¿Bozal legal o mordaza judicial? La libertad de expresión y la censura judicial

shutterstock_93030226Autor: Pulvirenti, Orlando D.

Fecha: 12-may-2014

Cita: MJ-DOC-6703-AR | MJD6703

Sumario:

I. Algunos antecedentes jurisprudenciales en su favor. II. Algunos fallos en sentido contrario. III. La restricción por vía convencional. IV. Consideraciones constitucionales, convencionales y de derecho comparado. V. El caso de los menores de edad. VI. Conclusiones.

Doctrina:

Por Orlando D. Pulvirenti (*)

No puede restarse mérito, ya sea por la rapidez con que puede conceptualizarse en lenguaje sencillo el alcance de una medida cautelar judicial, como por la manera en que facilitó su difusión en el ambiente de los medios de comunicación -a los que principalmente estaba destinado-, al uso del término «bozal legal» (1) para mencionar la disposición de la justicia que impide a una persona hablar públicamente sobre otra. Dicho ello, no es menos llamativo que no haya abierto mayores polémicas jurídicas la mera representación de un «bozal» puesto sobre una persona. De hecho, en cualquiera de sus acepciones, no se trata sino de un implemento aplicado sobre animales, para evitar que puedan abrir sus bocas. (2) Así de dramático e incorrecto, también anticipo, lo es al evitar que un individuo pueda hacer un ejercicio del derecho humano básico a la libertad de expresión. En tal caso sostendremos, no es la ley la que autoriza tal proceder, sino que son algunos jueces quienes extralimitando sus potestades realizan lo que la Constitución no permite.

I. ALGUNOS ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES EN SU FAVOR

Si bien con motivo del divorcio de Maximiliano López y Wanda Nara (3) y más recientemente de la polémica entre Romina Proppato y Flavio Mendoza, se comenzó nuevamente a hablar del tema, fue la causa Diego Maradona contra Verónica Ojeda, en la que la jueza Lidia Beatriz TESTA ordenaba no difundir ningún dato respecto del hijo de ambos, la que restauró la polémica respecto de esta cuestión.Es que ya en abril de 2012, una medida cautelar del Juzgado Nacional en lo Civil N° 94 de la Capital Federal, a cargo de la jueza Cecilia FEDERICO, había impedido a la ex empleada doméstica de Mirtha Legrand, Lina Rosa Díaz, hablar de la supuesta deuda que esta última tenía para con aquella, sosteniendo que el hecho de que fuera «una persona pública de fama reconocida» no permite «que su vida privada o situaciones domésticas tengan que ser difundidas a través de terceros sin su consentimiento». Para la jueza, en tanto no exista interés del público, resulta posible cercenar el derecho de hablar, disponiendo que la desobediencia daría lugar a la acción penal. (4) Cabe indicar que ya en ese entonces el INADI manifestó su preocupación ante el cariz y el alcance de la resolución, en tanto afectaba potencialmente el derecho a la libertad de expresión. (5)

Por su parte, el 18/11/2012 como consecuencia del cruce en el programa Intrusos entre Paola Miranda y Nanci Guerrero, en el que la ecuatoriana denunció al empresario Eduardo Pérez Guerrero imputándole que habría defraudado a chicas y que la habría incitado a prostituirse, se inició acción judicial que terminó con la imposibilidad de que la modelo pudiese hablar en los medios respecto de Ángel Pérez Guerrero. (6)

Con anterioridad y en forma emblemática, se puede citar la medida cautelar ordenada para que la jueza federal María SERVINI DE CUBRÍA no fuese mencionada en el programa de televisión de Mauricio Rajmín Borensztein (Tato Bores) y que derivase en una elusión del «bozal legal» mediante la canción interpretada por más de setenta artistas y periodistas:«La jueza badu dubu día es lo más grande que hay». Tal vez, el resultado haya sido aún más perjudicial para la jueza que la propia censura que procuró; pero lo relevante es que contrariamente a lo expresado por primera y segunda instancia, la Corte Suprema dictó el primer fallo de importancia contra la censura previa judicial.

