No es nula la negociación colectiva que convoca a universidades privadas para concertar un CCT si no hay conflicto de representación

Consejo-magistraturaPartes: Fundación Universitaria Dr. René Favaloro c/ Estado Nacional Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/ nulidad administrativa

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 5-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-85512-AR | MJJ85512 | MJJ85512

No corresponde declarar la nulidad de la Resolución del MTEySS que avaló el procedimiento de negociación colectiva instado por el sindicato a fin de convocar a universidades privadas para concertar un CCT, pues no se planteó conflicto de representación alguno.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el rechazo de la acción entablada, tendiente a la declaración de nulidad de la resolución del MTEySS que avaló el procedimiento de negociación colectiva instado por el Sindicato actuante con el fin de convocar a diversas universidades privadas a la concertación de un convenio colectivo para ese sector, pues la autoridad administrativa actuó en uso de las facultades que le han sido conferidas legalmente sin que se observe que se hubiere obrado con ilegalidad o irrazonabilidad manifiestas.

2.-Toda vez que las leyes 14250 y 23546 confieren al Ministerio de Trabajo facultades suficientes para determinar la composición de la comisión negociadora, no puede desconocerse, en tal contexto, su aptitud para analizar e interpretar el ámbito de representatividad del sujeto colectivo convocante de conformidad con sus estatutos y la resolución que le confirió personería.

3.-Toda vez que la Resolución ministerial a la que hace referencia la parte actora le confiere personería gremial al Sindicato respecto de los docentes de escuelas particulares , no puede estarse estrictamente a la acepción común del término escuela para delimitar el ámbito de representatividad del sindicato peticionario por cuanto la vocación para incluir al personal dependiente de institutos terciarios y universitarios fue insinuada en su norma fundacional.

4.-Teniendo en consideración que, en principio, la fijación de la comisión negociadora importa un análisis global de lo que se ha dado en llamar mapa de personerías que opera en la órbita ministerial, corresponde confirmar el rechazo de la acción de nulidad impetrada, máxime cuando de decidirse en sentido contrario, no se operaría una modificación en los potenciales sujetos intervinientes en la negociación sino que, al no haberse planteado conflicto de representación intersindical, se estaría directamente impidiendo la concertación a nivel colectivo de los trabajadores involucrados, lo que resulta contrario a los principios contenidos en los convenios 98 y 154 de la OIT.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 5 DE FEBRERO 2014, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

La Fundación Universitaria Dr. René Favaloro interpuso la presente acción ordinaria de nulidad contra los actos administrativos que concluyeron con el dictado de la Resoluciòn MTEySS Nº 680/09 que avaló el procedimiento de negociación colectiva instado por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (en adelante SADOP) con el fin de convocar a diversas universidades privadas a la concertación de un convenio colectivo para ese sector.

La sentenciante de grado a través del pronunciamiento de fs. 509/513 rechazó la acción entablada al considerar que la autoridad administrativa actuó en uso de las facultades que le han sido conferidas legalmente y que no se observa que se hubiere obrado con ilegalidad o irrazonabilidad manifiestas. Contra tal decisorio se alzan SADOP a fs. 514, cuestionando la forma en que fueron impuestas las costas del proceso a su respecto, y la parte actora en los términos y con los alcances explicitados a fs. 516/520.

Cuestiona la Universidad apelante que se haya considerado que el SADOP posee aptitud representativa del sector, reitera los argumentos esgrimidos en su presentación liminar y señala que, a su juicio, se han malinterpretado las distintas resoluciones ministeriales que parcialmente transcribe. Asimismo apela las regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia, por considerarlas elevadas.

Admitida la aptitud jurisdiccional de esta Alzada para entender en la contienda de autos y realizadas las gestiones sugeridas por el Ministerio Público, se remitieron los autos en consulta al Dr. Eduardo Álvarez, quien se expidió a tenor del dictamen obrante a fs. 580/581.

Tal como lo enfatiza el Dr.Álvarez en el dictamen que antecede (cuyos fundamentos se comparten y se dan aquí por reproducidos en mérito a la brevedad) las leyes 14250 y 23546 confieren al Ministerio de Trabajo facultades suficientes para determinar la composición de la comisión negociadora y, en tal contexto, no puede desconocerse su aptitud para analizar e interpretar el ámbito de representatividad del sujeto colectivo convocante de conformidad con sus estatutos y la resolución que le confirió personería. A lo sumo, la actividad que al respecto despliegue el Ministerio de Trabajo en la determinación de la unidad de negociación podrá sujetarse a una eventual revisión judicial posterior pero, en modo alguno puede desconocerse la legitimación de la autoridad administrativa en la materia.

