Llamado de atención a abogados por infracción al Código de Ética tras la remoción del ex letrado de la parte

despido 4Partes: R. M. J. y otro c/ CPACF s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 27-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-84877-AR | MJJ84877 | MJJ84877

Llamado de atención a abogados por infracción al Código de Ética tras la remoción del ex letrado de la parte.

Sumario:

1.-Corresponde imponer a los letrados accionantes un llamado de atención conforme a lo dispuesto en el Código de Ética, toda vez que como reza su art. 15 , el letrado debió haberse cerciorado de la recepción de la misiva que revocó el patrocinio del ex abogado de la parte, antes de intervenir judicialmente y suscribir el escrito presentado al día siguiente.

2.-Es aplicable a los letrados accionantes un llamado de atención, ya que el estilo utilizado por los mismos en sus manifestaciones es inadecuado y por lo tanto objeto de reproche ético, toda vez que nada justifica la falta del debido respeto hacia las demás partes y abogados que intervienen o intervinieron en una causa judicial. El uso de expresiones descalificantes y ofensivas, que no guardan la forma dentro de la que se debe cumplir la tarea profesional ante los estrados judiciales, no sólo importa una falta de estilo adecuado a la jerarquía que el ejercicio de la abogacía impone, sino un incorrecto tratamiento y abordaje de la cuestión planteada en su presentación.

3.-La decisión impugnada no resulta arbitraria en tanto el inadecuado estilo utilizado en las manifestaciones del letrado es objeto de reproche ético toda vez que nada justifica la falta del debido respeto hacia las demás partes y abogados que intervienen o intervinieron en una causa judicial. El uso de expresiones descalificantes y ofensivas, que no guardan la forma dentro de que se debe cumplir la tarea profesional ante los estrados judiciales, no eran necesarias para enfatizar o dar certidumbre a sus planteos, por lo que su utilización no sólo importa una falta de estilo adecuado a la jerarquía que el ejercicio de la abogacía impone, sino un incorrecto tratamiento y abordaje de la cuestión planteada en su presentación.

Fallo:

Buenos Aires, 27 de febrero de 2014.

VISTO:

El recurso de apelación deducido a fs. 219/239 contra la resolución obrante a fs. 203/210; y

CONSIDERANDO:

I. Que la presente causa se inició a raíz de la denuncia efectuada por la doctora A.M.C. contra los doctores J.L.A. y M.J.R. ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

En ella, la letrada manifestó sentirse agraviada por el proceder de los colegas acusados durante la tramitación de los expedientes caratulados “B.B.E. c/ K.V.H. s/ liquidación de sociedad conyugal” y “B.B.E. c/ K.V.H. s/ medidas cautelares” en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº ….

Señaló que los denunciados habían intervenido en esos autos como patrocinantes de la señora B. sin haberle notificado previamente esa circunstancia, en infracción a lo prescripto por el art. 15 del Código de Ética.

Indicó que se habían presentado en las actuaciones el 11 de diciembre de 2009 y ella había tomado conocimiento de tal intervención el 16 de ese mes y año.

Agregó que los abogados no habían abonado el bono de derecho fijo.

En otro orden de ideas, manifestó que habían presentado un escrito en el cual, obrando con saña, la habían denigrado contraviniendo lo previsto por el art. 14 del Código de Ética (fs. 34/37).En el expediente 26.297, que fue acumulado materialmente al presente por existir identidad de sujetos, objeto y causa, la doctora M.G.C., quien también era apoderada de la señora B. formuló igual reproche contra los letrados (fs. 139/144).

II. Que la Sala II del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, mediante sentencia del 4 de abril de 2013, resolvió imponer a los doctores A. y R. un llamado de atención previsto en el inciso a, del artículo 45 de la ley 23.187, por haber resultado vulnerados los artículos 6º, inc.e; 44 incs. g, y h; y 51, inc. d, de la ley 23.187; y 11 y 15 del Código de Ética de ese Colegio.

Asimismo, los absolvió de la supuesta comisión de la infracción al art. 16 del código citado (fs. 203/210).

Para resolver de ese modo, el referido tribunal señaló que los denunciados habían manifestado que la señora B. había concurrido a su estudio el 10 de diciembre de 2009, después de haber remitido las cartas documentos que daban cuenta de la revocación del poder a las denunciantes, tomando vista de las actuaciones, dada la urgencia que ameritaba la litis, el 11 de diciembre de ese año, al presentarse en el juicio.

Agregó que los encartados consideraban que no se había violado el art. 15 del Código de Ética, toda vez que la ex cliente de las denunciadas había revocado el poder previo a su intervención en el proceso.

