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Procede el reintegro de gastos médicos que realizó la trabajadora pues deberían haber sido cubiertos por su empleador

Pesos argPartes: Gamero Selene Natalia c/ Falabella S.A. s/ ordinario – despido – enfermedad – recursos de casacion

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba

Sala/Juzgado: Laboral

Fecha: 24-sep-2013

Cita: MJ-JU-M-82759-AR | MJJ82759 | MJJ82759

Se juzga procedente el reintegro de los gastos médicos que realizó la trabajadora puesto que deberían haber sido cubiertos por la empleadora.

Sumario:

1.-Debe revocarse parcialmente el fallo y hacer lugar al reembolso de los gastos terapéuticos realizados por la trabajadora, pues si el juzgador incluyó la patología que padece la trabajadora dentro del listado de enfermedades profesionales y la entendió provocada por la conducta de una superior de la actora, entonces debieron ser otorgadas las prestaciones en especie por la aseguradora hasta su curación y mientras subsistían los síntomas incapacitantes; por ello, no brindada la asistencia terapéutica -psicoterapia y fármacos-, deviene razonable su reintegro.

2.-Si el sentenciante entendió acreditado que la enfermedad por cuya incapacidad demanda la trabajadora tuvo su génesis en la conducta del empleador -acoso laboral de la supervisora -, no pudo al mismo tiempo concluir que no se daba el elemento objetivo de la responsabilidad civil (antijuridicidad) y decidir no analizar los restantes presupuestos de la acción común.

Fallo:

En la ciudad de Córdoba, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece, siendo día y hora de Audiencia, se reúnen en Acuerdo Público los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia, doctores Luis Enrique Rubio, Carlos F. García Allocco y M. Mercedes Blanc de Arabel, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en estos autos: «GAMERO SELENE NATALIA C/ FALABELLA S.A. – ORDINARIO – DESPIDO – ENFERMEDAD – RECURSOS DE CASACION» 84980/37, a raíz de los recursos concedidos a las partes en contra de la sentencia N° 330/11, dictada por la Sala Séptima de la Cámara Única del Trabajo, constituida en Tribunal Unipersonal a cargo del señor juez doctor José Luis Emilio Rugani -Secretaría N° 14-, cuya copia obra a fs. 772/815 vta., en la que se resolvió: «I) Rechazar la demanda incoada por la Srta. Selene Natalia Gamero… en contra de Falabella SA y La Caja ART SA por cuanto pretende el resarcimiento por los daños y perjuicios emergentes de la enfermedad designada como R.V.A.N.

II) Hacer lugar a la demanda incoada por… Selene Natalia Gamero… en contra de Falabella SA quien deberá abonar a la primera… indemnizaciones de los Arts. 232 y 245 LCT, la del Art.2° de la Ley 25323 y la del Art.4° de la Ley 25972.

III. Declarar la inconstitucionalidad del Art.46 inc.1 de la LRT y del Art.26 del Decreto 717/96 y hacer lugar a la demanda impetrada por la Srta. Selene Natalia Gamero… en contra de La Caja ART. SA en cuanto pretende el pago único de la indemnización por incapacidad parcial y permanente del treinta por ciento… de la TO, que le provoca la R.V.A.N. Grado IV, calificada como enfermedad profesional. IV. Difiérase la regulación de los horarios de los profesionales y peritos actuantes. V…». Oportunamente se fijaron las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente el recurso interpuesto por la parte actora?

SEGUNDA CUESTION:¿Debe admitirse el de la demandada?

TERCERA CUESTION: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley resultó que los señores Vocales emitieron su voto en el siguiente orden: doctores Carlos F. García Allocco, Luis Enrique Rubio y M. Mercedes Blanc de Arabel.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA:

El señor Vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo:

1. Le agravia la decisión que desestimó la indemnización integral por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del acoso laboral del que fue víctima. Solicita en forma subsidiaria la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT.

