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ART responde por el cuadro de ansiedad y depresión de la actora a raíz de amenazas e insultos propinados por sus compañeros

shutterstock_110115191Partes: Malla Miriam Antonia c/ Prevencion ART S.A. s/ enfermedad accidente

Tribunal: Cámara del Trabajo de Mendoza

Sala/Juzgado: III

Fecha: 26-dic-2013

Cita: MJ-JU-M-83664-AR | MJJ83664

Responsabilidad de la ART por el cuadro de ansiedad y depresión de la actora a raíz de las amenazas e insultos sufridos por parte de otros compañeros.

Sumario:

1.-Corresponde condenar a la ART y obligar a esta a resarcir la incapacidad psíquica sufrida por la trabajadora, pues surge probado que ésta ingresó sana, y que prestando servicios -entre los cuales se incluye informes respecto de las tareas de la cocinera del lugar- los integrantes del gremio fueron a buscarla para agredirla, insultarla y amenazarla por perseguir a otra compañera.

2.-Si bien la pericia psiquiátrica indica que la patología es producto de la personalidad de la actora, el informe psicológico indica que existe una personalidad de base que puede o no manifestarse y que en el caso se ha manifestado por las condiciones del entorno, lo que es coincidente con que la actora ingresó sin antecedentes de enfermedad; por tanto, acreditadas las amenazas y condiciones que sufrió la actora, adquiere valor probatorio el informe psicológico y la contestación de las observaciones, en cuanto a la relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y las dolencias.

3.-Una enfermedad del trabajo es aquella que aún cuando específicamente no sea laboral, puede ser provocada, agravada o disparada de su estado latente por las condiciones en que el trabajo se dispone para trabajador; de hecho se puede advertir que en el listado de enfermedades que acompaña la LRT se incluyen gran cantidad de enfermedades que pueden -válidamente – ser adquiridas fuera del ámbito del trabajo.

4.-Debe desestimarse el planteo de inconstitucionalidad de la ley 24557 realizado por la demandada, pues más allá de las afirmaciones y comentarios sobre distintos aspectos de la norma, no se advierte cómo las referidas normativas afectan el derecho de defensa, impiden el ingreso al reclamo; por qué la dolencia del actor no se encuentra protegida, y cómo en el caso se vulnera el derecho de igualdad.

Fallo:

En la Ciudad de Mendoza, a veintiséis días del mes de Diciembre de 2013, reunidos en su Sala de Acuerdos los Sres. Jueces de la Excma. Tercera Cámara del Trabajo, Dres. Enrique H. Catapano, Inés Rauek de Yanzón y Mónica A. Arroyo, trajeron a deliberación para sentencia definitiva los autos Nº 43.918 caratulados «MALLA MIRIAM ANTONIA C/ PREVENCION ART SA P/ ENFERMEDAD ACCIDENTE» de cuyas constancias,

RESULTA:

I) Que a fs. 41/51 comparece la Sra. MIRIAM ANTONIA MALLA por intermedio de apoderado y formula demanda contra PREVENCION ART S.A. por el cobro de la suma de $69.511 en concepto de prestaciones dinerarias de pago mensual por incapacidad laboral temporaria y de indemnización por incapacidad laboral permanente, derivada de la enfermedad profesional conforme la ley 24.557 y o lo que en mas o menos resulte de la prueba a rendirse, con mas intereses.

Expresa que comenzó a prestar funciones en la Dirección Provincial del Menor en el año 1984, en diversas tareas hasta que en el año 2003 paso a formar parte del Departamento de Salud de la D.I.N.A.D.Y.F. a cargo del Dr. De Rosas lugar donde se desempeña hasta el dia de la fecha.

Que a partir del año 2007 cumple funciones coordinando todos los servicios entre ellos la organización y control de todo el servicio de cocina del micro hospital. Que empieza a tener inconvenientes con el personal a su cargo, en especial con el del servicio de cocina, y la cocinera que cumplía funciones en el horario matutino, Jorgelina Luna, que es delegada del gremio ATE y abandonaba el servicio dejando los pacientes sin la comida preparada ante cualquier asamblea, paro o reunión. Que comenzó a informar a los superiores de tales anomalías, lo que provoco que la situación fuera empeorando.

