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Ley VI-0150-2013. La Provincia adopta un nuevo Código Procesal Civil y Comercial.

Codigo Civil 2Tipo: LEY

Número: 150

Emisor: Poder Legislativo Provincial

Fecha B.O.: 6-dic-2013

Localización: SAN LUIS

Cita: LEG59634
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS

Artículo 1.- Adoptar como CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS el siguiente:

PARTE GENERAL

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

(Artículos 1 al 318)

TÍTULO I

ÓRGANO JUDICIAL

(Artículos 1 al 39)

CAPÍTULO I

COMPETENCIA

(Artículos 1 al 6)

Artículo 1.- CARÁCTER.-

La competencia atribuida a los tribunales provinciales es improrrogable.

Exceptuase la competencia territorial en los asuntos exclusivamente patrimoniales, que podrá ser prorrogada de conformidad de partes.

Artículo 2.- PRÓRROGA EXPRESA O TÁCITA.-

La prórroga se operará si surgiere de convenio escrito mediante el cual los interesados manifiesten explícitamente su decisión de someterse a la competencia del juez a quien acuden. Asimismo, para el actor, por el hecho de entablar la demanda; y respecto del demandado, cuando la contestare, dejare de hacerlo u opusiere excepciones previas sin articular la declinatoria.

Artículo 3.- INDELEGABILIDAD.-

La competencia tampoco podrá ser delegada, pero está permitido encomendar a los jueces de otras localidades la realización de diligencias determinadas.

Artículo 4.- DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA.-

Toda demanda deberá interponerse ante juez competente, y siempre que de la exposición de los hechos resultare no ser de la competencia del juez ante quien se deduce, deberá dicho juez inhibirse de oficio. Consentida o ejecutoriada la respectiva resolución, se procederá en la forma que dispone el art. 8, primer párrafo.

Artículo 5.- REGLAS GENERALES.-

La competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda. Con excepción de los casos de prórroga expresa o tácita, cuando procediere, y sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en este Código o en otras leyes, será juez competente:

1. Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde esté situada la cosa litigiosa. Si éstas fuesen varias, o una sola pero situada en diferentes jurisdicciones judiciales, será el del lugar de cualquiera de ellas o de alguna de sus partes, siempre que allí tenga su domicilio el demandado. No concurriendo tal circunstancia, será el del lugar en que esté situada cualquiera de ellas, a elección del actor. La misma regla regirá respecto de las acciones posesorias, interdictos, restricción y límites del dominio, medianería, declarativa de la prescripción adquisitiva, mensura y deslinde y división de condominio.

2. Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles, el del lugar en que se encuentren o el del domicilio del demandado, a elección del actor. Si la acción versare sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente, el del lugar donde estuvieran situados estos últimos.

3. Cuando se ejerciten acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en el juicio y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación. El que no tuviere domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el de su última residencia.

4. En las acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, el lugar del hecho o el del domicilio del demandado, a elección del actor.

5. En las acciones personales, cuando sean varios los demandados y se trate de obligaciones indivisibles o solidarias, el del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del actor.

6.

En las acciones sobre rendición de cuentas, el del lugar donde éstas deban presentarse, y no estando determinado, a elección del actor, el del domicilio de la administración o el del lugar en que se hubiere administrado el principal de los bienes. En la demanda por aprobación de cuentas regirá la misma regla, pero si no estuviese especificado el lugar donde éstas deben presentarse, podrá serlo también el del domicilio del acreedor de las cuentas, a elección del actor.-

7. En las acciones fiscales por cobro de impuestos, tasas o multas, y salvo disposición en contrario, el del lugar del bien o actividad gravados o sometidos a inspección, inscripción o fiscalización, el del lugar en que deban pagarse o el del domicilio del deudor, a elección del actor. Ni el fuero de atracción ni la conexión modificarán esta regla.

8. En las acciones de separación personal, divorcio vincular y nulidad de matrimonio así como las que versaren sobre los efectos del matrimonio, el del último domicilio conyugal efectivo o el del domicilio del cónyuge demandado a elección del cónyuge actor. Si uno de los cónyuges no tuviera su domicilio en la República, la acción podrá ser intentada ante el juez del último domicilio que hubiera tenido en ella, si el matrimonio se hubiere celebrado en la República. No probado dónde estuvo radicado el último domicilio conyugal, se aplicarán las reglas comunes sobre competencia.-

En los procesos por declaración de incapacidad por demencia o sordomudez, y en los derivados de los supuestos previstos en el artículo 152 bis del Código Civil, el del domicilio del presunto incapaz o inhabilitado; en su defecto, el de su residencia. En los de rehabilitación, el que declaró la interdicción.-

9. En los pedidos de segunda copia o de rectificación de errores de escrituras públicas, el del lugar donde se otorgaron o protocolizaron.

10. En la protocolización de testamentos, el del lugar donde debe iniciarse la sucesión.

11. En las acciones que derivan de las relaciones societarias, el del lugar del domicilio social inscripto. Si la sociedad no requiere inscripción, el del lugar del domicilio fijado en el contrato; en su defecto o tratándose de sociedad irregular o de hecho, el del lugar de la sede social.-

12. En los procesos voluntarios, el del domicilio de la persona en cuyo interés se promuevan, salvo disposición en contrario.-

13. Cuando se ejercite la acción por cobro de expensas comunes de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal o cualquier otra acción derivada de la aplicación de este régimen, el del lugar de la unidad funcional de que se trate.-

Artículo 6.- REGLAS ESPECIALES.-

A falta de otras disposiciones será juez competente:

1. En los incidentes, tercerías, obligaciones de garantía, citación de evicción, cumplimiento de acuerdos de conciliación o transacción celebrados en juicio, o de mediación celebrada conforme a su régimen específico, ejecución de sentencia, regulación y ejecución de honorarios y costas devengadas en el proceso, y acciones accesorias en general, el del proceso principal.-

2. En los juicios de separación de bienes y liquidación de la sociedad conyugal, el del juicio de divorcio o nulidad de matrimonio.

3. En la exclusión del cónyuge, tenencia de hijos, régimen de visitas, alimentos y litisexpensas, el del juicio de divorcio, de separación personal, o de nulidad de matrimonio, mientras durare la tramitación de estos últimos. Si aquellos se hubiesen iniciado con anterioridad, pasarán a tramitar ante el juzgado donde quedare radicado el juicio de divorcio, de separación personal, o de nulidad de matrimonio.-

No existiendo juicio de divorcio, de separación personal o de nulidad de matrimonio en trámite, y no probado dónde estuvo radicado el último domicilio conyugal, se aplicarán las reglas comunes sobre competencia.-

Mediando juicio de inhabilitación, el pedido de alimentos contra el inhabilitado deberá promoverse ante el juzgado donde se sustancia aquél.-

4. En las medidas preliminares y precautorias, el que deba conocer en el proceso principal.

5. En el pedido de beneficio de litigar sin gastos, el que deba conocer en el juicio en que aquél se hará valer.

6. En el juicio ordinario que se inicie como consecuencia del ejecutivo, el que entendió en éste.

7. En el pedido de determinación de la responsabilidad establecida en el art. 208, el que decretó las medidas cautelares; en el supuesto del artículo 196, aquel cuya competencia para intervenir hubiese sido en definitiva fijada.-

CAPÍTULO II.

CUESTIONES DE COMPETENCIA (artículos 7 al 13).-

Artículo 7.- PROCEDENCIA.-

Las cuestiones de competencia sólo podrán promoverse por vía de declinatoria, con excepción de las que se susciten entre jueces de distintas circunscripciones judiciales, en las que también procederá la inhibitoria. En uno y otro caso, la cuestión sólo podrá promoverse antes de haberse consentido la competencia de que se reclama. Elegida una vía no podrá en lo sucesivo usarse de otra.

Artículo 8.- DECLINATORIA E INHIBITORIA.-

La declinatoria se sustanciará como las demás excepciones previas y, declarada procedente, se remitirá la causa al juez tenido por competente. La inhibitoria podrá plantearse hasta el momento de oponer excepciones o de contestar la demanda si aquel trámite no se hallare establecido como previo en el proceso de que se trata.

Artículo 9.- PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE LA INHIBITORIA.-

Si entablada la inhibitoria el juez se declarase competente, librará oficio o exhorto acompañando testimonio del escrito en que se hubiere planteado la cuestión, de la resolución recaída y demás recaudos que estime necesarios para fundar su competencia. Solicitará, asimismo, la remisión del expediente o, en su defecto, su elevación al tribunal competente para dirimir la contienda. La resolución sólo será apelable si se declarase incompetente.

Artículo 10.- TRÁMITE DE LA INHIBITORIA ANTE EL JUEZ REQUERIDO.-

Recibido el oficio o exhorto, el juez requerido se pronunciará aceptando o no la inhibición. Sólo en el primer caso su resolución será apelable. Una vez consentida o ejecutoriada, remitirá la causa al tribunal requirente, emplazando a las partes para que comparezcan ante él a usar de su derecho. Si mantuviese su competencia, enviará sin otra sustanciación las actuaciones al tribunal competente para dirimir la contienda y lo comunicará sin demora al tribunal requirente para qué remita las suyas.

Artículo 11.- TRÁMITE DE LA INHIBITORIA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR.-

Dentro de los cinco (5) días de recibidas las actuaciones de ambos jueces, el tribunal superior resolverá la contienda sin más sustanciación y las devolverá al que declare competente, informando al otro por oficio o exhorto. Si el juez que requirió la inhibitoria no remitiere las actuaciones dentro de un plazo prudencial a juicio del tribunal superior, éste lo intimará para que lo haga en un plazo de diez (10) a quince (15) días, según la distancia, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de su pretensión.

Artículo 12.- SUSPENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS.-

Las cuestiones de competencia se sustanciarán por vía de incidente. No suspende el procedimiento, el que seguirá su trámite por ante el juez que previno, salvo que se tratare de cuestiones de competencia en razón del territorio.-

Artículo 13.- CONTIENDA NEGATIVA Y CONOCIMIENTO SIMULTÁNEO.-

En caso de contienda negativa o cuando dos (2) o más jueces se encontraren conociendo de un mismo proceso, cualquiera de ellos podrá plantear la cuestión de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 9 a 12.

CAPÍTULO III

RECUSACIONES Y EXCUSACIONES

(Artículos 14 al 33)

Artículo 14.- RECUSACIÓN SIN EXPRESIÓN DE CAUSA.-

Los jueces de primera instancia podrán ser recusados sin expresión de causa. El actor podrá ejercer esta facultad al entablar la demanda o en su primera presentación; el demandado, en su primera presentación, antes o al tiempo de contestarla, o de oponer excepciones en el juicio ejecutivo, o de comparecer a la audiencia señalada como primer acto procesal. Si el demandado no cumpliere esos actos, no podrá ejercer en adelante la facultad que le confiere este artículo. También podrá ser recusado sin expresión de causa un juez del Superior Tribunal o de las cámaras de apelaciones, al día siguiente de la notificación de la primera providencia que se dicte. Cuando el Superior Tribunal conociere en instancia originaria, sólo podrá ser recusado uno de sus miembros en la forma y oportunidad previstas en los párrafos primero y segundo. No procede la recusación sin expresión de causa en los procesos sumarios y sumarísimos, en las tercerías, en el juicio de desalojo y en los procesos de ejecución.-

Artículo 15.- LÍMITES.-

La facultad de recusar sin expresión de causa podrá usarse un (1) vez en cada caso. Cuando sean varios los actores o los demandados, sólo uno (1) de ellos podrá ejercerla.-

Artículo 16.- CONSECUENCIAS.-

Deducida la recusación sin expresión de causa, el juez recusado se inhibirá pasando las actuaciones, dentro de las 24 horas, al que le sigue en el orden del turno, sin que por ello se suspendan el trámite, los plazos, ni el cumplimiento de las diligencias ya ordenadas.

Si la primera presentación del demandado fuere posterior a los actos indicados en el 2 párrafo del art. 14, y en ella promoviere la nulidad de los procedimientos recusando sin expresión de causa, dicha nulidad será resuelta por el juez recusado.-

Artículo 17.- RECUSACIÓN CON EXPRESIÓN DE CAUSA.-

Serán causas legales de recusación:

1. El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados.

2. Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima.

3 Tener el juez pleito pendiente con el recusante.

4. Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos oficiales.

5. Ser o haber sido el juez denunciador o acusador del recusante ante los tribunales, o denunciado o acusado ante los mismos tribunales con anterioridad a la iniciación del pleito.

6. Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, siempre que el Jurado de Enjuiciamiento hubiese dispuesto dar curso a la denuncia.

7. Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

8. Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes.

9. Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato.

10. Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez después que hubiese comenzado a conocer del asunto.-

Artículo 18.- OPORTUNIDAD.-

La recusación deberá ser deducida por cualquiera de las partes en las oportunidades previstas en el artículo 14. Si la causal fuere sobreviniente, sólo podrá hacerse valer dentro de quinto día de haber llegado a conocimiento del recusante y antes de quedar el expediente en estado de sentencia.

Artículo 19.- TRIBUNAL COMPETENTE PARA CONOCER DE LA RECUSACIÓN.-

Cuando se recusare a uno (1) o más jueces del Superior Tribunal de Justicia o de una cámara de apelaciones, conocerán los que queden hábiles, integrándose el tribunal, si procediere, en la forma prescripta por la ley orgánica y leyes reglamentarias. El tribunal que debe resolver las recusaciones será irrecusable. De la recusación de los jueces de primera instancia conocerá la cámara de apelaciones respectiva.

Artículo 20.- FORMA DE DEDUCIRLA.-

La recusación se deducirá ante el juez recusado y ante el Superior Tribunal o Cámara de apelaciones, cuando lo fuese de uno (1) de sus miembros. En el escrito correspondiente, se expresarán las causas de la recusación, y se propondrá y acompañará, en su caso, toda la prueba de que el recusante intentare valerse.

Artículo 21.- RECHAZO «IN LIMINE».-

Si en el escrito mencionado en el artículo anterior no se alegase concretamente alguna de las causas contenidas en el artículo 17, o la que se invoca fuere manifiestamente improcedente, o si se presentase fuera de las oportunidades previstas en los artículos 14 y 18, la recusación será desechada, sin darle curso, por el tribunal competente para conocer de ella.

Artículo 22.- INFORME DEL MAGISTRADO RECUSADO.-

Deducida la recusación en tiempo y con causa legal, si el recusado fuese un (1) juez del Superior Tribunal o de Cámara se le comunicará aquélla, a fin de que informe sobre las causas alegadas, dentro del plazo de cinco (5) días.

Artículo 23.- CONSECUENCIAS DEL CONTENIDO DEL INFORME.-

Si el recusado reconociese los hechos, se le tendrá por separado de la causa. Si los negase, con lo que exponga se formará incidente que tramitará por expediente separado.

Artículo 24.- APERTURA A PRUEBA.-

El Superior Tribunal o Cámara de apelaciones, integradas al efecto si procediere, recibirán el incidente a prueba por DIEZ (10) días, si hubiere de producirse dentro de la ciudad donde tiene su asiento el tribunal. El plazo se ampliará en la forma dispuesta en el artículo 158. Cada parte no podrá ofrecer más de TRES (3) testigos.-

Artículo 25.- RESOLUCIÓN.-

Vencido el plazo de prueba y agregadas las producidas, se dará vista al recusante y al juez recusado y se resolverá el incidente dentro de cinco (5) días.-

Artículo 26.- INFORME DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA.-

Cuando el recusado fuera un (1) juez de primera instancia, remitirá a la cámara de apelaciones dentro de los cinco (5) días, el escrito de recusación con un informe sobre las causas alegadas, y pasará el expediente al juez que sigue en el orden del turno o, donde no lo hubiere, al subrogante legal para que continúe su sustanciación. Igual procedimiento se observará en caso de nuevas recusaciones.-

Artículo 27.- TRÁMITE DE LA RECUSACIÓN DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA.-

Pasados los antecedentes, si la recusación se hubiese deducido en tiempo y con causa legal, la cámara de apelaciones, siempre que del informe elevado por el juez resultare la exactitud de los hechos, lo tendrá por separado de la causa. Si los negare, la cámara podrá recibir el incidente a prueba, y se observará el procedimiento establecido en los artículos 24 y 25.-

Artículo 28.- EFECTOS.-

Si la recusación fuese desechada, se hará saber la resolución al juez subrogante a fin de que devuelva los autos al juez recusado. Si fuese admitida, el expediente quedará radicado ante el juez subrogante con noticia al juez recusado, aún cuando con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron. Cuando el recusado fuese uno (1) de los jueces del Superior Tribunal o de las Cámaras de Apelaciones, seguirán conociendo en la causa el o los integrantes o sustitutos legales que hubiesen resuelto el incidente de recusación.-

Artículo 29.- RECUSACIÓN MALICIOSA.-

Desestimada una recusación con causa, se aplicarán las costas y una multa de entre el diez por ciento del sueldo de un Jefe de Despacho hasta un sueldo y medio de un Juez de Cámara por cada recusación, las costas y una multa por cada recusación, si ésta fuere calificada de maliciosa por la resolución desestimatoria.-

Artículo 30.- EXCUSACIÓN.-

Todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo podrá hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza. No será nunca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en cumplimiento de sus deberes, salvo el caso previsto por el art. 194 de la Constitución de la Provincia.-

Artículo 31.- OPOSICIÓN Y EFECTOS.-

Las partes no podrán oponerse a la excusación ni dispensar las causales invocadas. Si el juez que sigue en el orden del turno entendiese que la excusación no procede, se formará incidente que será remitido sin más trámite al tribunal de alzada, sin que por ello se paralice, la sustanciación de la causa. Aceptada la excusación, el expediente quedará radicado en el juzgado que corresponda, aún cuando con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron.-

Artículo 32.- FALTA DE EXCUSACIÓN.-

Incurrirá en la causal de «mal desempeño», en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, el juez a quien se probare que estaba impedido de entender en el asunto y a sabiendas haya dictado en él resolución que no sea de mero trámite.-

Artículo 33.- MINISTERIO PÚBLICO.-

Los funcionarios del ministerio público no podrán ser recusados. Si tuviesen algún motivo legítimo de excusación, deberán manifestarlo al juez o tribunal y éstos podrán separarlos de la causa, dando intervención a quien deba subrogarlos.-

CAPITULO IV.-

DEBERES Y FACULTADES DE LOS JUECES

(Artículos 34 al 37)

Artículo 34.- DEBERES.-

Son deberes de los jueces:

1. Asistir a las audiencias de prueba, bajo pena de nulidad, cuando cualquiera de las partes lo pidiere con anticipación no menor de dos (2) días a su celebración, y realizar personalmente las demás diligencias que este Código u otras leyes ponen a su cargo, con excepción de aquellas en las que la delegación estuviere autorizada. En los juicios de divorcio y de nulidad de matrimonio, en la providencia que ordena el traslado de la demanda se fijará una audiencia a la que deberán comparecer personalmente las partes y el representante del ministerio público, en su caso. En ella el juez tratará de reconciliar a las partes y de avenirlas sobre las cuestiones relacionadas con la tenencia de hijos, régimen de visitas y atribución del hogar conyugal.

2. Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado.

3. Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos:

a) Las providencias simples, dentro de los tres (3) días de presentadas las peticiones por las partes o del vencimiento del plazo conforme a lo prescripto en el artículo 36 inciso 1, e inmediatamente, si debieran ser dictadas en una audiencia o revistieran carácter urgente.

b) Las sentencias interlocutorias, salvo disposición en contrario, dentro de los 20 ó 30 días de quedar firme el llamamiento de autos a resolver, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado, respectivamente.

c) Las sentencias definitivas, salvo disposición en contrario, dentro de los 60 ó 90 días, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado. El plazo se computará en el primer caso, desde que el llamamiento de autos para sentencia quede firme y en el segundo, desde la fecha del sorteo del expediente, que se debe realizar dentro de los cinco días de quedar en estado.

4.

Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia.

5. Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro de los límites expresamente establecidos en este Código:

a) Concentrar, en lo posible, en un mismo acto de audiencia todas las diligencias que sea menester realizar.

b) Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije, disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades.

c) Mantener la igualdad de las partes en el proceso.

d) Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe.

e) Vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal.

6. Declarar, en oportunidad de dictar las sentencias definitivas o interlocutorias, la temeridad o malicia en que hubieren incurrido los litigantes o profesionales intervinientes.-

7. Disponer de oficio o a pedido de partes el sometimiento del proceso a la instancia de mediación, en los casos previstos por la ley respectiva.-

Artículo 35.- FACULTADES DISCIPLINARIAS.-

Para mantener el buen orden y decoro en los juicios, los jueces y tribunales podrán:

1. Mandar que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos, salvo que alguna de las partes o tercero interesado solicite que no se lo haga.-

Si la frase en cuestión estuviera contenida en un documento electrónico firmado digitalmente, el Juez podrá ordenar su desglose y reemplazo por copia fiel en la que se ejecute el testado por parte del Actuario, quien firmará digitalmente el documento resultante.

2. Excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso.-

3. Aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas por este Código y la ley orgánica de tribunales. El importe de las multas que no tuviesen destino especial establecido en este Código, se aplicará al que le fije el Superor Tribunal de Justicia. Hasta tanto dicho tribunal determine quiénes serán los funcionarios que deberán promover la ejecución de las multas, esa atribución corresponderá a los representantes del ministerio público fiscal ante las respectivas jurisdicciones. La falta de ejecución dentro de los 30 días de quedar firme la resolución que las impuso, el retardo en el trámite o el abandono injustificado de éste, será considerado falta grave.-

Artículo 36.- FACULTADES ORDENATORIAS E INSTRUCTORIAS.-

Aún sin requerimiento de parte, los jueces y tribunales podrán:

1) Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias.

2) Intentar una conciliación total o parcial del conflicto, pudiendo proponer y promover que las partes deriven el litigio a otros medios alternativos de resolución de conflictos.-

En cualquier momento podrá disponer la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación.-

3) Proponer a las partes fórmulas para simplificar y disminuir las cuestiones litigiosas surgidas en el proceso o respecto de la actividad probatoria. En todos los casos la mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento.-

4) Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando la igualdad de las partes y el derecho de defensa en juicio.

A ese efecto podrán:

a) Disponer, en cualquier momento, la comparencia personal de las partes para requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito;

b) Decidir en cualquier estado de la causa la comparencia de los peritos y testigos, para interrogarlos acerca de lo que creyeren necesario;

c) Mandar, con las formalidades prescriptas en este Código, que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o de terceros, en los términos de los artículos 387 a 389.-

5) Impulsar de oficio el trámite, cuando existan fondos inactivos de menores o incapaces, a fin de que los representantes legales de éstos o, en su caso, el Defensor de Menores e Inapaces, efectúen las propuestas que estimen más convenientes en interés del menor o incapaz, sin perjuicio de los deberes propios de dicho funcionario con igual objeto.-

6) Corregir, en la oportunidad establecida en el artículo 166, incisos 1) y 2), errores materiales, aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones discutidas en el litigio, siempre que la enmienda, aclaración o agregado no altere lo sustancial de la decisión.-

Artículo 37.- SANCIONES CONMINATORIAS.-

Los jueces y tribunales podrán imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.

CAPÍTULO V

SECRETARIOS

(Artículos 38 al 39)

Artículo 38.- DEBERES.-

Los secretarios tendrán las siguientes funciones además de los deberes que en otras disposiciones de este Código y en las leyes de organización judicial se les impone:

1) Comunicar a las partes y a los terceros las decisiones judiciales, mediante la firma de oficios, mandamientos, cédulas y edictos, sin perjuicio de las facultades que se acuerdan a los letrados respecto de las cédulas y oficios, y de lo que establezcan los convenios sobre comunicaciones entre magistrados de distintas jurisdicciones.

Las comunicaciones dirigidas al Presidente de la Nación, Gobernadores Provinciales, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo y magistrados judiciales, tanto de la Nación como de las Provincias, serán firmadas por el juez.-

2) Extender certificados, testimonios y copias de actas.-

3) Conferir vistas y traslados.-

4) Firmar, sin perjuicio de las facultades que se confieren al prosecretario o jefe de despacho o quien desempeñe cargo equivalente, las providencias de mero trámite, observando, en cuanto al plazo, lo dispuesto en el artículo 34, inciso 3) a). En la etapa probatoria firmará todas las providencias simples que no impliquen pronunciarse sobre la admisibilidad o caducidad de la prueba.-

5) Dirigir en forma personal las audiencias testimoniales que tomare por delegación del juez.-

6) Devolver los escritos presentados fuera de plazo.-

7) Asegurar y controlar la carga íntegra y autosuficiente de datos en el expediente electrónico, a fin de que contenga todas las actuaciones y movimientos del proceso, firmando digitalmente aquellas en las que intervenga; el asiento completo y oportuno de los datos que correspondan para conformar los Libros de Secretaría que establecen las leyes, los que deberán llevar en soporte electrónico; la carga de datos personales de todos los sujetos involucrados en los expedientes, con sus datos identificatorios inequívocos.-

8) Firmar las providencias simples que dispongan:

a) Agregar partidas, exhortos, pericias, oficios, inventarios, tasaciones, división o partición de herencia, rendiciones de cuentas y, en general, documentos o actuaciones similares.

b) Remitir las causas a los ministerios públicos, representantes del isco y demás funcionarios públicos.

9) Devolver los escritos presentados sin copia.

Artículo 38 bis.- Dentro del plazo de tres días, las partes podrán requerir al juez que deje sin efecto lo dispuesto por el secretario. Este pedido se resolverá sin substanciación. La resolución será inapelable.-

Artículo 39.- RECUSACIÓN.-

Los secretarios de primera instancia únicamente podrán ser recusados por las causas previstas en el artículo 17. Deducida la recusación, el juez se informará sumariamente sobre el hecho en que se funde, y sin más trámite dictará resolución que será inapelable. Los secretarios del Superior Tribunal y los de las cámaras de apelaciones no serán recusables; pero deberán manifestar toda causa de impedimento que tuvieren a fin de que el tribunal lo considere y resuelva lo que juzgare procedente. En todos los casos serán aplicables, en lo pertinente, las reglas establecidas por la recusación y excusación de los jueces.-

TÍTULO II.

PARTES.-

(Artículos 40 al 114)

CAPÍTULO I.

REGLAS GENERALES.-

(Artículos 40 al 45)

Artículo 40.- DOMICILIO.-

Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de terceros deberá constituir domicilio legal dentro del perímetro de la Ciudad que sea asiento del respectivo Juzgado o Tribunal, como así también constituir domicilio electrónico a los efectos del Artículo 135 Bis de la presente Ley.-

Este requisito se cumplirá en el primer escrito que se presente o audiencia a que concurra si es ésta la primera diligencia en que interviene. En las mismas oportunidades deberá denunciarse el domicilio real de la persona representada. Se diligenciarán en el domicilio legal y/o electrónico todas las notificaciones a domicilio que no deban serlo en el real.-

El domicilio contractual constituido en el de la parte contraria no es eficaz para las notificaciones que deben ser realizadas en el domicilio del constituyente.-

Artículo 41.- FALTA DE CONSTITUCIÓN Y DE DENUNCIA DE DOMICILIO.-

Si no se cumpliere con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, las sucesivas resoluciones se tendrán por notificadas en la forma y oportunidad fijadas por el art. 133, salvo la notificación de la declaración de rebeldía, la audiencia para absolver posiciones y la sentencia.-

Artículo 42.- SUBSISTENCIA DE LOS DOMICILIOS.-

Los domicilios a que se refieren los artículos anteriores subsistirán para los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros. Cuando no existieren los edificios, quedaren deshabitados o desaparecieren, o se alterare o suprimiere su numeración, y no se hubiese constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el informe del notificador se observará lo dispuesto en la primera o segunda parte del artículo anterior, según se trate, respectivamente, del domicilio legal o del real. Todo cambio de domicilio deberá notificarse por cédula a la otra parte. Mientras esta diligencia no se hubiese cumplido, se tendrá por subsistente el anterior.

Artículo 43.- MUERTE O INCAPACIDAD.-

Cuando la parte que actuare personalmente falleciere o se tornare incapaz, comprobando el hecho, el juez o tribunal suspenderá la tramitación y citará a los herederos o al representante legal en la forma y bajo el apercibimiento dispuestos en el artículo 53, inciso 5.

Artículo 44.- SUSTITUCIÓN DE PARTE.-

Si durante la tramitación del proceso una de las partes enajenare el bien objeto del litigio o cediere el derecho reclamado, el adquirente no podrá intervenir en él como parte principal sin la conformidad expresa del adversario. Podrá hacerlo en la calidad prevista por los artículos 90, inciso 1 y 91, primer párrafo.-

Artículo 45.- TEMERIDAD O MALICIA.-

Cuando se declarase en las sentencias definitivas o interlocutorias maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por quien lo perdiere total o parcialmente, el juez le impondrá una multa a la parte vencida o a su letrado patrocinante o a ambos conjuntamente, según las circunstancias del caso. Su importe se fijará entre el cinco por ciento y el veinte por ciento del valor del juicio, o entre un sueldo de Jefe de Despacho y hasta cinco sueldos de Juez de Cámara si no hubiese monto determinado. El importe de la multa será a favor de la otra parte.

Sin perjuicio de considerar otras circunstancias que estime corresponder, el juez deberá ponderar los actos procesales que resulten inadmisibles o cuya falta de fundamento no se pueda ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad o encuentre sustento en hechos ficticios o irreales o que manifiestamente solo conduzcan a dilatar el proceso.-

CAPÍTULO II.

REPRESENTACIÓN PROCESAL.-

(Artículos 46 al 55)

Artículo 46.- JUSTIFICACIÓN DE LA PERSONERIA.-

La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste.

Si se invocare la imposibilidad de presentar el documento, ya otorgado, que justifique la representación y el juez considerare atendibles las razones que se expresen, podrá acordar un plazo de hasta diez (10) días para que se acompañe dicho documento, bajo apercibimiento de tener por inexistente la representación invocada.-

Sin embargo, los padres que comparezcan en representación de sus hijos y el marido que lo haga en nombre de su mujer, no tendrán obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo que el juez, a petición de parte o de oficio, los emplazare a presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las costas y perjuicios que ocasionaren.-

Artículo 47.- PRESENTACIÓN DE PODERES.-

Los procuradores o apoderados acreditarán su personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura o carta de poder en los casos autorizados.

Sin embargo, cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo acreditará con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado patrocinante o por el apoderado. De oficio o a petición de parte, podrá intimarse la presentación del testimonio original.

La representación en juicio de la causas de competencia de los tribunales de familia y menores podrá ejercerse mediante carta-poder autenticándose la firma por un escribano de registro, secretario judicial o cualquier juez de paz de la provincia, previa justificación de la identidad del otorgante

Artículo 48.- JUSTIFICACIÓN DIFERIDA.-

Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de cumplirlos, podrá ser admitida la comparecencia en juicio de quién no tuviere representación conferida. Si dentro de los diez (10) días hábiles, contados desde la primera presentación del gestor, no fueren acompañados los instrumentos que acrediten la personería o la parte no ratificase la gestión, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste deberá satisfacer el importe de las costas, sin perjuicio de su responsabilidad por el daño que hubiere producido. En su presentación, el gestor, además de indicar la parte en cuyo beneficio pretende actuar, deberá expresar las razones que justifiquen la seriedad del pedido. La nulidad, en su caso, se producirá por el solo vencimiento del plazo sin que se requiera intimación previa. En casos especiales, el juez podrá acordar un mayor plazo para justificar la personería La facultad acordada por este artículo sólo podrá ejercerse una vez en el curso del proceso.-

Artículo 49.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DEL PODER Y ADMISIÓN DE LA PERSONERIA.-

Presentado el poder y admitida su personería, el apoderado asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al poderdante como si él personalmente los practicare.

Artículo 50.- OBLIGACIONES DEL APODERADO.-

El apoderado estará obligado a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente en el cargo. Hasta entonces las citaciones y notificaciones que se hagan, incluso las de las sentencias definitivas, tendrán la misma fuerza que si se hicieren al poderdante, sin que le sea permitido pedir que se entiendan con éste. Exceptúense los actos que por disposición de la ley deban ser notificados personalmente a la parte.

Artículo 51.- ALCANCE DEL PODER.-

El poder conferido para un pleito determinado, cualesquiera sean sus términos, comprende la facultad de interponer los recursos legales y seguir todas las instancias del pleito.

También comprende la facultad de intervenir en los incidentes y de ejercitar todos los actos que ocurran durante la secuela de la litis, excepto aquellos para los cuales la ley requiera facultad especial, o se hubiesen reservado expresamente en el poder.

Artículo 52.- RESPONSABILIDAD POR LAS COSTAS.-

Sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal por el ejercicio del mandato, el mandatario deberá abonar a su poderdante las costas causadas por su exclusiva culpa o negligencia, cuando éstas fueran declaradas judicialmente.

El juez podrá, de acuerdo con las circunstancias, establecer la responsabilidad solidaria del mandatario con el letrado patrocinante.

Artículo 53.- CESACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN.-

La representación de los apoderados cesará:

1. Por revocación expresa del mandato en el expediente. En este caso, el poderdante deberá comparecer por sí o constituir nuevo apoderado sin necesidad de emplazamiento o citación, so pena de continuarse el juicio en rebeldía. La sola presentación del mandante no revoca el poder.

2. Por renuncia, en cuyo caso el apoderado deberá, bajo pena de daños y perjuicios, continuar las gestiones hasta que haya vencido el plazo que el juez fije al poderdante para reemplazarlo o comparecer por sí. La fijación del plazo se hará bajo apercibimiento de continuarse el juicio en rebeldía. La resolución que así lo disponga deberá notificarse por cédula en el domicilio real del mandante.

3. Por haber cesado la personalidad con que litigaba el poderdante

4. Por haber concluido la causa para la cual se le otorgó el poder.

5. Por muerte o incapacidad del poderdante. En tales casos el apoderado continuará ejerciendo su personería hasta que los herederos o representante legal tomen la intervención que les corresponda en el proceso. Mientras tanto, comprobado el deceso o la incapacidad, el juez señalará un plazo para que los interesados concurran a estar a derecho, citándolos directamente si se conocieran sus domicilios, o por edictos durante dos (2) días consecutivos, si no fuesen conocidos, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía en el primer caso y de nombrarles defensor en el segundo. Cuando el deceso o la incapacidad hubieren llegado a conocimiento del mandatario, éste deberá hacerlo presente al juez o tribunal dentro del plazo de diez (10) días, bajo pena de perder el derecho a cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad. En la misma sanción incurrirá el mandatario que omita denunciar el nombre y domicilio de los herederos, o del representante legal, si los conociere.

6. Por muerte o inhabilidad del apoderado. Producido el caso, se suspenderá la tramitación del juicio y el juez fijará al mandante un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado, citándolo en la forma dispuesta en el inciso anterior. Vencido el plazo fijado sin que el mandante satisfaga el requerimiento, se continuará el juicio en rebeldía.

Artículo 54.- UNIFICACIÓN DE LA PERSONERIA.-

Cuando actuaren en el proceso diversos litigantes con un interés común, el juez de oficio o a petición de parte y después de contestada la demanda, les intimará a que unifiquen la representación siempre que haya compatibilidad en ella, que el derecho o el fundamento de la demanda sea el mismo o iguales las defensas. A ese efecto, fijará una audiencia dentro de los diez (10) días y si los interesados no concurriesen o no se aviniesen en el nombramiento de representante único, el juez lo designará eligiendo entre los que intervienen en el proceso. La unificación, no podrá disponerse si tratándose de un juicio ordinario, las partes, en el mismo acto, no llegaren a un acuerdo sobre la persona que ha de asumir la dirección letrada. Procurada la unificación, el representante único tendrá, respecto de sus mandantes, todas las facultades inherentes al mandato.

Artículo 55.- REVOCACIÓN.-

Una vez efectuado el nombramiento común, podrá revocarse por acuerdo unánime de las mismas partes o por el juez a petición de alguna de ellas, siempre que en este último caso hubiese motivo que lo justifique. La revocación no producirá efectos mientras no tome intervención el nuevo mandatario. La unificación se dejará sin efecto cuando desaparecieren los presupuestos mencionados en el primer párrafo del artículo anterior.

CAPITULO III.-

PATROCINIO LETRADO.-

(Artículos 56 al 58)

Artículo 56.- PATROCINIO OBLIGATORIO.-

Los jueces no proveerán ningún escrito de demanda, excepciones y sus contestaciones, alegatos, expresiones de agravios, pliegos de posiciones o interrogatorios, ni aquellos en que se promuevan incidentes, o se pida nulidad de actuaciones y, en general, los que sustenten o controviertan derechos, ya sea en procesos de jurisdicción voluntaria o contenciosa, si no llevan firma de letrado.

Artículo 57.- FALTA DE FIRMA DEL LETRADO.-

Se tendrá por no presentado y se devolverá al firmante, sin más trámite ni recursos, todo escrito que debiendo llevar firma de letrado no la tuviese, si dentro de 24 horas de notificada la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión.

Ello tendrá lugar suscribiendo un abogado el mismo escrito ante el secretario o el oficial primero, quien certificará en el expediente esa circunstancia, o por la ratificación que por separado se hiciere con firma de letrado.-

Los escritos y archivos adjuntos que se incorporen por medios electrónicos, deberán estar firmados digitalmente. No será necesaria la presentación de ejemplares impresos.

Artículo 58.- DIGNIDAD.-

En el desempeño de su profesión, el abogado será asimilado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele.-

CAPÍTULO IV.

