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Suspensión de la condición de alumno regular transcurridos tres años de la carrera por no acompañar la documentación necesaria

CalendarioPartes: Heit Susana I. c/ U.N.L. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas s/ amparo

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: B

Fecha: 30-sep-2013

Cita: MJ-JU-M-82799-AR | MJJ82799 | MJJ82799

No es arbitraria la decisión del Consejo Superior de una Universidad que suspende la condición de alumno regular del amparista, transcurridos tres años de la carrera, por no acompañar la documentación necesaria.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la acción de amparo intentada por quien imputa arbitrariedad en la normativa demandada del Consejo Superior de la universidad demandada por la que se decidió no hacer lugar a la petición de la amparista de acceder a la continuidad como alumno de la carrera y recepción de su trabajo de tesis, hasta tanto presente la documentación que responda a las condiciones requeridas toda vez que la amparista no cumplimenta con los requisitos que la normativa requiere, en el caso, título de enfermeros profesionales egresados de las carreras de Enfermería de Nivel Superior Terciario no Universitario o afines de Nivel Universitario (enfermero universitario) de no menos de tres años de duración o equivalente a 1500 horas de cursado.

2.-Coaccionar a una Universidad Nacional a expedir un título a quien no ha cumplimentado con los requerimientos legalmente impuestos por la normativa aplicable, resultaría a todas luces violatorio del principio de legalidad e igualdad que la Constitución Nacional consagra por lo que la amparista no puede alegar desconocimiento de la normativa que establece los requisitos de ingresos a fin de excusarse de su cumplimiento, esto es así puesto que no existe una dispensa legal que la autorice en ese sentido.

3.-Las decisiones que en materia educativa adopten las correspondientes autoridades, quedan excluidas del ámbito de actuación del Poder Judicial, salvo que adolezcan de arbitrariedad o ilegalidad; con mayor razón si la pretensión de que así se declare se ejerce a través de la acción de amparo, ya que ésta requiere para su procedencia que la lesión a algún derecho o garantía sea producida por un acto en el que alguno de aquéllos vicios-arbitrariedad o ilegalidad- aparezca de forma manifiesta (art. 43 C.N., art 1º de la ley 16986).

4.-No advierto arbitrariedad e ilegalidad manifiesta en lo resuelto por el equipo de Coordinación Académica y el Comité Académico en cuanto decidió no hacer lugar a la petición de la amparista de acceder a la continuidad como alumno de la carrera, hasta tanto presente la documentación que responda a las condiciones requeridas; documentación que como señaló la licenciada en administración de salud, los alumnos tienen tiempo durante la carrera para completar.

5.-Corresponde hacer lugar a la acción de amparo tendiente a dejar sin efecto la resolución de consejo por el cual se decidió no reconocer el status de alumna regular de la amparista hasta tanto no acompañe la documentación requerida para ello, toda vez que si bien la amparista debió conocer los requisitos para iniciar la carrera -sujetándose a las exigencias reglamentaria de la misma- la Facultad no observó en tiempo y forma el incumplimiento de algún requisito y tardíamente, luego de transcurrido tres años académicos y haber percibido las cuotas respetivas, pretende subsanar la omisión, con la exclusión de la accionante (del voto en disidencia del Dr. Bello).

Fallo:

Rosario, 30 de septiembre de 2013.-

Visto, en Acuerdo de la Sala «B», el expediente n° FRO 93009220- 2013 caratulado «HEIT, Susana Isabel c/ U.N.L. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas s/ Amparo Ley 16.986» (n° 78/12 del Juzgado Federal n° 1 de la ciudad de Santa Fe), de los que resulta que:

Mediante sentencia n° 2021/12, el juez a quo no hizo lugar a la demanda incoada, con costas en el orden causado (fs. 206/212).

Contra dicho decisorio, la actora interpuso recurso de apelación (fs. 213/216 y vta.); concedido el mismo (fs. 217) y no habiéndose contestado los agravios por la demandada, se elevaron los autos a este tribunal (fs. 222), quedando en condiciones de ser resueltos (fs. 223).

El Dr. Bello dijo:

1°) La actora al exponer los agravios sostiene que el acto que se imputa arbitrario no es la reglamentación del Concejo Superior, sino la infundada y repentina expulsión de la actora del ámbito académico -carrera de Licenciatura en Enfermería-. Así, al partirse de una premisa errónea, se conlleva a la invalidez de su resultado final, que además, hiere el principio de congruencia procesal.

Destaca que lo contrario y arbitrario a derecho es que las autoridades universitarias hayan aceptado sin objeciones ni advertencias la documentación presentada por la actora, admitiéndola en la carrera, aceptando sus pagos y considerándola como alumna regular según los dichos de los testigos ofrecidos por la demandada; y que recién al momento de la segunda evaluación de su tesis de grado se le comunique que será expulsada de la carrera.

Manifiesta que la Universidad reconoce que medió un error en la aceptación de la inscripción de la actora, por lo cual nunca se le comunicó que hubiera algún inconveniente con relación a su admisión.

Expone que el juzgador sostiene que «no existe una dispensa legal que la autorice» a la accionante, a desconocer la normativa del Consejo Superior que establece las condiciones de ingreso a la carrera.

