Responsabilidad del club de fútbol por los daños sufridos por el actor, lesionado por un hincha mientras estaba en el estadio mirando un partido.

aficion-de-cruz-azul-en-el-jaliscoPartes: Rosales Edgardo Javier c/ Andes Talleres Sport Club y ots. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Fecha: 11-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-84204-AR | MJJ84204 | MJJ84204

Corresponde resarcir los daños sufridos por el actor al ser lesionado por un hincha mientras se encontraba en el estadio de fútbol mirando el partido.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que condenó al club de fútbol demandado -entre otros- a resarcir los daños sufridos por el actor al ser lesionado por un hincha mientras se encontraba en el estadio de fútbol mirando el partido, pues cualquiera sea la postura que se adopte con respecto a las eximentes en el marco de la ley 24192 , no puede discutirse que la imprudencia o temeridad de los asistentes a este tipo de espectáculos deportivos constituye una realidad potencialmente dañosa, que resulta no sólo previsible, sino incluso evitable para quienes tienen a su cargo la responsabilidad de tomar medidas de prevención idóneas, sea para impedir la producción de daños o al menos para mitigar los efectos de los mismos.

2.-Es inadmisible la pretensión de los demandados de invocar como circunstancias eximentes el pretendido estado de ebriedad o bien la calidad de barra brava del accionante, pues más allá de que no está probado que el actor se encontrara alcoholizado al recibir la agresión, una circunstancia de ese tipo no es de por sí óbice para reconocer a la víctima el resarcimiento que le corresponde.

Fallo:

En Mendoza, a once días del mes de febrero de dos mil catorce, reunidas en la Sala de Acuerdo las doctoras Silvina Miquel, Marina Isuani y Alejandra Orbelli trajeron a deliberar para resolver en definitiva los autos Nº 127.661/45.017, caratulados: “Rosales, Edgardo Javier c/ Andes Talleres Sport Club y ots. p/ d y p”, originarios del Segundo Tribunal de Gestión Asociada en lo Civil, Comercial y Minas de Mendoza, venidos a esta instancia en virtud de los recursos de apelación interpuestos a fs.639, 640, 642 y 643 por los accionados, contra la sentencia de fs. 613/21.

Llamados los autos para sentencia se practica el sorteo de ley, que arroja el siguiente orden de estudio: doctoras Silvina Miquel, Marina Isuani y Alejandra Orbelli.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y 141 del C.P.C., se plantearon las siguientes cuestiones a resolver.

Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?

Segunda cuestión: costas.

Sobre la primera cuestión propuesta la doctora Silvina Miquel dijo:

I. En la sentencia de grado se admitió la demanda deducida por el señor Edgardo Javier Rosales contra Andes Talleres Sport Club, Club Deportivo Maipú, Asociación Atlética Huracán Las Heras y/o Club Atlético Huracán y Liga Mendocina de Fútbol; en consecuencia, se condenó solidariamente a los demandados a abonar a la actora la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL ($ 125.000,00), con más sus intereses. Se impuso las costas a los demandados vencidos y se reguló honorarios.

Para resolver como lo hizo, el magistrado que previno comenzó destacando la reiteración de eventos dañosos ligados a la práctica deportiva que acontece en nuestro medio, así como que el protagonismo que adquieren en los mismos los espectadores, las fuerzas del orden, los participantes, los clubes, los equipos, jugadores, cuerpo técnico, árbitros, las hinchadas, etc. Mencionó que, para evitar ese riesgo, debe difundirse la práctica educada y disciplinada de los deportes, en la que tienen una decisiva injerencia todos los sujetos involucrados.Especificó – con cita de jurisprudencia- que no pueden o no deben en este plano quedar impunes los daños causados por aquellos fanáticos o hinchas que desbordan el sentido elíptico del espectáculo.

Tras esa introducción, estableció que el caso se rige por la ley 24.192, que se aplica a los hechos que se produzcan con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo, sea en el lugar de concurrencia pública en que se realizare o en sus inmediaciones, antes, durante o después (art. 1°). Precisó luego que el sistema de responsabilidad civil está puntualmente contemplado en el art. 51° de la referida ley, que dispone que: “las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen en los estadios”. Agregó que se trata de una responsabilidad objetiva basada en el riesgo de la actividad o en la tácita obligación de seguridad que asumen las entidades y asociaciones participantes, como contrapartida del derecho constitucional que tienen los consumidores o usuarios (art. 42 C.N.); que se extiende frente a los hechos de terceros y está centrada en la preservación de la integridad física de los asistentes a una competencia deportiva. Subrayó que esa responsabilidad compromete al club anfitrión del cotejo, a los que disputan el partido y también a quien organiza y supervisa su realización.

