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Procedencia del daño moral ocasionado por la falta de información respecto del resultado del procedimiento de corte canónico.

CotratroPartes: G. I. R. c/ A. de M. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: cuarta

Fecha: 7-abr-2014

Cita: MJ-JU-M-85338-AR | MJJ85338 | MJJ85338

Procedencia del daño moral que sufrió el actor por la falta de información respecto del resultado del procedimiento de corte canónico en el que se investigara la denuncia por abuso sexual que aquél realizara. 

Sumario:

1.-Corresponde admitir la demanda que persigue la reparación del daño moral que sufrió el actor por la falta de información respecto del resultado del procedimiento de corte canónico en el que se investigara la denuncia por abuso sexual que aquél realizara, pues el derecho a disponer de un determinado procedimiento para investigar las denuncias que puedan formularse, y que emerge del Derecho Canónico, debe coordinarse con el derecho de la presunta víctima a peticionar ante esa autoridad y obtener una respuesta clara, precisa y concreta a su petición; este derecho constitucional requería, en el caso, sino una participación en dicho procedimiento, al menos un pronunciamiento a tiempo y una notificación puntual de qué se había hecho con el denunciado, qué pasos se seguirían, qué sanciones se le impusieron, etc.

2.-La excusa de que no se puede perjudicar la fama de las personas involucradas es insuficiente para desechar la antijuridicidad de la conducta de la demandada, que se escuda en el carácter secreto de estos procedimientos, negándose a proporcionar la información que se solicitaba, pues en el caso no se trataba de divulgar un hecho privado en forma pública, sino un hecho ocurrido en el ámbito de una parroquia y el destinatario de la información que se requería era el propio denunciante, no un tercero.

3.-La situación de abuso sexual denunciada por el actor revestía una gravedad tal que requería una investigación por parte de la Iglesia y su debida notificación al denunciante, debiendo concluirse que la falta de noticia efectiva del seguimiento del caso, de las medidas que se adoptaron y del resultado que arrojara el procedimiento utilizado han incidido indudablemente en forma negativa en el espíritu del actor, traduciéndose en un sentimiento de injusticia, frustración e impotencia.

4.-El procedimiento canónico en sí mismo no es inconstitucional, en la medida en que se pueda compatibilizar con otros derechos fundamentales de la parte actora, quien denunció el hecho ante la autoridad eclesiástica, confiando en que aquel procedimiento sería el correcto para sancionar la conducta que se le endilgaba al sacerdote en cuestión.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza a los siete días del mes de abril de dos mil catorce, reunidos en la Sala de Acuerdos de esta Excma. Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, los señores Jueces titulares, trajeron a deliberación para resolver en definitiva los autos Nº 50.265/86.326 caratulados «G., I. R. C/A. DE M. P/DAÑOS Y PERJUICIOS», originarios del Séptimo Juzgado Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venido al Tribunal en virtud del recurso de apelación planteado a fojas 442 en contra de la sentencia de 432/435.

Practicado a fojas 499 el sorteo establecido por el Art. 140 del Código Procesal Civil, se determinó el siguiente orden de votación: Leiva, Ábalos Sar Sar.-

De conformidad con lo ordenado en el art. 160 de la Constitución Provincial, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

SEGUNDA CUESTIÓN:

COSTAS.

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. CLAUDIO F. LEIVA DIJO:

I.- Que a fojas 442 el Dr. Carlos Lombardi, por el actor I. G., interpone recurso de apelación contra la sentencia de fojas 432/435, que rechaza la demanda de daños y perjuicios promovida contra el Arzobispado de Mendoza.

A fojas 445 la Cámara ordena expresar agravios al apelante (Art. 136 del C.P.C.).

En oportunidad de expresar agravios a fojas 447/471 el Dr.Carlos Lombardi, por el actor, se queja de la sentencia apelada, señalando su injusticia en razón de no reunir los presupuestos formales y de fondo impuestos por la legislación positiva; sostiene que, en la demanda, se expresa que el actor formuló una denuncia escrita ante el Arzobispado de Mendoza por los abusos sexuales de los que fuera víctima, perpetrados por un sacerdote católico, que el Arzobispado inició una investigación y procedimiento, aplicando las normas del Derecho Canónico, que ese procedimiento fue irregular, violatorio de derechos humanos y garantías procesales contenidos en la Constitución Nacional y tratados interna-cionales con jerarquía constitucional.

Relata que el actor no tuvo la más mínima participación en el procedimiento canónico y que, como consecuencia de aquel procedimiento, contrario a la garantía del debido proceso, se violaron los derechos a la información fundada y a conocer la verdad; que dicha violación se produjo durante todo el desarrollo del proceso, que, como consecuencia de no haber sido informado, el actor se vio imposibilitado de controlar las actuaciones llevadas a cabo por el Arzobispo, solicitando se informara sobre el resultado al que llegó el prelado; que ese pedido fue desestimado sin fundamentos, consumando la violación a los derechos mencionados; indica que la Iglesia Católica es una persona jurídica pública no estatal, conforme al art. 33 del Código Civil y debe ajustar su funcio-namiento a la Constitución Nacional y Tratados Internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional.Denuncia una errónea fijación e interpretación de los hechos que dieron motivo al presente proceso, valoración arbitraria que procede de sus propias contradicciones, no habiendo entendido el hecho que motivó el presente proceso; que el juez afirma que la actora no invocó cuáles fueron los perjuicios sufridos por la falta de información, que no denunció penalmente la situación aún tratándose de mayores de edad teniendo en cuenta que de los hechos relatados surgiría un delito de instancia privada; alega el recurrente que el juez realiza una errática e imprecisa fijación de los hechos, terminando de afirmar que gran parte de la prueba producida tendiente a acreditar el abuso, no obstante que el actor planteó desde el comienzo la existencia de un procedimiento canónico ilegal e inconstitucional.

Agrega que el daño moral que se reclama en autos no se reduce al desconocimiento de las sanciones al cura abusador, pues se puso en su conocimiento verbalmente las sanciones impuestas, pero no su naturaleza y que no fueron notificadas de manera fehaciente; que el daño moral fue generado a lo largo de todo el procedimiento canónico, culminando con el rechazo sin fundamento del pedido de informes de fojas 18/20; que es el ocultamiento, la no participación y la ausencia de información fehaciente en todo el desarrollo del procedimiento canónico, lo que causó la violación de derechos y el daño moral al actor; que por ello también se planteó la inconstitucionalidad del concordato de 1.966 que permite la aplicación del Código de Derecho Canónico en nuestro país y sus cánones contrarios al orden público.

Asimismo, expresa que hay una valoración arbitraria de las pruebas aportadas y omisión de pruebas fundamentales. Puntualmente, señala que se omitió valorar la carta al lector que G.envió al Diario Uno, en la que relata en toda su extensión la inquietud espiritual y el agravio a las afecciones legítimas padecidas; que la entrevista de fojas 17 deja constancia no sólo de los padecimientos por el abuso sexual, sino por la actitud displicente del Arzobispado de Mendoza; que el acta notarial de fojas 33/34 surge que la nota que hiciera el actor fue mutilada por el médico psiquiatra Guembe; que el juez valoró erróneamente el testimonio de este médico.

Agrega que el juez valora los testimonios de fojas 123, 170 y 175 y concluye en que de los mismos surge el procedimiento que la Iglesia Católica aplica en caso de abuso sexual perpetrado por un sacerdote, sin analizar si ese procedimiento es correcto o no.

Le endilga a la sentencia una errónea aplicación del Derecho que rige el caso. Destaca el informe de la Fiscal de primera instancia en el encuadre normativo del reclamo deducido.

Asimismo, señala que el juez minimiza el daño sufrido por el actor; sostiene el recurrente que este perjuicio surge plenamente demostrado de la prueba confesional, instrumental y testimonial rendida, sin que sea necesaria una pericia psicológica; que no se trata de meras molestias y dificultades, como lo estima el sentenciante de grado.

II.- Que a fojas 472 la Cámara ordena correr traslado a la demandada, quien comparece, por intermedio de su apoderado, Dr. Luis Horacio Cuervo, a fojas 474/485 y contesta el traslado conferido.

A fojas 491/492 se agrega el dictamen del Sr. Fiscal de Cámaras.

A fojas 498 se llama autos para sentencia, practicándose a fojas 499 el correspondiente sorteo de la causa.

III.- Punto de partida del análisis del presente caso: Delimitación de la pretensión resarcitoria deducida. La posición del Arzobispado de Mendoza accionado.Que, en el caso traído a resolución, debe partirse de los hechos expuestos en la demanda, la posición asumida por el Arzobispado de Mendoza, los principios procesales aplicables al caso y las pruebas rendidas en la causa, relevantes para la solución que propondré al mismo:

a) Los hechos invocados por el actor en su escrito inicial como fundamento de la pretensión resarcitoria: Que el actor I. G. Sadler, como fundamento de su pretensión resarcitoria, alegó que denunció los abusos sexuales ante el Arzobispado de Mendoza en el año 2.001, cometidos por el sacerdote Jorge Luis Morello, materializándose la misma en un escrito en que se relatan los hechos y que fuera entregada en mano al Arzobispo José María Arancibia; que tras varios años sin noticias, a pesar de sus constantes reclamos, el 14/01/2.004, el actor denunció el hecho en el Diario Uno la grave situación y el ocultamiento de las investigaciones.

Sostuvo que la existencia de la investigación fue reconocida por el Arzobispado, aplicándose las normas del código canónico para castigar el ilícito; que ante la falta de respuestas y participación en el referido procedimiento, como consecuencia del ocultamiento y el silencio por parte del obispado, luego de que tomara estado público el creciente fenómeno de los sacerdotes abusadores, el actor decide solicitar un informe acerca de los resultados del procedimiento administrativo en fecha 10/05/2.010; que este pedido fue rechazado en fecha 21/05/2.010 por improcedente, sin fundarse el rechazo, violando de ese modo los derechos del actor a obtener información fundada y conocer la verdad, reconocidos por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional.

Sostuvo que había una violación del principio de igualdad de trato y discriminación por parte del Arzobispado de Mendoza, ya que la colaboración con la justicia anunciada por los medios de comunicación social, como consecuencia de nuevos casos de abusos sexuales de parte de un cura filipino, no se hizo extensiva al actor de estos autos.Alegó padecer daño moral, cuantificando su pretensión en la suma de $ 40.000.

Además, planteó la inconstitucionalidad de la ley 17.032 que puso en vigencia el Acuerdo celebrado entre la República Argentina y la Santa Sede, llamado Concordato con la Santa Sede de 1.966, cuyo art. 1° faculta a la Iglesia Católica a tener sus propias normas jurídicas, su propio ordenamiento normativo que, en el caso del actor, resultan contrarias y violatorias a las declaraciones, derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales sobre derechos humanos y el art. 27 de la Convención de Viena.

Fundó en derecho y ofreció prueba.

b) La posición asumida por la demandada: la falta de contestación de la demanda: Dispuesto el traslado de la demanda a fojas 61, se notifica a la demandada a fojas 65, sin que compareciera a contestar demanda; al respecto, puntualizo que la no contestación de la demanda produce una inversión de la carga de la prueba, toda vez que establece una presunción de la veracidad de los hechos sostenidos por la actora, que debe ser confirmada por la prueba del actor o destruida por la del accionado.

Dicho en otros términos, el silencio del demandado supone un reconocimiento tácito de la verdad de los hechos expuestos por el demandante, siempre que tales hechos no resulten imposibles o inverosímiles y por consiguiente su descargo pr obatorio, de ahí que mientras no exista prueba en contrario esos hechos pueden ser admitidos en la sentencia.

La incontestación de la demanda, por parte del demandado, impone no extremar el rigor en el análisis y ponderación de la prueba rendida, siendo suficiente que ella se baste, aunque fuere indirectamente, para corroborar la presunción que, a favor de los derechos del actor, resulta de esa omisión.Si alguna duda pudiera surgir de la valoración de la prueba, debe resolverse a favor del accionante, por cuanto es justo que las consecuencias las soporte quien no satisfizo una carga procesal de tanta importancia en la traba de la litis (Ver, por ejemplo: Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, expte. N° 33.691, «AADI CAPIF A.C.R. C/Prop. De Polo Ralph Lauren Paula Cahen Danvers P/Cobro de pesos», 13/09/2012, LS 140 – 91).

El deber procesal impuesto por el art. 168 del Código Procesal Civil sanciona el incumplimiento del deber de contradicción formal, esto es, la falta de explicaciones categóricas en torno a los hechos relatados por la accionante, así como la expresión de su conformidad o disconformidad con las pretensiones de quien acciona, con la posibilidad de que tal incumplimiento de su carga procesal sea apreciada como un reconocimiento tácito de la verdad de los hechos expuestos por el demandante, siempre que tales hechos no resulten imposibles o inverosímiles.

c) Medios de prueba rendidos vinculados con los hechos denunciados por el actor relativos al caso de abuso sexual. Que a fojas 5/11 se agrega una copia de la nota dirigida por el actor, I. Rubén G. Sadler, al Sr. Arzobispo de la Arquidiócesis de Mendoza, fecha el día 21/03/2.001; en esta nota, se contiene, indudablemente, una denuncia de una serie de circunstancias vinculadas a la relación que habría mantenido con el sacerdote Jorge Morelo, exponiéndose, incluso, situaciones que éste habría protagonizado con otras personas.

El Dr. Roberto Guembe, psiquiatra, a quien los sacerdotes Martín y Lorente recomendaron para que fuera atendido el Sr.G., declara a fojas 118/121; se agrega fojas 117 una historia clínica que confeccionara en marzo de 2001 en adelante, cuando tuvo lugar la atención del actor; declara algunos antecedentes de éste, dice desconocer si hubo abuso por parte del diácono con quien habría mantenido una relación sexual, y que lo acompañó al Arzobispado, aunque no recuerda bien qué se trató en dicha reunión; también señala que relaciona la atención de G. con el cura Martín, que el actor vivía en San Martín y que al momento de la consulta tenía 21 años; que tuvo cinco consultas durante los meses de marzo y abril de 2.001 y agosto de ese mismo año; no recuerda si lo acompañó para denunciar algo, o si fue a aclarar la ruptura con su pareja refiriéndose al diácono psicólogo; destaca que tiene una personalidad anormal, empleando esa terminología cuando encuentra alteración en la capacidad amatoria, alteración en la temporalidad y la discapacidad en tomar expe-riencia; que alguna de esas características había observado en el paciente; admite que él tachó los nombres de las diversas personas que se mencionaban en la denuncia de fojas 5/11, para proteger los derechos de esos terceros que podían verse involucrados.

Afirma el psiquiatra que, según historia clínica, había mantenido relaciones sexuales con un diácono psicólogo que había cortado esa relación dos semanas antes de la consulta.

Resultan relevantes los testimonios de los sacerdotes que acompañaron a I. G.en la Parroquia del Carmen de San Martín en la época en que ocurrieron los hechos denunciados; ellos fueron Sergio Alberto Martín y Omar Horacio Lorente; el sacerdote Martín declara a fojas 170//173; dice que Morelo llegó como diácono a la Parroquia luego de que el testigo asumiera como párroco, que conoció a varios jóvenes de la parroquia de Santa Cruz que lo visitaban y que eran amigos suyos; que no vio una relación sentimental con ninguno de ellos; que sabe que el actor fue víctima de presuntos abusos sexuales en la Parroquia por parte de Morello, que tuvieron relaciones homosexuales, que lo supo después de mucho tiempo que las llevaban adelante, porque I. se acercó después de una pronunciada distancia que había establecido en los diálogos es-pirituales, que un día le pidió conversar y le comentó esto; que sintió el inmediato deseo de ayudarlo, que lo envió al psiquiatra Roberto Guembe y conoció el informe que éste le pidió que realizara, que esa derivación la realizó a título personal después de haber escuchado a I., sin consultarlo con la autoridad.

Agrega que el médico le pidió que distanciara a I. del ámbito de la parroquia cuanto antes para que pueda tomar distancia del contexto, porque Morello seguía allí y lo llevó a casa de sus padres, pidiéndoles que le otorgaran tranquilidad; que I. confeccionó un escrito a mano y lo escribió en una de las computadoras que se encontraban en casa de sus padres. Señala que él se quedó con una copia del escrito y lo guardó en la caja fuerte de su escritorio en la parroquia.Destaca en respuesta a la vigésima y vigésima primera sustitución que advirtió una incomunicación de Morello con el testigo, para llevar adelante tareas pastorales, el abandono que hacía sin avisarle de la parroquia, con tareas ya programadas para hacer, y la falta de claridad en muchas de sus relaciones humanas y que lo que más captaba de Morello era como una manipulación que hacía de las personas, aunque aclara que nunca de abusador sexual; señala que decidido el traslado de Morello, nunca fue notificado ni avisado de la medida.

