El deber de las ART se cumple asesorando y advirtiendo en forma concreta la totalidad de los riesgos laborales y su prevención

asesoria-fiscal-en-tererifePartes: Ovejero David Ezequiel c/ La Seguda A.R.T. S.A. y otro s/ accidente – acción civil

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 17-dic-2013

Cita: MJ-JU-M-85292-AR | MJJ85292 | MJJ85292

El deber de prevención que pesa sobre las ART no se cumple con cualquier tipo de medida, ni con asesoramiento parcial, sino que es menester advertir en forma concreta y cabal la totalidad de los riesgos laborales existentes y los modos de evitarlos.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la responsabilidad de la empleadora respecto del accidente sufrido por el actor dado que producido el daño con las cosas que eran de su propiedad, ésta responde no sólo en virtud del art. 1113 del CCiv. sino también por el incumplimiento del genérico deber de seguridad que sobre ella pesa, por ser quien ha tenido el poder de organización y control respecto de los trabajadores.

2.-Corresponde mantener la declaración de irrazonabilidad del art. 39, ap. 1 de la ley 24557 toda vez que a partir del caso Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A. s/accidente Ley 9688 se descalificó tal disposición por cuanto veda al trabajador -o sus derechohabientes-, la posibilidad de reclamar con fundamento en el derecho civil, entendido este último como expresión del principio general de responsabilidad que emana del art. 19 de la CN.

3.-La demandada debe responder en virtud del art. 1109 y 1113 del CCiv. toda vez que se ha acreditado la existencia del evento en el cual una cuchilla, propiedad de la accionada, le provocó el daño al actor, mientras este efectuaba sus labores, y siendo ello así, el hecho que produjo el daño cuya indemnización se persigue ocurrió en ocasión y lugar del servicio laboral del demandante, marco en el cual basta que el damnificado pruebe el daño y el contacto con la cosa dañosa.

4.-No resulta admisible distinguir, a los efectos de determinar el derecho que pueda asistir al trabajador, si el daño fue producido por las cosas o en ocasión de realizar tareas con ellas propias de la actividad, pues ello implicaría un apartamiento del concepto jurídico que cabe asignar a aquel vocablo en el contexto del art. 1113 del CCiv.

5.-La existencia de más de un factor de atribución no importa una incongruencia toda vez que la llamada culpa objetiva importa una responsabilidad por los daños injustamente causados, ya sea por las personas o con las cosas que están bajo su dependencia, independientemente que el responsable -titular o guardador- haya tenido una actitud culpable (sea por dolo o culpa).

6.-Corresponde responsabilizar a la ART en los términos del art. 1074 del CCiv. puesto que el actor invocó la existencia de una omisión culposa a deberes legales que autorizan a responsabilizarla por la totalidad del daño y si bien en la pericial técnica se enuncia una serie planes de capacitación general, como así también control de análisis bacteriológicos, bromatológicos, medición de ruidos, etc., ninguno de ellos está destinados a la protección del trabajador en el uso de un elemento cortante.

7.-La ART debe responder por los daños ocasionados al trabajador dado que pesa en cabeza de ella un deber de prevención y el mismo no se cumple con cualquier tipo de medidas, ni con una asesoramiento parcial; máxime siendo que la automaticidad de los movimientos reiterados impide, normalmente, detectar los riesgos y anula los reflejos, ante situaciones como las narradas en la demanda en la que, por un problema con la cuchilla de la máquina, ésta termina lesionándole la mano al trabajador.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de diciembre 2013, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda incoada por accidente laboral con fundamento en el derecho civil, contra LANCAS S.R.L. y La Segunda A.R.T. S.A. Ello suscita la queja de la empleadora y la aseguradora de riesgos a tenor de los memoriales presentados a fs. 1005/1019 y 998/1003, respectivamente, y respondidos por la actora a fs. 1022/1025. Por su parte, el representante letrado de la parte actora y los peritos médico, ingeniero y contador, cuestionan los honorarios regulados a su favor, por estimarlos bajos. En tanto, La Segunda ART hace lo propio con los de la representación letrada de la actora y de los peritos intervinientes, por estimarlos altos.

II.- Liminarmente, hago hincapié en que los argumentos que, de manera dogmática, se esgrimen en el escrito recursivo presentado por ambas demandadas, con relación a la validez del sistema creado por medio del dictado de la ley 24.557 (Ley de Riesgos del Trabajo), carecen de la fundamentación que debe reunir la expresión de agravios (art. 116 de la L.O.).

La tacha de inconstitucional que mereció el art. 39, inc. 1, de la ley 24.447, suscitó reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en lo principal, comparto, sin que se hayan proporcionado nuevos elementos de juicio o argumentos que permitan apartarse de lo resuelto.

