El CPACF sancionó a la apoderada del empleador que actuó como letrada patrocinante de trabajadores ante el SECLO

sentenciaPartes: S. E. M. c/ CPACF (expte 26799/12) s/ recurso directo de organismo externo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 18-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-84782-AR | MJJ84782 | MJJ84782

Se confirma la sanción impuesta por el CPACF a la matriculada que, siendo apoderada del empleador, actuó como letrada patrocinante de dos trabajadores en los acuerdos de desvinculación ante el SECLO, por infringir deberes de trascendental importancia para el correcto ejercicio de la abogacía, según el Código de Ética.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar el curso deducido por la abogada, toda vez que los hechos del caso configuran una actuación incompatible por conflicto de intereses en el ejercicio de la profesión, que otorga base suficiente a la conclusión que tuvo por configurada la infracción. Al respecto, no existe un margen de duda razonable acerca de la abogada que justifique hacer aplicación de la garantía de inocencia, de raigambre constitucional, como así tampoco del principio ‘in dubio pro matriculado’ receptado en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Disciplina.

2.-El adecuado control del ejercicio profesional por parte del Colegio frente a la verificación de inconductas de índole profesional no puede aparecer neutralizado por el supuesto consentimiento de las partes alcanzadas por ella; menos todavía tratándose relaciones jurídicas específicamente caras al interés público, como ocurre en el ámbito del derecho del trabajo, con un sinnúmero de aspectos alcanzados por el orden público laboral.

3.-Debe rechazarse el recurso deducido por la abogada contra la sanción impuesta por el CPACF, ya que la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción profesional, es, como principio, resorte primario de quien está llamado -porque así lo ha querido la ley- a valorar comportamientos que, precisamente, pueden dar lugar a la configuración de infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulte manifiestamente arbitraria.

4.-Debe rechazarse el recurso toda vez que no se advierte la existencia de vulneración del derecho defensa de la letrada en cuestión, ni arbitrariedad de lo resuelto por el Tribunal de Disciplina.

Fallo:

Buenos Aires, 18 de febrero de 2014.

VISTO:

El recurso de apelación deducido a fs. 87/89 por E. M. S. contra la sentencia obrante a fs. 78/82; y CONSIDERANDO:

I. Que la presente causa tiene origen en la comunicación dirigida al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) a fin de que se evaluara la conducta de la letrada E. M. S. en razón de que, según las constancias acompañadas, el 31 de agosto de 2012 fueron solicitadas ante la dirección administrativa del SECLO tres audiencias para arribar a un acuerdo espontáneo entre los trabajadores Gerardo Víctor Visciglio, Bárbara Gasalla y María de las Mercedes de Mendieta y la firma Award Support SRL, en las cuales dicha letrada había actuado, respecto de los dos primeros trabajadores, como su letrada patrocinante, y respecto de la tercera persona trabajadora, como apoderada de la firma que era su contraparte. Dichas audiencias se habían llevado a cabo durante los meses de agosto y septiembre de 2012 y el poder otorgado por la citada firma a la referida profesional era de noviembre de 2010 (fs. 1/27).