El sacerdote Omar Lorente declara a fojas 175/177; dice que conoció al actor cuando colaboraba en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de San Martín, como al presbítero Jorge Morello; que sabe que Morello fue denunciado por el Sr. G. por presuntos abusos sexuales; corrobora que el Sr. G. fue derivado al Dr. Guembe; que tomó conocimiento de los hechos cuando el presbítero Martín le pidió que ayudara espiritualmente a G. debido a una relación impropia que había mantenido con Morello; en la respuesta a la décimo cuarta sustitución, dice que I. le expresó siempre que habían sido situaciones de abuso; admite haber cuestionado al obispo la forma en que manejó el Arzobispado los hechos relatados por el Sr. G. en tanto éste no había sido lo suficientemente atendido en tal situación.

Además, presta declaración Andrés Gioeni a fojas 282/283. Señala que conoció a I. G. aproximadamente desde el año 1.999 cuando trabajaba en la Parroquia de San Martín, que tuvo conocimiento de los hechos que denunciara por los medios de comunicación. En la sexta pregunta, dice que fue citado por el Arzobispado de Mendoza hace más o menos 11 años, pero juró silencio sobre lo que ahí se dijo.Manifiesta que sabe que a Morello lo enviaron a otra parroquia, aunque desconoce los motivos, porque, como pasa siempre, nunca se dice el motivo o se inventa algún otro; en la respuesta a la segunda ampliación referido a si tiene conocimiento de que Morello tuviese otros antecedentes siendo sacerdote como abusador, responde que pudo observar que varias personas menores a él a las que cautivaba, en distintas parroquias, para obligarlas a hacerles un seguimiento psicológico, que estuvo como seminarista en la Parroquia de Santa Cruz de Las Heras y ahí él tenía también su círculo de seguidores; como sacerdote el testigo no siguió después su desempeño, pues se fue de la diócesis.

Aclara el testigo que si la pregunta es más amplia y se retrotrae al pasado de Jorge, antes de ser sacerdote, si pudo presenciar otros antecedentes; precisa en la primera repregunta que no es que haya tomado conocimiento de antecedentes, sino que él mismo los percibía, que percibía su modo de actuar, sus conductas psicopáticas, para con chicos jóvenes de las diferentes parroquias en las que él prestaba algún tipo de servicio eclesial, ya que él antes de ser sacerdote, fue diácono; que cuando se refiere a los abusos, lo hace respecto a la forma de actuar psicopática en la que el Sr. Morello envolvía a sus interlocutores, que nunca pudo presenciar lo que hacía cuando cerraba las puertas con llave; que si lo que veía era impropio de un diácono, en varias oportunidades pudo decírselo a las autoridades eclesiásticas encargadas de disponer o no su ordenación sacerdotal; que no realizó una denuncia escrita pero el modo en que ecle-sialmente se manejaban estos asuntos era a través de la corrección fraterna y comunitaria; destaca que habló formalmente con los responsables de decidir su futura ordenación sacerdotal.

Por su parte, luce a fojas 198/199 el testimonio del sacerdote Fabián Bernardo Vilches; en lo que aquí interesa, coincide en que G. fue atendido en 2.001 por el Dr.Guembe; señala que fue llamado por el Arzobispo y preguntado si conocía sobre la relación entre Morello y G.; sostiene que conoció la relación, pues era visible, se los veía siempre juntos, era una relación muy cercana entre los dos; que estuvo viviendo en el año 2.000 en la Parroquia del Carmen y lo pudo constatar; que tuvo conocimiento del traslado de Morello, que fue dispuesto sorpresivamente.

Jorge Morello declara a fojas 182/183; de su declaración solo vale mencionar que reconoce la existencia de la denuncia en su contra formulada por G.; dice que los hechos relatados eran falsos y admite haber recibido una amonestación canónica que firmó por obediencia, desconociendo la razón, en tanto no hubo diálogo, la razón dice no recordarla.

d) Los hechos posteriores a la denuncia presentada ante el Arzobispado de Mendoza: Que el actor invocó en su demanda que existió una investigación que se materializó en un procedimiento administrativo interno, iniciado por el Arzobispado de Mendoza, como consecuencia de la denuncia que formulara y que redactó en un escrito entregado en manos del Arzobispo; que diversas declaraciones demuestran que no se protegió a la víctima, violándose los derechos a la información fundada y a conocer la verdad. Alegó que nunca se le dio participación, ni se notificó el resultado de esa investigación de manera fehaciente.

A fojas 17 se agrega una nota publicada en la edición del Diario Uno de fecha 14/01/2.004, titulada: «Joven denunció abuso de un vicario»; en esta nota, se expone por el actor su deseo de ser sacerdote, indicando que la acción del sacerdote lo alejó, que el acusado fue trasladado y que el hecho había ocurrido tres años antes en San Martín.En el recuadro inferior de la página, se le pregunta qué esperaba cuando acudió a Arancibia, contesta que le dijo que iba a acatar su decisión, pero que creyó que iban a dedicarse a ayudarlo y que nadie lo llamó; que sólo buscó la responsabilidad si alguien puso a otro en una parroquia es responsable de él, que el párroco Sergio se hizo cargo de acompañarlo y ayudarlo, quizás porque conocía la realidad de la Iglesia; manifiesta que le dijo a Arancibia que se había equivocado al designar el vicario Morelo y que él esperaba que lo aceptara; que la Iglesia sigue siendo luz para los hombres, pero que, en su entender, tienen que empezar a tomar otras actitudes; que no se puede castigar a los curas mandándolos a otras parroquias. Respecto de la investigación iniciada en el Arzobispado, señala que Arancibia le mostró su escrito a Morello y este habría dicho que el 85 % era mentira, que conoce que se preparó una especie de castigo pero no sabe si se lo aplicó.

En otro recuadro ubicado en la parte inferior derecha de la página, se titula «El Arzobispo está al tanto y tomó medidas», explicándose que el Arzobispado dio el siguiente comunicado: «El obispo está al tanto de esta situación. Quiere seguirla acompañando paternalmente, con cercanía y con el respeto que merecen todas las personas.El Arzobispado informa que se han tomado sobre el tema las medidas que se han juzgado más oportunas y necesarias conforme a las orientaciones de la Iglesia.»

Según los mails que adjunta la demandada a fojas 79/85, el actor mantuvo comunicación por vía de correo electrónico con el Arzobispo José María Arancibia (a partir del 19/08/2.008); de allí surge que se habría encontrado con él en el aeropuerto, lo que motivó un breve diálogo, que concluyó con el pedido de audiencia en dicho mail; así, se le respondió el mail y se otorgó la audiencia con el Arzobispo el día 20/09/2.008; se adjunta otro mail posterior de fecha 19/03/2.010, en el que I. se dirige a la Secretaría Privada del Arzobispado, tras manifestar estar contento de que pueda manejarse algunos temas con respeto y sinceridad, menciona que quedaba pendiente un encuentro para fin de año, indicándose que el P. Gerardo estaba al tanto de un pedido que quería realizarle.

También se observa un mail impreso de fecha 20/03/2.010 dirigido a Sergio Buenanueva, en la que el actor manifiesta su desacuerdo con algunas ideas que expone este sacerdote en su blog; manifiesta tener buena voluntad, especificando que ello no implica permisividad y falta de valentía para decir con libertad su parecer sobre temas tan delicados; el mail es respondido en fecha 23/03/2.010; el actor el mismo día envía un nuevo mail, diciendo que siente en ese mensaje mucha sinceridad y el gran paso que han dado para hablar del tema «sin miedos, ha sido muy importante para mí, siento que han comprendido lo doloroso de la situación».

A fojas 18/20 el Dr. Carlos Lombardi, en representación del Sr. I.G., presenta una nota ante el Arzobispado de Mendoza, solicitando informe por escrito del resultado de la investigación que, de acuerdo a lo normado por el canon 1717 y las manifestaciones del Arzobispado de Mendoza efectuadas en Diario Uno del 14/01/2.004, debieron realizar en sede canónica el presunto abuso sexual cometido por un presbítero; esta nota presentada ante el Arzobispado en fecha 10/05/2.010, fue desestimada por improcedente en fecha 21/05/2.010, sin mayores fundamentos.

A fojas 132/133 el Arzobispado de Mendoza adjuntó copia certificada del comunicado denominado «Aclaración del Arzobispado de Mendoza», publicado en su página web del 21/05/2.010 relativo al comportamiento inmoral de un sacerdote; textualmente se dijo: «Ante la información que circula por algunos medios de comunicación sobre el comportamiento inmoral de un sacerdote, este Arzobispado considera oportuno informar a los fines y personas de buena voluntad: 1. Hechos como éste siempre nos entristecen y causan profundo dolor. La Iglesia hace lo posible por atender a las personas implicadas. 2. Corresponde aclarar que no se trata de un caso de abuso sexual de un menor, ni de pedofilia. 3. En su momento, el Arzobispado siguió los procedimientos previstos por la ley de la Iglesia para esta situación y acompañó personalmente a las personas involucradas.»

A fojas 32 se glosa copia de una nota del Diario Uno del día 23/05/2.010, dedicándose un apartado de la misma titulada «Preservar a las personas no es lo mismo que ocultar»; allí se expresa respecto a la denuncia del actor por parte del Arzobispo: «Veo conveniente recalcar que mantener reserva, respetando las personas no es lo mismo que el ocultamiento. Ocultamiento es cuando debe dar una noticia y no la doy, cuando oculto una información; pero preservar las acciones que una persona y una institución realiza no es ocultamiento cuando hay motivo para mantener cierta reserva.Preservar a las personas no es lo mismo que ocultar».

En esta oportunidad, también se manifiesta reconocer «el dolor de las personas, las acciones de la Iglesia y el acompañamiento que realizamos. No decir más tiene este principio de respeto a la institución que actúa de acuerdo a sus procedimientos. En la iglesia hay una graduación para corregir una persona y que va, desde un concejo fraterno hasta una pena propiamente dicha. Fuimos leales y cuidadosos con las personas y por eso no me siento obligado a dar cuenta de lo que la Iglesia hizo porque están involucradas personas que fueron atendidas, escuchadas, aconsejadas y acompañadas.»

Por último, menciono el mail general a diversos integrantes del presbiterio de Mendoza adjuntado con la contestación de demanda de fojas 83 de fecha 08/06/2.010, en la que el actor manifiesta su malestar respecto a la postura asumida por la Iglesia, tanto en los medios de comunicación, como en la página web del Arzobispado.

e) Algunas consideraciones iniciales en torno al reclamo deducido. Delimitación de los hechos base de la pretensión resarcitoria. Ahora bien, por una cuestión de orden metodológico, atento a la diversidad de cuestiones implicadas, parto de considerar, entonces, que el hecho denunciado, como lo expone el actor en su demanda, no fue controvertido por la demandada (Art. 168 del C.P.C.), a lo que he agregado, a riesgo de ser denso en la redacción de esta sentencia, las principales pruebas vinculadas con la denuncia inicial y el posterior derrotero que debió protagonizar el actor.

Piénsese que, en este tramo inicial del tratamiento del caso, surgiría que hubo más que una simple «relación homosexual consentida entre personas mayores», pues, por un lado, según surge de la nota dirigida al Arzobispo en la que denuncia la historia vivida por él, y denunciando, incluso, otros hechos de la misma naturaleza con otros individuos, el Sr. G.contaba tan sólo con 21 años (esta nota no fue desconocida por la contraria, en la oportunidad procesal respectiva); por otro lado, no se está hablando de una relación sexual pasajera, sino que se habría prolongada por dos años, es decir, desde que la presunta víctima tenía 19 años, en esa época menor de edad, que alegó una particular situación de vulnerabilidad que fuera aprovechada por el sujeto denunciado, en las circunstancias que se denunciaran, según puede entenderse de los testimo-nios de los sacerdotes Martín y Vilches y, en parte, de la declaración del sacerdote Lorente, ya referenciados en sus partes pertinentes.

Dicho esto, tengo claro que aquí no se está juzgando la existencia de un delito, que, por lo demás, de haber existido, no se denunció ante la justicia penal. El actor no eligió la vía judicial, sino que, por el contrario, recurrió a la misma Iglesia a pedir ayuda ante la situación que denunciara, en cuyo ámbito había transcurrido la mentada relación.Mal podría decir que el actor se sometió voluntariamente a un régimen jurídico para negarle validez a su ulterior cuestionamiento, pues, estando en juego derechos humanos fundamentales tales como el derecho a la integridad personal, a la salud, a la intimidad y al Honor, a la tranquilidad mental y al normal desarrollo de su personalidad, no hay posibilidad de aplicar la teoría de los actos propios, ni considerar renunciados los remedios legales para acudir en protección de los mismos.

Desde esta plataforma fáctica, consideraré el tratamiento de los diversos agravios que vierte el recurrente en su escrito de fojas 447/471; en este orden de ideas, vale apuntar que «la apelación devuelve a la Alzada la plena jurisdicción sobre el asunto que se le difiere y juzga como el primer Juez, tanto sobre los hechos como el derecho, pudiendo dar una motivación enteramente autónoma o concordante con la de la sentencia o auto recurrido, en virtud de que tiene el conocimiento pleno de todas las razones propuestas, siendo el objeto de su examen la relación jurídica entablada y no la sentencia del inferior». (Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, Paz y tribunario de Mendoza, expte. N° 21.710, «Castro, Carlos Santo c/Banco de Mendoza p/Ejecución de honorarios», 26/05/1995, LA 075 – 064).

IV.- La cuestión de la inconstitucionalidad que deduce el actor en su demanda. Los dictámenes fiscales de primera y segunda instancia: Que debo analizar, en primer término, si la demandada actuó o no antijurídicamente en el caso, cuestión en la que viene implicado el planteo de inconstitucionalidad que deduce en el mismo escrito inicial. Vis to desde otro punto de vista, debo decidir si asistía un derecho a la información y participación en el procedimiento de investigación de la conducta de un sacerdote, ante la denuncia que formulara en aquel escrito de marzo de 2.001 cuando el actor contaba con sólo 21 años edad ante el Arzobispado de la Provincia de Mendoza.a) Los fundamentos del planteo de inconstitucionalidad deducido en la demanda. Derechos fundamentales, normas, valores y principios y su ponderación en el caso: Reseño que la parte actora fundamenta su planteo de inconstitucionalidad del siguiente modo: a) La Ley 17.032 es contraria a la Constitución ya que el Congreso de la Nación no tuvo la oportunidad de tratarla conforme los mecanismos normales para la sanción de las leyes establecidas por la Carta Magna, que esta ley introdujo y puso en vigencia el Acuerdo con la santa Sede, ya que conforme el Boletín Oficial la misma fue sancionada por el gobierno de Onganía (publicada en el Boletín oficial del día 22/12/1.966); no se respetó el mecanismo previsto por la Constitución para la sanción de las leyes; b) El Concordato no tiene la misma jerarquía que la Constitución y los Tratados sobre Derechos Humanos, de manera que la Iglesia Católica debe ajustar su funcionamiento y normas jurídicas a las declaraciones, derechos y garantías. Invoca el art. 31 de la Constitución Nacional; c) El Concordato dispone que el Estado Argentino reconoce y garantiza a la Iglesia Católica el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual, el libre y público ejercicio de su culto, así como la de su jurisdicción en el ámbito de su competencia para la realización de sus fines específicos. Cita jurisprudencia en apoyo de su argumentación; d) Es inconstitucional el art.27 de la Convención de Viena; sostiene que el Concordato es un Tratado internacional entre dos sujetos de derecho Internacional Público, pero no es superior a la Constitución y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos; que el contenido del tratado debe conformarse con los principios de derecho público establecidos en la Constitución; que la doctrina constitucionalista es unánime en sostener que no existe fundamento constitucional alguno para sostener que los Tratados son una especie de super ley a la cual está su-bordinada la propia Constitución; e) Alega en concreto que al actor no sólo se le negó participación en el procedimiento administrativo iniciado por el Arzobispado, lesión a la garantía de defensa en juicio, sino que cuando solicitó información acerca del resultado del mismo, también se le denegó sin fundamento alguno; que no puede alegarse el Concordato para eximirse del control jurisdiccional, pues se configuraría, además, un abuso de poder.

b) Cuestiones sobre la declaración de inconstitucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico: Es dable destacar que la declaración de inconstitucionalidad de un dispositivo legal constituye un acto de suma gravedad que debe ser considerado como «ultima ratio» del orden jurídico, por lo que esa declaración requiere no sólo el aserto de que la norma impugnada causa agravio sino también la demostración de tal agravio, que sirve de fundamento a la impugnación en el caso concreto. (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1981/04/09, «Aranda de Casanova, Ana P. y otros c. Hermida, Baldomero D.», CS Fallos, 303-531; también puede verse entre muchos: 1992/05/12, «Bruno Hnos. S. C. y otro c. Estado nacional -A.N.A. LL 1992-E, 480 – DJ, 1993-1-987; del 1989/08/29, «Disco, S.A. c.Provincia de Mendoza», LL 1990-A, 363 – DJ, 1991-2-48).

