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Responsabilidad de la demandada por la negligencia en que incurrió al abrir la puerta de su rodado sin tomar ningún recaudo.

Auto rojoPartes: Dominguez Mario Javier y otro c/ Centeno Rosa Margarita s/ ordinario

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de Río Cuarto

Sala/Juzgado: Primera Nominación

Fecha: 15-nov-2013

Cita: MJ-JU-M-84158-AR | MJJ84158 | MJJ84158

Responsabilidad de la demandada por la negligencia en que incurrió al abrir la puerta de su rodado sin tomar ningún recaudo.

Sumario:

1.-Debe revocarse la sentencia en cuanto atribuyó 30% de responsabilidad a la parte actora por carecer de licencia de conducir y por no usar el casco reglamentario, pues dichas omisiones en el caso no concurrieron causalmente en el acaecimiento del siniestro, el cual ocurrió exclusivamente por la negligencia en que incurriera la demandada al abrir la puerta delantera izquierda de su rodado sin tomar ningún tipo de precaución.

2.-Es de esperar que todo aquel que procura abrir la puerta, está invadiendo la calzada, importa un obstáculo para la circulación y debe extremar todas las medidas del caso para evitar perturbar el desplazamiento de quienes marchan por la arteria en la que se ha estacionado el automóvil. La demandada no puso el debido cuidado al abrir la puerta delantera izquierda, su conducta fue negligente, imprudente y temeraria, no tomó los recaudos del caso, esto es, observar por el espejo retrovisor si venía o no alguien por la calle para poder abrir la puerta con seguridad.

3.-La falta de habilitación para conducir vehículos constituye una infracción administrativa que en algunos casos, de acuerdo a las circunstancias específicas del hecho, puede llegar a tener relevancia a la hora de analizar la conducta de quien comandaba un rodado en esas condiciones, pero en el caso la falta de habilitación para conducir no ha tenido ninguna incidencia concausal en la mecánica del accidente.

4.-Corresponde mantener el monto otorgado en concepto de daño moral, pues la inquietud que afecta a los accionantes por la posibilidad de protagonizar otro accidente de tránsito es propia de quienes han padecido un siniestro desplazándose en un rodado que por la escasa protección que brinda a sus ocupantes, provoca una abrupta toma de conciencia de la elevada vulnerabilidad de quienes transitan en esos vehículos, máxime cuando no se disminuye el riesgo de lesiones en la cabeza por medio del uso del respectivo casco protector.

5.-La tasa de interés fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido.

Fallo:

En la ciudad de Río Cuarto, a los quince días del mes de noviembre de dos mil trece, se reúnen en audiencia pública los señores Vocales de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, por ante mí, Secretaria autorizante, a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados «DOMINGUEZ, MARIO JAVIER Y OTRO C/ CENTENO, ROSA MARGARITA – Ordinario (Expte. Nº 619271)», elevados en apelación del Juzgado de Primera Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, a cargo de la Dra. Fernanda Bentancourt, quien con fecha diecinueve de junio del año próximo pasado (19/06/2012) dictó la Sentencia número Noventa (90), que obra a fs. 356/368, en la que resolvió: «I.- Hacer lugar parcialmente a la demanda ordinaria de daños y perjuicios entablada por los Sres. Mario Javier Domínguez y Vilma Graciela Calderón, en contra de la Sra. Rosa Margarita Centeno y, en su mérito, condenar a esta última a abonar a los actores en el plazo de diez días de quedar firme la presente resolución, la suma de pesos treinta y tres mil setecientos veintidós con 05/100 ctvos. De los que resulta pesos treinta y uno mil setecientos sesenta y dos con 05/100 ctvos ($ 31.762,05) a favor del Sr. Domínguez, Mario Javier y a la Sra. Vilma Graciela Calderón la suma de pesos un mil novecientos sesenta ($ 1960.-) con más sus respectivos intereses, los que se calcularán en la forma como se ha indicado en el Considerando VII.- II.- Imponer las costas en un setenta por ciento (70%) a la demandada y en un treinta por ciento (30%) a la parte actora (art. 132 C.P.C.C.), sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 107 y 140 del C.P.C.y C.- III.- Hacer extensiva la condena impuesta al demandado a la citada en garantía «Aseguradora Federal Argentina S.A.», en los términos prescriptos por el tercer párrafo del art. 118 de la Ley 17.418.- IV.- Regular los honorarios profesionales de la Dra. María Victoria Contardi, en la suma de pesos veintiocho mil quinientos cuarenta y ocho con 72/100 ctvos. ($ 28.548,72).- V.- Regular los estipendios correspondientes al Dr. Guillermo Hugo Masciarelli, en la suma de pesos siete mil seiscientos cuarenta y uno con 79/100 ctvos. ($ 7.641,79).- VI.- Regular los emolumentos del perito oficial, Ingeniero Mecánico, Daniel Luis Pellegrini, en la suma de pesos un mil trescientos veinticinco con 30/100 ctvos. ($ 1.325,30), equivalente a diez jus.- VII.- Regular los honorarios de la perito oficial, Dra. Mariana Cecilia Brullo, médica especialista en medicina legal, en la suma de pesos un mil trescientos veinticinco con 30/100 ($ 1.325,30), equivalente a diez jus.- VIII.- Regular los estipendios de la perito oficial, Licenciada en Psicología, María Eugenia Urquiza, en la suma de pesos un mil trescientos veinticinco con 30/100 ctvos. ($ 1.325,30), equivalente a diez jus.- Protocolícese, hágase saber y dése copia».-

El Tribunal sentó las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Corresponde confirmar la sentencia apelada en tanto la primera juzgadora consideró existente una culpa concurrente en la producción del accidente de tránsito cuyas consecuencias dañosas fueron analizadas en el proceso?

2º) En su caso, ¿se ajusta a derecho el recibimiento favorable de la pretensión resarcitoria de los accionantes, la cuantificación de las respectivas indemnizaciones y demás cuestiones accesorias?

3º) En definitiva, ¿qué pronunciamiento debe dictarse?

De conformidad al sorteo de ley practicado, se estableció que el orden de emisión de los votos es el siguiente: señores Vocales Eduardo Héctor Cenzano, Rosana A.de Souza y José María Ordoñez.-

A LA PRIMERA CUESTION el señor Vocal Eduardo Héctor Cenzano dijo:

I) El pronunciamiento recurrido contiene una relación de causa que reúne los requisitos prescriptos por la ley, por lo que a ella remito en homenaje a la brevedad, evitando así innecesarias reiteraciones.- Elevados los autos a esta Cámara y corrido a los apelantes el traslado prescripto por el art. 371 del C.P.C.C., la apoderada de los accionantes lo evacuó a fs. 392/401 vta., mientras que el mandatario de la demandada y de la aseguradora citada en garantía hizo lo propio a fs. 410/412 vta., siendo contestados los agravios mediante presentaciones respectivamente incorporadas a fs. 404/407 vta. y 414/419.-Firme el correspondiente decreto de autos, integrado el Tribunal y concluido el estudio de la causa, el proceso ha quedado en condiciones de ser sentenciado en esta instancia.-