Que el detonante ocurrió el día 26/7/2010 en que se realizo una asamblea en el patio de la dirección, en la que formaron parte los delegados de ATE, entre los que estaba la Sra.Luna, que luego de la reunión, los delegados deciden salir a escarchar o atacar a todos aquellos que según ellos los molestaban y perseguían. Que trataron de buscar a la actora que se encontraba en dependencias externas sacando fotocopias. Que la actora recibió un mensaje de texto de una compañera avisándole que la estaban buscando y que se escondiera. Que cuando estaba en el archivo, la gente de ATE se dirigió hacia allí y la comenzó a insultar, amenazar, amedrentar y patear las puertas. Que la actora logro llamar por teléfono del jefe del área quien se hizo presente y logro apaciguar los ánimos.

Que radico la denuncia administrativa ante la Asesoría Letrada de DINAF y ante la Oficina Fiscal n° 4 Unidad Fiscal n° 2 de Godoy Cruz.

Que los momentos vividos le provocaron situaciones estresantes, llantos, presiones, miedos, imposibilidad de conciliar el sueño, por lo que fue derivada al Hospital El Carmen a tratamiento psicológico y psiquiátrico con pedidos de licencia por enfermedad. Que el trabajo se convirtió en un ambiente hostil. Que los padecimientos psicológicos y psiquiátricos que derivaron se debieron únicamente a los malos tratos verbales, experiencias traumáticas, acoso moral, abusos y acoso psicológico vivenciado que crearon un ambiente laboral tenso y estresante.

Que también realizo la denuncia ante la ART.

Que la situación vivida se denomina moobing.

Que se le diagnostico cuadro depresivo ansioso con crisis de pánico, síndrome de burn out.

Que la ART demandada rechazó el siniestro expresando que la contingencia no esta cubierta por la LRT.

Plantea la inconstitucionalidad del art. 6 inc.2 LRT. También plantea la inconstitucionalidad de los arts. 8, 21, 22 y 46 , art. 14,2,b, 15 ap.2 y 49 LRT; art.16 Dec. 1694/09.

Reclama las prestaciones dinerarias mensuales por incapacidad transitoria, art. 13 LRT por $ 44.553 y la indemnización por incapacidad parcial definitiva por $ 69.511.

Ofrece prueba instrumental, documental, pericial psicológica y psiquiátrica., pericial contable y testimonial.

Funda su derecho.

II) Corrido traslado de la demanda, a fs.74/80 comparece la demandada PREVENCION ART SA por intermedio de apoderado y contesta la misma solicitando su rechazo.

Reconoce el contrato de afiliación celebrado con la empleadora, en virtud del cual está sometido a la ley 24.557.

Opone la defensa de falta de acción. Expresa que la actora debió someterse en forma total a lo previsto en los arts. 21 y 46 LRT .

Expresa que su parte no debe responder por cláusulas que están fuera del contrato suscripto y de los baremos de la ley.

Que solo es responsable por las prestaciones en especie y dinerarias que otorga la LRT el actor no ha seguido el procedimiento de la ley 24.557, que su parte no puede responder fuera del contrato suscripto con el empleador. Que debe aplicarse el baremo legal de los dec. 658/96 y 659/96. Impugna la liquidación.

Luego de una negativa general de los hechos, niega los recibos agregados, el IBM denunciado, niega la fecha de ingreso, las tareas horarios y categoría invocadas. Niega la patología reclamada.

Impugna la liquidación, ofrece prueba documental, pericial médica.

Formula reserva del caso federal.

III) A fs. 82/3 el actor contesta el traslado conferido y ratifica la demanda.

IV) A fs. 88 el Tribunal dicta auto, declarando la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22, y 46 LRT, y admitiendo las pruebas ofrecidas.

A fs.88 se recepciona el expte. P 54195/10/08 caratulados F p/ Amenazas» originario de la Unidad Fiscal de Godoy Cruz.

A fs.101 se recepciona el expte. n° 1217-M-2010 caratulado «Malla denuncia irregularidades» originario de Fiscalía de Estado.

A fs. 114 acepta el cargo el perito médico psiquiatra. Y a fs. 116 lo hace el perito psicólogo.

A fs. 120/155 se agrega copia certificada del legajo personal de la actora.

A fs. 158/9 se agrega informe pericial psiquiátrico.

A fs. 161/169 se agrega el informe pericial psicológico. El mismo es observado por la demandada a fs.174/5. A fs. 178 la perito contesta las observaciones.

A fs.182 se fija fecha de audiencia de vista de causa.

