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No pueden imputarse a una prestadora médica las consecuencias perjudiciales que sufre un paciente si no se determina el nexo causal.

MedicoPartes: C. M. D. c/ P. art. S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: G

Fecha: 28-oct-2013

Cita: MJ-JU-M-82663-AR | MJJ82663 | MJJ82663

No pueden imputarse a una prestadora de servicios médicos las consecuencias perjudiciales que sufre un paciente si no se determina la existencia del respectivo nexo causal.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la demanda de daños y perjuicios intentada contra el médico y los terceros citados, toda vez que en los juicios sobre responsabilidad de los médicos la prueba debe versar sobre los actos u omisiones del profesional que demuestren una actividad negligente, imprudente, o la falta de pericia necesaria, y no sólo el resultado negativo del tratamiento o de la intervención quirúrgica, pues no queda comprometida la responsabilidad si la conducta considerada reprochable no está probada suficientemente.

2.-A fin de verificar la conducta médica y poder reprochársele al facultativo en el juicio de mala praxis, resulta decisiva la prueba pericial médica, pues la apreciación de los hechos controvertidos -a la luz de la conducta debida- suele requerir de conocimientos técnicos y científicos especiales (art. 457 del CPCCN.) estimándose bajo tales premisas que el profesional designado de oficio lejos de justificar el reclamo de la recurrente, no halló responsabilidad en el actuar de los facultativos de la demandada.

3.-Cuando de las conclusiones del perito médico que no fueron impugnadas por el actor ni cuestionadas en el alegato ni tampoco en el memorial, no sólo explicó la probabilidad de complicaciones de las heridas contaminadas, como las sufridas en un accidente en la calle, a pesar del uso de antibióticos y de una técnica quirúrgica adecuada, sino que, lejos de atribuir negligencia o imprudencia al actuar del sanatorio, dijo que de las constancias de autos no surgía que la terapéutica efectuada en el actor no haya sido correcta.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 28 días de Octubre de Dos Mil Trece, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: «C., M. D. C/ P. ART. S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS», respecto de la sentencia de fs. 673/678 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores CARLOS CARRANZA CASARES – BEATRIZ AREÁN – CARLOS ALFREDO BELLUCCI.-

A la cuestión planteada el Señor Juez de Cámara Doctor Carranza Casares dijo:

I.- La sentencia de fs. 673/678 vta., rechazó con costas, la demanda interpuesta por M. D. C. contra P. ART S. A. por daños y perjuicios atribuidos a una falta de atención médica; e igual temperamento adoptó respecto de los citados como terceros G. C. B. A. y C. E. S. A. y de la citada en garantía P. C. A. de S. G. S. A.

Para así concluir el pronunciamiento sostuvo que no se había probado la negativa de atención invocada, ni la mala praxis médica de quienes lo habían asistido ni tampoco la relación causal entre el aludido obrar de la demandada y el daño alegado.

II.- El actor apeló el fallo y presentó su memorial a fs. 707/710 vta., cuyo traslado fue contestado a fs. 724/725 vta. por la demandada y a fs. 719/720 vta.por la citada en garantía.

Aduce que la falta de atención fue demostrada, que la existencia o no de mala praxis no resultó relevante y que no puede imponérsele las costas de los terceros traídos a juicio.

III.- Más allá de que pudiera considerarse probada una negativa inicial de la aseguradora de riesgos de trabajo de prestar atención médica al reclamante con la declaración de los testigos de fs.531/532 y fs. 551/553, coincido con la sentencia en cuanto a que no se ha demostrado que tal supuesta omisión haya tenido vínculo causal con el daño por él alegado.

Ante todo advierto que la aludida negación a prestar sus servicios no implicó la falta de atención del demandante pues, como él mismo admitió, desde un primer momento recibió atención médica, en primer lugar en el H. P., adonde fue trasladado desde el lugar del accidente por un taxista, según explica, e inmediatamente después, en la C. E.

Además no ha invocado, ni menos aun, acreditado que el daño aludido hubiera derivado de la ausencia o de la demora en recibir asistencia para su dolencia.

Se queja porque debido a la conducta que le atribuye a la aseguradora debió trasladarse para ser curado en la mencionada clínica, pero se equivoca al sostener que no debía probar que en ese lugar se incurrió en mala praxis.

Si allí fue correctamente atendido, el alegado perjuicio en su pierna izquierda no puede considerárselo como una secuela de su paso por ese centro de salud y consecuentemente tampoco puede derivar en responsabilidad alguna para la demandada por haberlo constreñido – en su versión – a ser allí atendido.

Y en el caso no se ha demostrado que haya existido una mala atención médica por parte de C.E.

Como he expresado en otras oportunidades, supuesta la cuestión de la autoría, el deber jurídico infringido por un médico puede resultar de las propias convenciones contenidas en el contrato de asistencia médica o bien tratarse simplemente del deber jurídico genérico no dañar (cf. Trigo Represas, Félix A., López Mesa, Marcelo J., Tratado de la Responsabilidad Civil, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2004, t. II, p. 354/355), que constituye un principio -de rango constitucional- común a las órbitas de responsabilidad contractual y extracontractual (cf. Fallos: 308:1118).

La culpa médica, como es sabido, consiste en la omisión de las diligencias exigidas por la naturaleza del deber profesional asumido y que corresponde a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (art. 512 del Código Civil) cuyo grado de responsabilidad ha de estimarse por la condición especial del agente (art. 909 del Código Civil).

Para establecer tal culpabilidad uno de los elementos decisivos consiste en desentrañar si ha existido un incumplimiento de las reglas del arte de curar (lex artis).