Empero, en tal afirmación, se desconoce lavigencia del art. 13 de la Ley 24.521 que establece que «Los estudiantes de las instituciones estatales de

educación superior tienen derecho:.inc. d) A recibir información para el adecuado uso de la oferta de servicios de educación superior». La que es también cimentada por los objetivos de la ley nacional de educación nº 26.206, que en su art. 11 inc. h) establece que: «Los fines y objetivos de la política educativa nacional son: . inc. h) Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la gratuidad de los servicios de educación estatal, en todos los niveles y modalidades»; ratificado por el art. 126 de esa misma ley que reza: «Los/as alumnos/as tienen derecho a: . inc. g) Recibir orientación vocacional, académica y profesional-ocupacional que posibilite su inserción en el mundo laboral y la prosecución de otros estudios».

Sostiene que las normas mencionadas son diáfanas en el sentido de que si existe un derecho subjetivo en cabeza del alumno de obtener información suficiente y eficaz acerca de las ofertas académicas, éste comprende las condiciones de admisión a cada carrera, incluida la Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral.

Afirma que el único sujeto capaz de brindar esa información es la propia demandada, que ha incumplido el deber jurídico a su cargo, de lo que ahora se pretende derivar una consecuencia jurídica perjudicial para el alumno.

Expresa que también es errada la segunda premisa del razonamiento de la sentencia que hace crisis, puesto que parte de un presupuesto falso: existen normas legales expresas que dispensan y excepcionan la presunción establecida en el art. 20 del Código Civil.Esto -dice- vicia el pronunciamiento con un error de juzgamiento y una inadecuada aplicación del derecho vigente.

Se agravia en cuanto sostiene, no existen fundamentos legales ni jurídicos para expulsar a la actora de la carrera; y que si ésta fuera la solución adoptada, se vulneraría el derecho constitucional de propiedad, puesto que en nada se imputarían los pagos realizados, y en nada se traducirían las

3 Poder Judicial de la Nación

expectativas generadas por la Universidad a la obtención del título, terminando así los esfuerzos académicos realizados.

Enuncia que la Universidad ha colocado a la actora en una posición injusta, contraria a derecho, toda vez que la misma ha recibido trato de alumna regular hasta el momento en que, repentinamente se la aparta del resto del alumnado y se la excluye de la carrera con fundamento en la propia desidia e incumplimiento de las obligaciones de la demandada.

Expresa que se han ignorado argumentos de peso y prueba fundamental rendida en la causa, entre los que se encuentra la vigencia y necesaria aplicación del art. 7º de la ley 24.521, lo que torna al pronunciamiento viciado de inconstitucionalidad.

Pone de resalto que se desconoce en el fallo recurrido el hecho probado y de máxima relevancia, de que la accionada ha efectuado un análisis de admisión cuando su mandante está culminando su carrera y no en el momento oportuno -ingreso a la carrera-. Por último, hace reserva del caso federal.

2°) La actora inició acción de amparo contra la Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas -carrera de Licenciatura en Enfermería (PROCAT), «.tendiente a la realización operativa de los derechos a la educación, la igualdad y la propiedad contenidos en los arts.14, 16 y 17 respectivamente de la Carta Magna, que se traducirán en la práctica en incluirla en las listas de alumnos regulares a los fines de la asistencia para la última materia de la carrera, computarle la nota correspondiente a la materia Taller II, ya rendida, completar la evaluación de su trabajo de tesis y obtener la acreditación de grado universitario como Licenciada en Enfermería».

Mediante resolución n° 132/12 de primera instancia, se rechazó la medida cautelar solicitada.

3°) En el escrito de demanda, la actora relata que en el mes de abril de 2009 se inscribió y empezó a cursar la carrera de Licenciatura en Enfermería en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, abonando la suma de $150.

Que se presentaron las documentaciones requeridas a los fines de la inscripción: copias certificadas del documento nacional de identidad, de la partida de nacimiento, de los títulos anteriores expedido por el Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Argentina, constancia de la carga horaria del mismo, fotografías, constancia del grupo sanguíneo y el factor y la ficha de datos personales; que abonó 29 cuotas consecutivas de $150. cada una establecida como costo de la carrera.

Destaca que toda esa documentación fue aceptada sin observaciones, procediéndose a la solicitud de inscripción a la carrera.De esta forma cursó y rindió como alumna regular todas las materias de la carrera, restando sólo la evaluación de la tesis y el cómputo de la nota de «Taller de Proyecto II», rendida en octubre de 2011 con nota ocho (8).

Sin embargo lo expuesto, dicha nota no le fue computada en el sistema siu guaraní de la Universidad -sistema on line donde constan los datos personales y académicos de los estudiantes-, motivo por el cual presentó una nota en fecha 28 de diciembre de 2011, no habiendo recibido respuesta alguna.

Manifiesta que en fecha 13 de marzo de 2012 -cuando debía asistir a clase para ser evaluada sobre el avance y el proceso de su trabajo de tesis- su nombre no aparecía en la lista de alumnos regulares de la materia, con lo cual no puede negarse la actualidad del daño que la conducta irregular de las autoridades universitarias le irrogaba, ni tampoco el hecho de que no ha transcurrido el plazo de caducidad legalmente establecido para la procedencia de esta acción.