A fs. 183 la actora plantea la aplicación del dec. 1694/09 y ley 26.773.

A fs. 194 se lleva a cabo la audiencia.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 69 CPL y en el orden del sorteo practicado a fs. 194 in fine, se procedió a plantear las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: EXISTENCIA DE LA RELACION LABORAL.

SEGUNDA CUESTION: PROCEDENCIA DE LA DEMANDA.

TERCERA CUESTION: LAS COSTAS.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION LA DRA. ARROYO DIJO:

I) El vínculo laboral se encuentra acreditado con los bonos de sueldos que se acompañan a fs.4-29, los que indican que la actora trabaja para el Ministerio de Desarrollo Social con fecha de ingreso 1/12/1984. Igualmente surge probado con el legajo personal acompañado.

El contrato de afiliación celebrado con Prevención ART SA se encuentra admitido por ésta en forma expresa, en el responde, y surge acreditado de la constancia de fs. 61-66.

Por lo que concluyo que la actora se encontró vinculada con la empleadora, estando amparado por el contrato de afiliación celebrado con la aseguradora PREVENCION ART SA .

Así voto.

A LA MISMA CUESTION LOS DRES. CATAPANO Y RAUEK DE YANZON DIJERON: Que adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION LA DRA. ARROYO DIJO:

I) El actor acciona por el cobro de $ 69.511 en concepto de indemnización, por la incapacidad derivada del trabajo realizado.

Por su parte, la demandada solicitó el rechazo de la demanda.

II) En la forma en que ha quedado trabada la litis, corresponde en primer lugar determinar la ley aplicable al caso.

En el presente caso resulta de aplicación la ley la ley 24.557.

La ley 24.557 y sus inconstitucionalidades:

a- La actora plantea la inconstitucionalidad de las normas de la ley 24557 por entender que el nuevo marco regulatorio sobre accidentes de trabajo deja sin protección a todo un sector de la sociedad. Sostiene que no hay motivos que lo justifiquen.

Por ello deduce la inconstitucionalidad del art 6 inc.2, 21, 22, 8 inc. 3, y 46 de la ley 24557, en violación del art. 14 bis y 16 CN y viola el art. 75 inc. 23 y inc. 22 y los tratados.

Fundamenta el agravio concreto en el hecho de que dichas normas privan el acceso a la indemnización por los daños sufridos por el hecho y en relación y por causa de actividad laboral.

b- Así deducido el planteo de inconstitucionalidad, corresponde ser rechazado.

Como enseña Ackerman, citando a Sagüés, la Argentina ha adoptado un sistema de control judicial de constitucionalidad de las normas que, en las categorías de Sagüés, tiene las siguientes características: difuso, letrado, permanente, reparador, opera por vía de acción y excepción, es incondicionado, amplio en cuanto a los sujetos que pueden promoverlo, actúa a petición de partes, es parcial, tiene efectos decisorios, no implica derogación de normas, tiene eventualmente efectos restitutivos y retroactivos y está sujeto a control supranacional. (ver Mario E. Ackerman, La responsabilidad civil en la LRT, ed. Hammurabbi, 1998, pag.184).

«Como consecuencia de estas notas, y del principio de división de poderes, el efecto de la sentencia de inconstitucionalidad es relativo, inter partes y no erga omnes. El corolario obligado de estas características, es que en el sistema argentino de control judicial de constitucionalidad, no es admisible una declaración en abstracto, general y directa de inconstitucionalidad, dado que ésta reclama inexcusablemente, un caso concreto en cuyo contexto tal declaración resulta imprescindible para la resolución de la causa. En estos términos, la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma requiere, previamente, el desarrollo de un proceso de conocimiento, con el debido respeto de bilateralidad y el derecho de contradicción, en el que se acredite que la aplicación de la regla impugnada, en el caso concreto, supondría para el peticionante, el desconocimiento de alguna garantía constitucional.». «Entre otras razones, porque además del derecho a la reparación, el peticionante deberá demostrar, previamente, en el caso concreto, esa insuficiencia en la que fundamenta la inconstitucionalidad de la regla legal». otras normas en cambio, plantea un supuesto de inconstitucionalidad directa relativa, ya que la norma lesionará garantías constitucionales en algunos, probablemente muchos casos, pero no en todos. lo que debe resolverse es el caso y no la validez general de la norma, lo que requiere para su declaración, el agotamiento de un juicio de conocimiento con el obvio e ineludible respeto de las garantías del debido proceso» (Ackerman, La Responsabilidad civil en la LRT, ob cit, pg. 185 y pg. 203).

