Responden herederos y dependiente de un escribano fallecido, por incumplimiento del deber de dar fe de conocimiento

derechoPartes: S. G. G. y otro c/ C. A. M. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: A

Fecha: 18-nov-2013

Cita: MJ-JU-M-84284-AR | MJJ84284 | MJJ84284

Se condena a los herederos y al dependiente de un escribano fallecido, por incumplimiento de su deber de dar fe de conocimiento acerca de la identidad de los comparecientes que celebraban escrituras públicas, extendiéndose la condena al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires en su carácter de administrador del Fondo Fiduciario de Garantía. 

Sumario:

1.-Corresponde desestimar la excepción de preclusión interpuesta por el Colegio de Escribanos, aun cuando su comparecencia a juicio no haya sido requerida en el escrito inaugural del litigio, si el pedido de citación en carácter de administrador del Fondo Fiduciario de Garantía fue formulado por la parte actora con anterioridad a celebrarse la audiencia establecida en el art. 360 del CPCCN. Tal citación debe considerarse peticionada durante la primera etapa del proceso en la cual corresponde dilucidar la integración de la litis, por lo que no se advierte que se haya cercenado su derecho de defensa en juicio en tanto éste se presentó en el momento pertinente del proceso, pudiendo plantear defensas y ofrecer prueba, habiendo participado en las distintas etapas del proceso con las mismas prerrogativas que le correspondían a cualquiera de las partes.

2.-La condena contra un escribano fallecido por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones de dar fe de conocimiento acerca de la identidad de los comparecientes que celebraban escrituras públicas, debe hacerse extensiva al Colegio de Escribanos en su carácter de administrador del Fondo Fiduciario de Garantía, quien habrá de responder en forma subsidiaria, después de haberse hecho excusión de los bienes del deudor principal (conf. art. 15 de la ley 12990 y art. 158 de la ley 404 de la ciudad de Buenos Aires).

3.-Existe un obrar negligente por parte del escribano en las funciones que la cabían en su condición de notario, y dicha conducta guarda relación de causalidad con el daño sufrido por los demandantes, cuando su responsabilidad se funde en dos pilares principales: la responsabilidad indirecta del principal por el daño causado por sus dependientes, en función de un factor objetivo de garantía por los actos realizados por el codemandado que se encontraba a su cargo; y la responsabilidad vinculada con el incumplimiento de la obligación de dar fe de conocimiento acerca de la identidad de los comparecientes.

4.-La sentencia condenatoria que alcanza a la persona, en su condición de heredera de un escribano, por el obrar negligente de éste último, no se ve afectada por la sustanciación de un proceso concursal contra el causante ni el desapoderamiento de sus bienes, siempre y cuando se haya citado oportunamente al síndico interviniente en la quiebra y éste se haya presentado en el expediente, haya comparecido a la audiencia conciliatoria celebrada antes del dictado de la sentencia, se le haya notificado el pronunciamiento definitivo de primera instancia y la providencia que pasa los autos a Secretaría a los fines del art. 259 del CPCCN.

5.-El pronunciamiento condenatorio no produce gravamen irreparable a los sucesores, en tanto que, amparados por el beneficio de inventario, no soportan ninguna consecuencia personal y tienen en la quiebra la intervención que correspondía al difunto. Ello, sin perjuicio de los trámites que, eventualmente, les corresponda a los acreedores realizar en el proceso universal una vez que este pronunciamiento se encuentre firme.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los días del mes de noviembre del año dos mil trece, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala «A» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: «S. G. G. Y OTRO c/ C. A. M. Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS», respecto de la sentencia de fs. 522/529, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de cámara doctores: RICARDO LI ROSI – SEBASTIÁN PICASSO -HUGO MOLTENI.