El control judicial de constitucionalidad es un derecho y un deber para la judicatura de una tarea suprema y fundamental para los magistrados judiciales y de una función moderadora a cargo del Poder Judicial, esto es de control respecto de los demás poderes del Estado, circunstancia que confiere a tal quehacer matices políticos constitucionales, de índole gubernativa. El Poder Judicial realiza un autocontrol de constitucionalidad de sus propios actos y en este sentido puede mencionarse la revisión administrativa y jurisdiccional de los órganos judiciales superiores sobre los inferiores, donde también debe resguardarse la supremacía de la Constitución; la doctrina de la sentencia arbitraria puede ser un buen ejemplo de ello.

El perfil del control de constitucionalidad en la Argentina cuando es operado por el Poder Judicial, tiene los siguientes matices: difuso, letrado en su mayor parte, permanente, reparador y preventivo, opera por vía de acción y excepción, es incondicionado en función de los sujetos es amplio; actúa a pedido de parte, es parcial, vigila actos, normas y omisiones; tiene efectos decisorios, no implica la derogación de normas, tiene eventualmente efectos restitutivos y retroactivos y está sujeto a control supranacional. (SAGÜÉS, Néstor Pedro, «Derecho procesal constitucional. Recurso extraordinario», Astrea, Buenos Aires, 2.002, Tomo I; 4 edición actualizada y ampliada, pág. 95 y sgtes.)

En general, debe probarse la existencia de un perjuicio efectivo sufrido por el impugnante; la declaración de inconstitucionalidad de una ley no debe hacerse en términos genéricos o teóricos; no basta, en consecuencia, con la aserción de que la norma impugnada puede causar agravio constitucional, sino que debe afirmarse y probarse que ello ocurre en el caso. El perjuicio debe ser alegado por el propio titular del derecho afectado. (Bianchi, Alberto B., «Control de constitucionalidad. El proceso y la jurisdicción constitucionales», Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 1.992, pág. 164 y sgtes.; puede verse la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:1998/05/07; «Prodelco c. Poder Ejecutivo Nacional», LL 1998 C, 574 DJ, 1998 2 738; criterio reiterado en fecha 07/05/1.981, «Orgaz Ahumada, Jorge», LL 1981 L, 177 DT, 980 1261 ED, 94 247; 07/12/1.982, «Liguori, Angel P.», CS Fallos, 304 1796; 02/12/1.982, «Esquivel, Rubén H. c. Banco de la Provincia del Chaco», CS Fallos, 304 1740; Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1991/05/07, «Rallín, Hugo F. y otros.», LL 1991 D, 474 DJ, 1991 2 785).

c) La jerarquía normativa de los tratados luego de la reforma constitucional de 1.994: La cuestión de la jerarquía normativa de los Tratados cambió radicalmente luego de la reforma de 1.994; así, las nuevas cláusulas contenidas en dos incisos del art. 75 CN, sobre las atribuciones del Congreso, introducen modificaciones a las disposiciones correlativas (arts. 27 y 31 CN) de la Constitución histórica: en efecto, el inc. 22 establece, en su primer párrafo, el principio general en la materia cuando expresa que «los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes».

De resultas de estos nuevos contenidos, la cuestión referida a la relación jerárquica existente entre leyes y tratados ha quedado zanjada. A tal efecto, la solución surge de considerar que este nuevo precepto contemplado en la primera parte del mencionado inciso completa la redacción del art. 31, de modo que hoy dentro del orden de prelación del bloque de constitucionalidad federal, los tratados deben ser intercalados entre la Constitución y las leyes.

El constituyente ha seguido una corriente que se impone en el derecho constitucional comparado tendiente a la internacionalización de los derechos humanos. En tal sentido, el ya citado inc. 22 del art. 75 CN, menciona expresamente dos declaraciones y nueve convenciones internacionales referentes a derechos humanos. Pues bien, todas estas normas tienen jerarquía constitucional, lo que de ninguna manera importa la incorporación de dichos tratados a la Constitución, sino y solamente que tienen una igualdad de rango con ella.Esta característica del tratado puede ser modificada a través del procedimiento que la misma disposición contempla, según el cual puede denunciarse un tratado con jerarquía constitucional o bien incorporarse un tratado de derechos humanos a este nivel.

Es decir que a diferencia de los restantes tratados, éstos sólo pueden ser denunciados a través de un procedimiento particular. Al respecto, ese mismo inciso dispone que «sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara».

Es decir que se trata de un acto jurídico complejo ya que, a diferencia de lo que sucede con los restantes tratados, el Presidente no podría denunciarlos por sí solo, sino que necesita para ello del aval previo del Congreso, con la mayoría calificada que la cláusula transcripta exige.

No se trata de una lista cerrada, ya que es posible lograr que otros tratados de derechos humanos adquieran jerarquía constitucional. A esos efectos, el constituyente estableció que una vez que el tratado ha sido aprobado por el Congreso, deberá ser sometido a una nueva votación en la cual será necesario el «voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional».

El constituyente manifiesta que estas convenciones «en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos». En este punto Bidart Campos sostiene que, a efectos de encontrar un hilo conductor que permita compatibilizar estas disposiciones con las de los arts. 31 y 27 CN, se vale del significado del término «complementario» que importa algo que se suma a lo preexistente y que de ninguna manera constituye algo accesorio que debería subordinarse a los contenidos de la Constitución histórica en la materia.Por ende, toda interpretación deberá perseguir como objetivo dar adecuada e integrada recepción a los contenidos procedentes de los poderes constituyentes originario y derivado. La complementariedad de dichos instrumentos tampoco implica su accesoriedad, sino que refleja su carácter de instrumentos que vienen a llenar vacíos e implicitudes de nuestro sistema.

El orden de prelación que ha establecido la reforma de la Constitución argentina constituye el andamiaje apropiado para que se concreten los controles de constitucionalidad y de convencionalidad. Este último es ejercitado tanto en el ámbito nacional como en el internacional. La jurisdicción nacional, al interpretar las normas locales, debe velar poniendo todo su empeño para que ellas se adecuen a lo que contemplan los tratados; así se evitará lo máximo posible que se susciten juicios ante la jurisdicción internacional.

Esta suerte de control preventivo de convencionalidad a cargo de los jueces nacionales tiene además como objetivo principal el de evitar la responsabilidad internacional del Estado. En consecuencia, deben interpretar las normas en los casos en los que les toca pronunciarse de tal modo que se adecuen de manera concordante a la convergencia entre las normas de fuentes diversas. Ello no se limita al texto de los tratados sino también a la interpretación que han hecho a nivel interamericano la Comisión y la Corte previstas como autoridades de aplicación en el Pacto de San José de Costa Rica. (SABSAY, Daniel Alberto, «El bloque de constitucionalidad federal y el control de convencionalidad», LA LEY 2013 – B, 944).

d) La normativa emergente de la ley 17.032. Los concordatos cele-brados con la Iglesia Católica Apostólica Romana: En Argentina la Iglesia Católica es una persona jurídica de carácter público, conforme así lo establece el art. 33 inc. 3° del Cód. Civil, y para la doctrina que se ha ocupado del tema, como tal se encuentra en igualdad de condiciones jurídica con el Estado, las Provincias y los Municipios (incs.1° y 2°); además de poseer personería jurídica propia, tiene competencia para actuar dentro de su propia jurisdicción, expresamente reconocida y garantizada ésta en el Acuerdo de 1966. A su vez el derecho aplicable a la misma es el Código de Derecho Canónico. (FIGUEROA, Arturo J., «Jurisdicción eclesiástica», LA LEY 1991 – C, 200 – DJ 1993 – 1, 873).

Vale precisar que, durante el gobierno de facto surgido de la «Revolución Argentina» de 1966, bajo la presidencia del teniente general Juan Carlos Onganía se reunieron en Buenos Aires los plenipotenciarios argentino y vaticanense, el Ministro de Relaciones Exteriores nacional, doctor Nicanor Costa Méndez, y el Nuncio Apostólico Monseñor Humberto Mozzoni, para concluir la celebración del tratado-concordato que «arreglaría» definitivamente la situación del Estado Argentino con el poder espiritual. El 10 de octubre se suscribió el acuerdo, que luego fue aprobado por la ley nacional 17.032 del 23 de noviembre de 1966; y ratificado por Argentina y el Vaticano, en Roma el 28 de enero de 1967.

Precisa la doctrina especializada que los Concordatos son pactos internacionales que celebra el Sumo Pontífice como soberano espiritual o como jefe del Estado del Vaticano con uno o varios Estados políticos determinados o sujetos del derecho internacional público. Un tratado es celebrado entre dos -o más- sujetos de derecho internacional público, en un Concordato uno de los sujetos necesaria y obligatoriamente es la Santa Sede; en cuanto a la forma y al modo de celebrarse el «concordato» casi no difiere con la de un Tratado del derecho internacional público. Pero es la «materia» la que imprime el sello distintivo entre el Tratado y el Concordato. En efecto, mientras en los tratados cualquier objeto puede ser transado -y hasta cedido-, en los Concordatos existe una limitación cualitativa dada por el objeto (cuestiones espirituales, terrenales o mixtas) y por la misma naturaleza de la Iglesia: nada que implique una lesión al Derecho Divino o al bien de las almas.Los Concordatos son tratados internacionales singulares, cuyo fin trascendente es el bien común espiritual.

El actual Código de Derecho Canónico establece que «Los cánones del Código no abrogan ni derogan los convenios de la Santa Sede con las naciones o con otras sociedades políticas; por tanto, estos convenios siguen en vigor como hasta ahora, sin que obsten en nada las prescripciones contrarias de éste Código»; por medio de esta norma se dejó claramente establecido que la sanción de una ley posterior de la Iglesia (CDC) no derogaría ninguna ley anterior referida a convenios (concordatos y/o cualquier otro tipo de pactos) que la Santa Sede hubiera celebrado con otro Estado o con sociedades políticas. (MONTILLA ZAVALÍA, Félix Alberto, «Conceptos sobre el Derecho Concordatario. Las relaciones convencionales internacionales entre la Iglesia Católica y las sociedades políticas», LA LEY2002-D, 992; puede verse: ZIULU, Adolfo Gabino, «Las relaciones entre el Estado y la Iglesia», LA LEY 1991 – E, 1527; D?’ORS, Álvaro, «Los principios orientadores del nuevo Código de Derecho Canónico», LA LEY1983 – C, 944).

e) Resumen del informe rendido por la Sociedad Argentina de Derecho Canónico: A fojas 288/289 obra informe de SADEC, Sociedad Argentina de Derecho Canónico; allí se expresa que el denominado «Acuerdo de Buenos Aires», firmado en el año 1.966 entre la República Argentina y la Sede Apostólica, ratificado por parte de la Argentina por Ley 17.032, se encuentra efectivamente vigente y que la Constitución en su art. 75 inc. 22 establece que «los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes».

Allí, se indica que el art.1° de dicho instrumento de Derecho Internacional Público, establece que «El Estado Argentino reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual, el libre y público ejercicio de su culto, así como de su jurisdicción en el ámbito de su competencia para la realización de sus fines específicos».

Agrega el informe que en la República Argentina, la Iglesia Católica en todas sus expresiones se rige para sus cuestiones institucionales, pastorales, disciplinares y toda otra cuestión que haga a su vida interna por el Derecho canónico regido en el código promulgado en 1.983 para la iglesia latina y en el código de Cánones de las iglesias Orientales promulgado en 1.990 para las iglesias orientales sui iuris, así como por los demás textos legislativos de carácter universal y particular.

Además, se destaca que la normativa canónica, en el canon 1717 del Código de Derecho Canónico establece para el Ordinario la obligación de velar para que, al hacer una investigación penal, no se lesione la buena fama de alguien y que al respecto dispone: «2. Hay que evitar que, por esta investigación, se ponga en peligro la buena fama de alguien» y en el canon 1455 dice: «Los jueces y ayudantes del tribunal están obligados a guardar secreto de oficio de todo juicio penal y también en el contencioso cuando puede seguirse algún perjuicio para las partes de la divulgación de algún acto procesal».

Especifica que con respecto a los cánones 1339, 1340, 1341 y 1342 se encuentran efectivamente vigentes.Señala, además, que de acuerdo a las normas mencionadas, el Ordinario puede corregir paternalmente, aconsejar, amonestar, reprender, como también puede aplicar penitencias y remedios penales, según su prudente criterio, decisiones que admiten la interposición de recursos de carácter administrativo para impugnarlas ante instancias superiores; se precisa que para la imposición de penas eclesiásticas, es preciso promover el debido proceso judicial o un procedimiento administrativo penal que permiten el ejercicio del derecho de defensa; que en cualquier caso el debido proceso judicial es ineludible hasta la sentencia firme si se trata de la imposición de una pena perpetua; que la apelación contra la sentencia judicial o el recurso contra el decreto que imponen o declaran cualquier pena tienen efecto suspensivo (canon 1353).

Agrega que en los supuestos en que se investigue un delito contemplado en el Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis tutela (texto ordenado al 25/07/2.010), el caso debe ser puesto en conocimiento de la Santa Sede, en virtud de la competencia originaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a tenor del art. 52 de la Constitución Apostólica Pastor Bonus, para que dicha Congregación disponga acerca de la forma de su prosecución o bien avocación al caso de la misma Congregación para la Doctrina de la Fe, o bien delegación para proceder mediante un proceso judicial (tribunal colegiado) o mediante un procedimiento administrativo penal (juez único). (Puede verse la versión «Código de Derecho Canónico», edición bilingüe, Madrid, Biblioteca de Autores cristianos, 1.994).

f) Divergencia de opiniones vertidas en los dictámenes fiscales producidos en la causa: Por una parte, el dictamen fiscal de primera instancia que se agrega a fojas 717/721 se pronuncia por la declaración de inconstitucionalidad de las normas indicadas por la parte actora; puntualmente, señala que es inconstitucional el art.1 de la Ley 17.032, en tanto el reclamo de la demanda del fuero eclesiástico como ámbito adecuado y protegido por el Concordato de la Santa Sede, para dilucidar el conflicto suscitado y que fuera objeto de sucesivas denuncias por el actor y que en definitiva fuera el ámbito elegido por el Arzobispado de Mendoza, según surge de todas las constancias de esta causa, resulta irrazonable y violatorio de los derechos fundamentales que allí se mencionan.

