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Procede acción de daños por acusación calumniosa aún cuando no se acredite la intención de perjudicar al denunciado

leyes (2)Partes: C. L. M. c/ Uno Multimedios S.A. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: I

Fecha: 8-oct-2013

Cita: MJ-JU-M-83013-AR | MJJ83013 | MJJ83013

Procedencia de la acción de daños por acusación calumniosa aún cuando no se acredite la intención por parte del denunciante de perjudicar al denunciado, si existió un grado de ligereza en poner en funcionamiento la jurisdicción.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la demanda de daños por acusación calumniosa intentada por los vendedores de un grupo de acciones contra los adquirentes, fundada en la a denuncia efectuada por estos últimos por desbaratamiento de sus derechos (al rescindirse el contrato de compraventa por culpa de los adquirentes), acción por la cual los accionantes fueron sobreseídos, pues si bien no se acreditó la existencia de intención por parte de los emplazados de perjudicar a los denunciados , existió un grado de ligereza en poner en funcionamiento la jurisdicción sin un adecuado análisis y consideración de los hechos, por lo que cabe atribuir culpa a los demandados en la promoción y trámite de la querella penal.

2.-La sola sentencia sobreseyendo al querellado no torna procedente sin mas la reparación del daño, pues debe acreditarse la existencia de un obrar doloso o culposo del denunciante.

3.-Es procedente el reclamo a título de daño moral formulado por quien fue acusado falsamente por haber cometido un delito, pues la ofensa al honor y a la dignidad surge inre ipsa por la mera comisión del hecho ilícito y sin necesidad de prueba alguna.

4.-Debe disminuirse la indemnización por daño moral otorgada a favor de quien fue acusado falsamente en sede penal, pues el trámite de la querella no se extendió en el tiempo de manera irrazonable, no se citó al encartado a indagatoria, ni se efectuaron diligencias que le generaron situaciones de violencia moral o pusieran de manifiesto ante terceros la existencia de una querella en su contra.

5.-Es improcedente otorgar indemnización por gastos causídicos a quien fue acusado falsamente en sede penal, en tanto no surge de autos que el actor haya abonado a sus letrados suma alguna en concepto de honorarios, ni se acompañaron facturas que den cuenta de ello.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 8 días del mes de octubre del año dos mil trece, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala «I» de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos: «C. L. M. C/ UNO MULTIMEDIOS S.A. Y OTROS S/ Daños y perjuicios»respecto de la sentencia corriente a fs. 548/559, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dres. UBIEDO y MOLTENI.

Sobre la cuestión propuesta la Dra. UBIEDO dijo:

La sentencia de fs. 548/559 hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por L. M. C. contra Uno Multimedios SA y Grupo Uno SA (hoy DMRT SA) , condenando a las accionadas al pago de una suma de dinero en concepto de resarcimiento por acusación calumniosa, con mas los intereses y las costas del proceso. Rechazó la acción dirigida contra D. V., representante de ambas en la promoción de la querella y su tramitación, con costas a la actora vencida.

La decisión es apelada por las partes, expresando agravios el actor a fs. 592/605 mereciendo la respuesta de fs. 620/623. Las demandadas exponen sus quejas en presentación de fs. 579/590, las que son respondidas a fs. 612/617.

La magistrada de grado arribó a la conclusión de que se encontraba configurada la acusación calumniosa y con fundamento en los arts. 1089 y 1090 del Código Civil, hizo lugar a la pretensión imponiendo el pago de $ 80.000 en concepto de daño moral, el reintegro de los gastos causídicos devengados en sede penal, que determinó en $ 15.000, los intereses a la tasa activa (desde la promoción de la querella los correspondientes a daño moral y desde la presentación del actor en la causa los correspondientes a costas del proceso) y las costas del proceso.La actora se agravia de los montos fijados, los que considera reducidos, así como de la imposición de las costas por el rechazo de su pretensión dirigida a D. V. Las demandadas se agravian de la imputación de responsabilidad, del reconocimiento de la existencia de daño y -subsidiariamente- de los montos fijados, los que considera elevados, reprochando asimismo la tasa activa impuesta.