Llegado su momento, el pronunciante presumió indiciariamente la presencia del reclamante en el estadio donde se disputó el partido. Sostuvo en esa dirección que la actora denunció haber concurrido al estadio Andes Talleres Sport Club para contemplar el día 14 de noviembre de 2.004 la disputa entre los equipos de Huracán Las Heras y Deportivo Maipú y que, en dicha ocasión, sufrió la pérdida del ojo derecho por la acción de un piedrazo.Dijo que las constancias del AEV Nº 4799 acreditan la ocurrencia de un hecho suscitado en esa fecha (18:29 horas) en el referido estadio, como consecuencia del que resultó víctima el actor, que ingreso al Hospital Central, donde se le diagnosticó el padecimiento de “traumatismo y perforación ocular derecho” y se le intervino quirúrgicamente. Tuvo también en cuenta que el accionante formuló denuncia policial el 1 de diciembre de 2004, brindando las misma razones que expuso en la causa; sopesó que de allí fluye que el accidentado fue examinado en la ocasión por Sanidad Policial, que informó lo siguiente: “Operación de evisceración de ojo derecho. Ojo ocluido con un TPC e IL de 100 días”.

Consideró luego que la presencia del actor en el estadio también surge del ticket de entrada de fs. 5 y se ve respaldada con la valoración del tipo de lesión que sufrió y los recortes periodísticos que anotician de los desmanes que se produjeron en el referido partido y los daños que provocaron las hinchadas de ambos equipos en las tribunas del club receptor del acontecimiento. Adunó que, esos indicios, se fortalecen asimismo con la constatación de la atención médica recibida por el actor el mismo día del cotejo en el Hospital Central y con las testimoniales rendidas por Miguel Ángel Márquez y Luis Armando Rubén Jofré, quienes dieron muestras certeras de que el accionante se encontraba en la Tribuna parcial del Club Maipú, donde sufrió el daño, presuntivamente por la acción de una de las hinchadas.Concluyó diciendo que, en este marco, el actor goza de una presunción de causalidad que lo favorece, la cual no fue desvirtuada por la contraparte.-

Más adelante sostuvo que la Liga Mendocina de Fútbol, al ejercer el fomento y difusión de ese deporte, lo hace como “rector” de la disciplina y, a la vez, como “partícipe”, con facultades estatutarias de organización, contralor y disciplina, conforme surge de los estatutos incorporados en autos y del informe cursado por esa institución, mediante el que reconoció que controla los estadios, contrata policías y les paga para que contribuyan a la seguridad del evento deportivo. El pronunciante aseveró en mérito de todo ello que, no obstante la inexistencia de vínculo contractual con el damnificado, la entidad nombrada está legitimada y es responsable por la infracción del deber de seguridad a su cargo. Dijo también que las alegaciones de la codemandada, relativas a que las condiciones de seguridad estaban dadas para el encuentro, resultaron desvirtuadas por el informe policial que refleja que el partido tuvo que ser suspendido, frente a los violentos acontecimientos suscitados entre las hinchadas. Negó toda importancia a la alegación relativa a que el actor no habría ingresado al estadio de fútbol; especificó que, si se considerara que el suceso ocurrió en calle Castellani y San Martín (inmediaciones del club), la solución no debería variar a la luz de lo normado por el art. 1 de la Ley 24.192. Finalmente, consideró no probada la culpa de la víctima, sosteniendo que no se acreditó debidamente su estado de alcoholización; señaló que, de cualquier modo, una circunstancia de ese tipo carece de injerencia causal en la producción del resultado dañoso.El juez argumentó seguidamente en torno a la previsibilidad de situaciones como las que se presentaron a juzgamiento; señaló en consecuencia que, esos acontecimientos violentos y generadores de daños, obligan a los responsables a extremar los recaudos necesarios para reducir o aminorar los riesgos a que se ven expuestos quienes asisten a un estadio de futbol.