Por otra parte, el dictamen del Fiscal de Cámaras que luce agregado a fojas 491/492 con cita de algunos precedentes de la Corte de la Nación, concluye en que la validez constitucional del Concordato y la ley que lo aprueba, no puede sostenerse genéricamente, toda vez que no se advierte que sus disposiciones sean palmarias o manifiestamente improcedentes o violatorios del orden constitucional, ni que se encuentre comprometido el orden público, siendo insoslayable el análisis del caso concreto; puntualiza que la cuestión radica en determinar si el derecho que asiste a la Iglesia en virtud del referido Tratado fue ejercido razonablemente en el ámbito que corresponde o en forma abusiva como entiende el apelante.

g) La jurisprudencia de la Corte Federal sobre la materia: Como bien surge de los fallos citados por el dictamen del Fiscal de Cámaras y por el informe de SADEC de fojas 288/289, la Corte Federal ha respetado el Concordato celebrado con la Santa Sede; en el caso «Lastra», afirmó que «si el bien inmueble se encuentra directa y mediatamente vinculado a la finalidad propia del Obispado en los términos del canon 1254.2 del Código Canónico, es un bien inalienable, imprescriptible e inembargable, mientras no se lo desafecte o se autorice su enajenación de acuerdo con la legislación canónica» (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 22/10/1991, «Lastra, Juan c.Obispado de Venado Tuerto», DJ 1992-1, 162); con posterioridad, en el caso «Rybar», entendió que «el acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina, aprobado por ley 17.032, garantiza a la Iglesia Católica el libre y pleno ejercicio de su jurisdicción en el ámbito de su competencia para la realización de sus fines específicos. Tal reconocimiento de jurisdicción implica la más plena referencia al ordenamiento jurídico canónico para regir las faltas y sanciones disciplinarias previstas en el mismo» (Del voto de los doctores Barra y Boggiano) (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 26/06/1992, «Rybar, Antonio c. García, Rómulo y/u Obispado de Mar del Plata y/o quien corresponda», DJ 1993-1, 874 con nota de Arturo J. Figueroa; ED 148, 517); también se dijo que «en la medida en que la aplicación del Código de Derecho Canónico no suscite cuestiones que interesen al orden público nacional o que lesionen principios consagrados por la Constitución Nacional, no corresponde la interpretación a la tutela por parte del Poder Judicial de la Nación» (Del voto de los doctores Belluscio, Petracchi, Barra y Nazareno) y que «no constituye cuestión justiciable, que habilite la vía extraordinaria del art. 14 de la ley 48, las sanciones impuestas por la Iglesia Católica en el ámbito de su competencia». (Del voto de los doctores Belluscio, Petracchi, Barra y Boggiano).

h) Pronunciamiento sobre la cuestión constitucional planteada. Innecesariedad de ingresar en su tratamiento:Advierto que, siendo la declaración de inconstitucionalidad una medida excepcional y de extrema gravedad, máxime si se tiene en cuenta la doctrina emergente de los precedentes citados de la Corte Federal en materias atinentes a la aplicación del Derecho Canónico, y compartiendo, entonces, los fundamentos que al respecto brinda el dictamen del Fiscal de Cámaras, estimo que puede eludirse el tratamiento de la eventual inconstitucionalidad deducida, abordando las facultades ejercidas por el Arzobispado de la Provincia de Mendoza desde la óptica de la razonabilidad y regularidad de su ejercicio, a lo que agrego debe compatibilizarse dichas facultades con otros derechos como los que invoca el actor.

Siguiendo a Lorenzetti, puedo decir que hay normas que no son excluyentes ni contradictorias, sino complementarias. Pueden señalar límites a los derechos reconocidos, pero internamente, sin referirse a las fronteras externas del ordenamiento; en estos casos de normas fundamentales complementarias no hay prohibiciones ni mandatos de optimización absoluta: todo está sujeto a ponderación comparando el peso de dos principios en el caso concreto o a la interpretación de las reglas.

Desde antiguo, la Corte Suprema de Justicia dispuso que los derechos consagrados en la Constitución deben ser interpretados armónicamente, de modo que unos no excluyan a otros. Asimismo, la Constitución consagra una relación de complementariedad entre los reconocidos en los tratados y los ya existentes en la primera parte de la Carta Magna, con anterioridad a la reforma (art. 75 inc. 22). De ello se deduce una regla general de «complementariedad», entre los derechos, que extendemos a las normas fundamentales.

La primera consecuencia que puede derivarse de esta regla de complementariedad es que todos deben ser satisfechos. Cuando los derechos se ejercen en un auténtico sentido, media entre ellos una coexistencia que permite a cada uno ser realizado sin lesionar el ejercicio de los otros.

La segunda consecuencia es que ello es imposible en muchos casos. Es difícil lograr que todos los derechos, reglas institucionales, principios y valores se realicen de ese modo.No hay posibilidad atenderlos a todos en la máxima cantidad deseable por cada individuo, por el carácter relacional de los derechos.

Cada derecho concedido a una parte es una quita al derecho de otro. De modo que la complementariedad debe precisarse en dos campos. En algunos casos, complementario significa que una norma es instrumento para la realización de otra; y en otros casos significa que compiten entre sí y una restringe a la otra, sin que por ello la excluya. (LORENZETTI, Ricardo Luis, «El juez y las sentencias difíciles – Colisión de derechos, principios y valores», LA LEY 1998 – A, 1039).

En definitiva, la tarea de interpretación me impone, entonces, ponderar los derechos constitucionales que el actor dice vulnerados, los principios y los valores en juego y el ejercicio de las facultades que emergen de la legislación y jurisdicción eclesiástica en el caso concreto; en este cometido, debo verificar si existió aquí un ejercicio abusivo de ese derecho de no brindar la información que el actor requería en una problemática en la que él mismo estaba involucrado, alegando, entre otras razones, que el procedimiento canónico requiere preservar la fama de las personas.

Así, la conducta de la demandada debe analizarse dentro del requisito de la antijuridicidad, junto al resto de los presupuestos de la responsabilidad por daños, conforme trato a continuación.

V.- El tratamiento de la antijuridicidad como presupuesto de la responsabilidad por daños. La utilización abusiva del procedimiento canónico ante el derecho a obtener una respuesta a la denuncia formulada. La culpa como factor de atribución y su configuración en el caso: Que me permitiré, en ese cometido, plantear el análisis del caso desde los parámetros que la doctrina y la jurisprudencia dominante propicia en torno a la cuestión de estos presupuestos de la responsabilidad:

a) Algunas precisiones sobre la antijuridicidad en la doctrina y la jurisprudencia: Ya se sabe que es antijurídica toda conducta contraria al ordenamiento jurídico considerado en su totalidad y no con relación a sectores normativos en particular.Es el carácter de un acto en cuanto infringe o viola el derecho objetivo considerado en su totalidad. Entraña una idea de contradicción entre el acto y el Derecho.

Se trata de un concepto puramente objetivo en cuanto no es necesario tener presente la voluntariedad del sujeto. Por ello la antijuridicidad es un elemento objetivo independiente de la culpabilidad. En razón de que la actividad dañosa escapa a todo intento de catalogación en el concepto de antijuridicidad se comprende no sólo lo prohibido expresamente por la ley, sino también conductas cuya prohibición surge de la consideración armónica del sistema jurídico, incluso lo contrario a la moral, las buenas costumbres y el orden público, pues se trata de principios y valores inmanentes tutelados e impuestos por múltiples preceptos positivos del Derecho Argentino. En definitiva será antijurídica cualquier conducta que vulnere la regla del alterum non laedere.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa «Santa Coloma c. FFCC» (LA LEY, 1987-A, 442) en forma contundente dejó establecido que el «alterum non laedere» tiene jerarquía constitucional. Justamente, el art. 19 de la Constitución Nacional establece el principio general que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, que se encuentra entrañablemente vinculado a la idea de reparación. A ello se yuxtapone la reglamentación que hace el Código Civil (arts. 1109 y 1113) que, en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica. VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A., «Los presupuestos del deber de reparar», LA LEY 2012-C, 671).

La antijuridicidad debe ser valorada con perspectiva de unidad, lo cual determina que una conducta que viola determinado precepto legal no sea antijurídica si encuentra una causa de justificación en otra norma.Se trata de un concepto netamente objetivo, que deriva de la contrariedad de la acción con el derecho; por lo tanto, es independiente de la voluntariedad y de la culpabilidad. De allí que la conducta de un menor de diez años o de un demente, puede ser antijurídica.

Este presupuesto de la responsabilidad es predicable de la acción humana y no del daño; existen conductas antijurídicas y no daños antijurídicos. Respecto del daño, podrá predicarse su carácter de justo o injusto, según deba ser asumido por la víctima o trasladadas sus consecuencias a un tercero por vía resarcitoria. (ZAVALA DE G., Matilde, «Resarcimiento de daños. Presupuestos y funciones del Derecho de daños», Buenos Aires, Hammurabi, 1.999, pág.313 y sgtes. Puede verse: AMDRADA, Alejandro Dalmacio, «El quid de la antijuridicidad», pág. 57 y sgtes., en «El incumplimiento considerado en sí propio. Perspectivas de la responsabilidad civil contemporánea», Número especial de Responsabilidad Civil y Seguros, «Homenaje al Dr. Atilio Aníbal Alterini», Buenos Aires, La Ley, 2009; en la misma obra: ALFERILLO, Pascual, «En busca de la esencia de la ilicitud», pág. 17 y sgtes.; CALVO COSTA, Carlos, «La vigencia de la antijuridicidad en el actual Derecho de Daños», pág. 89 y sgtes.; DONNA, Edgardo Alberto, «Cuestiones actuales en torno a la antijuridicidad», pág. 163; FERNANDEZ SESAREGO, Carlos, «El plano filosófico de la ilicitud», pág. 173 y sgtes.; VERGARA, Leandro, «La antijuridicidad, la ilegalidad, la ilicitud y la idea de d isconformidad con el Derecho», pág. 413 y sgtes.)

El art.1066 del Código Civil dispone que «ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito, si no fuere expresamente prohibido por las leyes ordinarias, municipales o reglamentos de policía; y a ningún acto ilícito se le podrá aplicar pena o sanción de este Código, si no hubiere una disposición de la ley que la hubiese impuesto»; en la actualidad, la doctrina es conteste en señalar que la ilicitud no se confunde con la ilegalidad: cuando se comprende que el Derecho no se agota en la legalidad, cuando de integra el ordenamiento jurídico dando cabida a otras fuentes del derecho como las buenas costumbres, la moral social, los principios generales del derecho.

Este paso implica un abandono de la actitud soberbia del legislador que deja de considerarse el único creador del derecho, y el reconocimiento del rol del juez en la elaboración del derecho del caso que se somete a su juzgamiento. Con la integración del plexo normativo se logra una respuesta adecuada a la pregunta sobre la ilicitud del comportamiento: así, es antijurídica toda conducta que lesione un derecho subjetivo o un interés merecedor de tutela de un sujeto. (MOSSET ITURRASPE, Jorge, «Responsabilidad civil», Buenos Aires, Hammurabi, 1.997, pág. 59 a 62; BENÍTEZ CAORSI, Juan J., «Reflexiones en torno a la noción de ilicitud», RCyS 2005, 217)

b) La centralidad de la persona en el ordenamiento jurídico argentino: Que, desde esta perspectiva amplia en la conceptualización de la antijuridicidad, anticipo mi opinión en el sentido favorable al accionante, con todas las dificultades que plantea la ponderación de todos los principios y los valores que se encuentran en juego en este expediente.

Remarco que tal como afirmara Bidart Campos, la filosofía hace mirar al ser humano como el individuo que, todo él, es persona y que está investido de una dignidad inherente. Cuando se renuncia a aceptar el valor personalidad que anida en todo hombre, y a admitir su dignidad, lo que sobreviene después de ese punto de partida provoca un juicio de valor totalmente negado.Por ende, la filosofía que va a iluminar el trayecto tiene que ser una filosofía personalista y humanista para desplegar sus efectos al nutrido ámbito sociopolítico, jurídico y económico. Las filosofías transpersonalistas quedan descartadas, porque erigen en sus vértices valores que no coinciden con el valor personalidad, y que lo sus-tituyen por otro u otros. El derecho romano enseñaba que todo derecho está constituido por causa del hombre, fórmula que reconvertida a expresiones contemporáneas dice que la persona humana es el origen, el centro y el fin de la comunidad política.

La noción de la centralidad y mayor valiosidad de la persona preside toda la arquitectura del estado democrático. El estado social y democrático de derecho instala a la persona humana con base en su dignidad, su libertad y sus derechos, de modo que todas las personas se encuentren en condiciones de disfrutar una libertad real distribuida igualitariamente en forma razonable y de acceder al goce y ejercicio efectivos de todos sus derechos, para lo cual el mismo estado debe remover obstáculos y promover los derechos en una igualdad real de oportunidades y de trato. (BIDART CAMPOS, Germán J., «Las transfor-maciones constitucionales de la posmodernidad (Pensando el puente al 2.001 desde el presente y el futuro)», Buenos Aires, Ediar, 2.000, pág. 34 y sgtes.; ALTERINI, Atilio Aníbal, «El principio pro homine», RCyS 2011-II, Tapa).

En lo que aquí interesa, el art. 33 de la Constitución Nacional establece que «las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como la negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno»; dentro del espectro de los derechos implícitos, queda, claramente, incluido el derecho a conocer la verdad y más precisamente, a obtener una determinada información en la que está involucrado un interés individual y concreto. (Puede verse el comentario al art.33 en GELLI, María Angélica, «Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada», Buenos Aires, La Ley, 2.003, pág. 299 y sgtes.)

Además y principalmente, destaco que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre establece en el art. 1 que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros», además que «todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica» (Art. 6) y que «toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos» (Art. 28). Normas similares se encuentra en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Arts. I, II, V, XVII, XXIV,), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Arts. 3, 9 ap. 1, 16, 26).

Por su parte, el Pacto de San José de Costa Rica protege el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas (Art. 3), precisándose en el art. 4 que «toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral», en tanto que el art. 11 se garantiza que «toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad»; el art. 24 establece que «todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley».

c) Aplicación de estos parámetros normativos y axiológicos al presente caso: Aquí, y como ya dijera, el procedimiento canónico en sí mismo no es inconstitucional, en la medida en que se pueda compatibilizar con otros derechos fundamentales de la parte actora; ésta denunció el hecho ante la autoridad eclesiástica, confiando en que aquel procedimiento sería el correcto para sancionar la conducta que se le endilgaba al sacerdote en cuestión.No hay que cuestionar que haya elegido este camino y no las vías judiciales que pudieran haberle correspondido, pues G. recurrió su pedido de ayuda ante las propias autoridades de la institución, en cuyo seno se habría desarrollado la grave situación que se pusiera en su conocimiento, requiriéndose una adecuada respuesta y su debida comunicación al denunciante.

Gerardo Raúl Aguado, sacerdote, declara a fojas 205/209; manifiesta haber mantenido comunicación telefónica y electrónica con G.; señala que en marzo de 2010 G. le expresó su deseo de que el Arzobispo le contara qué medidas había tomado con el presbítero Jorge Morello, que quería ser recibido en una audiencia en la que participara otro sacerdote de su confianza con la intención de que fueran testigos de la conversación y que esperaba que Morello no estuviera en ninguna parroquia, a lo que respondió que se comprometía a transmitirlo textualmente, aunque le advirtió que no era el camino que ordinariamente seguían en la curia; que hubo disposición en recibirlo, confirmándole que Morello había sido trasladado al Hospital Español, que estaba en condiciones de decirle a él que creía que nunca más iba a estar al frente de una comunidad parroquial y que la conversación terminó en buenos términos.

En la tercera ampliación, este testigo responde que las decisiones del obispo fueron varias, que en reiteradas ocasiones convocó al diálogo a Morello, que dispuso se iniciara un tratamiento psicológico y un acompañamiento espiritual serio, tal como lo dispone la Iglesia para estos casos; que lo alentó a que participara más activamente de la vida sacerdotal señalando un elenco de actividades concretas, que en el transcurso del tiempo recibió dos amonestaciones canónicas, en 2.001 y 2.004, y que finalmente Morello dejó el Ministerio en fecha 10/06/2.010, constándole por el ejercicio propio del oficio que le encomendara la Iglesia.

En la cuarta ampliación, preguntado si en forma personal comunicó alguna de estas medidas al Sr. G.en alguna de las conversaciones que tuvieron, responde que no hizo una descripción precisa de lo que aquí declaró, que explicó del modo más prudente que pudo, lo que ahora ha señalado. En la sexta ampliación, responde que desde el año 2.006, el Arzobispado tiene dos vicarios generales, el testigo y el Sacerdote Forconesi, y que no le consta que el otro vicario haya comunicado estas disposiciones al Sr. G.

En la décima repregunta, respecto a cómo le consta que el Obispo hubiese estado en contacto con el Sr. G., responde que el Obispo compartió con los dos vicarios el paso que había dado de encontrarse con él y agrega que conoce por el propio G. su conversación con el Arzobispo; además, en la décimo tercer repregunta, afirma que existen sanciones que la Iglesia puede aplicar en distintas ocasiones, y en décimo cuarta, que las amonestaciones canónicas son por escrito y deben estar firmadas por quien las recibe; en la décimo quinta, precisa que las amonestaciones están firmadas por Jorge Morello y forman parte del legajo personal que administra el Arzobispado de Mendoza conforme a la disciplina de la Iglesia Católica.