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR. RICARDO LI ROSI DIJO:

I.- La sentencia recaída a fs. 522/529 admitió la defensa de preclusión interpuesta por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de administrador del Fondo Fiduciario de Garantía (conforme aclaratoria de fs. 536). Asimismo, hizo lugar a la demanda entablada por G. G. S. y H. L.C. contra L. A. H. y A. M. S. -esta última en su carácter de heredera de A. M. C.-, condenándolos a abonar a los actores, en el plazo de diez días, la suma de Dólares Veinticinco Mil (U$S 25.000.-) o el importe equivalente en pesos al valor del dólar libre a la cotización de la fecha en que se efectúe el pago, con más sus intereses y las costas del proceso.-

Contra dicho pronunciamiento se alzan las quejas de la parte actora, cuya expresión de agravios de fs. 650/653 fue respondida por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de administrador del Fondo Fiduciario de Garantía, a fs. 665/667.-

La heredera del codemandado A. M. C., Sra. A. M. S., hace lo propio a fs.659/661, sin que mediara réplica de su expresión de agravios.-

II.- Previo a adentrarme al tratamiento de las quejas vertidas por los recurrentes, cabe señalar que el art. 265 del Código Procesal exige que la expresión de agravios contenga la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas. Y en este sentido, el contenido de la impugnación se relaciona con la carga que le incumbe de motivar y fundar su queja, señalando y demostrando, punto por punto, los errores en que se hubiere incurrido en el pronunciamiento, o las causas por las cuales se lo considera contrario a derecho (conf. Fenochietto-Arazi, «Código Procesal Civil y Comercial, Anotado, Comentado y Concordado», tº I, pág. 835/7; CNCiv. esta Sala, libres nº 37.127 del 10/8/88, nº 33.911 del 21/9/88, entre muchos otros). En este orden de ideas, sin embargo, bien vale destacar que la mera disconformidad con la interpretación judicial sin fundamentar la oposición, ni concretar en forma detallada los errores u omisiones del pronunciamiento apelado no constituye la crítica para la que prescribe la norma (conf. CNCiv., esta Sala, 15.11.84, LL1985-B-394; íd. Sala D, 18.5.84, LL 1985-A-352; íd. Sala F 15.2.68 LL 131-1022; íd. Sala G, 29.7.85, LL 1986-A-228, entre muchos otros).-

Desde esta perspectiva, debería coincidirse que los pasajes del escrito a través de los cuales la actora pretende fundar su recurso cumplen con los requisitos referidos. Teniendo ello presente, y a fin de preservar el derecho de defensa en juicio, de indudable raigambre constitucional, no habré de propiciar la deserción del recurso requerida a fs.665/667, por lo que trataré las quejas vertidas.-

III.- Por otro lado, creo necesario destacar que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan solo aquéllos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (conf. arg. art. 386, Cód. Procesal y véase Sala F en causa libre Nº 172.752 del 25/4/96; CS, en RED 18-780, sum. 29; CNCiv., sala D en RED, 20-B-1040, sum. 74; CNFed. Civil y Com., sala I, ED, 115-677 -LA LEY, 1985-B, 263-; CNCom., sala C en RED, 20-B-1040, sum. 73; SC Buenos Aires en ED, 105-173, entre otras).-

IV.- Establecido lo anterior, procederé a analizar los agravios de la actora respecto al acogimiento que tuvo en la sentencia apelada la defensa de preclusión impetrada por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en su rol de administrador del Fondo Fiduciario de Garantía.-

Al respecto, ha de recordarse que el Código Procesal ha estructurado el proceso como una serie de actos ordenados consecutivamente y fases cerradas dentro de las cuales deben cumplirse ciertas actividades procesales; en consecuencia, corresponde al sistema de orden consecutivo legal y de preclusión por fases, lo que implica la pérdida o extinción del derecho a cumplir un acto procesal, operada a consecuencia del transcurso del tiempo y de la falta de ejercicio de la parte que tenía la carga de ejecutar el acto.Por lo tanto, cuando el plazo está vencido, opera la preclusión y cualquier trámite posterior resulta extemporáneo.-