REBELDÍA.-

(Artículos 59 al 67)

Artículo 59.- DECLARACIÓN DE REBELDÍA.-

La parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no compareciere durante el plazo de la citación o abandonare el juicio después de haber comparecido, será declarada en rebeldía a pedido de la otra. Esta resolución se notificará por cédula o, en su caso, por edictos durante dos (2) días. Las sucesivas resoluciones se tendrán por notificadas por ministerio de la Ley. Si no se hubiere requerido que el incompareciente sea declarado rebelde, se aplicarán las reglas sobre notificaciones establecidas en el primer párrafo del art. 41.-

Artículo 60.- EFECTOS.-

La rebeldía no alterará la secuela regular del proceso. La sentencia será pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el artículo 356, inciso 1. En caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración. Serán a cargo del rebelde las costas causadas por su rebeldía.

Artículo 61.- PRUEBA.-

Si el juez lo creyere necesario -de oficio o a pedido de parte- podrá recibir el pleito a prueba, o mandar practicar las medidas tendientes al esclarecimiento de la verdad de los hechos, autorizadas por este Código.

Artículo 62.- NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA.-

La sentencia se hará saber al rebelde en la forma prescripta para la notificación de la providencia que declara la rebeldía.

Artículo 63.- MEDIDAS PRECAUTORIAS.-

Desde el momento en que un litigante haya sido declarado en rebeldía podrán decretarse, si la otra parte lo pidiere, las medidas precautorias necesarias para asegurar el objeto del juicio, o el pago de la suma que se estime en concepto de eventuales costas si el rebelde fuere el actor.

Artículo 64.- COMPARECENCIA DEL REBELDE.-

Si el rebelde compareciere en cualquier estado del juicio, será admitido como parte y, cesando el procedimiento en rebeldía, se entenderá con él la sustanciación, sin que ésta pueda en ningún caso retrogradar.

Artículo 65.- SUBSISTENCIA DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS.-

Las medidas precautorias decretadas de conformidad con el artículo 63, continuarán hasta la terminación del juicio, a menos que el interesado justificare haber incurrido en rebeldía por causas que no haya estado a su alcance vencer. Serán aplicables las normas sobre ampliación, sustitución o reducción de las medidas precautorias.

Las peticiones sobre procedencia o alcance de las medidas precautorias tramitarán por incidente, sin detener el curso del proceso principal.

Artículo 66.- PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA.-

Si el rebelde hubiese comparecido después del vencimiento del plazo del ofrecimiento de prueba y apelare la sentencia, a su pedido se recibirá la causa a prueba en segunda instancia, en los términos del artículo 260, inciso 5, apartado a).

Artículo 67.- INIMPUGNABILIDAD DE LA SENTENCIA.-

Ejecutoriada la sentencia pronunciada en rebeldía, no se admitirá recurso alguno contra ella.

CAPÍTULO V.-

COSTAS.-

(Artículos 68 al 77)

Artículo 68.- PRINCIPIO GENERAL.-

La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiese solicitado. Sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.

Artículo 69.- INCIDENTES.-

En los incidentes también regirá lo establecido en la primera parte del artículo anterior, pudiendo eximirse de las costas únicamente cuando se tratase de cuestiones dudosas de derecho. No se sustanciarán nuevos incidentes promovidos por quién hubiere sido condenado al pago de las costas en otro anterior, mientras no satisfaga su importe o, en su caso, lo dé a embargo.

No estarán sujetos a este requisito de admisibilidad los incidentes suscitados en el curso de las audiencias. Toda apelación sobre imposición de costas y regulación de honorarios se concederá en efecto diferido, salvo cuando el expediente hubiese sido remitido a la Cámara como consecuencia del recurso deducido por alguna de las partes contra la resolución que decidió el incidente.

Artículo 70.- EXCEPCIONES.-

No se impondrán costas al vencido:

1. Cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de sus adversarios allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiere incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación.

2. Cuando se allanare dentro del quinto día de tener conocimiento de los títulos e instrumentos tardíamente presentados. Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo.

Artículo 71.- VENCIMIENTO PARCIAL Y MUTUO.-

Si el resultado del pleito o incidente fuere parcialmente favorable a ambos litigantes, las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos.

Artículo 72.- PLUSPETICIÓN INEXCUSABLE.-

El litigante que incurriere en pluspetición inexcusable será condenado en costas, si la otra parte hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia. Si ambas partes incurrieren en pluspetición, regirá lo dispuesto en el artículo precedente.

No se entenderá que hay pluspetición, a los efectos determinados en este artículo, cuando el valor de la condena dependiese legalmente del arbitrio judicial, de juicio pericial o de rendición de cuentas o cuando las pretensiones de la parte no fuesen reducidas por la condena en más de un veinte por ciento (20 %).

Artículo 73.- CONCILIACIÓN. TRANSACCIÓN Y DESISTIMIENTO.

Si el juicio terminase por transacción o conciliación, las costas serán impuestas en el orden causado respecto de quienes celebraron el avenimiento; en cuanto a las partes que no lo suscribieron se aplicarán las reglas generales. Si lo fuere por desistimiento, serán a cargo de quien desiste, salvo cuando se debiere exclusivamente a cambios de legislación o jurisprudencia y se llevare a cabo sin demora injustificada. Exceptuase, en todos los casos, lo que pudieren acordar las partes en contrario. Declarada la caducidad de la primera instancia, las costas del juicio deberán ser impuestas al actor.

Artículo 74.- NULIDAD.-

Si el procedimiento se anulare por causa imputable a una de las partes, serán a su cargo las costas producidas desde el acto o la omisión que dio origen a la nulidad.

Artículo 75.- LITISCONSORCIO.-

En los casos de litisconsorcio, las costas se distribuirán entre los litisconsortes, salvo que por la naturaleza de la obligación correspondiere la condena solidaria. Cuando el interés que cada uno de ellos representase en el juicio ofreciere considerables diferencias, podrá el juez distribuir las costas en proporción a ese interés.

Artículo 76.- COSTAS al VENCEDOR.-

Cuando de los antecedentes del proceso resultase que el demandado no ha dado motivo a la interposición de la demanda y se allanare dentro del plazo para contestarla, el actor será condenado en costas. Si el actor se allanase a la prescripción opuesta, las costas se distribuirán en el orden causado.

Artículo 77.- ALCANCE DE LA CONDENA EN COSTAS.-

La condena en costas comprenderá todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito, mediante el cumplimiento de la obligación. Los correspondientes a pedidos desestimados serán a cargo de la parte que los efectuó u originó, aunque la sentencia le fuere favorable en lo principal. No serán objeto de reintegro los gastos superfluos o inútiles. Si los gastos fuesen excesivos, el juez podrá reducirlos prudencialmente. Los peritos intervinientes podrán reclamar de la parte no condenada en costas hasta el cincuenta por ciento (50 %) de los honorarios que le fueran regulados, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 478.

CAPÍTULO VI.-

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.-

(Artículos 78 al 86)

Artículo 78.- PROCEDENCIA.-

Los que carecieren de recursos podrán solicitar antes de presentar la demanda o en cualquier estado del proceso, la concesión del beneficio de litigar sin gastos, con arreglo a las disposiciones contenidas en este CAPÍTULO. No obstará a la concesión del beneficio la circunstancia de tener el peticionario lo indispensable para procurar su subsistencia, cualquiera fuere el origen de sus recursos.

Los trabajadores o sus derechohabientes gozarán del beneficio de litigar sin gastos de pleno derecho cuando demanden la indemnización de daños y perjuicios sufridos como consecuencia de accidentes de trabajos o enfermedades profesionales.

Artículo 79.- REQUISITOS DE LA SOLICITUD.

La solicitud contendrá:

1. La mención de los hechos en que se fundare, de la necesidad de reclamar o defender judicialmente derechos propios o del cónyuge o de hijos menores, así como la indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se deba intervenir.

2. El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Deberán acompañarse los interrogatorios para los testigos, que no podrán ser menos de tres.-

Artículo 80.- PRUEBA.-

El juez ordenará sin más trámite las diligencias necesarias para que la prueba ofrecida se produzca a la mayor brevedad y citará al litigante contrario o que haya de serlo, y al Órgano de Contralor de tasas judiciales, quiénes podrán fiscalizarla y ofrecer otras pruebas.

Artículo 81.- TRASLADO Y RESOLUCIÓN.-

Producida la prueba, se dará traslado por CINCO (5) días comunes al peticionario, a la otra parte y al Órgano de Contralor de tasas judiciales. Acto seguido el juez pronunciará resolución acordando el beneficio total o parcialmente, o denegándolo. En el primer caso, la resolución será apelable en efecto devolutivo. Si se denegare el beneficio de litigar sin gastos, por falsedad en los hechos alegados como fundamentos de la petición, se impondrá al peticionario una multa equivalente al triple de la tasa que se hubiere debido abonar, la que se destinará a la Biblioteca del Poder Judicial.

Artículo 82.- CARACTER DE LA RESOLUCIÓN.-

La resolución que denegare o acordare el beneficio no causará estado.

Si fuere denegatoria, el interesado podrá ofrecer otras pruebas y solicitar una nueva resolución. La que lo concediere, podrá ser dejada sin efecto a requerimiento de parte interesada, cuando se demostrare que la persona a cuyo favor se dictó no tiene ya derecho al beneficio. La impugnación se sustanciará por el trámite de los incidentes.

Artículo 83.- BENEFICIO PROVISIONAL.-

Hasta que se dicte resolución la solicitud y presentaciones de ambas partes estarán exentas del pago de tasas de justicia y administrativas. Estas serán satisfechas, así como las costas, en caso de denegación. El trámite para obtener el beneficio no suspenderá el procedimiento, salvo que así se solicite al momento de su interposición.

Artículo 84.- ALCANCE.-

El que obtuviere el beneficio estará exento, total o parcialmente, del pago de las costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna; si venciere en el pleito, deberá pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba. Los profesionales podrán exigir el pago de sus honorarios a la parte condenada en costas, y a su cliente, en el caso y con la limitación señalada en este artículo.- El beneficio podrá ser promovido hasta el momento en que se abra la causa a prueba o se declare la causa de puro derecho, salvo que se aleguen y acrediten circunstancias sobrevinientes.- La concesión del beneficio no tendrá efectos retroactivos, en relación a actos procesales anteriores a la solicitud.

Artículo 85.- DEFENSA DEL BENEFICIARIO.-

La representación y defensa del beneficiario será asumida por el defensor oficial, salvo si aquél deseare hacerse patrocinar o representar por abogado o procurador de la matrícula; en este último caso, cualquiera sea el monto del asunto, el mandato que confiera podrá hacerse por acta labrada ante el secretario.

Artículo 86.- EXTENSIÓN A OTRO JUICIO.-

A pedido del interesado, el beneficio podrá hacerse extensivo para litigar con otra persona con citación de ésta y por el mismo procedimiento.

CAPÍTULO VII.

ACUMULACIÓN DE ACCIONES Y LITISCONSORCIO.-

(Artículos 87 al 89)

Artículo 87.- ACUMULACIÓN OBJETIVA DE ACCIONES.-

Antes de la notificación de la demanda el actor podrá acumular todas las acciones que tuviere contra una misma parte, siempre que:

1. No sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una quede excluida la otra.

2. Correspondan a la competencia del mismo juez.

3. Puedan sustanciarse por los mismos trámites.

Artículo 88.- LITISCONSORCIO FACULTATIVO.-

Podrán varias partes demandar o ser demandadas en un mismo proceso cuando las acciones sean conexas por el Título, o por el objeto, o por ambos elementos a la vez.

Artículo 89.- LITISCONSORCIO NECESARIO.-

Cuando la sentencia no pudiere pronunciarse útilmente más que con relación a varias partes, éstas habrán de demandar o ser demandadas en un mismo proceso. Si así no sucediere, el juez de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes ordenará, antes de dictar la providencia de apertura a prueba, la integración de la litis dentro de un plazo que señalará, quedando en suspenso el desarrollo del proceso mientras se cita al litigante o litigantes omitidos.-

CAPÍTULO VIII.

INTERVENCIÓN DE TERCEROS

(Artículos 90 al 96)

Artículo 90.- INTERVENCIÓN VOLUNTARIA.-

Podrá intervenir en un juicio pendiente en calidad de parte, cualquiera fuere la etapa o la instancia en que éste se encontrare, quien:

1. Acredite sumariamente que la sentencia pudiere afectar su interés propio.

2. Según las normas del derecho sustancial, hubiese estado legitimado para demandar o ser demandado en el juicio.

Artículo 91.- CALIDAD PROCESAL DE LOS INTERVINIENTES.-

En el caso del inciso 1 del artículo anterior, la actuación del interviniente será accesoria y subordinada a la de la parte a quien apoyare, no pudiendo alegar ni probar lo que estuviese prohibido a ésta.

En el caso del inciso 2 del mismo artículo, el interviniente actuará como litisconsorte de la parte principal y tendrá sus mismas facultades procesales.

Artículo 92.- PROCEDIMIENTO PREVIO.-

El pedido de intervención se formulará por escrito, con los requisitos de la demanda, en lo pertinente. Con aquél se presentarán los documentos y se ofrecerán las demás pruebas de los hechos en que se fundare la solicitud. Se conferirá traslado a las partes y, si hubiese oposición, se la sustanciará en una sola audiencia. La resolución se dictará dentro de los diez (10) días.

Artículo 93.- EFECTOS.-

En ningún caso la intervención del tercero retrogradará el juicio ni suspenderá su curso.

Artículo 94.- INTERVENCIÓN OBLIGADA.-

El actor en el escrito de demanda, y el demandado dentro del plazo para oponer excepciones previas o para contestar la demanda, según la naturaleza del juicio, podrán solicitar la citación de aquél a cuyo respecto consideraren que la controversia es común. La citación se hará en la forma dispuesta por los artículos 339 y siguientes.

Artículo 95.- EFECTO DE LA CITACIÓN.-

La citación de un tercero suspenderá el procedimiento hasta su comparecencia o hasta el vencimiento del plazo que se le hubiere señalado para comparecer.

Artículo 96.- ALCANCE DE LA SENTENCIA.-

En todos los supuestos, la sentencia dictada después de la intervención del tercero, o de su citación, en su caso, lo afectará como a los litigantes principales. Será inapelable la resolución que admita la intervención de terceros. La que la deniegue será apelable en efecto devolutivo. También será ejecutable contra el tercero, salvo que, en oportunidad de formular el pedido de intervención o de contestar la citación, según el caso, hubiese alegado fundadamente la existencia de defensas y/o derechos que no pudiesen ser materia de debate y decisión en el juicio.-

CAPÍTULO IX.-

TERCERIAS.-

(Artículos 97 al 104)

Artículo 97.- FUNDAMENTO Y OPORTUNIDAD.-

Las tercerías deberán fundarse en el dominio de los bienes embargados o en el derecho que el tercero tuviere a ser pagado con preferencia al embargante. La de dominio deberá deducirse antes de que se otorgue la posesión de los bienes; la de mejor derecho, antes de que se pague al acreedor.

Si el tercerista dedujere la demanda después de diez (10) días desde que tuvo o debió tener conocimiento del embargo o desde que se rechazó el levantamiento sin tercería, abonará las costas que originare su presentación extemporánea.

Artículo 98.- REQUISITOS.-

No se dará curso a la tercería si no se probare, con instrumentos fehacientes o en forma sumaria, la verosimilitud del derecho en que se funda, o se prestare fianza para responder de los perjuicios que pudiere producir la suspensión del proceso principal. Desestimada la tercería, no será admisible su reiteración si se fundare en título que hubiese poseído y conocido el tercerista al tiempo de entablar la primera. No se aplicará esta regla si la tercería no hubiese sido admitida sólo por falta de ofrecimiento o constitución de la fianza.-

Artículo 99.- EFECTOS SOBRE EL PRINCIPAL DE LA TERCERÍA DE DOMINIO.-

Si la tercería fuese de dominio, consentida o ejecutoriada la orden de venta de los bienes, se suspenderá el procedimiento principal, a menos que se tratare de bienes sujetos a desvalorización o desaparición o que irrogaren excesivos gastos de conservación, en cuyo caso, el producto de la venta quedará afectado a las resultas de la tercería. El tercerista podrá, en cualquier momento, obtener el levantamiento del embargo dando garantía suficiente de responder al crédito del embargante por capital, intereses y costas en caso de que no probare que los bienes embargados le pertenecen.

Artículo 100.- EFECTOS SOBRE EL PRINCIPAL DE LA TERCERÍA DE MEJOR DERECHO.-

Si la tercería fuese de mejor derecho, con intervención del tercerista, podrán venderse los bienes, suspendiéndose el pago hasta que se decida sobre la preferencia, salvo si se otorgare fianza para responder a las resultas de la tercería. El tercerista será parte de las actuaciones relativas al remate de los bienes.

Artículo 101.- SUSTANCIACIÓN.-

Las tercerías se sustanciarán con quienes son parte en el proceso principal por el trámite del juicio ordinario o del sumario, según lo determine el juez atendiendo a las circunstancias. Esta resolución será, irrecurrible. El allanamiento o los actos de admisión realizados por el embargado no podrán ser invocados en perjuicio del embargante.-

Artículo 102.- AMPLIACIÓN O MEJORA DEL EMBARGO.-

Deducida la tercería, el embargante podrá pedir que se amplíe o mejore el embargo, o que se adopten otras medidas precautorias necesarias.

Artículo 103.- CONNIVENCIA ENTRE TERCERISTA Y EMBARGADO.-

Cuando resultare probada la connivencia del tercerista con el embargado, el juez ordenará, sin más trámite, la remisión de los antecedentes a la justicia penal e impondrá al tercerista, al embargado o a los profesionales que los hayan representado o patrocinado, o a ambos, las sanciones disciplinarias que correspondan. Asimismo podrá disponer la detención del tercerista hasta el momento en que comience a actuar el juez de instrucción.

Artículo 104.- LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO SIN TERCERIA.-

El tercero perjudicado por un embargo podrá pedir su levantamiento sin promover tercería, acompañando el título de dominio u ofreciendo sumaria información sobre su posesión, según la naturaleza de los bienes. Del pedido se dará traslado al embargante. La resolución será recurrible cuando haga lugar al desembargo. Si lo denegara, el interesado podrá deducir directamente la tercería.

CAPITULO X.-

CITACIÓN DE EVICCIÓN.-

(Artículos 105 al 110)

Artículo 105.- OPORTUNIDAD.-

Tanto el actor como el demandado podrán pedir la citación de evicción; el primero, al deducir la demanda; el segundo, dentro del plazo para oponer excepciones previas en el juicio ordinario, o dentro del fijado para la contestación de la demanda, en los demás procesos. La resolución se dictará sin sustanciación previa. Sólo se hará lugar a la citación si fuere manifiestamente procedente. La denegatoria será recurrible en efecto devolutivo.