II. ALGUNOS FALLOS EN SENTIDO CONTRARIO

Pero a la par de aquellas decisiones favorables a impedir menciones sobre determinadas personas, alguna jurisprudencia fue renuente a hacer lugar a tales intenciones. Es así que frente a la pretensión de la diputada provincial de San Luis, Liliana MAZZONE, quién intentó silenciar al periodista Martín Grande, quien había invitado a cuatro presuntos «acreedores» de aquella a su programa radial, la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta desestimó el recurso presentado contra el periodista. Sostuvo que: «Todo ciudadano de una república tiene el derecho de manifestar lo que piensa y de contribuir con el tributo de su pensamiento a la felicidad común», al rechazar el pedido de MAZZONE (7) en el mes de diciembre de 2012. (8)

Ahora bien, con anterioridad, la justicia comercial había rechazado el pedido del Banco JP Morgan para ampliar la restricción que inhibía a Hernán Arbizu a hablar sobre el escándalo. Javier Cosentino, titular del Juzgado Comercial Nº 8, entendió que el banco no probó sus perjuicios ni demandó a Arbizu ante la justicia civil por daños y perjuicios derivados de su supuesta calumnia.En la medida original, JP Morgan logró que Arbizu, autodenunciado en una operación fraudulenta de transferencias no autorizadas de fondos entre cuentas de sus clientes y quién señaló como posibles lavadores a Clarín, Ledesma, Constantini y Bunge, fuera impedido de dar a conocer información «confidencial y privilegiada», obtenida a raíz de su trabajo y trato con los clientes de la cartera del JP Morgan.

Más recientemente en la causa “Servini de Cubría c/ Yahoo Argentina y otros” , (9) donde la jueza peticiona se remueva de los buscadores toda imagen o referencia a sí misma, se dispuso que «la libertad de expresión contiene la de dar y recibir información y tal objeto ha sido especialmente señalado en el art. 13, inc. 1°, de la Convención Americana de Derechos Humanos que, al contemplar el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión, declara como comprensiva de aquella “la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección”» (Fallos 310:508). En similar orden de ideas sostuvo que «la conveniencia u oportunidad de la publicación que, en ejercicio regular de ese derecho, decide hacer un habitante de la Nación no pueden ser ordinariamente sometidas a una censura previa; este es el alcance de la libertad de imprenta» (Fallos 217:145).

Confirmando asimismo que «el ejercicio de la libre crítica de los funcionarios por razón de actos de gobierno es una manifestación esencial de la libertad de prensa» (Fallos 269:189) y, asimismo, que «los funcionarios públicos se han expuesto voluntariamente a un mayor riesgo de sufrir perjuicio por noticias difamatorias» (Fallos 310:508). Por lo tanto, la situación de la jueza SERVINI DE CUBRÍA no es equiparable a la de artistas y modelos, cuya situación mereció una respuesta diferente de esta sala, ante imágenes publicadas en Internet en las que, inclusive, susnombres e imágenes eran empleados en sitios de contenido sexual. Queda claro, entonces, que los fallos de esta cámara ponderados por el a quo nada tienen que ver con el caso de la jueza federal actora. Por lo demás, importa anotar que las imágenes contenidas en la documentación acompañada por la actora (ver fs. 63 y fs. 69) aparecen referidas a su actividad laboral y, como tales, vinculadas con acontecimientos de interés público. De modo que cabría sostener, en este estado larval de la contienda, que su publicación no requeriría del consentimiento expreso de aquella (art. 31 , último párrafo, de la Ley 11.723), no pareciendo de aplicación en este estado de la causa la protección brindada en el art. 50 del ADPIC.

III. LA RESTRICCIÓN POR VÍA CONVENCIONAL

Antes de continuar con el análisis de lo que constituye este trabajo, que son los fallos judiciales, excluyo de esta situación a aquellos acuerdos en los que como parte de la solución del conflicto las partes se obligan a evitar comentarios sobre la otra persona y la situación. Tales los supuestos que ha recogido la prensa de la contienda de Daniel Ricardo Carias y María Fernanda Widmer («la Tota» Santillán y la vedete Fernanda Vives).