II) Resulta útil destacar que en esta etapa del proceso no se discute la existencia del hecho, la intervención de los vehículos que se individualizan en la sentencia ni la participación de los accionantes y de la demandada en el siniestro.-

La Sra. Juez de primer grado principió el desarrollo de los fundamentos del fallo traído en crisis señalando que «es de aplicación al caso subexamen la previsión del artículo 1113 segundo párrafo, segundo supuesto del Código Civil, dado que la responsabilidad civil derivada de un accidente de tránsito se asienta en un factor objetivo: el riesgo de la cosa que implica un automotor en circulación» (fs. 359 ap II).- Llama la atención esta primera conclusión de la sentenciante puesto que, no habiendo deducido reconvención la Sra. Rosa Margarita Centeno, es irrelevante el carácter riesgoso de la circulación de la motocicleta conducida en la oportunidad por el Sr.Domínguez, y no está en discusión que al producirse el accidente el automóvil de propiedad de la accionada (.) se encontraba correctamente estacionado sobre la margen derecha de calle Olegario Andrade al 600 de esta ciudad, junto al respectivo cordón de la vereda, circunstancia que excluía la aplicación de la mencionada norma.- Sobre el particular tiene dicho el tribunal de casación (TSJ, Sala Civil y Comercial, 06/08/2001 en «Quiroga de Mathieu, María A. y otro c. Rapela, A. y otro», publicado en L.L. Cba. 2002-609) que «el factor riesgo que se deriva de la condición de automóvil tiene aptitud dañosa suficiente cuando el mismo se encuentra incorporado al flujo del tránsito normal vehicular, siendo indiferente -en orden a tal peligrosidad- que el rodado se encuentre desplazándose u ocasionalmente detenido. Por lo tanto, la doctrina del riesgo creado, debe aplicarse a todo automotor que se encuentre en la ruta de circulación, aunque se encuentre circunstancialmente detenido, vgr. detención en una esquina (por cualquier razón), detención en doble fila, etc., constituyendo un obstáculo para el tránsito, lo que más que disminuir, aumenta su peligrosidad. Por el contrario, resulta inaplicable la norma del art. 1113 del C.C. respecto de los autos que se encuentran detenidos o estacionados fuera de la circulación vehicular (vgr. en los lugares autorizados reglamentariamente para el estacionamiento o en el garaje o cochera)» (los resaltados me pertenecen).- No obstante, la demandada y su aseguradora no han efectuado crítica específica alguna al respecto por lo que la cuestión ha quedado fuera del alcance de la facultad revisora de esta Cámara (conf. primer párrafo del art. 356 del C.P.C.C.).-

Sin perjuicio de lo expresado, corresponde destacar que pese a aquella aseveración de la Sra.Juez de primer grado, en el pronunciamiento bajo anatema sostuvo que en oportunidad en que el rodado en el que se desplazaban los accionantes circulaba por su mano de este a oeste por calle Olegario Andrade de esta ciudad, «la conductora del . abrió la puerta de su conducido y con motivo de ello se produjo el impacto con los actores» (fs. 361).- Seguidamente señaló que «es de esperar que todo aquel que procura abrir la puerta, está invadiendo la calzada, importa un obstáculo para la circulación y debe extremar todas las medidas del caso para evitar perturbar» el desplazamiento de quienes marchan por la arteria en la que se ha estacionado el automóvil, concluyendo que la Sra. Rosa Margarita Centeno «no puso el debido cuidado al abrir la puerta delantera izquierda, su conducta fue negligente, imprudente y temeraria, no tomó los recaudos del caso, esto es, observar por el espejo retrovisor si venía o no alguien por calle Olegario Andrade para poder abrir la puerta con seguridad», por lo que atribuyó a la demandada responsabilidad por culpa en la producción del accidente.- Las consideraciones que anteceden tampoco fueron objeto de crítica alguna por parte de la demandada y su aseguradora, por lo que se mantuvieron incólumes.- En virtud de ello, pese a que éstos sostienen que debe atribuirse exclusiva responsabilidad a los accionantes en razón de que el Sr.Domínguez no se encontraba habilitado para conducir y ambos circulaban sin el correspondiente casco protector, la omisión de un específico y motivado cuestionamiento a los referidos fundamentos en virtud de los cuales la primera juzgadora atribuyó responsabilidad subjetiva a Rosa Margarita Centeno determina que el eventual acogimiento favorable de la pretensión recursiva de la demandada y de la citada en garantía no podrá derivar en la exclusión total de la obligación de resarcir los daños producidos por el siniestro sino, a lo sumo, en la minoración del porcentaje atribuido a la accionada.-

Formulada esa aclaración cabe señalar que también agravia a los accionantes que por las indicadas circunstancias la primera sentenciante haya eximido parcialmente de responsabilidad a la demandada en un porcentaje del treinta por ciento (30%).- En mi opinión la falta de habilitación para conducir vehículos constituye una infracción administrativa que en algunos casos, de acuerdo a las circunstancias específicas del hecho, puede llegar a tener relevancia a la hora de analizar la conducta de quien comandaba un rodado en esas condiciones.- Considero que de la prueba rendida en la causa, en particular de las testimoniales receptadas, no es posible siquiera inferir que el Sr. Domínguez condujera la motocicleta en la que circulaba con su esposa de modo t al que, en virtud de una defectuosa marcha, sumado a aquella carencia, pueda sostenerse que no posee o no tenía los conocimientos y habilidad o pericia suficientes para desplazarse al comando de ese tipo de rodados.- Consecuentemente, considero que la falta de habilitación para conducir no ha tenido en el caso ninguna incidencia concausal en la mecánica del accidente descripto en la sentencia apelada.-

Entiendo también que la omisión de utilizar en el caso el respectivo casco protector tampoco ha tenido incidencia en la mecánica del hecho ni en la producción o agravamiento de las lesiones sufridas por los accionantes. No está en discusión en esta instancia que el Sr.Domínguez sufrió en su mejilla derecha una herida cortante que, según se desprende de los certificados médicos de fs. 16 y 17 y describe la pericia médica de fs. 290/296, se trataría de la que muestra la fotografía obrante a fs. 8.- Basta la lectura del libelo de expresión de agravios incorporado a fs. 410/412 vta. para concluir que tanto la demandada como su aseguradora no han insistido en su negativa sobre la existencia de la lesión ni sus características, como así tampoco que la misma se produjo al impactar el lado derecho de la cara del accionante con la puerta delantera izquierda del ., que la Sra. Centeno abrió momentos antes de la colisión, limitándose el apoderado de ambas a sostener que esa lesión ha sido exclusiva consecuencia de la carencia del respectivo casco por parte del damnificado.- Se ha acreditado asimismo en el proceso que los actores se desplazaban sin utilizar esa protección que exige el art. 33 de la Ordenanza de Tránsito Municipal (Ord. 184/96).- Como bien destaca la apoderada de los accionantes, la reglamentación de esa disposición (art. 33, primer inciso, del Decreto 900/97) establece que «el casco podrá ser del tipo «integral» (con mentonera) o tipo «jet» (sin mentonera) debiendo, en todos los casos, estar dotados de cáscara rígida, relleno amortiguador y barbijo».- Es decir que el Sr.Domínguez pudo haber circulado sin incurrir en infracción a aquella norma, utilizando un casco que no protegiera la parte de la cara que resultó lesionada (tipo «jet»), por lo que no es posible afirmar, con ningún grado de certeza, que su empleo hubiera evitado el daño.- Similares consideraciones corresponde realizar respecto de las escoriaciones sufridas en la cara por la actora Vilma Calderón.-

