El Estado Nacional debe indemnizar a las víctimas del conocido siniestro ocurrido en la Fábrica Militar de Río Tercero

1220Partes: P. V. R. y otros c/ Estado Nacional y otros s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 18-sep-2013

Cita: MJ-JU-M-83140-AR | MJJ83140

Se condena al Estado Nacional a indemnizar a los actores, en virtud de los daños sufridos en el siniestro acaecido en la Fábrica Militar de Río Tercero, dado que éste no puede ser calificado como un hecho derivado del actuar de terceros por el cual el Estado Nacional no debe responder. 

Sumario:

1.-Corresponde condenar a la demandada a indemnizar los daños sufridos por los actores, en virtud del siniestro acaecido en la Fábrica Militar de Río Tercero, dado que este no puede ser calificado como un hecho derivado del actuar de un tercero por el cual el Estado Nacional demandado no debe responder, sino que se trata de dependientes por cuyas acciones u omisiones la demandada debe responder, conforme lo normado por el art. 1113 del CCiv.

2.-Corresponde aplicar la doctrina emanada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en causas análogas promovidas como consecuencia del mismo infortunio, y dictar sentencia sin aguardar la resolución de la causa penal. La espera indefinida de la condenación penal implica una restricción del derecho de defensa en juicio.

3.-Para proceder a la reparación integral de los agravios producidos se los podrá encasillar dentro del daño moral o el material. En cuanto a la incapacidad sobreviniente debe adoptarse un criterio fluido que contemple la incidencia que las lesiones y secuelas padecidas han proyectado sobre la actividad concreta de la víctima, debiendo valorarse a tal fin su edad, condición social, económica, familiar, actividad y capacitación laboral, estado civil, etc.; como así también el efecto producido sobre el damnificado en sus distintos aspectos vitales.

4.-Deben confundirse en un mismo concepto los rubros ‘lucro cesante’ e ‘incapacidad sobreviniente’, si la incapacidad permanente, se produce desde el día del siniestro, admitir lo contrario, sólo generaría una duplicidad de indemnización por un mismo perjuicio, lo cual no puede ser admitido.

5.-Deben aportarse circunstancias objetivas que autoricen a inferir el lucro cesante, pese a que éste no pueda ser categórico. La imposibilidad de llevar a cabo las actividades lucrativas a causa del hecho dañoso, constituyen causa adecuada de perjuicio para todo aquél que ejerce una profesión liberal o el comercio.

6.-El rubro indemnizatorio del daño moral, cumple un papel principalmente resarcitorio, sin que exista relación lógica o jurídica que justifique proporcionar su entidad a la magnitud de los daños económicos, en tanto se trata de rubros de naturaleza enteramente distinta que descansan sobre presupuestos también diferentes (espirituales, etc).

7.-Corresponde declarar parcialmente desierto los recursos de las partes, en lo concerniente a los montos indemnizatorios, dado que las manifestaciones esbozadas en sus expresiones de agravios comportan tan sólo un descontento genérico en orden al ‘quantum’ fijado, mas ninguna crítica aportan que permita revisar el temperamento asumido por el a quo. No se han satisfecho las exigencias del art. 265 del CPCCN., pues los litigantes no ensayan crítica alguna hacia lo resuelto en la anterior instancia, remitiéndose a apreciaciones de orden genérico relativas a la disconformidad en la cuantificación de los daños.

8.-Las sumas reconocidas en todos aquellos conceptos que se encuentran relacionados a las indemnizaciones tendientes a reparar los daños causados a sus personas (vgr. incapacidad sobreviniente, tratamiento médico y daño moral) y sus viviendas, se encuentran marginadas de la consolidación de la deuda pública.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 18 días del mes de septiembre de 2013, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor ALFREDO SILVERIO GUSMAN dice:

I.- A fs. 1236/1246 obra la sentencia del Juez de la anterior instancia, en la que condenó al ESTADO NACIONAL a abonarles a los actores V. R. P., S. C. B., R. Á. F., L. A. R., J. M. A., H. C. R., E. G. B. de B., M. V. B., E. A. G., y a los herederos de los Sres. H. A. B., J. D. F. y M. G. A., el resarcimiento que consideró adecuado como consecuencia del incendio y las explosiones acaecidos en la Fábrica Militar de Río Tercero, con costas.

Para resolver de tal modo, el “a quo” consideró que: a) La responsabilidad extracontractual del Estado en el trágico suceso se hallaba configurada de conformidad con lo normado por el art. 1113 del Código Civil por su sola condición de dueño de la cosa riesgosa, y en tanto el material intrínsecamente peligroso se encontraba bajo su guarda y cuidado; b) Le incumbía al demandado demostrar que no existió negligencia de su parte en la guarda y custodia de los explosivos cuyo carácter resulta naturalmente peligroso; c) No es necesario aguardar la resolución de la causa penal, pues la espera indefinida del dictado de una sentencia no halla su justificación en la aplicación del artículo 1101 del Código Civil, máxime cuando de las actuaciones criminales no se vislumbra una inminente conclusión; d) La responsabilidad del Estado Nacional aparece reconocida de un modo claro e inequívoco con los sucesivos decretos que indemnizaron daños a víctimas de las explosiones; e) En cuanto a la extensión de la reparación, fijó un monto indemnizatorio de acuerdo a los daños padecidos en particular por cada actor.Asimismo, descontó a los accionantes que formularon el reclamo administrativo, las sumas percibidas en virtud de los decretos 691 y 992/95. En concreto, cuantificó los daños padecidos en concepto de daño material y moral por V. P. R.($ 417.318), S. C. B. ($ 214.150), R. Á. F. ($ 215.000), L. A. R. ($ 111.155), M. G. A. ($ 135.000), J. M. A. ($ 450.000), H. C. R. ($ 626.985), J. D. F. ($467.360), H. A. B. ($112.723), E. G. B. ($450.000), M. V. B. ($450.000) y E. A. G. ($ 470.000), condenando al Estado Nacional al pago de la suma total de $4.119.691; f) El crédito reconocido llevará los intereses desde la fecha del hecho (24 de noviembre de 1995) hasta el 1 de enero de 2000, de acuerdo a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días y a partir de allí y hasta la fecha de pago, los establecidos en la Ley N° 25.344 y el Decreto Nº 1116/00.

II.- Ese pronunciamiento motivó la apelación articulada por la actora a fs. 1248, expresando agravios a fs. 1311/1317. Asimismo, apeló la parte demandada a fs. 1260, expresando agravios a fs. 1302/1309. Los damnificados hicieron uso del derecho de contestar agravios a fs. 1322/1325. Median, asimismo, recursos contra la regulación de honorarios realizada (conf. fs. 1248, 1250, 1258 y 1260).

La demandada critica la sentencia sosteniendo, en prieta síntesis, que: a) El “a quo”, al aplicar al caso la responsabilidad objetiva prevista en el art. 1113 -segundo párrafo- del Código Civil, no tuvo en cuenta que en la presente contienda se configura uno de los eximentes por el cual el dueño de la cosa no debe responder, esto es, la culpa de un tercero.En tal sentido, advierte que de la causa penal se desprenden graves y fundadas sospechas de que el siniestro que generó los daños de los accionantes fue intencional; b) El pronunciamiento carece de seguridad jurídica en tanto el “a quo” entendió que las actuaciones se encontraban en condiciones de dictar sentencia, sin que aún se haya demostrado en las diligencias penales labradas como consecuencia de la explosión, si ésta tuvo su origen en un atentado terrorista o un simple hecho criminal por el que el Estado Nacional no puede ser responsabilizado; c) La cantidad otorgada en concepto de daño material es excesiva y ha sido fijada con un insuficiente sustento probatorio; d) En particular, el Magistrado ha dispuesto sumas desproporcionadas para indemnizar los perjuicios relativos al lucro cesante, fondo de comercio, incapacidad sobreviniente y daño moral; e) La tasa de interés dispuesta por la sentencia de grado resulta ser la más elevada si se tiene en cuenta que los valores fijados por el sentenciante no se corresponden con la fecha en que aconteció el suceso. De este modo, de aplicarse el cómputo dispuesto por el “a quo” se configuraría un enriquecimiento sin causa de los demandantes; f) Las costas deben imponerse a la actora o distribuirse en la medida que se modifique la extensión de la responsabilidad de su mandante.