En el caso de autos, la invocación del agravio constitucional no logra demostrar en forma concreta cómo los artículos cuya inconstitucionalidad plantea afecta los derechos que sostiene vulnerados, ni practica ni concretamente.

Lo cierto es que más allá de las afirmaciones y comentarios sobre distintos aspectos de la ley 24557, no se advierte cómo se relaciona en concreto con el caso de autos. Es decir, cómo las referidas normativas afectan el derecho de defensa, impiden el ingreso al reclamo; por qué la dolencia del actor no se encuentra protegida, y cómo en el caso se vulnera el derecho de igualdad.

Resultan, en definitiva, invocaciones genéricas, de comentario e interpretación de la ley, pero no resultan relacionadas en concreto con el caso de marras.

Por tanto, el planteo de inconstitucionalidad así deducido no puede progresar y debe ser rechazado. Máxime teniendo en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad debe ser utilizado como último esfuerzo del sistema republicano.

c- Aplicación de la ley 24557 al caso de autos:

Calificación jurídica: Atento al principio iuria novit curia (art. 46 inc. 9 del CPC) al juez le corresponde aplicar el derecho y calificar las acciones, sin revestir mayor relevancia en las consideraciones legales a los cuales la accionante haya fundado su pretensión.Rechazada la inconstitucionalidad de la ley de riesgos por los motivos ya expuestos, aplicaremos la misma al caso de autos, atento la fecha de entrada de vigencia.

Es así que en ejercicio de este deber jurisdiccional, nos adentraremos en la normativa para verificar los presupuestos de procedencia de la indemnización solicitada.

Plataforma fáctica y su prueba:

Del legajo personal surge que (fs.120/121) que la actora ingresó con estado de salud normal.

Las tareas: La testigo María Lucia Montivero dijo que fue compañera de la actora en la DINAF (ex Dirección del Menor), que la actora tenia la tarea de controlar al personal, los consultorios externos de la DINAF, atender a los médicos, insumos, cocina que hagan su tarea; el jefe era el Dr. Carlos De Rosas. Que en la cocina hubo problemas con personas porque la actora pasó in formes porque la cocinera se iba y venia cuando quería y no hacia la comida.

Que la cocinera la insultó y Jorgelina (la cocinera), habían venido los integrantes de ATE y la Sra. Ramón dijo que había que tomar medidas contra Malla porque perseguía a Jorgelina. Dijo que había que ir a buscar a Malla. Que la testigo le avisó a la actora para que se escondiera. Que llegaron, patearon la puerta, la insultaron, la actora estaba adentro. «Vino el jefe Dr. De La Rosa, y yo le conté lo que pasaba y me dijo que lo iba a arreglar; y la señora Ramón me dijo que tuviera cuidado con la «culiada» de Miriam Malla.» Dijo que todos los que tenían contacto con la actora fueron insultados. Que la actora estaba descontrolada, con pánico, hubo que acompañarla a poner la denuncia, a que tomara el colectivo; no quería salir de su casa y lloraba en forma permanente, estuvo con licencia, enferma y luego se reintegró en otro lugar.El jefe no escucha, solo grita, ATE se mete y solo siguen peleas, todo está igual, nadie hace nada, se hacen notas pero el jefe no la firma, les hace firmar a ellos, los usa. La actora formuló la denuncia por escrito en Asesoría Letrada de la Dinaf.

El expte. 54.195 tramitado en la Unidad fiscal de Godoy Cruz, y traído ad efectum videndi: a fs.1 consta la denuncia efectuada por la actora en fecha 26/7/2010 expresa que ese día, a las 10 hs se encontraba regresando a su lugar de trabajo en la Dinaf cuando por teléfono una compañera Montivero María le aviso que una patota de ATE iba a «lincharla», y la iban a escrachar. Que también había recibido amenazas en su celular. Que la que encabezaba el grupo que la amenazaza era Jorgelina Luna que es la cocinera del micro Hospital, y el Sr. Lucero, que eran como 15 personas. Que la cocinera dice que la maltrató, que la persiguió, pero yo tengo que hacer mi trabajo de informes y controles. Que tiene temor de que le hagan algo cuando regrese a trabajar.