Por todo lo expuesto soy de opinión que al contrario de lo sostenido por la primera sentenciante, no corresponde concluir que la conducta de los accionantes haya concurrido concausalmente en la producción del accidente de tránsito relacionado en el pronunciamiento apelado, que ocurrió exclusivamente por la negligencia en que incurriera la demandada Rosa Margarita Centeno al abrir la puerta delantera izquierda de su rodado sin tomar ningún tipo de precaución, razón por la cual voto por la negativa respecto del primer interrogante.-

Los señores Vocales Rosana A.de Souza y José María Ordoñez adhirieron al voto precedente y se pronunciaron en igual sentido.-

A LA SEGUNDA CUESTION el señor Vocal Eduardo Héctor Cenzano dijo:

En el tratamiento de esta cuestión alternaré el análisis de los agravios de ambas partes apelantes.- De la lectura del pronunciamiento recurrido se desprende que no se hizo lugar al reclamo del resarcimiento de los perjuicios invocados por el daño que habría sufrido la motocicleta en que se desplazaban los actores, como así tampoco respecto de los gastos médicos futuros, admitiéndose parcialmente el reintegro de los importes que habrían sido erogados en concepto de daño emergente por gastos médicos y farmacéuticos.- Al tiempo de reconocer la «insuficiencia probatoria» en la que incurrieron, la apoderada de los actores se limitó a «destacar que siempre que la naturaleza del hecho hace presumir la existencia tanto de los daños a la motocicleta, como de los gastos en atención a la recuperación de las lesiones presentes y futuros, de cierta magnitud corresponde admitir la compensación en concepto de daño emergente y fijar un monto en base a la existencia de los perjuicios reclamados aunque no resultare justificado su monto» (fs. 395).- La fundamentación de la queja así explicitada resulta manifiestamente insuficiente para considerar cumplidos los requisitos que permitirían conferirle entidad procesal de agravio.- Sin perjuicio de ello procede recordar que, como lo expresa Matilde Zavala de González, mientras que en principio el daño debe estar probado al tiempo de la condena resarcitoria, los sistemas procesales instituyen para el monto algunas liberalidades probatorias: sea la fijación prudencial por el juez, sea la postergación de la prueba para el estadio posterior de ejecución de sentencia («Resarcimiento de daños», Volumen 3 «El proceso de daños», pág. 183, Editorial Hammurabi, año 1993). Ejemplo de lo primero es el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que probada la existencia de los daños, confiere al juez la facultad de apreciar prudentemente su monto.Ejemplo de lo segundo eran los arts. 354 y 355 del anterior Código de Procedimientos Civiles (Ley 1419), en la interpretación de la mayoría del Tribunal Superior de Justicia (La Ley Córdoba 1986-757).- A la situación suscitada con la vigencia del nuevo Código Procesal se ha referido esta Cámara en autos «Pezzini Miguel Angel c/ Pedro Cayetano Biassi – Ordinario» (Sent. Nº 20 del 24/04/2002).- Se destacó en esa oportunidad que «los arts. 354 y 355 del Código de Procedimientos anteriormente vigente, fueron interpretados con amplitud por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, resolviendo que siempre que en el juicio haya sido probada la existencia del daño, su cuantía puede ser determinada en la ejecución de sentencia (mayoría Vocales Loustau Bidaut y Petitto), sosteniendo en cambio, en minoría el Vocal Ferrer Martínez, que era inadmisible tal derivación, pues cuando quien pretende la indemnización ha sido negligente en la demostración del quantum del daño, no correspondía premiar su actitud en desmedro del equilibrio procesal y del principio de igualdad.- Señaló que sólo cuando medie real imposibilidad de producir los elementos probatorios necesarios, puede admitirse la apertura de una nueva etapa de conocimiento (La Ley Córdoba 1986-757).- Esta doctrina ha sido receptada en el Código actualmente en vigencia (ley 8465), estableciéndose en los arts. 333 a 335 que la sentencia debe fijar el importe de la condena en cantidad líquida o establecer por lo menos las bases para la liquidación en la ejecución de sentencia.- Cuando ello no pudiera hacerse por imposibilidad no imputable de prueba, el tribunal estimará el daño según su prudente arbitrio, siempre que se den en el caso los requisitos que impone el art.335 en sus tres incisos, el último de los cuales exige que medie imposibilidad de probar el valor de las cosas o la cuantía de los daños, «pese a la diligencia puesta por aquél a quien incumbe la carga».- En definitiva, esa es la solución que ha previsto el legislador cuando la cuantificación del daño no ha sido acreditada por negligencia del interesado (Oscar Hugo Vénica, «Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba – Ley 8465», Tomo III pág. 230, Editorial Marcos Lerner, año 1999; Ferreyra de de la Rúa – González de la Vega de Opl, «Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, comentado y concordado», Tomo II pág. 590).- Así lo sostuvo luego el tribunal de casación, en pronunciamiento dictado estando ya vigente la Ley 8465 (T.S.J., Sala C. y C., Sent. Nº 138 del 16/12/2002 en «Amarilla Lidia c/ Roberto E. Gatti – Ordinario – Recurso Directo», Semanario Jurídico Edición Especial Nº 6 – «Daños», del 01/05/2006, pág. 333).-

Ningún obstáculo tuvieron los accionantes para producir prueba (documental, testimonial, en particular de reconocimiento, pericial, informativa, etc.) tendiente a incorporar al proceso elementos de convicción relativos a la cuantificación de la erogación que debía realizarse tanto para la reparación de los daños sufridos por la motocicleta en la que se desplazaban al tiempo del accidente, como para afrontar mayores gastos médicos y farmacéuticos y los futuros de igual naturaleza, por lo que no se configura en el caso el presupuesto que el art. 335 del C.P.C.C. establece para viabilizar que el juzgador determine la cuantía de la indemnización.-

Similares consideraciones corresponde hacer extensivas al reclamo de los accionantes de que la condena se incremente en la suma de Tres mil seiscientos pesos ($ 3.600) en concepto de repercusión patrimonial del daño psíquico, puesto que en el dictamen de fs.166/169 la perito sugirió «Tratamiento Psicológico cognitivo-comportamental y familiar con el objetivo de lograr trabajar inseguridades, angustias y temores».- Fue la apoderada de los accionantes quien notificó la incorporación de la pericia (cédula de fs. 195/vta.) y dejó transcurrir el tiempo sin peticionar que se requiriera a la Lic. María Eugenia Urquiza que ampliara su dictamen, no sólo con mayores precisiones respecto del tratamiento que aconsejaba seguir, sino en relación al costo del mismo (conf. último párrafo del art. 279 del C.P.C.C.).- En las condiciones apuntadas, lo expresado a fs. 395 vta. y 396 vta. tanto sobre el «período mínimo que se sugiere para cualquier tratamiento psicológico . a razón de una consulta semanal por el lapso de seis meses», como respecto de la erogación que debería realizarse, constituyen una mera manifestación unilateral de los actores, carente de respaldo por parte de la mencionada experticia, tratándose de un déficit que aquellos pudieron superar del modo indicado, cosa que no hicieron por lo que el resarcimiento en cuestión deviene improcedente pues la cuantificación respectiva no se acreditó por una omisión de prueba no dispensable.-