4º) Corresponde en primer lugar analizar las pruebas acompañadas a los presentes.

Así, en la declaración jurada presentada en la Universidad Nacional del Litoral, al momento de efectuar la inscripción, la actora completó todos sus datos personales y sus antecedentes laborales, lo que fue firmado de puño y letra por la misma.

Se destaca que en el formulario obra la leyenda: «Declaro conocer que la presente pre-inscripción queda sujeta al proceso de selección que realizará

el Comité Académico. y que la presente tiene carácter de declaración jurada» (fs. 34).

Asimismo, acompañó a la solicitud fotocopia de su D.N.I.; certificados de buena salud; copia de la licencia de conducir; copia de la constancia extendida por el secretario Prof. Sergio Gallinger, del Instituto de Educación Superior Cruz Roja -Filial Paraná- por la cual se informa que la Sra. Susana Isabel Heit egresó «como Auxiliar de Enfermería en el año 1990, con el Plan aprobado por resolución Ministerial 35/69.La carga horaria del mismo era de 1.200 horas cátedras.». Asimismo obra agregada a los presentes el certificado de libre deuda y el detalle -historial- de las materias rendidas y aprobadas (fs. 34/38).

Conforme surge del informe de fecha 9 de abril de 2012, la Coordinación General de PROCAT, el equipo de Coordinación Académica y el Comité Académico consideran: «Que la Sra. Inés Heit . inicio en el año 2009 los trámites para ingresar a la carrera de Licenciatura en Enfermería (PROCAT Res. Nº 106/00), presentando la documentación exigida de forma incompleta, atento a que no dio cumplimiento con el requisito solicitado a todos postulantes de poseer Título de Enfermera, lo cual consta en la declaración jurada presentada y firmada oportunamente por la Sra. Heit, siendo de su total conocimiento la situación irregular que presentaba su inscripción. El derecho de graduación se basa, en principio, en el cumplimiento de ingreso y posteriormente los académicos. Al no cumplir la Sra. Heit con las exigencias de ingreso a l a carrera (siendo estas irregularidades de su total conocimiento) se resuelve no dar lugar a la petición de acceder a la continuidad como alumno de la carrera hasta tanto se presente la documentación que responda a las condiciones requeridas: Enfermeros profesionales egresados de Nivel Universitario (enfermero universitario) de no menos de tres años de duración o el equivalente a 1.500 horas de cursado.» (fs. 47).

Conforme surge del informe de fecha 4 de junio de 2012, elaborado por el Decano de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, Dr. Javier Lottersberger, «.En el mes de febrero

de 2009, la Sra. Susana Heit presenta en la Oficina del Programa de Carreras a Término (PROCAT) de la Facultad de Bioquímica y Cs. Biológicas, adjunto a la Ficha de inscripción para el Ciclo de Licenciatura en Enfermería, documentación relacionada al ingreso para dicho Ciclo.En la Ficha no registra información sobre sus Estudios Terciarios (Título obtenido, Año de egreso y Nº de horas o años que establece el plan de estudios para la carrera ya cursada), razón por la cual el Comité Académico, vigente a la fecha, le solicita que cumplimente dicho requisito. En virtud que la Sra. Heit sólo presenta como certificado, el expedido por la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Argentina -Filial Paraná del cual egresó con título de «Auxiliar de Enfermería» en el año 1990, cuya carga horaria es 1200 hs. cátedra y ello no responde a lo establecido en el reglamento de la carrera, más precisamente Art. 7 «De las condiciones de Admisión», se le informa que deberá completar la documentación con el título de Profesionalización para Auxiliares de Enfermería de acuerdo lo dispone la Resolución Nº 1027 M.S. y A.S. y resolución Nº 3346 M.C. y E, Decreto 2479/93. Se acuerda con ella que tendrá un plazo para la presentación del mismo. Se hace mención además que la alumna al momento de comenzar el Ciclo de Licenciatura, firmó la Constancia de Conformidad al PROCAT a la cual se adjuntaba el reglamento de la carrera. Pasado el tiempo, con cambios de Coordinadores y Miembros de Comité Académico de por medio, en el transcurso del cursado de la asignatura «Taller Integrador de Práctica e Investigación en Enfermería II, mes de noviembre de 2011, el equipo de Coordinación del Ciclo de Licenciatura en Enfermería, comienza una reevaluación del Historial Académico y situación académica de los alumnos que están en dicho tramo de formación. Asimismo se solicita al personal administrativo, que obrara en concordancia pero en referencia a la situación financiera. De dicho relevamiento surge que en el expediente de la Sra. Susana Heitt, faltan dos requisitos:Partida de Nacimiento/Legalizada y Título de Enfermero o Profesionalización para Auxiliares de Enfermería; constando sólo el expedido por la Cruz Roja Argentina, Filial Paraná, antes ya mencionado. En función de ello, se le comunica a la alumna, vía mail, que debe cumplimentar con los requisitos de documentación para poder continuar. Posterior a ello, la alumna