Asimismo, el más Alto Tribunal tiene establecido, además, que el efecto propio de la preclusión es impedir que se traten nuevamente cuestiones ya decididas en forma expresa o implícita en el juicio o fuera de él, y que se rehabiliten facultades cuyo ejercicio se agotó por extinción, pérdida o consumación (C.S.J.N., Fallos 296:643; 320:1670, entre otros).-

Empero, los efectos fulminantes derivados de la aplicación del principio de la preclusión han justificado tanto en la doctrina como la jurisprudencia la adopción de un criterio de interpretación amplio, tendiente a evitar que un riguroso respeto por las formas del proceso, resulte atentatorio contra el derecho de la defensa en juicio y vaya en desmedro del esclarecimiento de la verdad objetiva del caso.-

En tal sentido se ha sostenido que el principio procesal en análisis no es absoluto, y tiene sus límites y ámbito de aplicación. No debe olvidarse que el juego de la observancia de las formas debe ser entendido de una manera flexible y no absoluta, ni con el sólo propósito de privilegiarlas de por sí, porque ello equivaldría a destruir la base misma del debido proceso constitucional, inspirado en la finalidad de salvaguardar los derechos sustanciales que en él se hacen valer. No se puede renunciar al esclarecimiento de la verdad objetiva del caso, mediante un excesivo rigor formal; desde ya sin incurrir en ligerezas en la apreciación del exceso ritual, porque ello podría traer como consecuencia que se afectaran otros principios y derechos como la celeridad procesal, la seguridad jurídica, y la defensa en juicio (conf. Morello, Augusto, «El recurso extraordinario», ps. 163 y sigts.; Sagüés, Néstor P., «Recurso extraordinario», T° II, ps. 648 y sigtes, Ed. Depalma, 1984; CNCiv., sala G, R.35.125 del 8/3/88).-

En iguales términos se pretendió señalar los riesgos de entronizar con carácter absoluto el principio preclusivo, no admitiéndose que un viejo vigor en tal sentido viole una garantía constitucional de máxima jerarquía, al cercenar el derecho de defensa en juicio de la parte. La doctrina se pronuncia a favor de la preclusión admitiendo, no obstante el cuidado en sus efectos, en tanto la jurisprudencia, en general, afirma la preclusión a ultranza, con algunas saludables excepciones que tienen en mira la circunstancias del caso, resultando lamentable comprobar que, cuando se extrema la diligencia en la conservación de anacrónicas ortodoxias rituales, se hiere de muerte al derecho, en tanto que el respeto por las formas del proceso y por su manifestación preclusiva, no deja de recibir la influencia moderadora que repudia el rito caprichoso, sin beneficio para la celeridad y menos para la justicia (conf. Eisner, Isidoro, «En torno a la preclusión por consumación», comentario al fallo dictado por éste Tribunal, en «Nogues Bottaro, Enrique s/ Suc.», del 18-3-87, en L.L. 1987-E-399/414).-

Pues bien, tal es el caso que se corrobora en la especie, en el cual los fundamentos de la defensa impetrada se asientan en un excesivo rigor formal.-

En tal sentido, debo advertir que, aun cuando la comparecencia a juicio del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires no fue requerida en el escrito inaugural del litigio, lo cierto es que el pedido de citación fue formulado por la parte actora con anterioridad a celebrarse la audiencia establecida en el art. 360 del Código Procesal (ver escrito de fs. 70). Es decir, la citación del administrador del Fondo Fiduciario de Garantía fue peticionada durante la primera etapa del proceso en la cual corresponde dilucidar la integración de la litis.-

No se pierde de vista que la accionante ya había requerido la fijación de la audiencia preliminar, lo cual había sido proveído de conformidad en la instancia de grado (ver presentación de fs.67/68 y providencia de fs. 69); empero, lo cierto es que dicha audiencia no tuvo lugar en esa oportunidad lo cual implicó que el pleito no avanzara hacia la segunda etapa del proceso. Al respecto, debo señalar que la audiencia establecida en el art. 360 del rito recién se llevó a cabo habiendo transcurrido más dos años desde que se ordenara la integración a la litis del Colegio de Escribanos de esta ciudad, lo cual reafirma que dicha citación fue cumplida en la etapa debida del proceso.-