Artículo 106.- NOTIFICACIÓN.-

El citado será notificado en la misma forma y plazo establecidos para el demandado. No podrá invocar la improcedencia de la citación, debiendo limitarse a asumir o no la defensa. Si no la ejerciere, su responsabilidad se establecerá en el juicio que corresponda.

Artículo 107.- EFECTOS.-

La citación solicitada oportunamente suspenderá el curso del proceso durante el plazo que el juez fijare. Será carga del citante activar las diligencias necesarias para el conocimiento del citado. El plazo para oponer excepciones previas y la sustanciación de éstas no quedarán suspendidas.

Artículo 108.- ABSTENCIÓN Y TARDANZA DEL CITADO.-

Si el citado no compareciere o habiendo comparecido se resistiere a asumir la defensa, el juicio proseguirá con quien pidió la citación, salvo los derechos de éste contra aquél. Durante la sustanciación del juicio, las dos (2) partes podrán proseguir las diligencias para obtener la comparecencia del citado. Si éste se presentare, tomará la causa en el estado en que se encuentre. En la contestación podrá invocar las excepciones que no hubiesen sido opuestas como previas.

Artículo 109.- DEFENSA POR EL CITADO.-

Si el citado asumiere la defensa podrá obrar conjunta o separadamente con la parte que solicitó la citación, en el carácter de litisconsorte.

Artículo 110.- CITACIÓN DE OTROS CAUSANTES.-

Si el citado pretendiese, a su vez, citar a su causante, podrá hacerlo en los primeros cinco (5) días de haber sido notificado, sin perjuicio de la carga de proseguir el proceso por sí. En las mismas condiciones, cada uno de los causantes podrá requerir la citación de su respectivo antecesor. Será admisible el pedido de citación simultánea de dos (2) o más causantes. Será ineficaz la citación que se hiciere sin la antelación necesaria para que el citado pueda comparecer antes de la sentencia de primera instancia.

CAPÍTULO XI.-

ACCIÓN SUBROGATORIA.-

(Artículos 111 al 114)

Artículo 111.- PROCEDENCIA.-

El ejercicio de la acción subrogatoria que prevé el artículo 1196 del Código Civil no requerirá autorización judicial previa y se ajustará al trámite que prescriben los artículos siguientes.

Artículo 112.- CITACIÓN.-

Antes de conferirse traslado al demandado, se citará al deudor por el plazo de diez (10) días, durante el cual éste podrá:

1. Formular oposición, fundada en que ya ha interpuesto la demanda o en la manifiesta improcedencia de la subrogación.

2. interponer la demanda, en cuyo caso se le considerará como actor y el juicio proseguirá con el demandado.

En este último supuesto, así como cuando el deudor hubiese ejercido la acción con anterioridad, el acreedor podrá intervenir en el proceso en la calidad prescripta por el primer apartado del artículo 91.

Artículo 113.- INTERVENCIÓN DEL DEUDOR.-

Aunque el deudor al ser citado no ejerciere ninguno de los derechos acordados en el artículo anterior, podrá intervenir en el proceso en la calidad prescripta por el segundo apartado del artículo 91. En todos los casos, el deudor podrá ser llamado a absolver posiciones y reconocer documentos.

Artículo 114.- EFECTOS DE LA SENTENCIA.-

La sentencia hará cosa juzgada en favor o en contra del deudor citado, haya o no comparecido.

TÍTULO III.-

ACTOS PROCESALES

(Artículos 115 al 174)

CAPÍTULO I.-

ACTUACIONES EN GENERAL

(Artículos 115 al 117)

Artículo 115.- IDIOMA. DESIGNACIÓN DE INTÉRPRETES.-

En todos los actos del proceso se utilizará el idioma nacional. Cuando éste no fuere conocido por la persona que deba prestar declaración, el juez o tribunal designará por sorteo un (1) traductor público. Se nombrará intérprete cuando deba interrogarse a sordos, mudos o sordomudos que sólo puedan darse a entender por lenguaje especializado.

Artículo 116.- INFORME O CERTIFICADO PREVIO.-

Cuando para dictar resolución se requiriese informe o certificado previo del secretario, el juez los ordenará verbalmente.

Artículo 117.- ANOTACIÓN DE PETICIONES.-

Podrá solicitarse la reiteración de oficios o exhortos, desglose de poderes o documentos, agregación de pruebas, entrega de edictos, y, en general, que se dicten providencias de mero trámite, mediante simple anotación en el expediente, firmada por el solicitante.

ARTICULO 117 BIS.

La falta de pago del impuesto o sellado de justicia no impedirá en ninguna caso la concesión de recursos ni la prosecución de trámites, debiendo seguirse para su cobro el procedimiento previsto por el Código Tributario Provincial.-

CAPÍTULO II.-

ESCRITOS.-

(Artículos 118 al 124)

Artículo 118.- REDACCIÓN.-

Los escritos deberán ser encabezados por el nombre y el apellido del peticionante y de su representación, en su caso con la enunciación del número de la matrícula de abogados y procuradores que lo suscriben. Deberán estar escritos a máquina o a mano en forma clara, en tinta negra indeleble. No contendrán raspaduras, ni testaduras ilegibles, debiendo interlinearse las correcciones, haciendo constar antes de la firma lo testado y lo interlineado. En lo fundamental de su contenido, no se emplearán abreviaturas ni números; no se dejarán renglones en blanco sin inutilizar, ni se escribirá en los márgenes laterales superior o inferior. Serán redactados en idioma castellano. Todas las firmas serán aclaradas a máquina o mediante sello.

Los escritos presentados como documento electrónico, deberán estar firmados digitalmente por los peticionantes. Además, deberá indicarse el número de matrícula de Abogados y Procuradores que lo suscriben, número de DNI del representado o patrocinado si fuera persona física, número de CUIT si fuera persona jurídica.

Para el caso de ingreso de escritos firmados con patrocinio letrado, la parte patrocinada deberá firmar con su certificado de ciudadano.

Artículo 119.- ESCRITO FIRMADO A RUEGO.-

Cuando un escrito o diligencia fuere firmado a ruego del interesado, el secretario o el oficial primero deberán certificar que el firmante, cuyo nombre expresarán, ha sido autorizado para ello en su presencia o que la autorización ha sido ratificada ante él.

Artículo 120.- COPIAS.-

De todo escrito de que deba darse vista o traslado y de sus contestaciones, de los que tengan por objeto ofrecer prueba, promover incidentes o constituir nuevo domicilio y de los documentos con ellos agregados, deberán acompañarse tantas copias firmadas como partes intervengan, salvo que hayan unificado la representación. Se tendrá por no presentado el escrito o el documento, según el caso, y se devolverá al presentante, sin más trámite ni recurso, salvo la petición ante el juez que autoriza el art. 38, si dentro de los dos días siguientes a los de la notificación por ministerio de la ley, de la providencia que exige el cumplimiento del requisito establecido en el párrafo anterior, no fuere suplida la omisión. Las copias podrán ser firmadas, indistintamente, por las partes, sus apoderados o letrados que intervengan en el juicio y sólo serán entregadas a la parte interesada, su apoderado o letrado que intervenga en el juicio, con nota de recibo. Cuando deban agregarse a cédulas, oficios o exhortos, se dejará constancia en el expediente. La reglamentación de superintendencia establecerá los plazos durante los cuales deben conservarse las copias en la secretaría. El Juzgado, a requerimiento verbal de las partes o sus letrados, deberán firmar, sellar y datar las copias de los escritos presentados. Cuando la extensión o número de las piezas impida efectuar el cotejo en el momento de la presentación, se dejará constancia del contenido del escrito y del número de fojas.-

Cuando los escritos y documental se presenten por medios electrónicos no se requerirá la presentación de copias para traslado. Tampoco se requerirán copias cuando se digitalice y se firme por el Actuario documental presentada en otro tipo de soporte para ser agregada al expediente electrónico. Exceptúase el caso de que deba ordenarse vista o traslado a personas que no hayan tomado participación en el proceso.-

Artículo 121.- COPIAS DE DOCUMENTOS DE REPRODUCCIÓN DIFICULTOSA.-

No será obligatorio acompañar la copia de documentos cuya reproducción fuese dificultosa por su número, extensión, o cualquier otra razón atendible, siempre que así lo resolviere el juez, a pedido formulado en el mismo escrito. En tal caso el juez arbitrará las medidas necesarias para obviar a la otra u otras partes los inconvenientes derivados de la falta de copias. Cuando con una cuenta se acompañaren libros, recibos o comprobantes, bastará que éstos se presenten numerados y se depositen en la secretaría para que la parte o partes interesadas puedan consultarlos.

Artículo 122.- EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS.-

En el caso de acompañarse expedientes administrativos, deberá ordenarse su agregación sin el requisito exigido en el artículo 120.

Artículo 123.- DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO.-

Cuando se presentaren documentos en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción realizada por traductor público matriculado.

Artículo 124.- CARGO.-

El cargo puesto al pie de los escritos será autorizado por el secretario, el prosecretario o el jefe de despacho o quien desempeñe cargo equivalente. El Superior Tribunal podrá disponer que la fecha y hora de presentación de los escritos se registre con fechador mecánico. En este caso, el cargo quedará integrado con la firma del secretario, el prosecretario o el jefe de despacho o quien desempeñe cargo equivalente, a continuación de la constancia del fechador.- El escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciere un plazo, sólo podrá ser entregado válidamente en la secretaría que corresponda, el día hábil inmediato y dentro de las dos primeras horas del despacho.- No podrán presentarse escritos en el domicilio de los secretarios, salvo casos que requieran inmediata atención, debiendo el secretario ponerlos a consideración del Juez por el medio más rápido posible.-

Cuando se ingrese un escrito electrónico en el sistema de gestión informática, el cargo que emite el sistema tendrá plena validez y suplirá al sello de cargo manual, no siendo necesaria la presentación de copias impresas en la dependencia respectiva. cuando corresponda, el secretario dejará constancia simple en el expediente en papel, de que el proveído se corresponde con un escrito ingresado por medios electrónicos.-

CAPÍTULO III

AUDIENCIAS.-

(Artículos 125 al 126)

Artículo 125.- REGLAS GENERALES.-

Las audiencias, salvo disposición en contrario, se ajustarán a las siguientes reglas:

1) Serán públicas, bajo pena de nulidad, pero el tribunal podrá resolver, aun de oficio, que total o parcialmente se realicen a puertas cerradas cuando la publicidad afecte la moral, el orden público, la seguridad o el derecho a la intimidad. La resolución, que será fundada, se hará constar en el acta. Desaparecida la causa de la clausura, se deberá permitir el acceso al público.-

2) Serán señaladas con anticipación no menor de tres días, salvo por razones especiales que exigieren mayor brevedad, lo que deberá expresarse en la resolución.-

Toda vez que proceda la suspensión de una audiencia se fijará, en el acto, la fecha de su reanudación.-

3) Las convocatorias se considerarán hechas bajo apercibimiento de celebrarse con cualquiera de las partes que concurran.-

4) Empezarán a la hora designada. Los citados sólo tendrán obligación de esperar treinta minutos, transcurridos los cuáles podrán retirarse dejando constancia en el libro de asistencia. No podrán hacerlo si tratándose de audiencias sucesivas fijadas en el mismo proceso, se estuvieren desarrollando las anteriores.-

5) El secretario levantará acta haciendo una relación abreviada de lo ocurrido y de lo expresado por las partes.- El acta será firmada por el secretario y por las partes, salvo, cuando alguna de ellas no hubiera querido o podido firmar; en este caso, deberá consignarse esa circunstancia. El Juez firmará el acta cuando hubiera presidido la audiencia. Se entregará a las partes que lo requieran copia del acta firmada por los concurrentes y el Secretario.-

Artículo 126.- VERSIÓN TAQUIGRÁFICA E IMPRESIÓN FONOGRÁFICA.-

Las partes podrán exigir o el Juez ordenar que las audiencias de prueba sean documentadas, la que se realizará por medio de fono o video grabación y/o cualquier otro medio técnico disponible. La documentación en las formas señaladas, deberán realizarse en doble ejemplar, uno de los cuales se certificará y conservará adecuadamente hasta que la sentencia quede firme; el otro ejemplar quedará a disposición de las partes para su consulta. Las partes que aporten su propio material tendrán derecho a constancias similares en la forma y condiciones de seguridad que se establezca por superintendencia, las que carecerán de fuerza probatoria. Los tribunales de alzada, en los casos de considerarlo necesario para la resolución de los recursos sometidos a su decisión podrán requerir la transcripción y presentación de los elementos técnicos en los que se hayan documentado las audiencias de prueba, dentro del plazo que fijen a la parte que propuso el medio de prueba de que se trate o a la que el propio tribunal decida, si la prueba fuere común.-

No será necesario el doble ejemplar, ni el acta del inc. 5 del artículo 125, cuando la audiencia se documente en archivos multimedia y sea firmada digitalmente por el Secretario y por las partes que posean certificado de firma digital en su caso: Tal documento multimedia deberá incorporarse al sistema de gestión informática como una actuación más del expediente electrónico.

CAPÍTULO IV

EXPEDIENTES.-

(Artículos 127 al 130)

Artículo 127.- PRÉSTAMO.-

Los expedientes únicamente podrán ser retirados de la secretaría, bajo la responsabilidad de los abogados, apoderados, peritos o escribanos, en los casos siguientes

1. Para alegar de bien probado.

2. Para practicar liquidaciones y pericias; partición de bienes sucesorios; operaciones de contabilidad; verificación y graduación de créditos, mensura y deslinde; división de bienes comunes; cotejo de documentos y redacción de escrituras públicas.

3. Cuando el juez lo dispusiere por resolución fundada. En los casos previstos en los dos (2) últimos incisos, el juez fijará el plazo dentro del cual deberán ser devueltos.

Artículo 128.- DEVOLUCIÓN.-

Si vencido el plazo no se devolviese el expediente, quien lo retiró será pasible de una multa de entre el cinco por ciento al veinte por ciento del sueldo de un Jefe de Despacho por cada día de retardo, salvo que manifestase haberlo perdido, en cuyo caso además se aplicará lo dispuesto en el artículo 130, si correspondiere. El secretario deberá intimar su inmediata devolución a quien lo retenga, y si ésta no se cumpliere, el juez mandará secuestrar el expediente con el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de remitir los antecedentes a la justicia penal. Mientras el abogado o procurador bajo cuya responsabilidad se retiró el expediente no pague la multa, no podrá realizar actuaciones en él.

Artículo 129.- PROCEDIMIENTO DE RECONSTRUCCIÓN.-

Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenará su reconstrucción, la que se efectuará en la siguiente forma:

1. El nuevo expediente se iniciará con la providencia que disponga la reconstrucción.

2. El juez intimará a la parte actora, o iniciadora de las actuaciones, en su caso, para que dentro del plazo de cinco (5) días presente las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder y correspondieren a actuaciones cumplidas en el expediente perdido. De ellas se dará vista a la otra u otras partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad y presenten, a su vez, las que tuvieren en su poder. En este último supuesto también se dará vista a las demás partes por igual plazo.

3. El secretario agregará copia de todas las resoluciones correspondientes al expediente extraviado que obren en los libros del juzgado o tribunal y de las actuaciones firmadas digitalmente. Asimismo recabará copias de los actos y diligencias que pudieren obtenerse de las oficinas o archivos públicos.

4. Las copias que se presentaren u obtuvieren serán agregadas al expediente por orden cronológico.

5. El juez podrá ordenar, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considerare necesarias. Cumplidos los trámites enunciados dictará resolución teniendo por reconstruido el expediente.-

Artículo 130.- SANCIONES.-

Si se comprobase que la pérdida del expediente fuere imputable a alguna de las partes o a un profesional, el responsable será pasible de una multa de entre cincuenta por ciento del sueldo de un Jefe de Despacho hasta tres sueldos de Juez de Cámara, sin perjuicio de su responsabilidad civil o penal.-

CAPITULO V.

OFICIOS Y EXHORTOS.-

(Artículos 131 al 132)

Artículo 131.- OFICIOS Y EXHORTOS DIRIGIDOS A JUECES.-

Toda comunicación dirigida a jueces del mismo grado dentro de la Provincia, se hará mediante oficio. Las dirigidas a jueces de grado superior, a jueces nacionales y de otras provincias se harán por exhorto. Podrán entregarse al interesado, bajo recibo en el expediente, o remitirse por correo. Podrán expedirse o anticiparse telegráficamente o electrónicamente. Se dejará copia fiel en el expediente de todo exhorto u oficio que se libre.-

Los Oficios y comunicaciones entre organismos con sistemas informáticos compatibles deberán ser confeccionados y diligenciados por medios electrónicos entre los sistemas informáticos. En tal caso, todos los documentos deberán estar firmados digitalmente.

Artículo 132.- COMUNICACIONES A AUTORIDADES JUDICIALES EXTRANJERAS O DE ESTAS.-

Las comunicaciones dirigidas a autoridades judiciales extranjeras se harán mediante exhorto. Tales comunicaciones, así como las que se reciban de dichas autoridades, se regirán por lo dispuesto en tratados y acuerdos internacionales, así como la reglamentación de superintendencia. Se dará cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera resulte que han sido dispuestas por tribunales competentes según las reglas argentinas de jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no afecte principios de orden público del derecho Argentino.-

CAPÍTULO VI.

NOTIFICACIONES.-

(Artículos 133 al 149)

Artículo 133.- PRINCIPIO GENERAL.-

Salvo los casos en que procede la notificación por cédula y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, las resoluciones judiciales quedarán notificadas en todas las instancias, los días martes y viernes. Si uno de ellos fuere feriado, la notificación tendrá lugar el siguiente día de nota. No se considerará cumplida la notificación si el expediente no se encontrase en secretaría y se hiciera constar esta circunstancia en el libro de asistencia, que deberá llevarse a ese efecto. Incurrirá en falta grave el oficial primero que no mantenga a disposición de los litigantes o profesionales el libro mencionado.-

Artículo 134.- NOTIFICACIÓN TÁCITA.-

El retiro del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 127, importará la notificación de todas las resoluciones. El retiro de las copias de escritos por la parte, o su apoderado, o su letrado o persona autorizada en el expediente, implica notificación personal del traslado que respecto del contenido de aquéllos se hubiere conferido.-

Artículo 135.- NOTIFICACIÓN PERSONAL O POR CÉDULA.-

Sólo serán notificadas personalmente o por cédula las siguientes resoluciones:

1. La que dispone el traslado de la demanda, de la reconvención y de los documentos que se acompañen con sus contestaciones. La que dispone correr traslado de las excepciones y la que las resuelva.

2. La que ordena absolución de posiciones.

3. La que declara la cuestión de puro derecho y la que ordena la apertura a prueba.

4. Las que se dicten entre el llamamiento para la sentencia y ésta.

5. Las que ordenan intimaciones, o apercibimientos no establecidos directamente por la ley, o la reanudación de plazos suspendidos aplican correcciones disciplinarias o hacen saber medidas precautorias o su modificación o levantamiento.