También es usual que tales restricciones a hablar sobre determinados temas o personas (aun jurídicas) pueden resultar de los contratos celebrados, tal como ocurre con el cambio de ropa deportiva del Club Rosario Central, donde los anteriores sponsors le impidieron que refiriese a los nuevos proveedores de la misma. (10)

IV. CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, CONVENCIONALES Y DE DERECHO COMPARADO

La breve descripción casuística que he realizado en forma precedente se vincula, en primer término, con indicar que, si bien se difunden en los medios de comunicación aquellas medidas que resultan favorables al afán de prohibición, no alcanzan similar difusión las que, por el contrario, han ido en dirección al rechazo.Y dicho ello, tampoco se hallan muchas investigaciones o discusiones en las que, más allá de una mención general al derecho al honor y a la dignidad personal, se efectúe un análisis profundo del avance que esas cautelares implican respecto del derecho a la libertad de expresión y a la imposibilidad de que la misma sea cercenada por cualquier poder del Estado; incluido, claro está, el propio Poder Judicial.

En consecuencia, el gran reto que asume este modesto artículo es establecer que la violación a tan elemental derecho humano, al que se ha calificado como pilar de cualquier construcción democrática, puede provenir también y por qué no, de la justicia misma.

1. Consideraciones de la Corte Suprema

Anticipo, como comienzo de la cuestión -sobre el que retomaré al final- que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue la encargada de dar esas pautas en la célebre causa “Servini de Cubría, María Romilda s/ amparo”, (11) por medio de la cual revocara la decisión de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial, Sala II.

Por comenzar, no puede dejar de señalarse que la Corte Suprema Argentina tomó una postura tuitiva de la libertad de prensa en la causa “Campillay, Julio César c/ La Razón y otros” (12) aunque dicho fallo refiriese a responsabilidades subsecuentes y no a órdenes judiciales previas. Allí SEVERO CABALLERO y FAYT señalaron que los principios de libertad y responsabilidad de la prensa tienen una larga tradición, a partir del art. 11 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre de 1789, que bajo la fórmula de «la libre comunicación y de las opiniones», es de los preciosos derechos del hombre. Y agrega la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y su contenido:«El Congreso no dictará ley alguna […] que restrinja la libertad de prensa». Sostuvo, además, entre otros conceptos, que «la reproducción que los demandados efectuaron limitando un comunicado policial, constituyó el ejercicio de crónica propio de los medios de prensa, circunstancia que exime de ilicitud a la información, máxime cuando la fuente de la noticia -autoridad policial con competencia funcional en la investigación de delitos y faltas- obliga en la práctica profesional periodística a considerar como objetivamente confiable la veracidad del contenido de esa noticia» (apdo. 6 de su voto). «Que el derecho de prensa, reconocido como derecho de crónica en cuanto a la difusión de noticias que conciernan a la comunidad como cuerpo social y cultural, requiere para su ejercicio que las restricciones, sanciones o limitaciones deben imponerse solamente por razones definidas por ley. Que la prensa […] no responde a las noticias falsas, cuando la calidad de la fuente los exoneran de indagar la veracidad de los hechos y la crónica se reduce a una simple reproducción imparcial y exacta de la noticia proporcionada para su difusión por autoridad pública…»

Posteriormente en la causa “Triacca”, (13) la Corte afirmó “Campillay” y señaló que, al indicar el medio la fuente de la noticia, los supuestos damnificados podrían demandar a la misma y no al vehículo de difusión.

Respecto de la posibilidad de que una orden judicial implique censura, la Corte se expidió por única vez en la causa de la jueza federal María Romilda SERVINI DE CUBRÍA, tal como anticipé.

Por vía de amparo y argumentando que había tomado conocimiento por vía de un empleado de producción del programa de Tato Bores que el mismo iba a realizar un programa contra ella, y argumentando que en las ediciones pasadas se habían vertido consideraciones ofensivas hacia su persona, pidió el secuestro de la cinta. El juez de primera instancia denegó la medida cautelar solicitada, apelada.Al día siguiente la Sala II de la Cámara Civil y Comercial y Federal de Capital Federal ordenó al demandado se abstuviera de emitir imágenes o conceptos relacionados con la actora, bajo apercibimiento de desobediencia.

La Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia. El primer dato significativo resulta en haber admitido el recurso extraordinario, al equiparar la cautelar a una sentencia definitiva, por la modalidad de la medida y el derecho afectado.

