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Rechazo de la demanda para el cobro de rubros indemnizatorios por despido al ser la actora beneficiaria de un plan jefas de hogar

DemandaPartes: Giay Emilse Clotilde c/ Servicio Asist. Médica para la Comunidad (S.A.M.Co.) s/ cobro de pesos

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Fecha: 19-mar-2013

Cita: MJ-JU-M-78491-AR | MJJ78491 | MJJ78491

Se rechazó la demanda de quien pretendía cobrar rubros indemnizatorios derivados del despido por ser el actor beneficiaria de un plan jefas de hogar y declaró, para acceder a dicho beneficio hallarse desocupada.

Sumario:

1.-Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia y rechazar la demanda tendiente al cobro de indemnizaciones derivadas del despido toda vez que la actora declaró bajo juramento hallarse desocupada al tiempo de solicitar el beneficio de un Plan Jefas de hogar y durante el lapso que alegó estar desocupada percibió el beneficio del plan por lo que en virtud de la doctrina de los actos propios no puede admitirse que sostenga, como lo hace en la demanda, haber estado trabajando ininterrumpidamente bajo la subordinación y dependencia del demandado durante ese lapso de tiempo.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil trece, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Lorenzo J. M. Macagno, Rodolfo L. Roulet y Juan Manuel Oliva: (Acta fs. 250 – 02/05/12), para resolver los recursos de nulidad y de apelación interpuestos por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Señora Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la Primera Nominación de esta ciudad, Dra. Beatriz A. Abele, en los autos caratulados: «Expte. N° 94 – Año 2011 – GIAY, Emilse Clotilde c/ SERVICIO ASIST. MEDICA PARA LA COMUNIDAD (S.A.M.Co.) s/ COBRO DE PESOS – RUBROS LABORALES».

Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primero, Dr. Lorenzo J. M. Macagno; segundo, Dr. Rodolfo L. Roulet; tercero, Dr. Juan Manuel Oliva.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1era.: ¿Es nula la sentencia apelada?

2da.: En caso contrario ¿es ella justa?

3ra.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?

A la primera cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo:

Si bien el recurrente de fs. 178 mantuvo el recurso de nulidad, de la lectura de sus fundamentos se infiere que los cuestionamientos que formula son susceptibles de remedio, en su caso, mediante el recurso de apelación, por lo que siendo aquél de carácter excepcional, a esta cuestión voto por la negativa.

A la misma cuestión, la Dr. Rodolfo L. Roulet dijo que por idénticos fundamentos votó asimismo por la negativa a esta primera cuestión.

A esta primera cuestión, el Dr. Juan Manuel Oliva dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26 , Ley 10.160).

A la segunda cuestión, el Dr. Lorenzo J. M.Macagno dijo:

Antes de ingresar al tratamiento del recurso, conviene dejar aclarada una cuestión procesal insinuada por la actora a fs. 187 con relación a lo actuado por la Comuna de Ataliva. Está claro que ésta fue traída a este proceso en el marco del art. 305 del C.P.C., y en tanto esta citación constituye una mera comunicación formal de la pendencia de la causa (denuncia de la litis), va de suyo, como principio, que el tercero citado no es parte en el proceso, no es un nuevo demandado.

Pero tal como lo apunta autorizada doctrina, si el tercero citado decide participar en el proceso que se le denuncia -no le es obligatorio hacerlo- la denuncia de la litis encaja con la intervención adhesiva simple (MARTINEZ, Hernán J., «Procesos con sujetos múltiples», Ed. La Rocca, Buenos Aires, 1987, t. I, págs. 370/1, apartado 6). El mismo autor, luego de puntualizar que el tercero coadyuvante simple no es parte en el proceso, señala que «se le reconoce al adherente simple la posibilidad de apelar aun cuando no lo hiciera su coadyuvado, siempre que no haya un consentimiento expreso de la sentencia por parte de éste. Es el caso de interversión del carácter con que actuaba: de asistente, forma con la que ingresó al proceso, a representante» (MARTINEZ, Hernán, op. cit., págs. 315/6; ver también CARLOS, Eduardo B. y ROSAS LICHTSCHEIN. Miguel Angel, «Explicación de la Reforma Procesal Civil y Comercial Santafecina», Santa Fe, 1962, pág. 151, apartados d) y B): «el tercero…puede desarrollar toda la actividad que sea armónica con ellos (actos del coadyuvado) y la que importe suplir las omisiones en que incurra la coadyuvada siempre que no haya vencido el plazo…etc.»).