Consideró a su turno que Andes Talleres Sport Club, como entidad anfitriona del encuentro deportivo y locadora del estadio, comprometió también su responsabilidad en los términos de la Ley 24.192. Valoró que el estadio no se encontraba en condiciones para el desempeño de la justa deportiva, dado el estado de sus alambrados; ponderó igualmente que, el día anterior al partido, el encargado del Club había sido intimado a arbitrar los medios tendientes a limpiar escombros que existían sobre el costado Norte, lo que no se cumplió. Concluyó así en que -cuanto menos- hubo omisión de las diligencias debidas por parte de los directivos de la entidad, atendiendo a la naturaleza e importancia del espectáculo que en su estadio se debía realizar.

En mérito de todo lo anterior el juzgador admitió el reclamo por incapacidad por la suma de $ 75.000,00, con fundamento en la determinación pericial que asignó al actor una minusvalía parcial y permanente del orden del 45 %, en los datos personales de la víctima acreditados en el proceso y en lo resuelto en precedentes análogos. Finalmente, en concepto de daño moral, fijó prudencialmente la suma de $ 50.000,00, conforme las consideraciones que desarrolló.

II. A fs. 664/66 vta. el Club Deportivo Maipú y la Liga Mendocina de Fútbol, plantean sus agravios, solicitando la revocatoria del fallo, con costas, por los fundamentos que desarrollan.

Aducen que el juez erró al indemnizar a un barra brava, que nunca acreditó haber estado en el estadio y que participó, en estado de ebriedad, en la producción de su propio daño.Descalifican asimismo las testimoniales que el juez meritó, aduciendo que se trata de aportes parciales, provenientes de testigos “de oídas”, que son, como el actor, barras bravas, que además no vieron que el daño ocurriera en el estadio. Puntualizan que el juzgador omitió considerar que la entrada que aportó el accionante es de fecha posterior al siniestro y que no ponderó su estado de ebriedad, que quedó probado en la causa por vía de un instrumento público. Dicen que, de reconocerse una reparación al actor en este caso, se estaría convalidando la violencia en el fútbol.

Se quejan además de que no se haya tenido en cuenta que el accionante no acreditó que tuviera un trabajo o posibilidad de tenerlo y dicen que el mismo siempre cuidó autos en la plaza de Maipú. Resumen que la suma de la reparación acordada no guarda relación con el daño supuestamente sufrido, lo que tampoco ocurre con la indemnización reconocida en concepto de daño moral.

III. A fs. 671/72 se agrega el memorial de Andes Talleres Sport Club, que también solicita la revocación del pronunciamiento de grado, con costas.

Niega esta parte su participación en el evento estudiado, puntualizando que no organizó ni supervisó el mismo. Descarta que la responsabilidad que se le atribuye pueda tener sustento en lo establecido por el art. 1.113 del código civil y atribuye la causación del daño a la acción de los violentos que participan de espectáculos deportivos como espectadores. Descalifica también los aportes que provienen de la autoridad policial, diciendo que la misma sólo busca en el caso deslindar su responsabilidad. Concluye en que no está probado que hubiera piedras dentro del estadio o que las instalaciones no fuesen aptas para el desarrollo del partido.

IV. A fs.676/78 luce el memorial de la Asociación Atlética Huracán que persigue, al igual que sus litisconsortes, la revocación del pronunciamiento de primera instancia.Destaca a sus efectos la recurrente que no está probado que el hecho dañoso ocurriera dentro del estadio; que la entrada que exhibió el actor no forma parte de las que se vendieron para el evento; que el accionante estaba ebrio; que los testigos que el juez tomó en cuenta son parciales y “de oídas” y que, en todo caso, los mismos confirman que el menoscabo tuvo lugar fuera de la cancha. Asevera la apelante también que ninguna responsabilidad tuvo su parte en la organización del partido de fútbol ya mencionado, el que, además, contó con la seguridad que correspondía a dicho encuentro. Reprocha que se valoró mal en el grado constancias inconsistentes que no acreditan el daño; considera, por último, que el daño moral es excesivo.

V. La apelada, debidamente notificada, contesta, reclamando el rechazo de las pretensiones recursivas, con costas, por los fundamentos que desarrolla y que doy por reproducidos en honor a la brevedad.