6. La providencia «por devueltos», cuando no haya habido notificación de la resolución de alzada o cuando tenga por objeto reanudar plazos suspendidos.

7. La primera providencia que se dicte después que un expediente haya vuelto del archivo de los tribunales, o haya estado paralizado o fuera de secretaría más de TRES (3) meses.

8. Las que disponen traslado o vistas de liquidaciones.

9. La que ordena el traslado de la prescripción.

10. La que dispone la citación de personas extrañas al proceso.

11. Las que se dicten como consecuencia de un acto procesal realizado con anterioridad al plazo que la ley señala para su cumplimiento.

12. Las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales.

13. La providencia que denegare el recurso extraordinario.

14. La que ordena el traslado del pedido de levantamiento de embargo sin tercería.-

15. La providencia que hace saber el juez o tribunal que va a conocer en caso de recusación, excusación o admisión de la excepción de incompetencia.-

16. La que dispone el traslado del pedido de caducidad de instancia.-

17. La que dispone el traslado de la prescripción.-

18.

Las demás resoluciones de que se haga mención expresa en la ley o determine el Tribunal excepcionalmente, por resolución fundada.- No se notificarán por cédula las regulaciones de honorarios que estén incluidas o sean consecuencia de resoluciones no mencionadas en el presente artículo.

Los funcionarios judiciales quedarán notificados el día de la recepción del expediente en su despacho. Deberán devolverlo dentro de tercero día, bajo apercibimiento de las medidas disciplinarias a que hubiere lugar.-

Artículo 135 BIS.- NOTIFICACIÓN A DOMICILIO LEGAL ELECTRÓNICO O INFORMÁTICO:

Las notificaciones a que hace referencia el Artículo anterior que deban practicarse en el domicilio legal, deberán ser realizadas por secretaría a través de medios electrónicos o informáticos firmados digitalmente.

Se dejará constancia y/o reporte técnico del envío de la notificación. Cuando la notificación debe realizarse con entrega de copias de documentos, si éstos están digitalizados, se hará por medios electrónicos; caso contrario se realizarán por cédula impresa o personalmente.-

Artículo 135 TER.-

El expediente electrónico, documento electrónico, comunicaciones electrónicas, firma digital y domicilio electrónico constituido tienen idéntica validez jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales.

Artículo 136.- MEDIOS DE NOTIFICACIÓN.-

En los casos en que este Código u otras leyes establezcan la notificación por cédula, ella también podrá realizarse por los siguientes medios: 1) Acta notarial. 2) Telegrama con copia certificada y aviso de entrega. 3) Carta documento con aviso de entrega. 4) Otros medios tecnológicos que autoricen las leyes. La notificación de los traslados de demanda, reconvención, citación de personas extrañas al juicio, la sentencia definitiva y todas aquellas que deben efectuarse con entrega de copias, se efectuarán únicamente por cédula o acta notarial. Se tendrá por cumplimentada la entrega de copias si se transcribe su contenido en la carta documento o telegrama. La elección del medio de notificación se realizará por los letrados bajo su responsabilidad y sin necesidad de manifestación alguna en las actuaciones. Los gastos que arrojen las notificaciones integrarán la condena en costas. Ante el fracaso de una diligencia de notificación no será necesaria la reiteración de la solicitud del libramiento de una nueva, la que incluso podrá ser intentada por otra vía.-

Artículo 137.- CONTENIDO Y FIRMA DE LA CÉDULA.-

La cédula y los demás medios previstos en el artículo precedente contendrán:

1. Nombre y apellido de la persona a notificar o designación que corresponda y su domicilio, con indicación del carácter de éste.

2. Juicio en que se practica.

3. Juzgado y secretaría en que tramita el juicio.

4. Transcripción de la parte pertinente de la resolución.

5. Objeto, claramente expresado, si no resultare de la resolución transcripta. En el caso de acompañarse copias de escritos o documentos, la cédula deberá contener detalle preciso de aquéllas. El documento mediante el cual se notifique será suscripto por el letrado patrocinante de la parte que tenga interés en la notificación o por el síndico, tutor o curador ad litem, notario, secretario o prosecretario en su caso, quiénes deberán aclarar su firma con el sello correspondiente. La presentación del documento a que se refiere esta norma en la secretaría del tribunal, oficina de correos o el requerimiento notarial, importará la notificación de la parte patrocinada o representada. Deberán estar firmados por el secretario o prosecretario los instrumentos que notifiquen medidas cautelares o entrega de bienes y aquellos en que no intervenga letrado, síndico, tutor o curador ad litem, salvo notificación notarial. El juez puede ordenar que el secretario suscriba los instrumentos de notificación cuando fuere conveniente por razones de urgencia o por el objeto de la providencia. Cuando la notificación se cumpla por medios electrónicos, el documento deberá firmarse digitalmente.-

Artículo 138.- DILIGENCIAMIENTO.-

Las cédulas se enviarán a la oficina de notificaciones dentro de las veinticuatro (24) horas, debiendo ser diligenciadas y devueltas en la forma y en los plazos que disponga la reglamentación de superintendencia. La demora en la agregación de las cédulas se considerará falta grave del oficial primero.

Artículo 139.- COPIAS DE CONTENIDO RESERVADO.-

En los juicios relativos al estado y capacidad de las personas, cuando deba practicarse la notificación en el domicilio, las copias de los escritos de demanda, contestación, reconvención y contestación de ambas, así como las de otros escritos cuyo contenido pudiere afectar el decoro de quien ha de recibirlas, serán entregadas bajo sobre cerrado. Igual requisito se observará respecto de las copias de los documentos agregados a dichos escritos. El sobre será cerrado por personal de secretaría, con constancia de su contenido, el que deberá ajustarse a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 136.

Artículo 140.- ENTREGA DE LA CÉDULA al INTERESADO.-

Si la notificación se hiciere en el domicilio, por cédula o acta notarial, el funcionario o empleado encargado de practicarla dejará al interesado copia de la cédula haciendo constar, con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la diligencia, suscripta por el notificador y el interesado, salvo que éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual se dejará constancia.-

Artículo 141.- ENTREGA DE LA CÉDULA A PERSONAS DISTINTAS.-

Cuando el notificador no encontrare a la persona a quien va a notificar, entregará la cédula a otra persona de la casa, departamento u oficina, o al encargado del edificio, y procederá en la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, la fijará en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares.

Artículo 142.- FORMA DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.-

La notificación personal se practicará firmando el interesado en el expediente, al pie de la diligencia extendida por el oficial primero. En oportunidad de examinar el expediente, el litigante que actuare sin representación o el profesional que interviniere en el proceso como apoderado, estarán obligados a notificarse expresamente de las resoluciones mencionadas en el artículo 135. Si no lo hicieran, previo requerimiento que les formulará el oficial primero, o si el interesado no supiere o no pudiere firmar, valdrá como notificación la atestación acerca de tales circunstancias y la firma de dicho empleado y la del secretario.

Artículo 143.- NOTIFICACIÓN POR TELEGRAMA.-

A solicitud de parte, podrá notificarse por telegrama colacionado o recomendado:

1. La citación de testigos, peritos o intérpretes.

2. Las audiencias de conciliación.

3. La constitución, modificación o levantamiento de medidas precautorias.

Artículo 144.- CONTENIDO Y EMISIÓN DEL TELEGRAMA.-

La notificación que se practique por telegrama con copia certificada y aviso de entrega o carta documento con aviso de entrega, la fecha de notificación será la de la constancia de entrega al destinatario. Quién suscriba la notificación deberá agregar a las actuaciones copia de la pieza impuesta y la constancia de entrega.-

Artículo 145.- NOTIFICACIÓN POR EDICTOS.-

Además de los casos determinados por este Código, procederá la notificación por edictos cuando se tratare de personas inciertas o cuyo domicilio se ignorase. En este último caso, deberá justificarse previamente, y en forma sumaria, que se han realizado sin éxito las gestiones tendientes a conocer el domicilio de la persona a quien se deba notificar.

Si resultare falsa la afirmación de la parte que dijo ignorar el domicilio, o que pudo conocerlo empleando la debida diligencia, se anulará a su costa todo lo actuado con posterioridad, y será condenada a pagar una multa de entre el cinco por ciento y hasta el treinta por ciento de un sueldo de Prosecretario.-

Artículo 146.- PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS.-

La publicación de los edictos se hará en el Boletín Oficial y en un (1) diario de los de mayor circulación del lugar del último domicilio del citado, si fuera conocido o, en su defecto, del lugar del juicio, y se acreditará mediante la agregación al expediente de un (1) ejemplar de aquellos y del recibo del pago efectuado. A falta de diarios en los lugares precedentemente mencionados, la publicación se hará en la localidad más próxima que los tuviera, y el edicto se fijará, además, en un lugar visible del juzgado, en el Juzgado de Paz Lego más próximo al último domicilio conocido del citado, y en los sitios que aseguraren su mayor difusión.-

Artículo 147.- FORMAS DE LOS EDICTOS.-

Los edictos contendrán, en forma sintética, las mismas enunciaciones de las cédulas, con transcripción sumaria de la resolución.

El número de publicaciones será el que en cada caso determine este Código.

La resolución se tendrá por notificada al día siguiente de la última publicación.

Artículo 148.- NOTIFICACIONES POR RADIODIFUSIÓN O TELEVISIVAS.-

En todos los casos en que este Código autoriza la publicación de edictos, a pedido del interesado, el juez podrá ordenar que aquellos se anuncien por radiodifusión, televisión u otros medios masivos de difusión. Las transmisiones se harán por una emisora oficial y por las que determine la reglamentación de superintendencia y su número coincidirá con el de las publicaciones que este Código prevé en cada caso con respecto a la notificación por edictos. La diligencia se acreditará agregando al expediente certificación emanada de la empresa radiodifusora, en la que constará el texto del anuncio, que deberá ser el mismo que el de los edictos, y los días y horas en que se difundió. La resolución se tendrá por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica o televisiva. Respecto de los gastos que irrogare esta forma de notificación, regirá lo dispuesto en el anteúltimo párrafo del artículo 136.-

Artículo 149.- NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN.-

La notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores será nula sin perjuicio de la responsabilidad en que incurriere el funcionario o empleado que la practique. Sin embargo, siempre que del expediente resultare que la parte ha tenido conocimiento de la resolución que la motivó, la notificación surtirá sus efectos desde entonces. El funcionario o empleado que hubiese practicado la notificación declarada nula, será responsable e incurrirá en falta grave cuando la irregularidad le sea imputable. El pedido de nulidad tramitará por incidente.-

CAPÍTULO VII.-

VISTAS Y TRASLADOS.-

(Artículos 150 al 151)

Artículo 150.- PLAZO Y CARACTER.-

El plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en contrario de la Ley, será de cinco (5) días. Todo traslado o vista se considerará decretado en calidad de autos, debiendo el juez o tribunal dictar resolución sin más trámite. Toda resolución dictada previa vista o traslado, será inapelable para la parte que no lo haya contestado.

Artículo 151.- JUICIOS DE DIVORCIO Y DE NULIDAD DE MATRIMONIO.-

En los juicios de divorcio y de nulidad de matrimonio sólo se dará vista a los representantes del ministerio público en los siguientes casos:

1. Luego de contestada la demanda o la reconvención.

2. Una vez vencido el plazo de presentación de los alegatos.

3. Cuando se planteare alguna cuestión vinculada a la repreentación que ejercen. En este caso, la vista será conferida por resolución fundada del juez.

4. Toda vez que el juez lo disponga atendiendo a las circunstancias del caso y a lo que sobre el particular establezca la ley de fondo.

CAPÍTULO VIII.

EL TIEMPO DE LOS ACTOS PROCESALES.-

(Artículos 152 al 159)

SECCION PRIMERA. TIEMPO HÁBIL.-

(Artículos 152 al 154)

Artículo 152.- DIAS Y HORAS HÁBILES.-

Las actuaciones y diligencias judiciales se practicarán en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del año, con excepción de los correspondientes a los de las ferias judiciales que determinen las leyes, los feriados y días no laborables declarados por ley o decreto del Poder Ejecutivo Nacional o de la Provincia y los que disponga el Superior Tribunal de Justicia. Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por el Superior Tribunal de Justicia para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las diligencias que los jueces, funcionarios o empleados deben practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median entre las siete (7) y las veinte (20). Para la celebración de audiencias de prueba, las cámaras de apelaciones podrán declarar horas hábiles, con respecto a juzgados bajo su dependencia y cuando las circunstancias lo exigieren, las que median entre las siete (7) y las diecisiete (17) o entre las nueve (9) y las diecinueve (19), según rija el horario matutino o vespertino.-

Los escritos electrónicos podrán ser ingresados en cualquier día y hora y se proveerán en horario hábil inmediato posterior, salvo los que se decreten con habilitación de días y horas.

Artículo 153.- HABILITACIÓN EXPRESA.-

A petición de parte o de oficio, los jueces y tribunales deberán habilitar días y horas, cuando no fuere posible señalar las audiencias dentro del plazo establecido por este Código, o se tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiera tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. De la resolución sólo podrá recurrirse por reposición, siempre que aquélla fuera denegatoria. Incurrirá en falta grave el juez que, reiteradamente, no adoptara las medidas necesarias para señalar las audiencias dentro del plazo legal.

Artículo 154.- HABILITACIÓN TÁCITA.-

La diligencia iniciada en día y hora hábil, podrá llevarse hasta su fin en tiempo inhábil sin necesidad de que se decrete la habilitación. Si no pudiere terminarse en el día, continuará en el siguiente hábil, a la hora que en el mismo acto establezca el juez o tribunal o el funcionario encargado de la diligencia.

SECCION SEGUNDA.-

PLAZOS

(Artículos 155 al 159)

Artículo 155.- CARACTER.-

Los plazos legales o judiciales son perentorios; salvo acuerdo de las partes establecido por escrito en el expediente, con relación a actos procesales específicamente determinados.

Cuando este Código no fijare expresamente el plazo que corresponda para la realización de un acto, lo señalará el juez de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia.

Artículo 156.- COMIENZO.-

Los plazos empezarán a correr desde la notificación y si fuesen comunes, desde la última. No se contará el día ni la hora en que se practique la diligencia, ni los días inhábiles.-

Artículo 157.- SUSPENSIÓN Y ABREVIACIÓN CONVENCIONAL. DECLARACIÓN DE INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN.-

Los apoderados no podrán acordar una suspensión mayor de veinte (20) días sin acreditar ante el juez o tribunal la conformidad de sus mandantes. Las partes podrán acordar la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por escrito. Los jueces y tribunales deberán declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente.-

Artículo 158.- AMPLIACIÓN.-

Para toda diligencia que deba practicarse dentro de la República y fuera del lugar del asiento del juzgado o tribunal, quedarán ampliados los plazos fijados por este Código a razón de un (1) día por cada doscientos (200) kilómetros o fracción que no baje de cien (100). Para la que deba producirse en el extranjero, la ampliación será fijada prudencialmente por el juez o tribunal.

Artículo 159.- EXTENSIÓN A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.-

El ministerio público y los funcionarios que a cualquier título intervinieren en el proceso estarán sometidos a las reglas precedentes, debiendo expedirse o ejercer sus derechos dentro de los plazos fijados.

CAPÍTULO IX.

RESOLUCIONES JUDICIALES.-

(Artículos 160 al 168)

Artículo 160.- FORMALIDADES.-

Todas las resoluciones judiciales se asentarán en el expediente, conservándose de las sentencias definitivas y sentencias interlocutorias copias fieles autenticadas por el secretario, que se encuadernarán finalizado cada año para reservarlas en el juzgado o tribunal.-

En los expedientes digitales, se considera cumplida la obligación de protocolizar copias fieles de las sentencias definitivas e interlocutorias, con la existencia de los documentos firmados digitalmente que las contienen y que obren en la base de datos del sistema informático. La firma ológrafa en la impresión en papel de actuaciones de todo tipo, que obren en el expediente electrónico y estén firmadas digitalmente, por resultar sobreabundante, podrá suplirse válidamente con la simple aclaración de dicha circunstancia al pie de la copia impresa.-

Artículo 161.- PROVIDENCIAS SIMPLES Y SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS.-

a) Las providencias simples sólo tienden, sin sustanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha y lugar y la firma del juez o presidente del tribunal.

b) Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren sustanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deberán contener:

1. Los fundamentos.

2. La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

3. El pronunciamiento sobre costas.

4. La declaración de temeridad o malicia en que hubieren incurrido los litigantes o profesionales intervinientes.

Artículo 162.- SENTENCIAS HOMOLOGATORIAS.-

Las sentencias que recayesen en los supuestos de los artículos 305, 308, y 309, se dictarán en la forma establecida en los artículos 160 o 161, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación.

Artículo 163.- SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA.-

La sentencia definitiva de primera instancia deberá contener:

1. La mención del lugar y fecha.

2. El nombre y apellido de las partes.

3. La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio.

4. La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior.

5. Los fundamentos y la aplicación de la Ley. Las presunciones no establecidas por ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica. La conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones.

6. La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte. La sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos.

7. El plazo que se otorgase para su cumplimiento, si fuere susceptible de ejecución.

8. El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad o malicia en los términos del artículo 34, inciso 6.

9. La firma del juez.-

Artículo 164.- SENTENCIA DEFINITIVA DE SEGUNDA O ULTERIOR INSTANCIA.-

La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia deberá contener, en lo pertinente, las enunciaciones y requisitos establecidos en el artículo anterior y se ajustará a lo dispuesto en los artículos 272 y 281, según el caso. Las sentencias de cualquier instancia podrán ser dadas a publicidad salvo que, por la naturaleza del juicio, razones de decoro aconsejaren su reserva, en cuyo caso así se declarará. Si afectare la intimidad de las partes o de terceros, los nombres de éstos serán eliminados de las copias para la publicidad.

Artículo 165.- MONTO DE LA CONDENA al PAGO DE FRUTOS, INTERESES, DAÑOS Y PERJUICIOS.-

Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios, fijará su importe en cantidad líquida o establecerá por lo menos las bases sobre que haya de hacerse la liquidación. Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo otro, se los determinará en proceso sumarísimo. La sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto.

Artículo 166.- ACTUACIÓN DEL JUEZ POSTERIOR A LA SENTENCIA.-

Pronunciada la sentencia, concluirá la competencia del juez respecto del objeto del juicio y no podrá sustituirla o modificarla. Le corresponderá, sin embargo:

1. Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el artículo 36, inciso 3. Los errores puramente numéricos podrán ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia.

2. Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres (3) días de la notificación y sin sustanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto oscuro, sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio.

3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes.

4. Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios.

5. Proseguir la sustanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado.

6. Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y sustanciar los que se concedan en relación y, en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el artículo 246.