A su turno, los damnificados se agravian por considerar que:a) Los intereses fijados en la anterior instancia deben ser computados desde el día 3 de noviembre de 1995 (fecha en que se produjo la primera explosión en la Fábrica Militar de Río Tercero) y no así a partir del día 24 de noviembre como dispuso el sentenciante; b) Los montos reconocidos en concepto de daño material han sido exiguos, si se tiene en cuanta los efectivamente sufridos por cada uno de los coactores; c) El “a quo”, para meritar la pérdida definitiva del valor de los inmuebles, debió considerar que luego del dramático suceso ha disminuido el interés por la compra de aquellos bienes; d) La indemnización establecida con relación al daño moral debe ser elevada pues el Magistrado de la anterior instancia no ha contemplado la gravedad de los hechos al momento de su fijación; e) La condena deberá ser abonada en efectivo con más sus intereses, pues existen razones de salud y de vivienda que tornan improcedente la aplicación del régimen previsto en la Ley N° 25.344 y el Decreto Nº 1116/00.

III.- Los presentes obrados tienen como origen los trágicos sucesos ocurridos en la Fábrica Militar Río Tercero -en adelante F.M.R.T.- de la Dirección General de Fabricaciones Militares -de aquí en más D.G.F.M.- durante los días 3 y 24 de noviembre de 1995. En la primera de esas fechas, hubo una serie de explosiones iniciadas en el sector de planta de carga; ocasionando, a más de daños materiales, personas heridas y hasta víctimas fatales. El 24 de noviembre se produjeron nuevas explosiones en el sector del polígono de tiro, lugar donde el personal policial y Gendarmería Nacional habían acumulado los explosivos encontrados en las tareas de remoción de diversos elementos.

A mi modo de ver corresponde examinar, en primer término, el eximente de responsabilidad ale¬gado por la demandada, quien insiste con que medió culpa de un tercero por el que no debe responder.En ese sentido, y previo a dar comienzo al análisis de la cuestión, considero prioritario mencionar que al haber sido contestada la acción en forma extemporánea por parte del Estado Nacional, las expresiones allí vertidas en torno a su falta de responsabilidad no fueron admitidas en la etapa procesal correspondiente (ver en ese sentido fs. 128). A ello se agrega, que ninguna prueba ofreció tendiente a acreditar la defensa por la que propicia el rechazo de la demanda, y en oportunidad de presentar su alegato, sólo refirió en un breve párrafo la exclusión de su responsabilidad basada en la culpa de una persona ajena a quien reviste la condición de dueño de la cosa (ver fs. 939 vta. -último párrafo-). Bastaría aducir las disposiciones de los arts. 271 y 277 del Código de rito para desechar el agravio introducido al respecto.

Sin embargo, atendiendo a las particularidades que presenta el caso y las sumas involucradas, por sí alguna duda queda respecto al tratamiento que deba dársele a los eximentes previstos en el art. 1113 del Código Civil, esto es, sí se trata de una defensa que deba ser introducida por la parte interesada o sí, por el contrario, el Tribunal -en búsqueda de la verdad material de los hechos- puede advertir su configuración cuando aquella se desprende de las constancias de autos, en los siguientes párrafos me detendré en su análisis, con el fin de disipar cualquier objeción que eventualmente pueda surgir en torno al derecho de defensa del Estado Nacional.

Al respecto, cabe señalar que la responsabilidad que le incumbe al demandado en autos fue resuelta por esta Sala en las causas acumuladas “Atanor S.A. c/ Estado Nacional s/ Daños y perjuicios”, “Petroquímica Río Tercero c/ Estado Nacional y otro s/ Daños y Perjuicios”, “Tradición Seguros S.A. c/ Estado Nacional s/ cobro” y “Tradición Seguros S.A.c/ Estado Nacional s/ responsabilidad extracontractual del estado” (del 18.03.2010), donde se decidió que el siniestro que motiva la presente litis no podía ser calificado como un hecho derivado del actuar de un tercero por el cual el Estado Nacional no debiera responder.

Por ello, y en virtud de que algunas de las quejas formuladas por la apelante se encuentran dirigidas a cuestionar el dictado del veredicto aún cuando el proceso penal no ha merecido su resolución final, recuerdo que en el citado precedente esta Sala ha dicho que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en causas análogas promovidas como consecuencia del mismo infortunio, dispuso que se dicte sentencia en aquellos obrados sin aguardar la resolución de la causa penal. Sostuvo el Tribunal cimero que una restricción del derecho de defensa en juicio consistente en la espera indefinida de la condenación penal, de acuerdo con lo decidido por la Corte en el precedente “Ataka” (Fallos: 287:248), no halla justificación en la aplicación del art. 1101 del Código Civil, máxime cuando en las actuaciones criminales no se vislumbra una inminente conclusión. La demandada, parte en dicho proceso, no puede ignorar que el tema que propone fue resuelto por la Corte de manera tajante.

IV.- Como señalé en el anterior Considerando, la tragedia de Río Tercero provocada por la explosión en la Fábrica Militar, no es n ovedosa para éste Tribunal. En efecto, en el precedente “Atanor S.A. c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios”, del 18/03/10, se abordó la responsabilidad estatal en los fatídicos sucesos, decisorio en el que llegamos a las siguientes conclusiones: a) En el expediente que se instruye en sede criminal, se constató que los involucrados en la causa no son ajenos a la empresa estatal; sino que se trata de dependientes por cuyas acciones u omisiones la demandada debería de todos modos responder, conforme lo normado por el art.1113 del Código Civil; b) De lo resuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de la Provincia de Córdoba en la causa 5-S-96, el día 19 de diciembre de 2003, no se advierte elemento alguno que pueda hacer suponer que en la instrucción suplementaria el canal de investigación a seguir se base en algún episodio bélico provocado por agentes externos a la fábrica militar o a la demandada, que ocasione la ruptura del factor jurídico por el que se le endilga el deber de reparar; c) Aún si se pensare que el agente causal del hecho es un factor de agresión externo a la planta -hipótesis sobre la que machaca la accionada-, tampoco podría sostenerse que la actuación del Estado fuera diligente. Ello así, pues del auto de procesamiento de la instrucción de la causa, se advierten alarmantes condiciones de inseguridad y de prevención en el mantenimiento de la fábrica; d) La responsabilidad de la demandada se concibe si se atiende al carácter del material que se producía en la planta, que debió llevar a la Dirección de Fabricaciones Militares a extremar los recaudos de protección y precaución.

Repito: dicho resolutorio no pudo ser desconocido, sobre todo teniendo en cuenta que, como he podido comprobar de acuerdo a nuestro sistema informático, la interpretación que este Tribunal dio -a partir de un voto del suscripto y por unanimidad- a la normativa aplicable al caso para responsabilizar al demandado, adquirió firmeza, al desestimarse el recurso extraordinario interpuesto por la representación estatal (auto del 21.09.10), decisión que fue consentida.

Ahora bien, es claro que el Gobierno Nacional, quien fue parte en el proceso, no puede desconocer que las cuestiones que trae a conocimiento de la Alzada que atañen a la responsabilidad por el hecho, ya han sido resueltas por ésta, habiendo consentido lo decidido.Se está entonces ante una estrategia meramente dilatoria, cuyo único objetivo parece ser postergar el reconocimiento de un crédito indemnizatorio, incluso de claro contenido alimentario, siendo en algún caso para enjugar daños a la integridad física. Insistir en febrero del 2013 (fecha de expresión de agravios de la demandada), con conjeturas tales como la del ataque terrorista, resulta más propio de una novela de ficción que de la seriedad y probidad con que las partes deben comportarse en el proceso judicial.

Tal proceder no puede serle indiferente al Tribunal. Por tal motivo, corresponde apercibir severamente a la representante del Estado Nacional, Dra. Noemí MONTMASSON, y conminarla a que en el futuro se abstenga de incurrir en prácticas como las observadas en este expediente.

V.- Dada la confirmación de la sentencia de la anterior instancia en cuanto a la procedencia de la indemnización reclamada, ingresaré en el tratamiento de las quejas que ambas partes postulan sobre los distintos rubros que componen la indemnización.

En ese sentido, aclaro de modo preliminar que más allá del modo en que se encuentran propuestos los agravios, para reconocer los montos de acreencia que corresponde a cada uno de los actores seguiré el criterio adoptado por mi colega de la anterior instancia en cuanto dividió la cuantificación en los grandes rubros que conforman la indemnización, esto es, daño material y moral.