II. Que, el 27 de junio de 2013, la Sala II del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a través de la sentencia número 5095, aplicó a la doctora E. M. S. (matrícula tomo 64 folio 408 del referido Colegio) la sanción de $10.000 de multa, para hacerse efectiva dentro del quinto día de quedar firme, en los términos del art. 45, inciso c), de la ley 23.187. Asimismo, para el caso de mora, estableció una tasa de interés activa en pesos promedio mensual del Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento (fs. 78/82). Para resolver de ese modo, el referido tribunal tuvo en cuenta, en sustancia, que:a) Según constancias acompañadas, la doctora S., apoderada de la firma Award Support, en dos audiencias ante el SECLO había patrocinado a dos trabajadores, Visciglio y Gasalla, frente la referida empresa (fs. 12/13 y 15/16), mientras que, en una tercera, referida a la trabajadora Mendieta, asistida por el doctor Córdoba Lutges, la mencionada letrada había actuado como apoderada legal de la empresa citada. Asimismo, con carácter previo a la firma de los acuerdos de desvinculación, la letrada en cuestión había solicitado las fechas para las respectivas audiencias -en particular, las referidas a Visciglio y Gasalla- en carácter de apoderada de Award Support (fs. 11 y 14), para figurar después, en las actas acuerdo, como letrada patrocinante de los empleados mencionados (fs. 12 y 15). Por lo demás, los acuerdos habían sido suscriptos con base en datos proporcionados únicamente por el contador de la empresa requerida, de la cual la letrada era apoderada. d) Al margen de los dichos de la matriculada, en cuanto a que se había abonado a los trabajadores el ciento por ciento de las liquidaciones correspondientes, su calidad de apoderada de la empresa le impedía presentarse patrocinando intereses contrarios a los de su mandante, por lo que se consideraba impensable su intervención sin colocar en riesgo los derechos laborales. e) El representante legal de la empresa había sido quien había indicado a los trabajadores cuánto debían cobrar, limitándose la letrada a concurrir a las audiencias para suscribir los convenios. Ello hacía presumir que, en dichas audiencias, frente al conciliador sorteado, se había efectuado un simulacro, fingiendo que los trabajadores contaban con un real patrocinio letrado, cuando la realidad no era así. La letrada en cuestión no había aconsejado a los trabajadores, ni participado en ninguna negociación previa, sin controlar la liquidación final. f) El acto se había visto privado de la homologación correspondiente, quitándole la autoridad de cosa juzgada y transformándolo en pasible de nulidad.La profesional no sólo había privado de patrocinio letrado real a los trabajadores sino que también había desprotegido los intereses de su poderdante, la empleadora. g) La firma del convenio ante el SECLO no era un evento “pro bono”, al que se acompañaba al trabajador a cumplir un trámite, sino un acto jurídico en el que el trabajador podía perder el ejercicio de sus derechos laborales o previsionales, circunstancia que justificaba que la ley exigiese que un abogado lo patrocinase, le informara sobre sus derechos y controlase su justa satisfacción. El incumplimiento de dicha obligación era una falta grave por su trascendencia social. Ella no podía ser dispensada por el consentimiento del trabajador requirente o la poderdante requerida. Era una cuestión de orden público laboral. h) La defensa esgrimida por la profesional, referida a la intención de “evitarles gastos extras” a los trabajadores, ponía en riesgo la competencia leal que debía existir entre los profesionales del derecho a la hora de procurarse su fuente de trabajo. La profesión de abogado se presumía onerosa, por lo que no resultaba causal de justificación la prestación gratuita de sus servicios. i) Lo expuesto llevaba a concluir que la letrada había vulnerado los arts. 6º, inc. e), 10, inc. a), 44, inc. e), g) y h) de la ley 23.187, y los arts. 6º, 10, incs. a) y g), 19, inc. a), d), g) y h) y 22, inc. a), del Código de Ética, correspondiendo imponer una sanción con ponderación de la antigüedad en la matrícula y sus antecedentes disciplinarios. La falta analizada se debía calificar como grave, por infringir deberes de trascendental importancia para el correcto ejercicio de la abogacía, según lo previsto en los arts. 26, inc. b), y 28, inc. b), del mencionado Código de Ética.