Al respecto, sostuvo que resultaba clara la mentada norma en el sentido de que el abogado debía dar aviso fehaciente a su colega de que iba a reemplazarlo en la representación o patrocinio de su ex cliente, estando a su cargo la constatación de la efectiva notificación.

Agregó que dicho proceder tenía su génesis en aras a la buena práctica profesional, a la continuidad armónica en la defensa del cliente y a la delimitación de las responsabilidades del sustituto y sustituido.

Acotó que si bien era cierto que la señora B. había revocado el poder de las doctoras C. y C.un día antes de que los denunciados intervinieran en el juicio, habría sido esperable que aquéllos hubieran aguardado, al menos, el acuse de recibo de las cartas documento remitidas por la cliente o, mientras ocurría, se hubiesen puesto en contacto con ellas.

Consideró que las razones de urgencia invocadas por los profesionales no eran tales, toda vez que desde su primera intervención hasta la presentación del acuerdo de disolución de la sociedad conyugal, el 17 de marzo de 2010, habían transcurrido 3 meses, sin que se advirtiera el peligro en la demora invocada en pos de los derechos de la señora B.

Por ello, consideró que se encontraba acreditada la comisión de la infracción al art. 15 del Código de Ética.

En lo referente a las expresiones utilizadas por los letrados respecto de sus colegas, manifestó que eran responsables de las derivaciones que conllevaran los escritos judiciales por ellos suscriptos, debiendo, por lo tanto, conservar la mensura y las formas al peticionar ante la judicatura.

Indicó que realizar conjeturas tendientes a descalificar la labor profesional de los anteriores letrados y dejar entrever de manera ambigua la posible comisión de un ilícito sin contar con pruebas que sustentaran sus dichos, distaba del estilo profesional que un abogado debía mantener durante el ejercicio de su ministerio.

Agregó que si bien los giros verbales utilizados debían examinarse en el contexto particular de los conflictos que se habían desarrollado, no era necesario haber realizado las manifestaciones que se reproducían en la denuncia.

En ese contexto, también tuvo por acreditada la comisión de la infracción a los arts. 6º, inc. e; y 44, incs. g, y h, de la ley 23.197.

Respecto de la falta de pago del derecho fijo, descartó la defensa ensayada por los encartados en el sentido de que no habían sido intimados formalmente a pagarlo.Indicó que el juez había efectuado la correspondiente intimación la cual había quedado notificada ministerio legis haciendo caso omiso de ella, de lo que concluyó que también había quedado acreditada la comisión de la infracción al art. 51 inc. d, de la ley 23.187.

Por último, los absolvió por la supuesta captación de clientes.

III. Que, contra dicha sentencia, los condenados dedujeron recurso de apelación (cfr. fs. 219/239).

Consideraron -en síntesis- que el acto era arbitrario por carecer de la debida fundamentación, toda vez que en él se había omitido dar tratamiento expreso a cuestiones conducentes oportunamente propuestas, lo que acarreaba su nulidad. Citaron jurisprudencia y doctrina que avalaban su postura.

En particular, se agraviaron de que no se hubiera tenido en cuenta su negativa respecto de que las denunciantes hubieran sido notificadas de la revocación del poder el 16 de diciembre de 2009, cuando tal negación implicaba controvertir la esencial afirmación de aquéllas en el sentido indicado.

Agregaron que aquéllas, a pesar de haber alegado el hecho, no habían ofrecido prueba alguna respecto de la fecha de recepción de las cartas documento y tampoco lo había hecho la unidad de instrucción, por lo que, en estas circunstancias, lo único que se encontraba probado era que su cliente había remitido las misivas con anterioridad a su intervención en el pleito y que aquéllas las habían recibido, lo cual era insuficiente para tener por cierta la fecha indicada por las letradas y por demostrada la infracción; máxime por aplicación del principio in dubio pro matriculado. Ante esta situación consideraron que el hecho no se encontraba demostrado al declararse la causa de puro derecho.

Añadieron que al momento de su intervención en el pleito ya no existía relación profesional entre las denunciantes y su cliente en tanto el poder de aquéllas había sido revocado y debidamente comunicado. Consideraron que resultaba aplicable la parte pertinente del art.15 del Código de Ética en cuanto establece la excepción de dar aviso al colega en el caso de que previamente se le hubiera notificado la revocación del mandato o patrocinio.

Aclararon que su intervención el 11 de diciembre de 2009, que fue al único efecto de informar al Tribunal dicha circunstancia, se encontraba justificada por la urgencia que tenía su cliente frente al conflicto de intereses que se había generado con sus anteriores apoderadas.

