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Es constitucional el plazo de caducidad previsto en el art. 851 del Código Procesal para interponer la acción de amparo.

shutterstock_128959181Partes: Marcos Daniel Gustavo c/ Dirección General de Nivel Superior s/ Recurso de Amparo – Apelación en Amparos

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero

Fecha: 13-dic-2013

Cita: MJ-JU-M-85045-AR | MJJ85045 | MJJ85045

Constitucionalidad del plazo de caducidad previsto en el art. 851 del Código Procesal para interponer la acción de amparo.

Sumario:

1.-Cabe concluir en la vigencia del plazo de caducidad previsto en el art. 851 del rito, pues no obstante que el artículo 43 de la Constitución Nacional no contiene como recaudo para la interposición del amparo, su deducción dentro de un determinado plazo, resulta operativa la aplicación del término legal como presupuesto para la presentación del amparo, toda vez que el mencionado artículo de nuestra Carta Magna no contiene una derogación en bloque de las disposiciones, que a su vez prevé la Ley 16.986 .

2.- Sólo deben entenderse derogadas aquellas condiciones de admisibilidad de la acción de amparo que lo hayan sido de modo expreso, entre las que no cabe incluir las referidas al plazo de caducidad dispuesto en la ley de procedimiento provincial, por cuanto dicho término es un valor que opera para la seguridad jurídica, al evitar desconcierto acerca de la eficacia de los actos, que una vez concretados deben producir sus efectos.

3.-La urgencia de la tutela por vía del amparo, dada la entidad de los derechos comprometidos, demanda necesariamente la abreviación general de los plazos tanto para interponer la acción como para su sustanciación y resolución, de modo que una regulación en tal sentido no aparece incompatible con el precepto fundamental, sino que coadyuva a su realización.

4.-Los requisitos formales, siempre y cuando sean razonables y congruentes con la naturaleza de los derechos en juego y con la necesaria e inmediata protección de derechos fundamentales, no pueden ser tachados apriorísticamente de limitativos o restrictivos de derechos constitucionales.

Fallo:

Santiago del Estero, trece de diciembre de dos mil trece.

Y Vistos:

Para resolver en los autos del epígrafe; Y Considerando:

I) Que a fs. 112/113 de los presentes obrados, el actor de autos, deduce Recurso de Apelación contra la resolución de fecha 05/12/2012, la que obra a fs. 110/111 vta., dictada por el Juez de Paz Letrado de Primera Nominación.

II) Que, el presente recurso se deduce contra la sentencia por la cual se rechaza la acción de amparo impetrada por el actor, demanda a través de la cual pretendía que, se declarara la nulidad de la resolución administrativa Nº 1180/10 de fecha 17/11/10, y se ordenara a la autoridad pública que el amparista siga prestando servicios como ayudante técnico del IFD Nº 7 con 12 (doce) horas cátedra.

En su libelo recursivo, el apelante enuncia tres motivos en virtud de los cuales estima que el decisorio atacado lo agravia. En primer lugar, afirma que el juez A quo ha incurrido en una errónea interpretación del derecho, al considerar que la acción de amparo ha sido interpuesta después de vencido el plazo de caducidad establecido por el artículo 3 de la ley 6.926 (treinta días), puesto que la Constitución Nacional no ha previsto plazo alguno para su interposición, y que teniendo en cuenta la jerarquía superior de la carta magna, no rige el plazo de caducidad estipulado por la normativa provincial. A continuación, el recurrente afirma que en el decisorio en crisis, el sentenciante invoca jurisprudencia de este Alto Cuerpo para apartarse de lo sentado por el Máximo Tribunal Nacional en el fallo «Mosqueda» -en el cual se admitió la interposición de la acción de amparo fuera de término- sin dar fundamento alguno, por lo cual, afirma, su pronunciamiento carece de sustento.Agrega que, en la instancia administrativa, se ha cometido una grave ilegalidad al rechazarse el Recurso Jerárquico sin haberle dado intervención a Fiscalía de Estado, violándose, de ese modo, el articulo 104 de la Ley de Trámite Administrativo. Por último, se agravia de la imposición de costas en su contra, pues estima que, de las constancias de autos y conforme a jurisprudencia que al respecto cita, surge que correspondía que se lo exima del pago, o en su defecto, que se impongan por el orden causado. Concluye, solicitando que se revoque la resolución atacada, y que se mantenga la reserva del caso federal que oportunamente efectuó.-