III. Que, contra dicha sentencia, la doctora S. dedujo y fundó recurso de apelación (fs. 87/89). En particular, impugnó la resolución con base en los siguientes agravios:a) Los miembros del tribunal habían errado en el análisis de los hechos y la prueba producida, como así también en la calificación de su conducta. No se habían tenido en cuenta la falta de antecedentes disciplinarios, que el comportamiento endilgado no había causado perjuicio a nadie, siendo irrazonable el quantum de la multa aplicada, con una fundamentación sólo apoyada en presunciones subjetivas. b) Cabía tener en cuenta que el principio de inocencia hacía aplicable, en casos de duda, la solución que más favorecía al denunciado. En el caso, no estaba demostrado el perjuicio que se hubiere causado. c) Se habían desvirtuado los dichos del testigo Fernando Martín Lago, restándole valor a su declaración. Surgía de su testimonio que los trabajadores habían tenido el asesoramiento del sindicato y se deducía erróneamente de aquél que el representante legal de la empresa había indicado a los trabajadores cuánto debían cobrar. Un dato no menor era que la asistencia que había brindado a los trabajadores respondía a que “ellos mismos le solicitaron a la empresa que les brinde asesoramiento legal y representación”. d) Se equivocaba el tribunal cuando consideraba que la obligación del letrado no podía ser dispensada por el consentimiento del trabajador. Si fuera ello así, “implicaría anular literalmente la voluntad de las partes y la libertad de contratación -en este caso de los trabajadores-, a quienes en ningún momento se los privó de sus legítimos derechos” (subrayado original). e) Había quedado debidamente probado que no había existido rédito personal alguno de su parte. El testimonio de Lago daba cuenta de que, además del cánon mensual, no se le pagaban honorarios adicionales a la letrada. f) Cabía reparar en que las audiencias ante el SECLO eran fruto de un despido directo, donde cada uno de los trabajadores percibía todos los rubros que por derecho les correspondía. Por ello, no era necesario negociación previa alguna.g) También se equivocaba el tribunal respecto de la falta de control de las liquidaciones finales. Había existido uno triple: por el contador que las había elaborado, por el sindicato al que recurrieron los trabajadores y por la suscripta, en forma previa a la celebración de las audiencias. h) Si bien no se negaba la conducta reprochada, en ningún momento había mediado como profesional ánimo de incurrir en indisciplina o contrariar normas éticas. Por el contrario, había obrado de buena fe, con el único propósito de resultar de utilidad para las partes. i) Lo expuesto hacía que la sentencia debiese revocarse en todo. Sin embargo, para el hipotético e improbable caso de que se interpretase lo contrario, cabía hacer mérito de la falta de antecedentes para reducir el monto de la sanción impuesta.

IV. Que, en esta alzada, se corrió traslado al Colegio Público (fs. 95), quien presentó oportunamente la contestación de agravios, solicitando el rechazo de la apelación deducida (fs. 106/112).

V. Que, oportunamente, emitió su dictamen el Señor Fiscal General (fs. 114).

VI. Que, ante todo, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la facultad disciplinaria del Colegio, atribuida por la ley 23.187, persigue el objetivo de asegurar el correcto ejercicio de la abogacía en todos los ámbitos de la actuación profesional (Fallos 321:2904 ) y, a tal efecto, le permite juzgar a los abogados inscriptos en la matrícula y aplicar las sanciones correspondientes, previa tramitación de un procedimiento determinado, que debe desarrollarse con absoluto respeto de los principios inherentes al debido proceso legal para preservar los derechos de los citados profesionales (Fallos 324:2449 ).

VII. Que, en el sub lite, la doctora S.no controvierte los hechos que dieron lugar al procedimiento disciplinario sino, en particular, la interpretación que de ellos realizó el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, el alcance que debía asignarse a la declaración testimonial del señor Lago por ella propuesto y la razonabilidad del monto fijado como sanción a tenor de las circunstancias de la causa y la ausencia de otros antecedentes disciplinarios.

VIII. Que, en cuanto al reproche por su falta de conducta, e n transgresión a los artículos ya citados de la ley 23.187 y del Código de Ética aplicable, las razones esgrimidas por la recurrente no logran desvirtuar en esta sede judicial la valoración del Tribunal de Disciplina realizada en ejercicio de su jurisdicción.