En la décimo sexta repregunta, acerca de si se formó un expediente con la denuncia presentada por G., dice que las informaciones pueden ser complementarias y llevarse de modo independiente y con la reserva y prudencia que la Iglesia siempre recomienda, que la denuncia ha sido recibida en el Arzobispado y forma parte del archivo general de la curia de Mendoza. En la décimo octava repregunta, dice que las denuncias no siempre tienen la firma o los datos de quien las ofrece y no quedan a disposición de los fieles, y cuando las denuncias son dirigidas al Arzobispado o a quien lo preside, es el responsable de su archivo y registración.Referido a la participación de los denunciantes, respuesta a la décimo novena repregunta, expone que la participación es importante y se entiende que no sólo es escr ita sino verbal que estos pasos favorecen el diálogo y el discernimiento oportuno según a situación; por último, en la vigésima cuarta repregunta, responde que es potestad del obispo ofrecer la información que considere prudente, según el caso y las personas.

A fojas 274/275 presta declaración el Sacerdote Daniel A. Forconesi; se trata del vicario general del Arzobispado, desde el año 2.002, tal como él mismo lo reconoce; en la segunda pregunta, responde que conoce que se le aplicó una sanción canónica en el año 2.001 y después una segunda sanción en el año 2.004 a Jorge Morello, que conoce el procedimiento canónico y habitualmente constatado un hecho de los contrarios a la moral o normas disciplinarias de la Iglesia Católica, el Obispo del lugar corrige, amonesta a quien lo ha cometido buscando la rectificación de la conducta; dice no haber tenido contacto con el actor; que tiene conocimiento que Monseñor Arancibia atendió al Sr. G. por diversos medios; en la segunda y tercera ampliación, señala que sabe que Manresa encargó comunicar la amonestación que el Obispo había aplicado y que tuvo conocimiento directo, que fue testigo de la amonestación por conducta impropia de Morello como sacerdote.En la tercera repregunta, dice que las amonestaciones se hacen por escrito, que se entregue al amonestado y se guarde copia en el legajo del sacerdote; en la cuarta repregunta, dice que la amonestación canónica como está tipificada en el Código de Derecho Canónico, es un instrumento que busca la corrección personal de alguien que ha obrado imprudentemente y por lo tanto, pertenece a la privacidad de la persona; preguntado por la participación que se le da a la denunciante, responde (quinta repregunta) que la participación que se le otorga es el reconocimiento de su testimonio en contra de la conducta inapropiada del sacerdote.

Dice en la respuesta a la sexta repregunta que le consta que se le ha informado sobre la amonestación al Sr. Morello, de forma verbal personal y escrita la amonestación aplicada, precisando que le consta de forma directa que se le hizo saber al actor la aplicación de dicha sanción y con los mails intercambiados entre el actor y el obispo auxiliar, y el Vicario General; preguntado en la décima repregunta si sabe si sabe si se realizó alguna pericia psicológica a las partes, responde no sabe; afirma que el Sr. Morello tiene dispensa de ministerio y en la décimo segunda repregunta, responde que esa dispensa se funda en varias causas, entre ellas las amonestaciones que mencionara.

A fojas 200/203 presta declaración el Sr. Daniel Alberto Manresa; admite conocer al Sr. G. y haber tenido trato en los primeros meses de marzo/abril del año 2.001 (tercera pregunta) y que en lo que a él le consta, fue recibido las veces que lo requirió con el aval incluido del párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de San Martín, presbítero Sergio Martín (cuarta pregunta); dice haber sido testigo de la amonestación canónica que se le impuso al Sr. Morello a causa de la presentación que había hecho G.(primera ampliación); afirma en la sexta ampliación que habló telefónicamente con el padre Sergio Martín para que le comunicara al Sr. G. la sanción impuesta al Sr. Morello y que le dijera que Morello no había reconocido inicialmente los actos que le atribuían, lo que motivó que G. presentara un escrito ampliando su primera declaración y pidiendo que se citaran testigos que él podría proveer; en la décimo primera ampliación responde que el fundamento de las disposiciones canónicas es el resguardo de la fama de las personas implicadas.

Preguntado por la participación que tuvo el testigo en el procedimiento iniciado por la denuncia de G. (segunda repregunta), responde que recibió la llamada urgente del padre Martín pidiendo la audiencia con urgencia para el Sr. G. y el Dr. Guembe, que estuvo presente en la audiencia de ambos con el Arzobispo, que fue testigo de la amonestación canónica que se le hizo al Sr. Morello, que llamó telefónicamente al Sr. Martín para que lo comunicara a G. y recibió la ampliación del escrito presentado por el Sr. G.; agregando en la respuesta a la tercera repregunta, que no le consta que se haya iniciado expediente, que sí debe constar en la amonestación canónica que se le hizo a Morello.En la cuarta repregunta, afirma que a las personas se las escucha, se recibe el escrito que quieran dejar y se les informa de la manera adecuada o que parezca más prudente de los resultados de lo que la persona plantea; expone que en el procedimiento que describe no se contempla la notificación de forma fehaciente al interesado; preguntado por el destino que se le dio a la segunda ampliación de la denuncia que hiciera G., responde que se incorporó a la primera y fue guardada en el Archivo del Arzobispado (décimo segunda repregunta).

El Sacerdote Marcelo De Benedectis declara a fojas 123/124; dice haber tomado conocimiento del hecho a partir de una publicación del diario Uno en el año 2.004; preguntado acerca de si sabe si se inició una investigación, responde que sólo puede decir que como vocero del Arzobispado en ese tiempo se le informa que se llevaron adelante los pasos que habitualmente la iglesia tiene ante estas situaciones (cuarta pregunta), precisando que sabe que hubieron consultas y que se dieron los pasos, que desconoce el resultado como tal; que en su calidad de vocero sólo sabe lo que se indica en las comunicaciones que había que dar en el respeto a las personas involucradas (sexta pregunta), precisando en la sustitución de la octava pregunta, que ha comunicado lo que la institución quería comunicar, que no fue testigo de los pasos que se dieron en ese momento. Como dato de interés, agrega en la respuesta a la sexta repregunta, que las sanciones las impone el Obispo del lugar y el que es comunicado es el involucrado.

A partir de estos testimonios, extraigo la conducta omisiva de la demandada al no proporcionar la información relativa al caso denunciado; los testigos reseñados son elocuentes en que no hubo una respuesta clara y definitiva a la petición inicialmente formulada por G. Todo concluye con respuesta a la nota presentada por el Dr. Carlos Lombardi, en representación del Sr. I.Rubén G., en fecha 10/05/2.010, agregada en copia a fojas 18/20, en la que solicita informe por escrito del resultado de la investigación que, de acuerdo a lo normado por el canon 1717 y las manifestaciones del Arzobispado de Mendoza efectuadas en Diario Uno del 14/01/2.004, debieron realizar en sede canónica el presunto abuso sexual cometido por un presbítero; esta nota presentada ante el Arzobispado en fecha 10/05/2.010, fue respondida en fecha 21/05/2.010 del siguiente modo: «En respuesta al pedido de información presentado en su nombre por el Dr. Carlos Lombardi con fecha 10 de mayo de 2010, cumplo en informarle que lo rechazo por improcedente. Atentamente. José María Arancibia, Arzobispo de Mendoza»; esa respuesta se observa improponible después de todo el derrotero que debió llevar adelante el actor.

Aquel derecho a disponer de un determinado procedimiento para investigar las denuncias que puedan formularse, y que emerge del Derecho Canónico, debe coordinarse con el derecho de la presunta víctima a peticionar ante esa autoridad y obtener una respuesta clara, precisa y concreta a su petición; este derecho constitucional requería, en el caso, sino una participación en dicho procedimiento, al menos, un pronunciamiento a tiempo y una notificación puntual de qué se había hecho con el denunciado, qué pasos se seguirían, qué sanciones se le impusieron, etc.

La excusa de que no se puede perjudicar la fama de las personas involucradas es insuficiente para desechar la antijuridicidad de la conducta de la demandada, que se escuda en el carácter secreto de estos procedimientos, negándose a proporcionar la información que se solicitaba.

Insisto en que, requerido el informe en el escrito de fecha 10/05/2.010 ante el mismo Arzobispado, la respuesta fue, sin más fundamento, que esa petición era improcedente, mientras que, del testimonio del Sr.Aguado de fojas 205/209, y que ya referenciara en sus partes pertinentes, surge que efectivamente se adoptaron medidas respecto a la denuncia que formulara casi diez años antes el aquí recurrente; si se pudo dar esa información detallada en una audiencia en el ámbito de este proceso judicial, pudo darse con anterioridad, sin daño alguno para terceros implicados.

Tengo claro que no se trataba de divulgar, en todo caso, un hecho privado en forma pública, sino un hecho ocurrido en el ámbito de una parroquia y el destinatario de la información que se requería era el propio denunciante, no un tercero. De esta serie de sucesos concatenados a través del tiempo, se deriva, indudablemente, una conducta, al menos, culpable, en tanto se omitió la conducta exigida por las circunstancias tan graves que fueran denunciadas (Art. 512 del Código Civil).

Finalmente, vale que mencione que la circunstancia de que el testigo Forconesi dijera que se encargó comunicar a G. la amonestación impuesta a Morello, no se acreditó por ningún medio de prueba, sino que, por el contrario, ha sido contradicha por el testimonio del padre Martín. Al respecto menciono que si bien Manresa que afirma haber mantenido una conversación telefónica con el padre Martín para que le notificara la amonestación canónica al actor, en tanto que Forconesi dice constarle que se le puso en conocimiento la amonestación en cuestión, el padre Sergio Alberto Martín, en su declaración de fojas 170/173 y más precisamente, en la cuarta sustitución de fojas 172 vta., precisa que a él no le consta que se le haya notificado a G. los resultados obtenidos ante la petición presentada al Obispo; más arriba, en la respuesta a la vigésimo novena sustitución, señala que nunca fue notificado ni avisado que cambiaban de parroquia al Sr. Morello, de parte de la autoridad.Es más, en respuesta a la segunda repregunta de fojas 72 v ta., pregunta por si el Vicario Manresa le hizo algún encargo una vez escuchado el Sr. Morello para que comunicara al Sr. G., responde que no recuerda que haya habido un encargo particular.

Me detengo a mencionar que las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección ocular, de confesión en los casos que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento. Se trata de simples preceptos de lógica y sentido común, inherentes al razonamiento de toda persona normal, que operan en el criterio personal de los jueces; o que la sana crítica es la lógica basada en el derecho y auxiliada por la experiencia y la observación, que conduce al juez a discernir lo que es verdadero de lo que es falso. (ONDARCUHU, José Ignacio, «Sana crítica. Lógica, experiencia y sentido común», LA LEY2013-C, 367; CIPRIANO, Néstor Amílcar, «Extensión de la sana crítica más allá de las pruebas», LA LEY 1985-C, 1190).

En conclusión, del conjunto de medios de prueba rendidos, valorados conforme a las reglas de la sana crítica racional (Art.207 del C.P.C.), surge, en lo que aquí interesa, el incumplimiento del deber de información requerido por el actor y que motiva su pretensión resarcitoria. En la posición más favorable para la demandada, puede estimarse que ésta anotició al Sr. G. de la existencia de una sanción impuesta al denunciado, por medios informales, sin precisarse – ni menos probarse – en qué oportunidad temporal se brindó la misma; aun así, no se ha acreditado por parte de la accionada que la información haya sido detallada, adecuada y oportuna; mucho menos que se haya proporcionado una información fundada ni por escrito; piénsese que ante el concreto pedido de informe realizado en fecha 10/05/2.010, la respuesta de la demandada fue desestimatoria del mismo, sin dar mayores fundamentos.

VI.- La indemnización reclamada. El daño moral y su configuración en el presente caso. La relación de causalidad entre el daño y la conducta atribuida a la demanda. La cuestión de la cuantificación. Que admitida la configuración en la especie de la conducta antijurídica y al menos, culpable de la demandada, pasaré a analizar a continuación el rubro reclamado en lo atinente a su procedencia y su consiguiente cuantificación:

a) Destaco para comenzar el tratamiento de esta cuestión que, en el moderno derecho de la responsabilidad civil, el daño asume un rol principalísimo, dado que el eje de ese tipo de responsabilidad está actualmente puesto, precisamente, en el resarcimiento de todo perjuicio injustamente sufrido (BUERES, Alberto J., «El acto ilícito», Buenos Aires, Hammurabi, 1.986, pág. 72).

Sin la existencia de un daño cierto, por tanto, no hay ni puede haber responsabilidad civil, aunque con ello nada decimos acerca de la posible existencia de otros tipos de responsabilidad (penal, administrativas, etc.), que, en la medida en que tienden a sancionar y no a reparar un daño, pueden existir aún en ausencia de un conocimiento concreto.Desde el punto de vista de la responsabilidad civil, es daño la lesión a un interés jurídico o simple no reprobado por el ordenamiento jurídico; el interés, a su vez, se define como la relación entre una persona y el ente que satisface su necesidad, o como la posibilidad que tiene el agente de satisfacer la necesidad proporcionada por el bien. Según que el resultado de la lesión sea de índole patrimonial o extrapatrimonial, el daño será material o moral (VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A., «Responsabilidad por daños. Elementos», Buenos Aires, Depalma, 1.993, pág. 173).

b) Que en cuanto al daño moral, puede decirse que, acorde al texto primigenio del art. 1.078 del Código Civil, que conserva vigencia práctica por su valor doctrinario, dicho perjuicio consiste en el agravio moral que se ocasiona a la persona, «molestándola en su seguridad personal, o en el goce de sus bienes o hiriendo sus afecciones legítimas.»

Esta definición es amplia y permite abarcar diversas proyecciones del daño moral: a) Molestias en la seguridad personal: Los hechos que atentan contra la vida, salud o libertad de las víctimas generan por fuerza un daño moral, pues destruyen o menoscaban su personalidad; por ejemplo: secuestro, una amenaza, calumnia que genera el riesgo de imputación penal; b) Molestias en el goce de los bienes: los bienes económicos son necesarios para la subsistencia y el desenvolvimiento digno de la vida. También es factible que haya intereses espirituales vinculados a determinados bienes patrimoniales. En tales casos, el hecho lesivo ocasiona un daño moral con independencia del valor económico de esos objetos; c) Herida de las afecciones legítimas: Esta es una pauta genérica que engloba a los supuestos anteriores. La noción de afecciones se vincula con los sentimientos de la víctima y, por extensión, con toda alteración anímica en su intelecto o en su voluntad. Las afecciones deben ser legítimas en el sentido de razonables, no es necesario un reconocimiento legal.Desde esta perspectiva, se entiende al daño moral más allá de la órbita sensitiva, como un desmejoramiento espiritual o de la personalidad y aunque no haya dolor. Las formas más frecuentes de daño moral residen en el dolor, la angustia, la tristeza, etc. Por ello, la noción de daño moral ha sido muy subjetivada y emparentada con los sufrimientos síquicos. Dicho perjuicio sería la contrapartida de la felicidad, como estado de bienestar espiritual que gozaba la víctima antes del hecho. Pero es evidente que la dimensión espiritual de la persona no se reduce a su sensibilidad, sino que comprende la existencia intelectual y volitiva, tanto en la soledad como en las relaciones con los demás. (ZAVALA DE G., Matilde, «Resarcimiento de daños. Presupuestos y funciones del Derecho de Daños», Buenos Aires, Hammurabi, Tomo 4, 1.999, pág. 178 y sgtes.)

b) Que el daño espiritual o existencial solo tiene de moral el aspecto interior e inasible de la personalidad. La indemnización del daño moral tiende a reparar la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor destacado en la vida del hombre, como son la paz, la tranquilidad de espíritu, la integridad psicofísica, el honor y los más sagrados afectos.

Está claro, pues, que el daño moral se proyecta más allá de lo que el sujeto realmente piensa, quiere o siente, para comprender la lesión a cualquier aspecto de lo que «vive», y así, hay lesiones que trascienden el exclusivo bienestar psicofísico y que conciernen a la orientación existencial hacia valores: vivir con una buena reputación, manteniendo reserva de la vida privada, sin que los demás alteren la identidad personal.