Añadieron que la primera intervención jurídicamente relevante del doctor A. en el juicio había sido después del 16 de diciembre de 2009 y cuestionaron que no se hubiese efectuado distinción alguna entre ambos letrados teniendo en cuenta que el doctor R. se había presentado en el juicio con posterioridad a la notificación a las denunciantes.

Respecto de la utilización de expresiones indebidas acerca de sus colegas, puso en duda si habían merecido condena al respecto, en tanto en la parte resolutiva de la sentencia impugnada no se había hecho referencia al art. 14 del Código de Ética, aplicable en ese caso.

Hipotéticamente, de haber sido condenados por esa infracción, después de citar jurisprudencia y doctrina, sostuvieron que no advertían en su escrito falta de estilo alguna sino que, por el contrario, habían sido respetuosos de la dignidad de las denunciantes habiéndose hecho referencia a la apreciación de la señora B. respecto de por qué aquéllas habían incluido más cantidad de bienes en la causa que los que ellos habían tenido en cuenta para confeccionar el acuerdo de liquidación de la sociedad conyugal. Remarcaron que habían utilizado el modo verbal potencial para explicar los motivos que aquéllas habrían tenido para hacerlo y descartaron la existencia de dolo o intencionalidad en las referencias criticadas por las denunciadas que transcribieron.

En cuanto a la falta de pago del bono, manifestaron que para que se configurara la infracción prevista por el art.11 del Código de Ética debía haberse desobedecido la intimación judicial al pago del bono de derecho fijo, hipótesis que no había acaecido en la especie, pues sólo se había dictado una providencia haciéndole saber la falta de presentación, lo cual no había sido notificada por cédula.

Aclararon que, por lo demás, no les correspondía integrar el mentado bono toda vez que, de conformidad con lo previsto por el art. 125 del reglamento interno y jurisprudencia que citaron, su intervención había sido posterior a la iniciación y contestación de la acción.

IV. Que corrido en esta alzada el pertinente traslado al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, éste lo contestó, solicitando el rechazo de la apelación deducida (fs. 255/261).

V. Que, a fs. 263, emitió su dictamen el señor Fiscal General subrogante.

VI. Que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones qu e pongan a consideración del Tribunal, sino tan sólo en aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (Fallos: 297:140; 301:970, entre otros).

VII. Que es preciso además recordar que las sanciones que impone el Tribunal de Disciplina remiten a la definición de faltas supuestamente deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales o inespecíficos, que si bien no resultarían asimilables en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente bajo un régimen de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los títulos del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que los envuelve a todos (confr.Sala III, “Escudero, Roberto Franklin c/ CPACF”, sentencia del 27/07/09, esta Sala “Ponce Azucena Isabel c/ CPACF (Expte 23056/08)”, sentencia del 4/08/11, “Fudim, Ángel Alberto c/ CPACF (Expte 21592/07)”, sentencia del 18/10/12, entre otras).

Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológica profesional es, como principio, resorte primario de quien está llamado -porque así lo ha querido la ley- a valorar comportamientos que precisamente pueden dar lugar a la configuración de infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulte manifiestamente arbitraria (confr. Sala V, causa “Alvarez, Teodoro c/ CPACF”, del 16 de agosto de 1995, esta Sala “Ponce” ya citada, entre otras).

VIII. Que bajo los lineamientos precedentemente expuestos es que deben examinarse las defensas invocadas.

Al respecto cabe señalar que el art. 15 del Código de Ética dispone que “[t]odo abogado debe dar aviso fehaciente al colega que haya intervenido previamente en el caso de reemplazarlo o participar en la representación, patrocinio o defensa. Esto no será necesario cuando el letrado anterior hubiera renunciado expresamente o se le hubiera notificado la revocación de tal mandato o patrocinio. El abogado no debe tratar directa o indirectamente, ni arribar a ningún tipo de convenio o acuerdo con personas patrocinadas y/o asesoradas por otro colega, sin la intervención o conocimiento de éste”.

Más allá de que las cartas documento informando la revocación del poder hayan sido remitidas a las denunciantes un día antes de que el doctor A. se presentara en el expediente no parece manifiestamente irrazonable la interpretación efectuada por el Tribunal de Disciplina del art. 15 del Código de Ética en cuanto a que el letrado debió haberse cerciorado de la recepción de tal misiva antes de intervenir judicialmente y suscribir el escrito presentado al día siguiente.Con relación al doctor Raskosvky cabe señalar que dicha presentación se hizo referencia a que asumiría el patrocinio letrado de la señora B. pero no fue suscripta por él (ver fs. 2).