VI. La solución.

Entrando en la consideración del caso recuerdo que el art. 137 del C.P.C. exige que la expresión de agravios puntualice de modo preciso y concreto las causales de nulidad del fallo apelado- si las hubiere- y los errores en la apreciación de las pruebas o en el derecho que en la sentencia se ha aplicado, con indicación de los considerandos impugnados, de los medios de prueba analizados y de las normas legales que el apelante considera mal aplicadas.

En la interpretación de ese dispositivo, este Cuerpo ha sostenido invariablemente que el contenido de la impugnación se vincula en estos casos con la carga que pesa sobre el recurrente en orden a motivar y fundar su queja; ese imperativo- ha dicho asimismo el Tribunal- implica señalar y demostrar los errores fácticos o jurídicos que tiene el pronunciamiento atacado y que lo convierten en un fallo contrario a derecho.También se ha insistido en numerosos precedentes en cuanto a que, la mera disconformidad o desacuerdo con la interpretación judicial que pudiera invocar el apelante, no conforma una expresión de agravios en el sentido técnico que la expresión involucra, si no va acompañada de una adecuada fundamentación que ponga de manifiesto el desacierto de la solución atacada; desde esa perspectiva se ha puntualizado incluso que no constituye expresión de agravios, en los términos de la norma precitada, la presentación que se limita a reiterar argumentos volcados en la demanda o en piezas procesales posteriormente incorporadas al proceso, que fueron, en su momento, valoradas y decididas por el sentenciante de grado (véase, entre otros: 13/09/2010, Expte. Nro. 42.422, “Martínez, Claudio I. c/ Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza y ots. p/ DYP”, LS177 – 159; 02/09/2009, Expte Nro. 39.827, “Vera, Mario Dante c/ Garis, Gustavo W. y Gob. de Mza. p/ d y p.” , LS 174 – 202; 01/02/2012, autos Nº 43.787/183.113, caratulados: “Garbin, Marianela c/ Sombra, Ricardo y ots. p/ daños y perjuicios”).

En su actual composición, este Tribunal ha seguido la misma línea al distinguir entre la función de “criticar” la sentencia recurrida, del mero “disentir” con sus conclusiones. En tal sentido, recientemente se ha reiterado la adhesión a la jurisprudencia que sostiene que la crítica constituye “.un ataque directo y pertinente de la fundamentación de la sentencia, procurando la demostración de los errores fácticos o jurídicos que pudiera contener el pronunciamiento, mientras que disentir es exponer meramente el desacuerdo con lo resuelto, lo que no tiene relevancia procesal si no se fundamenta la oposición, ni se dan las bases jurídicas que sustentan un distinto punto de vista “. Se ha sentado del mismo modo posición coincidente con la de los precedentes en los que se asevera que:”las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, el mero desacuerdo con lo resuelto o la acumulación de alegaciones meramente sumadas o añadidas, la simple reproducción o remisión a escritos anteriores de la causa, entre otras situaciones, no satisfacen las exigencias de las normas procesales”. Igualmente, se ha hecho eco esta alzada de la voz de quienes propugnan que: “Cuando un sujeto realiza el acto de disconformidad con una resolución judicial, que implica la interposición de un recurso, contrae la obligación procesal de dar al Tribunal que debe resolver el recurso, las razones de hecho y jurídicas que lo fundamentan. Si no lo hace deja de cumplir con la obligación (rectius-carga) procesal, se niega a contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la recta aplicación del derecho y debe ser considerado rebelde y sancionarse esa rebeldía con la deserción del recurso” (véase: CC1, 12/04/2013, Expte. nº 117.319/44.494, “Rivero, Jorge Elías c/ Cambio Santiago S.A. p/ rend. de cuentas” y jp. allí citada).

En no menos numerosos casos, empero, esta Cámara también ha hecho regir un criterio flexible que, ante la duda, procura evitar que el apego a interpretaciones en extremo rigurosas genere el riesgo de conculcación del derecho de defensa del apelante (con ese temperamento puede verse también: S.C.J.Mza., Sala I, 29/07/2.011, Expte. N° 100.943, “Fiscalía de Estado en J: 213.843/12.538, Daldi, José Luis c/ Coop. de Viv. y Urb. El Triángulo Ltda. p/ ejecución cambiaria s/ inc. cas.”).