A fs.5 de dicho expte. expone la Sra. Andrea Daniela Martines, dijo que estaban reunidos en el patio de la Dynaf el día 25 de julio a las 11,30 hs y comenzaron a buscar a Miriam Antonia Malla porque es la coordinadora administradora del hospital de la Dynaf y como la cocinera Jorgelina Luna no cumple correctamente con sus funciones, ella le ha hecho un informe, entonces Luna se lo ha tomado en forma personal y por eso la han ido a buscar.

A fs. 6 la Sra. María Lucia Montivero dijo que escucho a una delegada de ATE que iban a organizar un escrache a Miriam Malla, por lo que le envió un mensaje avisándole. Que también le aviso al jefe del Departamento Dr. De Rosa. Los de ATE estaban organizando un escrache.Que cuando se dirigía al COSE se encontró con una delegada de ATE que le dicen la turca y le preguntó «vos sos amiga de la culiada de Miram Malla» y yo le conteste que si, y me dijo que «decile que se esconda donde se esconda yo la voy a encontrar y va saber quien soy yo».

A fs.12 el Dr. Carlos H. De Rosas dijo que el día 25/7/2010 se encontró con unas 10 personas de ATE que buscaban a la Sra. Malla, comenzaron a reclamar en tono amenazante y sin respeto.

A fs. 13 la Sra. Malla declara que fueron testigos del hecho Gladys Noemí Pérez, Héctor Arequipa.

También surge acreditado del legajo personal acompañado que el actor se desempeñaba en el sector micro hospital de la Dynaf.

Que estuvo con licencia por cuadro depresivo ansioso y crisis de pánico desde el 29/9/2010 hasta 26/11/2011.

A fs. 130 obra denuncia por enfermedad profesional ante Prevención ART SA en la que se indica la actora estuvo resguardada en el archivo porque la gente de ATE quería pegarle y la insultaban.

A fs. 133 obra certificado médico de la Dra. Nancy Gimenez médica psiquiatra que indica cambio de tareas para la actora por cuadro depresivo ansioso.

A fs. 38/39 se realiza Junta Médica, indica que la actora padece ansiedad y angustia con diagnostico depresión ansiosa y crisis de pánico.

La pericia psiquiátrica de fs. 158/9 informa que la actora presenta una personalidad regida, rencorosa idealista, desconfiada con ideación obsesiva y autorreferencial con mecanismos defensivos proyectivos e inestabilidad afectiva como base estructural.

Que si bien ha presentado en los cuadros de angustia ansiedad, pena y una depresión de tipo reactivo situacional, la misma no puede desprenderse de los rasgos básicos de su personalidad con los que tiene estrecha relación. Que dicha patología no puede atribuirse a malos tratos o persecuciones sino a su personalidad lo que es previo a su enfermedad.

A fs.161/9 el informe pericial psicológico indica que la actora presenta síntomas de ansiedad y estado depresivo que tiene origen directo con los malos tratos recibidos en el ámbito laboral, encontrándose bajo condiciones ambientales estresantes. Que ello le ha provocado muchos problemas a nivel familiar. Estima la incapacidad por depresión grado III) en un 20% conforme la ley 24.557-. A fs. 178 aclara la perito que la personalidad presenta aspectos que pueden manifestarse alguna vez o no; y que en el caso de actora surgieron por el entorno.

III) Con estos elementos ha quedado acreditado que la actora ingresó sana, que prestando servicios en la Dinaf realizó informes porque la cocinera no prestaba sus tareas ya que se iba y venia cuando quería y no hacia la comida. Que los integrantes de ATE quisieron tomar medidas contra la actora porque «perseguía» a Jorgelina (la cocinera); que la fueron a buscar y la actora se tuvo que esconder para que no la agredieran.; que cuando llegaron la insultaron y amenazaron. Que la actora avisó al jefe. Y formuló denuncia penal. Sin que conste que la jefatura hubiera tomado alguna medida correctiva o sumario. Como tampoco se tomó declaración en el expte penal ni a la denunciada Jorgelina Luna ni a los que organizaron el escrache contra la actora; simplemente se procedió al archivo (fs.20 expte. penal).

Que a raíz de esos episodios la actora estuvo con licencia por cuadro depresivo ansioso conforme surge del legajo personal (fs.134). Y el médico tratante solicitó cambio de tareas (fs.133).

