En caso de acciones acumuladas, las costas se imponen de acuerdo a los respectivos vencimientos de las partes

Pesos argentinos 2Partes: Centurión Miguel del Santo c/ Arce Zulema s/ Cobro de créditos laborales

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 4-dic-2013

Cita: MJ-JU-M-83852-AR | MJJ83852

Cuando existen acciones acumuladas, las costas deben imponerse de acuerdo a los respectivos vencimientos de las partes en cada una de las acciones.

Sumario:

1.-Debe revocarse la sentencia en cuanto impuso la totalidad de las costas a la parte demandada, pues si bien se declararon procedentes los reclamos actorales por cobro de algunos rubros salariales, se desestimaron las pretensiones que integraron la acción deducida en cuanto a las indemnizaciones por antigüedad, integración del mes de despido y preaviso, por lo que correspondía imponer las costas de acuerdo al éxito de cada una de las acciones acumuladas.

2.-Resulta improcedente discriminar o desacumular la queja vinculada al pago que establece el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo ante la falta de entrega del certificado de trabajo, en tanto la causa fuente ha sido el despido y guarda estrecha conexidad con el objeto de reclamo, y las obligaciones y deberes de las partes que la normativa específica ha establecido como modo de ajustar la conducta de una de las partes al momento de extinguir el contrato.

3.-La naturaleza de la acción entablada hace que las garantías de acceso a la justicia, defensa y tutela judicial continua y efectiva deban ser interpretadas a la luz de la protección que específicamente el legislador constitucional ha querido establecer para la materia, y que encuentra amparo a través del art. 14 bis de la Constitución nacional y 39 de la Carta Magna provincial.

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a 4 de diciembre de 2013, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, Genoud, Negri, Pettigiani, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 111.996, «Centurión, Miguel del Santo contra Arce, Zulema. Cobro de créditos laborales».

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo Nº 5 del Departamento Judicial Lomas de Zamora hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, con costas a la parte demandada (fs. 153/167 vta.).

Esta última dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 175/180), concedido por el citado tribunal a fs. 205/206 vta.

Dictada a fs. 220 la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

I. El tribunal del trabajo interviniente desestimó la demanda promovida por Miguel del Santo Centurión -acción continuada por sus hijas Analía Verónica Centurión y Claudia Marcela Centurión, luego de su fallecimiento- contra Zulema Arce en concepto de indemnización por antigüedad, integración del mes de despido y preaviso.

Por el contrario, hizo lugar a la demanda en concepto de sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales del año 2001, salarios correspondientes al mes de marzo de ese año y sanciones previstas en los arts. 80 y 132 bis (conf. arts. 45 y 43 de la ley 25.345, respectivamente; fs. 153/167 vta.).

II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que plantea los siguientes agravios (fs. 175/180).

a.En primer lugar, cuestiona que Analía Verónica Centurión y Claudia Marcela Centurión no hubieran acreditado debidamente -como, afirma, era su carga- su carácter de derechohabientes respecto del señor Miguel del Santo Centurión en los términos del art. 53 de la ley 24.241, expresando en ese sentido que la sentencia no es una derivación razonada de las constancias de la causa, pues las mencionadas no demostraron la inexistencia de personas con derecho de prelación ni estar contenidas en la enumeración del art. 53.

Refiere, además, que se omitió oportunamente la agregación en autos de la declaratoria que legitime a las accionantes a percibir el monto de condena en su calidad de herederas del causante.

b. Seguidamente cuestiona la declarada procedencia de la sanción prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (art. 43 de la ley 25.345). En ese orden, afirma que el a quo incurrió en absurdo porque, contrariamente a lo que evaluó el tribunal, no existen en la causa constancias tendientes a acreditar que la parte demandada hubiera retenido aportes del trabajador destinados a los organismos de la seguridad social y que aquéllos no hubieran sido depositados en forma previa a la extinción de la relación laboral.

c. Asimismo, controvierte la procedencia de la indemnización establecida en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (art. 45 de la ley 25.345).