se hace presente trayendo la Partida de Nacimiento legalizada, no así el Título de Enfermero/a correspondiente a la carrera de profesionalización del Auxiliar de Enfermería. En virtud de ello, se la cita nuevamente y se le explica la situación detectada, los requisitos y la posibilidad de que ella completara sus estudios de profesionalización, a lo que alude que ella conocía de que no estaba en condiciones pero que dado el tiempo transcurrido, esperaba que se le permitiera terminar de cursar y rendir para obtener el Título de Licenciado/a en Enfermería. Ante tal respuesta se le informó que siendo así no podría continuar con la carrera, aludiendo ella que tomaría acciones legales. El día 28 de diciembre de 2011, ingresa por Mesa de Entradas, nota de la Sra. Susana Heit . Posterior a ello, el Decano da pase en carácter de «Urgente despacho» a la Oficina del programa de Carreras a Término, produciéndose el ingreso efectivo al área PROCAT en día 6 de febrero de 2012.» (fs. 149/150).

5º) De la declaración de Germán Alfredo Boero, se desprende que: «.Para que diga el testigo si sabe si existe otro tipo de condición distinta de alumno regular. Manifiesta que por el sistema Procat no existe el alumno libre. Que la única condición es la regular que supone cursado y aprobado de materias, semi presencial. Para que diga el testigo si sabe y como lo sabe como relaciona el pago de la cuota que abona el alumno y la condición de alumno regular:dice que dentro de los requisitos para cursar es el pago de la cuota, que ante un problema social en el atraso de las cuotas, se refinancia pero no se lo excluye de la misma.» (fs. 198 y vta.).

De los dichos de César Ernesto Gutiérrez, surge que: «. Para que diga el testigo si a pesar de la falta del requisito se le permitió a la actora cursar el taller integrador de prácticas e investigación en enfermería II. Dice que como ella ya estaba cursando cuando se verifica esta situación y había presentado ya el trabajo convinieron que sólo podían continuar el trabajo sus compañeras y no ella hasta que regularizara su situación. Para que diga el testigo si sabe y como lo sabe si la actora fue notificada de los requisitos para acceder a la carrera y de ser así cuando: En el caso particular sólo consta una planilla de conformidad dónde constan los requisitos, de los cuales se toma conocimiento al ingreso, se explica qué es el procat, cómo es el cursado, e incluso que hay una planilla de inscripción donde se solicita la presentación del título y carga horaria y qué institución otorgó dicho título. Que en la página de la facultad están los requisitos necesarios para la admisión. Los programas de capacitación a término sólo admiten alumnos regulares, no existen otras figuras al respecto, por lo menos en lo que es el Procat. Que la carrera es semi presencial, por eso la necesidad que exista la instancia de alumno regular. . Según los dichos del testigo el se percató de la situación de la Sra. Heit cuando esta última cursaba la materia Taller II.» (fs. 199/200).

Y del testimonio de Luciana Vidal, se extrae que: «. Cuando la alumna ingresó se la consideró alumna regular, fue cumpliendo con los pagos mensualmente y al día. Fue una buena alumna en función de su historia académica.» (fs.203/204 y vta.).

Asimismo, se destaca que la propia accionada en la contestación de la demanda expone: «.En última instancia la argumentada falta de comunicación por parte de la unidad académica de la circunstancia de carencia de ciertos requisitos para la inscripción, no habilita al beneficiario para la obtención del título, ello en virtud de que el ORIGEN del acto que dio lugar a la supuesta inscripción y seguimiento de la carrera, se encuentra con un vicio de origen que no puede subsanarse.» (fs. 157, penúltimo párrafo).

6º) Del relato de lo acontecido en los presentes y del análisis de las pruebas acompañadas, se desprende que la actora ingresó en febrero de 2009 a la carrera de Licenciatura en Enfermería, que ha abonado todas las cuotas correspondientes a su cursado, que ha rendido todas las materias de la carrera, considerándola alumna regular, que fue una «buena alumna en función de su historia académica» y que al momento de tener que defender su tesis se le informó acerca de la presentación de la documentación faltante.

Se repara en la circunstancia que la intimación a la actora a fin de que cumpla con la documentación faltante, fue ejercida recién en noviembre de 2011 -al momento del comienzo de la reevaluación del Historial Académico y

situación académica de los alumnos-, es decir después de haber transcurrido casi tres años académicos del momento de la inscripción a la carrera.

Así, se convierte en derecho adquirido de la accionante el cursado y aprobación de las materias pertinentes, sumado al pago regular de las cuotas a lo largo de la carrera, no habiendo cuestionado la demandada documentada y oportunamente la presentación de la solicitud de inscripción, haciéndose aplicable de esta manera al caso, la doctrina de los actos propios.

En este sentido la jurisprudencia -que se cita por compartir- ha establecido que:»El voluntario sometimiento, sin reservas expresas, a un régimen jurídico, comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación ulterior, con base constitucional; en este contexto, es dable exigir a las partes un comportamiento coherente ajeno a los cambios de conducta perjudiciales, desestimando toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que -merced a sus actos anteriores- se ha suscitado en el otro. Ello es así por cuanto no sólo la buena fe sino también la seguridad jurídica se encontrarían gravemente resentidas si pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien traba una relación jurídica con otro y luego procura cancelar parcialmente sus consecuencias para aumentar su provecho.» (en autos «Martínez de Colombo Liliana c/ Estado Nacional – Honorable Congreso de la Nación» , Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, 14-12-10).