Por otra parte, el primer escrito suscripto por este abogado data del 16 de diciembre de 2009 (fs. 5 y vta.), fecha en la que la doctora C. indicó que recibió la carta documento remitida por su ex cliente (ver fs. 34 vta.) y con posterioridad a la notificación por el medio indicado a la doctora C. que, según sus dichos se materializó el 14 de diciembre de 2009 (confr. fs. 140/vta.). En este contexto no se le puede endilgar la infracción aludida.

IX. Que en lo relativo a la infracción relacionada con el lenguaje utilizado por los imputados respecto de sus colegas en sus presentaciones judiciales, cabe señalar que, más allá de la omisión de consignar el art. 14 del Código de Ética, el Tribunal los condenó en base a los arts. 6º, inc. e y 44, incs. g, y h, de la ley 23.197, preceptos de carácter general que son abarcativos de la norma omitida.

Al respecto, cabe señalar que el inadecuado estilo utilizado en sus manifestaciones es -a todas luces- objeto de reproche ético toda vez que nada justifica la falta del debido respeto hacia las demás partes y abogados que intervienen o intervinieron en una causa judicial.

Es que el uso de expresiones descalificantes y ofensivas, que no guardan la forma dentro de que se debe cumplir la tarea profesional ante los estrados judiciales, no eran necesarias para enfatizar o dar certidumbre a sus planteos, por lo que su utilización no sólo importa una falta de estilo adecuado a la jerarquía que el ejercicio de la abogacía impone, sino un incorrecto tratamiento y abordaje de la cuestión planteada en su presentación.

En este marco, no se advierte que la decisión impugnada resulte manifiestamente arbitraria por lo que no hay motivo para apartarse de ella.

X.Que, en lo atinente a la falta de pago del bono de derecho fijo previsto por el art. 51, inc. d, de la ley 23.187 y por el art. 125 del Reglamento Interno del Colegio, cabe señalar que aquél debe ser pagado por cada abogado que insta la actividad judicial en cualquier momento del proceso (confr. esta Sala, “MESA, Argentino Enrique s/ rec. de apelac.- ganancias” sentencia del 14/02/92, Sala II, “TULA, Antonio Ricardo c/ C.P.A.C.F.”, sentencia del 11/05/93, Sala III, “CUFRE, Luis y otros c/ I.A.F.” sentencia del 9/03/95). En ese sentido, esta Sala, en el precedente citado en primer término, consideró que el letrado debía abonarlo en oportunidad de plantear un recurso contra la regulación de honorarios efectuada por el Tribunal Fiscal.

Es que el pago del bono de derecho fijo (art. 51, inc. d, de la ley 23.187) constituye una obligación personal de cada profesional matriculado que actúa en una causa en cualquiera de los caracteres que se enumeran en el art. 125 del Reglamento Interno del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que lo habilita para la actuación profesional en un juicio en particular (esta Sala, causa “Novosad Isabel c/ C.P.A.C.F.”, sentencia del 26/08/97).

Por lo demás, el doctor A. fue intimado por el juzgado a presentar el bono (fs. 4) y quedó debidamente notificado por ministerio de la ley.

XI. Que, por las consideraciones expuestas, examinados los antecedentes del caso y los agravios planteados por los recurrentes, cabe concluir que no se advierte en autos la existencia de arbitrariedad en la resolución impugnada, salvo en lo que se refiere a la imputación de la al doctor R. basada en el art. 15 del Código de Ética.

XII. Que en ese contexto, en atención a que existen conductas reprochables de ambos abogados y toda vez que la sanción impuesta es la de menor gravedad prevista por el art.45 de la ley 23.187, aplicable al caso, corresponde confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68 del CPCCN).

XIII. Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 8° -modificado por el artículo 12, inciso e, de la ley 24.432-, 9°, 19 -por analogía lo dispuesto en los artículos 37 y 38- y concordantes de la ley 21.839; y habida cuenta de la naturaleza del juicio, la importancia de la cuestión debatida -la sanción impuesta al profesional denunciado- y la calidad y eficacia de la labor desarrollada ante esta instancia (conf. contestación de traslado de fs. 62/63), corresponde regular en la suma de ($.) los honorarios del doctor Adriano Patricio Díaz Cisneros, quien se desempeñó como letrado apoderado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:

1)confirmar la resolución apelada, con costas.

2) regular en la suma de ($.) los honorarios del doctor Adriano Patricio Díaz Cisneros.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ROGELIO W. VINCENTI

JORGE EDUARDO MORÁN

MARCELO DANIEL DUFFY

  1. Guillermo Ledesma 28 abril 2014 de 7:24 PM

    Grave error del tribunal , pues ha actuado fuera de la órbita de su competencia . En efecto , el Código de Etica está legislado en la ley 23187 de creación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y su aplicación es competencia exclusiva del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ..

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