III) Corrido el traslado de ley a la contraria, ésta contesta los agravios del apelante (fs. 119/120) y en merito a los fundamentos allí vertidos, solicita se rechace el recurso impetrado y se confirme el fallo atacado, con imposición de costas. Por su parte, a fs. 127/128, luce dictamen emitido por el Fiscal General del Ministerio Público, quien se pronuncia en orden al rechazo del recurso incoado.

IV) Verificado de las constancias de autos el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad de la apelación intentada, en cuanto ha sido deducida contra sentencia que se expide por la improcedencia de la acción de amparo, y dentro del plazo de tres días de notificada la misma (art. 863 CPCC), corresponde ingresar al análisis y tratamiento de los agravios expuestos por el recurrente.

Previamente, resulta prudente hacer una breve referencia a los antecedentes de la causa, para una mayor y mejor comprensión de la cuestión sometida a análisis. El Sr. Daniel Gustavo Marcos, recurrente en esta instancia, se desempeña como docente en el Instituto de Formación Docente Nº 7, de la ciudad de Clodomira.La situación controvertida se origina, según los dichos del actor, a partir de la resolución dictada por la demandada, en la que dispuso el incremento de la carga horaria en el desempeño de sus funciones (de doce a quince horas cátedras semanales), sin la mejora retributiva correspondiente para el docente. Ante esa situación, el actor interpuso en la instancia administrativa, Recurso de Revocatoria, en primer lugar, y luego Recurso Jerárquico, siendo ambos, respectivamente rechazados. A continuación, el Sr. Marcos decidió acudir a la vía judicial, incoando Acción de Amparo ante el Juez de Primera Instancia, en la cual solicitó que se declare la nulidad de la resolución que rechazó su pedido, y que se ordene a la autoridad pública que disponga que su parte preste servicios sólo por doce (12) horas cátedras semanales. Dicha acción fue rechazada por el juez A quo, y contra esa resolución el apelante se alza en esta instancia.

V) Comenzando con el análisis del planteo traído a estudio, el escrito impugnatorio comienza cuestionando la conclusión a la que arribó el A quo respecto a la extemporaneidad de la acción de amparo incoada por el ahora recurrente. El quejoso, alega que el plazo de caducidad previsto en el artículo 851 del CPCC es contrario a la Constitución Nacional, y su aplicación permite que se convaliden situaciones contrarias al orden jurídico y repugnantes a los principios supremos de justicia.-

La cuestión radica en consecuencia, en establecer si conforme al texto constitucional, el plazo del artículo citado supra, ha de considerarse compatible y subsistente con el texto de la carta magna, o por el contrario, si aparece opuesto a la regulación del instituto del amparo llevada a cabo por la Constitución Nacional o si esta última ha implicado una derogación implícita de tal requisito.Al respecto, este Superior Tribunal se ha expedido en reiteradas oportunidades, por la vigencia del plazo de caducidad previsto en el referido precepto legal, entendiendo que no obstante el artículo 43 de la Constitución Nacional (introducido por la reforma del año 1994) no contiene como recaudo para la interposición del amparo, su deducción dentro de un determinado plazo, resulta operativa la aplicación del término legal como presupuesto para la presentación del amparo, toda vez que el mencionado artículo de nuestra Carta Magna no contiene una derogación en bloque de las disposiciones, que a su vez prevé la Ley 16.986 (reguladora del amparo en el orden nacional).

