La municipalidad debe indemnizar al actor por los daños sufridos en su vehículo al caer en un pozo mientras conducía en un día de lluvia.

Conduccion-invernal-lluviaPartes: Don Andres S.R.L. c/ Municipalidad de Adelia Maria s/ ordinario

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de Río Cuarto

Fecha: 21-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-85231-AR | MJJ85231 | MJJ85231

Responsabilidad de la Municipalidad por los daños sufridos en el vehículo del actor por haber caído en un pozo mientras conducía en un día de lluvia. 

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que condenó a la Municipalidad demandada a resarcir al actor los daños sufridos en su vehículo al caer en una zanja, ante la falta de acreditación fehaciente de las eximentes invocadas por la accionada y la consecuente obligación de responder que nace para aquélla por la omisión de controlar que la vía pública se mantenga apta para la circulación de peatones y vehículos, debiendo tomar las medidas de seguridad apropiadas para evitar que la deficiente conservación de calles y veredas se transforme en fuente de daños para terceros (del voto de la Dra. de Souza, al que adhieren los Dres. Taddei y Cenzano – mayoría)

2.-La indemnización de los daños debe limitarse al costo de la reparación de los deterioros sufridos por el camión y los repuestos que fueron necesarios a tal fin, no correspondiéndole a ésta resarcimiento alguno por la desvalorización venal de la unidad, desde que no surge de la prueba producida la existencia de relación jurídica alguna que permita concluir que, por integrar el camión su patrimonio, la disminución del valor de reventa por causa del accidente pueda repercutir en aquél causándole un daño indemnizable. (del voto de la Dra. de Souza, al que adhieren los Dres. Taddei y Cenzano – mayoría).

3.-El texto del primer párrafo del art. 42 de la ley 8226 -reiterado por el art. 45 de la actual legislación arancelaria- que establece los porcentajes correspondientes a las distintas etapas del juicio en primera instancia, no contiene limitación alguna a los supuestos de su aplicación, por lo que no se advierte ningún obstáculo que válidamente impida recurrir al fraccionamiento que la norma establece para la determinación de la ley aplicable a los fines regulatorios. (del voto de la Dra. de Souza, al que adhiere el Dr. Cenzano – mayoría).

4.-A fin de regular los honorarios debe aplicarse la ley vigente al tiempo de principiar el proceso, lo cual significa que, habiéndose tramitado el mismo encontrándose en vigor el anterior código arancelario, ley 8226, ésta debe ser la ley aplicable, aun cuando en el ínterin haya sido sancionada la nueva ley 9459 (del voto del Dr. Taddei – disidencia parcial).

Fallo:

En la ciudad de Río Cuarto, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil catorce, se reúnen en audiencia pública los señores Vocales de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, por ante mí, Secretaria autorizante, a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados «DON ANDRES S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE ADELIA MARIA – Ordinario» (Expte. N° 391358), elevados en apelación del Juzgado de Primera Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto, a cargo de la Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, quien con fecha tres de diciembre de dos mil doce dictó la Sentencia número Doscientos treinta (230) que obra a fs. 265/274 de autos, en la que resolvió: «1°) Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por Don Andrés S.R.L. en contra de la Municipalidad de Adelia María y, en consecuencia, condenar a esta última a abonar al primero, una vez vencido el plazo de cuatro meses desde que quede firme la planilla respectiva (art. 806 del CPCC) y bajo apercibimiento de ley, la suma de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 11.855,82), con más los intereses en la forma establecida en el considerando pertinente. 2°) Imponer costas a la parte demandada. 3°) Regular los honorarios del Dr. Marcelo Norberto Cassini en la suma de pesos cinco mil doce ($ 5.012), los del Perito Mecánico Oficial Ing. Daniel L. Pellegrini en el importe de pesos dos mil ochocientos doce con veinte centavos ($ 2.812,20). Tales estipendios cargarán los intereses determinados en el considerando respectivo desde la fecha de notificación del presente pronunciamiento y hasta su efectivo pago.Protocolícese, hágase saber y dése copia».-

El Tribunal sentó las siguientes cuestiones a resolver:

1ª) ¿Resulta procedente el recurso de apelación articulado por la demandada, mediante apoderado?