El método encarado por el “a quo” no es objetable, pues los sub-rubros o sub-categorías que conforman la indemnización (en el caso, incapacidad sobreviniente, lucro cesante, daño a la vivienda, fondo de comercio, daño psicológico, etc.), no necesariamente deben abordarse como daños autónomos. Según el tipo de agravio que produzca, para proceder a la reparación integral se lo podrá encasillar dentro del daño moral o el material.Es que “la guerra de las etiquetas” o debate acerca de la denominación que corresponde dar a tales o cuales daños, así como “la guerra de las autonomías” o debate sobre si esos daños integran la categoría de los morales o patrimoniales, o por el contrario, si tienen autonomía o forma de una categoría propia, distinta, es un quehacer que no afecta al fondo de la cuestión (conf. MOSSET ITURRASPE, Jorge “El daño fundado en la dimensión del hombre en su concreta realidad”, Revista de Derecho Privado y Comunitario T. 1, Daños a la Persona, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 9).

Por tal motivo, y más allá de la revisión que pueda formularse a la cuantía que se corresponde con el efectivo daño sufrido en relación a cada una de estas sub-categorías, entiendo que la diversidad de reclamos deducidos por los accionantes torna procedente formular el análisis de la forma llevada a cabo en la anterior instancia, para de este modo facilitar el estudio de lo que corresponde reconocer, en definitiva, a favor de cada uno de ellos.

VI.- Siguiendo un orden secuencial, partiré de una breve conceptualización general de los perjuicios que los actores han experimentado para que, de esta manera, se entiendan los extremos que ponderaré a la hora de analizar cada caso en concreto, de acuerdo a las pruebas rendidas en la causa y en mérito a lo que me indica la sana crítica (arg. art. 386 C.P.C.C.N.), sin olvidar el significativo instrumento que aporta el art. 165 del Código ritual.

6.1. En cuanto a la incapacidad sobreviniente es preciso señalar que en este punto debe adoptarse un criterio fluido que contemple la incidencia que las lesiones y secuelas padecidas han proyectado sobre la actividad concreta de la víctima, debiendo valorarse a tal fin su edad, condición social, económica, familiar, actividad y capacitación laboral, estado civil, etc.; como así también el efecto producido sobre el damnificado en sus distintos aspectos vitales (conf.esta Sala, causas n° 2850/98 del 20.9.96; n° 21.830/94 del 26.12.06; entre otras).

Asimismo, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 165 del Código Procesal para determinar el rubro. Pues en el párrafo final de la mencionada norma se faculta al Juez a la fijación directa de los daños reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultase justificado su monto (FASSI-YÁÑEZ, “Código Procesal Civil y Comercial”, T. 1, pág. 827; Sala III, causa 1281/93 del 12.4.96, 5094/92 del 9.5.95). Es decir que para establecer el daño es necesario que se haya probado su existencia y su conexión con el hecho, quedando la cifra librada a la prudente apreciación y fijación judicial (FENOCCHIETTO-ARAZI, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, T. 1, pág. 657; Sala I, causas 5084 del 25.3.88, 635 del 10.4.90, 1554 del 27.5.91, entre otras).

De todos modos, creo apropiado puntualizar, que los porcentuales de incapacidad estimados por el galeno, observados o no por las partes, no son por su naturaleza datos de matemática exactitud, sino valiosas pautas de orientación prudencial (confr. en este sentido causa “Rivero, Vicente c/ Estado Nacional Estado Mayor Gral. de la Armada”, expte. N° 1361/92, del 8.10.97 y sus citas). Es por ello que dicha estimación debe a su vez conjugarse con las restantes circunstancias de la causa.

6.2.En lo relativo al reclamo del lucro cesante por la imposibilidad de continuar explotando las actividades comerciales de los actores como consecuencia del infortunio acaecido y del daño emergente derivado de la destrucción de sus viviendas, recuerdo en primer término que el Código Civil en su artículo 1.069 define al primero de ellos como “la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito” y lo declara resarcible como uno de los capítulos del daño patrimonial junto con el “perjuicio efectivamente sufrido” (daño emergente).

Ahora bien, a fin de la comprobación de la existencia del lucro cesante y el daño emergente por los perjuicios irrogados en las viviendas, obra en la causa la experticia realizada por el perito tasador martillero público Carlos Gustavo CARBONETTI. En ese sentido, luce a fs. 420/555 el informe que refleja cómo los deterioros observados se originaron al producirse las fatídicas explosiones, siendo estos daños la causa que provocó la desvalorización de las propiedades. Asimismo, se considera en el dictamen de fs. 556/664 la reducción de las utilidades que sufrieron los accionantes que desarrollaban sus actividades comerciales en las inmediaciones de la Fabrica Militar.

A la hora de juzgar la presencia del lucro cesante, debe considerarse que aquél debe ser cierto, pero esta certeza es siempre relativa, pues se apoya en un juicio de probabilidad, que comprende lo verosímil, sin llegar a lo seguro, necesario o infalible. En ese sentido, aunque el reconocimiento de este item no pueda ser categórico, se requiere del aporte de circunstancias objetivas que autoricen a inferirlo (conf. ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, “Resarcimiento de daños. Daños a las personas”, t n° 2, 2° edición ampliada, 4° reimpresión, p. 254).

En este punto, la pretensión resarcitoria comprende los valores relativos a la disminución de las ventas correspondientes a los meses posteriores en que se produjeron las explosiones.Recuerdo en este sentido que la producción de daños como consecuencia de una explosión de esta magnitud es un hecho que se configura según el curso natural y ordinario de las cosas (arg. art. 901 del Código Civil). Resulta susceptible de constituirse como causa adecuada de perjuicio para todo aquél que ejerce una profesión liberal o el comercio; por lo que en tales condiciones, deviene natural la imposibilidad de llevar a cabo sus actividades lucrativas a causa del hecho dañoso, determinan do esto la admisibilidad de la pretensión resarcitoria (conf. esta Sala causa 3071 del 24.2.95).

Con relación a la pérdida de facturación reclamada, puntualizo que aparte de la acreditación de la imposibilidad o dificultad de continuar con la explotación comercial del mismo modo que se venía desarrollando previo al suceso que motivó la presente litis, también ha sido demostrada la utilidad obtenida por la explotación de los distintos comercios o actividades laborativas durante los períodos trabajados efectivamente en los meses anteriores en que se suscitaron las explosiones, como así también la merma acontecida en el transcurso de los meses sobrevinientes. Tales extremos, no han merecido objeción por parte del demandado en la etapa procesal correspondiente, pese a encontrarse debidamente notificado y aún cuando se le confirió un plazo especial para su contestación atendiendo al volumen del dictamen (v. cédula glosada a fs. 820). De esta forma, las manifestaciones volcadas en su expresión de agravios en cuanto al tenor de lo informado por el experto o la agregación de copias simples al expediente (v. fs. 1306/1309), comportan tan sólo una impugnación tardía de un medio de prueba que de así ser considerado debió ser cuestionado al momento en que se le confirió la respectiva vista.Es una muestra más de la poca seriedad con que se asumió la representación procesal.

La reparación objeto de tratamiento en este apartado, está constituida por aquéllas pérdidas de orden económico provocadas directa y necesariamente por el hecho ilícito, y que en el supuesto de una organización comercial o de actividades independientes, está conformada por la imposibilidad de obtención de ganancias netas derivadas de las operaciones propias de su giro. En definitiva, no se trata de calcular el valor patrimonial de la lesión a un bien, sino la medida de una ganancia que se habría conseguido si no hubiese acaecido el hecho, esto es, de no haberse materializado el incumplimiento de la obligación general de no dañar (conf. MESSINEO, F. “Manual de Derecho Civil y Comercial”, t. IV, págs. 248/249, N° 3bis; BELLUSCIO, A. C. y otros “Código Civil y Leyes Complementarias. Comentado, Anotado y Concordado”, t. 2 pág. 721). Por lo tanto, la mera frustración de ventas no es, en el caso de autos, susceptible de generar un efecto dañoso en sí misma, sino en tanto y en cuanto ellas son aptas para generar una concreta ganancia neta. De modo tal que es esta ventaja económica que pudo ser obtenida -de acuerdo a probabilidades objetivas, debida y estrictamente comprobadas- y no lo fue, la verdadera pérdida patrimonial que debe ser enjugada por el responsable (conf. C.S. Fallos: 306:1409 considerandos 4 y 5; 312:2269).