A la luz de esos parámetros y constancias de autos, considero necesario efectuar una distinción. No abrigo duda con respecto a que las quejas de los demandados relativas a los rubros “incapacidad” y “daño moral” deben ser declaradas desiertas, dado que las mismas lucen lisa y llanamente vacías.En contraposición sin embargo sopeso que, si bien es dudoso que los memoriales contengan en lo atinente a la atribución de responsabilidad la crítica que exige el art. 137 del C.P.C., esa dubitación, precisamente, es lo que me impone evitar el simple trámite de declarar la deserción total de los recursos traídos a examen.

Efectivamente, en torno al tema-responsabilidad a cargo de los codemandados- noto que, en medida relevante, los memoriales reiteran argumentos que fueron puestos oportunamente a consideración del juzgador y dirimidos con solvencia por el mismo. En otra medida, los apelantes plasman cuestionamientos débiles, que resultan por ende ineficaces para desvirtuar el temperamento que adoptó el pronunciante, sea para valorar la prueba, sea para subsumir los hechos probados en el derecho aplicable. Esas objeciones- digo para mayor detalle- no sólo no tienen cabal asidero, sino que tampoco enervan la totalidad de los pilares decisivos del fallo traído a revisión. Es que, más allá de la razón o no que pudieran tener los quejosos en algunos de sus planteos- v.g. el atinente al valor probatorio de la entrada al evento que aportó el actor al proceso- lo cierto es que los mismos no se hacen debidamente cargo de que, el fundado, sólido y meticuloso pronunciamiento que reviso, transitó por todas las aristas que el conflicto sujeto a juzgamiento presenta y plasmó, como derivación razonada de lo anterior, una decisión justa que, desde cualquier punto de vista, merece ser confirmada.

Ampliaré, en lo sucesivo, las razones que fundan en mi ánimo la convicción que he anticipado.

El juez de primera instancia consideró que todos los demandados integrantes del consorcio pasivo están legitimados para contradecir en autos y obligados a responder, conforme un criterio de imputación objetivo, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1 y 51 de la ley 24.192 y por el art. 42 de la C.N.Ese modo de ver las cosas, se corresponde inexpugnablemente con lo que resulta de las constancias de autos y también con la doctrina y jurisprudencia que en igual sentido se pronuncia, particularmente a partir del sonado caso “Mosca” (en doctrina: Calvo Costa, Carlos, Responsabilidad del Organizador de espectáculos deportivos frente a los deportistas y frente al público concurrente en Revista de Derecho de Daños- Daño Deportivo- Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2010-2, págs. 279 y ss; Lovece, Graciela, Los daños deportivos y el deber de seguridad que alcanza a los organizadores de espectáculos en Revista de Derecho de daños, cit. pág.300. En torno a la legitimación pasiva también puede verse- si bien frente a otro tipo de supuesto-: S.C.J. Mza., 05/08/09, causa n°: 95.069 caratulada “Unión Vecinal Nueva California en j° 450.369/43.030 “Coria A. y ots. c/ Unión Vecinal Nueva California p/ daños y perjuicios s/ inc. cas” , LL Gran Cuyo 2009 (diciembre), 1062).

Nada de lo dicho por el juez en cuanto a la legitimación pasiva y el fundamento del deber de responder merece entonces reproche alguno, conforme constancias de marras.

En cuanto al campo temporo-espacial de la obligación a cargo de los sindicados como responsables, constato que el juzgador de grado hizo regir concretamente en el caso lo establecido por la normativa especial aplicable, en condiciones que, una vez más, sólo puedo compartir.

En efecto, tras comprobar la producción del hecho dañoso y sus consecuencias negativas en la salud de la víctim a, el “a- quo” analizó la posibilidad de que el evento nocivo haya tenido lugar en el interior del estadio o bien -como de algún modo lo sostienen los demandados- en sus inmediaciones, con motivo o en ocasión de llevarse a cabo el partido de fútbol que enfrentó a los equipos de Huracán Las Heras y Deportivo Maipú, el día 14 de noviembre de 2.004, en el Estadio de Andes Talleres Sport Club.La cuestión que señalé en último término tiene mayúscula importancia dado que, cuando los recurrentes cuestionan la valoración que se hizo en el grado con respecto a la prueba colectada- en especial, la testimonial- sólo se refieren a la definición que, en consecuencia, estableció que el hecho ocurrió en el interior del estadio. Soslayan sin embargo los quejosos la segunda alternativa que se barajó en la sentencia y que permite, a la luz de la legislación, doctrina y jurisprudencia aplicables, llegar a idéntica solución (Calvo Costa, cit., pág. 279; Lovece, Graciela, cit. págs.301/06).