Es decir que si bien Heit debió conocer los requisitos para iniciar la carrera -sujetándose a las exigencias reglamentaria de la misma- la Facultad no observó en tiempo y forma el incumplimiento de algún requisito y tardíamente, luego de transcurrido tres años académicos y haber percibidos las cuotas respetivas, pretende subsanar la omisión, con la exclusión de la accionante.

Por tanto propicio que se haga lugar a la acción incoada:(a) en principio, para que no se excluya a Susana Isabel Heit de las listas de alumnos regulares a los fines de la asistencia para la última materia de la carrera y computarle la nota correspondiente a la materia Taller II, ya rendida; (b) que la Carrera de Licenciatura en Enfermería (Facultad de Bioquímicas y Ciencias

Biológicas) brinde a la actora todas las facilidades necesarias para sub sanar la omisión de origen, la que no fue observada en tiempo y forma por la misma, a los fines de permitírsele luego completar la evaluación de su trabajo de tesis y obtener la acreditación de grado universitario como licenciada en Enfermería, para la cual se preparó a lo largo de tres años de cursos lectivos pagos.

7º) Respecto a las costas del juicio, atento al resultado, corresponde su imposición al demandado vencido, por aplicación del principio general previsto en el Art. 68 del C.Pr.Civ.C.N. Así voto.-

La Dra. Vidal dijo:

Disiento con la solución propuesta por el Dr Bello en su voto ya que considero que corresponde confirmar la sentencia recurrida obrante a fs. 206/212 por las consideraciones que a continuación expongo:

1º) La amparista inició la presente acción de amparo contra la Universidad Nacional del Litoral ,Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas -carrera de Licenciatura en Enfermería (PROCAT)- con el objeto de que la demandada la incluya en las listas de alumnos regulares a los fines de la asistencia para la última materia de la carrera, le impute la nota correspondiente a la materia Taller II ya rendida, le permita completar la evaluación de su trabajo de tesis y obtener la acreditación de grado universitario como licenciada en enfermería (fs. 16/24).

Manifestó que la omisión de incluirla en la lista de alumnos regulares y de computarle la nota de la última materia obedeció, según le informaron, a no reunir algunas de las condiciones de ingreso a la carrera (fs.19/vta).

En el punto III.5- Arbitrariedad, ilegalidad e ilegitimidad manifiesta, destacó que la exclusión de la carrera, tal como parece ser la intención de las autoridades de la carrera de Licenciatura en Enfermería, es un acto lesivo, dada la arbitrariedad, ilegalidad eg ilegitimidad de tal tesitura.

2º) Mediante sentencia número 202/12 el magistrado de primera instancia resolvió rechazar la presente acción de amparo e impuso las costas en el orden causado (fs. 206/212).

Para así decidir tuvo en consideración que «.la resolución nº 253/09 determina cuáles son las condiciones con que se debe cumplir para el ingreso a la carrera de «Ciclo de Licenciatura en Enfermería» y dice que «podrán ingresar los enfermeros egresado de las carreras de enfermería universitaria y del nivel superior terciario no universitario, con una duración de 1500 horas de reloj».

«A fs. 38 de estos autos obra constancia expedida por el Instituto de Educación superior Cruz Roja-Filial Paraná, donde se acredita que la Sra.Heit Susana Isabel egresó como auxiliar de enfermería con 1200 horas, con lo cual surge prima facie que la amparista no cumplimenta con los requisitos que la normativa requiere, por lo que coaccionar a la Universidad Nacional del litoral a expedir un título a quien no ha cumplimentado con los requerimientos legalmente impuestos por la normativa aplicable resultaría a todas luces violatorio del principio de legalidad e igualdad que la Constitución Nacional consagra.».

Señaló también que «.la amparista no puede alegar desconocimiento de la normativa que establece los requisitos de ingresos a fin de excusarse de su cumplimiento, esto es así puesto que no existe una dispensa legal que la autorice en ese sentido.».

3º) Al apelar la amparista destacó que no cuestionó la validez de las resoluciones del Concejo Superior reglamentarias de las condiciones de ingreso a la carrera de Licenciatura en enfermería Modalidad Procat de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas; sino que lo cuestionado ha sido el modo concreto en que la Universidad procedió con relación a su parte.

Manifestó que lo arbitrario y contrario a derecho es que las autoridades universitarias hayan aceptado sin objeciones ni advertencias la documentación presentada por la amparista, admitiéndola en la carrera, aceptando sus pagos, y considerándola como alumna regular según los dichos de los testigos aportados por la demandada, para recién al momento de la segunda evaluación de su tesis de grado y también según las declaraciones de los testigos de la Universidad, anoticiarse y comunicarle a la actora que sería expulsada de la carrera. En síntesis, agregó, no se trata de la admisión, sino de la exclusión de la señora Heit de la carrera respecto de la que siempre fue considerada alumna regular.