Desde esta perspectiva, destaco entonces que existen datos objetivos en punto a los ingresos por ventas que demuestran el nivel de facturación bruta obtenido por el giro comercial de los distintos negocios durante los meses anteriores al acontecimiento, así como el nivel de disminución o diferencia entre la facturación de aquellos con los periodos venideros, todo lo cual permite obtener datos precisos en torno de la magnitud concreta del daño experimentado por la dificultad de llevar adelante sus actividades lucrativas.La magnitud del capítulo en tratamiento responde a los datos técnicos que el perito tasador extrajo de los registros de los demandantes, que serán referidos a la hora de analizar cada caso en particular.

Sobre esta base, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el art. 165 del ritual, la pauta general que tomaré para determinar el lucro o pérdida de ganancia será de un 21,75% de la diferencia de la facturación total. Para ello, no sólo tengo en cuenta que -como he manifestado anteriormente- para determinar el rubro debe descontársele a la facturación las erogaciones en que los negociantes incurrieron en el giro propio de sus actividades comerciales; sino que los largos períodos de tiempo reclamados con posterioridad al evento dañoso hacen presumir que la merma en las utilidades netas obtenidas por los accionantes pudo obedecer a otros factores que coadyuvaron en esa disminución y que no se encuentran relacionados con la explosión, circunstancia que me impide endilgarle a la demandada el deber de responder por todo aquello. A modo de ejemplo, me permito suponer que uno de los factores que pudo incidir en la reducción de las ganancias en el período reclamado fue la crisis general que eclosionó en el transcurso de los años 2001 y 2002, de la cual entiendo que la zona en la que se localizaban los comercios no pudo verse ajena.

6.3. En cuanto al daño moral, cabe recordar que, a juicio de esta Sala, la indemnización cumple un papel principalmente resarcitorio (confr. causa 4412 del 1.4.77 y muchas posteriores), sin que exista relación lógica o jurídica que justifique proporcionar su entidad a la magnitud de los daños económicos, en tanto se trata de rubros de naturaleza enteramente distinta que descansan sobre presupuestos también diferentes.Desde otro enfoque, debo decir que la gravedad de los acontecimientos producidos en la Fábrica Militar de Río Tercero tuvo proyecciones mortificantes con aptitud para provocar, en quien los sufrió, alteraciones disvaliosas de su espíritu, merecedoras de una indemnización a título de daño moral (art. 1078 del Código Civil). A lo que es pertinente añadir que la existencia del daño moral, en el caso, fue admitida por el señor Magistrado de primera instancia y ese aspecto de su decisión ha pasado en autoridad de cosa juzgada, ante la ausencia de crítica concreta y razonada, por parte de la demandada, la que por otra parte, tampoco ha cuestionado los montos reconocidos bajo este concepto (arg. arts. 265 y 266 del C.P.C.C.N.).

En lo que concierne a la presente litis, parto de la base de que el episodio que debieron padecer los actores, según el curso natural y ordinario de las cosas (arg. art. 901 del Código Civil), normalmente apareja secuelas en la integridad psíquica de quienes lo soportan y también repercuten en la esfera íntima de las víctimas.

VII. Sentadas las pautas que emplearé para el cómputo de la indemnización, corresponde determinar los montos que es dable reconocer a cada uno de los damnificados.

7.1. Del libelo de inicio se desprende que el actor V. R. P. solicita la reparación del daño material comprensivo del valor de su fondo de comercio y del lucro cesante por la pérdida de su supermercado (carnicería, verdulería y ramos generales). En ese sentido, del informe elaborado por el perito CARBONETTI surge que el cálculo del detrimento sufrido como consecuencia de la explosión en su fondo de comercio asciende a la suma de $60.072 (v. fs. 559). Por otra parte, agrega el experto que la disminución de la facturación del comercio aludido durante el transcurso de los cien meses posteriores al evento fue por un total de $1.655.885.Ahora bien, aclara el perito tasador que “no se dispone de la totalidad de egresos realizados para poder ser descontados y de este modo obtener una utilidad neta” (fs. 559). Por tal motivo, emplearé la pauta ya fijada en el Considerado VI punto 6.2 de este voto, determinando que la merma que sufrió el accionante obedece a un total del 21,75% de la referida facturación. De este modo, considero que el monto de utilidad neta que se vio privado de obtener el Sr. P. como consecuencia de la explosión asciende a la suma de $360.154, lo que sumado al valor del fondo de comercio, arroja un monto total de condena bajo el rubro de daño material por la suma de $420.226.

No escapa a mi conocimiento que de la prueba aportada a la causa surge que el inmueble del Sr. P., sito en la calle Avda. General Savio n° 1349, sufrió una pérdida en su valor de tasación (v. fs. 431). Sin embargo, el hecho de no haber realizado pretensión alguna al respecto al momento de estimar sus daños en el escrito de demanda (v. fs. 6 punto VII, 1), impide a este Tribunal su fijación en virtud del principio procesal de congruencia (arg. arts. 271 y 277 del Código Procesal).

También propicio admitir la queja que se vincula con el agravio moral, en tanto considero que la suma dispuesta por el “a quo” resulta insuficiente para palear las dolencias que el actor tuvo que padecer en su esfera íntima con motivo del siniestro, si se repara que se trata de una persona que se dedicaba al comercio y que se vio privado de continuar su actividad lucrativa como consecuencia de la explosión. Debe pensarse en la situación de P. ante el panorama devastador originado luego de las explosiones, en el ámbito que hasta entonces era su escenario cotidiano de vida. Por ello, corresponde elevar el monto dispuesto en la anterior instancia en orden al daño moral, el cual se fija en la suma de $132.000 (art.165 del C.P.C.C.N.).

7.2. Con relación a los actores S. B. y R. F., su pretensión inherente al daño material se sustenta en los daños sufridos en su vivienda, los perjuicios irrogados en el comercio de su propiedad (librería-bazar-kiosko) situado en las cercanías de la Fábrica Militar y en las ganancias dejadas de percibir con motivo del siniestro.

En punto al valor que debe reconocérsele por el inmueble sito en la calle 25 de Mayo n° 1624 (nomenclatura catastral C 2 -S 2- Mz 82 -P016), el informe pericial da cuenta de una pérdida de $39.000 con posterioridad a la explosión (v. fs. 421).

Con respecto al fondo de comercio y al lucro cesante relativo a la explotación de la librería-bazar-kiosko, la experticia refiere un valor de $85.950 para el primero de ellos (fs. 561), constatando una pérdida promedio en orden a la facturación de $120.877 por los cien meses posteriores al evento dañoso. En punto al lucro cesante dejado de percibir, debo aclarar que el experto al momento de calcularlo, detrajo las erogaciones que eventualmente hubieran efectuado los accionantes en su giro comercial, y por tal motivo, no hace falta aplicar el porcentual sentado como pauta en el Considerando VI punto 6.2 de este voto (21,75%) . De esta forma, para el cómputo del lucro cesante tengo en cuenta la totalidad del monto que surge de la experticia ($120.877).

Ahora bien, no escapa a mi conocimiento que la sumatoria final que arrojan los montos referidos en el párrafo que antecede ($245.827) resulta un tanto inferior a la reconocida por el Magistrado de la anterior instancia en concepto de daño material ($250.000). Sin embargo, los agravios vertidos por el Estado Nacional en este aspecto de la cuestión importan tan sólo manifestaciones genéricas (v. fs.1305/1306 y 1307 punto II.3), no exponiéndose críticas razonadas que posibiliten su revisión en la Alzada, circunstancia ésta que impone declarar desierto su recurso en lo concerniente a este punto (conf. art. 265 y 266 del C.P.C.C.N.).

Por las razones expuestas, también corresponde desechar las expresiones vertidas por los accionantes tendientes a elevar la suma, adquiriendo firmeza el monto de $250.000 establecido en el dispositivo recurrido en concepto de daño material.