2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

De conformidad al sorteo de ley practicado, se estableció que el orden de emisión de los votos es el siguiente: Señores Vocales Rosana A. de Souza, Horacio Taddei y Eduardo Héctor Cenzano.-

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA la Sra. Vocal Rosana A. de Souza, dijo:

La sentencia en recurso contiene una relación de causa que cumple suficientemente con los recaudos formales, lo que permite la remisión a la misma, por razones de brevedad y a los fines de evitar repeticiones. En este proceso de daños, en el cual la actora reclama se le indemnicen los perjuicios sufridos a raíz del siniestro que invoca como acaecido el ocho de abril de dos mil seis sobre calle Catamarca al 100 de la localidad de Adelia María a cincuenta (50) metros del acceso a la planta de Molinos Cañuelas S.A., la juzgadora resolvió hacer lugar parcialmente a la acción instaurada por la demandante, condenando al municipio demandado a abonarle las sumas correspondientes a daño emergente y desvalorización venal del vehículo, con más las costas del proceso. Contra el pronunciamiento se alzó la accionada, interponiendo tempestivamente recurso de apelación. Elevados los autos a este Tribunal, se ordenó el traslado contemplado en el art. 371 del C.P.C.C., expresando agravios el apoderado de la apelante, en los términos del escrito glosado a fs. 291/303 vta., contestándolos la actora -a través de su mandatario- conforme se desprende del libelo obrante a fs. 305/310 vta.; llamados los autos a estudio (fs.311), firme el decreto correspondiente y concluido aquél, previa su integración, el Tribunal se encuentra en condiciones de dictar sentencia.-

En primer lugar le agravia al municipio recurrente que la sentenciante haya reconocido la legitimación activa de la firma «Don Andrés S.R.L.», siendo que ésta había sido negada por su parte y, a su entender, no se encuentra acreditada con los elementos ponderados por la a quo. El principal fundamento de la primera juzgadora es la factura de la que obra copia a fs. 3, extendida a nombre de la actora por la firma que realizara los trabajos de reparación del camión y los repuestos utilizados para ello, reconocida por el representante legal de la sociedad que la emitió, constando en el instrumento el dominio del camión siniestrado. Si bien de esta circunstancia la sentencia deriva en la conclusión de que si la actora abonó los costos de la reparación «es porque la une al menos una relación de posesión o de usufructo del vehículo en cuestión», entiendo que tal vinculación no es trascendente, sino que la legitimación para ejercer la acción resarcitoria tiene suficiente sustento en que al haber oblado el costo de la reparación y repuestos necesarios al efecto, la firma accionante es quien ha sufrido en su patrimonio el detrimento cuyo resarcimiento pretende, y es precisamente el perjuicio a su interés lo que justifica la acción, independientemente de la relación de la que emerja ese interés, vale decir, que revista el carácter de dueño, poseedor, usufructuario, usuario o mero tenedor de la cosa dañada. Repárese en que, por el contrario, si la accionante hubiese acreditado alguna de las calidades aludidas en la sentencia (poseedora o usufructuaria) sin probar que efectivamente efectuó las erogaciones para la reparación del rodado, no correspondería la indemnización pretendida porque si bien no es indispensable revestir alguna de aquellas relaciones con la cosa para autorizar el reclamo resarcitorio, sí lo es la acreditación del perjuicio sufrido (CSJN, Fallos:304-125), por lo que, si el daño no se identifica con la pérdida o deterioro de la cosa para su dueño, poseedor, usufructuario o usuario tiene que traducirse en la repercusión patrimonial de la erogación efectuada para la reparación de la cosa siniestrada.-

