Existe daño moral por la privación del uso del automotor teniendo en cuenta la angustia padecida y la avanzada edad del actor

autoPartes: Silva Edelmiro c/ Banco Santander Río S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 10-dic-2013

Cita: MJ-JU-M-84915-AR | MJJ84915 | MJJ84915

Se hace lugar al reclamo por daño moral atento la privación del uso del automotor padecido por el actor, no sólo por la angustia provocada ante la pérdida del vehículo, sino también por el hecho de ser una persona de avanzada edad y haber tenido que transitar el prolongado trámite de un proceso judicial.

Sumario:

1.-Sin desconocer la doctrina que sostiene que la sola falta de vehículo no constituye por sí sola un daño resarcible; doctrina que se funda en el hecho de que el uso de un automóvil ocasiona una serie de erogaciones, tanto directas como indirectas, tales como estacionamiento, combustible, lubricantes, repuestos y demás gastos de mantenimiento que se evitan en principio cuando no se dispone de la posibilidad de utilizar el rodado, esta doctrina no es compartida por este Tribunal, y ello toda vez que quien tiene un automóvil, lo tiene para usarlo, extrayendo de él beneficios que, aunque puedan no ser de índole estrictamente económica, deben considerarse susceptibles de indemnización.

2.-La propia naturaleza del automotor lleva implícito su destino y los aludidos beneficios -comodidad, practicidad y esparcimiento- que puede dispensar a su dueño, lo cual torna por completo sobreabundante exigir a éste que demuestre cuál es el perjuicio que le produjo su privación

3.-A los fines de la determinación del monto del daño moral, atento la privación del uso del automotor provocado al actor, debe juzgarse como agravante de los padecimientos que un suceso de esas características generaría en el común de las personas, el hecho de que aquí se trata de un jubilado, que sin duda vio su calidad de vida alterada a partir de esa privación, sumada a la circunstancia de que para lograr después de casi diez años que su derecho sea reconocido, tuvo que arbitrar los medios para plantear el asunto ante esta jurisdicción capitalina, pese a que el vehículo se hallaba en Formosa que era donde también él residía. De modo tal que no es dudoso que el episodio de marras generó en el demandante un agravio moral que debe ser indemnizado (cfr. doc. art. 522 , CCiv.).

4.-Resulta procedente la indemnización por daño moral atento la privación del uso del automotor padecido por el actor, no sólo por la objetiva aptitud del episodio para lesionar los sentimientos del damnificado al generarle la natural angustia que debió enfrentar ante la pérdida del vehículo que con tanto sacrificio había adquirido, sino también por el hecho de que, siendo una persona de ya avanzada edad, tuvo que transitar el prolongado trámite de un proceso judicial que, como el presente, se desarrolló fuera de la jurisdicción correspondiente a su domicilio, con las complicaciones propias que para él aparejó tal distancia, y el correlativo mayor margen de impunidad en el que quedó colocado el demandado. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 10 días del mes de diciembre de dos mil trece, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos “SILVA EDELMIRO C/ BANCO SANTANDER RIO SA S/ ORDINARIO” (expediente n° 62329/07), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Julia Villanueva (9), Eduardo R. Machin (7) y Juan Roberto Garibotto (8).

El Dr. Eduardo R. Machin no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver.

¿Es arreglada a derecho la sentencia de fs. 463/483?

La señora juez Julia Villanueva dice:

I. La sentencia apelada.

Mediante el pronunciamiento de fs.463/483, el juez de grado admitió parcialmente la demanda entablada por Edelmiro Silva contra el Banco Santander Río SA a efectos de obtener la reparación de los daños y perjuicios que el actor adujo haber padecido como consecuencia del ilegítimo secuestro de su vehículo producido a instancias de dicha entidad.

Para así decidir, consideró que no había existido mora del actor que hubiese habilitado al aludido banco a dar por perdido el derecho de aquél a beneficiarse con la bonificación que le había sido acordada tras la cancelación de la cuota n° 36, de lo que infirió que tampoco había habido incumplimiento de éste que justificara el aludido proceder del demandado.

Tras ello, pasó a ocuparse de los rubros reclamados, admitiendo el derecho del demandante a obtener el valor de reposición del vehículo secuestrado -calculado a la fecha en que el aludido secuestro se había producido-, más las indemnizaciones que fijó en concepto por pérdida de fletes y daño moral.

En cambio, juzgó que no se había acreditado debidamente el lucro cesante, por lo que desestimó la procedencia de este rubro.