En lo que refiere al agravio de la parte actora vinculado al daño moral, entiendo que aquél debe ser acogido favorablemente. Me persuade para proponer dicha solución, las circunstancias objetivas que rodean a los actores, y que no distan de aquellas tenidas en cuenta a la hora de valorar este rubro con relación al co-actor V. P. En ese sentido, entiendo que el monto de $90.000 reconocido a favor de los Sres. B. y F., resulta exiguo si se repara que con motivo del hecho ilícito aquellos no sólo perdieron su vivienda sino también el lugar donde desarrollaban sus actividades comerciales, implicando esto no sólo la interrupción de sus tareas laborativas, sino también los trastornos lógicos que deben ser soportados en razón de semejante menoscabo. Es de suponer la situación de vacío y desarraigo ante la destrucción material de su hogar, y por ello propongo que la condena relativa al daño moral, sea elevada a la suma de $150.000 a favor de cada uno de los actores (conf. art. 165 del C.P.C.C.N.).

7.3. Llega el turno de abordar los cuestionamientos volcados por ambas partes con relación al monto indemnizatorio otorgado a favor del Sr. J. M. A.Reclama el actor en la pieza inaugural del proceso los daños materiales derivados de su incapacidad psico-física y el agravio moral, los que han sido reconocidos en la sentencia de grado en la suma de $300.000 y $150.000, respectivamente.

De las pruebas que en este punto han sido aportadas en autos resulta que el actor tenía cuarenta y cuatro años de edad al tiempo del hecho, siendo de estado civil casado. Asimismo, surge del expediente que aquél cuenta con estudios secundarios completos y terciarios que debieron ser abandonados debido a su situación económica y a las lesiones físicas y psíquicas derivadas del infortunio (fs. 724vta.). Se desempeñó como empleado del Banco Social de Córdoba -filial Río Tercero-, encontrándose desocupado al momento en que se le practicó la pericia de autos. En oportunidad de desarrollarse la entrevista con el perito traumatólogo, presentó “una lesión en su rodilla derecha motivada por un traumatismo sufrido el 24 de noviembre de 1995, en ocasión de las explosiones ocurridas en la Fábrica Militar de Río Tercero” (conf. fs. 689). De acuerdo al informe pericial, la actora alcanza una incapacidad física del 19% de la total obrera, siendo ésta parcial y permanente, produciéndose como consecuencia de un “traumatismo que sufrió al correr para no ser alcanzado por los explosivos” (fs. 689). Por otra parte, de las conclusiones generales esbozadas por el perito psiquíatra Dr. Enrique HILLTON, surge que el accionante padece aprensiones de origen traumático, que le ocasionan una “incapacidad laboral de carácter PERMANENTE, TOTAL E IRREVERSIBLE, con un porcentaje del 75%” (fs. 732vta.). En este aspecto, el experto dictaminó que las secuelas se desencadenaron a partir de la catástrofe producida por las explosiones.

En atención a las constancias de autos, en particular de los informes periciales, corresponde hacer lugar a la queja de la parte actora que pretende la elevación del monto reconocido en concepto de daño material, el cual se establece en la suma de $400.000.En igual sentido, propongo elevar la indemnización que se reconoce en concepto de daño moral a la suma de $200.000, pues no puedo dejar de ponderar las repercusiones de índole espiritual que una tragedia de tamaña magnitud generó en el sujeto que debió atravesarla, máxime si se tiene en cuenta que en razón de ello padeció daños en su persona, quedando disminuido en su integridad física.

7.4. En lo atinente a H. C. R., al momento de la fijación del monto reconocido en la anterior instancia en concepto de daño material, el sentenciante meritó los perjuicios derivados de la destrucción del inmueble, el fondo de comercio, su lucro cesante y la incapacidad sobreviniente. En este punto, atendiendo los agravios de las partes que se relacionan con la proyección del daño en los referidos sub-items, formularé algunas apreciaciones para que se comprenda el modo en que entiendo debe quedar conformada, en definitiva, la indemnización por este rubro.

Para ponderar los valores relativos a la vivienda, me ceñiré -al igual que lo hice en los restantes casos- al importe informado por el perito tasador en su dictamen pericial, el cual reitero, no ha sido objeto de critica por parte del Estado Nacional. En ese sentido, el experto da cuenta de una merma en la valuación del inmueble ubicado en la calle E. Carriego por la suma de $78.000 (fs. 521) y del galpón sito en la calle 2 de Abril N° 175 en la suma de $18.000 (fs. 530), todo lo cual arroja un saldo resultante de los perjuicios producidos a la propiedad en la estimación final de $96.000.

Por otra parte, dentro de este rubro reclama el actor los perjuicios irrogados en su fondo de comercio; el cual, de conformidad con la pericia ya referida ha sido cuantificado en la suma de $402.400 (fs. 633). Tal extremo, se encuentra aseverado con las declaraciones testimoniales obrantes en el beneficio de litigar sin gastos. Sobre ello, declara el testigo Eber CRACCO que R.”tenía un taller hidráulico, que actualmente no lo tiene y que tuvo problemas en las maquinarias” y que “no sabe a que se dedica actualmente” (conf. fs. 16). En igual sentido, al contestar las preguntas que se le formularon, dijo el testigo Héctor BALLS que el referido coactor “tiene un taller de reparaciones hidráulicas. Que estaban reparándolo porque se había hecho bolsa” (sic. fs. 21vta.), agregando que al momento de la explosión R. “se cayó en una fosa y se quebró la pierna”. No habiendo sido desvirtuado el valor probatorio de las referidas constancias de autos (arg. art. 456 del C.P.C.C.N.), no puedo más que tenerlas en cuenta al momento de evaluar el perjuicio. Es dable destacar en tal sentido, que no sólo la accionada ha omitido realizar manifestaciones tendientes a desacreditar el informe pericial o la evidencia testimonial, sino que asumió una conducta indiferente en lo que a producción probatoria se refiere, impidiendo esto valorar otros extremos que los que estrictamente surgen de la causa a la hora de cuantificar este daño.

Ahora bien, párrafo aparte merece el tratamiento del lucro cesante y la incapacidad sobreviniente reclamada por el accionante y ponderadas por el Magistrado a la hora de fijar el monto inherente al daño material. En ese sentido, soy partidario de que la cuantificación de ambos ítems, en este caso, sea practicada en forma conjunta. Ello así, pues si bien el lucro cesante, considerado en sí mismo, difiere de la incapacidad sobreviniente, ya que mientras el primero consiste en la frustración de concretar ganancias esperadas, la segunda se vincula con la pérdida de la capacidad de generarlas, lo que permite calificarla como una forma de daño emergente; cuando como en autos dicha incapacidad resulta de hecho definitiva desde el momento del ilícito, la procedencia de ambos rubros sólo cabe en tanto el lucro cesante corresponda a lapsos previos a la incapacidad como absoluta, pero no cuando ésta se exterioriza desde el principio con ese alcance (conf. C.N. Civ.Sala I, “Broitman, Héctor c/ Automóvil Club Argentino y otro s/ daños y perjuicios”, del 30/12/93). Dicho en otros términos, cuando desde el día del siniestro se produce una incapacidad permanente, los rubros “lucro cesante” e “incapacidad sobreviniente” se confunden en un mismo concepto.

De la pericia médica practicada en autos surge que el actor padece de una incapacidad en su rodilla izquierda del 100% de la total obrera en forma absoluta y permanente que “se produjo como consecuencia del traumatismo que sufrió al caerse en la fosa de su taller cuando ocurrieron las explosiones” (conf. fs. 689 vta.). Del aludido dictamen no surge que el Sr. R. haya sufrido una incapacidad transitoria que amerite la fijación de un lucro cesante distinto al que tendré en cuenta como uno de los factores para ponderar la incapacidad sobreviniente. De esta forma, si se admitiese la pretensión del actor de ponderar en modo independiente los daños padecidos por la misma incapacidad y por su presumible lucro cesante, sólo generaría una duplicidad de indemnización por un mismo perjuicio, lo cual no puede ser admitido. Ello sin perjuicio de que a la hora de cuantificar el monto que entiendo acorde para reparar la incapacidad que padece el actor, voy a ponderar también la pérdida de posibilidades lucrativas del damnificado a causa de la disminución física o síquica provocada por el accidente.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el Sr. R. se desempeñaba al frente de un taller mecánico (“Hidráulica Rivoiro”), destinado a brindar servicios de reparación de vehículos nacionales e importados y máquinas viales y agrícolas y que, como ha mencionado el experto, padece de una incapacidad del 100% en una de sus rodillas que le impide trasladarse correctamente (v. absolución de posiciones obrante a fs. 389), estimo prudencial, de conformid ad con lo dispuesto por el art.165 del Código Procesal, fijar la reparación de la incapacidad sobreviniente en la suma de $400.000.