Sostiene que el tribunal aplicó erróneamente el art. 505 del Código Civil. En tal sentido, afirma que la entrega del certificado de trabajo constituye una obligación de hacer y habiendo ordenado el a quo su cumplimiento in natura por medios coactivos, fijando una posible sanción de astreintes, aplicó el art. 505 -inc. 1- del Código Civil. Por otro lado, ordenó también el pago de la indemnización reparadora del incumplimiento, la cual se encuentra reglamentada por el art. 45 de la ley 25.345, es decir, a su juicio, hizo aplicación de la manda contenida en el art. 505 inc.3.

Alega que de un solo hecho generador de la obligación (la falta de entrega del certificado), el actor obtendrá una doble reparación: el cumplimiento in natura y el pago de los daños y perjuicios, ocasionando un enriquecimiento sin causa en cabeza del accionante.

Añade que la sustitución del cumplimiento por el pago de una indemnización reparadora reviste carácter excepcional y sólo resulta procedente cuando el cumplimiento in natura resulta imposible, situación afirma- que no se verifica en el caso de autos.

Además, considera que se incurrió en una absurda valoración de las constancias de la causa, puesto que, en su opinión, no ha quedado demostrado que el actor hubiera notificado en forma fehaciente y por el plazo de ley a su parte a los fines de obtener el certificado de trabajo peticionado.

d. En otro orden, dirige su embate contra la decisión recaída en materia de costas y denuncia la errónea aplicación del art. 19 de la ley 11.653. En tal sentido, cuestiona que la totalidad de las costas se hayan impuesto a su parte por resultar vencida, cuando, en realidad, se trata de una situación de vencimiento mutuo.

Puntualmente, alega que, por un lado, se rechazaron los siguientes rubros reclamados en la demanda: indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso e integración del mes de despido; del otro, se declararon procedentes el pago del sueldo anual complementario y vacaciones correspondientes al año 2001, salario del mes de marzo de ese año y las sanciones previstas en los arts. 80 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Frente a esta circunstancia, sostiene, resulta indudable que se configura el supuesto de vencimiento mutuo establecido en el art. 19 de la ley 11.653 y, por lo tanto, habiendo prosperado parcialmente la demanda correspondía que las costas sean soportadas por la accionada con relación a los rubros que prosperaron y por la parte actora respecto de aquéllos que resultaron desestimados, contrariamente a lo decidido por el tribunal a quo.

e.Por último, objeta la condena al pago de los honorarios del experto contador a cargo de su parte. Señala el recurrente que oportunamente se opuso a la producción de la prueba pericial contable por no resultar necesaria, a su criterio, para la solución del litigio en razón de los demás elementos de juicio que constaban en el expediente. Añade que si bien dicha oposición fue desestimada por el tribunal por imperio del principio de amplitud probatoria, las costas y honorarios generados debían estar a cargo exclusivamente de la parte actora que peticionó su producción.

III. El recurso prospera parcialmente.

1. En lo que interesa, el tribunal de origen juzgó acreditado que el actor señor Miguel del Santo Centurión se desempeñó bajo las órdenes y subordinación de la demandada señora Zulema Arce en la categoría de maestro de pala en el comercio de panadería propiedad de esta última desde el 1° de enero de 1986, hasta su distracto producido el día 13 de marzo de 2001, fecha en la cual el actor denunció injustificadamente el contrato de trabajo.

En lo relativo a la extinción, declaró que el actor no había dado cumplimiento a la intimación que le cursara el empleador a efectos de que se presentara a trabajar en su horario habitual y justificara asimismo sus inasistencias; antes bien, en forma intempestiva se consideró despedido sin invocación de causa, conducta que sostuvo- no se ajustó a derecho al no haber cumplido el trabajador con las obligaciones atinentes a conservar la fuente de trabajo.