En el presente caso se verifica que el demandado interpuso los recursos de nulidad y apelación (fs. 191, escrito cargo 10.819) que, obviamente, había sido presentado en la misma fecha que el escrito cargo 10.820 (fs.178), es decir, el lunes 02/11/09 -y no el 12/11/09, como erróneamente lo apuntó la providencia de fs. 199 (ver números de cargo en las providencias de fs. 179 y 192)-, y si S.A.M.Co. de Ataliva había sido notificado de la sentencia el lunes 26/10/09 (fs. 182 vta.), parece claro que el recurso estuvo presentado en término. Ello es suficientemente demostrativo de que la sentencia no fue consentida expresamente por el demandado.

Entrando al tratamiento del recurso cabe señalar en primer término que, contrariamente a lo argumentado por el apelante, el Servicio para la Atención Médica de la Comunidad de Ataliva (S.A.M.Co.) no es un ente autárquico institucional de los mencionados en el art. 5º de la ley 7.234, toda vez que el art. 5º de la ley 6.312 (B.O., 15/05/67) claramente establece que los entes que se crean genéricamente por el art. 1° son «personas de derecho privado», aun cuando participan, en algunos aspectos, del derecho público. Sabido es que por entidad autárquica «debe entenderse toda persona jurídica pública estatal que, con aptitud legal para administrarse a sí misma, cumple fines públicos específico» (MARIENHOFF, Miguel S., «Tratado de Derecho Administrativo», 5ª ed., Abeledo Perrot, Buenos Aires, t. I, pág. 398); o sea que la entidad autárquica «es siempre organismo estatal; pertenece a los cuadros de la Administración Pública» (op. cit., págs. 127 y 398). Parece claro que «una persona de derecho privado no es estatal ni puede pertenecer a los cuadros de la Administración Pública, aunque participe por sus funciones y en algunos aspectos, del derecho público (conf. Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, 05/05/99, «Ramos, Juan Bautista c/ SAMCo de Villa Constitución- Demanda laboral s/ Recurso de inconstitucionalidad», A. y S. , t. 155, págs. 178/185, Expte. C.S.J.Nº 241, Año 1996; ver precedente de esta Cámara en «SAMCo San Cristóbal c/ Corral, Mariela Guadalupe s/ sumario», 12/04/07, L. de Resoluciones, Tomo Nº 7, Res. Nº 081/07; también de esta Cámara, «Sequeira, Viviana Estela c/ Hospital SAMCo Ceres s/ laboral», 03/11/09, L. de Resoluciones, Tomo Nº 12, Res. Nº 345/09). Consecuentemente no resultan aplicables en el presente caso las normas regulatorias del proceso contencioso administrativo como lo pretende el apelante. Tampoco la jurisdicción federal habida cuenta de que se entabló una demanda invocándose una relación laboral entre la actora y SAMCo de Ataliva, persona de derecho privado, ambas con domicilio en Ataliva, Provincia de Santa Fe.

Distinta cuestión constituye la queja por el acogimiento de la demanda y la condena a SAMCo de Ataliva al pago de los rubros laborales detallados en la sentencia y a «inscribir a la actora como su dependiente, desde la fecha del ingreso en la categoría de Administrativo de Primera según el art. 6º del CCT Nº 108/75» (fs. 164 y 169). La sentencia se fundamentó en la incontestación de la demanda y la incomparecencia a la absolución de posiciones, soslayando que los apercibimientos contenidos en los arts. 50 y 66 del C.P.L. -reconocimiento de los hechos expuestos por el actor en la demanda-, están condicionados a la inexistencia de prueba en contrario. Este es el análisis que corresponde hacer para una adecuada dilucidación de esta litis.

Precisamente en estos autos ha quedado sobradamente probado que la actora fue beneficiaria del programa creado mediante el decreto nacional Nº 565/02 (B.O.