Después de valorar en concreto la naturaleza de la obligación y las circunstancias de personas, tiempo y lugar, el tipo de comparación será el de un profesional prudente y diligente de la categoría o clase en que quepa encuadrar la conducta del deudor en cada caso concreto (cf. Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires,1980, t. IV-B, p. 145, n° 2826; Bueres, Alberto J., Responsabilidad civil de los médicos, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1994, t. 2, p. 94 y ss.; Lorenzetti, Ricardo Luis, Responsabilidad civil de los médicos, Ed. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 1997, t. I, p. 461 y ss.; Calvo Costa, Carlos Alberto, Daños ocasionados por la prestación médico-asistencial, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2007, p.142 y ss.).

En este sentido, en los juicios sobre responsabilidad de los médicos la prueba debe versar sobre los actos u omisiones del profesional que demuestren una actividad negligente, imprudente, o la falta de pericia necesaria, y no sólo el resultado negativo del tratamiento o de la intervención quirúrgica, pues no queda comprometida la responsabilidad si la conducta considerada reprochable no está probada suficientemente (Fallos: 322: 1393 ).

A fin de verificar tal extremo en este tipo de pleitos, como no es difícil advertir, resulta decisiva la prueba pericial médica, pues la apreciación de los hechos controvertidos -a la luz de la conducta debida- suele requerir de conocimientos técnicos y científicos especiales (art. 457 del Código Procesal).

Bajo tales premisas estimo que el profesional designado de oficio lejos de justificar el reclamo de la recurrente, no halló responsabilidad en el actuar de los facultativos de la demandada.

El perito médico, cuyas conclusiones no fueron impugnadas por el actor ni cuestionadas en el alegato ni tampoco en el memorial, no sólo explicó la probabilidad de complicaciones de las heridas contaminadas, como las sufridas en un accidente en la calle, a pesar del uso de antibióticos y de una técnica quirúrgica adecuada (fs.

573), sino que, lejos de atribuir negligencia o imprudencia al actuar del sanatorio, dijo que de las constancias de autos no surgía que la terapéutica efectuada en la C. E. «no haya sido correcta» (fs. 571 vta.).

No pueden imputarse a una prestadora de servicios médicos las consecuencias perjudiciales que sufre un paciente si no se determina la existencia del respectivo nexo causal (cf. arts. 902 y ss. del Código Civil; Fallos:310:2467; 321:1429 y Bustamante Alsina, Jorge, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997, n° 1378).

Y en el caso no se ha acreditado la necesaria relación de causalidad adecuada entre la alegada negativa de la demandada y el daño padecido. En todo caso podría decirse que la omisión de cumplir con el compromiso asumido enrostrada a la aseguradora hipotéticamente hubiera podido generar secuelas propias – diferentes de las ocasionadas por el accidente en sí -, pero la inmediata y correcta intervención de los nosocomios ya mencionados impidió la concreción de tal menoscabo.

Vale decir que aun cuando se estimase que hubiera habido una negativa inicial a atenderlo por parte de la demandada, el reclamante habría sido, sin dilación, adecuadamente asistido.

En definitiva, el actor ha omitido acreditar el supuesto de hecho de la normativa cuya aplicación requería (art. 377 del Código Procesal). La noción de la carga de la prueba contemplada en esta norma, precisamente indica al juez cómo resolver frente a hechos insuficientemente verificados, a fin de evitar el non liquet (no está claro), e indirectamente señala a cuál de las partes le interesa esa demostración y quien, por ende, asume el riesgo de la falta de evidencia (cf. C.N.Civ., esta sala, L. 490.669, del 7/3/08 y L. 495.434, del 9/5/08), como ha ocurrido en el caso.

IV. Estimo que en lo que atañe a la imposición de costas por la intervención de terceros ha de efectuarse la siguiente consideración.

Si bien la citación de C. E. S.A. fue inicialmente solicitada por la parte demandada (fs.205vta./206) la parte actora no solo no se opuso a tal requerimiento frente al traslado que se le corrió a fs. 215, sino que directamente, antes que el juzgado decidiese sobre la procedencia de tal citación, procedió a notificar el traslado de la demanda a la aludida clínica (fs.223). Por haber hecho suya la citación -y haberla efectuado además en calidad de demandada-, postulo que cargue con los gastos generados por su actuación. Y otro tanto ocurrió en relación con la intervención del G. C. B. A. respecto del cual lejos de oponerse impulsó su citación a fs. 251 (art. 68 del Código Procesal).

De allí que propicio la confirmación de la atribución de costas en cabeza de quien dio origen a este malogrado pleito.

V.- En mérito de lo expuesto, después de haber examinado las argumentaciones y pruebas conducentes, propongo al acuerdo confirmar, con costas de alzada, el pronunciamiento recurrido (art. 68 del Código Procesal).

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Beatriz Areán y Carlos Alfredo Bellucci votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Doctor Carranza Casares. Con lo que terminó el acto.

CARLOS CARRANZA CASARES.

BEATRIZ AREÁN.

CARLOS ALFREDO BELLUCCI.

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala «G» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. CONSTE.- Buenos Aires, 28 de octubre de 2013.- Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, SE RESUELVE: I.- Confirmar, con costas de alzada, el pronunciamiento recurrido. II. Los honorarios de fijarán una vez establecidos los de la anterior instancia. Se deja constancia de que la publicación de esta sentencia se encuentra sujeta a lo establecido por el art. 164, segundo párrafo, del Código Procesal. Regístrese, notifíquese a las partes mediante cédula por secretaría, oportunamente cúmplase con la Acorada 24/13 de la C.S.J.N. y devuélvanse.

CARLOS A. CARRANZA CASARES

BEATRIZ AREAN

CARLOS A. BELLUCCI

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