Finalmente, distribuyó las costas en un 60% a cargo de la demandada y un 40% a cargo del actor.

II. Los recursos.

1. La aludida sentencia fue apelada por ambas partes. El actor mantuvo su recurso a fs. 497/99, mientras que la demandada hizo lo propio a fs. 504/506, sin que ninguna de las respectivas expresiones de agravios haya merecido respuesta.

El demandante se queja de que el señor juez de grado haya decidido diferir la determinación del valor del vehículo para la etapa de ejecución de sentencia, como así también del rechazo del lucro cesante y de la cuantificación del daño moral, que estima reducida.

Critica, finalmente, la forma en que fueron distribuidas las costas.

2.De su lado, el demandado se agravia de que el sentenciante lo haya considerado incurso en la ilicitud denunciada por su contrario.

A estos efectos, cuestiona la interpretación que realizó el señor juez respecto del depósito de la cuota n° 35, concluyendo que el actor sabía qué suma debía depositar para cancelar dicha cuota y que, por lo tanto, al completar el saldo con fecha 21 de octubre de 2003, él ya se encontraba en mora y había

perdido la bonificación acordada.

III. La solución.

1. Como surge de la reseña que antecede, el actor reclamó la indemnización de los daños que alegó haber sufrido a causa del incumplimiento contractual que atribuyó al banco demandado.

Ese incumplimiento se produjo, según el demandante, cuando, en forma ilegítima, el banco dio por perdido su derecho a obtener la cancelación anticipada del crédito prendario que había contraído, secuestrando -también en forma indebida- el automotor prendado.

De su lado, el banco defendió la legitimidad de su actuación, alegando que su parte había procedido de ese modo en razón de la mora en la que había incurrido su contrario, mora que le había restado el derecho a obtener la aludida bonificación.

El juez de primera instancia admitió parcialmente la demanda en los términos más arriba resumidos, juzgando -especialmente- que el demandado había incumplido su deber de información y que, al hacer perder al actor la bonificación de marras por una diferencia de $ 6,07 (a la fecha en que se había producido el vencimiento de la cuota n° 35), había incurrido en una conducta excesiva y reprochable.

2. Así las cosas, cabe comenzar por destacar que ambas partes están contestes en que asistía derecho al actor a exigir la bonificación de la denominada “cuota adicional” (ver contrato de prenda con registro copiado a fs.245 y las condiciones del llamado “Plan cuotitas”).

También contestes se encuentran -por lo menos en esta instancia- en que el actor no incurrió en mora hasta la cuota n° 35.

Es decir: la posición contraria -sobre la cual el banco construyó su defensa al contestar la demanda reprochando al actor haber también incurrido en mora en el pago de la cuota n° 14- fue desestimada en la sentencia apelada sin que tal aspecto de la decisión haya merecido queja alguna del interesado.

Los agravios del banco contra dicha sentencia, reitero, se acotan a la interpretación que efectuó el a quo acerca de la tempestividad y consiguiente efecto cancelatorio del depósito efectuado a efectos de abonar la referida cuota n° 35.

En tales condiciones, el asunto propuesto a consideración de la Sala consiste, en lo sustancial, en determinar si la diferencia entre el monto depositado para cancelar la citada cuota n° 35 y el que en apariencia era su real valor, aparejó o no la pérdida de la aludida bonificación reconocida al demandante.

3.Un orden de precedencia lógico exige tratar, en primer término, la queja que respecto de esa cuestión ha levantado el demandado.

A mi juicio, no le asiste razón.

Hoy está claro que, cuando el actor pretendió pagar la cuota n° 35, calculó su importe en forma equivocada, dejando pendiente de pago la nimia diferencia de $ 6,07.

El juez de primera instancia consideró que esa nimiedad no había tenido eficacia para restar a aquél el derecho que le asistía a que se tuviera por extinguida la totalidad del préstamo de marras.

Y lo hizo, según mi ver, sobre la base de argumentos que no han sido seriamente controvertidos.

Por lo pronto, la desmesura de una interpretación contraria -tenida expresamente en consideración por el sentenciante- aparece notoria, no sólo porque esa cuota fue abonada en término, sino porque, además de nimia, la diferencia adeudada fue inmediatamente depositada por el actor como se comprueba a poco que se tenga presente que, mientras dicha cuota venció el 11/10/03, el depósito superador de esa diferencia fue efectuado el día 21 de ese mismo mes y año (v. cupones de fs.94 y 95).

A ello se agrega que tampoco aparece eficazmente rebatido el restante argumento sustancial que llevó al a quo a decidir del modo en que lo hizo.