Con relación a los gastos del tratamiento médico, rayo láser y ultrasonido futuros al que deberá ser sometido el actor, que entiende que se ha omitido valorar en la anterior instancia, su necesidad ha quedado acreditada por las expresiones del experto a fs. 689 vta. En razón de ello, no existiendo prueba que refiera a la cuantía de las erogaciones que deberá solventar el accionante, considero prudente fijarlas en $1.500 en virtud de lo dispuesto por el art. 165 del Código Procesal.

Por todo lo expuesto, debe prosperar favorablemente la queja de esta actora que se vincula con la disconformidad del monto otorgado en concepto de daño material, el que se eleva en total a la cantidad de $899.900.

Por último, debo expedirme respecto de la queja vinculada a la exigüidad del monto reconocido por el agravio moral. En este aspecto, también entiendo que lo reconocido en el dispositivo recurrido resulta escaso para hacer frente a las molestias espirituales del actor, que reconocen su origen cierto en la explosión que motiva la presente causa. Para proponer la elevación de la cifra dispuesta en la sentencia de grado, tengo especialmente en cuenta la circunstancia traumática vivenciada por el Sr. R. al momento de la explosión y que ha sido esbozada por él a fs. 389 y corroborada por los testimonios no objetados (ver fs. 16 y 21 vta. del beneficio de litigar sin gastos), al manifestar que vio caer una granada en el galpón donde se encontraba realizando sus labores, que volteó una pared y cuya onda explosiva lo lanzó al fondo de una fosa (fs. 389, respuesta a la segunda posición). Asimismo, también evalúo las implicancias de índole moral que debió sufrir el actor como consecuencia de percibir destruida no sólo su taller de trabajo, sino su propia vivienda en donde habitaba con su esposa (conf. fs.389 vta.). Por todo lo expuesto, propongo que el monto que en definitiva debe reconocérsele por el rubro daño moral debe ser elevado a la suma de $275.000.

7.5. De las probanzas arrimadas a la causa resulta que la actora E. G. B. d B. tenía cincuenta y dos años de edad al tiempo del hecho, siendo de estado civil casada. Asimismo, surge del expediente que aquella cuenta con estudios primarios y que, con anterioridad a la explosión, se desarrollaba como “modista”. De acuerdo al informe pericial, esta actora tiene “su salud psiquiátricamente muy comprometida, padeciendo de aprensiones traumáticas, estrés postraumático, depresión mayor y pantofobia” (fs. 759). En cuanto a la causalidad con el evento dañoso, el perito es tajante al sostener que “dichas afecciones se desencadenaron por las explosiones de la Fábrica Militar Río Tercero”. Como consecuencia de ello, el Dr. HILLTON establece una incapacidad resultante de las mencionadas patologías de un 100% de la total obrera, de carácter crónico, total, permanente e irreversible (fs. 759).

En atención a las constancias de autos, en particular al informe pericial que da cuenta de la incapacidad psíquica de la Sra. B. de B.S, corresponde hacer lugar al recurso de esta actora en cuanto pretende la elevación del monto por incapacidad, el que propongo fijar en $350.000. En el mismo sentido, debe admitirse la elevación del daño moral a la suma de $ 200.000. Para proponer ese ascenso, me impresiona como un dato de gran relevancia la secuela de orden espiritual que el acontecimiento generó en la accionante, en tanto del dictamen pericial se advierte que la Sra. E. padece de un trastorno con sensación de muerte súbita (fs. 717), debiendo realizar tratamientos continuos para evitar que la depresión en la que se encuentra inmersa, determine la decisión de suicidarse (fs. 759).

7.6. En lo que respecta a la Sra. M. V.B., el informe pericial expone que aquella tenía diecinueve años de edad al momento del evento, encontrándose en la actualidad casada. Por otra parte, del referido dictamen surge que se desempeña como ama de casa y que se encarga del cuidado de su madre, quien en estas actuaciones también reviste el carácter de accionante. Consultado en cuanto a la incapacidad psíquica que padece la actora, el perito HILLTON concluye que ésta posee estrés postraumático que se desencadenó “a partir de la Catástrofe producida por las explosiones en la fábrica militar” (fs. 775). Dictamina el experto que la incapacidad laboral es de “carácter: permanente, total e irreversible” y con un porcentual del 85% de la total obrera (fs. 775).

Valorando las probanzas de la causa, estimo insuficiente el monto reconocido en la anterior instancia; y propicio su elevación, debiendo entonces reconocerse para el rubro daño material la suma de $330.000.

En lo que respecta al daño moral, también propongo su elevación a la cantidad de $200.000, pues considero que la cifra otorgada en la anterior instancia no resulta proporcional a los padecimientos espirituales que tiene que sobrellevar la victima, al igual que he ponderado respecto de los restantes actores que sufrieron secuelas incapacitantes.

7.7. Por último, en cuanto a los actores L. A. R., M. G. A., J. D. F., H. B. y E. A. G., el “a quo” ha reconocido una condena a favor de ellos de $25.000, $65.000, $320.000, $50.000 y $320.000 en concepto de daño material, respectivamente. En este punto, se advierte que las manifestaciones esbozadas por ambas partes en sus expresiones de agravios comportan tan sólo un descontento genérico en orden al “quantum” fijado, mas ninguna crítica aportan que permita revisar el temperamento asumido en la anterior instancia. Como se aprecia sin esfuerzo de los puntos B.3., B.4. B.7., B.8. y B.11. del escrito de fs. 1311/1317 y de la enclenque pieza obrante a fs.1302/1308, no se han satisfecho las exigencias del art. 265 del Código Procesal, pues los litigantes no ensayan crítica alguna hacia lo resuelto en la anterior instancia, remitiéndose a apreciaciones de orden genérico relativas a la disconformidad en la cuantificación de los daños.

A mayor abundamiento, advierto que tampoco merece tratamiento ante la Alzada el agravio volcado por la demandada sobre las sumas otorgadas al co-accionante F. Ello, si se repara que de la simple lectura del acápite dirigido a cuestionar el aspecto de la sentencia que versa en punto a su incapacidad, se desprende que el Estado Nacional basa su descontento en el porcentaje otorgado por el perito médico al momento de presentar el informe (“el Sr. F. no se encuentra afectado en el grado que se le ha reconocido”, conf. fs. 1308). Recuerdo una vez más que la expresión de agravios no comporta una suerte de impugnación de los informes periciales (aunque en rigor tampoco alcanza para calificar de ese modo al simple disenso insinuado al expresar agravios), sino una crítica razonada del modo en que aquellos fueron ponderados, circunstancia que dista de ser la aludida por la parte en su escrito.

Se impone entonces también en este punto la deserción parcial del recurso de ambas partes (art. 266 del C.P.C.C.N.), pues no se esgrime crítica alguna a lo decidido por el “a quo” con relación a los rubros indemnizatorios que conforman el daño material.

Ahora bien, con relación al daño moral, los accionantes se agravian, al igual que los restantes co-actores, por considerar exiguo el monto fijado por el sentenciante, esbozando sus críticas a lo resuelto en la anterior instancia. Y tienen razón, pues valorando que se trató de daños a la vivienda personal, con las implicancias que conlleva en el ánimo de cada uno de ellos el hecho de ver destruida su vivienda y por ende su hogar, debe de elevarse el monto reconocido a favor de los co-actores L. Á. R., M. G. A. e H.B. en la suma de $122.000, a favor de cada uno de ellos. Asimismo, en lo que atañe a los restantes coaccionantes, también propongo la elevación del monto a $200.000; pues no puedo dejar de meritar que, sumado a la destrucción de sus bienes inmuebles, los Sres. F. y G. debieron soportar los padecimientos espirituales propios de los daños que se les generaron en su persona.

7.8 Previo a finalizar con el tratamiento de los agravios relativos a la cuantía de los rubros, corresponde dejar sentado que a los montos reconocidos a favor de los actores V. P., S. B., L. R., H. R., J. F. e H. B., deberán detraérsele las sumas percibidas en virtud de los decretos 691/95 y 992/95, tal como se calculó en la sentencia de grado sin que mereciera esto queja de ninguna de las partes.