Desde otra óptica, no se advierte que se haya visto cercenado el derecho de defensa en juicio del administrador del Fondo Fiduciario de Garantía, quien se presentó en autos en el momento pertinente del proceso, pudiendo plantear defensas y ofrecer prueba, habiendo participado en las distintas etapas del proceso con las mismas prerrogativas que le correspondían a cualquiera de las partes.-

Asimismo, no puedo dejar de mencionar que el comparendo requerido por la parte actora no importó la transformación o ampliación del escrito inicial en los términos del art. 331 del Código Procesal, sino tan sólo se limitó a incorporar a la litis al Colegio de Escribanos de esta ciudad sin que se modifiquen los términos de la demanda op ortunamente entablada.-

El antecedente de esta Sala citado en la contestación de agravios de fs.665/667 -R. 253.931 del 2/11/98 en autos «Baumarder, Carlos c/ Capparelli, Julio César s/ cobro de sumas de dinero»- se asienta en circunstancias fácticas bien distintas a las configuradas en autos. En aquel expediente, el accionante había requerido -con posterioridad al dictado de la sentencia condenatoria de primera instancia- que se hiciera saber al Colegio de Escribanos la inexistencia de bienes del demandado con el objeto de que se arbitraran los medios para el pago de la deuda.Como ya se expresara, en esta causa la citación fue ordenada en la primera etapa del pleito, momento procesal en el cual corresponde que se integre la litis.-

Sobre la base de estos principios, entiendo que la sentencia apelada debería modificarse en lo que concierne a la defensa de preclusión planteada por el Colegio de Escribanos de esta ciudad, en su rol de administrador del Fondo Fiduciario de Garantía. Admitir un razonamiento contrario importaría tanto como convalidar un temperamento de excesivo rigor formal, siendo que la convocatoria de la excepcionante a este litigio se dio en la etapa del proceso correspondiente y se ha velado por el respeto al derecho de defensa en juicio, pues aquélla pudo presentarse a contestar demanda y ofrecer prueba, tanto como que ha podido participar en la etapa probatoria y alegar sobre el mérito de las probanzas acompañadas a la causa.-

En síntesis, si mi voto fuera compartido, debería modificarse parcialmente la sentencia recurrida, desestimando la excepción de preclusión interpuesta. Asimismo, deberían imponerse las costas de la incidencia a la excepcionante vencida (arts. 279; 69, párrafo primero; y 68, párrafo primero del Código Procesal).-

V.- Establecido lo anterior, debo destacar que la sentencia dictada en la instancia de grado es clara al establecer la responsabilidad que le cupo al escribano A. M. C. en los hechos que dieron origen a la sustanciación de este pleito.-

La cuestión relativa a la responsabilidad del notario no ha sido cuestionada por ninguna de las partes intervinientes y se ha fundado en dos pilares principales. El primero de ellos guarda relación con la responsabilidad indirecta del principal por el daño causado por sus dependientes, esto es en función de un factor objetivo de garantía por los actos realizados por el codemandado L. A. H.El segundo de los basamentos en los que reposa la responsabilidad del escribano se vincula con el incumplimiento de la obligación de dar fe de conocimiento acerca de la identidad de los comparecientes que celebraban escrituras públicas ante su escribanía.-

Sobre la base de estos elementos, los que -insisto- no fueran cuestionados por ninguna de las partes, es evidente que ha existido un obrar negligente por parte de A. M. C. en las funciones que la cabían en su condición de notario. Dicha conducta, indudablemente, guarda relación de causalidad con el daño sufrido por los demandantes.-