7. Ejecutar oportunamente la sentencia.

Artículo 167.- RETARDO DE JUSTICIA.-

Los jueces y tribunales que, por recargo de tareas u otras razones atendibles, no pudieren pronunciar las sentencias definitivas dentro de los plazos fijados por este Código deberán hacerlo saber al Superior Tribunal de Justicia, con anticipación de diez días al del vencimiento de aquellos. El Superior Tribunal, si considera admisible la causa invocada señalará el plazo en que la sentencia debe dictarse, por el mismo juez o tribunal, o por otro del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren. En el caso de sentencias que deban ser dictadas por el Superior Tribunal, la ampliación será resuelta por el mismo tribunal por resolución fundada.

El juez o tribunal que no remitiese oportunamente la comunicación a que se refiere el párrafo anterior y no sentenciare dentro del plazo legal, o que habiéndolo efectuado no pronunciare el fallo dentro del plazo que se hubiere fijado, perderá automáticamente la jurisdicción para entender en el juicio y deberá remitir el expediente al Superior Tribunal para que éste determine el juez o tribunal que debe intervenir. Será nula la sentencia que se dicte con posterioridad. En los tribunales colegiados, el juez que hubiere incurrido en pérdida de jurisdicción, deberá pasar de inmediato el expediente a quien le sigue en orden de sorteo, en cuyo caso, aquellos se integrarán de conformidad a lo dispuesto por la ley de la materia. Las disposiciones de este artículo sólo afectan la jurisdicción del juez titular y no a la que se ejerza interinamente, en caso de vacancia o licencia del titular. Al hacerse cargo del juzgado, luego de un período de vacancia o licencia, aquel podrá solicitar una ampliación general de los plazos, proporcionada al número de causas pendientes.-

Artículo 168.- CAUSAL DE MAL DESEMPEÑO.-

La pérdida de jurisdicción en que incurrieren los jueces de primera instancia, de Cámara o del Superior Tribunal, conforme a lo establecido en el artículo anterior, importará mal desempeño del cargo en los términos de la ley de enjuiciamiento para magistrados si se produjere tres veces dentro del año calendario.

CAPÍTULO X.-

NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES.-

(Artículos 169 al 174)

Artículo 169.- TRASCENDENCIA DE LA NULIDAD.-

Ningún acto procesal será declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción.

Sin embargo, la nulidad procederá cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad.

No se podrá declarar la nulidad, aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado.

Artículo 170.- SUBSANACIÓN.-

La nulidad no podrá ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Se entenderá que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días siguientes al conocimiento del acto.-

Artículo 171.- INADMISIBILIDAD.-

La parte que hubiere dado lugar a la nulidad, no podrá pedir la invalidez del acto realizado.

Artículo 172.- REQUISITOS.-

La nulidad podrá ser declarada a petición de parte, la que al promover el incidente deberá expresar el perjuicio sufrido y el interés que procura subsanar con la declaración. Asimismo deberá mencionar, en su caso, las defensas, actos y/o derechos que no ha podido oponer y/o ejercer. Los jueces podrán declararla de oficio siempre que el vicio no se hallare consentido; lo harán sin substanciación, cuando aquél fuere manifiesto.-

Artículo 173.- RECHAZO «IN LIMINE».-

Se desestimará sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el primer párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente improcedente.

Artículo 174.- EFECTOS.-

La nulidad de un acto no importará la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no afectará a las demás partes que sean independientes de aquélla.

TÍTULO IV.

CONTINGENCIAS GENERALES.-

(Artículos 175 al 303)

CAPITULO I. INCIDENTES.-

(Artículos 175 al 187)

Artículo 175.- PRINCIPIO GENERAL.-

Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se hallare sometida a un procedimiento especial, tramitará en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este CAPÍTULO.

Artículo 176.- SUSPENSIÓN DEL PROCESO PRINCIPAL.-

Los incidentes no suspenderán la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resolviere el juez cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución será irrecurrible.

Artículo 177.- FORMACIÓN DEL INCIDENTE.-

El incidente se formará con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indicaren las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hará el secretario o el oficial primero.

Artículo 178.- REQUISITOS.-

El escrito en que se planteare el incidente deberá ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba de que intentara valerse.

Artículo 179.- RECHAZO «IN LIMINE».-

Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el juez deberá rechazarlo sin más trámite. La resolución será apelable en efecto devolutivo.

Artículo 180.- TRASLADO Y CONTESTACIÓN.-

Si el juez resolviere admitir el incidente, dará traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al contestarlo deberá ofrecer la prueba. El traslado se notificará personalmente o por cédula dentro del tercer día de dictada la providencia que lo ordenare.

Artículo 181.- RECEPCIÓN DE LA PRUEBA.-

El plazo de prueba será fijado por el juez y no excederá de veinte días. Si hubiere de producirse prueba que requiriese audiencia, el juez la señalará para una fecha que no podrá exceder de diez (10) días; citará los testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adoptará las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo será tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare.-

Artículo 182.- PRÓRROGA O SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA.-

La audiencia podrá postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10) días, cuando hubiere imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella.

Artículo 183.- PRUEBA PERICIAL Y TESTIMONIAL

La prueba pericial, cuando procediere, se llevará a cabo por un (1) solo perito designado de oficio. No se admitirán más de 5 testigos por cada parte y las declaraciones no podrán recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquellos.

Artículo 184.- CUESTIONES ACCESORIAS.-

Las cuestiones que surgieren en el curso de los incidentes y que no tuvieren entidad suficiente para constituir otro autónomo, se decidirán en la interlocutoria que los resuelva.

Artículo 185.- RESOLUCIÓN.-

Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el juez, sin más trámite, dictará resolución.

Artículo 186.- TRAMITACIÓN CONJUNTA.-

Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deberán ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestimarán sin más trámite los que se entablaren con posterioridad.

Artículo 187.- INCIDENTES EN PROCESOS SUMARIOS Y SUMARÍSIMOS.-

En los procesos sumario y sumarísimo, regirán los plazos que fije el juez, quien asimismo adoptará de oficio las medidas adecuadas para que el incidente no desnaturalice el procedimiento principal.-

CAPÍTULO II.

ACUMULACIÓN DE PROCESOS.-

(Artículos 188 al 194)

Artículo 188.- PROCEDENCIA.-

Procederá la acumulación de procesos cuando hubiere sido admisible la acumulación subjetiva de acciones de conformidad con lo prescripto en el artículo 88 y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se requerirá, además:

1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia.

2. Que el juez a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia.

3. Que puedan sustanciarse por los mismos trámites. Sin embargo, podrán acumularse dos o más procesos de conocimiento, o dos o más procesos de ejecución sujetos a distintos trámites, cuando su acumulación resultare indispensable en razón de concurrir la circunstancia prevista en la última parte del primer párrafo. En tal caso, el juez determinará el procedimiento que corresponde imprimir al juicio acumulado.

4. Que el estado de las causas permita su sustanciación conjunta, sin producir demora perjudicial o injustificada en el trámite de los que estuvieren más avanzados.-

Artículo 189.- PRINCIPIO DE PREVENCIÓN.-

La acumulación se hará sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Si los jueces intervinientes en los procesos tuvieren distinta competencia por razón del monto, la acumulación se hará sobre el de mayor cuantía.

Artículo 190.- MODO Y OPORTUNIDAD DE DISPONERSE.-

La acumulación se ordenará de oficio, o a petición de parte formulada por vía de excepción de litispendencia o de incidente. Este podrá promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el art. 188, inc. 4.-

Artículo 191.- RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE.-

El incidente podrá plantearse ante el juez que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el juez conferirá traslado a los otros litigantes, y si considerare fundada la petición solicitará el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dictará sin más trámite resolución, contra la cual no habrá recurso y la hará conocer a los juzgados donde tramitaban los procesos. En el segundo caso, dará vista a los otros litigantes, y si considerare procedente la acumulación remitirá el expediente al otro juez, o bien le pedirá la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su juzgado, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución será inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución será apelable.

Artículo 192.- CONFLICTO DE ACUMULACIÓN.-

Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el juez requerido no accediere deberá elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin sustanciación alguna, resolverá en definitiva si la acumulación es procedente.-

Artículo 193.- SUSPENSIÓN DE TRÁMITES.-

El curso de todos los procesos se suspenderá, si tramitasen ante un mismo juez, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante jueces distintos, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez respectivo. Exceptúense las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio.

Artículo 194.- SENTENCIA ÚNICA.-

Los procesos acumulados se sustanciarán y fallarán conjuntamente, pero si el trámite resultare dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, podrá el juez disponer, sin recurso, que cada proceso se sustancie por separado, dictando una sola sentencia.

CAPÍTULO III

MEDIDAS CAUTELARES.-

(Artículos 195 al 237 BIS)

SECCIÓN PRIMERA

Normas generales.-

(Artículos 195 al 208)

Artículo 195.- OPORTUNIDAD Y PRESUPUESTO.-

Las providencias cautelares podrán ser solicitadas antes o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito deberá expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida.

Artículo 196.- MEDIDA DECRETADA POR JUEZ INCOMPETENTE.-

Los jueces deberán abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia.

Sin embargo, la medida ordenada por un juez incompetente será válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este CAPÍTULO, pero no prorrogará su competencia.

El juez que decretó la medida, inmediatamente después de requerido remitirá las actuaciones al que sea competente.

Artículo 197.- TRÁMITES PREVIOS.-

La información sumaria para obtener medidas precautorias podrán ofrecerse firmando los testigos el escrito en que se solicitaren, quienes deberán ratificarse en el acto de ser presentado aquél o en primera audiencia. Se admitirán sin más trámite, pudiendo el juez encomendarlas a los secretarios.

Las actuaciones permanecerán reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitarán por expediente separado, al cual se agregarán, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal.

Artículo 198.- CUMPLIMIENTO Y RECURSOS.-

Las medidas precautorias se decretarán y cumplirán sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el destinatario de la medida podrá detener su cumplimiento. Si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notificarán personalmente o por cédula dentro de los tres (3) días. Quien hubiese obtenido la medida será responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La providencia que admitiere o hiciere lugar a una medida precautoria será recurrible por vía de reposición; también será admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concederá en efecto devolutivo.-

Artículo 199.- CONTRACAUTELA.-

La medida precautoria sólo podrá decretarse bajo la responsabilidad de la parte que la solicitare, quien deberá dar caución por todas las costas y daños y perjuicios que pudiere ocasionar en caso de haberla pedido sin derecho. El juez graduará la calidad y monto de la caución de acuerdo con la mayor o menor verosimilitud del derecho y las circunstancias del caso. Podrá ofrecerse la garantía de instituciones bancarias o de personas de acreditada responsabilidad económica.

En los casos de los arts. 210, inc. 2) y 3) y 212 inc. 2) y 3) la caución juratoria se entenderá prestada con el pedido de medida cautelar.

Artículo 200.- EXENCIÓN DE LA CONTRACAUTELA.-

No se exigirá caución si quien obtuvo la medida: 1.- Fuere la Nación, una provincia, una de sus reparticiones, una municipalidad o persona que justifique ser reconocidamente abonada. 2.- Actuare con beneficio de litigar sin gastos.

Artículo 201.- MEJORA DE LA CONTRACAUTELA.-

En cualquier estado del proceso, la parte contra quien se hubiere hecho efectiva una medida cautelar podrá pedir que se mejore la caución probando sumariamente que es insuficiente. El juez resolverá previo traslado a la otra parte.

Artículo 202.- CARACTER PROVISIONAL.-

Las medidas cautelares subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se podrá requerir su levantamiento.

Artículo 203.- MODIFICACIÓN.-

El acreedor podrá pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El deudor podrá requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del acreedor. Podrá, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dictará previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el juez podrá abreviar según las circunstancias.

Artículo 204.- FACULTADES DEL JUEZ.-

El juez, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, podrá disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intentare proteger.

Artículo 205.- PELIGRO DE PÉRDIDA O DESVALORIZACIÓN.-

Si hubiere peligro de pérdida o desvalorización de los bienes afectados o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fijará según la urgencia del caso, el juez podrá ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas.

Artículo 206.- ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES O COMERCIALES.-

Cuando la medida se trabare sobre bienes muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el juez podrá autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización.

Artículo 207.- CADUCIDAD.-

Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiere la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Las costas y los daños y perjuicios causados serán a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no podrá proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso; una vez iniciado éste, podrá ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia. Las inhibiciones y embargos se extinguirán a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del juez que entendió en el proceso.-

Cuando la medida fuere solicitada por el Estado Provincial, Municipal o Entidades Autárquicas, el término para que se opere la caducidad de la medida será de noventa (90) días a contar desde la fecha del decreto que la ordenó.-

Artículo 208.- RESPONSABILIDAD.-

Salvo en el caso de los artículos 209 inciso 1 y 212, cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el requirente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución la condenará a pagar los daños y perjuicios si la otra parte la hubiere solicitado. La determinación del monto se sustanciará por el trámite de los incidentes o por juicio sumario, según que las circunstancias hicieren preferible uno u otro procedimiento a criterio del juez, cuya decisión sobre este punto será irrecurrible.

SECCION SEGUNDA.-

Embargo preventivo.-

(Artículos 209 al 220)

Artículo 209.- PROCEDENCIA.-

Podrá pedir embargo preventivo el acreedor de deuda en dinero o en especie que se hallare en alguna de las condiciones siguientes:

1. Que el deudor no tenga domicilio en la República.

2. Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor, abonada la firma por información sumaria de dos (2) testigos.

3. Que fundándose la acción en un contrato bilateral, se justifique su existencia en la misma forma del inciso anterior, debiendo en este caso probarse además sumariamente el cumplimiento del contrato por parte del actor, salvo que éste ofreciese cumplirlo, o que su obligación fuese a plazo.

4. Que la deuda esté justificada por libros de comercio llevados en debida forma por el actor, o resulte de boleto de corredor de acuerdo con sus libros, en los casos en que éstos puedan servir de prueba, o surja de la certificación realizada por contador público nacional en el supuesto de factura conformada.

5. Que aún estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite sumariamente que el deudor trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido notablemente la solvencia del deudor, después de contraída la obligación.

Artículo 210.- OTROS CASOS.-

Podrán igualmente pedir el embargo preventivo:

1. El coheredero, el condómino o el socio, sobre los bienes de la herencia, del condominio, o de la sociedad, si acreditaren la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora.

2. El propietario o locatario principal de predios urbanos o rústicos, haya o no contrato de arrendamiento, respecto de las cosas afectadas a los privilegios que le reconoce la ley. Deberá acompañar a su petición el título de propiedad o el contrato de locación, o intimar al locatario para que formule previamente las manifestaciones necesarias.

3. La persona a quien la ley reconoce privilegios sobre ciertos bienes muebles o inmuebles, siempre que el crédito se justificare en la forma establecida en el artículo 209, inciso 2.

4. La persona que haya de demandar por acción reivindicatoria, petición de herencia, nulidad de testamento o simulación, respecto de la cosa demandada, mientras dure el juicio, y siempre que se presentaren documentos que hagan verosímil la pretensión deducida.

Artículo 211.- DEMANDA POR ESCRITURACIÓN.-

Cuando se demandare el cumplimiento de un contrato de compraventa, si el derecho fuese verosímil el adquirente podrá solicitar el embargo del bien objeto de aquél.

Artículo 212.- PROCESO PENDIENTE.-

Durante el proceso podrá decretarse el embargo preventivo:

1. En el caso del artículo 63.

2. Siempre que por confesión expresa o ficta derivada de la incomparecencia del absolvente a la audiencia de posiciones o en el caso del artículo 356, inc. 1, resultare verosímil el derecho alegado.

3. Si quien lo solicita hubiese obtenido sentencia favorable, aunque estuviere recurrida.-

Artículo 213.- FORMA DE LA TRABA.-

En los casos en que deba efectuarse el embargo, se trabará en la forma prescripta para el juicio ejecutivo. Se limitará a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas. Mientras no se dispusiere el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el deudor podrá continuar en el uso normal de la cosa.

Artículo 214.- MANDAMIENTO.-

En el mandamiento se incluirá siempre la autorización para que los funcionarios encargados de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia, y se dejará constancia de la habilitación de día y hora y del lugar. Contendrá, asimismo, la prevención de que el embargado deberá abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren.

Artículo 215.- SUSPENSIÓN.-

Los funcionarios encargados de la ejecución del embargo sólo podrán suspenderlo cuando el deudor entregue la suma expresada en el mandamiento.

Artículo 216.- DEPÓSITO.-

Si los bienes embargados fuesen muebles, serán depositados a la orden judicial; pero si se tratase de los de la casa en que vive el embargado y fuesen susceptibles de embargo, aquél será constituido en depositario de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no fuese posible.

Artículo 217.- OBLIGACIÓN DEL DEPOSITARIO.-

El depositario de objetos embargados a la orden judicial deberá presentarlos dentro del día siguiente de haber sido intimado judicialmente. No podrá eludir la entrega invocando el derecho de retención. Salvo que este derecho surja de la Ley de fondo por causas ajenas a su condición de depositario judicial, pudiendo hacerlo valer ante el juez de la causa a los fines de eximirse de la entrega. Con excepción del anterior supuesto, si no entrega los efectos embargados, el juez remitirá los antecedentes al tribunal penal competente, pudiendo asimismo ordenar la detención del depositario hasta el momento que dicho tribunal comience a actuar.-

Artículo 218.- PRIORIDAD DEL PRIMER EMBARGANTE.-

El acreedor que ha obtenido el embargo de bienes de su deudor, no afectados a créditos privilegiados, tendrá derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros acreedores, salvo en el caso de concurso. Los embargos posteriores afectarán únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores.

Artículo 219.- BIENES INEMBARGABLES.-

No se trabará nunca embargo:

1. En el lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos, en las ropas y muebles de su indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza.

2. Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales.

3. En los demás bienes exceptuados de embargo por ley. Salvo las excepciones contenidas en los incisos precedentes, ningún otro bien quedará exceptuado de embargo.

Artículo 220.- LEVANTAMIENTO DE OFICIO Y EN TODO TIEMPO.-

El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el artículo anterior podrá ser levantado, de oficio o a pedido del deudor o de su cónyuge o hijos, aunque la resolución que lo decretó se hallare consentida.

SECCIÓN TERCERA.

SECUESTRO.-

(Artículo 221)

Artículo 221.- PROCEDENCIA.-

Procederá el secuestro de los bienes muebles o semovientes objeto del juicio, cuando el embargo no asegurare por si solo el derecho invocado por el solicitante, siempre que se presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procederá, asimismo, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. El juez designará depositario a la institución oficial o persona que mejor convenga; fijará su remuneración y ordenará el inventario, si fuese indispensable.

SECCIÓN CUARTA.

INTERVENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.-

(Artículos 222 al 227).-

INTERVENCION JUDICIAL.-

Artículo 222.- Además de las medidas cautelares de intervención o administración judiciales autorizadas por las leyes sustanciales, que quedan sujetas el régimen establecido por ellas, podrán disponerse las que se regulan en los artículos siguientes.-

Artículo 223.- A pedido de acreedor y a falta de otra medida cautelar eficaz o como complemento de la dispuesta, podrá designarse a un interventor recaudador, si aquélla debiere recaer sobre bienes productores de rentas o frutos. Su función se limitará exclusivamente a la recaudación de la parte embargada, sin injerencia alguna en la administración.-

El juez determinará el monto de la recaudación que no podrá exceder del cincuenta por ciento de las entradas brutas; su importe será depositado a la orden del juzgado dentro del plazo que éste determine.-

Artículo 224.- De oficio o a petición de parte, el juez podrá designar un interventor informante para que dé noticia acerca del estado de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad que se establezca en la providencia que lo designe.-

DISPOSICIONES COMUNES A TODA CLASE DE INTERVENCIÓN.-

Artículo 225.- Cualquiera sea la fuente legal de la intervención judicial y en cuanto fuere compatible con la respectiva regulación:

1. El juez apreciará su procedencia con criterio restrictivo; la resolución será dictada en la forma dispuesta en el art. 161.-

2. La designación recaerá en persona que posea los conocimientos necesarios para desempeñarse atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que intervendrá; será, en su caso, persona ajena a la sociedad o asociación intervenida.-

3. La providencia que designe al interventor determinará la misión que debe cumplir y el plazo de duración que sólo podrá prorrogarse por resolución fundada.-

4. La contracautela se fijará teniendo en cuenta en consideración la clase de intervención, los perjuicios que pudiere irrogar y las costas.-

5. Los gastos extraordinarios serán autorizados por el juez previo traslado a las partes, salvo cuando la demora pudiere ocasionar perjuicios; en este caso, el interventor deberá informar al juzgado dentro del tercer día de realizados.-

El nombramiento de auxiliares requiere siempre autorización previa del juzgado.-

DEBERES DEL INTERVENTOR. REMOCIÓN.-

Artículo 226.- El interventor debe:

1. Desempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que le imparta el juez.-

2. Presentar los informes periódicos que disponga el juzgado y uno final, al concluir su cometido.-

3. Evitar la adopción de medidas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función o que comprometan su imparcialidad respecto de las partes interesadas o puedan producirles daño o menoscabo.-

El interventor que no cumpliere eficazmente su cometido será removido de oficio; si mediare pedido de parte, se dará traslado a las demás y al interventor.-

HONORARIOS.-

Artículo 227.- El interventor sólo percibirá los honorarios a que tuviere derecho, una vez aprobado judicialmente el informe final de su gestión. Si su actuación debiera prolongarse durante un plazo que a criterio del juez justificara el pago de anticipos, previo traslado a las partes, se fijarán éstos en adecuada proporción al eventual importe total de sus honorarios.-

Para la regulación del honorario definitivo se atenderá a la naturaleza y modalidades de la intervención, al monto de las utilidades realizadas, a la importancia y eficacia de la gestión, a la responsabilidad en ella comprometida, al lapso de la actuación y a las demás circunstancias del caso.-

El pacto de honorarios celebrado por el interventor será nulo e importará ejercicio abusivo del cargo.-

SECCION QUINTA.

Inhibición general de bienes y anotación de litis.-

(Artículos 228 al 229)

Artículo 228.- INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES.-

En todos los casos en que habiendo lugar a embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, podrá solicitarse contra aquél la inhibición general de vender o gravar sus bienes, la que se deberá dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante. El que solicitare la inhibición deberá expresar el nombre, apellido y domicilio del deudor, así como todo otro dato que pueda individualizar al inhibido, sin perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes. La inhibición sólo surtirá efecto desde la fecha de su anotación salvo para los casos en que el dominio se hubiere transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general. No concederá preferencia sobre las anotadas con posterioridad.

Artículo 229.- ANOTACIÓN DE LITIS.-

Procederá la anotación de litis cuando se dedujere una pretensión que pudiere tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el Registro correspondiente y el derecho fuere verosímil. Cuando la demanda hubiere sido desestimada, esta medida se extinguirá con la terminación del juicio. Si la demanda hubiese sido admitida, se mantendrá hasta que la sentencia haya sido cumplida.-

SECCIÓN SEXTA.

Prohibición de innovar. Prohibición de contratar.-

(Artículos 230 al 231).-

Artículo 230.- PROHIBICIÓN DE INNOVAR.-

Podrá decretarse la prohibición de innovar en toda clase de juicio siempre que:

1. El derecho fuere verosímil.

2. Existiere el peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible.

3. La cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria.

Artículo 231.- PROHIBICIÓN DE CONTRATAR.-

Cuando por ley o contrato o para asegurar, la ejecución forzada de los bienes objeto del juicio, procediese la prohibición de contratar sobre determinados bienes, el juez ordenará la medida. Individualizará lo que sea objeto de la prohibición, disponiendo se inscriba en los registros correspondientes y se notifique a los interesados y a los terceros que mencione el solicitante. La medida quedará sin efecto si quien la obtuvo no dedujere la demanda dentro del plazo de cinco (5) días de haber sido dispuesta, y en cualquier momento en que se demuestre su improcedencia.-

SECCIÓN SÉPTIMA.-

Medidas cautelares genéricas y normas subsidiarias

(Artículos 232 al 233)

Artículo 232.- MEDIDAS CAUTELARES GENÉRICAS.-

Fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable podrá solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia.

Artículo 233.- NORMAS SUBSIDIARIAS.-

Lo dispuesto en este Capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio, y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente.

SECCIÓN OCTAVA.

PROTECCIÓN DE PERSONAS.-

(Artículos 234 al 237 BIS)

Artículo 234.- PROCEDENCIA.-

Podrá decretarse la guarda:

1. De mujer menor de edad que intentase contraer matrimonio, entrar en comunidad religiosa o ejercer determinada actividad contra la voluntad de sus padres o tutores.

2. De menores o incapaces que sean maltratados por sus padres, tutores, curadores o guardadores, o inducidos por ellos a actos ilícitos o deshonestos o expuestos a graves riesgos físicos o morales.

3. De menores o incapaces abandonados o sin representantes legales o cuando éstos estuvieren impedidos de ejercer sus funciones.-

4. De los incapaces que estén en pleito con sus representantes legales, en el que se controvierta la patria potestad, tutela o curatela, o sus efectos.

Artículo 235.- JUEZ COMPETENTE.-

La guarda será decretada por el juez del domicilio de la persona que haya de ser amparada, con intervención del asesor de menores e incapaces. Cuando existiese urgencia o circunstancias graves, se resolverá provisionalmente sin más trámite.

Artículo 236.- PROCEDIMIENTO.-

En los casos previstos en el artículo 234, incisos 2, 3, y 4, la petición podrá ser deducida por cualquier persona, y formulada verbalmente ante el Defensor de Menores e Incapaces, en cuyo caso se labrará acta con las menciones pertinentes, la que será remitida al Juzgado que corresponda. El juez decretará la guarda si correspondiere.-

Artículo 237.- MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.-

Al disponer la medida, el juez ordenará que se entreguen a la persona a favor de quien ha sido ordenada, las ropas, útiles y muebles de su uso y profesión. Ordenará, asimismo, que se le provea de alimentos por el plazo de treinta (30) días, a cuyo vencimiento quedarán sin efecto si no se iniciare el juicio correspondiente. La suma será fijada prudencialmente por el juez, previa vista a quien deba pagarlos y sin otro trámite.

Artículo 237 bis.- TUTELA ANTICIPATORIA.- PROCEDIMIENTO.-

El Juez o Tribunal podrá anticipar, luego de la traba de la Litis, a requerimiento de parte, total o parcialmente, los efectos de la tutela pretendida en la demanda o reconvención si:

1) Existe verosimilitud del derecho en un grado mayor que en las medidas cautelares ordinarias.

2) Se advierta en el caso una urgencia impostergable tal que si la medida anticipatoria no se adoptare en ese momento, la suerte de los derechos se frustraría.

3) Se efectivice contracautela suficiente.

4) La anticipación no produzca efectos irreparables en la sentencia definitiva.

La decisión no configurará prejuzgamiento.

Solicitada la tutela el Juez o Tribunal designará audiencia con carácter urgente, a la que serán citadas las partes interesadas. Concluida la misma y sin otra sustanciación, resolverá.

El juicio seguirá hasta su finalización. Al tiempo de la sentencia o dentro de la secuela del proceso, si cambiaren las condiciones, la tutela anticipatoria podrá modificarse o quedar sin efecto.-

CAPÍTULO IV.

RECURSOS.-

(Artículos 238 al 303)

SECCIÓN 1.

REPOSICIÓN.-

(Artículos 238 al 241 BIS)

Artículo 238.- PROCEDENCIA.-

El recurso de reposición procederá únicamente contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable, a fin de que el juez o tribunal que las haya dictado las revoque por contrario imperio.

Artículo 239.- PLAZO Y FORMA.-

El recurso se interpondrá y fundará por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la resolución; pero cuando ésta se dictare en una audiencia, deberá interponerse verbalmente en el mismo acto. Si el recurso fuese manifiestamente inadmisible, el juez o tribunal podrá rechazarlo sin ningún otro trámite.

Artículo 240.- TRÁMITE.-

El juez dictará resolución, previo traslado al solicitante de la providencia recurrida, quien deberá contestarlo dentro del plazo de tres (3) días si el recurso se hubiese interpuesto por escrito, y en el mismo acto si lo hubiese sido en una audiencia.

La reposición de providencias dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, será resuelta sin sustanciación. Cuando la resolución dependiere de hechos controvertidos, el juez podrá imprimir al recurso de reposición el trámite de los incidentes.-

Artículo 241.- RESOLUCIÓN.-

La resolución que recaiga hará ejecutoria, a menos que:

1. El recurso fuese acompañado del de apelación subsidiaria y la providencia impugnada reuniere las condiciones establecidas en el artículo siguiente para que sea apelable.

2. Hiciera lugar a la revocatoria, en cuyo caso podrá apelar la parte contraria, si correspondiere.-

Artículo 241 Bis: REPOSICIÓN IN EXTREMIS:

Procedencia. Será procedente el Recurso de Reposición in extremis, cuando el Juez o Tribunal recurrido haya incurrido en situaciones serias e inequívocas de error esencial, material, evidente y grosero.

Admisibilidad: El Recurso de reposición «in extremis» es de aplicación restrictiva y procede respecto de toda clase de resoluciones. Si fuere manifiestamente inadmisible, el Juez o Tribunal podrá rechazarlo sin ningún otro trámite.

Plazo y Forma: El recurso se interpondrá y fundará por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la resolución que se recurre.

Efectos de la deducción de este recurso: los plazos para interponer otros recursos, comenzará a correr al día siguiente al de la notificación de la resolución que recaiga sobre la revocatoria «in extremis».

Trámite: El Juez dictará resolución, sin dar traslado a las partes.

Solamente en aquellos casos en el que el Juez o el Tribunal lo considera absolutamente indispensable, previo a resolver el recurso, se podrá imprimir al mismo el trámite de los incidentes.

Costas: Las costas se distribuirán en el orden causado, cuando fuere procedente, atento que el origen del recurso es un yerro de la jurisdicción. Declarado improcedente se impondrá al recurrente.

SECCIÓN 2.

APELACIÓN.-

(Artículos 242 al 253)

Artículo 242.- PROCEDENCIA.-

El recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procederá solamente respecto de:

1. Las sentencias definitivas.

2. Las sentencias interlocutorias.

3. Las providencias simples que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva.

Artículo 243.- FORMAS Y EFECTOS.-

El recurso de apelación será concedido libremente o en relación; y en uno u otro caso, en efecto suspensivo o devolutivo.

El recurso contra la sentencia definitiva en el juicio ordinario y en el sumario será concedido libremente. En los demás casos, sólo en relación.

Procederá siempre en efecto suspensivo, a menos que la ley disponga que lo sea en el devolutivo.

Los recursos concedidos en relación lo serán, asimismo, en efecto diferido, cuando la ley así lo disponga.

Artículo 244.- PLAZO.-

No habiendo disposiciones en contrario, el plazo para apelar será de cinco (5) días. Toda regulación de honorarios será apelable. El recurso de apelación deberá interponerse y podrá fundarse dentro de los cinco días de la notificación.-

Artículo 245.- FORMA DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO.-

El recurso de apelación se interpondrá por escrito o verbalmente. En este último caso se hará constar por diligencia que el secretario o el oficial primero asentará en el expediente. El apelante deberá limitarse a la mera interposición del recurso y si esta regla fuere infringida se mandará devolver el escrito, previa anotación que el secretario o el oficial primero pondrá en el expediente, con indicación de la fecha de interposición del recurso y del domicilio que se hubiese constituido, en su caso.

Artículo 246.- APELACIÓN EN RELACIÓN.-

Cuando procediere la apelación en relación sin efecto diferido, el apelante deberá fundar el recurso dentro de los cinco (5) días de notificada la providencia que lo acuerde. Del escrito que presente se dará traslado a la otra parte por el mismo plazo. Si el apelante no presentare memorial, el juez de primera instancia declarará desierto el recurso. Si cualquiera de las partes pretendiese que el recurso ha debido otorgarse libremente, podrá solicitar, dentro de tres (3) días, que el juez rectifique el error. Igual pedido podrán las partes formular si pretendiesen que el recurso concedido libremente ha debido otorgarse en relación. Estas normas regirán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 276.

Artículo 247.- EFECTO DIFERIDO.-

La apelación en efecto diferido se fundará, en los juicios ordinario y sumario, en la oportunidad del artículo 260, y en los procesos de ejecución juntamente con la interposición del recurso contra la sentencia.

En el primer caso la cámara lo resolverá con anterioridad a la sentencia definitiva.

Artículo 248.- APELACIÓN SUBSIDIARIA.-

Cuando el recurso de apelación se hubiese interpuesto subsidiariamente con el de reposición, no se admitirá ningún escrito para fundar la apelación.

Artículo 249.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO.-

Cuando el tribunal que haya de conocer del recurso tuviere su asiento en distinta localidad, y aquél procediere libremente, en el escrito o diligencia a que se refiere el artículo 245 el apelante, y el apelado dentro de quinto día de concedido el recurso, deberán constituir domicilio en dicha localidad.

Si el recurso procediere en relación, las partes deberán constituir domicilio en los escritos mencionados en el artículo 246. En ambos casos, la parte que no hubiese cumplido el requisito impuesto por este artículo quedará notificada por ministerio de la ley.

Artículo 250.- EFECTO DEVOLUTIVO.-

Si procediere el recurso en efecto devolutivo, se observarán las siguientes reglas:

1. Si la sentencia fuere definitiva, se remitirá el expediente a la cámara y quedará en el juzgado copia de lo pertinente, la que deberá ser presentada por el apelante. La providencia que conceda el recurso señalará las piezas que han de copiarse.

2. Si la sentencia fuere interlocutoria, el apelante presentará copia de lo que señale del expediente y de lo que el juez estimare necesario. Igual derecho asistirá al apelado. Dichas copias y los memoriales serán remitidos a la cámara, salvo que el juez considerare más expeditivo retenerlos para la prosecución del juicio y remitir el expediente original.

3. Se declarará desierto el recurso si dentro del quinto día de concedido, el apelante no presentare las copias que se indican en este artículo, y que estuvieren a su cargo. Si no lo hiciere el apelado, se prescindirá de ellas.

Artículo 251.- REMISIÓN DEL EXPEDIENTE O ACTUACIÓN.-

En los casos de los artículos 245 y 250, el expediente o las actuaciones se remitirán a la cámara dentro de quinto día de concedido el recurso o de formada la pieza separada, en su caso, mediante constancia y bajo la responsabilidad del oficial primero. En el caso del artículo 246 dicho plazo se contará desde la contestación del traslado, o desde que venció el plazo para hacerlo.

Si la cámara tuviese su asiento en distinta localidad, la remisión se efectuará por correo y dentro del mismo plazo, contado desde la presentación del apelado constituyendo domicilio o contestando el traslado, o desde que venció el plazo para cumplir tales actos.

La remisión por correo se hará a costa del recurrente.

Artículo 252.- PAGO DEL IMPUESTO.-

La falta de pago del impuesto o sellado de justicia no impedirá en ningún caso la concesión del recurso ni la prosecución de su trámite, debiendo seguirse para su cobro el procedimiento previsto por el Código Tributario Provincial.

Artículo 253.- NULIDAD.-

El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de sentencia. Fallada por ésta causa la nulidad de la sentencia el tribunal de alzada resolverá también sobre el fondo del litigio.-

Artículo 253 BIS:

En el proceso de declaración de demencia, si la sentencia que la decreta no fuera apelada se elevará en consulta. La cámara resolverá previa vista al Defensor de Menores e Incapaces y sin otra sustanciación.-

SECCIÓN 3.

RECURSO EXTRAORDINARIO POR SALTO DE INSTANCIA.-

(Artículos 254 al 255)

Artículo 254.-

Procederá el recurso extraordinario por salto de instancia ante el Superior Tribunal prescindiendo del recaudo del tribunal superior, en aquellas causas de competencia provincial en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria, y que el recurso constituya el único remedio eficaz para la protección del derecho comprometido, a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior.-

Existirá gravedad institucional en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales por ella incorporados y por la Constitución de la Provincia.-

El Superior Tribunal habilitará la instancia con alcances restringidos y de marcada excepcionalidad.-

Sólo serán susceptibles del recurso extraordinario por salto de instancia las sentencias definitivas de primera instancia, las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos y aquellas dictadas a título de medidas cautelares.-

No procederá el recurso en causas de materia penal.-

Artículo 255.- FORMA, PLAZO, TRÁMITE Y EFECTOS.-

El recurso extraordinario por salto de instancia deberá interponerse directamente ante el Superior Tribunal mediante escrito fundado y autónomo, dentro de los cinco (5) días de notificada la resolución impugnada, con tantas copias simples como partes interesadas intervengan en el proceso, siendo de aplicación el art. 120 de este Código.-

El Superior Tribunal podrá rechazar el recurso sin más trámite si no se observaren prima facie los requisitos para su procedencia, en cuyo caso proseguirá la causa según su estado y por el procedimiento que corresponda.-

El auto por el cual el Superior Tribunal declare la admisibilidad del recurso tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida.-

Si se admitiere el recurso por salto de instancia por su procedencia formal, del escrito mediante el que se lo interpuso se dará traslado a las partes interesadas por el plazo de cinco (5) días, notificándolas personalmente o por cédula.-

Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo y previa vista al Sr. Procurador General, el Superior Tribunal decidirá sobre la procedencia sustancial del recurso.-

Si lo estimare necesario para mejor proveer, podrá requerir al Tribunal contra cuya resolución se haya deducido el mismo, la remisión del expediente en forma urgente.-

La interposición de este recurso por salto de instancia, no suspende los plazos para interponer los recursos ordinarios.-

Contra la sentencia definitiva del Superior Tribunal, sólo podrá recurrirse en la forma prevista en el art. 14 y concordantes de la ley Nacional N° 48.-

SECCIÓN 4.