Y las pericias realizadas resultan eficaces en cuanto a la existencia de la patología denunciada. La pericia psicológica expresa que la dolencia tiene relación adecuada con la exposición a las condiciones a que fue sometida en el trabajo. Si bien la pericia psiquiátrica indica que la patología es producto de la personalidad de la actora, el informe psicológico indica que existe una personalidad de base que puede o no manifestarse y que en el caso se ha manifestado por las condiciones del entorno.Lo que es coincidente con que la actora ingresó sin antecedentes de enfermedad. Por tanto acreditadas las amenazas y condiciones que sufrió la actora, adquiere valor probatorio el informe psicológico y la contestación de las observaciones, en cuanto a la relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y las dolencias.

En consecuencia, se verifica la situación prevista por la LRT- daño- (arts.8, 1 y 2 LRT) consistente en una incapacidad parcial y permanente del 20% ocasio nada por la depresión grado III. Por lo que corresponde encuadrar el caso concreto como enfermedad profesional conforme el art. 6 LRT t.o. dec. 1278/2000.

En el sentido que debe responder la ART por dicha dolencia, se pronuncio la SCJ de la Provincia in re 104.077 «Basilotta Angel Ariel en J Basillotta Angel A. C/ Carrofour SA p/ Enf. Accid. p/ inc.Cas» del 29/4/2013. En el mismo el Supremo Tribunal dijo «Es menester aclarar que si bien el acto lesivo proviene del empleador, éste es igualmente responsable por permitir u omitir las conductas correctivas para evitar la producción de daños en la persona del trabajador. Tampoco luce fundado el hecho de que no sea punible penalmente como se afirma la sentencia. De hecho no está teniendo en cuenta que si bien no hay un tipo penal que se llame expresamente «mobbing», lo cierto es que cabe tener presente que la conducta del hostigador, comprobada la culpa subjetiva de violencia laboral en los hechos -como en el caso en estudio- el obrero ha sufrido lesiones en su integridad psicofísicas que le provocaron secuelas incapacitantes que sí podrían tipificar alguno de los tipos penales previstos ( art. 89, 90, 91, 94 del C. Penal). Es más la Corte Suprema de la Nación, en el fallo AQUINO señaló que era un absurdo el mantenimiento de la exoneración de responsabilidad del empleador del art.39.1 de la LRT, mientras el Código Penal tipifica como delito la conducta del mismo como responsable del daño por inobservancia de la legislación en materia de prevención ( art. 94 del C.P.). Sin perjuicio de lo dicho, y sin llegar a tales extremos tenemos que el Juzgador no tiene en cuenta que el deber de no dañar a otro es de cuño constitucional ( art. 19 de la C.N.) pero que en laboral se le suma otro mandato adicional y específico en el art. 14 bis al tener en cuenta expresamente la indemnidad de las condiciones de trabajo para el hombre y la mujer que trabajan. A ello se agrega, el art. 75 de la LCT que pone en cabeza del empleador el de asegurar las condiciones dignas de trabajo, y el deber de seguridad con el fin específico de prevenir, o mitigar las consecuencias dañosas tanto de los accidentes de trabajo como de las enfermedades. Cabe a esta altura recordar que la enfermedad profesional, es la entendida como aquella propia y típica del ámbito laboral (tarea o profesión); es decir, se presenta como de aparición rara fuera de ese ambiente de trabajo (las intoxicaciones por exposición a substancias tóxicas, químicas o biológicas). En cambio una enfermedad del trabajo es aquella que aún cuando específicamente no sea laboral, puede ser provocada, agravada o disparada de su estado latente por las condiciones en que el trabajo se dispone para trabajador. De hecho se puede advertir que en el listado de enfermedades que acompaña la LRT (Ley 24557- Decreto 658/96) no se respecta esta diferenciación basta con ver inclusión de gran cantidad de enfermedades que pueden válidamente – se adquiridas fuera del ámbito del trabajo. Todo lo cual me lleva a afirmar que la sentencia resulta arbitraria y por ende debe ser anulada.»

IV) Por ello y siguiendo la doctrina del máximo Tribunal de la Provincia, debe prosperar la demanda contra la ART demandada por las prestaciones dinerarias determinadas por el art.14.El actor denuncia un ingreso base de $ 3.712. La demandada niega el mismo y afirma que el ingreso base es de $ 3.221,68.

En base a lo normado por los arts. 12 y 13 LRT y los recibos de haberes agregados a fs. 144-153, surge que el ingreso base es de $ 3.221.