En esa inteligencia, sólo deben entenderse derogadas, aquellas condiciones de admisibilidad de la acción que lo hayan sido de modo expreso, entre las que no cabe incluir las referidas al plazo de caducidad dispuesto en la ley de procedimiento provincial, por cuanto dicho término es un valor que opera para la seguridad jurídica al evitar desconcierto acerca de la eficacia de los actos, que una vez concretados deben producir sus efectos (cfr. Resol. Serie «B» Nº 216 30-09-04. Autos: «Díaz Hugo Raúl c/ Municipalidad de la Capital s/ Recurso de Amparo – Apelación»).

Como consecuencia, este recaudo procesal, no altera el sentido libre y expedito del amparo, y sobre todo, su finalidad protectora. De allí que, casi toda la legislación del país -con algunas variantes en cuanto al término- establece y fija un «tiempo» para provocar la actividad del órgano judicial, y su fundamento radica en la necesidad de otorgar certeza y validez, tanto a los actos estatales como a los particulares (Resol. Serie «B» Nº 428 Expte. Nº 16.728 – Año 2008 – Autos: «Barrera Nancy Beatriz c/ Consejo General de Educación s/ Acción de Amparo – Apelación».- Resol. del 23-12-2008; Resol. Serie «B» Nº 98 Expte Nº 16.509 – Año 2007- Autos: «Barraza Mirta Analía c/ Consejo General de Educación s/ Acción de Amparo – Apelación» Resol.Del 21/04/2010).

En casos similares al presente, esta Sala ha venido sosteniendo que el plazo establecido por la ley de amparo para la interposición de la acción (art. 851 del C.P.C.C.), «tiene por objeto establecer el término dentro del cual el recurrente debe provocar la actividad jurisdiccional en defensa del derecho que considera conculcado. En cuanto a la naturaleza de este plazo se ha señalado que el mismo constituye un caso de caducidad cuyo fundamento estriba, esencialmente, en la necesidad de aventar la incertidumbre acerca de la validez de los actos estatales o de los particulares, y en la incompatibilidad que media entre el carácter urgente del amparo y la conducta remisa del presunto perjudicado. Que, al tratarse de un requisito de admisibilidad de la acción intentada, «El plazo previsto por el art. 2º, inc e, de la ley 16.986 es un elemento de relevancia para el éxito del amparo, constituyendo un presupuesto de admisibilidad del mismo» (Sagües, Derecho Procesal Constitucional, Acción de Amparo, Edit. Astrea, p. 277 – Resol. Serie «B» N° 163 Expte. Nº 17.651 -Año 2011- Autos: «Moreno María Natalia c/ Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Provincia y otro s/ Acción de Amparo Apelación en Amparos» Resol. del 19/06/2012).

En efecto, «el art.43 de la Carta Magna, según la reforma introducida en la Convención Constituyente de 1994, no sólo no derogó en forma expresa el articulado de la ley 16.986 (Adla, XXVI-C, 1491) -siquiera en cuanto a los requisitos formales de admisibilidad de la acción de amparo-, sino que, al margen de la enunciación de los derechos a cuya protección puede ser destinado, de la ampliación del ámbito de la legitimación activa para promoverlo y de la admisión del debate en torno de la constitucionalidad de las normas, omitió una regulación integral del instituto, de modo que no agotó la cuestión en torno de los aspectos adjetivos de la tutela jurisdiccional.» (Jurisprudencia concordada sobre la caducidad en la acción de amparo – El artículo 2°, inciso e) de la ley 16.986 frente al nuevo texto constitucional- Fernández, Sergio Gustavo Márquez, Luis María-Publicado en: LA LEY 1999-C, 1140).-

Es por ello que los requisitos formales, siempre y cuando sean razonables y congruentes con la naturaleza de los derechos en juego y con la necesaria e inmediata protección de derechos fundamentales, no pueden ser tachados apriorísticamente de limitativos o restrictivos de derechos constitucionales.Más bien, la urgencia de la tutela por vía del amparo dada la entidad de los derechos comprometidos, demanda necesariamente la abreviación general de los plazos tanto para interponer la acción como para su sustanciación y resolución, de modo que una regulación en tal sentido no aparece incompatible con el precepto fundamental, sino que coadyuva a su realización.-

De las constancias de autos surge que el apelante interpuso la Acción de Amparo en fecha 14/04/2011, y que la Resolución 1180/10 que rechazó el Recurso Jerárquico incoado por su parte, se dictó el día 17/11/2010, de lo cual se desprende que el plazo de caducidad de treinta (30) días, estaba ampliamente vencido.