Destacó que la Universidad, al evacuar el informe circunstanciado, reconoció que medió un error en la aceptación de la inscripción de la actora, pretendiendo esgrimir tal error para justificar la expulsión de la amparista cuando ésta está a una materia de culminar su carrera.Aquí, adujo, radica la arbitrariedad e ilegalidad de la conducta de la accionada, no en la sanción de los reglamentos emanados del Concejo Superior.

Señaló que el alumno tiene derecho a obtener información certera (artículo 13 de la Ley 24.521) acerca de las condiciones de admisión a la carrera, siendo la Universidad el único sujeto capaz de brindar esta información.

Señaló además que existen normas legales y expresas que dispensan y excepcionan la presunción establecida en el artículo 20 del Código Civil.

Manifestó que no existen fundamentos legales ni jurídicos para expulsar a la señora Heit de la carrera.

Adujo que el juez a-quo ignoró la aplicación del artículo 7 de la ley 24.521, más jerárquica que las resoluciones del Concejo Superior de la UNL.

4º) Ahora bien, como ya he señalado en mi voto en Acuerdo nº 303/2009 «.las decisiones que en materia educativa adopten las correspondientes autoridades, quedan excluidas del ámbito de actuación del Poder Judicial, salvo que adolezcan de arbitrariedad o ilegalidad; con mayor razón si la pretensión de que así se declare se ejerce a través de la acción de amparo, ya que ésta requiere para su procedencia que la lesión a algún derecho o garantía sea producida por un acto en el que alguno de aquéllos vicios-arbitrariedad o ilegalidad- aparezca de forma manifiesta (art. 43 C.N., art 1º de la ley 16.986).

En igual sentido ha señalado la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Capital Federal que «.las resoluciones que dicten las universidades en el orden interno, disciplinario, administrativo y docente que le es propio, no son, como principio, susceptibles de revisión judicial en tanto ellas receptan en sustancia los derechos y garantías establecidos en la constitución nacional y no

constituyen un proceder manifiestamente arbitrario.El hecho de que sólo sean revisables por el poder judicial las resoluciones o actos manifiestamente ilegales o que violen algún derecho o garantía constitucional, es una consecuencia del principio, constitucional también, de división de poderes, art. 321 del C. procesal.» (vease fallo de la Sala F del Tribunal citado en autos «Kaplan Alejandro D. c/ Fundación Universidad de Belgrano s/ Amparo, de fecha 6 de Noviembre de 1990).

5º) En el caso observo que antes de iniciar la presente demanda la amparista presentó una nota al Decano de la Facultad de Bioquímica y Cs Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, comunicándole que al presentar su trabajo de tesis recibió la noticia en forma verbal, que dejó de ser alumna regular y que por consiguiente se la excluyó del trabajo de tesis correspondiente por no haber presentado alguna documentación al ingresar a la carrera; motivo por el cual solicitó que se haga lugar al pedido de continuidad como alumna regular y se tenga en cuenta el trabajo de tesis presentado en octubre de 2011.

Al respecto, ya iniciada la presente acción de amparo, el equipo de Coordinación Académica y el Comité Académico no resolvió excluirla de la carrera, tal como señaló la amparista parecería ser la intención de las autoridades; sino que dispuso «.no dar lugar a la petición de acceder a la continuidad como alumno de la carrera hasta tanto se presente la documentación que responda a las condiciones requeridas: Enfermeros profesionales egresados de las carreras de Enfermería de Nivel Superior Terciario no Universitario o afines de Nivel Universitario (enfermero universitario) de no menos de tres años de duración o equivalente a 1500 horas de cursado.Los auxiliares en enfermería que hayan efectuado el ciclo de Profesionalización en Enfermería».

En tal resolución explicaron que «.la Sra Susana Inés Heit, DNI Nº 12.729984, inició en el año 2009 los trámites para ingresar a la carrera de Licenciatura en Enfermería (PROCAT Res Nº 106/00), presentando la documentación exigida en forma incompleta, atento a que no dio cumplimiento con el requisito solicitado a todos los postulantes de poseer título de Enfermera, lo cual consta en la declaración jurada presentada y firmada oportunamente por la Sra. Heit, siendo de su total conocimiento la situación irregular que presentaba su inscripción.»

«Cabe recordar que el plan de estudios y el reglamento de la carrera de referencia, han sido aceptados de plena conformidad por la Sra. Heit, encontrándose publicados en forma permanente en la página web institucional, por lo cual no se justifica su desconocimiento».

«El derecho de graduación se basa en principio, en el cumplimiento de los requisitos de ingreso y posteriormente los académicos. Al no cumplir la Sra. Heit con las exigencias de ingreso a la carrera (siendo estas irregularidades de su total conocimiento) se resuelve no dar lugar a la petición de acceder a la continuidad como alumno de la carrera hasta tanto presente la documentación que responda a las condiciones requeridas.» (fs. 47) .

No advierto arbitrariedad e ilegalidad manifiesta en lo resuelto por el equipo de Coordinación Académica y el Comité Académico en cuanto decidió no hacer lugar a la petición de la amparista de acceder a la continuidad como alumno de la carrera, hasta tanto presente la documentación que responda a las condiciones requeridas; documentación que como señaló la licenciada en administración de salud Luciana Vidal, los alumnos tienen tiempo durante la carrera para completar (fs. 204).