Me refiero al hecho de que nada conducente ha expresado el banco acerca del reproche que le fue efectuado de no haber proporcionado a su cliente la información necesaria para poder estimar con exactitud el valor de las cuotas -que variaban todos los meses en pequeños montos-, aspecto que en el caso reviste la mayor de las relevancias, dado que, precisamente, la diferencia de marras fue debida al error en el que el demandante incurrió acerca del monto de uno de los rubros que integraban la cuota que generó el debate.

Claro resulta que era carga de banco aportar los elementos de juicio necesarios para demostrar que su parte sí había cumplido fehacientemente con ese deber de información que sobre él pesaba (art. 53 LDC), indicando cómo había puesto a su cliente en condiciones de conocer el modo en que evolucionaría el valor de dichas cuotas en términos tales que éste pudiera pagar sin errores susceptibles de perjudicarlo.

Que el demandado no cumplió con esa obligación, parece claro.

Primero, en razón del apercibimiento que recibió en los términos del art. 388 del código procesal (ver fs. fs. 419) respecto de su obligación de acompañar la carpeta del crédito y los demás anexos del mutuo.

Y, segundo, a la luz de la inimpugnada respuesta proporcionada por la perito contadora a fs. 295 vta., punto 4, oportunidad en la cual ésta indicó que no había podido verificar la composición exacta de las cuotas en lo concerniente a los accesorios (“monto de seguro, impuestos, tasas, gastos, etc.”, sic).

Esto conduce a dos forzosas conclusiones:primero, que no existía información segura; y segundo, que, si la perito no pudo verificar la forma en que debía determinarse el quantum adeudado por cada cuota, mal podría reprocharse al actor que, por la nimia diferencia de marras, tampoco haya podido hacerlo en aquella ocasión.

Finalmente, no está demás poner de resalto -en tanto muestra la ambigüedad y la desprolijidad con las que se condujo el demandado- la nota que remitió el banco al actor con fecha 14/10/03 (v. fs. 99), en la que expresó:

“Nos dirigimos a Ud. a fin de informarle que con fecha 11/11/2003 vencerá la cuota n° 36 de su préstamo prendario n° 38000977582. Por tal motivo le recordamos que de abonar esta cuota en término y de mantener todas sus obligaciones al día hasta esa fecha, Ud, cumplirá con la totalidad de las condiciones establecidas oportunamente, y se hará acreedor al Premio convenido al momento del otorgamiento del mismo, consistente en la cancelación del saldo remanente del mencionado préstamo.”.

Esa misiva fue remitida con posterioridad al vencimiento de la cuota n° 35, esto es, cuando el actor ya había depositado la suma de $ 600 con la intención de cancelarla (ver comprobante de depósito a fs. 93 y peritaje contable a fs.397).

No hay razones para suponer que, antes de enviar esa misiva, el banco no haya verificado cuál era el estado de cuenta del actor a esa fecha, máxime cuando nada en sentido contrario fue dicho por el nombrado.

En tal contexto, cabe suponer que sí lo hizo (la misma carta da cuenta de que la entidad venía haciendo el seguimiento de los pagos), y que, tras ello, decidió igualmente mandar tal carta por considera r que la mínima diferencia que faltaba no tenía entidad para alterar tan sustancial aspecto del régimen aplicable al crédito.

Ello, con mayor razón, si se atiende a que, del tenor literal de esa misiva, surge que el banco sólo se refirió a la cuota n° 36, dando por cierto así que el resto de las cuotas habían sido canceladas, incluyendo la cuota n° 35 en cuya insuficiencia fincó la defensa aquí ensayada.

Si esta era la situación -de total cumplimiento en las cuotas-, es claro que el hecho de que el demandado se haya referido allí a la necesidad de que el cliente hubiera tenido también “todas sus obligaciones al día hasta esa fecha” parece más bien una fórmula vacía de contenido que una efectiva condición, desde que nadie explicó cuáles eran esas otras obligaciones que pesaban sobre el nombrado, además de pagar dichas cuotas.

Esa es, según mi ver, la interpretación que debe asignarse a tal misiva: el banco no adujo haberse equivocado, ni, dado su carácter profesional, puede ello ser presumido; siendo, por el contrario, regla del derecho positivo aquella según la cual cualquier duda que se plantee en un caso como el de autos debe ser resuelta a favor del demandante (art. 3 de la ley 24.240, art. 218 inc. 7° del código de comercio).

Por lo hasta aquí expuesto, he de proponer a mis distinguidos colegas la desestimación del agravio examinado.