El daño moral tiende a resarcir el sufrimiento que es connatural a todo episodio traumático y que afecta a todo aquel que atraviese dicha situación, más allá de las secuelas de orden psíquico que el episodio pueda o no dejar en la víctima, según su peculiar sensibilidad y sus circunstancias personales.Debe ser cierto, personal y derivar de una lesión a un interés legítimo, ya que supone la privación o disminución de bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu y la integridad psicofísica. En esta línea, el daño moral existe cuando se lesionan derechos de las personas que son extraños a valores económicos y su reparación tiene un carácter resarcitorio y no meramente sancionatorio o ejemplar, en tanto lo que se trata de lograr a través de la indemnización, es una compensación que, en alguna medida, morigere los efectos del agravio moral sufrido.

El daño moral se proyecta más allá de lo simplemente psíquico y se introduce en la esfera volitiva y afectiva de la persona que ve afectada su propia sensibilidad para lo cual no es preciso tener conciencia, saber o conocer. (JUNYENT BAS, Francisco, «Algunos aspectos dilemáticos de la reparación del daño moral», LLC 2010 (noviembre), 1075-RCyS 2011-I, 3).

c) Lo circunscripto y equívoco de la expresión daño moral, no oculta el dato trascendente que bajo esa denominación quedan comprendidas «todas» las repercusiones extrapatrimoniales desfavorables (o todas las lesiones a los intereses «extrapatrimoniales» tutelados por el derecho).

El Derecho – desde una concepción sistémica en donde la Constitución constituye el vértice o núcleo – tutela intereses trascendentes de la persona, además de los estrictamente patrimoniales. En el plano jurídico, la naturaleza de la lesión a un derecho o la determinación del resultado extrapatrimonial de la lesión a un interés, requerirá la confrontación del estado de la víctima antes y después del comportamiento antijurídico.Importan repercusiones extrapatrimoniales desfavorables (o el contenido de lesiones a intereses extrapatrimoniales tutelados por el Derecho): 1) la frustración del proyecto existencial de la persona y la multiplicidad de repercusiones extrapatrimoniales desfavorables que abarquen aquellos goces de la vida que se reflejan en la actuación cultural, social, deportiva, estética, de placer, sensitiva, sexual e intelectual, pues la privación de esas expectativas supone un quebrantamiento de las posibilidades existenciales; 2) una modificación disvaliosa en la aptitud de sentir, querer o entender. (TOBÍAS, José W., «Hacia un replanteo del concepto (o el contenido) del daño moral», LA LEY 1993-E, 1227).

d) Que el juez de grado directamente rechazó la demanda por falta de determinación y prueba del daño y de nexo adecuado de causalidad, diciendo que la pretensión sobre la que se basa la demanda debe ser rechazada desde que las falencias o deficiencias que en la actividad probatoria se verifican, se vuelven en contra del actor, que tenía sobre sus espaldas, primordialmente, la carga correspondiente (art. 179 del C.P.C.), que en efecto, en autos, no sólo no se rindió prueba pericial médica psiquiátrica o psicológica, sino que, el menoscabo por el que el accionante pretende reparación, tampoco quedó por ninguna otra vía individualizado y correctamente acreditado; que la reparación del daño moral no tiene por objeto satisfacer un encono, ni proporcionar un enriquecimiento patrimonial, sino compensar por los padecimientos.

e) Que disiento con los argumentos que ensaya el juez de primera instancia y que reseñara en el ap. precedente; aquí, se demanda la reparación del daño moral que sufrió el actor I. G. por la falta de información respecto del resultado del procedimiento de corte canónico en el que se investigara la denuncia por abuso sexual que aquel realizara en los términos a los que ya me he referido.No se demanda, entonces, los daños sufridos como consecuencia del abuso sexual de un sacerdote, materia en la que la jurisprudencia ya se ha pronunciado favorablemente a la petición de dichas víctimas (Así, por ejemplo, puede verse: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes, sala II, 09/04/2013, «V., B. C. c. Obispado de Quilmes», LA LEY 2013-D, 108, con nota de Eduardo Néstor Balian; LLBA2013 (julio), 686; RCyS 2013-VIII, 51, con nota de Mariel A. Rodríguez Ocampo; LA LEY2013-E, 302; LLBA 2013 (septiembre), 842, con nota de Eduardo Néstor Balian; DFyP 2013 (octubre), 07/10/2013, 2013; MEDINA, Graciela, «Responsabilidad de la Iglesia Católica por abusos sexuales sacerdotales», 28-10-2013, «Revista de Derecho de Familia y Sucesiones», cita: IJ-LXIX-307).

Insisto en aclarar que no se discutió en este expediente si hubo un abuso sexual o no en los términos en los que se ha pronunciado la jurisprudencia precedentemente citada; por el contrario, entiendo que la situación denunciada por el actor revestía una gravedad tal que requería una investigación por parte de la Iglesia, atendiendo a la índole de las cuestiones que se mencionaban en la nota de marzo de 2.001, y su debida notificación al denunciante; en efecto, la falta de noticia efectiva del seguimiento del caso, de las medidas que se adoptaron y del resultado que arrojara el procedimiento utilizado, han incidido indudablemente en forma negativa en el espíritu del actor, traduciéndose en un sentimiento de injusticia, frustración e impotencia; menciono que la jurisprudencia ha receptado casos en numerosos y diversos ámbitos por falta total de respuesta o una demora injustificada en dar respuesta ante una petición determinada. (En este sentido, por ejemplo, puede verse un caso de daños por la demora irrazonable de una investigación penal ante la desaparición de una persona: Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala I, 19/02/2.009, expte. N° 92.929, «Garavaglia, Oscar R.y otra en J° 8.428/113.198 Garavaglia, Oscar y otra c/Provincia de Mendoza P/Ordinario S/Inc. Cas.», LS 397 – 152).

Relaté más arriba los antecedentes que fundaron la pretensión in-demnizatoria de G. e insistí en que la demandada no contestó la demanda; teniendo ese punto de partida, resulta absolutamente entendible que el daño moral reclamado deviene de observar la lucha que desplegara para obtener una respuesta adecuada a su situación por parte de la comunidad religiosa en la que aún confiaba; con el tiempo transcurrido, no dudo de la existencia del agravio moral en concreto en directa relación causal con dicha conducta (Art. 901 y sgtes. del Código Civil), pues el actor reclamó durante años en el marco de la cordialidad que el respeto por los superiores de la institución le merecían, culminando con el informe denegatorio de la información expedido en fecha 21/05/2.010.

Indudablemente, la conmoción psicológica por la que debe haber atravesado el actor por la falta de una respuesta oportuna de parte de las autoridades eclesiásticas, se traduce en un daño moral que no requiere, en forma necesaria, de una prueba pericial psicológica que venga a decirle al Tribunal de los padecimientos sufridos, como lo exige el juez de grado en la sentencia apelada; este daño surge in re ipsa.

Cualquier persona que realiza un planteo necesita una respuesta. Desde el sentido común, ¿cómo se explica que el actor haya recurrido a un medio masivo de comunicación a denunciar su situación tres años después de que habrían ocurrido aquellos hechos?¿Cómo se entiende que el actor en el año 2.008 continuara manteniendo comunicación telefónica o electrónica con personas del Arzobispado si no es para recibir una respuesta?

En tales condiciones es lógico concluir que el actor tuviera sentimientos de disgusto, impotencia e incertidumbre ante la ausencia de información y de respuesta de parte de la demandada, que se prolongó durante años, por lo que voy a proponer que se admita el rubro reclamado en la suma de $ 30.000; este monto se fija conforme a las facultades que emergen del art. 90 inc. 7°del C.P.C., ante la carencia de precedentes de esta naturaleza; aclaro que el monto es concedido a la fecha de la sentencia de primera instancia, con más los intereses calculados a tasa activa desde la fecha de la notificación de la demanda y hasta el efectivo pago.

VII.- En consecuencia, corresponde admitir el recurso de apelación promovido a fojas 442, debiendo revocarse en todas sus partes la sentencia de 432/435.

ASÍ VOTO.

Sobre la primera cuestión, la Dra. MARÍA SILVINA ÁBALOS formula el siguiente voto ampliatorio:

A).- Objeto de la litis. Delimitación.-

1).- Ha de recordarse que la demanda debe individualizar el objeto litigioso, designando con toda exactitud, los hechos en que se funde, los cuales deben ser explicados brevemente, el derecho y la petición en términos claros y positivos, conjunto de requisitos extrínsecos de la demanda que unidos contribuyen a la individualización del objeto litigioso.

La demanda debe contener una referencia bien precisa y circunstanciada de los hechos en que se funda, explicados claramente así como la sucinta fundamentación del derecho y la petición. Ello marca el contorno de la pretensión; y con esquema similar proveniente de la actitud que asuma en el proceso el legitimado pasivo queda delimitando el sentido concreto de la litis.Ellos son los extremos a considerarse por el tribunal al sentenciar la causa, porque debe éste decidir ajustándose únicamente a las pretensiones deducidas en juicio, calificándolas según correspondiere por ley y declarando el derecho de los litigantes (COLERIO, Juan Pedro. «Principio de Congruencia (La omisión de considerar pruebas y el tratamiento de cuestiones no sometidas a la alzada» LA LEY 1993-C, 375).

La sujeción de los jueces al poder dispositivo de las partes, con relación a los elementos objetivos y subjetivos de la pretensión, es absoluta, pues el a quo debe fallar secundum allegata et probata ya que cuando se aparta de los sujetos que trabaron la litis o del objeto mediato e inmediato y de la causa de la pretensión, incurre en incongruencia (LOPEZ CARUSILLO, Magdalena-MARTINEZ, Verónica. «El principio iura novit curia: límites». LLC 2006, 881).-

Resulta pues fundamental determinar cuáles son los hechos invocados por el accionante que dieran origen a la presunta obligación de la demandada a indemnizar, el daño reclamado.-

-Afirma en el escrito de demanda el Sr. G.que fue abusado sexualmente por un sacerdote católico romano, en una parroquia perteneciente a dicha religión ubicada en el Departamento de San Martín en el período comprendido desde el año 1998 hasta 2.001.-

-Que presentó un escrito el 19/3/2001 al Arzobispo de Mendoza, con la finalidad que iniciaran una investigación y aplicaran las normas eclesiásticas y canónicas por el delito denunciado.-

-Que fue derivado por el sacerdote Sergio Martín al médico psiquiatra Roberto Guembe para que lo asistiera y tratara de paliar los graves efectos psicológicos que los reiterados abusos sexuales por parte del sacerdote mencionado le habían causado.-

-Que los abusos sexuales sufridos en la parroquia y posterior investigación, fueron reconocidos por la demandada, en las personas del Arzobispado y el vocero episcopal en medios de comunicación social, artículos que en copia certificada acompaña.-

-Que la investigación de los hechos, mediante procedimiento administrativo existió, como lo demuestran los reconocimientos expresos que hicieron los miembros de la Iglesia Católica.

Señala que con fecha 14/1/2004 aparece la noticia del abuso sexual padecido por su parte en el Diario UNO de Mendoza y el Arzobispado informa que se han tomado sobre el tema las medidas que se han juzgado más oportunas y necesarias conforme a la orientación de la Iglesia. Que con posterioridad aparece en los medios que el Arzobispado analiza reabrir la investigación por un caso de presunto abuso ocurrido en el clero local (ver fs. 30).-

-Que alega que nunca se le dio participación en el procedimiento administrativo llevado a cabo por el Arzobispado de Mendoza y cuando la solicitó se la denegó sin fundamento alguno, violando la accionada derechos de raigambre constitucional como son los derechos a la información fundada y a conocer la verdad.-

-Que el 21 de mayo de 2.010 el actor decidió presentar ante el Arzobispado un pedido de informe para que se le comunicara el resultado de la investigación que debía efectuar el mismo, rechazándole el pedido la Iglesia por improcedente.Puntualiza que el daño se configuró en dicha fecha (21/5/2010) al violársele de ese modo, el derecho a la información y a saber la verdad, reconocidos por la Constitución Nacional y Tratados Internaciones con jerarquía constitucion al.-

-Que la demandada nunca informó al hoy demandante porqué es improcedente su pedido, por qué no puede saber la verdad de la investigación por los abusos sexuales que padeció, cuales son las razones de la improcedencia de su pedido, por qué nunca fue notificado del resultado del procedimiento administrativo iniciado en el arzobispado (a pesar de sus reclamos) por qué se le niega el derecho a la información.-

-Asevera que resulta evidente el daño moral al reclamar y exigir una legítima respuesta y que se lo haya ignorado.-

-Que se violó el principio de igualdad de trato, al haber la accionada en los Autos No. 86.133- «G., I. Rubén c/Arzobispado de Mendoza p/Medida Previa» negarse a remitir la documentación que poseía a nombre del Sr. G. amparándose en el privilegio otorgado por el Concordato con la Santa Sede de 1.966.-

2).- Que debidamente notificada la accionada, no compareció ni contestó la demanda en el plazo legal para hacerlo (ver fs.65), habiendo comparecido con posterioridad, por lo que no fue declarada rebelde (ver fs. 72).-

Es importante que tanto las partes como el juez tengan claro cuáles son los efectos que produce la actitud del demandado frente a la demanda. El art. 168 inc. 1) CPCMza es claro al respecto y sigue la línea del artículo 134 inc 2 del antiguo CPCMza de 1896 derogado en 1953 cuando establece que el silencio o las respuestas ambiguas o evasivas del demandado «podrán» estimarse como reconocimiento o verdad de los hechos expuestos por el actor, como reconocimiento de la autenticidad de los documentos y su recepción. –

Así Podetti en 1953 en el comentario a su propio código y en la nota al art. 168 inc.1) si bien mantiene el concepto presuncional del viejo código, señala la conveniencia de limitar la eficacia de la ficción de verdad cuando es posible obtener la verdad real, con lo que concluye en que el silencio o las respuestas evasivas o ambiguas del demandado, constituyen solo una presunción en su contra que puede ser desvirtuada por prueba en contrario (GIANELLA, Horacio C. «Código Procesal Civil de la Provincia de Mendoza» To. II, LA LEY, pág. 67/68).-

En tal sentido la jurisprudencia local ha dicho que «la falta de negativa categórica de los hechos expuestos en la demanda puede tenerse como reconocimiento de la verdad de esos hechos, teniendo el alcance de una presunción juris tantum, por lo que esos hechos deberán ser confrontados con las pruebas rendidas en autos». (Segunda Cámara Civil, 10/06/1.999, expte. N° 25.962, «Del Moral Sgro, Luis Enrique c/H. Jorge Contreras Martínez p/Daños y perjuicios», LS 093 – 472).-

De la compulsa de las actuaciones, y en especial de las pruebas ofrecidas, surge que el Sr. G. presentó el 19/3/2001 ante el Sr. Arzobispo de la Arquidiócesis de Mendoza una denuncia de haber sido abusado durante dos años por el Diácono Morello perteneciente a la parroquia ubicada en el Departamento de San Martín.-

Que si bien es cierto que el Sr. G. fue derivado al Médico Psiquiatra Roberto Angel Guembe, éste sólo constató su estado emocional inmediato a los hechos, en razón que el accionante sólo concurrió a dos entrevistas (ver fs.117/120).-

Que a diferencia de lo aseverado por el actor, no se advierte que el demandado hubiere reconocido expresamente en los artículos periodísticos acompañados, el supuesto abuso sexual por parte del Sr. Morello.Sí en cambio afirma que está al tanto de la situación y que se han tomado sobre el tema las medidas que se han juzgado más oportunas y necesarias conforme a las orientaciones de la Iglesia (ver fs.17). Así también en el artículo periodístico que corre agregado a fs. 30, surge que el Arzobispado de Mendoza analiza reabrir una investigación por un caso de presunto abuso ocurrido en el clero local en 2.001, aunque no puede dejar de mencionarse que al prestar declaración testimonial en estas actuaciones el Sacerdote Marcelo de Benedectis, vocero del Arzobispado, señala que esa afirmación no es suya y que jamás se le informó que se iba a hacer tal cosa (ver fs. 123). Y en el artículo «Aclaración del Arzobispado de Mendoza» publicada en la página WEB del Arzobispado el 21/5/2010, se expresa que ante la información que circula por algunos medios de comunicación sobre el comportamiento inmoral de un sacerdote, no se trata de un abuso sexual de un menor ni pedofilia y en su momento se siguieron los procedimientos previstos por la ley de la Iglesia para esta situación y se acompañaron personalmente a las personas involucradas (ver fs. 38 y 133).-