04/04/02) denominado «Programa Jefes de Hogar» con el fin de «asegurar un mínimo ingreso mensual a todas las familiar argentinas», en un momento de «la coyuntura económica y financiera» en nuestro país que llevó, entonces, a la declaración de emergencia en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.Conforme con dicha normativa el programa estaba destinado a los jefes/as de hogar con hijos de hasta 18 años de edad, o discapacitados de cualquier edad, y a hogares en los que la jefa de hogar o la cónyuge, concubina o cohabitante del jefe de hogar se hallare en estado de gravidez, todos ellos desocupados y que residan en forma permanente en el país; a desocupados jóvenes y a menores de 60 años que no hubieran accedido a una prestación previsional (art. 2 ). Cada titular percibiría una suma mensual de $150 (art. 4 ). El decreto 565/02 designó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación como autoridad de aplicación del programa al (art. 14 ); dispuso la descentralización operativa en cuanto a su ejecución (art. 9 ) mediante la celebración de convenios con cada una de las jurisdicciones provinciales y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires así como la creación de Consejos Consultivos Provinciales y de Consejos Consultivos Municipales, Comunales y Barriales, encargados de aconsejar sobre las actividades en las que participarán los beneficiarios (Resolución Nº 312/02 del M.T. y S.S., considerandos).

De la lectura de estas disposiciones y de la documentación presentada en autos resulta evidente que la Comuna de Ataliva era el ente encargado de controlar el cumplimiento del programa y de asignar a los beneficiarios los lugares en los cuales éstos prestarían sus servicios (ver fs. 29/34), previo cumplimiento de los requisitos que enumera, entre ellos, la declaración jurada de quienes se postularan para acceder al beneficio de su condición de jefe/a de hogar en situación de desocupado (art. 5º, inc. `a´, decreto Nº 565/02).

Es decir que la actora declaró bajo juramento hallarse desocupada al tiempo de solicitar el beneficio y durante el lapso del 19 de abril de 2002 en adelante, durante el período en que percibió el beneficio del plan.Si en abril 2002 la actora declaró bajo juramento estar desocupada, por aplicación de la doctrina de los actos propios estuvo impedida para sostener, como lo hace en la demanda, haber estado desde julio de 2001 trabajando ininterrumpidamente bajo la subordinación y dependencia del demandado (fs. 35/9).

«La doctrina de la Corte sobre los actos propios impide asumir conductas contradictorias como sujetarse a un régimen por decisión propia y posteriormente incumplirlo e i mpugnarlo en su procedencia en cuanto lo desfavorece (conf. C.N.A.T., Sala V, DT, 1986-B, 1134; Sala VII, DT, 1987-A, 967, C.S. Fallos:

294:20 y citas). Si bien es cierto que a partir del 24 de enero de 2003, por Res. 37/2003 M.T.E. y S.S. —B.O. 24/01/2003 DT, 2003-A, 251—, se habilitó complementariamente al Programa un Componente de Reinserción Laboral que autorizaba y facilitaba reinsertar a los desocupados en la actividad privada, ello dependía de la inscripción de los empleadores al Registro creado al efecto y en las condiciones reglamentadas en el Convenio de Adhesión, circunstancias ésta que no fue invocada por las partes» (conf. Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Posadas, sala I, «Alfonso, Esteban c. Fornes, Raúl Diego», 16/06/2006, La Ley Online, Cita online: AR/JUR/1854/2006).

De las constancias de autos surge que si bien la Sra. Giay prestó su contraprestación en el SAMCo de Ataliva, hecho admitido por el demandado, dicha actividad careció de las notas típicas de la relación laboral. La entidad demandada no solo no poseía la posibilidad de dirección y control sino que tampoco era la encargada de abonarle la remuneración que la actora percibía mensualmente, en función del art. 4º del decreto 565/02.

Ello se desprende de la nota de fecha 24/05/2003 suscripta por el Director del SAMCo de Ataliva cuando solicita al Sr. Presidente Comunal -como «encargado de este sistema de trabajo» (fs.14)- autorización para modificar el horario de desempeño de la actora, para que en lugar de hacerlo de 7 a 11 hs., de lunes a viernes, lo hiciera de 8 a 12 en iguales días, «por lo cual vería con agrado la autorización respectiva por parte suya…» (documental reservada y fs. 15); pedido que fue denegado por el Presidente de la Comuna, con alusión a los horarios requeridos por el Ministerio de Salud y Medio Ambiente (documental reservada y fs. 13) Tal carencia de dirección también se evidencia en la notificación efectuada por la Comuna de Ataliva a la actora en marzo de 2006 «por pedido de traslado como Plan Trabajar (sic) a una escuela pública» (ver reclamos de la actora a SAMCo de Ataliva y a la Comuna de Ataliva, fs. 20/21). Asimismo, de las documentales traídas por la actora se infiere que también se habría desempeñado para el SAMCo de Humberto 1º, en reemplazo del enfermero titular Abel Giraudo (ver fs. 11 y 12, copias certificadas en documental reservada).