Por el lado de la demandada y su aseguradora el primero de los cuestionamientos que formulan a la s entencia traída en crisis consiste en sostener que no consideran procedente que se haya dictado una condena sin que se acreditara en autos que alguno de los actores sea propietario de la motocicleta en la que se conducían.- No es procedente el agravio puesto que ninguno de los resarcimientos mandados a pagar por aquella resolución ha sido acordado teniendo en cuenta que el beneficiario de la indemnización estaría legitimado para hacerse acreedor de ella en función de su calidad de propietario, usuario o guardián de la moto marca .- Tampoco se entiende el motivo por el cual se refiere que fue negada «la calidad de titular registral, por parte de la demandada» (fs.610 vta.), esto es respecto del ., para más adelante remarcar, enfáticamente, que no se ha acreditado quién es el propietario de ese rodado, siendo que, como se dijo al inicio del tratamiento de la primera cuestión, la a quo atribuyó responsabilidad a la accionada a título de culpa y no por ser la titular registral de ese rodado.- A ello se agrega que el apoderado de la Sra. Centeno y su aseguradora no se ha hecho cargo de que en el pronunciamiento recurrido la a quo sostuvo que esa calidad de la Sra. Rosa Margarita Centeno se encontraba acreditada con el informe del Registro del Automotor Nº 3 de esta ciudad, incorporado a fs. 51, aseveración que no fue objeto de crítica alguna por lo que se mantuvo incólume.-

También agravia a los actores la cuantificación del resarcimiento moral fijado en la suma de Dos mil pesos ($ 2.000) para el Sr. Domínguez y en Dos mil quinientos ($ 2.500) para la señora Calderón, importes que consideran exiguos.- Ha dicho Zavala de González en relación a la valuación de la indemnización por daño moral, que «no media nexo demostrable entre la entidad del daño y la importancia de la condena, porque no puede haberlo entre un mal espiritual y un bien dinerario (debe afrontarse un salto sin puente que una los extremos).- Son perceptibles las diferencias entre los diversos daños morales, y surge una natural convicción de que frente a uno grave corresponde una reparación mayor que respecto de otro más leve; pero no hay antecedente lógico o axiológico que permita valorar si una indemnización es elevada o reducida, ajustada o desproporcionada» (obra. cit., Volumen 4 «Presupuestos y funciones del derecho de daños», pág.502, Editorial Hammurabi, año 1999).- La jurisprudencia se ha pronunciado en el mismo sentido, destacando que «evaluar el daño moral significa medir el sufrimiento humano.- Esto no sólo es imposible de hacer en términos cuantitativamente exactos, sino que es una operación no susceptible de ser fijada en términos de validez general o explicada racionalmente.- Cada juez pone en juego su personal sensibilidad para cuantificar la reparación, la cantidad de dinero necesaria para servir de compensación al daño.- Es la que sugiere caso por caso su particular apreciación y comprensión del dolor ajeno» (Tribunal Superior de Justicia, Sentencia nº 30 del 10/04/2001).- Lo dicho significa que revisar la suficiencia o insuficiencia de la cuantificación del daño moral hecha por los tribunales inferiores sea una tarea que ofrece muchas dificultades y que la corrección del monto fijado encuentra justificación sólo en caso de indemnizaciones excesivamente bajas o altas en relación a la realidad económica y las circunstancias del caso, porque de lo contrario va a resultar imposible demostrar error en la decisión del a quo, que justifique la enmienda del fallo.-

Para considerar en el caso si los montos indemnizatorios acordados son suficientes, corresponde tener en cuenta que no obstante que la primera juzgadora cuantificó los respectivos resarcimientos a valores vigentes a la fecha de la sentencia apelada, es decir, para utilizar una expresión que facilitará la comprensión de lo expresado, en importes «actualizados» a la época del pronunciamiento, mandó que los intereses moratorios que, como corresponde, se devengan desde la fecha del hecho dañoso, fueran calculados mediante aplicación de la tasa fijada en «Hernández c/ Matricería», sin advertir que, como lo ha dicho el propio tribunal de casación, esa tasa compuesta tiene un componente destinado a paliar los efectos de la desvalorización de nuestro signo monetario, razón por la cual, como lo señalo con mayor amplitud más adelante, si se procede del modo dispuesto en la sentencia, existirá una doble asignación a ese efecto.-

Calculando los intereses desdela fecha del hecho (21/08/2007) hasta la del pronunciamiento bajo anatema (19/06/2012), mediante aplicación de la tasa pasiva promedio diaria que informa el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) con más el dos por ciento (2%) mensual no acumulativo, el resarcimiento otorgado al Sr. Domínguez asciende a la suma de Cinco mil trescientos pesos ($ 5.300) aproximadamente, mientras que si se aplicara una tasa de interés puro (6% anual) durante ese período la indemnización fijada en Dos mil pesos ($ 2.000) y sus accesorios determinan la suma de Dos mil seiscientos pesos ($ 2.600) en números redondos.- El mismo procedimiento realizado respecto de la indemnización establecida en beneficio de la Sra. Calderón arroja a la fecha de la sentencia la suma de Seis mil seiscientos pesos ($ 6.600), mientras que la metodología que considero correcta arroja la suma de Tres mil trescientos pesos ($ 3.300), en ambos casos a valores aproximados.-

Del dictamen de la perito psicóloga se desprende que los accionantes sintieron temor por las consecuencias que el accidente podía tener en la evolución del embarazo de la Sra. Calderón, los intranquiliza pensar en la posibilidad de otro accidente de tránsito, por lo que habrían incrementado las precauciones al conducir y, fundamentalmente, exteriorizan un marcado resentimiento por la conducta de la demandada quien, según sostienen, se mostró incomprensible e intolerante, sin tener consideración por el estado de embarazo de aquella.- Respecto de esto último, aunque en modo alguno importa justificar el proceder de la Sra. Centeno, que refirió el testigo Orozco (fs. 120/121), cuya idoneidad como tal no fue puesta en tela de juicio por la accionada ni su aseguradora, cabe recordar que predomina en la doctrina y la jurisprudencia la idea de que la indemnización del daño moral tiene carácter resarcitorio y no punitivo, puesto que no se trata de infringir un castigo al autor responsable, sino de procurar una compensación del daño sufrido.-

Por otra parte la Sra.Sandra Bolaños, quien cuidó y ayudó a la accionante durante el último mes y medio de su embarazo, refirió el miedo de la Sra. Calderón por la evolución de la gestación de su hija, circunstancia que determinaba, según los dichos de la testigo, un incremento de su presión arterial, aunque destacó que «el médico le dijo a la Sra. Vilma que el embarazo estaba todo bien, por el golpe del accidente», señalando por último que esos temores persistieron «hasta que nació la bebé, hasta que evolucionó la bebé, o sea hasta que cumplió aproximadamente el mes» (fs. 123/vta.), con lo que se evidencia el acotamiento temporal de este aspecto del perjuicio.-