Por tanto tomado dicho importe por 53 son $ 170.713. Por el coeficiente de 1,4 (65% 46) son $ 238.998. Su 20% son $ 47.799.

Se reclama también las prestaciones dinerarias mensuales por incapacidad parcial. Del legajo personal surge que la actora estuvo con licencia desde el 29-9-2010 hasta el 26-11-2011 con licencia con cuadro depresivo. El certificado del médico psiquiatra tratante aconseja reposo por 15 días a partir del 15/11/11 y luego el alta laboral con cambio de repartición (fs. 133).

Ninguna prueba se ha aportado respecto del pago de las prestaciones dinerarias mensuales por dicho periodo, así como tampoco recibos de haberes de que el empleador le hubiera abonado el sueldo durante la licencia. Tampoco la demandada cuestionó este rubro en forma especifica.

Consecuentemente por aplicación del art.13 LRT las prestaciones dinerarias equivalentes al valor mensual del ingreso base durante el periodo de incapacidad laboral temporaria están a cargo de la ART (salvo los primeros 10 días de la primera manifestación invalidante que estarán a cargo del empleador).

Por tanto debe acogerse este item por el lapso del 10/10/2010 hasta el 26/11/2011, en base al ingreso base de $ 3.221 totaliza $41.873.

En síntesis la demanda prospera por la cantidad de $ 89.672.

V) Aplicación del Ripte e Intereses:

La ley 26.773 fue publicada en el B.O. el día 26/10/12, por lo que entró en vigencia a los ocho días de su publicación, o sea el día 4 de noviembre de 2012.

Conforme el art. 17 de la ley 26.773, en su inc. 5º establece:que las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entraran en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha.

Por su parte el inc. 6 del art. 17 en cuestión, establece una excepción y dice las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias y su actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia la presente ley, conforme el índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estable), publicada por la Secretaría de Seguridad Social , desde el 1º de enero del año 2010.

La actualización general prevista en el art. 8º de esta ley se efectuará en los mismos plazos que la dispuesta para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) por los art. 32 de la ley 24-241, modificado por su símil 26.417. Lo que implica su aplicación a las incapacidades permanentes prevista en al L.C.T y en los Decretos 1278/00 y 1694/09

Por lo tanto corresponde la aplicación de la actualización que establece el art. 17 inc. 6º de la ley 26.773.

Establecer que desde enero de 2010 hasta el efectivo pago corresponde aplicar el ajuste del índice RIPTE, con más los intereses como se detallan a continuación.

Intereses: Atento que no se acompañó certificado de incapacidad con la demanda, debe tomarse la fecha de la pericia realizada en autos (10/12/2012) -fs. 166 vta.

A partir de esa fecha deberá aplicarse la tasa pasiva de interés mas el cinco %, ley 4087, hasta el efectivo pago.

Así voto.

A LA MISMA CUESTION LOS DRES. CATAPANO Y RAUEK DE YANZON DIJERON: adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA TERCERA CUESTION LA DRA ARROYO DIJO:

Las costas se imponen a cargo de la demandada que resulta vencida, arts. 31 CPL y 36 CPC.

Así voto.

A LA MISMA CUESTION LOS DRES.CATAPANO Y RAUEK DE YANZON DIJERON: adhieren al voto que antecede.

Con lo que termino el acuerdo pasando el Tribunal a dictar sentencia que a continuación se inserta.

Y VISTOS: Los considerandos precedentes, el Tribunal

RESUELVE:

I) Hacer lugar a la demanda promovida por MIRIAM ANTONIA MALLA contra PREVENCION ART SA y en consecuencia condenar a esta última a abonar al actor en el plazo de cinco días de notificada la presente, la suma de $ 89.672 (PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS) en concepto de prestaciones por incapacidad laboral temporaria y permanente en concepto de indemnización del 20% de incapacidad parcial y permanente ocasionada por el trabajo, con más los intereses a calcularse conforme lo resuelto en la segunda cuestión.

II) Imponer las costas a cargo de la demandada.

III) Ordenar se practique liquidación por Departamento Contable.

IV) Establecido el capital definitivo regúlense los honorarios profesionales.

COPIESE. REGISTRESE. NOTIFIQUESE.

Enrique Catapano – Juez de Cámara

Inés Rauek de Yanzón – Juez de Cámara

Mónica Arroyo – Juez de Cámara

 

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