En consecuencia, rechazó la demanda -en lo principal- en procura del cobro de indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido.

Por el contrario, la declaró procedente en cuanto perseguía el cobro del sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales de 2001 y el salario correspondiente al mes de marzo de ese año, por encontrarse impagos.

En otro orden, señaló que correspondía hacer lugar a la multa establecida en el art.80 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. art. 45 de la ley 25.345), puesto que el actor había intimado fehacientemente a su empleadora a la entrega de las certificaciones allí previstas, conforme lo dispone el art. 3 del decreto 146/2001, sin que dicha entrega se verificara.

Asimismo, estimó acreditado que, habiendo sido debidamente intimada por Centurión, la demandada no había efectivizado el depósito de los aportes previsionales que retuvo de las remuneraciones mensuales abonadas al trabajador durante el período comprendido entre junio de 2000 y marzo de 2001, juzgando configurada -en consecuencia- la situación prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (conf. ley 25.345) para declarar procedente la aplicación de la sanción conminatoria mensual allí establecida a favor del trabajador.

2.a. En cuanto al primero de los agravios enunciados, debo señalar que el remedio deducido no es idóneo para derribar lo decidido en la instancia de grado, atento su manifiesta insuficiencia.

En ese orden, cabe resaltar en primer lugar que el quejoso ha prescindido de la invocación de los preceptos legales que den sustento al planteo con relación a la legitimación de las hijas del trabajador fallecido que somete a consideración de esta Corte, pues la única norma denunciada como infringida por el a quo -a saber, el art. 53 de la ley 24.241- luce apartada de los fundamentos de la decisión de los magistrados de grado.

En este sentido, ha declarado esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que carece de la indispensable denuncia de infracción de las normas relativas a los agravios que expone, exigencia esta de insoslayable cumplimiento, de conformidad con las prescripciones establecidas por la norma del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, pues la Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la prescindencia de citas normativas que debió efectuar el interesado (conf. causa L. 96.483, «Amado», sent.del 7-X-2009).

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, cabe recordar, en lo que resulta de interés, que ante el fallecimiento del actor Miguel del Santo Centurión se presentaron en la causa sus hijas Analía Verónica Centurión y Claudia Marcela Centurión como sus únicas herederas, denunciando la inexistencia de bienes registrables y de otros herederos del causante y el juzgador las tuvo por presentadas en el carácter invocado (v. fs. 147).

Dicha conclusión no ha merecido en aquella oportunidad reproche alguno por parte del recurrente ni tampoco en la audiencia de vista de la causa a la que concurrieron ambas partes (v. acta, fs. 152), resultando, en consecuencia, extemporáneo el cuestionamiento que se formula en esta instancia extraordinaria, toda vez que el interesado omitió plantear el debate aquí traído en la etapa procesal oportuna.

Por ello, en cuanto trae a consideración una decisión firme y consentida, el pretenso agravio queda marginado de la competencia revisora extraordinaria de este Tribunal.

b. Tampoco merece favorable recepción el planteo vinculado a la sanción conminatoria contemplada en el art. 132 bis de la ley 20.744 impuesta en la instancia ordinaria.

El impugnante invoca absurdo en la apreciación de las constancias de la causa, sin embargo, no logra demostrarlo, pues sostiene dogmáticamente que no se encuentran glosadas en autos las necesarias para la procedencia de la multa cuestionada, omitiendo efectuar una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias de la sentencia impugnada (conf. causas L. 102.343, «Laguzzi» , sent. del 8-IX-2010; L. 79.120, «Mansilla», sent. del 16-VIII-2006).