Más allá del rol protagónico que le cupo en los hechos al codemandado L. A. H, lo cual -a la postre- desembocaría en la condena impuesta en sede penal, ello no es óbice a considerar que la actuación del escribano también tuvo incidencia en la producción del daño probado por la víctimas de la maniobra defraudatoria.-

En virtud de lo expuesto, y de lo decidido en el apartado que antecede del presente voto, la condena dispuesta en la instancia de grado debería hacerse extensiva al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de administrador del Fondo Fiduciario de Garantía, quien habrá de responder en forma subsidiaria, después de haberse hecho excusión de los bienes del deudor principal (conf. art. 15 de la ley 12.990 y art. 158 de la ley 404 de la ciudad de Buenos Aires).-

VI.- Trataré a continuación las quejas formuladas por A. M. S. respecto a la condena que alcanza a su persona, en su condición de heredera de A. M. C.-

Liminarmente cabe señalar que, de una detenida lectura de los agravios vertidos por la recurrente, no se observa que lo decidido en la instancia de grado le ocasione a aquélla un gravamen irreparable.-

De acuerdo a los términos utilizados en la sentencia apelada se advierte que la condena que alcanza a A. M. S. lo ha sido en su carácter «.de heredera del accionado A. M.C. (cfr. arts. 3363, 3371, 3417 y concordantes del Código Civil)» (cfr. fs. 528 vta., segundo párrafo).-

Sobre la base de lo expuesto, es evidente que la heredera no ha sido involucrada en el fallo a título personal, sino tan solo en su condición de sucesora del escribano A. M. C.-

Lo apuntado precedentemente guarda relación con la legislación vigente en materia sucesoria que impone la prosecución de las relaciones jurídicas de las que era titular el causante en cabeza de los herederos, quienes continúan la persona de aquél, en el sentido que son los nuevos sujetos de esas relaciones jurídicas. Es decir, el heredero sintetiza en sí la continuación jurídica de la esfera patrimonial del causante y por eso mismo satisface una función social reconocida por el derecho (conf. Zannoni, Eduardo A. «Derecho de las sucesiones», T° 1, págs. 49/50 y 60, núms. 30 y 38, respectivamente).-

Súmese a ello que, a la luz de lo dispuesto por el art. 3282 del Código Civil, la sucesión se abre con el fallecimiento del causante, de lo que se deriva que la adquisición de la herencia se produce en ese mismo instante.-

En virtud de lo señalado, la condena dirigida a la apelante se vincula con su carácter de sucesora del escribano emplazado en estas actuaciones, habiéndose citado en la sentencia recurrida las normas que regulan el beneficio de inventario.-

Desde otra óptica, no se observa que se haya ignorado el estado de quiebra del codemandado C. Prueba de lo expuesto radica en que en esta causa judicial se citó oportunamente al síndico interviniente en la quiebra, quien se presentó en el expediente, compareció a la audiencia conciliatoria celebrada antes del dictado de la sentencia, se le notificó el pronunciamiento definitivo de primera instancia y la providencia que pasa los autos a Secretaría a los fines del art. 259 del Código Procesal (ver cédula de fs. 439, escrito de fs. 442, acta de fs. 491 y notificaciones de fs. 533 y fs.657).-

Asimismo, debo destacar que la sustanciación del proceso de quiebra del escribano C. no obsta a la condena recaída. Es que, si el causante fallece estando ya concursado por sus acreedores o declarado en quiebra opera la norma del art. 105 de la ley 24.522 que dispone que la muerte del fallido no afecta el proceso universal y que «los herederos sustituyen al causante, debiendo unificar personería».-

Esto quiere decir que los herederos comparecen al proceso concursal unificando personería y sustituyen al fallido o concursado. De modo, pues, que coexisten el proceso concursal o de falencia y el proceso sucesorio. En efecto, los titulares de la vocación hereditaria promoverán el proceso sucesorio hasta la declaratoria de herederos y, a partir de ese momento, los trámites sucesorios quedarán suspendidos hasta que en el concurso o la quiebra se resuelva lo pertinente (conf. Zannoni, Eduardo A., obra citada, T° 1, pág. 440, núm. 408).-