No se me escapa que el apelante cuestiona que la factura aludida acredite el pago, pues en el instrumento no consta que el importe fuera abonado con la inserción del sello de «pagado» o con el recibo pertinente. La factura de que se trata -debidamente reconocida en la declaración testimonial del representante de «Cantore S.A.C.I.F. e I.» a fs. 104- expresa como condiciones de venta «CTA. CTE.», consigna el número de dominio del camión (FFL 205) que se condice con el que se observa en las fotografías de fs. 7 (que a su turno fueron reconocidas por el Ingeniero Osvaldo Oviedo en su declaración testimonial de fs. 105 como tomadas por él). El instrumento referido se erige así en un título de crédito que, si no fuera abonado por el deudor, confiere al acreedor la posibilidad de perseguir su cobro contra aquél, en el caso, la firma actora. A mayor abundamiento, en aval de lo hasta aquí relacionado, se agrega que tanto la accionante cuanto la firma «Vaschetto Marinelli S.H.» para quien el apoderado de la actora expresa en la demanda que estaba prestando servicios de transporte comercial de mercaderías (fs. 18), conforme surge de la mentada factura de fs. 3 y de los presupuestos de fs. 11 y 12 también extendidos por «Cantore», tienen el mismo domicilio (Alvear 1700 de esta ciudad), como así también que en las fotografías de fs. 14 se observa que en el camión luce la inscripción «VASCHETTO» y «Alimentos VASQUETTO», en tipo más pequeño -sobre los guardabarros de la carrocería- se puede leer «Transp.Don Andrés s.r.l.», lo que insufla verosimilitud al interés esgrimido por la actora.-

Ahora bien, esta misma línea de razonamiento que avala la conclusión de la a quo en cuanto a que la legitimación de la actora para efectuar el reclamo del monto del que da cuenta la factura de la que obra copia a fs. 3 -aunque por los fundamentos aquí expuestos y no por los de la resolución recurrida- avanzando en el tratamiento de los argumentos en que se sostiene la vía impugnativa, y sin perjuicio de lo que se decida respecto de los restantes ataques al fallo en crisis, estamos en condiciones de afirmar que el reconocimiento de la legitimación activa no alcanza a respaldar el reclamo del rubro que pretende el resarcimiento de la desvalorización venal del vehículo, pues este daño, ontológicamente, sólo puede ser padecido por quien tiene la titularidad del rodado o cuando el bien integra por cualquier causa su patrimonio y no por quien se hizo cargo de afrontar el costo de la reparación de los daños materiales de la unidad.-

La recurrente también critica con agudeza el fallo en cuanto desestima la invocación de las eximentes de caso fortuito (por la copiosa lluvia caída poco antes del suceso) y la culpa de un tercero por quien no debe responder (el conductor del camión), entendiendo que las pruebas rendidas acreditan la existencia de una lluvia excepcional en la madrugada del día en que ocurrió el hecho, no cabiendo dudas de que el pozo en que cayó el camión fue la consecuencia de la correntada de agua ocasionada por la precipitación anormal, revistiendo las características de imprevisibilidad e inevitabilidad e interrumpiendo el nexo causal.Basa su imputación de culpa al tercero en que al ver el charco de dos por tres metros y advertir que el agua corría y había descalzado el cordón cuneta, Flores -el conductor del camión- debió haber tomado precauciones como constatar si pasaría sin inconvenientes; que tenía conocimiento previo del deterioro de la calle, lo que afirma interpretando la declaración testimonial de Villegas, quien cayó al pozo alrededor de las siete y treinta horas y pidió ayuda a un camión de «Vaschetto» que no lo pudo sacar porque iba a cargar y que el camión conducido por Flores cargó antes de las ocho horas y tiene pintado ese nombre en sus puertas y lona, por lo que no duda que era el conductor del camión siniestrado. Que la imprudencia de éste determina la ausencia total de relación de causalidad entre el hecho imputado a la demandada y el daño cuya reparación se persigue.-