A su vez la inquietud que afecta a los accionantes por la posibilidad de protagonizar otro accidente de tránsito es propia de quienes han padecido un siniestro desplazándose en un rodado que por la escasa protección que brinda a sus ocupantes, provoca una abrupta toma de conciencia de la elevada vulnerabilidad de quienes transitan en esos vehículos, máxime cuando no se disminuye el riesgo de lesiones en la cabeza por medio del uso del respectivo casco protector.- Es de señalar, por último, que nada dijo la perito ni refirieron los testigos, sobre una eventual repercusión extrapatrimonial en el Sr. Domínguez ocasionada por la cicatriz en su mejilla derecha.-

En las condiciones apuntadas aprecio suficiente el monto acordado al Sr. Domínguez, teniendo en cuenta la entidad de la indemnización a la fecha del pronunciamiento apelado (capital y accesorios, estos últimos mandados a liquidar aplicando una tasa errónea), conforme lo señalado precedentemente.- Por el contrario, a mi parecer no lo es el resarcimiento asignado a la Sra.Calderón, que considero levemente inferior al que reputo ajustado a derecho.- Para superar las dificultades señaladas precedentemente respecto de la fijación de una suma de dinero que permita al menos paliar el perjuicio moral, se ha recurrido a la tesis de los placeres compensatorios, esto es a ponderar la aptitud adquisitiva de un monto determinado, como medio de acceso a bienes o servicios, materiales o espirituales, que conduce a otorgar una suma que según el prudente criterio del juzgador, resulte suficiente para causar a la víctima una satisfacción que opere como una suerte de contrapeso por el menoscabo espiritual padecido, criterio que ha sido avalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien ha dicho que «aún cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido.- Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado.- En ese orden de ideas, el dinero es un medio de obtener satisfacción, goce y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales» (C.S.J.N., Sent. del 12/04/2011 en «Baeza Silvia Ofelia c/ Buenos Aires, Provincia de y otros – Daños y perjuicios» , del voto de la mayoría Dres. Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda, Arbibay, Foro de Córdoba Nº 147, pág. 187).- Por tal motivo habré de proponer al acuerdo que la indemnización del daño moral sufrido por la Sra.Vilma Calderón sea fijada, a la fecha de la sentencia apelada (19/06/2012), en la suma de Diez mil pesos ($ 10.000), importe con el que la actora podrá realizar junto a su familia un viaje vacacional, o proveer a su hogar con importantes electrodomésticos y por qué no, algunos artículos electrónicos de esparcimiento para sus hijas menores.- Por las razones que, en su caso, explicitaré al tratar la tercera cuestión, los intereses moratorios serán calculados desde la fecha del hecho (21/08/2007) hasta la del pronunciamiento de primera instancia, aplicando una tasa del seis por ciento (6%) anual, y de allí en adelante la fijada en la sentencia.-

También agravia a los actores que en la sentencia impugnada se haya dispuesto que los intereses que devengará la indemnización del lucro cesante sufrido por el Sr. Domínguez como consecuencia de la incapacidad física derivada del accidente, se deben computar a partir de la fecha de la sentencia.- Resulta conveniente destacar, previo al análisis de la procedencia de la impugnación, que en esta instancia la demandada y su aseguradora no han cuestionado la procedencia de la pretensión resarcitoria del daño en cuestión, como así tampoco, al igual que el Sr.Domínguez, los parámetros tomados en consideración para la aplicación de la fórmula matemática financiera con la que se determinó la indemnización, esto es el porcentaje de discapacitación (10% de la T.O.), el ingreso mensual estimado ($ 2.300 por mes, equivalente al salario mínimo, vital y móvil vigente a la fecha de la sentencia, según Resolución Nº 2/2011 del Consejo Nacional de Empleo, Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil), la edad considerada tope de la llamada «expectativa de vida útil» (65 años) y la diferencia en años (29) entre esa edad y la que tenía el actor a la fecha del accidente (36 años).- El yerro de la primera juzgadora radica en que no ha distinguido entre el lucro cesante pasado, esto es el detrimento habido entre la fecha del accidente (21/08/2007) y la de la sentencia (19/06/2012), respecto del lucro cesante futuro que, obviamente, se genera con posterioridad al dictado del pronunciamiento.- Ello la ha llevado a mezclar los parámetros respectivos puesto que para el primer cálculo debió tener en cuenta el salario mínimo, vital y móvil vigente en el período transcurrido y los meses que lo integran (y no los 29 años de diferencia entre la edad del actor a la fecha del accidente y el tope de la «vida útil»), y los intereses moratorios debían ser calculados, mediante aplicación de la tasa compuesta, desde la fecha en que cada perjuicio mensual se produjo.- En el segundo supuesto, esto es el lucro cesante futuro, la cantidad de años a computar surgía de la diferencia entre los sesenta y cinco años de edad tenidos en cuenta como «término de vida útil» y la edad del actor a la fecha de la sentencia (el Sr. Domínguez habría nacido el 08/01/1971, según se consignó en la pericia médica – fs.292 – por lo que al 19/06/2012 contaba con 42 años), es decir veintitrés años (65 – 42 = 23 años).- Nada dijo al respecto la apoderada del Sr. Domínguez, quien se limitó a cuestionar la fecha de inicio del cómputo de los intereses moratorios fijada en la sentencia.- En consecuencia; aunque erróneamente por las consideraciones que anteceden, lo cierto es que para la primera juzgadora la indemnización del perjuicio sufrido por el Sr. Domínguez como consecuencia de la incapacidad fijada por el perito médico, ascendía a la suma de Cuarenta y tres mil setenta y cuatro pesos con treinta y seis centavos ($ 43.074,36), que luego redujo en un treinta por ciento (30%) por adjudicar a los actores una culpa concurrente en ese porcentaje, importe que no fue objeto de impugnación alguna por las partes por lo que, teniendo en cuenta el límite que impone el primer párrafo del art.356 del C.P.C.C., este Tribunal de revisión no puede modificar.-

No obstante, no ha de seguir de ello el acogimiento pleno de la pretensión del actor de que se modifique respecto de todo el monto de la condena la fecha a partir de la cual se han de calcular los intereses moratorios.- Ello así por cuanto el importe fijado por la primera juzgadora no sólo comprende el lucro cesante por el período anterior a la sentencia (58 meses desde el 21/08/2007 al 19/06/2012), sino también aquellos futuros, obviamente no transcurridos al dictarse el pronunciamiento apelado (283 meses), por lo que respecto de éstos no es posible sostener que la demandada se encontraba en mora sino a partir de la condena.- Consecuentemente, teniendo en cuenta que porcentualmente el período transcurrido desde la fecha del accidente hasta el dictado de la sentencia de primera instancia, representa aproximadamente el diecisiete por ciento (17%) del período total computado por la primera juzgadora, habré de proponer al acuerdo que la suma que corresponda a ese porcentaje, del monto de la indemnización por incapacidad, genere intereses a la tasa fijada en la sentencia desde el accidente (21/08/2007), mientras que los accesorios que devengue el capital representativo del porcentaje restante (83%) se calcularán desde la fecha en que se dictó la sentencia (19/06/2012), mediante aplicación de la misma tasa.-