Sin perjuicio de lo anterior, a todo evento diré que tampoco visualizo una crítica certera relativa al ejercicio por parte del juzgador de las amplias facultades que le confiere el ordenamiento en orden a la valoración de la prueba (Palacio Lino E., Derecho Procesal Civil, Abeledo- Perrot, Bs. As., 1.972, T. IV, p.411/15. En el orden local: Guillén, Orlando, comentario al art. 207 del C.P.C. en Código Procesal Civil de Mendoza, Coord. Gianella, La Ley, Bs. As., 2.009, T. II, págs. 435/36).

No soslayo en torno al punto que las reglas de la sana crítica que rigen en el proceso civil para la apreciación de la generalidad de las pruebas, también tienen peso específico en lo concerniente a las testimoniales. Bajo el imperio de esas directrices, lo que el juez debe determinar en casos de este tipo es si el testigo dijo la verdad y si pueden juzgarse probados los hechos sobre los que depuso, lo que le impone verificar la existencia -o no- de cualquier circunstancia que “permita presumir parcialidad” en las declaraciones incorporadas al proceso (art. 199 ap. III, C.P.C.; en doctrina: Palacio, cit, págs. 450 y ss.; Boulin, Alejandro, comentario al art. 194 del C.P.C. en Código Procesal Civil de Mendoza, cit. T. II, págs.328 y ss).

En el caso, la pretendida parcialidad que invocan los recurrentes no puede inferirse de manera alguna y mucho menos fundarse en un mero prejuicio subjetivo, como lo es el relativo a que, los testigos traídos a declarar al proceso, son barras bravas. Aclaraciones mediante sostengo que, las declaraciones que contribuyeron a fundar convicción en el juez de grado, tienen idéntico valor para mí. En tal sentido, constato la solidez y coherencia interna de las testimoniales cuestionadas y su compatibilidad con los restantes elementos de juicio incorporados a la causa que dan cuenta de los disturbios que se suscitaron en el día y lugar ya señalados, de la presencia del actor en el escenario donde esos hechos tuvieron lugar y, finalmente, de las injustas consecuencias dañosas que, por acción de la violencia imperante, la víctima sufrió.

Con respecto al cuestionamiento que hace foco en que se está en algún punto frente a “testimonios de segundo grado” o “de referencia”, debo decir que, si bien por regla general la jurisprudencia y la doctrina privan de valor a ese tipo de aportes- limitando su eficacia a la comprobación de hechos remotos o de aquellos que, por su índole, no han podido trascender del conocimiento de un reducido núcleo de personas- las mismas fuentes no dejan de reconocer que el juez puede y debe otorgar valor a los dichos de ese tipo, cuando concurren otros elementos de convicción demostrativos de la exactitud de las referencias en que los testigos basan sus declaraciones. Por ello, en respuesta a las objeciones que sobre el particular se plantean en la alzada diré- con el auxilio de un reputado autor- que: “el testigo de auditu debe valorarse conforme a la casuística, no desdeñarse in limine, sino someterlo también a las reglas de la sana crítica” (Chiappini, Julio, Revalorización del testigo de auditu, Lexis nexis n° 0003/012394, JA 2006-I-977. Con criterio concordante: Boulin, Alejandro, cit. T. II, pág.327/28). Eso fue, sin duda, lo que hizo el juez de grado en el caso.Otro de los pilares definitorios del fallo que la fundamentación recursiva deja incólume, se relaciona con la valoración de las eximentes que efectuó quien me precedió en el juzgamiento.

Sobre el particular advierto por empezar que en ningún momento discuten los quejosos la premisa que sentó el pronunciante de primera instancia en cuanto a que, a la luz del sistema establecido por la ley especial y normas protectorias de consumidores y usuarios, la presunción de responsabilidad que beneficia a la víctima debió ser desvirtuada clara y categóricamente por los sindicados como responsables, lo que en autos no aconteció. Subrayo además que, los apelantes, no cuestionan siquiera lo que dijo el juez en cuanto a la previsibilidad que tiene en nuestro medio la producción de sucesos del tipo de los que pone en evidencia la causa.