La inexistencia de subordinación económica de la actora para con la institución demandada surge de los duplicados de las liquidaciones del beneficio presentados por la accionante, en los que se expresa que el importe de $ 150 los paga «ANSES por cuenta y orden del MTEySS». En dicha documental consta impresa la siguiente advertencia: «La contraprestación (la cual consiste en desarrollar tareas comunitarias y de capacitación) es obligatoria y la no realización de la misma es causal de baja.Diríjase al Municipio que le corresponda para que le asignen la contraprestación y asegúrese de que la misma sea cargada al sistema» (fs.

29/34, copias certificadas en documental reservada).

Es oportuno recordar que los «Servicios para la Atención Médica de la Comunidad», entes creados por la ley provincial 6312, «no tienen ni pueden tener fines de lucro, y en todos los casos se estructurarán sobre la base de los organismos asistenciales existentes o a crearse que dependan del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social…con la finalidad de propender al mayor rendimiento y la mejor prestación de los servicios médicos curativos que es obligación del Estado prestar a la Comunidad toda…sin descuidar que es fundamental atender la salud de las clases sociales menos pudientes económicamente y que en forma especial y concreta a ellas están destinadas las disposiciones de esta ley» (arts. 1º, 2º y 3º, de la ley provincial 6312, B.O. 15/05/67).

En resumen, en autos se ha probado, con la propia documental traída por la actora, que la vinculación de ella con el «Servicio para la Atención Médica de la Comunidad de Ataliva» no se originó en un contrato de trabajo celebrado entre las partes, sino en cumplimientos de actividades impuestas como contraprestación de las sumas que percibió en el marco del Programa Jefes y Jefas de Hogar, regulado por el Decreto 565/02, que implementó para los jefes/as de hogar desocupados el Derecho Familiar de Inclusión Social. En tales condiciones la demanda no puede prosperar.

Por estas razones propugno acoger el recurso de apelación, revocar la sentencia y rechazar la demanda, con costas por el orden causado, atendiendo a que las circunstancias fácticas pudieron llevar a la actora a considerarse con motivos atendibles para litigar (art. 102 , C.P.L.).

Voto por la negativa.

A la segunda cuestión, la Dr. Rodolfo L.Roulet dijo que hacia suyos los conceptos y conclusiones del Juez de Cámara preopinante y por lo tanto, votó en el mismo sentido.

A esta misma cuestión, el Dr. Juan Manuel Oliva dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26 , Ley 10.160).

A la tercera cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde:

Acoger el recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia y rechazar la demanda, con costas por el orden causado, atendiendo a que las circunstancias fácticas pudieron llevar a la actora a considerarse con motivos atendibles para litigar (art. 102, C.P.L.).

Los honorarios de la Alzada serán el cincuenta por ciento (50 %) de los que se regulen en Primera Instancia.

A la misma cuestión, la Dr. Rodolfo L. Roulet dijo que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por el Juez de Cámara Dr. Lorenzo J. M.

Macagno, y en ese sentido emitió su voto.

A esta misma cuestión, el Dr. Juan Manuel Oliva dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, con la abstención del Dr. Juan Manuel Oliva (art. 26, Ley 10.160), RESUELVE: Acoger el recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia y rechazar la demanda, con costas por el orden causado, atendiendo a que las circunstancias fácticas pudieron llevar a la actora a considerarse con motivos atendibles para litigar (art. 102, C.P.L.). Los honorarios de la Alzada serán el cincuenta por ciento (50 %) de los que se regulen en Primera Instancia.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen.

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

SIGUEN LAS FIRMAS.

Lorenzo J. M. Macagno Rodolfo L. Roulet Juan Manuel Oliva Juez de Cámara Juez de Cámara Juez de Cámara SE ABSTIENE.

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