Aún más los testigos de fs. 200, 205 y 274, son coincidentes en determinar que no existió delito penal, atento a que no hubo violencia, lo que surgiría del propio escrito de denuncia, sino una relación homosexual entre dos personas adultas que lo eligieron libremente.-

Por otro lado el Sr. G. en su momento no promovió la acción penal privada por abuso sexual, por lo que no existe un pronunciamiento judicial que tenga por probado que se haya configurado el delito.-

A ello cabe agregar, como bien afirma el recurrente al expresar agravios, que la acción tendiente a demostrar los abusos sexuales en sede civil y daños sufridos por el actor, ha prescripto en el año 2.003 (ver fs.452).-

Vale decir que no es materia de controversia determinar si existió abuso sexual o una relación íntima consentida, durante el período de dos años entre el accionante, que en aquel momento tenía alrededor de 18/19 años y el Sr Morello, ni los presuntos daños derivados de la misma, lo que lleva a prescindir de las declaraciones testimoniales respecto a qué tipo de relación existió entre los nombrados como asimismo, los dichos del Psiquiatra Guembe, que sólo hacen referencia al estado psíquico del Sr. G. con posterioridad a cortar la relación.-

Esto se condice con la afirmación del accionante en su escrito de demanda, que el daño se configuró el 21/5/2010 cuando el Arzobispado le rechazó su pedido de informe sin fundamento, por lo que resulta evidente el daño moral al reclamar y exigir una legítima respuesta y que se lo haya ignorado, aunque también menciona que no se le dio participación durante la investigación ni se le brindó información ante sus pedidos verbales.-

Por lo tanto, no encontrándose controvertido que el Sr. G. presentó una denuncia relativa al supuesto abuso sexual por parte del Sr. Morello ante el Arzobispo Arancibia, ni tampoco que el Arzobispado iniciara una investigación, el meollo de la cuestión consiste en dilucidar, si se le dió participación durante el proceso administrativo y si se le negó información ante sus pedidos verbales, ya que la solicitud por escrito le fue rechazada, lo que no es materia de discusión.Por último deberá merituarse si los hechos enunciados produjeron daño moral en el peticionante-

B).- Ponderación de los diversos medios probatorios.-

1).- La apreciación o valoración de la prueba «es el acto mediante el cual, el órgano judicial, en oportunidad de dictar sentencia definitiva, se pronuncia acerca de la eficacia o atendibilidad de aquélla para formar su convicción sobre la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos (Palacio); o, expresado de otra forma, es «la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que puede deducirse de su contenido» (Echandía), o «la actividad intelectual que realiza el Juez para determinar la fuerza probatoria relativa que tiene cada uno de los medios de prueba en su comparación con los demás para llegar al resultado de la correspondencia que en su conjunto debe atribuírsele respecto de la versión fáctica suministrada por las partes» (Colombo).

Consecuentemente, la apreciación o valoración de la prueba comprende su estudio crítico de conjunto, ya sea de los diversos medios suministrados por una parte para demostrar sus alegaciones de hecho y de los que la otra aportó para desvirtuarlas u oponer otros hechos, así como también de los que el Juez decretó oficiosamente, configurando la apreciación o valoración de la prueba una actividad exclusiva del Juez (DE SANTO, Víctor. «El Proceso Civil». To. II. Ed. Universidad 1982, pág. 599/600).

A diferencia de lo que ocurría en el sistema de las pruebas legales, donde el valor de los medios probatorios estaba fijado con anterioridad en términos generales y abstractos, en los códigos procesales modernos, la eficacia de la prueba queda reservada al arbitrio judicial, en virtud de la aplicación de normas flexibles o elásticas. El sistema de la sana crítica adoptado por nuestro régimen procesal, supone la existencia de ciertos principios generales que deben guiar en cada caso la apreciación de la prueba y que excluyen, por ende, la discrecionalidad absoluta del Juzgador.Se trata, por un lado, de los principios de la lógica, y, por otro lado, de las «máximas de experiencia»; es decir, de los principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano y científicamente verificables, actuando ambos, respectivamente como fundamento de la posibilidad y de realidad (PALACIO, Lino, Derecho Procesal Civil», To. IV, Bs. As., Abeledo – Perrot, 1.972, pág. 415).-

Aparece necesario introducirnos al menos mínimamente en el procedimiento canónico de sanción a un miembro del clero.-

Según el testigo Manresa, quién no fue tachado, señala que primero se hace un llamado de atención, que se llama canónicamente «amonestación», esta debe ser por escrito y ante un testigo, la puede realizar el obispo o el vicario general en su defecto; la segunda parte es retirarle el cargo eclesiástico que pueda llegar a tener y la última es retirarle el estado eclesiástico, lo que implica un juicio canónico avalado por la Santa Sede.-

En concreto y con relación al Sr. Morello, afirma que se siguió el procedimiento canónico, aplicándosele una amonestación, a causa de la presentación que había hecho el Sr. G. referido a los actos homosexuales que habían tenido ambos; que el origen del traslado de Morello de la Parroquia fueron los hechos denunciados por G.; y qu e tiene conocimiento por comentarios que escuchó que el Sr. Morello con posterioridad a la primer entrevista habría reconocido la relación homosexual lo que dio lugar a una segunda sanción (ver fs. 200/202).-

A su vez el testigo Gerardo Raúl Aguado, Vicario del Arzobispado, en cuanto al procedimiento canónico de sanción, distingue la situación cuando hay un delito probado, existe un procedimiento establecido por la Santa Sede, y cuando no se trata de un delito, existen algunos pasos pastorales relacionados con diálogos, averiguaciones, acompañamientos de personas, recomendaciones, e indica que el Sr.Morello recibió dos amonestaciones una en el 2.001 y otra en el 2.004, dejando el Ministerio en junio del año 2.010 (ver fs. 205 y sgtes.).-

El Sacerdote Forconesi, Vicario General desde el 2.002, manifiesta que el Obispo recibió el testimonio de la conducta impropia de Morello, luego conversó con Morello para preguntarle si lo expuesto por G. era cierto, también preguntó a los otros Sacerdotes de la Parroquia y luego aplicó la sanción. Ratifica el declarante que al Sr. Morello se le aplicaron dos amonestaciones, una en el 2.001 y otra en el 2.004 y que fue testigo de una de ellas por conducta impropia como Sacerdote. Preguntado sobre si la sanción aludida debe ser comunicada a la persona que hizo la denuncia, contesta que la amonestación canónica tal como está tipificada en el Código de Derecho Canónico recoge el testimonio de conducta impropia y por dirigirse a la persona que lo ha actuado queda en la privacidad de su propia vida, de su propia persona. La participación que se le otorga es el reconocimiento de su testimonio en contra de la conducta inapropiada de un Sacerdote; que la amonestación es un recurso que tiene el Obispo para llamar a la corrección a una persona cuando no existe delito de por medio y que de los hechos denunciados por G. no surge que exista un delito penal sino una relación homosexual entre dos personas adultas (ver fs.274/275).-

En cuanto a si se le notificó al denunciante, las amonestaciones aplicadas al Sr. Morello, existen testimonios encontrados. Así el Sacerdote Manresa manifiesta que se comunicó telefónicamente con el padre Sergio Martín para que le comunicara al Sr. G. la sanción impuesta al Sr. Morello, lo que originó que al día siguiente éste último presentara un escrito ampliando su declaración primera, pidiendo que se citaran de ser necesarios, testigos que él podía proponer (ver fs.200/202); en tanto el Sacerdote Sergio Martín cuando se le pregunta si le consta que el Arzobispado de Mendoza le haya notificado al Sr. G. los resultados obtenidos por la petición presentada al Sr. Obispo Arancibia, contesta que no le consta (ver fs. 170/173). A su vez el Sacerdote Gerardo Raúl Aguado, a la pregunta si en forma personal comunicó alguna de las medidas indicadas al Sr. I. G., explica que no hizo una descripción precisa de lo aquí declarado, sino que le explicó del modo más prudente (ver fs. 200/202) y por último el Sacerdote Forconese manifiesta que le consta que se le ha informado al Sr. G. de forma verbal personal y escrita sobre la amonestación al Sr. Morello (ver fs. 274 y sgtes.).-

2).- El Juez de 1er. Instancia tuvo por cierto a tenor del testimonio del Sr. Forconesi, Vicario general desde el año 2.002, que se le informó al Sr. G. de diversas formas, incluídas las escritas sobre las amonestaciones aplicadas al Sr. Morello, en forma directa, a través de mail por el obispo auxiliar y el vicario general (ver fs. 434 vta., 3er párrafo).-

El recurrente al expresar agravios a fs. 451, 3er párrafo, afirma «que ya se ha hecho referencia en el punto IV. A las sanciones comunicadas verbalmente al actor, pero no su naturaleza y no fueron notificadas de modo fehaciente». Más aún cuando critica la valoración que hiciera el «A Quo» sobre los dichos de Forconesi, como segundo error de interpretación señala que el Sentenciante «reduce la información a la sanción impuesta al cura abusador, cuando el pedido de informes de fs. 18/20 contiene siete (7) puntos sobre los cuales la demandada debía informar al actor» (ver fs. 461, 3er párrafo), lo que permite concluir, basándonos en las propias afirmaciones del apelante, que éste fue informado verbalmente de las amonestaciones que se le aplicaron al Sr.Morello consecuencia de la investigación llevada a cabo.-

Además tampoco puede decirse que estuvo totalmente ajeno al proceso investigativo. Así en el artículo periodístico publicado en el Diario Uno, del mes de enero del 2.004, en dónde expuso los hechos vividos con el Sr. Morello, a la pregunta de «¿No sabés de qué se trató la investigación qué hizo Arancibia?» responde que «Arancibia le mostró (a Morello) mi escrito y Jorge dijo que el 85% era mentira. Sé también que él preparó una especie de castigo, pero no sé si lo aplicó». Después de mi denuncia, al vicario Jorge Morello, lo sacaron de la parroquia. Estuvo un tiempo sin parroquia y lo mandaron a la de Nuestra Señora de la Consolata en Bermejo. Lo último que supe es que estaba de capellán en el Hospital Español (ver fs. 17).-

Obra también a fs. 81 vta. transcripción de un mail enviado por el accionante a la Secretaría Privada del Arzobispado, de fecha 10/03/2010, y reconocido por éste último al absolver posiciones, donde expresa que «Estoy muy contento de que podamos manejar estos temas con respeto y seriedad, me parece que la situación lo amerita. Me siento muy libre de poder expresar mi parecer en este tema, creo que me gané ese derecho»; tuvo dos reuniones con el Obispo Arancibia y un encuentro en el aeropuerto (ver absolución de posiciones del accionante); fue acompañado espiritualmente por el Sacerdote Sergio Martín y Omar Llorente, y mantuvo comunicación por mail y telefónica con varios miembros de la Curia, entre ellos el Sacerdote Gerardo Raúl Aguado quién le manifestó, entre otras cosas, que no creía que Jorge Morello volviera a estar al frente de una comunidad parroquial (ver fs. 205/206), lo que permite inferir que siempre mantuvo algún tipo de comunicación con el Arzobispado, en relación a los hechos por él denunciados.-

Lo afirmado ut supra, demuestra que el Sr. G.tuvo conocimiento, aunque sea verbal, dado que nunca se probó la supuesta notificación por escrito, de las sanciones aplicadas al Sr. Morello como en cierta medida del desenvolvimiento del proceso investigativo, aunque no se le hubiere dado una participación formal.

3).- Ahora bien, llegamos a la petición efectuada por el Dr. Carlos D. Lombardi en representación del Sr. I. Rubén G. presentada ante el Arzobispado el día 10/5/2010, en dónde le requería la siguiente información: a) Si se llevó a cabo un investigación, de acuerdo a lo normado por el canon 1717 y el compromiso asumido públicamente; b).- Si se comunicó a la Congregación de la Doctrina de la Fe el caso de abuso sexual perpetrado contra el Sr. I. G. En caso afirmativo, fecha de la comunicación e instrucciones impartidas por la mencionada congregación, de conformidad con lo ordenado por la Carta de los Delitos más graves, sancionada en el año 2.001; c) Resultados de la investigación. Medidas y/o sanciones adoptadas contra el imputado. Si se le otorgó al mismo el tiempo prudencial para la enmienda a tenor del canon 1347; en caso afirmativo, duración del tiempo prudencia; d).- Si existió avocamiento del Promotor de Justicia de la Arquidiócesis; en caso afirmativo, dictamen del mismo; f).- Si se dio intervención a las autoridades públicas, denunciando ante la justicia penal al presunto responsable. En caso afirmativo, fiscalía y/o juzgado ante el cual se interpuso la denuncia y estado procesal del expediente penal y g).- Medidas canónicas y/o pastorales adoptadas para reparar el daño causado a la víctima y restablecer la justicia a tenor del canon 1341 (ver fs. 18/21).-

A lo que el Arzobispado contestó, «En respuesta al pedido de información presentado en su nombre por el Dr.Carlos Lombardi, con fecha 10 de mayo de 2010, cumplo en informarle que lo rechazo por improcedente» (ver fs.21).-

No se soslaya que durante el proceso de investigación de un posible ilícito o comportamiento inapropiado por parte de un miembro del clero, debe primar reserva, en resguardo de la buena fama de las personas implicadas, lo que sin duda explica la conducta más que cauta del Arzobispado en los comunicados publicados en los medios de comunicación. Sin embargo en el sub-lite, quién pedía la información no era un tercero ajeno al proceso sino el propio denunciante, por lo que resulta lógico que el Sr. G. tuviera derecho a que se le brindase dicha información, o al menos a que se le diese una respuesta explicando los motivos por los cuales se le negaba la misma.-

Es que la libertad de expresión y el derecho a la información; son dos caras de una misma moneda.

Así, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos constituye la llave de bóveda, para abordar el derecho a la información, como un derecho/deber derivado de la libertad de expresión. Es en este ámbito donde el derecho a la información aparece como una precondición para el ejercicio en plenitud, del derecho a la libertad expresiva (BASTERRA, Marcela I. «Derecho a la información y la libertad de expresión». LA LEY 2011-D, 794).-

El derecho a la información como los demás derechos, es susceptible de reglamentación o limitaciones que condicionan su pleno ejercicio, con el requisito de que la misma sea realizada dentro de los contornos del principio de la razonabilidad. El derecho a la intimidad constituye uno de estos límites.