En tal sentido, debe repararse que el órgano de grado juzgó acreditado que la demandada había retenido los importes correspondientes a los aportes previsionales y no había efectuado el depósito de tales sumas durante los períodos 6/2000, 7/2000, 8/2000, 9/2000 y 10/2000 al 3/2001 conforme resolución de la A.F.I.P. obrante a fs.19/20 y que la parte actora le había cursado la intimación a la accionada en los términos del art. 1 del decreto 146/2001 (v. vered., fs. 155 vta. y 157 vta.; sent., fs. 163). De esa forma entendió configurados los presupuestos exigidos por el art. 132 bis de la ley 20.744 (conf. ley 25.345) y aplicó la sanción allí establecida.

En definitiva, la conclusión esencial de este tramo del fallo no logra ser desvirtuada por el recurrente quien, como se adelantara, demostró la anomalía invocada. Por el contrario, se limita a postular la ausencia de elementos de juicio para que el tribunal decidiera de la forma en que lo hizo, silenciando toda referencia a aspectos centrales del análisis que desplegó el sentenciante, como lo es la apreciación que efectuó de los datos surgidos de la resolución de la A.F.I.P. de fs. 19/20.

c. Con relación a la pretensión vinculada al pago de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificada por el art. 45 de la ley 25.345, de forma preliminar he de formular algunas consideraciones respecto de la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (específicamente en cuanto al valor del litigio).

Como he hecho referencia, entre otras, en las causas L. 108.498, «Carabajal» , sent. del 22-V-2013; L. 97.982, «Santisteban», sent. del 30-III-2011, a fin de examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (valor del litigio), entendí necesario el análisis de la normativa vigente y así determinar si resulta pasible de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de recurso, en una acumulación objetiva de pretensiones, como la de autos. Así:

La Constitución provincial, en su art. 161 inc. 3° ap.»a», atribuye a esta Corte la facultad de conocer y resolver en grado de apelación, «. de la aplicabilidad de ley en que los tribunales de justicia en última instancia, funden su sentencia sobre la cuestión que por ella deciden, con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan.».

Por su parte, el art. 55 de la ley 11.653, aplicable a la materia, establece que: «Contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales, sólo podrán interponerse los recursos extraordinarios previstos en la Constitución de la Provincia. El de inaplicabilidad de ley sólo será concedido cuando el valor de lo cuestionado ante la instancia extraordinaria exceda, respecto de cada actor, la suma fijada por el Código Procesal Civil y Comercial.» (lo destacado me pertenece).

El art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, vigente a la fecha de interposición del recurso (v. fs. 175/180), expresa que podrá accederse a la instancia extraordinaria cuando el valor del litigio exceda de $ 25.000.

El art. 15 de la ley 11.653, al habilitar la acumulación objetiva de pretensiones, expresa que: el demandante podrá acumular todas las acciones que tengan contra una parte, siempre que sean de la competencia del mismo tribunal, no sean excluyentes y puedan sustanciarse por los mismos trámites.

Es doctrina de esta Corte que resulta menester interpretar las normas involucradas en forma coordinada con el espíritu que guía a la Constitución provincial que consagra las garantías de acceso a la justicia, defensa y tutela judicial continua y efectiva (conf. art. 15, Const. prov.), debiendo estarse así a favor de la admisibilidad del recurso (conf. causa, Ac. 91.330, «Silvestrini», resol. del 3-XI-2004).

De tal modo, la naturaleza de la acción entablada, hace que las garantías mencionadas -acceso a la justicia, defensa y tutela judicial continua y efectiva- deban ser interpretadas a la luz de la protección que específicamente el legislador constitucional ha querido establecer para la materia y que encuentra amparo a través del art.14 bis de la Constitución nacional y 39 de la Carta Magna provincial.

A lo expresado, en el caso que nos ocupa, debe adicionarse el contexto donde está inserta la sanción que el legislador impone ante la falta de entrega del certificado de trabajo en el plazo establecido (art. 80 de la L.C.T., t.o. ley 25.345); Capítulo VII «De los derechos y deberes de las partes» . «Deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la seguridad social. Certificado de trabajo». El artículo, en su parte pertinente, refiere que: «Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo . Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previsto respectivamente en los aps. segundo y tercero de este artículo . será sancionado con una indemnización a favor de este último.».