Por último los accionantes cuestionan la distribución de las costas efectuada en el decisorio dictado en la anterior instancia, entendiendo que el derecho a la reparación integral de los daños y perjuicios sufridos con motivo de un accidente de tránsito impone que la totalidad de ellas sea soportada por quien ha sido considerado responsable del hecho, aún cuando la pretensión resarcitoria prospere parcialmente.- No ha tenido en cuenta la apoderada de los actores que el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba (Ley 8465) contiene una disposición específica al respecto (su art.132), siendo por ello irrelevantes los abundantes precedentes jurisprudenciales que ha citado en apoyo de su planteo, toda vez que al ser foráneos no contemplan la posibilidad de un reparto conforme al éxito obtenido por cada parte cuando ha existido un vencimiento recíproco.- Como es sabido, éste se configura cuando «prosperan demanda y reconvención, ambas se rechazan, rechazo de alguna de las varias pretensiones acumuladas, o una sola pretensión es acogida parcialmente» (Oscar Hugo Vénica, obra citada, Tomo II, pág. 64, Editorial Marcos Lerner, año 1998).- Así las cosas y en función de lo dicho precedentemente en orden a la confirmación de la desestimación parcial y/o total de algunos de los rubros que integraron el reclamo de los actores, considero que, sin perjuicio de lo que específicamente se resuelva al tratar la tercera cuestión, no es de recibo favorable la queja en análisis.-

Por todo lo expuesto, con el acotamiento que se desprende de los párrafos que anteceden, voto por la negativa a la segunda cuestión.-

Los señores Vocales Rosana A. de Souza y José María Ordoñez adhirieron al voto precedente y se pronunciaron en igual sentido.-

A LA TERCERA CUESTION el señor Vocal Eduardo Héctor Cenzano dijo:

A mérito del resultado arrojado por la votación a la cuestión precedente, opino que corresponde, en primer lugar, rechazar el recurso interpuesto por la demandada y su aseguradora, imponiéndoles las costas generadas por la tramitación de su apelación (conf. art. 130 del C.P.C.C.).-

En segundo término procede hacer lugar parcialmente al recurso de igual naturaleza deducido por los accionantes, responsabilizando exclusivamente a la Sra. Rosa Margarita Centeno por las consecuencias del accidente en que se funda el reclamo.- En virtud de ello corresponde modificar la condena dispuesta en la sentencia apelada, mandándose a pagar en favor del Sr.Mario Javier Domínguez la suma de Cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y cuatro pesos con treinta y seis centavos ($ 45.674,36), importe que integran la suma de Seiscientos pesos ($ 600) en concepto de gastos médicos y farmacéuticos; la suma de Cuarenta y tres mil setenta y cuatro pesos con treinta y seis centavos ($ 43.074,36) constitutiva del resarcimiento por «incapacidad sobreviniente», según la denominación asignada en la sentencia; y la suma de Dos mil pesos ($ 2.000) en concepto de indemnización del daño moral.- Procede igualmente modificar la condena fijando la indemnización del daño moral de la accionante Vilma Graciela Calderón en la suma de Diez mil pesos ($ 10.000), importe que devengará intereses moratorios que se calcularán mediante aplicación de la tasa del seis por ciento (6%) anual desde la fecha del hecho (21/08/2007) hasta aquella en que se dictó la sentencia de primera instancia (19/06/2012) y de allí en más computando la tasa pasiva promedio diaria que informa el B.C.R.A. con más el dos por ciento (2%) mensual no acumulativo.- La aplicación de una tasa de interés puro para el período transcurrido con anterioridad a la sentencia obedece, como anticipé, a la cuantificación del resarcimiento a valores vigentes a la fecha de ese pronunciamiento, por lo que aquella no puede contener un componente destinado a compensar la desvalorización de la moneda (como acontece cuando a la tasa pasiva que informa el B.C.R.A. se adiciona otra -variable- con esa finalidad, atento a la prohibición de actualizar valores, establecida por el art. 7 de la Ley 23.928; T.S.J., Sala Laboral, Sent. Nº 39 del 25/06/2002 en «Hernández Juan Carlos c/ Matricería Austral S.A. – Demanda – Rec. de Casación»; Sala Penal, Sent. Nº 74 del 04/09/2002 en «López Alejandro – p.s.a. de Lesiones Culposas», Foro de Córdoba Nº 79, pág. 231; Sala Civil y Comercial, Sent.Nº 89 del 06/08/2003 en «Buffe Daniel c/ Dino Vera y otro», Foro de Córdoba Nº 85, pág. 151).- Son distintos los factores o circunstancias que se tienen en cuenta a la hora de fijar la tasa para liquidar aquellos accesorios, que puede obedecer a la moneda en que fue cuantificada la deuda, al eventual valor constante o actual del capital mandado a pagar o en función del período involucrado por la mora, entre otras variables de relevancia económica, siempre con el objetivo, como ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de «mantener la estricta igualdad de la prestación debida conforme las circunstancias del caso» («Vieytes de Fernández -Suc.- c/ Provincia de Buenos Aires «, Fallos 295:973).- Como se sostuvo en el Plenario de la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal, dictado en la causa «Samudio de Martínez Ladis c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.» (20/04/2009, publicado en La ley 2009-C-223, con nota a fallo de Ariel Barbero titulada «Interés moratorio:se vuelve a la buena senda – Plenario de la Cámara Civil de la Capital»), «la tasa de interés fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido».- Según el autor de la citada nota, esa salvedad se refiere al interés que se aplica «en el período transcurrido hasta el dictado de la sentencia», de forma tal que los posteriores accesorios no están sujetos al reparo o salvedad, por un lado, y por otro dicha restricción tampoco es aplicable si el capital de condena no se fijó a valores actuales.- Agrega que el motivo de la salvedad es que si se fija el capital a valores actuales (digamos, a la fecha de la sentencia), y si la tasa contempla la depreciación de la moneda, entonces tenemos una doble actualización.- En otras palabras, como concluyó el Dr. Daniel Mola en un enjundioso voto al que adherí, «cuando el capital está dado en valores actuales, no corresponde aplicar una tasa que no sólo retribuye el uso del capital, sino que intenta recomponer el capital mismo.- Y si el capital está fijado a valores actuales, no hay nada que recomponer» (CC2ª Río Cuarto, Sent. Nº 37 del 16/05/2011 en «Botta Liliana Mabel c/ Pedro Madeddu y Cia. S.R.L.y otros»).-