Por todo lo expuesto, se puede concluir que deviene improcedente el agravio esgrimido por el apelante, en contra de la conclusión del A-quo respecto de la extemporaneidad de la acción de amparo.

VI) Cabe ahora tratar el agravio del quejoso, referido al supuesto apartamiento del Juez A quo de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin brindar fundamentación suficiente para ello.

En este sentido, resulta harto evidente que la plataforma fáctica del fallo «Mosqueda Sergio c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados» citado por el apelante, no es la misma que la del caso que nos ocupa. En el primero, la Suprema Corte entendió que el reclamo objeto de la acción de amparo presentada por el actor se vinculaba al derecho a la salud, íntimamente relacionado con el derecho a la vida; y que, con la acción incoada se enjuiciaba una arbitrariedad o ilegalidad continuada, sin solución de continuidad, originada antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al momento de accionar, y también en el tiempo siguiente.En cambio, en el caso aquí analizado, del examen de las constancias de autos, surge que ninguna de las dos circunstancias mencionadas se verifican.

Así, de las constancias de autos, surge que el objeto de la pretensión del amparista de autos, no guarda vinculación alguna con los derechos que estaban en juego en el antecedente jurisprudencial citado por el recurrente.

En tanto, en lo que hace a los supuestos de ilegalidad continuada, se ha dicho que, si bien es cierto que «se ha considerado que si la conducta lesiva permanece en el tiempo o se reitera sin solución de continuidad, el medio protector puede ser planteado en tanto perdure aquélla, y no desde el momento en que se manifestó por primera vez al conocimiento del afectado» (Rivas Adolfo, El amparo, Ediciones La Rocca, 2003, pág. 480) y que «el art. 2., inc. e) de la ley 16.986, en cuanto impone la necesidad de presentar la demanda de amparo dentro de los 15 días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse, no es un escollo insalvable cuando con la acción incoada, se enjuicia una ilegalidad continuada, sin solución de continuidad, originada tiempo antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al momento de accionar y también en el tiempo siguiente» (C.S.J.N. Sumario: A0032442- Base SAIJ) (STJ Resol. Serie «B» Nº 262 Expte. Nº 16.863 – Año 2009 – Autos: «Ruiz Carlos y Otros c/ Villegas Alejandro y/u Otros s/ Acción de Amparo – Apelación».-Resol del 31/8/2009), el acto cuestionado por el Sr.Daniel Gustavo Marcos -conforme constancias de autos- fue único y se consumó en un sólo momento, y en todo caso, son sus efectos o consecuencias los que se prolongan en el tiempo, no el acto mismo.-

Se advierte así, una diferencia entre el acto denunciado como lesivo propiamente dicho y las consecuencias que derivan del mismo -las que por otra parte no han sido expuestas de modo suficiente por el apelante-. Entender lo contrario, podría dar lugar a un sinnúmero de acciones, las cuales deberían ser tenidas por oportunas, aunque en rigor no lo fueran.

En virtud de lo expuesto, este Vocal estima que el agravio esgrimido en este sentido por el recurrente, debe ser rechazado.