2. El Sentenciante condenó a «La Caja ART S.A.» a abonar la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. a) de la ley N° 24.557 por una incapacidad parcial y permanente del 30% de la T.O. -patología psiquiátrica-, previa declaración de inconstitucionalidad de los arts. 46 inc. 1 y 6 ap. 2 íb.- Luego, rechazó la demanda con fundamento en el derecho común en contra del empleador. Se apoyó para ello, en una comparación de los sistemas reparatorios, refiriendo que para la procedencia de la ley especial es suficiente probar el agente de riesgo, la exposición y la dolencia; en cambio para el derecho civil es necesario demostrar la conducta antijurídica, los factores de atribución, el daño y el nexo causal. Desde esa perspectiva, consideró que no acreditada la conducta contraria a derecho, no podía avanzar en el análisis de los demás elementos.

3. Los términos precedentes revelan la deficiencia apuntada por el recurrente. Es que, si el Sentenciante entendió acreditado que la enfermedad por cuya incapacidad demanda Gamero, tuvo su génesis en la conducta del empleador -acoso laboral de la supervisora Rodríguez-, la causa de la dolencia, excedía la tarea desempeñada por la trabajadora.Tan es así, que debió crear el agente de riesgo (Decreto Nº 1278/00, en función de la LRT). Por ende -se repite- si verificó hechos que condujeron a provocar una enfermedad, no pudo al mismo tiempo concluir que no se daba el elemento objetivo de la responsabilidad civil (antijuridicidad) y decidir no analizar los restantes presupuestos de la acción común.

Desde este particular, corresponde el reenvío de la causa para que el a quo se pronuncie sobre la cuestión omitida. Es dable que sea el propio interviniente quien decida teniendo en cuenta que deviene firme la indemnización prevista en la ley Nº 24.557. Se entiende zanjada la imposibilidad de acceder a la acción civil porque los términos del decisorio evidencian una declaración de inconstitucionalidad implícita, previa al análisis civil que se hace de la cuestión traída. A lo que se agrega la jurisprudencia constante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde la causa «Aquino.» (Fallo 327:3753).

4. Desde otro costado, el Juzgador vuelve a contradecirse cuando incluye la patología que padece la trabajadora dentro del listado de enfermedades profesionales y la entiende provocada por la conducta de una superior de la actora. Va de suyo entonces, que debieron ser otorgadas las prestaciones en especie por la aseguradora hasta su curación y mientras subsistían los síntomas incapacitantes (art. 20 LRT). En base a ello y no brindada la asistencia terapéutica -psicoterapia y fármacos-, deviene razonable su reintegro. Además, conforme al dictamen pericial, el tratamiento psiquiátrico no es de por vida, sino que debería abarcar dieciocho meses, con una frecuencia de una vez por semana y a un costo de ciento veinte pesos ($ 120) por sesión -incluída la medicación- (fs. 803). Por tanto, se considera sensata su cobertura con ese límite temporal.

5. Conforme lo sostenido en los apartados anteriores debe anularse la sentencia en dichos aspectos (art.105 CPT). Entrando al fondo del asunto, corresponde el reenvío de la causa para que el a quo se pronuncie sobre la cuestión civil omitida. Es dable que sea el propio interviniente quien decida teniendo en cuenta lo precedentemente señalado.

Respecto a las erogaciones reclamadas y por las razones desarrolladas en ese punto debe hacerse lugar al reembolso de los gastos terapéuticos realizados y por el término indicado.

El cuantum será determinado por las partes en la etapa del art. 812 CPCC. Y para el cálculo se considerará lo expresado en el escrito inicial para los pasados (fs. 12 vta.). La suma deberá incluir la cobertura por el tratamiento psiquiátrico sugerido por el perito especialista (72 sesiones).

Voto por la afirmativa con el alcance dado.

El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

Coincido con la opinión expuesta por el señor vocal cuyo voto me precede. Por tanto, haciendo míos los fundamentos emitidos, me expido en la misma forma.

La Señora Vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo:

A mi juicio es adecuada la respuesta que da el señor vocal doctor García Allocco a la primera cuestión. Por ello, de acuerdo a sus consideraciones, me pronuncio en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA:

El señor Vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo:

1. La accionada afirma que el pronunciamiento carece de fundamentación y vulnera la sana crítica racional pues concluye que el despido indirecto fue eficaz por haberse agotado los plazos para volver al trabajo. Denuncia omisión de valorar prueba dirimente -documental, pericial y testimonial- de la que surge que Gamero no se encontraba en condiciones de prestar tareas. Cuestiona el análisis del intercambio epistolar y refiere que la actora debió solicitar la Junta Médica Administrativa a los fines de su reincorporación. Descalifica los certificados de los Dres. Sánchez -no reconocido por el otorgante- y Traversaro porque no prueban el alta médica.

