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La falta de pago de los aportes imposibilita obtener la jubilación, pero la AFIP no está legitimada para verificarlo

morosoPartes: Knoll Nicolás Alberto s/ quiebra, incidente de revisión por AFIP

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 3-oct-2013

Cita: MJ-JU-M-83171-AR | MJJ83171 | MJJ83171

Rechazo del crédito por falta de pago de los aportes previsionales del régimen de la seguridad social por autónomos, toda vez que si bien la ley 18038 obliga al contribuyente inscripto en ese régimen previsional al pago de los aportes correspondientes, a los efectos de posibilitarle la obtención del beneficio jubilatorio, la consecuencia de que aquél no los efectúe es la imposibilidad de obtener la jubilación.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar el crédito por falta de pago de los aportes previsionales del régimen de la seguridad social por autónomos, toda vez que si bien los arts. 8, inc. a , y 10 al 13 de la ley 18038 obligan al contribuyente inscripto en ese régimen previsional al pago de los aportes correspondientes, a los efectos de posibilitarle la obtención del beneficio jubilatorio (arts. 15 y 30 y concs. de la citada ley), la consecuencia de que aquél no efectúe los aportes es la imposibilidad de obtener la jubilación (cfr. art. 30 y concs., de la misma ley).

2.-No está prevista la potestad persecutoria de la AFIP respecto de la deuda contra el trabajador autónomo inscripto en el sistema, pues al carecer la Administración Federal de Ingresos Públicos de potestad persecutoria para obtener el cobro compulsivo del crédito por falta de pago de los aportes previsionales del régimen de la seguridad social por autónomos, está privada también de legitimación sustantiva para verificarlo en el concurso preventivo o la quiebra.

3.-La procedencia de la verificación del crédito de la Administración Federal de Ingresos Públicos por falta de pago de los aportes previsionales del régimen de la seguridad social por autónomos se impone por razón de lo dispuesto en la ley 24241 de cuyo tenor resulta que el pago de los aportes reclamados es obligatorio y tal conclusión se ratifica a la luz de lo previsto en el art. 1 de la ley 24476 que, interpretado en su preciso alcance, sin duda impone esa obligación (del voto de la Dra. Julia Villanueva – Disidencia).

4.-En tanto el art. 1 de la ley 24476 dispone que Los trabajadores autónomos incorporados al Sistema Integrado de Jubilaciones de la ley 24241 y su modificatorio ley 24.347, no podrán ser compelidos ni judicial ni administrativamente al pago de los importes que adeuden a la Anses, devengados hasta el 30 de septiembre de 1993 , de ello se infiere que, cuando se trata de períodos posteriores a esa fecha, no rige la prohibición establecida en la norma (del voto de la Dra. Julia Villanueva – disidencia). N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013.

Y VISTOS:

1. Viene apelada por la revisionista -Administración Federal de Ingresos Públicos- la resolución de fs. 28/9. El memorial obra en fs. 35/8, y fue contestado a fs. 40/1 por la síndico.

2. El recurso no es admisible.

Es criterio de la mayoría de los integrantes de esta Sala -en su actual composición-, que corresponde rechazar el crédito por falta de pago de los aportes previsionales del régimen de la seguridad social por autónomos, toda vez que si bien los arts. 8, inc. a, y 10 al 13 de la ley 18.038 obligan al contribuyente inscripto en ese régimen previsional al pago de los aportes correspondientes, a los efectos de posibilitarle la obtención del beneficio jubilatorio (arts. 15 y 30 y concs. de la citada ley), la consecuencia de que aquél no efectúe los aportes es la imposibilidad de obtener la jubilación (cfr. art. 30 y concs., de la misma ley).

Pero no está prevista la potestad persecutoria de la aquí incidentista respecto de la deuda contra el trabajador autónomo inscripto en el sistema.