Lo que dije en último término me parece altamente relevante dado que, cualquiera sea la postura que se adopte con respecto a las eximentes en el marco de la ley 24.192, lo que nadie puede discutir es que, la imprudencia- o temeridad, incluso- de los asistentes a este tipo de espectáculos deportivos, constituye una realidad potencialmente dañosa, que resulta no sólo previsible, sino incluso evitable para quienes tienen a su cargo la responsabilidad de tomar medidas de prevención idóneas, sea para impedir la producción de daños, sea, al menos, para mitigar los efectos de los mismos (Lovece, cit. págs. 305/06. En jurisprudencia véase, con criterio coincidente: S.C.J. Mza., 5/11/04, Expte. Nro. 78.875, “Club Sportivo Independiente Rivadavia en J: 109.221, Vilches, Miguel c/ Club Sportivo Independiente Rivadavia p/ d y p. s/ Cas.”, LS 343-078; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala J, 20/04/2010, “Seisdedos, Rodrigo Enrique c. Asociación del Fútbol Argentino y otros” , La Ley Online, cita online:AR/JUR/17799/2010).

Más allá de todo lo ya señalado y dado que los demandados insisten en invocar como circunstancias eximentes el pretendido estado de ebriedad o bien la calidad de barra brava del accionante, a todo evento diré que una vez más los recurrentes olvidan que el juez consideró que no está probado que el actor se encontrara alcoholizado al recibir la agresión, pero también ponderó que, en cualquier otro caso, una circunstancia de ese tipo no es de por sí óbice para reconocer a la víctima el resarcimiento que le corresponde. Nada de eso, reitero, ha sido contrarrestado por los apelantes, que, incluso, con razones altamente discutibles y que chocan contra la noción de causalidad adecuada, en algunos casos parecen querer decir que, una persona, si está alcoholizada cuando es víctima de un daño, sólo por eso no merece ser indemnizada. Por último- pero no menos importante- sostengo que, la intervención del actor en los hechos de violencia que se desprenden de estos autos, es otra circunstancia no acreditada en estos obrados.

Con todo lo previamente expuesto, en definitiva, cierro el círculo de razones que me persuaden de propiciar el rechazo de los recursos tratados. En consecuencia, en cuanto a la primera cuestión propuesta, voto por la afirmativa.

Así voto.

Las doctoras Isuani y Orbelli adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión propuesta la doctora Silvina Miquel dijo:

Las costas deben ser soportadas por las apelantes vencidas (art. 36 inc. I C.P.C.).

Así voto.

Las doctoras Isuani y Orbelli adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

Con lo que se dio por concluido el presente acuerdo dictándose sentencia la que en su parte resolutiva dispone:

SENTENCIA.

Mendoza, febrero 11 de 2.014.

Y VISTOS: lo que resulta del acuerdo precedente el TRIBUNAL RESUELVE:

1. Desestimar los recursos de apelación interpuestos por las demandadas contra la sentencia de fojas 613/621, que en consecuencia se confirma.

2. Las costas de la alzada deberán ser soportadas por las apelantes vencidas.

3. Regular los honorarios profesionales de los Dres. Rodolfo Alejandro Suárez, Betsabé Rodríguez Britos, Alejandro F. Jofré, Fernando H. Ogando, Rodolfo E. Menéndez y Norberto Parma en las sumas respectivas de PESOS . ($.); PESOS . ($.); PESOS . ($.); PESOS . ($.); PESOS . ($.) y PESOS . ($.) sin perjuicio de los complementarios que puedan corresponder (Arts. 13, 15 y 31 L.A.).

Notifíquese. Bajen.

Silvina Miquel. Juez de Cámara.

Marina Isuani. Juez de Cámara.

Alejandra M. Orbelli. Juez de Cámara.

  1. Reblogueó esto en Microjuris – Puerto Ricoy comentado:

    Responsabilidad del club de fútbol por daños sufridos, lesionado por un hincha mientras estaba en el estadio mirando un partido

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