Se expresó en lo sustancial que el art. 14 CN asegura a los habitantes de la Nación, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, el derecho «de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa», precepto que luego de la reforma constitucional de 1994 debe ser complementado con lo dispuesto por el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que el ejercicio de la libertad de pensamiento -obviamente, en la medida que exceda el territorio de lo subjetivo, ajeno al imperio del derecho- y de la libertad de expresión, si bien no puede estar sujeto a la censura previa, no está exento de las responsabilidades ulteriores, las que deben estar fijadas por ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Finalmente, estableció que: «Dado que los medios de comunicación constituyen el ámbito natural para la realización de los actos amparados por la libertad de expresión y que a ese contenido dedican primordialmente su actividad, toda censura previa que sobre ella se ejerza padece una fuerte presunción de inconstitucionalidad».

Dicho ello, no se está postulando que el derecho a la libre expresión e información sea absoluto, sino que, como dispone el art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica, su ejercicio abusivo puede generar responsabilidades ulteriores, civiles o penales, en protección de los derechos de los demás, sea que respondan a intereses individuales (v. gr.derecho a la privacidad) o sociales (v. gr. orden público).

Por ello la Corte Suprema dijo en “Costa” que: «Si bien en el régimen republicano la libertad de expresión tiene un lugar eminente que obliga a particular cautela en cuanto se trata de deducir responsabilidades por su desenvolvimiento, puede afirmarse sin vacilación que ello no se traduce en el propósito de asegurar la impunidad de la prensa»; para afirmar en la causa “Morales Solá” (14) que: «La verdadera esencia del derecho a la libertad de imprenta radica fundamentalmente en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas por medio de la prensa sin censura previa, o sea sin previo control de la autoridad sobre lo que se va a decir, pero no en la subsiguiente impunidad de quien utiliza la prensa como un medio para cometer delitos comunes previstos en el Código Penal». (15)

Claro está, en tanto se sigan resolviendo como medidas cautelares, la posibilidad de acudir a las instancias superiores y particularmente a la CSJN para que se expida en definitiva sobre ello quedará limitada por las reglas procesales que impiden discutir medidas provisionales por ante tal cuerpo, pero los valores constitucionales y convencionales en juego ameritan a nuestro entender abrir, en el caso, tal extraordinaria instancia.

2. El sistema interamericano

A nivel supranacional, la Comisión Interamericana y la Corte han tenido oportunidad de expedirse en dos casos en los que, precisamente, la censura provenía de órdenes judiciales. En efecto, en 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos opinó en el caso de Francisco Martorell (16) contra la República de Chile. Allí un tribunal prohibió la publicación de un libro la noche anterior a la fecha de su salida a la venta. Francisco Martorell, autor del libro, cuestionó el fallo ante la Suprema Corte, la que denegó la apelación. La Comisión consideró que se había violado el art. 13, porque la orden contra el libro constituía censura previa y observó lo siguiente:«La prohibición de la censura previa, con la excepción consignada en el párrafo 4 del artículo 13, es absoluta y exclusiva de la Convención Americana, por cuanto ni la Convención Europea ni la Convención sobre Derechos Civiles y Políticos contienen disposiciones similares. El hecho de que no se estipulen otras excepciones a esta disposición, indica la importancia que los autores de la Convención asignaron a la necesidad de expresar y recibir cualquier clase de información, pensamientos, opiniones e ideas».

Pero fue en el caso de la película La última tentación de Cristo (17) donde, en un caso que llegó a la Suprema Corte de Chile y que ordenara judicialmente la imposibilidad de exhibición del filme, se mostró más acentuadamente la renuencia de la Corte Interamericana a avalar medidas que, aunque fuesen dispuestas por los jueces, implicasen una censura.