VIII.- Resta analizar si nos encontramos ante un supuesto que justifique la aplicación de la excepción prevista en el art. 18 de la Ley N° 25.344, como lo postulan los actores en sus agravios.

Respecto de esta cuestión, me interesa poner de resalto que el mentado art. 18 prevé la posibilidad de excluir un crédito del régimen de consolidación consagrado en la Ley N° 25.344 en los supuestos de obligaciones de naturaleza alimentaría, cuando median circunstancias excepcionales vinculadas a situaciones de desamparo e indigencia.

Los supuestos en los cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado justificada la excepción, se han referido a damnificados víctimas de incapacidad importante quienes, por su situación, requerían disponer en forma inmediata del dinero del resarcimiento a fin de detener el proceso de degradación física o psíquica a través de la rehabilitación oportuna (conf. Sala I, causa n° 2787/97 del 19.06.07).

Asimismo, esta Cámara ha aplicado la excepción prevista en el art.18 de la Ley N° 25.344 a supuestos donde lo contrario hubiera frustrado la finalidad de rehabilitación o recuperación o en casos de severa incapacidad (ver causa “Camal”, fallada por Sala III, del 07.03.02, decisión confirmada el 02.06.03 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

Por otra parte, si nos atenemos al concepto amplio que debe dársele a aquellas obligaciones de naturaleza alimentaría, los rubros a excluir del régimen de la consolidación de la deuda pública no pueden hallarse circunscriptos únicamente a aquellas sumas destinadas a palear las contingencias de su propia subsistencia o enfermedad, sino que debe de extenderse a aquellas necesidades propias que se encuentran estrechamente relacionadas con las gastos habitacionales, de vestimenta, entre otros tantos.

Ahora bien, en estos autos, se configuran tales extremos en los casos de los Sres. S. B., R. F., J. M. A., H. C. R., E. B. de B., M. V. B., L. R. y E. A. G. pues todos estos demandantes son personas portadoras de incapacidades absolutas y permanentes significativas, que sufren múltiples dolencias tanto en su aspecto físico como psíquico. Por otra parte, han perdido sus viviendas con motivo del trágico suceso. No puedo dejar de ponderar las circunstancias expuestas al momento de analizar las indemnizaciones dispuestas para cada uno de ellos para apreciar si encuadran en la excepción de la norma en análisis.

Atento a lo expuesto, las sumas reconocidas en todos aquellos conceptos que se encuentran relacionados a las indemnizaciones tendientes a reparar los daños causados a sus personas (vgr. incapacidad sobreviniente, tratamiento médico y daño moral) y sus viviendas, se encuentran marginadas de la consolidación.

Con relación al daño moral, debo realizar una sucinta aclaración atendiendo al criterio que ha sostenido esta Sala ante supuestos de hecho similares a los que se presentan en el “sub lite”, respecto a sujetos portadores de importantes incapacidades.Si bien es cierto que en tales casos el Tribunal entendió que las sumas destinadas a la reparación del agravio moral debían quedar comprendidas dentro del régimen previsto para la consolidación de la deuda pública (conf. esta Sala “Corbalan Miguel Bernardo y otro c/Estado Nacional. Ministerio del Interior s/ accidente en el ámbito militar y fuerzas de seguridad” del 5/03/13), no menos lo es que a la luz del reciente y posterior precedente dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulta aconsejable revisar nuestro anterior criterio a fin de que lo que aquí se resuelve se armonice con las directivas fijadas por el Máximo Tribunal (conf. C.S.J.N. “Cots, Libia Elda c/ Estado Nacional -Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y otros s/ sumario” , del 12/03/13).

En ese sentido, no podemos pasar por alto que en la citada causa -que reconocía una indemnización por daños y perjuicios configurados por la amputación de ambos miembros inferiores-, el Cimero Tribunal consideró que por el carácter alimentario que debía de otorgársele al crédito reconocido a favor de la accionante, correspondía hacer extensiva las previsiones del art. 18 de la Ley N° 25.344 por accesoriedad a todos los rubros que conformaban la condena (en el caso, incapacidad sobreviniente, daño psicológico, gastos médicos y agravio moral). Para ello, ponderó especialmente que tratándose de una indemnización por daños, aquella tenía como finalidad la reparación integral de los perjuicios, debiéndole permitir a la actora afrontar los gastos que su propia condición incapacitante le generara (conf. considerando 5°).

En razón de ello, corresponde hacer extensiva esta línea directriz emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y adoptar el mismo temperamento para el caso de las sumas reconocidas a favor de S. B., R. F., J. M. A., H. C. R., E. B. d B., M. V. B., L. R. y E. A. G.en concepto de daño moral, montos que al igual que aquellos que se reconocen para indemnizar las incapacidades sobrevinientes, los gastos de tratamiento futuro y los daños a sus viviendas, quedarán exceptuados del régimen de consolidación de la deuda pública.

Ahora bien, en el caso del Sr. R. corresponde formular una aclaración más, pues la indemnización reconocida a su favor en concepto de daño material, excede los agravios irrogados a sus personas y a su vivienda pues también se encuentran cuantificados bajo ese rubro, otros ítems que responden a daños en su patrimonio (daños al inmueble en el que desarrollaba su actividad y el fondo de comercio). Desde este punto de vista, entiendo que aquellas sumas sí se encuentran incluidas dentro del régimen previsto por la Ley N° 25.344, ya que no considero que su satisfacción a través de los mecanismos de consolidación de la deuda pública postergue al actor a alguna de las situaciones previstas en el art. 18 de la mentada norma. Y es que, la finalidad con la que se le reconocen las sumas inherentes a los daños causados en este aspecto a su propiedad, no parecieran encontrar el sustento en un crédito de carácter alimentario -circunstancia especialmente ponderada por la Corte Suprema-; sino tan sólo el restablecimiento de los daños que, al igual que otros de los co-actores, debió sufrir en su comercio como consecuencia del siniestro. De esta forma, en los términos que surgen del considerando 7 punto 4 se puede apreciar con claridad los montos que se reconocen a su favor en concepto de incapacidad sobrevinientes, gastos de tratamiento médico y daños a la vivienda ($479.500).

Recapitulando, y sólo para evitar futuras cuestiones incidentales en orden a la complejidad que presenta esta causa a la hora de determinar los créditos que efectivamente se encuentran excluidos del régimen de consolidación de la deuda pública, procederé a continuación a enumerar aquellos: a) S. C.B.: $169.500 (daño a la vivienda: $19.500; daño moral: $150.000); b) R. F.: $169.500 (daño a la vivienda: $19.500; daño moral: $150.000); c)J. M. A. $600.000 (incapacidad sobreviniente: $400.000-daño moral: $200.000); d) H. C. R. $ 754.500 (daño a la vivienda: $78.000 -incapacidad sobreviniente: $400.000 -gastos médicos: $1.500 -daño moral: $275.000); e) E. B. D B. $550.000 (incapacidad sobreviniente: $350.000- daño moral: $200.000); f) M. V. B. $530.000 (incapacidad sobreviniente: $330.000- daño moral: $200.000); g) L. A. R. $147.000 (daño a la vivienda y valor vestimenta: $25.000 -daño moral: $122.000); h) E. A. G. $520.000 (incapacidad sobreviniente: $259.000- daño a la vivienda: $61.000- daño moral: $200.000).

Párrafo aparte merece la situación de los Sres. J. D. F., M. G. A. e H. B. Ello así, pues aún cuando lo reconocido en concepto de daño material obedece a las incapacidades sufridas en vida y perjuicios en sus viviendas con motivo del siniestro, lo cierto es que ante sus lamentables decesos, no es posible aplicar el régimen de excepción que aquí se analiza, pues quienes en definitiva percibirán el crédito que surge de esta sentencia, serán los sucesores que han continuado el proceso.

Con relación al restante accionante V.P., no puedo dejar de advertir que aún cuando aquél no ha padecido secuela incapacitante con motivo de las explosiones, tampoco ha acreditado otros padecimientos que, aún sin tener relación con el hecho que motiva el pleito, pudiera encuadrarlo en la situación de desamparo prevista por la norma para hacer operativa la excepción al régimen de consolidación.

Por lo tanto, si mi voto es compartido, el agravio de los actores habrá de prosperar de manera parcial.