II) L. M C y J T T celebraron un contrato con fecha 21 de julio de 1998 en virtud del cual vendieron a las demandadas Grupo Uno S.A. y Uno Multimedios S.A. el 100 % de las acciones de Emisora Radio Cultural S.A. -licenciataria de Radio Rivadavia- siendo ambos vendedores propietarios del 100 % (93,62 % C y 6,38 % T), conforme instrumento que obra a fs. 1/27 del proceso arbitral seguido entre las partes por ante el tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio, que se tiene en este acto a la vista, venido «ad effectum vivendi». Al suscribirse el acuerdo se abonó la suma de $ 3.000.000 a cuenta de precio (cláusula V punto 5.1.a), quedando establecido que el importe total del precio sería determinado por auditores, fijándose una fecha final de cierre de la operatoria (v. cláusula VI).

El adelanto de precio fue obtenido por los adquirentes en virtud del mutuo celebrado con el Banco Credicoop, siendo dicho préstamo garantizado por los vendedores C. y T quienes se constituyeron en deudores prendarios a favor del Banco Credicoop depositando acciones de la emisora en esa entidad, suscribiéndose la escritura N° 1241 del 22 de julio de 1998, la que obra a fs. 89/95 de la causa penal 65093/2004 que se tiene a la vista, agregada por cuerda «ad effectum videndi et probandi». Esta garantía obedecía a su vez a lo convenido con los adquirentes, a quienes garantizaban un eventual incumplimiento con el efecto de devolver lo recibido a cuenta de precio (restitución del adelanto conf.V5a.).

Los adquirentes cancelaron el mutuo al Banco Credicoop y las acciones fueron retiradas de la entidad por los propios vendedores (v. escritura de cancelación de prenda a fs. 98/102 de la referida causa penal).

Ahora bien, el intercambio telegráfico obrante a 31, 34/36 y 98 da cuenta que las vendedoras rescindieron el contrato, atribuyendo culpa a las adquirentes por su conducta morosa en facilitar la determinación del precio de compra, tal como se estableciera en cláusulas contractuales III y IV, en tanto que las adquirentes entendieron que eran los vendedores quien habían sido morosos, promoviendo en consonancia con esta postura un proceso arbitral por cumplimiento (v. actuaciones que se encuentran agregadas por cuerda ad efectum vivendi). En ese proceso se dictó sentencia condenando a los vendedores a cumplir con el contrato y finalmente L. M. C. se presentó en concurso preventivo, arribando a un acuerdo con sus acreedores (v. presentación de la Sindicatura en el proceso arbitral a fs. 1774/82).

En este marco fáctico las demandadas entendieron que se había producido un desbaratamiento de sus derechos al retirarse las acciones, pues ellas constituían su garantía para el caso de incumplimiento contractual por lo que promovieron querella acusando de ese delito, acción que fuera rechazada siendo sobreseído

el accionante (v. causa penal Nº 65.093/2004 que en este acto tengo a la vista obrante por cuerda ad effectum vivendi et probandi), con fundamento en que los accionistas tenían derecho a recuperar las acciones visto que el crédito cuya cancelación garantizaban estos valores había sido abonado por las deudoras y que las acciones no se encontraban sometidas a ninguna prenda a favor de éstas.

A igual conclusión arribó la magistrada de grado en el decisorio que me ocupa, al responder a los argumentos defensivos en base a los cuales se intenta justificar la promoción de la querella.En este proceso las partes han discurrido acerca de si efectivamente se constituyó o no una prenda a favor de las adquirentes, en garantía frente a una eventual resolución por culpa de los vendedores y el consecuente efecto de reintegro del adelanto a cuenta de precio, pero lo cierto es que, exista o no una prenda con el alcance y efectos que ello produce, lo cierto es que las acciones depositadas en el Banco Credicoop fueron dadas en garantía por el cumplimiento de ese eventual «reintegro de adelanto».