La a quo funda el rechazo del caso fortuito invocado como eximente en la circunstancia de que la accionada no acreditó que el hecho de la lluvia (por la cantidad caída en un corto lapso) se eri ja en caso fortuito, como así tampoco que el pozo de las características del que se trata se pueda producir por la caída de agua, obrando solo la declaración testimonial de Villegas «que no explica cómo sabe que llovieron 120 mm», concluyendo que si la lluvia causó efectivamente la zanja en la que cayera el camión, debió la demandada probarlo por medios conducentes, lo que no ha hecho. Estos fundamentos no son atacados en la expresión de agravios, ciñéndose el apelante al mismo testimonio de Villegas que la jueza defenestra, echando mano de las fotografías, de la constatación del estado de la calle en la pericia y de la propia declaración de Flores en cuanto al tamaño del pozo del que el apoderado de la demandada infiere la cantidad de agua acumulada en el mismo.La doctrina es unánime en cuanto a que «la niebla, las lluvias, temporales de viento, nieve o granizo, inundaciones, sequías, crecientes de ríos.» se erigen en caso fortuito «.siempre que por su magnitud se trate de fenómenos extraordinarios, poco comunes en función de las circunstancias de tiempo y lugar. los fenómenos de la naturaleza previsibles u ordinarios, aunque graves, no constituyen casus.» (PIZARRO, «Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa», Tomo I, editorial La Ley, pág. 298), por lo que es acertada la afirmación de la a quo en el sentido de que la demandada que invocó la eximente debió acreditarla con elementos idóneos al efecto -lo que descarta una declaración testimonial que no da razones de la afirmación que efectúa- que comprobara la cantidad de agua caída, en qué tiempo y el carácter extraordinario del fenómeno -en la época y lugar en que se produjo- de donde derivara que, aún encontrándose la calle en el estado en que debe ser conservada, el pozo igualmente se hubiera producido, nada de lo cual surge de lo actuado en la causa.-

Desecha también la primera sentenciante la existencia de culpa del conductor del camión, remarcando que el Sr. Flores declara haberse dirigido a escasa velocidad al salir de la planta por la única salida habilitada al efecto, lo que es coincidente con el resto de las declaraciones testimoniales. A pesar de la esmerada argumentación del apoderado de la apelante para arribar a la conclusión de que está acreditada la conducta imprudente del chofer del camión, lo cierto es que sus asertos son conjeturales, por lo que no alcanzan a revestir la contundencia probatoria que es requerida para acreditar las eximentes de responsabilidad contempladas en la norma del art. 1113 del Código Civil. La manifestación de Villegas (fs.92 y vta.), quien sostiene haber pedido ayuda para sacar a su conducido que había caído en el pozo a «un camión que le parece que era de Vasquetto» (el destacado me pertenece) es insuficiente para de ella derivar -como lo hace la apelante- que Flores «tenía conocimiento previo del estado de la calle», por lo que carece de solidez esa premisa para sostener a partir de ella que el conductor del camión debió tomar precauciones como constatar que podía atravesar la laguna formada en la calle, cual si fuera previsible que debajo de la misma hubiera un pozo de las dimensiones del que se había formado en la calle de acceso al molino.-

Ello así, comparto la conclusión de la primera sentenciante en cuanto a la falta de acreditación fehaciente de las eximentes invocadas por la demandada y la consecuente obligación de responder que nace para aquélla por la omisión de «controlar que la vía pública se mantenga apta para la circulación de peatones y vehículos, debiendo tomar las medidas de seguridad apropiadas para evitar que la deficiente conservación de calles y veredas se transforme en fuente de daños para terceros» (este Tribunal con su anterior integración, Sentencia N° 16 del 29/11/2010). No abunda recordar también que, como las eximentes de responsabilidad contempladas en el art. 1113, segundo párrafo, segunda parte del Código Civil, en definitiva, destruyen la presunción de causalidad que contiene la norma, requieren de una prueba acabada de su configuración para tener esa virtualidad, no alcanzando con una apreciación meramente conjetural de uno o varios elementos probatorios, como intenta hacerlo valer el recurrente. Ello no obstante, conforme lo anteriormente analizado respecto de la legitimación de la actora, la indemnización de los daños debe limitarse al costo de la reparación de los deterioros sufridos por el camión y los repuestos que fueron necesarios a tal fin, de todo lo cual da cuenta la factura de fs.3 -reconocida por su otorgante- y emitida a nombre de la firma actora, no correspondiéndole a ésta resarcimiento alguno por la desvalorización venal de la unidad, desde que no surge de la prueba producida la existencia de relación jurídica alguna que permita concluir que, por integrar el camión su patrimonio, la disminución del valor de reventa por causa del accidente pueda repercutir en aquél causándole un daño indemnizable. Por ello no corresponde tampoco ingresar a los agravios dirigidos en contra de los fundamentos de la sentencia para fijar el importe resarcitorio de este rubro. En virtud de lo expuesto y habiendo el apelante dirigido un agravio concreto cuestionando la procedencia del reclamo por desvalorización del vehículo -por no haberse probado el daño- además del ataque al rechazo de su defensa concerniente a la falta de legitimación de la actora, entiendo debe acogerse el recurso en este aspecto, modificándose la sentencia impugnada mediante la disminución del monto de la condena que resulte de la deducción de la cantidad determinada para este rubro ($ 1.999,99), por lo que voto parcialmente por la afirmativa a la cuestión en tratamiento.-