Al carecer la Administración Federal de Ingresos Públicos de potestad persecutoria para obtener el cobro compulsivo de créditos del tipo específico de que aquí se trata, está privada también de legitimación sustantiva para verificarlo en el concurso preventivo o la quiebra (esta Sala, «Presa Silva, Gumersindo s/quiebra s/incidente de revisión por AFIP» , del 23.12.2003; idem, «Franco, Mabel Haydée – Mermes Genes Nilda Flora – Britos y otro s/quiebra s/incidente de revisión por AFIP – DGI», del 2.3.04; idem, «Moyano Adalberto s/quiebra s/incidente de revisión por AFIP – DGI» del 29.4.04; idem, 17.11.06, «Kandin, Daniel s/quiebra s/incidente de revisión por AFIP»; en igual sentido:Sala E, 23.8.05, «Wolanik, Pedro s/concurso preventivo s/incidente de revisión por la concursada al crédito -de AFIP-«; Sala A, 7.3.06, «Maidana, Juan s/quiebra s/incidente de revisión -promovido por AFIP-DGI»; idem, 11.5.06, «Maleh, Simón s/quiebra s/incidente de revisión -por AFIP-«; 17.8.06, «Rodríguez, José s/quiebra»; Sala D, 24.8.06, «Savodivker, Roberto s/concurso preventivo s/incidente de revisión por AFIP»; idem, 16.8.05, «Pemow, Jorge s/quiebra s/incidente de revisión -por Fisco Nacional-«; Sala B, 1.9.06, «ABN Amro Bank c/Muller, Guillermo s/ejecutivo»; 5.10.06 «Ledesma, Rubén Jorge s/concurso preventivo s/incidente de verificación por AFIP»; 22.2.07, «Robledo, Saturnino s/quiebra s/incidente de revisión -por Fisco Nacional-«).

Conviene observar que esa facultad persecutoria tampoco se incluyó en la ley 24.241 ni en la más reciente ley 26.425.

En tal marco, corresponde decidir entonces la cuestión del modo adelantado.

En cuanto a la apelación referida a las costas, advirtiendo que el Juez de primera instancia las distribuyó por su orden -que es lo que pretende la recurrente-, es inoficioso un pronunciamiento de este Tribunal al respecto por no existir agravio.

En Alzada, se mantendrá la distribución de las costas por su orden debido a que la cuestión recursiva pudo dar lugar a opiniones disímiles.

3. Por ello, habiendo dictaminado la Sra. Fiscal General subrogante, se RESUELVE: rechazar el recurso de apelación, con costas por su orden (art. 68, 2do. párr., del Código Procesal).

Cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Hágase saber a la Sra. Fiscal General subrogante, a cuyo fin remítanse las actuaciones a su despacho, sirviendo la presente de nota de envío.

Devuélvase al Juzgado de primera instancia encomendándose al Sr.

Juez cursar las notificaciones del caso.

Julia Villanueva (en disidencia) Juan R.Garibotto Eduardo R. Machin Rafael F. Bruno Secretario DISIDENCIA DRA. VILLANUEVA:

I. Se ha puesto en tela de juicio en autos el crédito invocado por la Administración Federal de Ingresos Públicos con sustento en deudas que el concursado tendría con el régimen jubilatorio de autónomos.

El recurso debe ser admitido.

Así cabe concluir en aplicación de la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación in re «Recurso de hecho deducido por la Administración Federal de Ingresos Públicos en la causa Scalise Claudio s/concurso preventivo s/incidente de revisión por Fisco Nacional» del 9.8.11.

Y ello, en tanto esa doctrina emana del máximo tribunal de la Nación, que, si bien no es tribunal de casación, sí es el intérprete final de la ley y la Constitución, y cuya autoridad jurídica y moral no se puede soslayar.

Esa solución, por lo demás, se impone por razón de lo dispuesto en la ley 24.241 de cuyo tenor resulta que el pago de los aportes aquí reclamados es obligatorio.

Tal conclusión se ratifica a la luz de lo previsto en el art. 1 de la ley 24.476 que, interpretado en su preciso alcance, sin duda impone esa obligación.

En efecto:dicha norma dispone que «los trabajadores autónomos incorporados al Sistema Integrado de Jubilaciones de la ley 24.241 y su modificatorio ley 24.347, no podrán ser compelidos ni judicial ni administrativamente al pago de los importes que adeuden a la Anses, devengados hasta el 30 de septiembre de 1993» (el resaltado no está en el texto).

De ello se infiere que, cuando se trata -como en el caso- de períodos posteriores a esa fecha, no rige la prohibición establecida en la norma.