IX.- Con relación a la tasa de interés dispuesta por el “a quo”, el colega no se ha apartado de la empleada por las tres salas de este Tribunal (ver esta Sala, 08/08/1999, “Grossi c/ C.N.A.S.”) y que también se utiliza, a partir del plenario “Samudio” (del 20/04/2009), en el fuero civil. Agrego que es la que más se corresponde con el contexto de la economía argentina y que resulta la dispuesta por la Sala en el precedente ya citado “Atanor”, a la hora de fijar los intereses inherentes a la indemnización derivada por este mismo hecho.

Por otra parte, con relación al hito inicial a partir del cual comenzará a correr el cómputo de los accesorios, debe prosperar la queja de los accionantes en tanto estos deberán calcularse desde la fecha en que se produjo la primera explosión en la Fábrica Militar de Río Tercero (3.11.95). Esto es así, pues allí debe situarse el evento dañoso que comenzó a generar los perjuicios cuyas indemnizaciones se reconocen mediante el dictado de este pronunciamiento. Ello, sin perjuicio de que en el caso del Sr. J. M.A., el hito inicial para comenzar con el cómputo de los intereses dispuesto por el “a quo” debe confirmarse, en tanto como ha sido referido en el Considerando VII punto 3, los daños irrogados en su persona tuvieron su origen en la segunda de las explosiones (24/11/95).

Respecto de las obligaciones reconocidas en esta sentencia que se encuentran consolidadas, corresponde que se aplique la tasa activa del Banco Nación desde la fecha de la primera explosión hasta el 1/01/2000, término a partir del cual empezarán a devengarse los intereses previstos en la normativa de emergencia (Ley N° 25.344 y Decreto N° 1116/00), hasta el efectivo pago. Asimismo, respecto de la porción de los créditos de aquellos actores que, por lo expuesto en el Considerando VIII del presente voto, han quedado exceptuados de la consolidación, los accesorios deberán ser computados desde el día 3.11.95 hasta la fecha de su efectivo pago, a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días.

En cuanto a los intereses respecto del costo de tratamientos médicos que propongo reconocer a favor del actor R., se devengarán a partir de la fecha de notificación de esta sentencia, a idéntica tasa que la arriba mencionada, por tratarse de gastos futuros o al menos no se ha demostrado que ya se hayan irrogado.

X.- En cuanto al agravio atinente a las costas, esta Sala tiene resuelto que en casos de responsabilidad civil el hecho de que no hayan prosperado todos y cada uno de los rubros pretendidos en la demanda, ni por el monto reclamado, no empece a que, de acuerdo con el criterio objetivo de la derrota, sea el responsable quien cargue con los gastos causídicos -en proporción a la cuantía de la condena-, ponderando que su actitud obligó al damnificado a litigar para obtener el reconocimiento de sus derechos y que dich as erogaciones constituyen un menoscabo indemnizable (conf.causas n° 1.981/97 del 19.9.99; 6.697/99 del 24.6.03, entre muchos otros). Máxime cuando la demandada ha introducido puntos de litigio claramente esclarecidos -en decisorios firmes-, ampliando innecesariamente la materia litigiosa.

Por consiguiente, tampoco resultan atendibles los agravios del Estado Nacional en cuanto a la imposición de costas decidida por el “a quo”.

XI.- En mérito a lo expuesto, voto por:

11.1. Confirmar la sentencia de fs. 1236/1246, en lo sustancial, y hacer parcialmente lugar al recurso de apelación interpuesto por los actores, con costas de ambas instancias a la demandada vencida (conf. art. 68 del C.P.C.C.N.).

11.2. Condenar al Estado Nacional a abonar a los accionantes las indemnizaciones reconocidas, las cuales se fijan del siguiente modo: a) V. R. P.: $ 549.544 (daño material: $420.226; daño moral: $132.000; descuento: $2.682); b) S. C. B.: $274.150 (daño material: $125.000; daño moral: $150.000; descuento: $850) c) R. Á. F.: $275.000 (daño material: $125.000; daño moral: $150.000); d) L. A. R.: $143.155 (daño material: $25.000; daño moral: $122.000; descuento: $3.845); e) M. G. A.: $187.000 (daño material: $65.000; daño moral: $122.000); f) J. M. A.: $600.000 (daño material: $400.000; daño moral: $200.000); g) H. C. R.: $1.151.885 (daño material: $899.900; daño moral: $275.000; descuento: $23.015); h) J. D. F.: $517.360 (daño material: $320.000; daño moral: $200.000; descuento: $2640); i) H. A. B.: $ 164.723 (daño material: $50.000; daño moral: $122.000; descuento: $7277); j) E. B. d B.: $550.000 (daño material: $350.000; daño moral: $200.000); k) M. V. B.: $530.000 (daño material: $330.000; daño moral: $200.000); l) E. A. G.: $520.000 (daño material: $320.000; daño moral: $200.000).

11.3.Disponer que la porción de los créditos reconocidos a favor de los actores S. B., R. F., J. M. A., H. C. R., E. B. d B., M. V. B., L. R. y E. A. G. correspondiente a la incapacidad sobreviniente, gastos de tratamiento médico, daños a la vivienda y daño moral, queden excluidos del régimen de consolidación consagrado en la Ley N° 25.344, en los términos del art. 18 de la referida norma.

11.4. Diferir el tratamiento de los recursos de apelación contra los honorarios regulados, así como para la fijación de los estipendios devengados por la actuación ante la Alzada, hasta tener una liquidación aprobada, quedando sin efecto los estipendios regulados por el “a quo” (art. 279 del C.P.C.C.N.).

11.5. Llamar severamente la atención a la Dra. Noemi MONTMASSON, atento a que su conducta procesal observada en autos difiere de los cánones esperables conforme la buena fe, probidad y lealtad procesal.

El señor Juez de Cámara Ricardo Víctor Guarinoni no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

La doctora Graciela Medina por razones análogas a las expuestas por el doctor Alfredo Silverio Gusman adhiere al voto que antecede.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta sala RESUELVE: Confirmar la sentencia de fs. 1236/1246, en lo sustancial, y hacer parcialmente lugar al recurso de apelación interpuesto por los actores, con costas de ambas instancias a la demandada vencida (conf. art. 68 del C.P.C.C.N.).

Condenar al Estado Nacional a abonar a los accionantes las indemnizaciones reconocidas, las cuales se fijan del siguiente modo: a) V. R. P.: $ 549.544 (daño material: $420.226; daño moral: $132.000; descuento: $2.682); b) S. C. B.: $274.150 (daño material: $125.000; daño moral: $150.000; descuento: $850) c) R. A. F.: $275.000 (daño material: $125.000; daño moral: $150.000); d) L. A. R.: $143.155 (daño material:$25.000; daño moral: $122.000; descuento: $3.845); e) M. G. A.: $187.000 (daño material: $65.000; daño moral: $122.000); f) J. M. A.: $600.000 (daño material: $400.000; daño moral: $200.000); g) H. C. R.: $1.151.885 (daño material: $899.900; daño moral: $275.000; descuento: $23.015); h) J. D. F.: $517.360 (daño material: $320.000; daño moral: $200.000; descuento: $2640); i) H. A. B.: $ 164.723 (daño material: $50.000; daño moral: $122.000; descuento: $7277); j) E. B. d B.: $550.000 (daño material: $350.000; daño moral: $200.000); k) M. V. B.: $530.000 (daño material: $330.000; daño moral: $200.000); l) E. A. G.: $520.000 (daño material: $320.000; daño moral: $200.000).

Disponer que la porción de los créditos reconocidos a favor de los actores S. B., R. F., J. M. A., H. C. R., E. B. d B., M. V. B., L. R. y E. A. G. correspondiente a la incapacidad sobreviniente, gastos de tratamiento médico, daños a la vivienda y daño moral, queden excluidos del régimen de consolidación consagrado en la Ley N° 25.344, en los términos del art. 18 de la referida norma.

Diferir el tratamiento de los recursos de apelación contra los honorarios regulados, así como para la fijación de los estipendios devengados por la actuación ante la Alzada, hasta tener una liquidación aprobada, quedando sin efecto los estipendios regulados por el “a quo” (art. 279 del C.P.C.C.N.).

Llamar severamente la atención a la Dra. Noemi MONTMASSON, atento a que su conducta procesal observada en autos difiere de los cánones esperables conforme la buena fe, probidad y lealtad procesal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN.

GRACIELA MEDINA

 

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