4.Así las cosas, paso a ocuparme del recurso articulado por el demandante.

a) El nombrado se agravia, en primer lugar, por el hecho de que el sentenciante haya decidido diferir la determinación del valor del vehículo secuestrado para la etapa de ejecución de la sentencia.

Ese agravio no puede ser admitido.

Así cabe concluir si se atiende a que no queda otro remedio, toda vez que, firme como se encuentra que a los efectos de acreditar el referido “quantum” corresponde estar al valor que el automóvil tenía al 9/11/04 en que fue secuestrado, ese diferimiento se impone, no por razones jurídicas, sino fácticas, dadas por el hecho de que no hay en este expediente ningún dato que permita saber hoy cuál era ese valor en aquel tiempo.

b) En cuanto al agravio vinculado con el lucro cesante, se imponen ciertas precisiones.

Con excepción de la indemnización reclamada por pérdida de fletes que fue reconocida al actor en primera instancia y se encuentra firme, el demandante no ha probado en autos ninguna otra pérdida de esa índole.

Es decir: no sólo no acreditó cuáles habían sido aquellas otras ganancias que se había visto privado de percibir a causa del secuestro de su vehículo, sino que ni siquiera pudo acreditar que existiera un local habilitado para funcionar como mercado a nombre de su cónyuge Fidelina Rolón (ver fs. 188).

Basta recordar, para confirmar tal aserto, que a fs. 337 la Municipalidad de Formosa informó que no existía ninguna habilitación comercial en el domicilio señalado en el oficio que oportunamente le fuera librado.

En tales condiciones, parece razonable concluir que, no impugnada esa prueba informativa en los términos en que hubiera debido serlo si se la hubiera considerado falsa (art. 403 del código procesal), su exactitud debe ser admitida.

No obstante, a mi juicio, hay que distinguir:una cosa es el lucro cesante -que no habrá de prosperar por lo dicho- y otra es la privación de uso.

Mientras el primer concepto exige que el demandante acredite cuáles fueron las ganancias a las que no pudo acceder en razón del hecho ilícito de que se trate, el segundo concierne, en cambio, al daño que la sola privación ilegítima del vehículo causa a su dueño.

Más allá de que el demandante reclamó ambos rubros sin efectuar la discriminación que hubiere sido menester, lo importante es que el reclamo fue efectuado, lo cual habilita -e incluso exige- que esta Sala se expida al respecto, máxime cuando esa misma exposición de los hechos -que llevó al demandante a mezclar ambos conceptos- fue mantenida en la expresión de agravios.

Es decir: lo importante es que el planteo fue efectuado ante el juez de primera instancia y mantenido ante esta Alzada, por lo que, siendo claro que el señor juez de grado sólo estimó el perjuicio que el demandante había sufrido por la pérdida de fletes, resta que esta Sala se pronuncie acerca de la procedencia de la llamada privación de uso.

No desconozco la doctrina que sostiene que la sola falta de vehículo no constituye por sí sola un daño resarcible; doctrina que se funda en el hecho de que el uso de un automóvil ocasiona una serie de erogaciones, tanto directas como indirectas, tales como estacionamiento, combustible, lubricantes, repuestos y demás gastos de mantenimiento que se evitan en principio cuando no se dispone de la posibilidad de utilizar el rodado (Sala “A”, “Valle Alto c. Zurich” del 18.10.07; íd.,”San Esteban S.C.A. c. Nogueira S.R.L.” del 13.2.80).

Pero esa doctrina no es compartida por esta Sala.

Y ello, pues es claro que quien tiene un automóvil, lo tiene para usarlo, extrayendo de él beneficios que, aunque puedan no ser de índole estrictamente económica, deben considerarse susceptibles de indemnización.

La propia naturaleza del bien que me ocupa lleva implícito su destino y los aludidos beneficios -comodidad, practicidad y esparcimiento- que puede dispensar a su dueño, lo cual torna por completo sobreabundante exigir a éste que demuestre cuál es el perjuicio que le produjo su privación (ver, en el mismo sentido, esa Sala “Videtta de Spitaleri, Antonia c/ Centro Automotores S.A.” del 5.3.10, recogiendo de tal manera la doctrina de la Corte Suprema Federal emergente de Fallos 319:1975; 320:1567; 323:4065).

Por lo expuesto, y según criterio que ya he sostenido en autos “Rojas Olmos Delfín c/ Cencosud S.A. s/ ordinario” del 15.08.13, la sola falta de vehículo, por ende, constituye por sí sola un daño resarcible.