Más allá de que la profesional no hubiera cobrado suma alguna de los trabajadores asistidos, ni honorario adicional ninguno por la firma de quien era apoderada, y aun cuando el testimonio del señor Lago pudiera tener un alcance que, por hipótesis, pudiera ser más amplio o diferente al tenido en cuenta por el referido tribunal, los hechos del caso, no controvertidos, configuran una actuación incompatible por conflicto de intereses en el ejercicio de la profesión que otorga base suficiente a la conclusión que tuvo por configurada la infracción. Al respecto, no existe un margen de duda razonable acerca de ella que justifique hacer aplicación de la garantía de inocencia, de raigambre constitucional, como así tampoco del principio “in dubio pro matriculado”, receptado en el art. 15, inciso b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Disciplina.

IX.Que, asimismo, y a diferencia de lo pretendido por la apelante, el adecuado control del ejercicio profesional por parte del Colegio frente a la verificación de inconductas de índole profesional no puede aparecer neutralizado por el supuesto consentimiento de las partes alcanzadas por ella; menos todavía tratándose de relaciones jurídicas específicamente caras al interés público, como ocurre, por ejemplo, en el ámbito del derecho del trabajo, con un sinnúmero de aspectos alcanzados por el orden público laboral. En el caso, claro está, ello ocurre con la exigencia de una genuina asistencia letrada del trabajador en el procedimiento conciliatorio (conf., ley 24.635, art. 17).

X. Que, por lo demás, esta Cámara tiene dicho que las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina remiten a la definición de faltas supuestamente deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales o inespecíficos, que si bien no resultarían asimilables en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente bajo un régimen de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los títulos del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que les envuelve a ambos (confr. Sala III, “Escudero, Roberto Franklin c/ CPACF”, del 27 de julio de 2009, entre otros).

Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológico profesional, es, como principio, resorte primario de quien está llamado -porque así lo ha querido la ley- a valorar comportamientos que, precisamente, pueden dar lugar a la configuración de infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulte manifiestamente arbitraria (confr. Sala V, causa “Alvarez, Teodoro c/ CPACF”, del 16 de agosto de 1995, entre otras).

XI.Que, por último, tampoco se advierte que corresponda hacer mérito al pedido de reducción de la multa impuesta. En efecto, sin desconocer la importancia significativa que pudiera tener para la actora el pago de la multa en cuestión -$ 10.000-, ella no alcanza un monto notoriamente desproporcionado, arbitrario o falto de toda relación con la conducta infraccional constatada, que justifique su modificación en esta sede. Ello es así, más aún cuando la argumentación esgrimida por la letrada no aparece acompañada de elementos de juicio que den cuenta de una situación patrimonial que le impida, razonablemente, hacer frente a la condena.

XII. Que, en síntesis, examinados los antecedentes del caso y los agravios planteados, cabe concluir que no se advierte en autos la existencia de vulneración del derecho defensa de la letrada en cuestión, ni arbitrariedad, razón por la cual corresponde confirmar la resolución apelada; con costas (art. 68 del CPCyCN).

XIII. Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 8° -modificado por el artículo 12, inciso e) de la ley 24.432-, 9°, 19 -por analogía lo dispuesto en los artículos 37 y 38- y concordantes de la ley 21.839; y habida cuenta de la naturaleza del juicio, la importancia de la cuestión debatida -la sanción impuesta a la profesional denunciada- y la calidad y eficacia de la labor desarrollada ante esta instancia originaria (conf. contestación de traslado de fs. 106/112), corresponde regular en la suma de ($.) los honorarios del doctor Darío Ángel Busso (Tº 54 Fº 331), quien se desempeñó como letrado, apoderado, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) rechazar la apelación deducida, con costas; y 2) regular en ($.) los honorarios profesionales del doctor Darío Ángel Busso de conformidad con lo dispuesto en el considerando XIII.

El doctor Rogelio W. Vincenti no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORÁN

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