En el caso no se advierte la exorbitancia de las actuación ministerial a la que alude la recurrente en tanto no se ha demostrado que se hubiere procedido con irrazonabilidad o ilegalidad manifiesta. A diferencia de otros casos de aristas similares, en el presente no concurren otros posibles sujetos colectivos en tanto no se ha invocado la existencia de otras asociaciones gremiales con aptitud para asumir la representación de los docentes dependientes de universidades privadas y lo cierto es que, más allá de algunas imprecisiones terminológicas, a dicha entidad sindical se le ha reconocido aptitud representativa de los docentes privados también a nivel terciario y universitario.

En efecto, la Resolución Nº 27 de 1946 a la que se refiere la apelante le confiere personería gremial al SADOP respecto de los docentes de “escuelas particulares” y si bien, el término “escuela”, en principio no luce eficaz para comprender a institutos de educación superior o universitarios, en los estatutos de la entidad y en su carta orgánica se estableció que “tienen derecho a ingresar a la entidad el personal docente y administrativo en actividad o que hayan ejercido en colegios e institutos particulares incorporados, adscriptos, primarios, secundarios o universitarios autorizados.” (ver art.13 de la Carta orgánica).

Al respecto señala el Fiscal General -con criterio que comparto- que en el caso no puede estarse estrictamente a la acepción común del término “escuela” para delimitar el ámbito de representatividad del sindicato peticionario por cuanto la vocación para incluir al personal dependiente de institutos terciarios y universitarios fue insinuada en su norma fundacional y, más allá de las aristas debatibles que plantea la recurrente, lo cierto y concreto es que los elementos considerados impiden reputar abiertamente irrazonable el acto administrativo cuya nulidad se procura.

Consecuentemente, frente a ello y teniendo asimismo en consideración que, en principio la fijación de la comisión negociadora importa un análisis global de lo que se ha dado en llamar “mapa de personerías” que opera en la órbita ministerial, de prosperar mi voto, corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto rechaza la acción de nulidad impetrada, máxime cuando de decidirse en sentido contrario, no se operaría una modificación en los potenciales sujetos intervinientes en la negociación sino que, al no haberse planteado conflicto de representación intersindical, se estaría directamente impidiendo la concertación a nivel colectivo de los trabajadores involucrados, lo que resulta contrario a los principios contenidos en los convenios 98 y 154 de la OIT.

En cuanto a las costas derivadas de intervención en autos del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), corresponde confirmar la decisión adoptada en la instancia de grado por cuanto la citación efectuada por el Ministerio de Trabajo se encontró justificada en las particularidades del planteo deducido en autos y el resultado ha sido favorable a la autoridad citante.

La Fundación Universitaria Dr. René Favaloro apeló la totalidad de los honorarios regulados por considerarlos elevados.Al respecto, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida, el mérito y extensión de las tareas desarrolladas, el resultado obtenido y el valor económico razonablemente involucrado en la contienda, de conformidad con lo dispuesto en la ley 21839, las regulaciones de honorarios apeladas no resultan elevadas, por lo que propicio confirmarlas.

En cuanto a las costas de segunda instancia, habida cuenta el resultado final obtenido y el modo en que quedara plasmado el conflicto ante la Alzada, corresponde imponer las mismas, en su totalidad, a cargo de la parte actora que ha resultado vencida (art. 68 CPCCN). En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 de la ley 21839 propicio regular los honorarios de la representación y patrocinio del Estado Nacional, del SADOP y de la Fundación Universitaria Dr. René Favaloro, en el 25% de lo que en definitiva resulte para cada una de ellas, por su intervención en la instancia previa.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

Por análogos fundamentos, adhiero a las conclusiones del voto precedente.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125, 2ª parte de la ley 18.345), El tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios, 2) Declarar las costas de la Alzada, en su totalidad, a cargo de la parte actora, 3) Confirmar las regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia y regular los de la Alzada en la forma dispuesta en el considerando precedente,

4) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara

Graciela A. González

Juez de Cámara

 

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