Esa es la interpretación que surge del texto de las citadas normas.

Y es también la única que atiende a las características del sistema dentro del cual se ensamblan los aportes reclamados, desde que, como también fue señalado por la Excma. Corte en el precedente citado, una interpretación contraria tornaría inviable tal sistema.

Así se infiere de lo previsto en el art. 16 de la ley 24.241 en cuanto establece que el régimen previsional público es un régimen de reparto asistido, basado en el principio de solidaridad, cuyas prestaciones son financiadas con los aportes personales de los afiliados en él comprendidos, entre otros recursos.

En tales condiciones, y si bien esta Cámara ha sostenido que estos aportes son inexigibles por la AFIP pues la única consecuencia que acarrea su falta de pago por el contribuyente es la imposibilidad de éste de acceder al beneficio jubilatorio (ver CNCom, Sala A, «Maidana, Juan s/ quiebra s/ incidente de revisión por AFIP-DGI» del 7/03/06; íd. Sala B, «Cespedes, Mariano s/ quiebra s/ incidente de revisión promovido por AFIP-DGI» del 1/06/04; íd. esta Sala, «Presa Silva, Gumersindo s/ quiebra s/ incidente de revisión promovido por AFIP» del 23/12/03; Sala D, «Savodivker, Roberto s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por AFIP» del 24/08/06; y íd.Sala E, «Wolanik, Pedro s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por la concursada al crédito de AFIP» del 23/08/05, entre otros), lo cierto es que una revisión de ese criterio -efectuada a la luz del precedente de la Excma.

Corte ya citado- lleva a concluir en sentido contrario.

Y esto, por lo dicho: el sistema de seguridad social dentro del cual se enmarca el aludido régimen jubilatorio se caracteriza por su solidaridad.

Es decir: es esencialmente un sistema contributivo basado en el principio de solidaridad obligatoria como corolario del cual surge el derecho del afiliado de acceder al beneficio respectivo, lo que implica la necesidad de que éste haya sido solidario cuando revestía la condición de trabajador activo (C.F.S.S, Sala I, en autos «Cañedo Donato c/ ANSeS», del 30/04/01).

En el mismo sentido, ha sido dicho que las leyes jubilatorias argentinas se nutren de aquel principio: su cimiento filosófico indica que el trabajador activo sacrifica parte de su ganancia y lo aporta al patrimonio común solidario que constituye la fuente que proveerá los recursos que se liquidarán a los pasivos. Y, como rueda sin fin, esos mismos activos tendrán derecho, en su momento, a obtener los mismos beneficios (C.F.S.S, Sala II, en autos «González Herminia del Carmen c/ ANSES», del 20/11/98).

Derívase de lo expuesto que el aporte del afiliado no es efectuado en su único beneficio, sino que tiene por finalidad dotar al sistema de recursos a los efectos de que quienes hoy gozan del beneficio puedan percibir las prestaciones respectivas, existiendo una relación jurídica que enlaza la situación de los beneficiarios con quienes se encuentran obligados a contribuir.

Al respecto, ha sido dicho también por la Sala I de la C.F.S.S con cita de diversos precedentes de la Excma.Corte, que la justicia social exige que aquellos que forman parte de una determinada comunidad cumplan con su obligación de contribuir al mantenimiento y estabilidad de tal comunidad, cometido que quedaría desvirtuado si se admitiera la desfinanciación del sistema («Mosca Ana y otros c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios», del 12/07/02).

II. Ahora bien, establecida la facultad de cobro que asiste al órgano incidentista, correspondería indagar en la existencia o no del crédito invocado.

Para ello obviamente es necesario contar con los antecedentes respectivos, que no se encuentran insertos en este expediente.

Sus constancias son insuficientes a tal fin, al punto que la contestación cumplida por la sindicatura no contiene más que una remisión escueta a constancias del principal (v. fs. 26/7).

En tales condiciones, se estima pertinente disponer, como medida previa antes de resolver sobre la admisibilidad de la pretensión, que este incidente vuelva a la instancia anterior para su nueva elevación junto con el legajo del acreedor.

Difiérese un pronunciamiento sobre la apelación referida a las costas para el momento oportuno.

Así se decide.

Julia Villanueva

Rafael F. Bruno

Secretario

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