VII) Una breve mención merece el agravio introducido por el apelante, referido a la supuesta irregularidad cometida por la Administración, al haber omitido dar intervención a la Fiscalía de Estado, ante la interposición del Recurso Jerárquico, a los efectos de que emita dictamen, tal como lo estipula el artículo 104 de la Ley Nº 2.296. Al respecto, cabe hacer notar, por un lado, que tal como se expresó en los párrafos precedentes, éste Vocal entiende (en consonancia con lo resuelto por el Juez Inferior) que la acción de amparo ha sido interpuesta extemporáneamente; y por otro, que el agravio mencionado supra, se refiere a una cuestión de fondo del asunto sometido a estudio. De ello, se desprende que, rechazada la acción de amparo por el Juez de Primera Instancia por incumplimiento de un requisito de admisibilidad (plazo de caducidad), y ratificada dicha resolución por este Alto Cuerpo, resulta inoficioso ingresar al tratamiento del agravio referido.-

VIII) Por último, resta analizar el agravio esgrimido por el apelante referido a la imposición de costas en su contra, ordenada por el juez A quo.En este sentido, este Vocal no advierte que el fallo en crisis, se haya apartado de las reglas que gobiernan la materia procesal en exámen, ya que sobre las costas causídicas, se sostiene que «La carga de las costas es una cuestión accesoria que sigue la suerte de lo principal y nace del resultado del juicio como consecuencia de la valoración de la conducta procesal de la parte que se declare vencida en el pleito. Su exención o exoneración, lo que se admite en forma excepcional, tiene fundamento en la conducta procesal que haya observado la parte vencida. Nuestro ordenamiento ritual establece como regla que la parte vencida soporte las costas, y como excepción el mérito o razón para litigar. No concurriendo circunstancias excepcionales que así lo autoricen, las costas deben ser soportadas por la parte vencida de acuerdo al principio general» (S.T.J., Resol. Serie «B» Nº 132 – Sentencia de fecha 20-4-2006 – «García de Moya, Nancy Elizabeth c/ Superior Gobierno de la pcia. de Sgo del Estero y Consejo Gral. de Educación de la Prov. s/ recurso de amparo – apelación», Rímini Olmedo-Suarez-Juarez Carol). Lo dicho no es más que la aplicación del adagio: victus, victori in expensis condemnandus est: (el vencimiento en juicio sitúa al vencido en la obligación de sufragar las costas procesales), el cual orientado en el clásico principio acuñado por Chiovenda, permite alcanzar soluciones justas y equitativas a medida del éxito o del fracaso de cada litigante. Procesalmente resulta vencido, aquél contra quien se declara el derecho, y la resistencia que presupone el hecho del pleito, ha de entenderse en el sentido que la actividad judicial resulte necesaria por culpa del vencido. La actuación de la ley no debe representar una disminución patrimonial para la parte en cuyo favor tiene lugar (ver Chiovenda José, «Instituciones.» p. 322/335). En general, se ha sostenido el criterio restrictivo respecto de la interpretación de la excepción al régimen genérico (Camps, Carlos Enrique, «Cód. Proc. Civ. y Com.Bs. As.», Edit. Depalma, 2004, Base Abeledo Perrot Nº: 8009/003183), y sobre la base de circunstancias objetivas y muy fundadas (Kielmanovich, Jorge L., «Cod. Proc. Civ. y Com. Nac.», Editorial: Abeledo Perrot, 2009, Base Abeledo Perrot Nº: 9220/002173), que no se advierten en autos, no obstante el énfasis del recurrente, en insistir con argumentaciones carentes de asidero. Por ello, corresponde se desestime, también, dicho agravio.

Atento a las consideraciones que anteceden, normas legales de aplicación, fundamentos esgrimidos, doctrina y jurisprudencia citadas, y habiendo sido oído el Ministerio Público Fiscal, Se Resuelve: I) Rechazar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte actora; en mérito a ello, II) Confirmar la resolución de fecha 05/12/2012, la que obra a fs. 110/111 vta., dictada por el Juez de Paz Letrado de Primera Nominación. III) Con Costas. Protocolícese, expídase copia para agregar a autos, hágase saber y oportunamente archívese.

Gustavo Adolfo Herrera

Armando Lionel Suárez

Raúl Alberto Juárez Carol

Ante mí: Dr. Ricardo M. Tahhan – Secretario Judicial Autorizante – Es copia fiel del original, doy fe.

 

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