En efecto, a partir del caso “Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A.s/ accidente Ley 9688” (sentencia del 21 de setiembre de 2004), así como en los pronunciamientos posteriores en que fijaron su postura los jueces del máximo Tribunal que no habían intervenido en el precedente mencionado (“Diaz, Timoteo Filiberto c/ Vaspia S.A.” , sentencia del 7 de marzo de 2006; “Perrota c/ Aipaa S.A.” y “Avila Juchami c/ Decsa S.R.L.”, sentencias del 28 de marzo de 2006; Fallos: 327:3753), se descalificó, mediante votos concurrentes cuya doctrina resulta aplicable al “sub examine”, la disposición del art. 39, ap. 1 de la ley 24.557 en cuanto veda al trabajador -o sus derechohabientes- la posibilidad de reclamar con fundamento en el derecho civil, entendido este último como expresión del principio general de responsabilidad que emana del art. 19 de la Constitución Nacional.

Por lo demás, esta Sala, incluso con otras integraciones, ha declarado desde hace varios años la inconstitucionalidad de la norma bajo análisis, en tanto importa una “capitis diminutio” para los trabajadores a quienes, por el sólo hecho de ser tales, se los margina de una vía reparadora a la que puede acudir cualquier persona.

Desde tal perspectiva y de acuerdo con las circunstancias que quedaron plasmadas en diversas constancias de la causa, corresponde mantener la declaración de irrazonabilidad del art. 39, ap. 1 de la ley 24.557. Así lo voto.

III.- Zanjado este aspecto, es dable señalar que la existencia de un episodio traumático resultó admitido por la empleadora al formular la denuncia del accidente sufrido por el actor (según consta en la contestación de demanda, fs.162 vta.), y por la aseguradora, al recibirla y otorgar la correspondiente atención médica, sin rechazar el siniestro en cuestión, acreditada por la prueba obrante en autos.

La demandada se agravia por cuanto el juez a quo entendió que le correspondía responder en virtud del artículo 1109 y 1113 del Código Civil.En este sentido, es dable poner de manifiesto que se ha acreditado en autos la existencia del evento en el cual una cuchilla, propiedad de la accionada, le provocó el daño al actor, mientras este efectuaba sus labores. Siendo ello así, el hecho que produjo el daño cuya indemnización se demanda ocurrió en ocasión y lugar del servicio laboral del demandante y en ese marco, tal como se ha puntualizado, basta que el damnificado pruebe el daño y el contacto con la cosa dañosa, no siendo admisible distinguir, a los efectos de determinar el derecho que pueda asistir al trabajador, si el daño fue producido por las cosas o en ocasión de realizar tareas con ellas propias de la actividad, pues ello implicaría un apartamiento del concepto jurídico que cabe asignar a aquel vocablo en el contexto del art. 1113 del Código Civil (C.S.J.N., Fallos: 311:1694, “Horacio, Julio N c/ YPF).

Producido el daño con las cosas que eran de su propiedad, responde no sólo en virtud del artículo 1113 del Código Civil sino también por el incumplimiento del genérico deber de seguridad que sobre ella pesa, por ser quien ha tenido el poder de organización y control respecto de los trabajadores, tal como ratificare la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Mosca”.

Es dable señalar que la existencia de más de un factor de atribución no importa una incongruencia. La llamada culpa objetiva importa una responsabilidad por los daños injustamente causados, ya sea por las personas o con las cosas que están bajo su dependencia, independientemente que el responsable -titular o guardador- haya tenido una actitud culpable (sea por dolo o culpa).

En virtud de lo expuesto, entiendo que la queja carece de sustento, por lo que debe ser desestimada.

IV.- Se agravia la empleadora en tanto adhiere a las conclusiones del perito médico. La queja planteada recibirá parcial recepción. Me explico.La pericial médica realizada, obrante 924/928, establece que el actor es portador de un porcentaje de incapacidad física que asciende al 5% de la t.o., que se corresponde con la limitación funcional de la mano, que le impide realizar la pinza digital. Por su parte, la pericial psicológica hace referencia a un 10%, pero de la que se desprende que la situación actual se debe no sólo al evento lesivo, sino también a un proceso de duelo por pérdidas afectivas (la esposa tuvo la pérdida de un embarazo de seis meses). Como correlato de ello, entiendo que debe adjudicarse al accidente un 50% del total, es decir, el 5% de incapacidad. Siendo así, el porcentaje de incapacidad física y psicológica que sufre el actor, como consecuencia del evento lesivo es del 10% t.o.

V.- En cuanto a la responsabilidad atribuida a La Segunda ART, no encuentro motivos para apartarme de lo decidido.

Ello es así habida cuenta de que, en el caso, el actor invocó la existencia de una omisión culposa a deberes legales que autorizan a responsabilizarla por la totalidad del daño con fundamento en el art. 1074 del Código Civil, sin que haya producido prueba en contrario. Y digo ello por cuanto, de la pericial técnica obrante a fs. 951/966, enuncia una serie planes de capacitación general, como así también control de análisis bacteriológicos, bromatológicos, medición de ruidos, etc., pero ninguno de ellos destinados a la protección del trabajador en el uso de un elemento cortante.A ello añado que la automaticidad de los movimientos reiterados impide, normalmente, detectar los riesgos y anula los reflejos, ante situaciones como las narradas en la demanda en la que, por un problema con la cuchilla de la máquina, ésta termina lesionándole la mano al trabajador.