Ahora bien, si como resulta del informe prestado por el referido banco que obra a fs. 108 de la causa penal, las adquirentes demandadas cancelaron el 20 de diciembre de 2001 el crédito otorgado por Banco Credicoop, sin concretar ante esta entidad acreedora reserva alguna en punto a la devolución de las acciones, no pueden luego invocar su propia torpeza al cuestionar que los vendedores retiraran del Banco acreedor con fecha 29 de julio de 2002 las acciones que aún eran de su propiedad.

Si con ello se produjo un desbaratamiento de sus derechos, la configuración de este delito ya ha quedado dilucidada en sede penal, recayendo sobreseimiento a favor de los imputados C. y T, como ya lo adelantara. No obstante, la sola sentencia sobreseyendo al querellado no torna procedente sin mas la reparación del daño, pues debe acreditarse la existencia de un obrar doloso o culposo y en el caso no estimo acreditada la existencia de una intensión por parte de los denunciantes de perjudicar a los denunciados con falsas denuncias, sino antes bien, un cierto grado de ligereza en poner en funcionamiento la jurisdicción, sin un adecuado análisis y consideración de los hechos, a fin de no incurrir en un yerro que plasme la actuación culposa y origine la responsabilidad en el denunciante o querellante (v. Marcelo J. López Mesa, Código Civil anotado con jurisprudencia ed. Abeledo Perrot comentario al art.1090 punto 5 y sus citas).

No soslayo que tras el conflicto que me ocupa subyacen cuestiones propias de la operatoria de compraventas, y responsabilidad por su resolución, ya que si bien el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resolvió en el proceso promovido por los adquirentes, imponiendo el cumplimiento de la operatoria a los vendedores, lo cierto es que este decisorio data de varios años posteriores a la querella promovida.

Por lo brevemente expuesto, estimo que cabe atribuir culpa a las demandadas en la promoción y trámite de la querella penal, debiendo rechazarse sus agravios, lo que así propicio.

b) En cuanto a los reproches que merece al actor la imposición de las costas respecto a la acción deducida contra D. Eduardo V., que fuera rechazada.

La imposición de costas se sustenta en el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCN) y en el caso aún cuando el hecho de que D. V., presidente y propietario del 93,62 % de las acciones de las empresas demandadas al tiempo de los hechos fuera quien iniciara efectuara la denuncia y actuó durante todo el proceso penal y puede llevar a la suposición de que esa actuación se encontraba estrechamente ligada a su voluntad (conf. art. 83 del Código de Procedimientos Penales), nada se acredita en punto a que

ella primara en la decisión de formular la acusación, no resultando procedente apartarse de la norma citada.

Propicio en consecuencia se confirme el pronunciamiento en el aspecto considerado

Paso a considerar lo relativo al resarcimiento en el marco de los agravios de ambas partes en lo que hace a la procedencia y entidad del resarcimiento.IV) Ha señalado esta Sala en su anterior composición, que es procedente el reclamo a título de daño moral formulado por quien fue acusado falsamente de haber cometido un delito, pues la ofensa al honor y a la dignidad surge inre ipsa por la mera comisión del hecho ilícito y sin necesidad de prueba alguna (fallo del 26-9-2000 publicado en LL2001-C-744)

A su vez, para fijar su monto se hace imprescindible valorar un cúmulo de factores entre los que habrá de considerarse la personalidad del ofendido, la mayor o menor difusión de la calumnia o injuria, el ámbito donde se ha cometido, entre otros.

El trámite de la querella promovida no se extendió en el tiempo de manera irrazonable, no se citó al encartado a indagatoria ni se ef ectuaron diligencias que le generaran situaciones de violencia moral o pusieran de manifiesto ante terceros la existencia de una querella en su contra.

No se encuentra acreditado que se hubiera difundido periodísticamente, ni que hubiera tomado estado público generando una elevada exposición de negativas implicancias para el accionante.