Desde otra óptica, es pertinente señalar que, amparados por el beneficio de inventario, los sucesores no soportan ninguna consecuencia personal y tienen en la quiebra la intervención que correspondía al difunto (conf. Fassi, Santiago C. y Gebhardt, Marcelo «Concursos y quiebras», pág. 319, núm. 1).-

Como ya lo anticipara, la existencia del proceso de quiebra y el desapoderamiento de los bienes que éste conlleva no es obstáculo a que la condena alcance a la sucesión del codemandado C., en este caso personificada en su única heredera A. M. S. Ello, sin perjuicio de los trámites que, eventualmente, les corresponda a los acreedores realizar en el proceso universal una vez que este pronunciamiento se encuentre firme.-

Sintetizando conceptos, considero que la sentencia que alcanza a la apelante tan sólo en su carácter de heredera del escribano demandado resulta ajustada a derecho y, atento a las conclusiones expuestas, no le ocasiona el gravamen irreparable que la ley procesal exige para dar sustento al recurso de apelación.-

Por los motivos expuestos, si mi voto fuera compartido, deberían rechazarse las quejas formuladas por A. M. S.y confirmar lo decidido al respecto en el decisorio apelado.-

VII.- Voto, en definitiva, para que se modifique parcialmente la sentencia apelada, desestimando la excepción de preclusión interpuesta por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de administrador del Fondo Fiduciario de Garantía, con costas a la excepcionante vencida, y confirmándosela en lo demás que decide y fue objeto de agravios.-

En consecuencia, la condena dispuesta en la instancia de grado deberá hacerse extensiva al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de administrador del Fondo Fiduciario de Garantía, quien habrá de responder en forma subsidiaria, después de haberse hecho excusión de los bienes del deudor principal.-

De conformidad con lo establecido por el art. 279 del Código Procesal, debería también adecuarse la imposición de costas dispuesta en la anterior instancia, las que, de acuerdo al principio objetivo de la derrota, también deberían quedar a cargo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de administrador del Fondo Fiduciario de Garantía (art. 68 del Código Procesal).-

Respecto a las costas de Alzada, las mismas deberían distribuirse de acuerdo al siguiente detalle:

– Con costas al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de administrador del Fondo Fiduciario de Garantía, por el recurso interpuesto por la parte actora, en virtud del principio objetivo de la derrota (conf. art.68 del Código Procesal).-

– Sin costas de Alzada por el recurso interpuesto por A. M. S., en vir tud de la falta de réplica del memorial.-

Los Dres. Sebastián Picasso – Hugo Molteni votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Ricardo Li Rosi.-

Con lo que terminó el acto.-

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala «A» de la Excma.Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.-

Buenos Aires, noviembre de 2013

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se modifica parcialmente la sentencia apelada, desestimándose la excepción de preclusión interpuesta, con costas a la excepcionante vencida, y confirmándosela en lo demás que decide y fue objeto de agravios.-

En consecuencia, la condena dispuesta en la instancia de grado deberá hacerse extensiva al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de administrador del Fondo Fiduciario de Garantía, quien habrá de responder en forma subsidiaria, después de haberse hecho excusión de los bienes del deudor principal.-

Asimismo, se adecua la imposición de costas dispuesta en la anterior instancia, las que también quedan a cargo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de administrador del Fondo Fiduciario de Garantía.-

Las costas de Alzada se distribuyen de acuerdo al siguiente detalle:

– Con costas al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de administrador del Fondo Fiduciario de Garantía, por el recurso interpuesto por la parte actora.-

– Sin costas de Alzada por el recurso interpuesto por A. M. S.-

Los honorarios se regularán cuando se haga lo propio en la instancia de grado.-

Notifíquese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. en la forma de práctica y devuélvase.-

RICARDO LI ROSI

SEBASTIÁN PICASSO

HUGO MOLTENI

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