No corresponde que el dueño de un inmueble indemnice a quien se accidentó en el mismo, pues no estaba a su nombre al ocurrir el hecho

AccidentePartes: Pestaña Sandro Andrés c/ Benitez Miguel Toribio y otros s/ accidente – acción civil

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: X

Fecha: 11-dic-2013

Cita: MJ-JU-M-85188-AR | MJJ85188 | MJJ85188

No corresponde condenar a la demandada al pago de la reparación integral como consecuencia del accidente del actor, puesto que al momento de este, el inmueble en cuestión no estaba a su nombre. 

Sumario:

1.-No corresponde responsabilizar a la demandada por las consecuencias dañosas del evento sufrido por el actor al no poder endilgársele la condición de dueño o guardián de la cosa riesgosa productora del daño que la haría responsable en los términos de la normativa civil: art. 1113 Cciv., o incluso extenderle la solidaridad derivada del art. 32 de la ley 22250, puesto que a la época del accidente no ostentaba la titularidad registral del predio donde se estaba desarrollando la obra.

2.-Ante la opción de reclamar a través de la vía del derecho común, la determinación de la reparación integral queda librada al prudente arbitrio judicial, sin perjuicio de considerar al hombre no sólo en su aspecto individual sino también familiar y social; por ella, y sumado al porcentaje de déficit laborativo comprobado, la indemnización en concepto de reparación derivada del daño físico y psíquico que padece el actor resulta equitativa y razonable, por lo que corresponde confirmarla.

3.-Corresponde elevar la reparación admitida en concepto de daño moral toda vez que a los fines de determinarla, cabe considerar la angustia y padecimiento extrapatrimonial sufrido por el demandante, y en el caso, resulta exigua.

4.-No corresponde admitir la extensión de responsabilidad a la persona física codemandada toda vez que no poseía la condición de guardián de la cosa productora del daño que lo haga responsable en los términos de la ley civil (art. 1113 del Cciv.); máxime siendo que si bien actuó como director de la obra donde se accidentó el actor y en esa condición impartió en alguna ocasión instrucciones a algún contratista no ostentó el carácter de propietaria, empresaria o inversionista de la obra en cuestión, lo cual impide atribuirle factor alguno de responsabilidad (conf. arts. 1113 y cc. CCiv.).

Fallo:

Buenos Aires,11/12/2013

El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

1º) Vienen estos autos a la alzada a propósito de los agravios que contra el pronunciamiento de fs. 498/509 interpusieron las partes a tenor de los memoriales obrantes a fs. 559/560vta. (demandado Aldo Alí Hallar), 562/vta. (codemandado Jorge Clapes), 563/568vta. (codemandada Giabet S.R.L.) y 572/578 (actor), los cuales merecieron las réplicas respectivas (fs. 588/589, 595/596vta. y 598/606). También existen apelaciones por honorarios (ver fs. 558/vta.; 560, ap. IV; 568 pto. IV; 577vta., 5º agravio y 607).

2º) Paso al dar tratamiento a los agravios vertidos por Giabet S.R.L.

En primer término la demandada aludida cuestiona la decisión del magistrado que me ha precedido de condenarla a abonar una reparación integral a consecuencia del accidente que el actor padeció al entender -el «a quo»- que esta empresa resulta responsable por ser la titular de la propiedad donde sucedió el siniestro. La parte argumenta que al momento del accidente no era propietaria del inmueble en cuestión ya que lo adquirió varios meses después de producido el hecho dañoso, por lo que solicita se revoque este aspecto del fallo.

Adelanto que le asiste razón.

En efecto. Tal como la parte invocó en oportunidad del responde y también al expresar agravios, la titularidad del inmueble en cuyo predio se produjo el accidente de Pestaña no se encontraba a su nombre en oportunidad del siniestro. Obsérvese que del informe presentado por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal resulta que la ahora apelante (Giabet S.R.L.) adquirió el inmueble de la calle Santa Magdalena 623/25 -lugar donde sucedió el infortunio laboral del caso- mediante escritura traslativa de dominio de fecha 11/12/2008, esto es con posterioridad a la ocurrencia del accidente (ver fs. 176/183: art. 403 del C.P.C.C.N.).

En ese contexto, considero que no corresponde responsabilizar a Giabet S.R.L.por las consecuencias dañosas del evento sufrido por Pestaña (casi siete meses antes de adquirir la propiedad del inmueble) al no poder endilgársele la condición de dueño o guardián de la cosa riesgosa productora del daño (que la haría responsable en los términos de la normativa civil: art. 1113 Cód. Civil) o incluso extenderle la solidaridad derivada del art. 32 de la ley 22.250. Reitero, a la época aludida (21/05/2008) «Giabet» no ostentaba la titularidad registral del predio donde se estaba desarrollando la obra (fundamento que -a mayor abundamiento- invocó el actor para demandar y traer a juicio a la aludida codemandada: ver fs. 5vta.).