Los señores Vocales Horacio Taddei y Eduardo Héctor Cenzano, dijeron que adherían al voto precedente y por análogas razones se pronunciaban en el mismo sentido.-

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA la Sra. Vocal Rosana A. de Souza, dijo:

A mérito del resultado obtenido de la votación a la cuestión precedente, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto, modificando la sentencia apelada en cuanto acoge el rubro desvalorización venal del vehículo, disminuyendo el monto de la condena a la suma de pesos Nueve mil quinientos veintisiete con ochenta y cinco centavos ($ 9.527,85) -fs. 273 vta.- y dejando sin efecto la imposición de costas y regulación de honorarios practicada por la a quo, a excepción de los regulados al perito mecánico oficial, confirmando lo demás que resuelve y ha sido materia recursiva.Respecto de las costas, cuya determinación debe realizarse ex novo en virtud del resultado del recurso, habiendo vencimientos recíprocos, de conformidad a la norma del art. 132 del ordenamiento procesal, deben ser soportadas por cada parte proporcionalmente al éxito obtenido por cada una en el proceso, teniendo en cuenta que, si bien la determinación de los montos indemnizatorios reclamados estaba supeditada a la prueba a producirse, es en oportunidad de la valoración de ésta -en el alegato- cuando el pretendiente tiene que precisar su reclamo adecuándolo a los elementos probatorios incorporados, lo que en el caso no se hizo. Ahora bien, la a quo -con distinto criterio- impuso la totalidad de las costas a la demandada por entender que la actora no pudo arribar a una estimación definitiva y que los rubros rechazados o admitidos parcialmente no prosperaron por falta de prueba y no porque la pretensión haya sido desmedida, aspecto que no fue objeto de un agravio concreto y fundado. Por tal motivo, para la distribución de las costas que debe efectuarse por el resultado del recurso, corresponde sólo tener en cuenta la incidencia de la suma reclamada en concepto de desvalorización del vehículo sobre el total de la demanda, a los fines de la distribución proporcional de las costas. Así, la suma de pesos diez mil ($ 10.000) que se demandó por este rubro, repercute en un cuarenta y cuatro por ciento (44%) sobre el importe total demandado, por lo que las costas -ponderando también que la actora resulta vencedora en cuanto a la atribución de responsabilidad- quedan repartidas en las siguientes proporciones: el sesenta por ciento (60%) a cargo de la demandada y el cuarenta por ciento restante (40%) deberá ser soportado por la actora. Las costas correspondientes a esta instancia, atendiendo al resultado parcialmente favorable a la recurrente, conforme lo prescripto por el citado art.132, deben ser soportadas en un ochenta y tres por ciento (83%) por el apelante y en un diecisiete por ciento (17%) por la actora apelada, pues esta es la repercusión porcentual que la suma otorgada en la sentencia por desvalorización del vehículo tiene sobre el monto total de la condena.-

