La actividad de un estudio jurídico, excede su objeto social por lo que ha de utilizarse como base indemnizatoria el CCT 130/75

shutterstock_165554183Partes: Orso Juan Manuel c/ Muñoz de Toro Fernando Carlos y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 25-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-85031-AR | MJJ85031 | MJJ85031

Al exceder el objeto social de la sociedad demandada la actividad inherente de un estudio jurídico, corresponde utilizar como base indemnizatoria lo dispuesto por el CCT de empleados de comercio.

Sumario:

1.-Corresponde modificar parcialmente la sentencia apelada y proceder a indemnizar a un trabajador, empleado de un estudio jurídico, determinando como base de cálculo para el pago la base del sueldo mínimo estipulado en el Convenio Colectivo de Trabajo de los empleados de comercio 130/75.

2.- No encontró acogida favorable la apelación de la demandada, en tanto arguyó que se trataba de un estudio jurídico cuyos titulares y gerentes eran abogados, y que la SRL -estudio jurídico- no es ni fue nunca un comercio , pues surge de la testimonial rendida que el objeto social de la sociedad demandada excede a la actividad inherente de un estudio jurídico.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de febrero de 2014, para dictar sentencia en estos autos: «Orso Juan Manuel c/Muñoz de Toro Fernando Carlos y otro s/Despido», se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia, que en lo sustancial hizo lugar a la demanda, se alzan la parte actora (fs. 712/721) y la demandada (fs. 733/745), cuyos memoriales recibieron réplica a fs. 752/773 y fs. 747/750, respectivamente.

La representación letrada de la demandada (fs. 728/731) y el perito contador (fs. 723) apelan los honorarios que les fueron regulados, por considerarlos bajos.

En virtud de la índole de los agravios deducidos por las partes los trataré en el orden que sigue teniendo en cuenta la incidencia que cada uno de ellos tiene en la resolución del pleito.

Comenzaré con el recurso de la demandada que se queja, en primer lugar, porque en la sentencia de primera instancia se consideró de aplicación al caso el CCT 130/75. Sostiene, en síntesis y en lo que interesa que la demandada Muñoz de Toro S.R.L. es un estudio jurídico cuyos titulares y gerentes eran los abogados y hermanos Fernando Carlos y Ricardo Muñoz de Toro. Que el actor prestó sus servicios para la SRL demandada lo cual incluía a Fernando y a Ricardo, y a otros abogados del Estudio como empleado administrativo, de soporte en tareas relacionadas a la actividad jurídica. Afirma que Muñoz de Toro SRL no es ni fue nunca un comercio por lo que se agravia que la sentencia haya establecido que su parte tenía la obligación de abonar el salario del actor conforme el CCT de los empleados de comercio.

Adelanto que, analizadas las constancias de la causa, en mi opinión, la queja intentada no podrá prosperar.En efecto, el recurrente efectúa una larga exposición acerca de la inaplicabilidad al caso del CCT 130/75 pero no se hace cargo de los fundamentos brindados por la sentenciante como sustento de su decisión en tanto hizo especial mérito de lo que surge de la testimonial rendida y del instrumento de fs. 37/38 de donde se desprende que el objeto social de la SRL demandada excede a la actividad inherente de un estudio jurídico.

De la prueba acompañada por la propia demandada se advierte que el objeto social de Muñoz de Toro SRL es dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros las siguientes actividades:

a)administración de servicios profesionales y la prestación de servicios generales de asistencia a profesionales tales como el procesamiento de datos, procesamiento y archivo de documentos, provisión de sistemas informáticos y de telefonía, recepción y otros servicios habituales en el funcionamiento de oficinas comerciales; b)construcción, explotación, diseño instalación equipamiento, decoración, mantenimiento, administración, operación, planeamiento y alquiler de oficinas de uso profesional y/o locales comerciales; c)contratación de personal en relación de dependencia o prestadores de servicios independientes para cumplir con el objeto social; ,d) venta permuta, administración y/o arrendamiento a terceros de bines muebles e inmuebles de propiedad de la Sociedad o de terceros;…»

En tales condiciones, se encuentra ampliamente demostrado que la actividad de la demandada también incluía a aquellas de naturaleza comercial, siendo que tampoco explica la recurrente el otro aspecto tenido en cuenta por la sentenciante respecto del hecho de que en una primera etapa se le aplicó al actor el convenio pretendido, suprimiéndolo luego sin dar fundamento alguno de dicho accionar.