Tampoco puede soslayarse que la ruptura de contrato y la conflictiva relación existente acerca de la responsabilidad de cada parte al tiempo de la denuncia (v. carta documento de fs. 31 -en copia-; y el inicio de un proceso arbitral el 9/02/99) pudo llevarlas a efectuar la acusación el 10/11/2004, por lo que las particularidades del caso ameritan atemperar el rigorismo en la apreciación de la culpa de la demandada.

Por lo expuesto, considero que la suma de $ 80.000 resulta elevada, y propicio su reducción por aplicación de un prudente arbitrio y particularidades del caso, a $ 40.000.

V) Por último, en lo que respecta a los gastos causídicos, adelanto que he de propiciar se revoque el pronunciamiento sobre el punto.

Para que un daño sea resarcible debe ser cierto. No surge de autos que el actor haya abonado a sus letrados suma alguna en concepto de honorarios.Como se señala en el decisorio, no se han acompañado las facturas que den cuenta de ello y nada dijo el letrado que declarara a fs. 316/17 y si bien puede aceptarse que es práctica en el foro acordar honorarios con los clientes, lo que se encuentra en el marco de la normativa respectiva, no pueden reconocerse ni aceptarse montos en casos como el presente, en que no cuenta con respaldo contable alguno la pretensión accionaria.

VI) La juez de grado dispuso adicionar a los importes de las indemnizaciones reconocidas intereses desde la fecha del hecho hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, conforme la doctrina plenaria de la Cámara Nacional en lo Civil recaída in re «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios» . De ello se agravian las demandadas cuestionando la aplicación de dicha tasa desde la fecha del hecho hasta el dictado de la sentencia.

En primero lugar corresponde señalar que no soslayo que la reciente ley 26.853 de Creación de las Cámaras Federales de Casación derogó el art. 303 del Código Procesal (art. 12 de la citada ley), norma ésta que asigna fuerza obligatoria a la interpretación de la ley establecida en una sentencia plenaria. No obstante y sin perjuicio de la postura que se adopte sobre la vigencia temporal de tal derogación, lo cierto es que comparto la interpretación legal que resulta del voto de la mayoría en el citado fallo plenario, razón por la cual me remito a sus términos.Sin perjuicio de ello, la inteligencia atribuida a dicha doctrina por esta Sala en casos como el presente, en los autos «Martínez, Eladio Felipe c/Díaz, Hernán Reinaldo s/ daños y perjuicios» del 15 de marzo del año 2013 y sus citas, entre otros, lleva a propiciar que desde la producción del perjuicio hasta el pronunciamiento apelado se fije la tasa del 8% anual, como tasa pura dado que resulta suficientemente compensatoria pues se está ante una deuda de valor cuya entidad se fija a valores actuales.

En consecuencia propicio que se fije la tasa del 8% anual desde el evento dañoso hasta el decisorio recurrido y a partir de allí la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina establecida en el fallo en recurso.

Por todo lo expuesto propicio se modifique el pronunciamiento recurrido, con el alcance volcado a lo largo de este mi voto.

Por razones análogas, el Dr. MOLTENI adhiere al voto que antecede.

La Dra. CASTRO no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 11, R.L.J.N.)

Con lo que terminó el acto.

Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Informática Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N.-

MARIA LAURA RAGONI

Secretaria Interina

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013.

Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: Confirmar el decisorio recurrido en lo principal que decide. Modificarlo en punto al monto del resarcimiento y tasa de interés. En consecuencia se condena a Grupo Uno S.A. y a Uno Multimedios S.A. al pago a L. M. C, de la suma de $ 40.000, con más los intereses -conforme es propuesto en el punto VI). Se confirman las costas tal como se impusieran en la instancia de grado y se determinan por su orden las correspondientes a la Alzada, atento los vencimientos parciales y mutuos, salvo las generadas por los agravios por las costas relativas a la demanda rechazada que se imponen al actor.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

CARMEN N. UBIEDO

HUGO MOLTENI

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