En consecuencia, sugiero revocar el fallo en este aspecto y rechazar la demanda iniciada contra Giabet S.R.L. a quien eximo de toda responsabilidad en el caso. Lo resuelto en el considerando precedente torna abstracto el resto de los agravios formulados en subsidio por la recurrente.

3º) Es momento de avocarse a los agravios vertidos por el actor.

El demandante cuestiona de comienzo el monto de $ 170.000 que el magistrado «a quo» difirió a condena en concepto de reparación integral (daño físico y psíquico).

En orden a la cuantía del monto resarcitorio remarco que es criterio de esta Sala que la determinación de la indemnización, cuando se ha optado por la vía del derecho común, queda librada al prudente arbitrio judicial y ha de sujetarse a una reparación integral, considerándose al hombre no sólo en su aspecto individual sino también familiar y social. Para graduar la indemnización ha de ponderarse la edad de la víctima, el porcentaje de incapacidad atribuido, la naturaleza de las lesiones y también la remuneración que percibía el trabajador al momento del infortunio (conf. S.D. Nº 14.806 de esta Sala X del 30/11/06 en los autos «Brizuela, Antonio c/Phonex Isocor Compañía Sudamericana de Cielorrasos S.A.s/accidente») pero sin que el juzgador esté obligado a utilizar fórmulas o cálculos con precisión matemática, con el riesgo de arribar a resultados que podrían colisionar con la realidad socioeconómica de un momento determinado, ya que no nos encontramos ante un caso de indemnización tarifada (así se ha expuesto en diferentes precedentes de esta Sala X, tales como S.D. Nº 273 del 18/09/96 «in re»: «Córdoba, Emilio c/S.A. OCA s/accidente ley 9688»; S.D. Nº 798 de diciembre de 1996 «in re»: «Retamozo, Luis Oscar c/Diacrom S.A. y otro s/accidente», entre otros).

En esos términos, a lo que agrego el porcentaje de déficit laborativo comprobado y los restantes extremos merituados, entiendo que la indemnización otorgada en primera instancia en concepto de reparación derivada del daño físico y psíquico que padece Pestaña resulta equitativa y razonable, por lo que sugiero confirmar este aspecto del fallo.

4º) En cambio se evidencia exigua la reparación admitida en concepto de daño moral -cuyo importe también mereció cuestionamiento de parte del actor-, al considerar la angustia y padecimiento extrapatrimonial sufrido por el demandante. Por ello propicio sea elevada a la suma de $ 34.000 (conf. fallo plenario nº 243 del 25/10/82 «Vieites Eliseo c/Ford Motor Argentina S.A.» ).

5º) El actor se agravia por la decisión «a quo» de desestimar la demanda iniciada contra Aldo Alí Hallar y Jorge Clapes. No le asiste razón en su planteo.

Respecto del primero de los demandados mencionados considero al igual que el magistrado que me ha precedido que Hallar no poseía la condición de guardián de la cosa productora del daño que lo haga responsable en los términos de la ley civil (art. 1113 del C.Civil). Repárese en que esta persona física actuó como director de la obra donde se accidentó el actor (extremo que arriba firme a esta alzada) y si bien en esa condición impartió en alguna ocasión instrucciones a algún contratista (ver testimoniales de fs. 286/8 y 289/2909) no ostentó el carácter de propietaria, empresaria o inversionista de la obra en cuestión, lo cual impide atribuirle factor alguno de responsabilidad para hacerle extensiva la condena de autos (conf. arts. 1113 y conc. C. Civil).

Lo mismo sucede con el codemandado Clapes, quien fue traído a juicio en su condición de socio gerente de Giabet S.R.L. empresa que, conforme la solución propuesta en este voto, fue desinteresada del presente pleito al revocar la condena fijada en el fallo de primera instancia (conf. considerando 2º). Sin perjuicio de ello, la responsabilidad que se le atribuye a esta persona física por una supuesta deficiencia en la registración del actor en nada se relaciona con la condena impuesta en los términos del derecho común (art. 1113 C. Civil). En esos términos, la ahora invocada condición de este codemandado como presidente de Fasten S.A. -ver documento de fs. 50- empresa que aparece como propietaria del terreno donde se accidentó Pestaña (cuestión que no puesta a consideración del magistrado de primera instancia: art. 277 del C.P.C.C.N.) resulta insuficiente para entenderlo responsable conforme el citado art. 1113 aun soslayando que esta empresa no fue demandada en las presentes actuaciones.

En definitiva, sugiero la confirmatoria de este tramo del fallo. 6º) Más allá de la modificación del monto de condena propuesta en este voto (ver considerando 5º) mantendré las costas a cargo del demandado Benítez vencido en la contienda (art.68, primer párrafo, del C.P.C.CN.).

En cuanto a las costas derivadas del rechazo de la acción contra los codemandados Clapes y Hallar (que merecieron agravios de los propios demandados) propicio confirmar su imposición en el orden causado al entender que conforme las particularidades del caso el actor válidamente pudo considerarse asistido de mejor derecho para litigar (arg. art. 68, segundo párrafo, del C.P.C.C.N.). Por el mismo fundamento también impondré las costas generadas por el rechazo de la demanda iniciada contra Giabet S.R.L. en el orden causado.