Corresponde asimismo revisar la distribución de las costas de la anterior instancia teniendo en cuenta la revocación de la decisión apelada respecto de la atribución de la responsabilidad en la ocurrencia del hecho, la modificación de la condena y la procedencia sólo parcial de la pretensión resarcitoria de los accionantes, circunstancia que determina la existencia de un vencimiento recíproco.- Es criterio de este Tribunal que tanto para la configuración del vencimiento recíproco como para su ponderación cuántica, no corresponde computar aquellos rubros como el daño moral en que por lo general, como ha sucedido en el caso que nos ocupa, la determinación de la indemnización respectiva surge del prudente arbitrio judicial.- Sentada esa premisa destaco que según criterio mayoritario de la doctrina, que comparto, si el reclamo tiene contenido económico en una primera etapa del análisis debe confrontarse el monto reclamado (en el caso según estimación realizada en el alegato de fs. 337/350) con lo obtenido en la sentencia.- Sucede que en este proceso la primera juzgadora ha fijado la indemnización del lucro cesante del Sr. Domínguez en un importe que supera el estimado por el accionante, mayor incluso al de la pretensión total, decisión que, como señalé al tratar la segunda cuestión, no fue objeto de agravio alguno por lo que se mantuvo al margen de la facultad revisora de este Tribunal.- Sin dejar de tener en cuenta que la demandada resultó vencida en su pretensión de responsabilizar del hecho exclusivamente a los actores, aquella particular circunstancia numérica resulta de por sí decisiva para determinar que la totalidad de las costas de la anterior instancia sean a cargo de la Sra. Rosa Margarita Centeno.-

Procede igualmente revocar las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia apelada en favor de los Dres. María Victoria Contardi y Guillermo Hugo Masciarelli, fijando únicamente los de la primera conforme al argumento que, a contrario sensu, se desprende del art.26 de la Ley 9459.- La base cuantitativa de la regulación asciende, a la fecha del pronunciamiento apelado, a la suma de Setenta y cuatro mil ochocientos diecinueve pesos con cuarenta y siete centavos ($ 74.819,47), importe que se integra conforme al siguiente detalle: la suma de Un mil quinientos ochenta y dos pesos con treinta y tres centavos corresponde al rubro gastos médicos y farmacéuticos y sus intereses ($ 600 + $ 982,33 = $ 1.582,33); a Cinco mil doscientos setenta y cuatro pesos con cuarenta y dos centavos asciende la indemnización del daño moral sufrido por el Sr. Domínguez y sus intereses ($ 2.000 + $ 3.274,42 = $ 5.274,42); la suma de Cincuenta y cinco mil sesenta y dos pesos con noventa y nueve centavos corresponde a la indemnización por incapacidad del actor y los intereses devengados desde la fecha del hecho por la parte proporcional del período presentencia (17%), conforme lo relacionado al tratar la segunda cuestión ($ 43.074,36 + $ 11.988,63 = $ 55.062,99); por último, a Doce mil ochocientos noventa y ocho pesos con setenta y tres centavos asciende el resarcimiento del daño moral de la Sra. Calderón y sus intereses calculados al 6% anual ($ 10.000 + $ 2.899,73 = $ 12.899,73).- En consecuencia propongo al acuerdo que los honorarios de la Dra. María Victoria Contardi por la labor cumplida en primera instancia, sean regulados en forma definitiva en la suma de Dieciséis mil quinientos pesos ($ 16.500), importe que, en números redondos, surge de computar respecto de la referida base ($ 74.819,47) el veintidós por ciento (22%), resultado de elevar en dos (2) puntos el mínimo (20%) de la primera de las escalas contempladas por el art.36 del Código Arancelario.-

El pronunciamiento apelado debe ser confirmado en todo lo demás que decidió.-

En lo que se refiere a las costas generadas por el recurso interpuesto por los accionantes, se ha verificado un vencimiento recíproco al no haber sido recibida favorablemente en su totalidad la pretensión de aquellos respecto de la modificación de la condena.- Excluyendo lo relativo al perjuicio moral, por las razones explicitadas precedentemente, concluyo que los Sres. Calderón y Domínguez pretendieron que la condena se incrementara en la suma de Noventa y cuatro mil trescientos cincuenta y seis pesos con treinta y cinco centavos ($ 94.356,35), importe que, calculado a la fecha del pronunciamiento apelado, se integra conforme al siguiente detalle: 1) la suma de Dos mil setecientos treinta y siete pesos con cuarenta y un centavos corresponde al capital e intereses del rubro daño emergente por deterioros en la motocicleta ($ 1.038 + 1699,41 = $ 2.737,41); 2) a la suma de Cinco mil diez pesos con sesenta y ocho centavos asciende el incremento que pretendían por la diferencia en que no fue recibido el reclamo del reintegro de gastos médicos y farmacéuticos ($ 2.500 – $ 600 = $ 1.900 + $ 3.110,68 = $ 5.010,68); 3) a Seis mil quinientos noventa y tres pesos asciende el capital y los intereses pretendidos en concepto de gastos médicos y farmacéuticos futuros ($ 2.500 + 4.093 = $ 6.593); 4) reclamaron asimismo en su impugnación a la sentencia que los intereses del resarcimiento del lucro cesante por incapacidad parcial del Sr.Domínguez se calcularan, mediante aplicación de la tasa compuesta fijada por la primera juzgadora, desde la fecha del hecho (y no desde la sentencia como estableció la a quo), arrojando las operaciones matemáticas respectivas, por ese concepto, la suma de Setenta mil quinientos veintiún mil pesos con treinta y cuatro centavos ($ 7.521,43); 5) por último en el libelo de expresión de agravios se requirió que la condena se incrementara con el importe que estimaron para atender el tratamiento psicológico, que con sus respectivos intereses determina la suma de Nueve mil cuatrocientos noventa y tres pesos con noventa y dos centavos ($ 3.600 + $ 5.893,92 = $ 9.493,92).- Los importes pretendidos no contemplaron reducción de ningún tipo, comprendiendo por tanto el reclamo de revocación de la atribución de una concurrencia de culpas en la producción del accidente.-

Para el supuesto de ser compartida mi opinión por los restantes integrantes de este Tribunal, los accionantes habrán obtenido un incremento de la condena que ascenderá a Veinticinco mil trescientos ochenta y cinco pesos con sesenta y tres centavos ($ 25.385,63), importe que componen:1) la suma de Cuatrocientos setenta y cuatro pesos con setenta centavos corresponde al incremento y sus intereses del treinta por ciento (30%) por la revocación de la culpa concurrente declarada en ese porcentaje, del rubro gastos médicos y farmacéuticos ($ 600 x 30% = $ 180 + $ 294,70 = $ 474,70); 2) la suma de Veinticuatro mil novecientos diez pesos con noventa y tres centavos ($ 24.910,93) representa el incremento de ese treinta por ciento de la indemnización por incapacidad ($ 43.074,36 x 30% = $ 12.922,30) y los intereses de la indemnización proporcional relativa a los meses transcurridos desde la fecha del hecho hasta la sentencia, calculados a la tasa compuesta fijada por la primera sentenciante ($ 12.922,30 + 11.988,63 = $ 24.910,93).-