El contenido de la norma es imperativo, la conducta -obligación impuesta al empleador al momento de extinguirse el vínculo (causa-fuente), guarda expresa conexidad con los rubros que fueron motivo de la presente causa.

Por las razones dadas y la normativa analizada no encuentro razones que justifiquen discriminar o desacumular la queja vinculada al pago que establece el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo ante la falta de entrega del certificado de trabajo, en tanto la causa fuente ha sido el despido y guarda estrecha conexidad con el objeto de reclamo, y las obligaciones y deberes de las partes que la normativa específica ha establecido como modo de ajustar la conducta de una de las partes al momento de extinguir el contrato (art. 63, L.C.T.).

Siendo dicha decisión minoritaria, y puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es no sólo mantener sino -y especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art.31 bis de la ley 5827 (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), he de analizar el agravio vinculado al art. 80 de la ley citada, en atención al monto de condena por tal concepto, a través del excepcional conducto que prevé el art. 55 primer párrafo, in fine- de la ley 11.653.

En ese contexto, la crítica no resulta atendible en razón de que no se ha denunciado al respecto vulneración de doctrina legal alguna, presupuesto esencial para pretender la revisión de lo resuelto en el marco excepcional señalado (conf. causas L. 111.356, «Ifran», sent. del 29-VIII-2012; L. 97.349, «Juárez», sent. del 27-VI-2012).

d. En cambio, considero que le asiste razón al recurrente en cuanto censura el modo en que fueron impuestas las costas del proceso.

De modo liminar, cabe puntualizar que los tribunales de grado tienen amplias facultades en la aplicación, regulación y distribución de las costas y su decisión en la materia no es -por regla- susceptible de revisión ante la instancia extraordinaria. Un nuevo examen sólo es admisible si se demuestra que ha mediado un irracional o irrazonable análisis de las circunstancias de la causa que conduzca a alterar burdamente el carácter de vencido o a establecer una iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (conf. causa L. 87.366, «Souto», sent. del 4-VII-2007).

Me permito anticipar que en la especie concurre tal supuesto excepcional que habilita la revisión del pronunciamiento impugnado, pues, en efecto, como acertadamente lo pone de manifiesto el recurrente, lo decidido por el sentenciante quebranta la norma del art. 19 de la ley 11.653 -aplicada por el juzgador para fundar este aspecto del fallo, fs. 164 vta.- que prescribe, en su tercer párrafo, que: «en caso de acumulación de acciones, las costas se impondrán en relación al éxito o fracaso de cada una de ellas».

En su cometido, el sentenciante impuso la totalidad de las costas a la parte demandada -dijo- por resultar vencida (sent., fs.167). Sin embargo, no contempló que si bien se declararon procedentes los reclamos actorales por cobro del sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales de 2001, el salario correspondiente al mes de marzo de ese año y las multas previstas en los arts. 80 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 166 y vta.) -con relación a estas dos últimas en conclusión que no ha podido ser revertida por el recurrente-, se desestimaron las pretensiones que integraron la acción deducida en cuanto a las indemnizaciones por antigüedad, integración del mes de despido y preaviso (v. fs. 166).

En el caso, como es evidente, nos encontramos frente a la circunstancia prevista por el art. 19 de la ley ritual para el caso de vencimiento parcial y mutuo, supuesto este en que el a quo debió imponer las costas en proporción al éxito obtenido por cada parte y no lo hizo, pues, como también lo ha declarado esta Corte, el criterio de imponer al actor las costas que corresponden a los rubros desestimados y al demandado, en cambio, las relativas a los que se declaran procedentes, se ajusta al principio establecido en el precepto citado sobre distribución de costas en los casos en que media acumulación de acciones (conf. causas L. 102.202, «Cattanio», sent. del 18-V-2011; L. 41.990, «Mochetti», sent. del 3-IV-1990; L. 33.968, «Seoane», sent. del 7-V-1985).

