El INSSJP debe brindar cobertura del 100 % de las prestaciones requeridas por el actor hasta que se le otorgue el alta médica

medicinaPartes: G. N. A. c/ Instituto Nacional De Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados s/ incidente de medida cautelar

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 9-ago-2013

Cita: MJ-JU-M-81943-AR | MJJ81943 | MJJ81943

El instituto demandado debe brindar cobertura del 100 % de las prestaciones requeridas por el actor -quien recibió un transplante renal- hasta que se le otorgue el alta médica a fin de retornar a su domicilio en la provincia de Tucumán.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución apelada que hizo lugar a la medida cautelar solicitada disponiendo que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados brinde cobertura del 100 % de las prestaciones pretendidas -estudios y prácticas médicas a los que debe someterse hasta que se le otorgue el alta médica a fin de retornar a su domicilio en la provincia de Tucumán, viáticos suficientes para permanecer en esta ciudad, servicio de transporte en remis para su atención médica en el Hospital Francés y provisión de una férula Toronto- teniendo en cuenta que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia, cabe concluir que el mantenimiento de la medida precautoria decretada evita el agravamiento de las condiciones de vida del amparista.

Fallo:

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto y fundado por la demandada a fs. 61/63, el que fue respondido por el actor a fs. 68, contra la resolución de fs. 43/45, y

CONSIDERANDO:

1. El señor N. A. G. inició acción de amparo con medida cautelar solicitando a la demandada que cumpla con la cobertura del 100% de las siguientes prestaciones: a) se extienda el período para permanecer en la Ciudad de Buenos Aires hasta que concluyan los estudios y prácticas médicas a los que debe someterse hasta que se le otorgue el alta médica a fin de retornar a su domicilio (en la provincia de Tucumán); b) viáticos suficientes (incluyendo a los dos acompañantes) para permanecer en esta ciudad, los que comprenden gastos de hospedaje y costo de alimentación (suma que fue estimada en $ 750); c) servicio de transporte en remis -ida y vuelta- para su atención médica en el Hospital Francés; y d) provisión de una férula Toronto.

Manifestó que fue sometido a un transplante renal y que debido a su afección se le expidió el correspondiente certificado de discapacidad que obra en copia a fs. 12 de estos autos. Adujo que fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires para ser operado de un tendón de su rodilla derecha y que ya había sido intervenido quirúrgicamente de su rodilla izquierda a fin de cumplir con el tratamiento para tratar su dolencia «deflexión de rodillas». Debido a que se encuentra con una calza de yeso en la pierna izquierda -la que ha sido intervenida quirúrgicamente- solicitó una «férula de Toronto» la cual es necesaria para su tratamiento posquirúrgico (cfr. copia del certificado médico que obra a fs. 13).

Por último, manifestó que sus padres fueron autorizados por la demandada a trasladarse junto con él en el carácter de acompañantes (cfr. fs. 18, punto VIII).

La resolución apelada hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el señor N. A.G., en consecuencia, el magistrado dispuso que la demandada cumpla con la cobertura del 100% de todo lo requerido

La medida cautelar fue apelada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

2. La demandada solicitó la revocación del pronunciamiento, sobre la base de agravios que pueden resumirse en los siguientes: a) el señor Juez hizo lugar a lo solicitado por el actor sin que se haya demostrado una negativa de su parte a cumplir con la prestación reclamada; b) el pedido de extensión, no se debió reclamar en forma judicial sino mediante un trámite administrativo ante la Unidad de Gestión Local VI; c) no corresponde que se haga lugar al reclamo del servicio de remise, debido a que se está cumpliendo. El afiliado debería haber solicitado que se mejore el servicio y no que sea sustituido por otro, como erróneamente pretende; y d) el magistrado no consideró que la provisión de la férula Toronto se encuentra en trámite. Debido a ello puede inferirse que no hubo negativa de su parte para otorgar el material reclamado.

3. Se examinarán los reproches formulados en esta instancia en virtud del criterio amplio que emplea este Tribunal en el tratamiento de los recursos, en la inteligencia que dicha amplitud es la que mejor armoniza con el respeto del derecho de defensa en juicio y con el sistema de la doble instancia instituido por el legislador (cfr.esta Sala, causas 3041/97 del 19/6/01, 9173/00 del 19/3/04 y 24.052/94 del 22/3/05, entre muchas otras).

Sentado ello y en los términos expuestos, resulta adecuado recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en repetidas oportunidades que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes o probanzas producidas en la causa, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

4.- Ello establecido, se debe señalar que no está discutida en el «sub lite» que el señor N. A. G. es transplantado renal y que se lo derivó a esta ciudad para un tratamiento de deflexión de rodillas (plan quirúrgico). Surge de las constancias de la causa que la demandada autorizó la derivación a Buenos Aires del afiliado para su tratamiento y otorgó la asistencia de dos acompañantes con cobertura de alojamiento, comida, atención médica y pasajes aéreos (cfr. fs. 3).

