Nacional s/Despido», del registro de esta Sala) .

Que cabe recordar que el art.20 de la Ley 18.345 establece que será competencia de la justicia nacional del trabajo «las causas contenciosas en conflictos individuales de derecho, cualesquiera fueren las partes -incluso la Nación, sus reparticiones autárquicas, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y cualquier ente público-, por demandas o reconvenciones fundadas en los contratos de trabajo, convenciones colectivas de trabajo, laudos con eficacia de convenciones colectivas de trabajo, laudos con eficacia de convenciones colectivas, o disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo; y causas entre trabajadores y empleadores relativas a un contrato de trabajo, aunque se funden en disposiciones del derecho común aplicables a aquél»

Que, en modo alguno puede entenderse que la norma mencionada haya pretendido acotar la jurisprudencia del Fuero a los asuntos regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, ello por cuanto la ley ritual fue promulgada el 12 de septiembre de 1969, esto es, cinco años antes de que lo fuera la Ley 20.744.

Que, tampoco surge del art. 20 de la Ley 18.345 que las convenciones colectivas en las que se funde la demanda deban estar regidas por la ley 14.250, por lo que no corresponde distinguir donde la ley no distingue.

Que, por otra parte, no es posible soslayar que la simple lectura del artículo 14 bis de la Constitución Nacional revela que, a la hora de establecer garantías, el constituyente no diferenció entre trabajadores que se desempeñan para empleadores privados, o quienes lo hacen para el Estado en sus distintos niveles. Por el contrario, si alguna diferencia efectuó, fue para agregar en el caso del empleado público la garantía de estabilidad, por lo que esta última debe ser entendida como un escalón más de derechos respecto del resto, pero nunca para privar al empleado público de los demás derechos establecidos para el privado.

Que, el principio protectorio, que es considerado el fundamental y base de todos los demás reconocidos, ha sido receptado precisamente en el art. 14 bis Const.Nacional, cuando afirma que «El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador.».

Que, en consecuencia, el empleado público también debe ser considerado «sujeto de preferente tutela», como lo ha señalado la Corte

Suprema de Justicia de la Nación en el precedente «Vizzoti, Carlos A. c. AMSA S.A» , conclusión que el Alto Tribunal consideró no sólo impuesta por el art. 14 bis, «sino por el renovado ritmo universal que representa el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que cuenta con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994 (Constitución Nacional, art. 75 inc. 22)».

Que, corresponde que todas las normas que se dicten para regular la relación de empleo público sean adoptadas, interpretadas y aplicadas a la luz de los principios del Derecho del Trabajo.

Que, si el empleado público está amparado por el art. 14 bis Constitución Nacional, y en consecuencia su relación dependiente con la administración debe ser regida por normas que recepten los principios del derecho del trabajo, en especial el protectorio y todos los que del mismo se derivan; si esas normas deben tener en cuenta que el empleado público está amparado por todas las garantías establecidas en el art.14 bis Constitución Nacional, con el agregado en este caso de la que hace a su estabilidad; si todo ello implica admitir que en tanto trabajador dependiente, el empleado público es parte de una relación asimétrica, tal como le sucede a cualquier trabajador frente a su empleador, lo que justifica la existencia de un derecho especial que tienda a efectivizar la «preferente tutela» de la que debe ser objeto; en ese caso no se puede negar que los conflictos vinculados con el empleo público deben ser competencia de la Justicia del Trabajo, en tanto rama especializada precisamente en relaciones en las que rige el orden público laboral y que cuenta con magistrados formados en los principios del derecho del trabajo, y con normas de procedimiento que receptan los requerimientos del principio protectorio también en la norma adjetiva.

Que, no se requiere que la relación laboral en cuestión esté regida por la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto los Jueces del Fuero no son Jueces de la Ley de Contrato de Trabajo, tal como queda demostrado cuando se asume sin controversias la competencia para dirimir asuntos regidos por el Estatuto del Periodista, por el Estatuto del Trabajador Rural, y tantas otras normas estatutarias, al igual que lo es la Ley 25.164.

Que, teniendo en cuenta lo expuesto en los considerandos precedentes, la cuestión sometida a decisión guarda correlato con el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos «Asociación Trabajadores del Estado c/Superintendencia de Seguros de la Nación, Ministerio de Economía y Producción de la Nación», de fecha 23 de febrero de 2010, en el que adhiriendo a los términos del Dictamen de la Procuradora Fiscal Dra. Marta A. Beiró de Goncalvez, decretó la competencia del Fuero del Trabajo para entender en dichos actuados, ello en virtud de que el reclamo exigía la interpretación del Convenio Colectivo de Trabajo homologado por Decreto 214/06.Que, en línea con los argumentos vertidos supra, se sostuvo en el precedente citado que se trataba de la interpretación de un convenio colectivo de trabajo, que por su naturaleza estrictamente laboral, exigía una hermenéutica de jueces especializados en la materia.

En este contexto, no se encuentra fundamento para desplazar lo expresamente previsto por el art. 20 de la ley 18.345, por lo que sin perjuicio de lo dictaminado por el Señor Fiscal General, cabe concluir que corresponde decretar en este caso la competencia del Fuero del Trabajo para entender en los reclamos de la demanda incoada, con lo que resulta abstracto el tratamiento del agravio referido a lo normado por el art. 2 de la ley 26.854.

Que, atendiendo a la naturaleza de la cuestión debatida y ante la ausencia de controversia, corresponde que las costas sean soportadas en el orden causado (conf. art. 68 CPCCN).

Por lo expuesto, y oído el Señor Fiscal General, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1) Revocar la resolución de fs. 21/23. 2) Declarar la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en las presentes actuaciones y remitir las actuaciones al tribunal de origen a fin de que resuelva la medida cautelar solicitada, en resguardo del principio de la doble instancia. 3) Imponer las costas en el orden causado. 4) Diferir la regulación de honorarios para la etapa de la definitiva. 5) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el Art. 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase

 

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