Por las razones expuestas, la sentencia de origen en este aspecto debe revocarse y disponerse que las costas de la instancia ordinaria se apliquen a la demandada por los rubros admitidos y a la actora por los desestimados (art. 19, ley 11.653).

e. Finalmente, resulta inatendible el cuestionamiento relativo al pago de los honorarios del perito contador desde que el quejoso soslaya individualizar los preceptos normativos que, presuntamente y con relación al agravio que expone, se habrían transgredido en el pronunciamiento.

Por lo demás, no mejora la suerte de la postulación la invocada infracción del art.482 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que esta norma resulta ajena al planteo del impugnante.

Al respecto, cabe recordar que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que carece de la indispensable denuncia de infracción de las normas vinculadas con los agravios que expone, exigencia esta de insoslayable cumplimiento de conformidad con las prescripciones establecidas por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, no pudiendo esta Corte suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse por la parte interesada para sustentar la impugnación (conf. causas L. 101.057, «García», sent. del 13-VII-2011; L. 98.578, «Lanzillota» , sent. del 28-X-2009).

IV. Por todo lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe prosperar parcialmente con el alcance indicado en el punto III apartado 2.d. Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que adecue su pronunciamiento respecto de la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes a lo que aquí se ha resuelto en materia de costas.

Costas de esta instancia por su orden (art. 289, C.P.C.C.).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. A excepción de lo expuesto en el apartado III.2.c., habré de adherir al voto emitido por mi distinguida colega doctora Kogan.

El agravio por el que se impugna la condena dispuesta en la sentencia de grado al pago de la sanción pecuniaria contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (según art. 45 de la ley 25.345) exige verificar la concurrencia al respecto de los recaudos de admisibilidad del recurso en lo tocante al valor de lo cuestionado.

1. Conforme lo señalado por este Tribunal -entre otros- en los precedentes L. 90.653, «Valdebenito» (sent. de 26-VIII-2009) y L. 86.645, «Barroso» (sent.de 21-V-2008), frente a lo resuelto por el tribunal de grado en el marco de varias pretensiones deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), es posible constatar que respecto de una de ellas, precisamente, aquélla vinculada con la mentada sanción prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, el cuestionamiento -no relacionado con los restantes aquí traídos- no logra alcanzar el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.

Luego, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55 -primer párrafo, in fine- de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha determinado una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (conf. causas L. 98.777, «Trujillo», sent. de 21-III-2012; L. 94.368, «Casella», sent. de 18-VIII-2010; L. 93.096, «Mañay», sent. de 3-VI-2009).

2. Bajo el contexto de análisis expuesto, el recurso en esta parcela es inadmisible. Como sostiene la colega ponente, el impugnante en su profuso discurrir omite la necesaria denuncia de violación de doctrina legal que pueda tornar operativa la excepción prevista en el citado art. 55 de la ley adjetiva laboral local.

II. Sentado ello, el recurso ha de prosperar en los términos señalados en el ap.IV de la opinión inaugural.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Genoud, Negri y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada en lo concerniente a la adjudicación del cargo de las costas de la instancia ordinaria, las que se imponen a la demandada respecto de los reclamos que prosperaron; y al actor, en cambio -si bien con el beneficio previsto en el art. 22 de la ley 11.653-, las que corresponden por las pretensiones desestimadas. Las de esta instancia se distribuyen por su orden en atención al progreso parcial del recurso (arts. 19, ley cit.; 289 C.P.C.C.).

Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que adecue su pronunciamiento a lo que aquí se ha resuelto y regule nuevamente los honorarios de los profesionales intervinientes.

Regístrese y notifíquese.

Hector Negri

Daniel Fernando Soria

Luis Esteban Genoud

Hilda Kogan

Eduardo Julio Pettigiani

Guillermo Luis Comadira – Secretario

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