Adviértase que a la fecha en que Susana Isabel Heit se inscribió en la carrera, se encontraban en vigencia las Resoluciones número C.S.Nº 106/00, 54/04 y 253/09, que exigían como condición de ingreso al ciclo de la Licenciatura ser enfermero egresado de las carreras de Enfermería de Nivel Superior Terciario y/o Universitario-con una cierta duración que se fue flexibilizando, tal como lo señaló la amparista en el escrito de demanda (primero de 4 años o el equivalente a 1800 horas de cursado; luego de tres años y 1800 horas de reloj y finalmente se redujo a 3 años y 1500 hs de reloj; resoluciones que como señaló el equipo de Coordinación Académica y el Comité Académico; y el testigo Jorge Cuaglini, licenciado en enfermería (fs.201/202) son publicadas en la página web institucional no pudiendo válidamente la amparista alegar el desconocimiento de tal normativa vigente al momento de su inscripción.

Además, conforme lo señaló la licenciada Luciana Vidal los alumnos al ingresar llenan una ficha de inscripción y luego una de conformidad, la que, según dijo, se entrega con el reglamento de la carrera (en el que figuran las condiciones de ingreso; véase fotocopia reglamento obrante a fs. 56, 72,79) y los requisitos del PROCAT (fs.203yvta); las que conforme se desprende de las constancias de autos fueron suscriptas por Susana Isabel Heit (véase declaración jurada obrante fs. 34 y constancia de conformidad al PROCAT obrante a fs. 40).

Cabe destacar, que entre los campos que deben llenar los alumnos en la declaración jurada al ingresar (además de los datos de identidad y antecedentes laborales) figura un ítem referido a «Estudios Terciarios» (entre los que hay que completar «Título obtenido y número de horas o años que establece el Plan de Estudios para la Carrera» (fs. 34); ítem que, como también señaló la licenciada Luciana Vidal, ésta no completó y que podría hacerlo durante el cursado de la carrera (fs. 204).

Informó el decano de la Facultad Dr Javier Lottersberger que, puesto que la Sra.Heit sólo presentó «.como certificado el expedido por la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Argentina-Filial Paraná de la cual egresó con título de «Auxiliar de Enfermería» en el año 1990, cuya carga horaria es 1200 hs, cátedra y ello no responde a lo establecido en el Reglamento de la carrera, más precisamente Art 7 «De las condiciones de Admisión», se le informa que deberá completar la documentación con el título de Profesionalización para Auxiliares de Enfermería de acuerdo lo dispone la Resolución Nº 1027 M.S.y A.S. y Resolución Nº 3346 M.C y E, Decreto 2479/33. Se acuerda con ella que tendrá un plazo para la presentación del mismo.» (fs. 149).

No obstante lo señalado por la licenciada Luciana Vidal sobre la posibilidad de completar durante el cursado de la carrera la documentación, en el caso no ha existido un acto administrativo expreso de admisión y aún si considerásemos que por haberla dejado cursar tácitamente se la admitió, en este caso, también surge que la accionante conocía desde el principio la carencia de

los requisitos necesarios para obtener el título pretendido puesto que había sido debidamente anoticiada de ello.

Y, sin perjuicio que como señalé, la Universidad no excluyó a la actora sino que la suspendió hasta que cumplimente la homologación que le falta a su título (ver fs. 162), en mi criterio asiste razón a la demandada en cuanto señaló que » «.No puede esta Universidad exigirle a ella menos que a los otros alumnos.No puede la Universidad otorgar un título a quien no cumple con las incumbencias del grado, que están impuestas como requisitos previos para su inscripción »

«En última instancia la argumentada falta de comunicación por parte de la unidad académica de la circunstancia de carencia de ciertos requisitos para la inscripción, no habilita al beneficiario para la obtención del título, ello en virtud de que el ORIGEN del acto que dio lugar a la supuesta inscripción y seguimiento de la carrera, se encuentra con un vicio de origen que no puede subsanarse.» (fs. 157).

Al respecto, este Tribunal resolvió un caso que guarda similitud con el presente puesto que se trataba de la decisión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, mediante la cual se dejó sin efecto la admisión de la actora como doctorando de la carrera de Posgrado de Doctorado en Psicología, con base en lo dispuesto por el art. 39 de la ley 24521(anterior a la modificación dispuesta por ley 25754 del año 2003) y art. 4.4 del Plan de Estudios de dicha carrera, sosteniendo, la recurrente de ese caso que como había sido admitida en el Doctorado, mediante acto fundado y previa evaluación de la Comisión Académica, la Universidad no podía revocar tal acto por sí y ante sí, sino que debió haber ocurrido ante la justicia, previa declaración administrativa de lesividad para solicitar su nulidad.

En tal precedente la suscripta en su voto señaló lo que mutatis mutanti es aplicable a la situación de autos en cuanto a que «.el artículo 17 de la ley 19549 dispone que: «El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa. No obstante, si el acto estuviere firme y consentido y

hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad» y el art.18 de la misma ley establece: «El acto administrativo regular, del que hubieren nacido derechos subjetivos a favor de los administrados, no puede ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa una vez notificado. Sin embargo, podrá ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si el interesado hubiere conocido el vicio, si la revocación, modificación o sustitución del acto lo favorece sin causar perjuicio a terceros y si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario. También podrá ser revocado, modificado o sustituido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, indemnizando los perjuicios que causare a los administrados».

«Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en autos «Almagro, Gabriela y otra c/ Universidad Nacional de Córdoba», mediante sentencia del 17/02/1998 (Fallos 321:169) resolvió que: «Las excepciones a la regla de la estabilidad en sede administrativa del acto regular previstas en el art. 18 de la ley 19.549 (Adla, XXXII-B, 1752) -entre ellas, el conocimiento del vicio por el interesado- son igualmente aplicables al supuesto contemplado en el art. 17 -primera parte- del mismo cuerpo pues, de lo contrario, el acto nulo de nulidad absoluta gozaría de mayor estabilidad que el regular, en la medida de que una inteligencia meramente literal y aislada de las regulaciones involucradas llevaría a la conclusión de que habría más rigor para revocar un acto nulo que uno regular cuya situación es considerada por la ley como menos grave.» En igual sentido en autos: «El rincón de los Artistas S.R.L. c/ Hospital Nacional Profesor A. Posadas y otro», sentencia del 30 de setiembre de 2003 (Fallos: 326:3700).».

» 3º) Analizando las constancias de autos, vemos que con anterioridad a que la actora solicitara la inscripción al doctorado:ver recibo de fs.62 del 23 de junio de 1999, se hallaba vigente -desde el año 1995- la ley 24521 -anterior a la modificación implementada por ley 25.754- que en su artículo 39 establecía que para acceder a la formación de posgrado era necesario contar con título universitario de grado. Así como también se hallaba vigente el Reglamento

General de Doctorado emitido por el Consejo Superior de la U.N.R., ordenanza Nº566 del 15 de junio de 1999 (fs. 87/88), que dejó sin efecto expresamente la Ordenanza 529 en sus disposiciones aplicables al Doctorado, es decir con anterioridad a que se le comunicara en fecha 21 de marzo de ese año que había sido admitida al Doctorado, y que expresamente establecía en su art. 6º que podrán aspirar al título de Doctor: «inc. a) Los graduados con títulos de grado.».

En ese caso se consideró irregular el acto de admisión, sin que pueda alegarse el desconocimiento de la legislación vigente (art. 20 C.C.), siendo evidente, además, que la misma debía conocer la reglamentación específica de la carrera de posgrado que pretendía aprobar, vigente con anterioridad a su inscripción (ver Acuerdo nº 330/06 en autos «Caceres»; fallo con dictamen de Laura Monti, Procuradora General de la Nación confirmando lo resuelto por esta Sala B en el trámite del recurso extraordinario concedido y que fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por inadmisibilidad (Fallo de fecha 14/09/09).

Por último cabe señalar en relación a lo alegado por la amparista al apelar en cuanto a que el artículo 7 de la ley 24.521 contempla la posibilidad de que la Universidad admita estudiantes que acrediten experiencia laboral válida y que ninguna de las normas posteriores a la del año 2000 (Res C.S.Nº 106/00), por la que se creó la carrera, ha suprimido la posibilidad de ingreso a la carrera de «los enfermeros profesionales no universitarios que acrediten una experiencia laboral válida, previo análisis de sus antecedentes de estudio» (fs. 20 y vta), que ello no ha sido planteado en el ámbito de la Universidad, no corresp las decisiones que en materia educativa adopten las correspondientes autoridades, quedan excluidas del ámbito de actuación del Poder Judicial, salvo que adolezcan de arbitrariedad o ilegalidad; con mayor razón si la pretensión de que así se declare se ejerce a través de la acción de amparo, ya que ésta requiere para su procedencia que la lesión a algún derecho o garantía sea producida por un acto en el que alguno de aquéllos vicios-arbitrariedad o ilegalidad- aparezca de forma manifiesta (art. 43 C.N., art 1º de la ley 16.986).

ondiendo a este Tribunal evaluar tales extremos, los que deberán ser puestos a consideración y ser analizados en su caso en tal ámbito académico puesto que excede la competencia revisora de este Tribunal.

En mérito a lo expuesto considero que debe confirmarse la resolución recurrida con costas en el orden causado atento las distintas circunstancias que permiten albergar una razonable convicción para litigar por parte de la actora. Así voto.

El Dr. Toledo dijo:

Que, por compartirlas, adhiere a las consideraciones y conclusiones de la Dra. Vidal, postulando, en consecuencia, la confirmación de la sentencia apelada, con costas por su orden atento que en el caso la actora pudo verse razonablemente con derecho a litigar (Art. 68 CPCCN). Así voto.

Atento al resultado del Acuerdo que antecede,

SE RESUELVE:

I) Confirmar la resolución recurrida n° 202/12, con costas en el orden causado. II) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes ante la alzada en el 25% de lo que se regule en primera instancia. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada nº 15/13 de la C.S.J.N. y oportunamente, devuélvanse los autos al Juzgado de origen. (expte. n° FRO 93009220-2013).-Fdo.: Edgardo Bello (en disidencia)- José G. Toledo- Elida Vidal (Jueces de Cámara)- Nora Montesinos (Secretaria de Cámara).-

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