7º) En lo tocante a los honorarios de primera instancia corresponde que sean dejados sin efecto y adecuarlos al nuevo resultado del pleito (conf. art. 279 del C.P.C.C.N.), lo cual torna abstracto el tratamiento de los recursos interpuestos en relación con este tópico.

En relación con la acción que prospera contra el demandado Miguel Toribio Benítez y al tener en cuenta las pautas arancelarias vigentes y el mérito y extensión de las labores desarrolladas, sugiero regular los emolumentos de la representación letrada del actor (quien presentó alegato en forma escrita a fs. 481/482vta.) y de los peritos contador, médico legista y psicóloga en el 16,5%, 6%, 6% y 6%, respectivamente, del monto definitivo de condena incluidos los intereses (arts. 38 L.O. y conc. ley arancelaria; arts. 3º y 12 del decreto ley 16.638/57). Por idénticos fundamentos regularé los honorarios del demandado Aldo Hallar (alegó a fs. 484/490vta.) y codemandados Giabet S.R.L. y Jorge Clapes en forma conjunta (alegaron conforme escrito de fs. 491/493vta.) en las sumas actuales de $. y $ ., respectivamente (arts. 38 y conc. cits.).

Sugiero asimismo imponer las costas de alzada en el orden causado en atención al resultado de los recursos interpuestos (art.68, segunda parte, del C.P.C.C.N.) y fijar los honorarios de la representación letrada del actor y de cada una de las demandadas por su intervención en esta instancia en el 25% de lo que les corresponda percibir por las tareas desarrolladas en primera instancia (art. 14, ley arancelaria).

Voto, en consecuencia, por: 1) Modificar parcialmente el fallo apelado y rechazar la demanda iniciada contra Giabet S.R.L., eximiéndola de responsabilidad en el caso. Imponer las costas de esta acción en el orden causado al entender que el actor pudo válidamente considerarse asistido de derecho para litigar contra esta codemandada (arg. art. 68, segundo párrafo, del C.P.C.C.N.) 2) Elevar el monto definitivo de condena a la suma de $ 204.000, importe que llevará los intereses fijados en grado. 3) Dejar sin efecto los honorarios regulados en primera instancia y por la acción que prospera contra el demandado Miguel Toribio Benítez regular los emolumentos correspondientes a la representación letrada del actor y peritos contador, médico legista y psicóloga en el 16,5%, 6%, 6% y 6%, respectivamente, del monto total de condena incluidos los intereses (arts. 38 L.O. y conc. ley arancelaria; arts. 3º y 12 del decreto ley 16.638/57). Por idénticos fundamentos regularé los honorarios del demandado Aldo Hallar y codemandados Giabet S.R.L. y Jorge Clapes -en forma conjunta- en las sumas actuales de $ 28.500 y $ 28.500, respectivamente (arts. 38 y conc. cits.). 4) Confirmar el resto de lo que ha sido materia de recursos y agravios. 5) Imponer las costas de alzada en el orden causado en atención al resultado de los recursos interpuestos (art. 68, segunda parte, del C.P.C.C.N.). 6) Regular los honorarios de alzada de la representación letrada del actor y de cada una de las demandadas por su actuación en esta instancia en el 25% de lo que les corresponda percibir por su intervención en la etapa anterior (art. 14, ley arancelaria).

El Dr. ENRIQUE R.BRANDOLINO dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo.

El Dr. GREGORIO CORACH no vota (art. 125 L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el fallo apelado y rechazar la demanda iniciada contra Giabet S.R.L., eximiéndola de responsabilidad en el caso. Imponer las costas de esta acción en el orden causado. 2) Elevar el monto definitivo de condena a la suma de $ 204.000 (PESOS DOSCIENTOS CUATRO MIL), importe que llevará los intereses fijados en grado. 3) Dejar sin efecto los honorarios regulados en primera instancia y por la acción que prospera contra el demandado Miguel Toribio Benítez regular los emolumentos correspondientes a la representación letrada del actor y peritos contador, médico legista y psicóloga en el 16,5%, 6%, 6% y 6%, respectivamente, del monto total de condena incluidos los intereses. Por idénticos fundamentos regularé los honorarios del demandado Aldo Hallar y codemandados Giabet S.R.L. y Jorge Clapes -estos dos últimos en forma conjunta- en las sumas actuales de $. y $., respectivamente. 4) Confirmar el resto de lo que ha sido materia de recursos y agravios. 5) Imponer las costas de alzada en el orden causado y regular los honorarios de alzada de la representación letrada del actor y de cada una de las demandadas por su actuación en esta instancia en el 25% de lo que les corresponda percibir por su intervención en la etapa anterior. 6) Cópiese, regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

ANTE MI:

M.D.

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