Finalmente, se agravia de la errónea aplicación de la sanción del art.2 de la ley N° 25.323 y del art. 16 de la ley Nº 25.561 por tratarse de un despido indirecto.

2. El motivo de agravio carece de la debida fundamentación. Respecto al distracto, soslaya que para el Tribunal este sobrevino en una etapa previa al análisis del grado de incapacidad laboral que terminaría portando la empleada y en consecuencia la posibilidad de otorgar un puesto acorde a la misma. Además, deja de lado las otras motivaciones en las que se respalda el Tribunal: conducta contradictoria de «Falabella S.A.» -solicitó Junta Médica para diagnosticar la enfermedad, pero no para su reingreso- y su rigidez formal -la actora transcribió el certificado médico en el telegrama- (fs. 810). En realidad, los planteos se limitan a discrepar con el resultado del pleito derivado de la valoración de la injuria -hechos y prueba-, sin que se concrete ninguna arbitrariedad susceptible de habilitar esta instancia excepcional.

Tampoco demuestra error jurídico en vinculación con la multa del art. 16, ley 25.561, sino mera disconformidad con la decisión tomada. La que, por otra parte, coincide con la adoptada por la CNAT en Fallo Plenario N° 310 -por mayoría- in re: «Ruiz, Víctor Hugo c/ Universidad Argentina de la Empresa U.A.D.E. s/ despido» ; y de este Cuerpo en autos «Sibilia Gabriela B. c/ Radio Aviso S.A. – Dda. – Recurso de Casación» -Sent. Nº 169/06-, entre otros As.Is. Nros. 313, 488/07; 78/11.

Lo propio ocurre con relación al incremento indemnizatorio del art. 2 de la ley N° 25.323 porque el recurrente no demuestra la inobservancia alegada, ya que la interpretación que ensaya no surge de los términos de la normativa aplicada.

Voto pues por la negativa.

El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

Adhiero a las consideraciones expresadas en el voto que antecede. Por tanto, me expido de igual modo.

La señora Vocal doctora M.Mercedes Blanc de Arabel, dijo:

Comparto la postura que propone el señor vocal doctor García Allocco a la presente. Por ello, me pronuncio de la misma manera.

A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA:

El señor Vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo:

A mérito de la votación que antecede corresponde admitir el recurso de casación deducido por la parte actora. En consecuencia, hacer lu gar al reembolso de los gastos terapéuticos realizados y por el lapso indicado a cargo de «La Caja ART». Reenviar las actuaciones a la Sala de origen, para que dicte resolución sobre la demanda civil. Con costas. Rechazar la impugnación de la parte demandada. Con Costas. Los honorarios de los Dres. Tufih Sahade (h) e Ignacio Javier Oliva, serán regulados por el a quo en un treinta y dos y treinta por ciento, respectivamente, de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 36, ley 9.459, sobre lo que constituyó materia de impugnación (arts. 40, 41 y 109 ib.), debiendo considerarse el art. 27 de la ley citada.

El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

Estimo adecuada la solución a la que arriba el señor vocal preopinante. Por tanto, me expido en igual sentido.

La señora Vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo:

Concuerdo con la decisión expuesta por el señor Vocal Dr. García Allocco. En consecuencia, me pronuncio en la misma forma.

Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Laboral,

R E S U E L V E:

I. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora y anular el pronunciamiento según se expresa.

Admitir el reembolso de los gastos terapéuticos realizados y por el lapso indicado a cargo de «La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART S.A.».

Remitir los autos a la Sala de origen, para que dicte resolución sobre la demanda civil.

Con costas.

II. Rechazar la impugnación de la parte demandada. Con Costas.

III. Disponer que los honorarios de los Dres. Tufih Sahade (h) e Ignacio Javier Oliva, sean regulados por la a quo en un treinta y dos y treinta por ciento, respectivamente, de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 36, ley 9.459, sobre lo que constituyó materia de discusión. Deberá considerarse el art. 27 de la mencionada ley.

IV. Protocolícese y bajen.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el señor Presidente y los señores Vocales, todo por ante mí, de lo que doy fe.

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