En consecuencia, no habiendo en el recurso más que meras manifestaciones de disconformidad y reiteración de las defensas opuestas al contestar la demanda, propongo confirmar la sentencia en cuanto consideró aplicable al caso de autos el CCT 130/75.A continuación agravia a la demandada que la sentenciante haya considerado que el vínculo se extinguió por el despido indirecto dispuesto por el actor. Al respecto sostiene que las constancias de la causa demuestran que medió un abandono injustificado de su trabajo.

Pero en el punto, tampoco advierto que se haya efectuado una crítica concreta y razonada del fallo apelado pues no se encuentra controvertido el análisis minucioso efectuado por la sentenciante por el cual, teniendo en cuenta el carácter recepticio de las notificaciones, tuvo por acreditado que el actor produjo la extinción

del vínculo colocándose en situación de despido indirecto, con anterioridad a que la demandada lo considerara incurso en abandono de trabajo.

Que la sentenciante entendió justificada la decisión del actor al considerar como incumplimiento contractual grave la omisión de abonar los aumentos y adicionales convencionales correspondientes (cfr.art. 242 LCT) y, este aspecto de la sentencia, tampoco advierto que haya sido objeto de agravio eficaz por parte del demandado Por tanto, no encontrando motivos para apartarme de lo resuelto en primera instancia, propongo confirmar lo allí decidido.

A continuación se queja por la procedencia de la multa prevista en el art. 2º de la ley 25.323 en tanto sostiene que por tratarse de un despido indirecto sólo a partir de la sentencia existiría un crédito actual por indemnizaciones en cabeza del actor.

Adelanto que, en mi opinión, la queja en el punto tampoco podrá prosperar.

En efecto, para la aplicación de dicha norma es equiparable el despido directo al indirecto, ya que de lo contrario, le bastaría al empleador con incurrir en incumplimientos graves para forzar al dependiente a rescindir el contrato, liberándose así del pago de las indemnizaciones en los plazos legales previstos.

Ello no obsta a la revisión judicial de la injuria según lo previsto en el art. 242 LCT, y para ello el segundo párrafo del art. 2° Ley 25.323 faculta a los jueces a graduar la condena atendiendo a las circunstancias de cada caso.Sin embargo, en el caso en examen no advierto que se hayan probado razones que pudieran justificar la conducta desplegada por la entonces empleadora.

Por ello, propongo confirmar también en el punto la sentencia apelada.

A su turno la parte actora se queja, en primer lugar, porque sostiene que en la mejor remuneración considerada por la «a quo» no se incluyeron las diferencias salariales receptadas lo que, a su entender, incide en cada rubro indemnizatorio.

En mi opinión, no le asiste razón.

En efecto, en la sentencia cuestionada, la sentenciante tomo como base de cálculo la suma indicada por el actor en su demanda, monto en el cual se encuentran incluidas las diferencias reclamadas.

El accionante pretende que se tome en cuenta la suma alcanzada por el perito contador pero, como bien lo explicó la Jueza «a quo», para llegar a dicha suma el experto tomó como salario básico la suma indicada por el actor en su demanda, que ya incluía las diferencias reclamadas y a dicha suma, por error, le volvió a adicionar los aumentos convencionales.

En consecuencia, no encontrando mérito para apartarme de lo resuelto en primera instancia propongo confirmar lo decidido al respecto.

A continuación se queja porque no se hizo lugar a las multas de la ley de empleo (artículos 9; 10 y 15) pero, en el punto, adelanto que tampoco le asiste razón en su planteo.

Al respecto sostiene que, producto de la indebida registración por el hecho de haberle quitado sin motivo alguno la aplicación del CCT 130/75, existen diferencias salariales a su favor, aportes y contribuciones impagos y no ingresados y una fecha de ingreso a la SRL a la que fue transferido, distinta a la que tenía cuando ingresó a trabajar para Fernando Muñoz de Toro.

En lo que hace a la fecha de ingreso, la sentenciante consideró acreditado que el actor trabajó hasta diciembre del 1999 para el co demandado Fernando C.Muñoz de Toro y luego, sin solución de continuidad para la sociedad Muñoz de Toro SRL, siendo que existió entre ellas una transferencia del establecimiento en los términos del art. 225 LCT, conservando el actor la antigüedad adquirida con el primero de los co demandados.

Que, en tales condiciones y teniendo en cuenta que del informe de la AFIP surge que Fernando Muñoz de Toro registró el vínculo laboral desde 05/1998 y que, seguidamente lo hizo la SRL co demandada desde el 01/2000 hasta 03/2011, considero, al igual que concluyó la sentenciante, que no se encuentran presentes en el caso los presupuestos que ameriten la procedencia de la multa por deficiente registración de la fecha de ingreso (art. 9 LE).