3. Precedentes estadounidenses

En el derecho comparado, resulta de particular interés por sus similitudes constitucionales analizar lo que acaece en los Estados Unidos. En primer término debe decirse que no abundan los pronunciamientos judiciales sobre el particular, aunque algunas cortes estaduales han dispuesto medidas en tal sentido. (18)

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que las restricciones permanentes, que prohíben hablar de determinadas actividades, personas o cosas, son ejemplos clásicos de censura previa, por cuanto implican una imposibilidad de ejercer en el futuro el derecho de hablar, por lo que violan las cláusulas primera y catorce de la Constitución. (19) En la causa “Near v. Minnsesota ex rel. Olson”, se planteó la orden judicial contra un periódico (Near) imposibilitando que difundiera nuevos artículos sobre un caso, toda vez que había editado comentarios escandalosos y difamatorios con anterioridad. La Corte nuevamente sostuvo que, aun cuando hubiese difamado con anterioridad, impedir que hablara a futuro, sobre la base o posibilidad de que permaneciera en tal actitud, implicaba una violación a la Constitución.En estos casos la Corte equiparó las órdenes judiciales a censura previa, toda vez que produce los mismos efectos la prohibición anticipada de hablar sobre alguien o algo. El juez SCALIA explicó, entonces, en un dato que es coincidente con la Corte Nacional y de importancia para entender el efecto de estas medidas que: «Una orden judicial contra la libertad de expresión es el prototipo de la más grande amenaza a los valores que se alzan contra la censura previa», es «el producto de los jueces individuales, más que el de las legislaturas […] y el derecho a la libertad de expresión no debería ser colocado en el riesgo de que dependan de una sola persona». Y añade -por si alguna duda podría albergar su pensamiento-: «Una orden judicial es una arma mucho más poderosa que la ley misma, y debería ser sujeta a mayores limitaciones, la violación de la misma es castigable penalmente, mientras que no cumplir con una ley inconstitucional, jamás podrá ser penada». (20)

Más estricta aún sobre el particular fue la Corte estadounidense en otros casos, al decir que las medidas judiciales que imponen la censura son la más seria y menos tolerable violación a la libertad de expresión, (21) para aseverar que existe una reiterada jurisprudencia hostil a tales órdenes judiciales y que toda restricción previa a la libertad de expresión viene ante la Corte con la fuerte presunción de ser inconstitucional. (22)

V. EL CASO DE LOS MENORES DE EDAD

Dicho lo que antecede, hago una distinción particular. Las asever aciones generales tienen un aspecto particular cuando quienes aparecen involucrados resultan menores de edad. Ello se refiere tanto a los casos en los que se usan sus imágenes como cuando se hacen menciones directas y comprometedoras respecto de los mismos. En este caso, el plexo de derechos en juego, tanto a nivel nacional como de tratados internacionales, requiere una tutela y una protección especiales, frente a los cuales cede el derecho de libertad de expresión.En tales supuestos, pues, como es el caso de “Maradona c/ Ojeda” o “López c/ Nara”, resulta entendible que se excluya a los mismos de cualquier mención periodística, no consentida y con las correspondientes salvaguardas legales; pero ello en modo alguno permite extender a lo que los adultos puedan mencionarse o referirse respecto de sí mismos y de la apreciación o valoración que pudiesen tener de sus conductas recíprocas, actuaciones y comportamientos; todo lo cual quedará sometido eventualmente a las responsabilidades ulteriores.

VI. CONCLUSIONES

La libertad de expresión es un pilar esencial para la construcción de cualquier sociedad democrática, tal aseveración se encuentra reconocida en los orígenes mismos del Estado argentino. Desde los primeros gritos de la independencia, pasando por la organización nacional, se estableció la necesidad de que la libertad de expresión fuera garantizada.

La incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos, particularmente el de San José de Costa Rica, añade una fuerte tutela a dicha libertad en el art. 13 con precisiones respecto de las conductas no admitidas por parte de los Estados. (23) A ello debe añadirse que incorpora la idea de que la violación a esa obligación asumida internacionalmente puede provenir de cualquier órgano estatal, incluido del propio Poder Judicial, así lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Argentina.

Dicho lo que antecede, cuando en forma abierta, indeterminada y general un juez impide que alguien hable, publique o difunda sus ideas, opiniones o pareceres, por cualquier medio, incluidas los de comunicación y las redes sociales, sobre una situación, persona o hecho, anticipando la posibilidad -obviamente sin poder saberlo por cuanto no se ha producido- de que pueda ofender a otra con aseveraciones calumniosas o injuriosas, está cercenando la libertad de expresión aplicando una censura previa prohibida por los arts.14 y 32 de la CN y 13 de la CIDH, entre otros instrumentos centrales de nuestro orden jurídico.