En cuanto a los honorarios de los letrados de las partes, Dres. Marcelo Norberto Cassini y Juan Manuel de Rivas por los trabajos realizados en primera instancia, el texto del art. 125 de la ley 9459, luego de establecer la vigencia inmediata de la ley -refiriendo también el valor del jus- dispone que «en las causas y actuaciones profesionales en trámite o pendientes de regulación y en las terminadas, donde no se hubiere practicado regulación, se aplicará la ley vigente al tiempo en que se prestó la tarea profesional». Está claro entonces que lo que determina la ley aplicable es la prestación que se ha de remunerar en lo concerniente a la unicidad de cada una de las instancias del proceso, por lo que para la evaluación de la labor a los fines de la fijación del honorario, se debe recurrir a los parámetros que la misma legislación proporciona y que son, para la primera instancia, las etapas en que es factible fraccionar el proceso. El texto del primer párrafo del art. 42 de la ley 8226 -reiterado por el art. 45 de la actual legislación arancelaria- que establece los porcentajes correspondientes a las distintas etapas del juicio en primera instancia, no contiene limitación alguna a los supuestos de su aplicación, por lo que no se advierte ningún obstáculo que válidamente impida recurrir al fraccionamiento que la norma establece para la determinación de la ley aplicable a los fines regulatorios. Avala también la inteligencia que cabe acordarle a la norma del art. 125 de la ley 9459, en armonía con sus antecedentes legislativos, la pauta de interpretación legal que la ley establece (art. 110 de la ley 9459, que reitera los términos del art.105 de la ley 8226), la cual estatuye la aplicación analógica de las normas que más se adecuen a la actividad profesional realizada, de manera de asegurar una retribución digna y equitativa por la actividad cumplida. Ello así, como de la realización de los cálculos pertinentes -evidentemente por la diferencia en los porcentuales contemplados en sendos artículos 34 y 36 de las normativas arancelarias que se aplican- a pesar de la menor base económica que corresponde tomar para la regulación de los honorarios del letrado de la actora, se obtiene un importe levemente superior al regulado en la sentencia apelada y este aspecto no ha sido impugnado, propongo queden fijados en la suma regulada por la primera juzgadora, esto es, en pesos . ($ .). Respecto de los honorarios del apoderado de la demandada, postulo se regulen en la suma de pesos . ($.) por la labor profesional desempeñada en primera instancia durante la vigencia de ambos ordenamientos arancelarios, cantidad resultante -en números redondos- de aplicar sobre la base económica de pesos Veintidós mil trescientos quince ($ 22.315), conformada por el monto del crédito reclamado, adicionados los intereses que estipulan los arts. 31 y 33 respectivamente de las leyes 8226 y 9459, reducida al treinta por ciento (30%) acorde a lo previsto en los arts. 25, 29 inc. 2°, segundo supuesto y 36, y 26, 31 inc. 2°, segunda hipótesis y 39 de sendos ordenamientos, las escalas de los arts. 34 de la ley Arancelaria anterior elevado en tres (3) puntos (18%) y 36 de la ley 9459 aumentado en un (1) punto (21%), atendiendo a la eficacia y calidad de la defensa, el éxito obtenido y la escasa complejidad de las cuestiones debatidas. Se ha computado en el primer caso el sesenta y cinco por ciento (65%) sobre su resultado en función de las tareas cumplidas durante la vigencia de la ley 8226, acorde a lo dispuesto en el art.42, ibidem, mientras que en el segundo, el cálculo se efectuó de acuerdo al porcentaje -del 35%- que corresponde a los trabajos realizados temporalmente bajo la vigencia de la ley 9459 (parte del diligenciamiento de la prueba y etapa de alegatos, conforme al art. 45 de la ley arancelaria vigente).-

En cuanto a los honorarios que para los letrados de ambas partes corresponde regular por los trabajos realizados en esta instancia apelativa, de la aplicación de los porcentuales que determinan los arts. 31 incs. 1 y 2, segundos supuestos -tomando al apelante como actor y al apelado como demandado- 40 y 36 de la ley 9459, sobre el total de lo que ha sido materia de apelación (monto de la condena reducido al 30% y cantidad por la que se acoge el recurso, en ambos casos con más los intereses contemplados en el art. 33 ibídem), no se arriba al mínimo establecido en el art. 40 último párrafo de la ley citada, por lo que deben establecerse fijándose en el importe equivalente a ocho (8) jus que, en números redondos, resultan la suma de pesos Un mil ochocientos once ($ 1.811) para cada uno de los Dres. Marcelo Norberto Cassini y Juan Manuel de Rivas, tomando el jus al valor de $ 226,36 (art. 36 de la ley arancelaria citada), en todos los casos con más el IVA en razón de la condición impositiva que ambos revisten frente a la AFIP, conforme surge de las constancias de fs. 312 y 318. Así voto.-