La controversia se plantea en cuanto a la obligación de la demandada de cobertura del 100% de todo lo requerido -a) extensión de la derivación a la Ciudad de Buenos Aires, hasta que concluyan los estudios y prácticas médicas que se le practican, y se le otorgue el alta médica a fin de retornar a la ciudad en donde habita; b) viáticos suficientes (incluyendo a los dos acompañantes) para permanecer en esta ciudad, gastos que comprenden gastos de hospedaje y costo de alimentación (suma que fue estimada en $ 750); c) servicio de transporte en remis (ida y vuelta) para su atención médica en el Hospital Francés; y d) provisión de una férula-.

5.- Para resolver la cuestión, hay que considerar que la demandada sostuvo que no negó las prestaciones reclamadas por el actor, sino que debieron ser solicitadas en la sede la administrativa correspondiente.También adujo que su parte cumple con las resoluciones de manera regular y en forma correcta, siendo la suma reclamada de $750 diarios arbitraria e irrazonable.

Sentado lo expuesto se debe destacar que esta Cámara ha señalado en varios casos análogos al presente que la existencia de un remedio administrativo o la falta de agotamiento de la vía administrativa -como argumenta la demandada- no es óbice para la protección de un derecho constitucional a través de la acción de amparo o de las medidas precautorias que en ese proceso se pudiesen decretar en el caso de que concurran los recaudos pertinentes. A partir de la reforma de la Constitución Nacional en 1994 tales circunstancias no son requisitos insoslayables para la viabilidad de la acción, desde que el art. 43 garantiza ese remedio expedito ante la falta de otro remedio judicial más idóneo (esta Cámara, Sala 1, causa 5483/00 DEL 14/9/2000; Sala 3, causas 5459/00 del 30/11/2000 y 5635/09 del 23/12/2009; Sala de Feria, causa 10509/09 del 21/1/2010; entre muchas otras).

A lo expuesto se debe agregar que procede la medida cautelar solicitada en casos en los cuales la demora en dictar la resolución administrativa es imputable a la accionada, de manera que la tardanza en atender a las necesidades del afiliado pueda acarrear una consecuencia más grave para él.

Es importante destacar que la operación de la rodilla derecha del accionante fue fijada para el día 27 de febrero de 2013 (cfr. fs. 3, último párrafo) y que la «férula de Toronto» fue solicitada con fecha 24 de enero de 2013 (cfr. fs.13).

Al respecto este Tribunal ha reconocido que en los casos en que se cuestionan decisiones relacionadas con la salud de las personas, resultan suficientes para tener por acreditado el peligro en la demora en atención a la incertidumbre y la preocupación que ellas generan, de modo que la medida sea necesaria para disipar un temor de daño inminente, acreditado prima facie o presunto (cfr. causas 6655/98 del 7-5-99, 436/99 del 8-6-99, 7208/98 del 4-11-99, 1830/99 del 2-12-99 y 1056/99 del 16-12-99; en ese sentido, ver Fassi-Yáñez, Código Procesal comentado, t. 1, pág. 48 y sus citas de la nota nº 13 y Podetti, Tratado de las medidas cautelares, pág. 77, nº 19).

6. De todo lo expuesto y en atención a las circunstancias invocadas por el amparista, las constancias obrantes en la causa ya analizadas y el peligro en la demora que entraña retrasar la operación y continuidad del tratamiento del Sr. N. A. G., convencen a este Tribunal de que, hasta tanto se decida la cuestión de fondo y mientras se mantengan las actuales condiciones, corresponde la confirmación de lo decidido en la instancia anterior.

Cabe agregar que los gastos del afiliado y sus acompañantes -para los cuales el magistrado determinó una suma de $ 750 diarios- deberán ser debidamente acreditados.

Al respecto, se debe señalar que resulta de aplicación al caso la doctrina del Alto Tribunal según la cual «en los juicios de amparo debe fallarse con arreglo a la situación fáctica y jurídica existente a la fecha de la sentencia, teniendo en cuenta no sólo los factores iniciales sino también los sobrevinientes, sean agravantes o no, que resulte de las actuaciones producidas (cfr.Fallos 304:1024)».

Se debe considerar que lo hasta aquí expuesto no obsta, claro está, a que si las «circunstancias fácticas» cambian la parte que lo considere pueda requerir -de ser necesario- un nueva decisión respecto de la cautelar solicitada, dada la esencial mutabilidad y provisionalidad de los pronunciamientos relativos a medidas precautorias (cfr. esta Sala, causas 3261 del 10-7-87, 1680 del 26-2-91, 74 del 13-4-99 y 6655/02 del 24-9-02, entre muchas otras).

En consecuencia, y teniendo en cuenta que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia, cabe concluir que el mantenimiento de la medida precautoria decretada evita el agravamiento de las condiciones de vida del amparista.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: Confirmar la resolución de fs. 43/45, con costas por su orden en atención a las particularidades de la cuestión (arts. 68, segunda parte y 69 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

La Dra. María Susana Najurieta no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Ricardo V. Guarinoni.

Francisco de las Carreras.

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