Huelga decir que, pesa en cabeza de la aseguradora de riesgos, un deber de prevención y que el mismo no se cumple con cualquier tipo de medidas, ni con una asesoramiento parcial, focalizado en determinados aspectos riesgosos de la actividad de que se trate, sino que es menester advertir en forma concreta y cabal respecto de la totalidad de los riesgos laborales existentes y de los modos de evitarlos.

En síntesis, dentro del marco de los deberes expresos e implícitos que emanan del art. 4º de la ley 24.557, es razonable colegir una relación causal adecuada entre la actitud pasiva de la ART y el episodio accidental en cuestión; conclusión que, además, concilia con el criterio que emana de precedentes del máximo Tribunal Nacional (cfr. Causas “Soria, Jorge Luis c/RA y CES S.A. y otro” , sentencia del 10 de abril de 2007; “Bustos Juan Alberto c/QBE Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.”, sentencia del 17 de abril de 2007; “Galván, Renée c/Electroquímica Argentina S.A. y otro” , sentencia del 30 de octubre de 2007; entre otras), circunstancia que lleva a responsabilizar a La Segunda ART S.A. en los términos del art. 1074 del Código Civil.Así lo voto.

VI.- En relación al quantum, corresponde mencionar que la sentencia de grado fijó, para una incapacidad del 15% un total de $145.000 (daño material y moral). Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que, en el ámbito normativo de la reparación basada en el derecho civil, no corresponde la aplicación de fórmulas matemáticas, destacando que el “valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales”, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de la víctima, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres” (C.S.J.N., “in re” “Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Cia. S.R.L. ).

Teniendo en cuenta la índole de la lesión sufrida (10%), la edad del actor al momento del evento (27 años) y el salario determinado por el perito contador ($1670.-, ver fs. 265), etc., propicio fijar el monto de condena a $124.320 comprensivo de todos los rubros reclamados ($100.000 por daño material + $20.000 por daño moral + $4.320 por gastos tratamiento psicoterapéutico). A dichas sumas deberán adicionarse intereses a desde la consolidación del daño, producida el 10/06/2010, y hasta el efectivo pago, correspondientes a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otrogamiento de préstamos, todo ello de conformidad al Acta nº2357 de la CNAT, Acuerdo 08/02. Así lo voto.

V.- En atención al nuevo resultado del proceso, corresponde emitir nuevo pronunciamiento sobre las costas y los honorarios (artículo 279 C.P.C.C.N.). Propicio se impongan las costas de grado a las demandadas vencidas (art.68 C.P.C.C.N.), y se regulen los honorarios de la parte actora, demandada Lancas SRL, La Segunda ART S.A., peritos médico, ingeniero y contador en el 18%, 16%, 16%, 5%, 5% y 5% respectivamente (artículos 6, 7, 8, 19 y 33 de la Ley 21.839, artículo 3 del Decreto Ley 16.638/57 y artículo 38 de la Ley 18345) sobre el monto actual de condena, incluidos los intereses.

Propicio se impongan las costas de la Alzada a las demandadas (artículo 68 C.P.C.C.N.) a cuyos efectos se regulen los honorarios correspondientes a la representación letrada de cada una de las partes en el 25% de lo que les corresponda por las tareas cumplidas en la etapa anterior.

VI.- Por las razones expuestas, propongo se confirme la sentencia de grado en cuanto pronuncia condena y se establezca el porcentaje de incapacidad en el 10% de la t.o. y se fije el capital nominal en la suma de $124.320, a la que accederán los intereses fijados en grado, que correrán desde el 10/06/2010 y hasta su efectivo pago.

EL DR. LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.-

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de grado en cuanto pronuncia condena, establecer el porcentaje de incapacidad en el 10% de la t.o.y el capital nominal en $124.320 al que accederán los intereses fijados en grado, que correrán desde el 10/06/2010 y hasta su efectivo pago;

2.- Dejar sin efecto lo resuelto sobre costas y honorarios;

3.- Imponer las costas de grado a las demandadas vencidas;

4.- Regular los honorarios de la parte actora, demandada Lancas SRL, La Segunda ART S.A., peritos médico, ingeniero y contador en el 18%, 16%, 16%, 5%, 5% y 5% respectivamente, sobre el monto actual de condena, incluidos los intereses;

5.- Imponer las costas de la Alzada a las demandadas;

6.- Regular los honorarios correspondientes a la representación letrada de cada una de las partes en el 25% de lo que les corresponda por las tareas cumplidas en la etapa anterior.

Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/05/13 y oportunamente, devuélvase.-

MJA

VICTOR A. PESINO

JUEZ DE CAMARA

LUIS A. CATARDO

JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

ALICIA E. MESERI

SECRETARIA

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