Por lo expresado y aun cuando no se adhiriese a las postulaciones realizadas en este artículo, no caben dudas de que los jueces deberían extremar las precauciones antes de dictar estas medidas, que iniciadas en contiendas mediáticas de varieté parecieran empezar a extenderse irresponsablemente -y montadas sobre la propia jurisprudencia que se va creando y que nos habitúa a lo que no deberíamos estarlo- a situaciones en los que existe un profundo interés público y republicano en ser conocidas, como son las investigaciones periodísticas relacionadas a la corrupción o a cuestiones centrales para el Estado.

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(1) Se atribuye a la doctora ROSENFELD ser la creadora de la denominación de consuno con Moria Casán. Tal se desprende de la nota que realizara Infojus Noticias, donde la abogada explicó «fue un invento nuestro y hoy lo usa toda la prensa. Ella -por Moria- dijo “poné un bozal” y yo dije agregale legal. Es una palabra divertida para hablar de una medida cautelar judicialmente válida». Desde entonces el término se convirtió en la forma en que se hace referencia a la «restricción legal que inhibe a una persona a referirse públicamente sobre otra» (Infojus).

(2) La Real Academia Española define en sus acepciones 5, 6 y 7 al bozal como: «5. m. Aparato, comúnmente de correas o alambres, que se pone en la boca a los perros para que no muerdan. 6. m. Esportilla, comúnmente de esparto, la cual, colgada de la cabeza, se pone en la boca a las bestias de labor y de carga, para que no hagan daño a los panes o se paren a comer. 7. m.Tableta con púas de hierro, que se pone a los terneros para que las madres no les dejen mamar». http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=cw2yVK1BoDXX2pWshr77.

(3) El fallo de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro confirmó la medida cautelar, conocida popularmente como bozal legal, que encara el Juzgado Nº 5 de familia, del Dr. Carlos RUIZ. El fallo de RUIZ dice que «Wanda Nara se abstuviera personalmente o por interpósita persona de difundir o divulgar en cualquier medio de comunicación y redes sociales cualquier noticia, dato, imagen y/o circunstancia relacionada con la separación de hecho de las partes o sobre cualquier aspecto de su matrimonio, familia e hijos».

(4) Punto I de la Resolución Judicial.

(5) V. http://inadi.gob.ar.

(6) Siguiente resolución judicial en los autos “Pérez Guerrero, Ángel Eduardo c/ Miranda Saltos Paola Yanina s/ medidas precautorias” se ordena a la demandada Paola Yanina Miranda Saltos a que abstenga de hacer referencia en medios de comunicación masiva en forma directa o indirecta al Sr. Ángel Pérez Guerrero con términos desmedidos y/o agraviantes y difamatorios.

(7) En otros considerandos se expone: «Lo que la actora pretende, no encuentra apoyatura legal, ni aun a la luz de los tratados que invoca», sostuvieron los jueces de la cámara y citaron doctrina que sostiene que «la libertad de la prensa es la garantía de todas las demás y es la propia defensa de la persona colectiva del pueblo, y una fuerza real de las minorías, que por medio de ella hacen públicas las injusticias y abusos de poder de las mayorías y refrenan sus tentativas despóticas». «La verdadera esencia del derecho de prensa radica, fundamentalmente, en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas por medio de la prensa sin censura previa, esto es sin el previo contralor de la autoridad sobre lo que se va a decir», agregaron citando al actual integrante de la Corte Suprema, Carlos FAYT:«No existe censura previa, pero sí responsabilidad ulterior», puntualizaron los jueces y consignaron: «Lo que sí es preciso remarcar es que la prensa es el último, pero último refugio del ciudadano, frente a avances restrictivos, menoscabantes de su libertad, honra y honor. Es la piedra basal sobre la cual se construye un sistema democrático, sobre la cual descansa la República, más allá de posibles abusos que puedan llegar a cometerse -calificación que siempre será subjetiva-». «Todo ciudadano de una República tiene el derecho de manifestar lo que piensa y de contribuir con el tributo de su pensamiento a la felicidad común. Si las autoridades entre nosotros han restringido este derecho, han hecho mal y han faltado al primer deber de toda autoridad humana, que consiste en conceder al hombre lo que Dios mismo no le niega», concluyeron citando la nota remitida por el Congreso General Constituyente al General Justo José de Urquiza.