Este puede definirse como la esfera individual de la persona que está exenta del conocimiento generalizado por parte de los demás, que se materializa en el derecho a que terceras personas no tengan información documentada sobre hechos, situaciones o circunstancias, que el titular del derecho no quiere que sean ampliamente conocidas (BASTERRA, Marcela I. «Derecho a la información vs.Derecho a la intimidad». Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 93 ).-

Por último, la información requerida, tampoco afectaba el derecho a la intimidad del Sr. Morello, ya que la mayoría de los puntos versaban sobre aspectos del procedimiento canónico, por lo que coincido con el Ministro preopinante en cuanto la accionada incurrió en una conducta omisiva al no proporcionar la información solicitada o al menos una negativa fundada .-

C).- Daño moral. Prueba. Extensión.-

El daño moral es un daño jurídico, o sea un perjuicio que aprehende el orden jurídico. Puede decirse que este daño, es el que lesiona los bienes más preciosos de la persona humana, al alterar la paz interior. Es que el daño moral es la lesión de razonable envergadura producida al equilibrio espiritual cuya existencia la ley presume -y tutela- y que atañe a una persona. Es una noxa a la normalidad. (CIPRIANO, Néstor Amílcar. «Daño moral: concepto, interdependencias jurídicas y psicológicas». LL 1982-D, 843).-

El sentido común nos indica, que aún sin contar con un informe de experto en la materia, la decisión del Arzobispado de negar información al peticionante, sin fundamento alguno, sobre el resultado de la investigación, generó en el accionante una sensación de angustia, impotencia, sentimiento de injusticia que ha afectado su equilibrio y paz interior, que habilita sin más, a tener por configurado la existencia de un perjuicio moral en el actor.-

Resta determinar la extensión o cuantía del mismo.-

A fs.17 obra publicación en el Diario Uno de fecha 14/1/2004, en dónde el accionante denuncia haber padecido abuso de un vicario.-

En el recuadro inferior titulado «Yo no busco indemnización ni escándalo», manifiesta que acudió al Obispo Arancibia porque creyó que iban a ayudarle pero nadie lo llamó, que busca que se hagan responsables, que si alguien puso a un cura en una parroquia es el responsable; que Arancibia se comportó como un juez y no como un pastor con él; que Arancibia sabía que él no iba a hacer ninguna denuncia y actuó en consecuencia; que le pedía que aceptara que se había equivocado al poner al vicario; y ante la pregunta de ¿Y qué buscabas con la carta que enviaste al diario? Contesta que «yo no busco el escándalo. Creo que la Iglesia sigue siendo luz para los hombres. Pero para mí tienen que empezar a tomar otras actitudes. Si se logra sacar el pus, darle luz al tema, van a surgir solas las soluciones. Si no, se hace todo permisivo. Si un cura supiese que si siente algo puede acudir en ayuda en lugar de ocultarlo, pasarían menos cosas. Los obispos tendrían que ayudar, no sólo castigar mandando a los curas a otras parroquias».-

También manifiesta que Arancibia le mostró (a Jorge Morello) su escrito y Jorge dijo que el 85% era mentira; sabe que preparó una especie de castigo, pero no sabe si lo aplicó y que después de su denuncia, al vicario Jorge Morelo lo sacaron de la parroquia; estuvo un tiempo sin parroquia y lo mandaron a la de Nuestra Señora de la Consolata en Bermejo; lo último que supo es que estaba de capellán en el Hospital Español (ver fs.17).-

Como ya he señalado en el año 2.004 el accionante tenía un conocimiento bastante certero sobre la evolución del proceso investigativo, realizando más bien una crítica sobre la conducta de la Iglesia ante estas situaciones, esperando un reconocimiento por parte de Arancibia respecto a que cometió un error al colocar al Vicario y qué los Obispos deberían ayudar a los curas que sintiesen algo y no castigarlos mandándolos a otras parroquias. Es decir que de la nota periodística no surge queja alguna en relación a que a su persona se le hubiere negado información sobre la investigación.-

Los hechos relatados, no eximen a la accionada, del deber que tenía de dar una respuesta por escrito ante la presentación de fs. 18/20, que como acertadamente señala el recurrente, la información requerida excedía el conocimiento de las sanciones aplicadas al Sr. Morello (ver fs. 468).-

Párrafo aparte merece la supuesta nota presentada al Director del Diario Uno en el año 2.004 (ver fs. 12), a la que hace referencia el recurrente recién en esta Instancia como prueba del daño demandado. Y se hace mención a «supuesta» porque no obra constancia de recepción en el mencionado matutino.-

En la copia que se acompaña, expresa que pretende que la sociedad sepa de los procedimientos pocos claros sobre el accionar de algunos miembros del clero católico local, de cómo este soluciona desde la mentira y el silencio cómplice, sus problemas internos, más precisamente sobre su sexualidad y su incapacidad de cumplir con sus promesas. Fruto de esto muchas veces se produce un daño a niños y jóvenes. (ver fs. 12)-

Llama la atención que el Sr.G., ante lo transcripto en el párrafo precedente, no hubiera solicitado por escrito la información detallada a fs.18/20 en el 2.004 al exponer públicamente su situación en los medios de comunicación, para hacerlo luego de transcurrido seis años, recién en mayo del 2.010.

Quizás la respuesta a esta inquietud, está dada en el propio escrito de demanda, cuando señala que «En el mes de mayo de 2.010, y dado el estado público que tomó el fenómeno de los sacerdotes pedófilos y abusadores sexuales en organismos, escuelas y templos católicos en todo el mundo (incluído nuestro país), y sin haber sido notificado de resolución alguna ni haber tenido la oportunidad de conocer los resultados del procedimiento interno». «decidió presentar ante el Arzobispado de Mendoza un pedido de informe -con patrocinio letrado-, a fin que se le comunicara el resultado de la investigación que había efectuado el Arzobispado» (ver fs. 45 vta). Esta postura la reitera al pronunciarse sobre la siguiente posición: «Para que jure como es cierto que desde su mail invanmendocino@gmail.com, el diecinueve de marzo de dos mil diez remitió un mail a la arquidiócesis de Mendoza, expresando su contento de que el tema se manejara con respeto y seriedad y evitando el escándalo», a lo que responde, ante la exhibición de fs. 81 vta., que «Si. De todos modos evitar el escándalo y manejarse con prudencia o con respeto, no significa desde ningún punto, ocultamiento y mentira. Todo esto surgió porque cuando aparecieron los escándalos a nivel mundial respecto a los abusos, y el trato que recibieron a nivel mundial las personas que habían sido abusadas, MDZ on line le hizo entrevistas o consultas a varios sacerdotes de la arquidiócesis, preguntando si tenían conocimiento de un caso en Mendoza. Todos dijeron que no.Lo extraño es que ellos recibieron un mail mío cuando se entregó el título a este cura abusador europeo en dónde yo me quejaba de alguna forma porque el arzobispo había hecho eso, cómo es posible que ya nadie sabía de mi caso?» (ver respuesta a la quinta posición, fs. 108 vta).-

O sea que pareciere que la necesidad de la información que plasmó el Sr. G. en los puntos detallados a fs. 18/20, fue consecuencia de los artículos precitados, sobre sacerdotes abusadores, y en especial por la respuesta de algunos presbíteros, en relación a la no existencia de casos similares en Mendoza.-

Por ello, que el daño se hubiere configurado recién el 21/5/2010, nueve años con posterioridad a la denuncia, no constituye un hecho agravante del mismo, ya que el actor pudo solicitar la información con anterioridad y el perjuicio habría nacido previamente. Si lo hizo recién en mayo del 2.010, podría pensarse que fue porque en ese momento, y ante la entrevista publicada en MDZ on line, sintió que su caso había sido olvidado o no era tenido en consideración-

Sin perjuicio de ello, valorando que al Sr. G. se le negó sin fundamento alguno la información indicada a fs. 18/20, y que el único que podía informar al respecto era el Arzobispado, situación que como se expresara afectó su paz y tranquilidad interior, máxime cuando tampoco se advierte cuál era el impedimento para que se le respondiera, al menos lo afirmado por el Monseñor Arancibia al absolver posiciones, esto es que «no se trataba de abusos sexuales sino de una relación consentida entre personas adultas y que no comenzó al respecto una investigación propiamente dicha, si bien realizó las averiguaciones que en su momento le parecieron oportunas y necesarias» (ver fs. 155), se entiende justo y equitativo fijar a la fecha de la sentencia cuestionada la suma de $30.000,00. ASI VOTO.-

Sobre la primera cuestión, la Dra.MIRTA SAR SAR formula el si-guiente voto ampliatorio:

En la causa se encuentra en juego el derecho a la información, el que resulta ser un pilar del estado de derecho, sin el cual no podría ejercerse el control de la gestión pública.

El mismo ha sido establecido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y fue ampliado por la Declaración de las Naciones Unidas con el concepto de libertad de información.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a «todo individuo» de «investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».

En sentido coincidente el Pacto Universal de Derechos Civiles y Políticos establece que «toda persona tiene derecho a la libertad de expresión», derecho que «comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole».

La doctrina y jurisprudencia se ha hecho eco de estos principios llegando a sostenerse que el derecho a la información es un derecho tan trascendente que puede ser ubicado en un plano superior, al de los otros derechos civiles.

Este principio resulta de aplicación en los diversos ámbitos del derecho.

Así la doctrina administrativista ha admitido la facultad de los administrados al acceso a la información, más aún cuando existe un derecho subjetivo o un interés legítimo y se trata de cuestiones que atañen directamente a quien la solicitase. Y es que la legislación no tolera el secreto de la gestión administrativa, sino que se exige su publicidad. La doctrina y jurisprudencia de los tribunales internacionales es conteste en la defensa del derecho a la información, la cual es fundamental para la plena vigencia del sistema democrático y se encuentra intrínsecamente unida a la libertad de expresión.

En relación con este principio, el acceso a la información es un derecho fundamental de los individuos y los Estados tienen la obligación de garantizarlos.

ANALISIS DE LOS HECHOS DE LA CAUSA

En autos la demanda se centra en la falta del deber de información por parte del Arzobispado de la provincia respecto a hechos en los que estuvo involucrado tanto el actor como un sacerdote de la diócesis.

No se encuentra en discusión la relación entre el actor y el Diácono Jorge Morello la que se desarrolló con anterioridad y durante aproximadamente dos años al momento en que el actor efectuara la denuncia al Arzobispo de la Diócesis de Mendoza el 19 de marzo de 2001.

Según los términos de la denuncia el pedido de investigación por parte de la jerarquía eclesiástica, obedeció al hecho de que el actor había concurrido a su médico tratante, sintiendo en ese momento la necesidad de contar su historia.Cabe acotar que el caso no fue denunciado penalmente, ya sea porque no constituía delito, o porque el actor omitió realizar la denuncia en esa jurisdicción, priorizando el pedido de investigación en el seno eclesiástico.

En el año 2004 el actor envía una carta al lector en el Diario Uno donde refiere en forma genérica al daño sufrido por Jóvenes que se acercan a la Iglesia y son blanco de abusos y la conducta omisiva seguida por el Obispo de la Diócesis respecto a este tipo de hechos.

El 14 de enero de 2004 en una entrevista formulada por el mencionado medio de comunicación al actor, éste refiere que Monseñor Arancibia preparó una especie de castigo a Morello ignorando si lo aplicó.

El 5 de mayo de 2010 por acta notarial se solicita al Psiquiatra Roberto Guembe la historia clínica correspondiente al actor procediendo el profesional a entregar la nota de fecha 19 de marzo de 2001 donde se relatan los hechos que dieran origen a estos autos.

El día 10 de mayo de 2010 se requiere al arzobispado información sobre los resultados de la investigación, las sanciones adoptadas contra el imputado, el tiempo para la enmienda a tenor del canon 1347, duración del tiempo prudencial y las medidas canónicas y/o pastorales adoptadas para reparar el daño causado a la víctima y restablecer la justicia a tenor del canon 1341.

La respuesta se obtiene mediante nota dirigida por el arzobispado en fecha 21 de mayo de 2010 donde se rechaza el pedido por improcedente.

En fecha 20 de mayo de 2010 aparece un artículo en Diario Uno donde se señala que la Iglesia analiza reabrir una investigación por un caso de abuso ocurrido en el clero local en el año 2001.

El día 23 de mayo de 2010 el Sr.Arzobispo efectúa una aclaración en el Matutino «Diario Los Andes» en los siguientes términos «Fuimos leales y cuidadosos con las personas y por eso no me siento obligado a dar cuenta de lo que la Iglesia hizo porque están involucradas personas que fueron atendidas, escuchadas, aconsejadas y acompañadas».

En el mismo artículo se señala que el sacerdote Morello se desempeñaba como capellán del Hospital Español y que el Obispo estaba al tanto de la situación habiéndose adoptado las medidas que se juzgaron más oportunas y necesarias conforme a las orientaciones de la Iglesia.

El día 27 de mayo de 2010 por acta notarial se requiere al arzobispado la entrega del informe que oportunamente remitiera el actor en el año 2001 donde da cuenta de los abusos sufridos Derivada la solicitud al representante legal del Arzobispado éste manifiesta que «Rechazan el emplazamiento por considerarlo improcedente».

El análisis de las pruebas reseñadas y las testimoniales rendidas en la causa me llevan a compartir el voto del Sr. Ministro preopinante en el sentido que si bien la Iglesia se rige por el Derecho Canónico para investigar los hechos que puedan denunciarse en su seno, tal derecho debe conciliarse con el derecho de la presunta víctima a obtener una respuesta precisa y en tiempo prudencial acerca de las denuncias formuladas.

Fundamentalmente en el caso advierto que los hechos transcurrieron en el momento en que el actor era menor de edad y atravesaba su etapa de adolescencia.Existe coincidencia en el sentido que esta etapa de la vida posee rasgos diferenciadores que la hacen especialmente importante en el desarrollo posterior de la personalidad, donde resulta necesaria la guía y el consejo oportuno para sortear los obstáculos que pueden presentarse, pues los estudios psicológicos son coincidentes en que si bien no se es un niño, tampoco se ha adquirido el status de adulto, y donde el desarrollo posterior depende de la personalidad que se haya estructurado en base a elementos familiares, sociales, grupales, religiosos, etc., que se les hayan ofrecido.

Es precisamente en esta etapa de confusión y desorganización que se desarrollaron los hechos, y esto es lo que lleva precisamente al actor, una vez culminada la relación a solicitar a la Iglesia la respuesta y el acompañamiento que su espíritu necesitaba lo que fue respondido- a excepción de dos sacerdotes que actuaron a título personal- con evasivas y silencio.

Si aplicamos los principios del deber de información a la Iglesia y no obstante que se rige por normas específicas, no puede negarse que frente a una denuncia formulada por un adolescente respecto a una relación con un sacerdote, se imponía la obligación de investigar y de dar respuestas concretas y ajustadas en el tiempo a aquella persona en situación de vulnerabilidad – que en su condición de miembro de una comunidad religiosa- y activo participante de ella- requería frente a la gravedad de los hechos ocurridos.

Desde el mismo seno de la iglesia encabezada por el Sumo Pontífice y de la comunidad toda existe un clamor para la desaparición de la política del silencio.Entiendo que en el caso el actor como titular de un interés legítimo al efectuar una denuncia contra un sacerdote de su comunidad, tenía el derecho a ser informado de manera oficial sobre los procedimientos seguidos y el resultado de los mismos, y no tener que esperar 10 años para obtener por vía judicial la respuesta esperada.

La omisión en este aspecto, causa sin duda un agravio moral en el sujeto denunciante que motiva la necesidad de reparación, por lo que comparto el voto del Sr. ministro preopinante.

SOBRE LA SEGÚNDA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. CLAUDIO F. LEIVA DIJO:

Las costas deben imponerse a la parte recurrida que resulta vencida. (arts. 35 y 36 del C.P.C.)

ASÍ VOTO.

Sobre la segunda cuestión, las Dras. MIRTA SAR SAR y MARÍA SILVINA ÁBALOS adhieren al voto precedente.

Con lo que se dio por concluido el presente acuerdo dictándose sentencia, la que en su parte resolutiva dice así:

SENTENCIA:

Mendoza, 07 abril de 2014.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal

RESUELVE:

I.- Admitir el recurso de apelación promovido a fojas 442 y en consecuencia, revocar la sentencia de fojas 432/435, que queda redactada del siguiente modo: «1° Admitir la demanda promovida por el Sr. I. R. G. y en consecuencia, condenar al Arzobispado de la Provincia de Mendoza a abonar al actor en el plazo de DIEZ DÍAS de firme la presente, la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000), con más los intereses especificados en esta resolución. 2° Imponer las costas a la parte demandada que resulta vencida. (Arts. 35 y 36 del C.P.C.) 3°Regular los honorarios profesionales de los Dres. Carlos D. Lombardi en la suma de pesos . ($ .); Jorge López Reynaudo en la suma de pesos .($.); Luis Horacio Cuervo en la suma de pesos .($.); Walter Rubén Aporta en la suma de Pesos Ochocientos Cuarenta ($ .); Octavio Puppetto en la suma de pesos.($ .) y Rodrigo Cuervo en la suma de pesos . ($ .); (arts.2, 3, 4 y 31 del Arancel).-«

II.- Imponer las costas de alzada a la parte recurrida vencida. (Arts. 35 y 36 del C.P.C.)

III.- Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta vía impugnativa de la siguiente manera: a los Dres. Carlos D. Lombardi en la suma de Pesos . ($.), Jorge H. Lopez Reynaudo en la suma de Pesos . ($.), Luis Horacio Cuervo en la suma de Pesos . ($.) y Rodrigo S. Cuervo en la suma de Pesos . ($.)(Art. 2, 3, 4, 15 y 31 de la Ley 3641). Los honorarios regulados son sin perjuicio de los complementarios que correspondan, dejando expresamente establecido que al momento de practicarse liquidación deberá adicionarse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) a los profesionales que acrediten la calidad de responsables inscriptos.-

CÓPIESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y BAJEN.

CLAUDIO F. LEIVA

Juez de Cámara

MARIA SILVINA ÁBALOS

Juez de Cámara

MIRTA SAR SAR

Juez de Cámara

ANDREA LLANOS

Secretaria

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