La sumatoria de ambos parciales arroja la referida suma de Veinticinco mil trescientos ochenta y cinco pesos con sesenta y tres centavos ($ 414,70 + $ 24.910,93 = $ 25.385,63), importe que representa, en números redondos, el veintisiete por ciento (27%) del incremento pretendido ($ 25.385,63 x 100 ÷ $ 94.356,35 = 26,90%).- A mérito de ello, propongo al acuerdo que las costas de segunda instancia por el recurso interpuesto por los accionantes sean soportadas en un ochenta y tres por ciento (83%) por éstos, siendo a cargo de la demandada y su aseguradora el veintisiete por ciento (27%) restante, con excepción de los honorarios de la Dra. María Victoria Contardi, apoderada patrocinante de los actores apelantes, que deberán ser totalmente afrontados por la Sra. Centeno.- Ello así por cuanto como bien lo destaca el Dr.Vénica, desde que para fijar los estipendios del abogado del actor corresponde tomar como base de la regulación estrictamente el monto por el que prospera la demanda (en el caso del apelante, sólo computando el importe por el que se incrementa la condena), si se aplican los porcentajes de distribución de l as costas generales, «resultaría que el actor estaría soportando, exclusivamente, parte de ellos en proporción mayor a la de su vencimiento, y correlativamente liberado el demandado.- Luego, los honorarios del abogado del actor deben ponerse, en su totalidad, a cargo del demandado» («Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba – Ley 8465», Tomo II, págs. 66/67, Editorial Marcos Lerner, año 1998).-

En función de las consideraciones, importes y conceptos que se desprenden de los párrafos que anteceden, la base de la regulación de los honorarios de segunda instancia de la Dra. María Victoria Contardi asciende a la suma de Treinta y un mil seiscientos noventa y dos pesos con treinta y tres centavos ($ 31.692,33) que integra el importe en el que se incrementa la condena por los rubros detallados en el párrafo que antecede, adicionando el incremento obtenido respecto de la indemnización del daño moral de la Sra. Vilma Calderón y sus intereses ($ 12.899,73 – $ 6.593,03 = $ 6.306,70 + 25.385,63 = $ 31.692,33).- Así las cosas y por aplicación de lo dispuesto por los arts. 31 inc. 1º, 36 y 40 de la Ley 9459, considero que los honorarios de la mencionada profesional, por la labor que desarrollara en segunda instancia con motivo del recurso de sus representados, deben regularse provisoriamente en la suma de Dos mil ochocientos pesos ($ 2.800), importe que, en números redondos, surge de aplicar a la indicada base el ocho coma ocho por ciento (8,8%), equivalente al cuarenta por ciento (40%) del resultado (22%) de elevar en dos (2) puntos el mínimo (20%) de la primera de las escalas contempladas por el citado art.36 del C.A.-

Para regular los honorarios de segunda instancia del Dr. Guillermo Hugo Masciarelli, por el mismo recurso, propongo que de conformidad a lo dispuesto por el segundo inciso, segundo supuesto, del art. 31 del mencionado cuerpo legal, la respectiva base se fije en el treinta por ciento (30%) del importe en el que los actores pretendieron se incrementara la condena, esto es en la suma de Veintiocho mil trescientos seis pesos con noventa centavos ($ 94.356,35 x 30% = $ 28.306,90).- Considero entonces que esos honorarios deben ser provisoriamente fijados en la suma de Dos mil quinientos pesos ($ 2.500), importe que, también en números redondos, surge de aplicar sobre la base establecida precedentemente, el ocho coma ocho por ciento (8,8%).- Corresponde adicionar la suma de Quinientos veinticinco pesos ($ 525) en concepto de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por revistar al respecto el Dr. Masciarelli como Responsable Inscripto, según se desprende de la constancia reproducida a fs. 422).-

Por último corresponde regular honorarios de segunda instancia de la Dra. María Victoria Contardi por su intervención en el recurso de la demandada y su aseguradora, quienes pretendieron la revocación total de la condena, por lo que la base de la regulación, a la fecha del pronunciamiento apelado, asciende al importe mandado a pagar en ese decisorio ($ 33.622,05).- Considero entonces que los referidos honorarios deben ser provisoriamente regulados en la suma de Tres mil pesos ($ 3.000), importe que, en números redondos, surge de aplicar respecto de aquella base el ocho coma ocho por ciento (8,8%), que resulta de las operaciones referidas precedentemente.-

Los honorarios regulados devengarán, en los términos prescriptos por el art. 35 de la Ley 9459, intereses que se calcularán mediante aplicación de la tasa pasiva promedio diaria, según la encuesta que realiza el Banco Central de la República Argentina, adicionando el dos por ciento (2%) mensual no acumulativo.-

Los señores Vocales Rosana A.de Souza y José María Ordoñez adhirieron al voto precedente y se pronunciaron en igual sentido.-

Por el resultado del Acuerdo que antecede y por unanimidad del Tribunal,

SE RESUELVE:

I) Rechazar con costas el recurso de apelación interpuesto por la demandada y su aseguradora.

II) Hacer lugar parcialmente al recurso deducido por los accionantes, responsabilizando exclusivamente a la Sra. Rosa Margarita Centeno por las consecuencias del accidente relacionado en la sentencia apelada, modificando la condena allí dispuesta, mandando a pagar en favor del Sr. Mario Javier Domínguez la suma de Cuarenta y cinco mil trescientos setenta y cuatro pesos con treinta y seis centavos ($ 45.374,36), importe que se integra conforme se ha detallado al tratar la tercera cuestión y que devengará intereses según lo establecido en la sentencia recurrida, fijando la indemnización del daño moral de la accionante Vilma Graciela Calderón en la suma de Diez mil pesos ($ 10.000), importe que devengará intereses moratorios que se calcularán mediante aplicación de la tasa del seis por ciento (6%) anual desde la fecha del hecho (21/08/2007) hasta aquella en que se dictó la sentencia de primera instancia (19/06/2012) y de allí en más computando la tasa pasiva promedio diaria que informa el B.C.R.A. con más el dos por ciento (2%) mensual no acumulativo.

III) Dejar sin efecto los honorarios regulados a los Dres. María Victoria Contardi y Guillermo Hugo Masciarelli, fijando únicamente los de la primera por la labor cumplida en la anterior instancia, en forma definitiva, en la suma de Dieciséis mil quinientos pesos ($ 16.500).

IV) Confirmar el pronunciamiento apelado en todo lo demás que decidió.- V) Regular provisoriamente los honorarios de segunda instancia de la Dra.María Victoria Contardi, por la labor cumplida con motivo del recurso interpuesto por la demandada y su aseguradora, en la suma de Tres mil pesos ($ .).

VI) Imponer las costas de segunda instancia relativas al recurso interpuesto por los accionantes en un ochenta y tres por ciento (83%) a éstos, siendo a cargo de la demandada y su aseguradora el veintisiete por ciento (27%) restante, con excepción de los honorarios de la apoderada patrocinante de los actores apelantes que serán totalmente a cargo de la demandada.

VII) Regular provisoriamente honorarios a los profesionales intervinientes en la tramitación del recurso de los actores, fijando los de la Dra. María Victoria Contardi en la suma de . pesos ($ .), y los del Dr. Guillermo Hugo Masciarelli en la suma de . pesos ($ .), adicionando a estos últimos la suma de . pesos ($ .) en concepto de I.V.A.-

VII) Los honorarios regulados devengarán, en los términos prescriptos por el art. 35 de la Ley 9459, intereses que se calcularán mediante aplicación de la tasa pasiva promedio diaria, según la encuesta que realiza el Banco Central de la República Argentina, adicionando el dos por ciento (2%) mensual no acumulativo.- Protocolícese y bajen.-

 

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