En tal marco, y teniendo en cuenta los largos años que el actor lleva privado de su vehículo estimo procedente fijar esta indemnización en la suma de $15.000 sobre la cual se reconocerán los mismos intereses fijados en la sentencia apelada.

c) También he de proponer a mis distinguidos colegas elevar la suma reconocida al demandante en concepto de daño moral al importe de $30.000.

Para así proceder, tengo en consideración las especialísimas circunstancias que rodearon el presente conflicto.

Tengo presente, en tal sentido, las vicisitudes que a partir de la llamada “pesificación” sufrió el contrato suscripto entre las partes, que no impidieron que el demandante demostrara una férrea voluntad de cumplimiento.

Pongo la atención, asimismo, en que, pese a ello, el rodado le fue secuestrado a causa del ilegítimo obrar del banco cuando el actor acababa de terminar sus pagos.

Juzgo como agravante de los padecimientos que un suceso de esas características generaría en el común de las personas,el hecho de que aquí se trata de un jubilado, que sin duda vio su calidad de vida alterada a partir de esa privación, sumada a la circunstancia de que para lograr después de casi diez años que su derecho sea reconocido, tuvo que arbitrar los medios para plantear el asunto ante esta jurisdicción capitalina, pese a que el vehículo se hallaba en Formosa que era donde también él residía.

En fin: a mi juicio no es dudoso que el episodio de marras generó en el demandante un agravio moral que debe ser indemnizado (cfr. doc. art. 522, CCiv.).

Así lo juzgo no sólo por la objetiva aptitud del episodio para lesionar los sentimientos del damnificado al generarle la natural angustia que debió enfrentar ante la pérdida del vehículo que con tanto sacrificio había adquirido, sino también por el hecho de que, siendo una persona de ya avanzada edad, tuvo que transitar el prolongado trámite de un proceso judicial que, como el presente, se desarrolló fuera de la jurisdicción correspondiente a su domicilio, con las complicaciones propias que para él aparejó tal distancia, y el correlativo mayor margen de impunidad en el que quedó colocado el demandado.

En tales condiciones, y siendo que el nombrado fue puesto en esa situación a raíz de una grosera ilegitimidad cometida por el banco, grosería que debió haber generado a la víctima impotencia y frustración que deben ser resarcidas, he de proponer a mis estimados colegas -como dije- hacer lugar al agravio y, en consecuencia, elevar a la ya referida suma de $ 30.000 el importe de la indemnización que me ocupa.

d) Finalmente, también encuentro razón al actor en su agravio vinculado con la distribución de costas practicada en la anterior instancia.

A mi juicio, ellas deben ser impuestas en su totalidad al demandado, que fue quien provocó la necesidad de promover este juicio.

En tales condiciones, y siendo que el principio de la reparación integral que rige la materia indemnizatoria se vería desmerecido si la víctima debieracargar -aun parcialmente- con las costas, es mi convicción que así corresponde proceder en el caso, máxime cuando la circunstancia de que no hayan prosperado en su totalidad los rubros pretendidos no altera el hecho notorio de que el banco fue quien resultó sustancialmente vencido.

Por tales razones, y si mis distinguidos colegas compartieran mi criterio, también debería ser modificado este aspecto de la sentencia, imponiéndose sobre el demandado la carga de sufragar la totalidad de los referidos gastos causídicos.

IV.La conclusión.

Como corolario de lo hasta aquí expuesto propongo al Acuerdo: a) rechazar el recurso del demandado, sin costas por no haber mediado contradictorio; y b) hacer lugar parcialmente -con los alcances que anteceden- al interpuesto por el actor, con costas al accionado en razón de haber resultado sustancialmente vencido.

Por análogas razones, el Señor Juez de Cámara, doctor Juan Roberto Garibotto. adhiere al voto anterior.

Con lo que termina este Acuerdo, que firman los Señores Jueces dePoder Judicial de la Nación

Cámara, Doctores

Julia Villanueva

Juan R. Garibotto

Rafael F. Bruno Secretario

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve: a) rechazar el recurso del demandado, sin costas por no haber mediado contradictorio; y b) hacer lugar parcialmente -con los alcances que anteceden- al interpuesto por el actor, con costas al accionado en razón de haber resultado sustancialmente vencido.

Cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Notifíquese por Secretaría.

El Dr. Eduardo R. Machin no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Villanueva, Garibotto. Ante mí: Rafael F. Bruno.

Es copia del original que corre a fs. de los autos que se

  1. Un post muy interesante, enhorabuena.

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