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA el Sr. Vocal Horacio Taddei, dijo:

Discrepo con la opinión de la vocal que me preceden en el voto respecto a la normativa a aplicar para proceder a regular los honorarios de los letrados de las partes por las tareas prestadas tanto en la instancia inferior como en esta de grado. Es criterio de la Cámara que naturalmente integro como miembro titular (y lo he plasmado como voto aclaratorio en la causa tramitada ante esta Cámara Civil y Comercial de 1era.Nominación en la causa «Tercería de Mejor Derecho deducida por el Fisco de la Pcia de Cba. en los autos «Banco Hipotecario S.A. c/ Buffa – Ejecución Hipotecaria», A.I. nro. 27.2.09, siguiendo el voto en disidencia del señor vocal Dr. Daniel G. Mola, volcado en la causa tramitada también en este tribunal de grado, caratulada «Sanatorio Huinca Renancó c/ Gómez – Dda. Ordinaria», Sent. Nro 04 del 16/02/09), que la aplicación para supuestos como el de autos es la de la ley vigente al tiempo de principiar el proceso, lo cual significa que, en el caso, y habiéndose tramitado el mismo encontrándose en vigor el anterior código arancelario, ley 8226, ésta debe ser la ley aplicable aún cuando en el ínterin haya sido sancionada la nueva ley 9459, que rige a partir del 17.01.2008 (desde su publicación en el Boletín Oficial conforme a su art. 128). Se dijo en resumen allí, a partir de la interpretación que cabía realizar respecto a lo dispuesto por el art. 125 de dicho plexo legal (que regía como disposición transitoria aquellas situaciones que bien podríamos denominar en curso de ejecución, al disponer que: «En las causas y actuaciones profesionales en trámite o pendientes de regulación y en las terminadas, donde no se hubiere practicado regulación, se aplicará la ley vigente al tiempo en que se prestó la tarea profesional»), que tareas profesionales como las que nos ocupa, debían ser compensadas con los parámetros de la vieja ley 8.226, no resultando posible «desdoblar» o «parcializar» el trámite de un juicio que comenzó y se desarrolló bajo la vigencia de una ley al amparo de una relación jurídica única y anterior, ni factible interpretar «literalmente» al referido art. 125 de la ley 9459, como queriendo e imponiendo hacer esa distinción, cual si las etapas de un proceso fueran compartimentos estancos y no como un todo, es decir como una unidad.En homenaje a la brevedad, me remito en detalle a lo allí expresado lo cual doy aquí íntegramente por reproducido. Considero innecesario, en función del voto de la mayoría conformada en el acuerdo de este pronunciamiento, que proponga el monto regulatorio que, por aplicación de la vieja normativa, correspondería fijar a favor del mentado letrado por sus trabajos prestados en ambas instancias del juicio. En cuanto a lo demás, presto mi adhesión al voto de la señora vocal preopinante.-

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA el Sr. Vocal Eduardo Héctor Cenzano, dijo:

Coincido con la solución que propugna la Sra. Vocal del primer voto, en particular en lo relativo a la aplicación de las Leyes 8226 y 9459 para cuantificar los honorarios de primera instancia de los profesionales intervinientes, fraccionando a tal fin las distintas etapas del proceso según hayan sido cumplidas bajo la vigencia de cada uno de esos cuerpos legales.- Por cierto que ninguna duda abrigo en relación a que la remuneración de los trabajos vinculados con el recurso interpuesto debe ser fijada conforme lo establece el Código Arancelario actualmente vigente, desde que la impugnación fue íntegramente tramitada con posterioridad al 18 de enero de 2008, compartiendo igualmente el monto propuesto en cada caso para fijar los respectivos honorarios de los Dres. Marcelo Norberto Cassini y Juan Manuel de Rivas.- Adhiero plenamente a los argumentos que la Dra. Rosana A. de Souza ha desarrollado al respecto puesto que el art. 125 de la Ley 9459 dispone, luego de establecer la vigencia inmediata de la ley, que «en las causas y actuaciones profesionales en trámite o pendientes de regulación y en las terminadas, donde no se hubiere practicado regulación, se aplicará la ley vigente al tiempo en que se prestó la tarea profesional» (el resaltado me pertenece).- Es la interpretación del texto enfatizado el que genera las opiniones encontradas, como lo evidencia la disidencia formulada sobre el particular por el Dr.Horacio Taddei, discrepancia que considero debe superarse indagando cuál ha sido la voluntad del legislador.- Surge claramente de la versión taquigráfica de la discusión parlamentaria, que con la actual redacción de la norma se procuró «evitar otra catarata de pleitos», aludiendo a la suscitada con la entrada en vigencia de la Ley 8226 que derogó la Ley 7269, con la decisión de que se aplique la ley vigente al tiempo en que se prestó la tarea profesional, según lo especificó el legislador Ortiz Pellegrini, siendo reforzada la intención parlamentaria con la intervención en el debate de la ley del legislador Carbonetti, quien «para disipar cualquier tipo de dudas en interpretaciones futuras» respecto de «lo que la parte final del artículo preveía, siguiendo el viejo debate que plantearon las Leyes 7269 y 8226 respecto a las aplicaciones en cuanto a etapas cumplidas», propuso «la siguiente reforma al art. 125: «Este Código se aplica desde su entrada en vigencia, incluido el valor asignado al Jus».- En las causas de actuaciones profesionales sigue tal cual está redactado», manifestando seguidamente que con ello «entendemos que vamos a poner coto a cualquier interpretación que apunte a desnaturalizar lo que ha sido intención de esta Legislatura» (versión taquigráfica de la sesión ordinaria del 26/12/2007, publicada en «Código Arancelario para Abogados y Procuradores» de Juan María Olcese, págs. 131 y 142, como así también en la edición realizada por el Colegio de Abogados de Córdoba, Editorial Mediterránea, pág. 10).-

Es entonces la prestación de la tarea profesional la que determina qué ley se ha de aplicar para cuantificar la respectiva remuneración, sin que se afecte la unicidad de cada una de las instancias al recurrir, en relación a la primera, a los parámetros que la propia legislación proporciona, fraccionando el proceso conforme lo establecen los arts. 42 de la Ley 8226 y 45 del Código Arancelario actualmente vigente.- Co nsecuentemente adhiero al voto de la Dra.de Souza y por tanto me pronuncio en igual sentido en relación a la segunda cuestión puesta a consideración de los miembros del tribunal.-

Por el resultado del Acuerdo que antecede y por mayoría del Tribunal;

SE RESUELVE:

I) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, modificar la sentencia apelada en cuanto acoge el rubro desvalorización venal del vehículo, disminuyendo el monto de la condena a la suma de pesos Nueve mil quinientos veintisiete con ochenta y cinco centavos ($ 9.527,85). II) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulación de honorarios practicada, a excepción de los regulados al perito mecánico oficial, confirmando la sentencia en lo demás que resuelve y ha sido materia recursiva. III) Distribuir las costas de la instancia anterior en los siguientes porcentajes: el sesenta por ciento (60%) a cargo de la demandada y el cuarenta por ciento restante (40%) deberá ser soportado por la actora. IV) Imponer las costas de esta instancia recursiva en un ochenta y tres por ciento (83%) al apelante y en un diecisiete por ciento (17%) a la actora apelada. V) Regular los honorarios profesionales del Dr. Marcelo Norberto Cassini y Juan Manuel de Rivas, por los trabajos realizados en primera instancia, en la suma de pesos . ($ .) con más la de pesos . ($ .) en concepto de IVA y . ($ .) con más la de pesos. ($ .) por el mismo concepto, respectivamente, y fijar los honorarios por las tareas desempeñadas en la alzada, en la suma de pesos . ($ .) con más la cantidad de pesos . ($ .) en concepto de IVA, para cada uno de ellos.- Protocolícese y oportunamente bajen.-

 

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