Tampoco encuentro atendibles los agravios tendientes a obtener la multa prevista en el art. 10 LE en tanto en el caso se ha denunciado la omisión del pago de ciertos adicionales convencionales mas no se ha mencionado que se hubiera incurrido en la conducta que sanciona la norma aludida, es decir, que se hubieran efectuado pagos fuera de registro.

En consecuencia, no advirtiendo razón al planteo del accionante, propongo desestimar el recurso en el punto y confirmar la sentencia en lo que a ello respecta.

Agravia también a la parte actora que en la sentencia se haya considerado que los días de vacaciones se correspondían a su real antigüedad en tanto sostiene que no se le pagaba el plus de antigüedad el cual fue reconocido como adeudado.

Sin embargo, advierto que tampoco le asiste razón en el punto pues más allá de la omisión del pago del rubro señalado, lo cierto es que las vacaciones le fueron reconocidas conforme a su real antigüedad, es decir desde 1998, por lo que no se advierte que le corresponda diferencia alguna por tal concepto.

Por tanto, propongo desestimar el recurso en el punto.

A continuación se queja porque no se hizo lugar a la multa prevista en el art.80 LCT y, en el punto, considero que le asiste razón.

Al respecto advierto que, al rechazar el despido la demandada puso a disposición del actor los certificados respectivos. Sin embargo, de la documentación acompañada a fs. 126/131 no surge agregado el certif icado de trabajo por lo que, no habiendo demostrado que los certificados estaban en condiciones de ser retirados cuando fueron puestos a disposición, considero que no se ha cumplido en forma oportuna con la obligación prevista en la norma, omisión que, en consecuencia, debe ser sancionada.

Por tanto, propongo revocar la sentencia en el punto y agregar a la condena la suma de $20.270,88.

Por último se queja porque se exoneró de responsabilidad al co demandado Fernando Muñoz de Toro y por la imposición de costas a su cargo en lo que respecta a dicha acción. En el punto sostiene que la persona física co demandada era el dueño, jefe, autoridad máxima, ideólogo de la constitución de la SRL de su mismo nombre, lo que denuncia que fue una maniobra con el mero fin de evitar el cumplimiento de normas legales utilizando a la sociedad creada.

Pero, en virtud de lo resuelto en las presentes actuaciones, no encuentro que se hayan acreditado los extremos de hecho requeridos para proceder a extender la condena atento lo dispuesto en los arts. 157 y 274 ley 19.550. En consecuencia, propongo desestimar el recurso en el punto.

Ahora bien, en cuanto a la imposición de costas efectuada a cargo del actor, considero atendible que éste se considerara con derecho a accionar en la forma que lo hizo por lo que propongo que las costas de la acción deducida contra Fernando C. Muñoz de Toro sean soportadas en el orden causado (art. 68 CPCCN, 2º párrafo).

Por último advierto que los honorarios regulados a la representación letrada de la demandada y al perito contador, lucen reducidos en atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por dichos profesionales.En consecuencia propongo elevarlos al 12% y 6%, respectivamente, del monto total de condena.

Las costas de alzada propongo que sean soportadas por la demandada quien ha resultado vencida en lo sustancial del reclamo (art. 68 CPCCN).

Los honorarios de los letrados intervinientes en esta etapa los estimo en el 25%, para cada uno de ellos, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la primer etapa (art. 14 ley 21.839).

Por todo lo expuesto propongo: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada y establecer el capital de condena en la suma de $211.808,05 (pesos doscientos once mil ochocientos ocho con 5/100) que llevará intereses conforme lo dispuesto en primera instancia. 2) Elevar los honorarios de la representación letrada de la demandada y los del perito contador al 12% y 6%, respectivamente, del monto total de condena. 3) Imponer las costas de la acción incoada contra Fernando Carlos Muñoz de Toro en el orden causado. 4) Confirmar la sentencia en lo demás que decide. 5) Imponer las costas de alzada a la demandada vencida. 6) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en la alzada en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la primer etapa.

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS: no vota (art. 125 ley 18.345).

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada y establecer el capital de condena en la suma de $211.808,05 (pesos doscientos once mil ochocientos ocho con 5/100) que llevará intereses conforme lo dispuesto en primera instancia. 2) Elevar los honorarios de la representación letrada de la demandada y los del perito contador al 12% y 6%, respectivamente, del monto total de condena. 3) Imponer las costas de la acción incoada contra Fernando Carlos Muñoz de Toro en el orden causado. 4) Confirmar la sentencia en lo demás que decide. 5) Imponer las costas de alzada a la demandada vencida. 6) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en la alzada en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la primer etapa. 7) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº15/2013

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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