(8) CApelCC Salta, Sala V, “M. L. E. c/ G. M.”, 18/12/2012.

(9) CNACCFed, Sala II, “Servini de Cubría María Romilda c/ Yahoo de Argentina S. R. L. y otro s/ medidas cautelares”, 3/6/2009, MJJ44468.

(10) La razón es obvia: si ya se sale a promocionar la indumentaria Nike, a Olympikus se le presentaría un año de vacas flacas en ventas, más con una economía de consumo complicado. Y el club canalla también recibe de la venta oficial, por lo que más vale bajo perfil un año. Pero tampoco se trata de desaprovechar un logro de magnitud (solo Boca tiene a Nike), y por eso el presidente de Central, Norberto Speciale, se despachó en su cuenta de Twitter: «Hay empresas que miden la grandeza de los clubes por su historia, por sus logros y por su gente. Bienvenida Nike a Rosario Central», escribió. Publicado el 10/4/2014, Fuente: http://www.puntobiz.com.ar.

(11) CSJN, 8/9/1992, publicadas en ED, 147-229 y 149-245.

(12) CSJN, “Campillay, Julio C.c/ La Razón y otros”, 15/5/1986, MJJ5213.

(13) CSJN, “Triacca, Alberto Jorge c/ Diario La Razón y otros”, 26/10/1993, Fallos: 316:2416.

(14) CSJN, “Morales Solá, Joaquín Miguel s/ injurias”, 12/11/1996, EDJ12491.

(15) Se puede ampliar en MOISÁ, Benjamín, “La insinuación subrepticia como difamación”, La Ley, 10/3/2014, 8, fallo comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E, “B. J. c/ M. S. A. y otros s/ daños y perjuicios”, 17/10/2013, AR/DOC/559/2014.

(16) Caso 11.230, Informe Nº 11/96, Chile, Francisco Martorell, 3/5/1996.

(17) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de La última tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros vs. Chile), 5/2/2001.

(18) Es particularmente receptivo a estas medidas el Foro de California. Posiblemente el caso más destacado haya sido “Tory v. Cochran”, 544 U. S. 734 (2005), en donde se impidió a un grupo de clientes descontentos a que hablaran contra el abogado.

(19) “Alexander v. United States”, 509 U. S. 544, 550 (1993).

(20) “Walker v. City of Birmingham”, 388 U. S. 307, 320-21 (1967). En similar sentido, “Pittsburgh Press Co. v. Pittsburgh Common on Human Relations”, 413 U.S. 376 (1973).

(21) “Neb. Press Ass’n v. Stuart”, 427 U. S. 539, 559 (1976).

(22) “CBS Inc. V. Davis”, 510 U. S. 1315, 1317 (1994).

(23) Puede profundizarse en Pasutti, José Luis, “Libertad de prensa y ética periodística”, La Ley 2004-B, 1330.

(*) Abogado, UNLP. Doctor en Derecho, UBA. Profesor Adjunto de Derechos Humanos y Garantías, UBA. Gerente de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Exconcejal del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Junín. Ha sido consultor y asesor jurídico de numerosos concejos deliberantes del país, así como capacitador del IDI, CIPPEC, UCA, Universidad de Quilmes, entre otras instituciones.

 

Comments

  1. La censura ha crecido en Argentina, peligrosamente. Hoy, septiembre de 2014, los jueces cierran páginas web con una simple firma, incluso tratándose de jueces civiles.
    Tengo un caso de censura judicial en internet, con multa de 1000 (mil) pesos diarios por denunciar externaciones del Borda, causa penal, embargos, etc. Está en la Corte Suprema. ¿Cómo me pongo en contacto con el autor del artículo?
    Muchas gracias.

  2. Orlando Pulvirenti says:

    Puede comunicarse a opulvirenti.edu@gmail.com

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