Apelación extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-

(Artículos 256 al 258)

Artículo 256.- PROCEDENCIA.-

El recurso extraordinario de apelación ante la Suprema Corte de la Nación procederá en los supuestos previstos por el artículo 14 de la ley 48.

Artículo 257.- PLAZO Y FORMA.-

El recurso extraordinario deberá interponerse por escrito ante el juez, tribunal u organismo administrativo que dictó la resolución que lo motiva, dentro del plazo de diez (10) días contados desde la notificación. El escrito de interposición deberá fundarse en los términos prescriptos en el art. 15 de la Ley 48.-

Artículo 258.- APLICABILIDAD DE OTRAS NORMAS.-

Regirán respecto de este recurso, las prescripciones contenidas en los arts. 249, 251 y 252.-

SECCIÓN 5.

Procedimiento ordinario en segunda instancia.-

(Artículos 259 al 279)

Artículo 259.- TRÁMITE PREVIO. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS.-

Cuando el recurso se hubiese concedido respecto de sentencia definitiva dictada en proceso ordinario o sumario, en el día en que el expediente llegue a la cámara, el secretario dará cuenta y se ordenará que sea puesto en la oficina. Esta providencia se notificará a las partes personalmente, o por cédula. El apelante deberá expresar agravios dentro del plazo de diez (10) días o de cinco (5) días, según se tratase de juicio ordinario o sumario.

Artículo 260.- FUNDAMENTO DE LAS APELACIONES DIFERIDAS, ACTUALIZACIÓN DE CUESTIONES Y PEDIDO DE APERTURA A PRUEBA.-

Dentro de quinto día de notificada la providencia a que se refiere el artículo anterior y en un solo escrito, las partes deberán:

1. Fundar los recursos que se hubiesen concedido en efecto diferido. Si no lo hicieren, quedarán firmes las respectivas resoluciones.

2. Indicar las medidas probatorias denegadas en primera instancia o respecto de las cuales hubiese mediado declaración de negligencia, que tengan interés en replantear en los términos de los artículos 379 y 385 in fine. La petición será fundada, y resuelta sin sustanciación alguna.

3. Presentar los documentos de que intenten valerse, de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia de primera instancia, o anteriores, si afirmaren no haber tenido antes conocimiento de ellos.

4. Exigir confesión judicial a la parte contraria sobre hechos que no hubiesen sido objeto de esa prueba en la instancia anterior.

5. Pedir que se abra la causa a prueba cuando:

a) se alegare un hecho nuevo posterior a la oportunidad prevista en el artículo 365, o se tratare del caso a que se refiere el segundo párrafo del artículo 366;

b) se hubiese formulado el pedido a que se refiere el inciso 2 de este artículo.

Artículo 261.- TRASLADO.-

De las presentaciones y peticiones a que se refieren los incisos 1, 3 y 5 a), del artículo anterior, se correrá traslado a la parte contraria, quien deberá contestarlo dentro de quinto día.-

Artículo 262.- PRUEBA Y ALEGATOS.-

Las pruebas que deben producirse ante la cámara se regirán, en cuanto fuere compatible, por las disposiciones establecidas para la primera instancia. Para alegar sobre su mérito, las partes no podrán retirar el expediente. El plazo para presentar el alegato será seis (6) días.

Artículo 263.- PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA.-

Los miembros del tribunal asistirán a todos los actos de prueba, siempre que así lo hubiese solicitado oportunamente alguna de las partes en los términos del artículo 34, inciso 1. En ellos llevará la palabra el presidente. Los demás jueces, con su autorización, podrán preguntar lo que estimaren oportuno.

Artículo 264.- INFORME «IN VOCE».-

Si se pretendiere producir prueba en segunda instancia, dentro de quinto día de notificada la providencia a que se refiere el artículo 259, las partes manifestarán si van a informar in voce. Si no hicieren esa manifestación o no informaren, se resolverá sin dichos informes.

Artículo 265.- CONTENIDO DE LA EXPRESIÓN DE AGRAVIOS. TRASLADO.-

El escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores. De dicho escrito se dará traslado por diez (10) o cinco (5) días al apelado, según se trate de juicio ordinario o sumario.

Artículo 266.- DESERCIÓN DEL RECURSO.-

Si el apelante no expresare agravios dentro del plazo o no lo hiciere en la forma prescripta en el artículo anterior, el tribunal declarará desierto el recurso señalando, en su caso, cuáles son las motivaciones esenciales del pronunciamiento recurrido que no han sido eficazmente rebatidas. Declarada la deserción del recurso la sentencia quedará firme para el recurrente.-

Artículo 267.- FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE AGRAVIOS.-

Si el apelado no contestase el escrito de expresión de agravios dentro del plazo fijado en el artículo 265, no podrá hacerlo en adelante y la instancia seguirá su curso.

Artículo 268.- LLAMAMIENTO DE AUTOS. SORTEO DE LA CAUSA.-

Con la expresión de agravios y su contestación, o vencido el plazo para la presentación de ésta y, en su caso, sustanciadas y resueltas las cuestiones a que se refieren los artículos 260 y siguientes, se llamará autos y, consentida esta providencia, el expediente pasará al acuerdo sin más trámite. El orden para el estudio y votación de las causas será determinado por sorteo, el que se realizará en el término establecido por el art. 34 inc. 3) c).

Artículo 269.- LIBRO DE SORTEOS.-

La secretaría llevará un (1) libro que podrá ser examinado por las partes, sus mandatarios o abogados, en el cual se hará constar la fecha del sorteo de las causas, la de remisión de los expedientes a los jueces y la de su devolución.

Artículo 270.- ESTUDIO DEL EXPEDIENTE.-

Los miembros de la Cámara se instruirán cada uno personalmente de los expedientes antes de celebrar los acuerdos para pronunciar sentencia.-

Artículo 271.- ACUERDO.-

El acuerdo se realizará con la presencia de todos los miembros del tribunal y del secretario. La votación se hará en el orden en que los jueces hubiesen sido sorteados. Cada miembro fundará su voto o adherirá al de otro. La sentencia se dictará por mayoría, y en ella se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios.

Artículo 272.- SENTENCIA.-

Concluido el acuerdo de inmediato se dictará la correspondiente sentencia, debiendo firmarse ambos por los miembros del tribunal y autorizados por el secretario. El original se agregará al expediente y una copia del acuerdo y sentencia se reservará en secretaría para incorporarse a la encuadernación mencionada en el art. 160. En caso de vacancia, ausencia u otro impedimento, del que debe haber en todos los casos constancia formal en los autos la decisión podrá ser dictada por el voto de los restantes, siempre que constituyeran la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara y que concordaran en la resolución del juicio. Podrá pedirse aclaratoria en el plazo de cinco (5) días.

Artículo 273.- PROVIDENCIAS DE TRÁMITE.-

Las providencias simples serán dictadas por el presidente. Si se pidiere revocatoria, decidirá el tribunal sin lugar a recurso alguno.

Artículo 274.- PROCESOS SUMARIOS.-

Cuando el recurso se hubiese concedido respecto de sentencia definitiva dictada en proceso sumario, se aplicarán las reglas establecidas precedentemente, con excepción de lo dispuesto en el artículo 260, inciso 4.

Artículo 275.- APELACIÓN EN RELACIÓN.-

Si el recurso se hubiese concedido en relación, recibido el expediente con sus memoriales, la cámara dictará la providencia de autos. No se admitirá la apertura a prueba ni la alegación de hechos nuevos.

Cuando la apelación se concediere en efecto diferido, se procederá en la forma establecida en el artículo 260, inciso 1.-

Artículo 276.- EXAMEN DE LA FORMA DE CONCESIÓN DEL RECURSO.-

Si la apelación se hubiese concedido libremente, debiendo serlo en relación, el tribunal de oficio o a petición de parte hecha dentro de tercero día, así lo declarará, mandando poner el expediente en secretaría para la presentación de memoriales en los términos del artículo 246. Si el recurso se hubiese concedido en relación, debiendo serlo libremente, la Cámara dispondrá el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 260.

Artículo 277.- PODERES DEL TRIBUNAL.-

El tribunal no podrá fallar sobre Capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia. No obstante, deberá resolver sobre los intereses y daños y perjuicios, u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia.

Artículo 278.- OMISIONES DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.-

El tribunal podrá decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiese pedido aclaratoria, siempre que se solicitare el respectivo pronunciamiento al expresar agravios.

Artículo 279.- COSTAS Y HONORARIOS.-

Cuando la sentencia o resolución fuere revocatoria o modificatoria de la de primera instancia, el tribunal adecuará las costas y el monto de los honorarios al contenido de su pronunciamiento, aunque no hubiesen sido materia de apelación.

SECCIÓN 6

Sentencia del Superior Tribunal.-

(Artículos 280 al 281)

Artículo 280.- FORMA:

Las sentencias del Superior Tribunal se pronunciarán en la forma indicada en el art. 160 para la segunda instancia.

Artículo 281.- UNIFORMIDAD Y OBLIGATORIEDAD DE LA JURISPRUDENCIA.-

La doctrina del Superior Tribunal -fijada al resolver recursos de casación- será obligatoria para el mismo, las cámaras de apelaciones y jueces, mientras el propio tribunal no la modificare y no exista interpretación distinta de la Corte Suprema Nacional, tratándose de materia de competencia de ésta.

SECCION 7

RECURSO EXTRAORDINARIO ANTE EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.-

Artículo 281 bis.- El recurso extraordinario de apelación por inconstitucionalidad por ante el Superior Tribunal de Justicia procederá contra las sentencias definitivas pronunciadas por las Cámaras Apelaciones de la Provincia en los supuestos previstos por el art. 213, inc. 1 de la Constitución de la Provincia, siendo de aplicación las normas de los arts. 14, 15 y 16 de la ley nacional N° 48.-

Artículo 281 ter.- El recurso extraordinario deberá ser interpuesto por escrito y debidamente fundado, ante el tribunal u organismo administrativo que dictó la resolución que lo motiva, dentro del plazo de diez días contados a partir de la notificación.-

De la presentación en que se deduzca el recurso se dará traslado por diez días a las partes interesadas, notificándolas personalmente o por cédula. Contestado el traslado, o vencido el plazo para hacerlo, la Cámara o el organismo respectivo decidirá sobre la admisibilidad del recurso en cuánto a su procedencia extrínseca. Si lo concediere, previa notificación personal o por cédula de la decisión, deberá remitir las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia dentro de los cinco días contados desde la última notificación.

Si la causa hubiere tramitado fuera de la ciudad de San Luis, la remisión se efectuará a costa del recurrente.-

La parte que no hubiere constituido domicilio en la ciudad de San Luis quedará notificada de las providencias del Superior Tribunal por ministerio de la ley.-

Regirá respecto de este recurso, lo dispuesto en el artículo 252 de este código.-

EJECUCIÓN DE SENTENCIA.-

Artículo 281 quater.- Si la sentencia de la Cámara fuese confirmatoria de la dictada en primera instancia, concedido el recurso, el apelado podrá solicitar la ejecución de aquella, dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuera revocado por el Superior Tribunal.-

Dicha fianza será calificada y fijada por la cámara que hubiese concedido el recurso y quedará cancelada si el Superior Tribunal lo declarase improcedente o confirmase la sentencia recurrida. El fisco provincial está exento de rendir la fianza a que se refiere esta disposición.-

SECCIÓN 8.

QUEJA POR RECURSO DENEGADO.-

Artículo 282.- DENEGACIÓN DE LA APELACIÓN.-

Si el juez denegare la apelación, la parte que se considere agraviada podrá recurrir directamente en queja ante la cámara, pidiendo fundadamente que se le

otorgue el recurso denegado y se ordene la remisión del expediente. El plazo para interponer la queja será de cinco días.-

Artículo 283.- REQUISITOS:

Son requisitos de admisibilidad de la queja:

1) Acompañar copia simple suscripta por el letrado del recurrente:

a) Del escrito que dió lugar a la resolución recurrida y de los correspondientes a la sustanciación, si ésta hubiere tenido lugar;

b) De la resolución recurrida;

c) Del escrito de interposición del recurso y, en su caso, de la del recurso de revocatoria si la apelación hubiese sido interpuesta en forma subsidiaria;

d) De la providencia que denegó la apelación.

2) Indicar la fecha en que:

a) Quedó notificada la resolución recurrida;

b) Se interpuso la apelación;

c) Quedó notificada la denegatoria del recurso.

La Cámara podrá requerir copia de otras piezas que considere necesarias y si a su juicio fuere indispensable, la remisión del expediente, debiendo quedar en

el Juzgado fotocopias certificadas para la continuación del trámite hasta tanto exista pronunciamiento de la Cámara.-

Regirá respecto de este recurso, lo dispuesto en el artículo 252 de este código.-

Presentada la queja en forma la cámara decidirá, sin sustanciación alguna, si el recurso ha sido bien o mal denegado; en este último caso, dispondrá que se

tramite.-

Mientras la cámara no conceda la apelación no se suspenderá el curso del proceso.-

Artículo 284.- OBJECIÓN SOBRE EL EFECTO DEL RECURSO.-

Las mismas reglas se observarán cuando se cuestionase el efecto con que se hubiese concedido el recurso de apelación.

Artículo 285.- QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSOS ANTE EL SUPERIOR TRIBUNAL.-

Cuando se dedujere queja por denegación de recursos ante el Superior Tribunal, la presentación, debidamente fundada, deberá adecuarse a las previsiones de

los arts. 282 y 283 precedentes.-

El Superior Tribunal podrá desestimar la queja sin más trámite, por falta de agravio constitucional suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren

insustanciales o carentes de trascendencia.-

Regirá respecto de este recurso, lo dispuesto en el artículo 252 de este código.-

Mientras el Superior Tribunal no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del proceso.

SECCIÓN 9.

RECURSO DE CASACIÓN

Artículo 286.- El conocimiento del recurso de casación corresponde exclusivamente al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.

Procederá contra sentencias definitivas o equiparables en las Cámaras de Apelaciones.

No procederá en los juicios sumarios, sumarísimos, de ejecución o procedimientos especiales cuando la sentencia recaída pueda ser objeto de revisión por

juicio ordinario.-

Artículo 287.- El recurso deberá fundarse:

a) Cuando se hubiere aplicado una ley o una norma que no correspondiere o hubiere dejado de aplicarse la que correspondiere;

b) Cuando se hubiere interpretado erróneamente una norma legal.-

c) Cuando se persiga la unificación de la jurisprudencia contradictoria de las Cámaras de Apelaciones

Artículo 288.- No podrá fundarse en violaciones a normas procesales.-

Artículo 289.- Deberá interponerse ante la Cámara de Apelaciones de cuya resolución o sentencia se recurre, dentro del tercer día de notificada esta,

constituyendo domicilio para ante el Superior Tribunal, y deberá fundamentarse dentro de los diez días de dicha notificación.-

Artículo 290.- Al interponerse el recurso deberá acompañar el recurrente boleta de depósito por ante el Agente Financiero del Estado o el Banco que indique

el Superior Tribunal por un importe equivalente al treinta por ciento de un sueldo de un Jefe de Despacho a la orden del Superior Tribunal y lo perderá en

favor del financiamiento del Poder Judicial en caso de ser rechazado el recurso.- Queda eximido del depósito el empleado o trabajador, y quiénes hubieren

obtenido el beneficio de litigar sin gastos, los que no deberán efectivizar el depósito establecido en el presente artículo.-

Se tendrá por no interpuesto el recurso y se devolverá al presentante, sin más trámite ni recurso, si dentro de los dos días siguientes a los de la

notificación, por ministerio de la ley, de la providencia que exige el cumplimiento del requisito, no fuere suplida la omisión.-

Regirá respecto de este recurso, lo dispuesto en el artículo 252 de este código.-

Artículo 291.- En el escrito de fundamentación se expresará claramente la circunstancia por la que se recurre, conforme el Artículo 287, a criterio del

recurrente, debiendo resultar de sus propias manifestaciones la procedencia del recurso.-

Artículo 292.- En el presente recurso no se admitirá el ofrecimiento ni la producción de ningún tipo de prueba.-

Artículo 293.- Presentada en término la fundamentación, la Cámara dará traslado por diez días a la contraparte con la intimación de que dentro del mismo

plazo constituya domicilio legal para ante el Superior Tribunal. Si este recurso fuere interpuesto o fundado extemporáneamente la Cámara lo declarará

desierto.-

Artículo 294.- Vencido el término o contestado el traslado, la Cámara elevará sin más trámite ni resolución alguna, todo lo actuado, dentro de las cuarenta y

ocho horas.-

Artículo 295.- La interposición del recurso suspende la ejecución de la sentencia.-

Artículo 296.- En caso de que se recurra de sentencia confirmatoria podrá la parte recurrida pedir la ejecución de la sentencia ofreciendo fianza suficiente

a satisfacción de la Cámara apelada, la que en caso de aceptarla mandará sacar testimonio de las piezas pertinentes del expediente remitiéndolas a primera

instancia a los fines de la ejecución de la sentencia.-

Artículo 297.- El pedido a que se refiere el artículo anterior deberá presentarse dentro de los cinco días de ocurrido el traslado de que habla el Art. 293

de la presente ley, y deberá ser resuelto dentro de los cinco días siguientes por la Cámara apelada.-

Artículo 298.- Recibido el expediente en el Superior Tribunal, el Presidente correrá vista del mismo por diez días al Procurador General.-

Artículo 299.- Expedido el Procurador General, el Tribunal fijará fecha para el acuerdo dentro de los noventa días subsiguientes.-

Artículo 300.- Efectuado el acuerdo se pronunciará sentencia inmediatamente, de completa conformidad al voto de la mayoría, debiendo cada miembro fundar

separadamente su voto.-

Artículo 301.- Las cuestiones a analizar en la sentencia serán:

a) Procedencia formal del recurso.

b) Existencia en la sentencia o resolución recurrida de algunas de las cuales enumeradas en el Art. 287.

c) Caso afirmativo a la anterior cuestión, cuál es la ley a aplicarse o la interpretación que deba hacerse de la Ley en el caso en estudio.

d) Que resolución corresponde dar al caso en estudio.

Artículo 302.-

El Superior Tribunal deberá organizar mediante acordada la forma en que se harán públicas sus resoluciones, cuidando que esa publicidad sea efectiva para

litigantes y miembros del Poder Judicial.-

Artículo 303.- ÁMBITO DE APLICACIÓN:

El presente recurso será aplicable en materia Civil, Comercial, Familia, Minas y Laboral.-

TÍTULO V

MODOS ANORMALES DE TERMINACIÓN DEL PROCESO

(Artículos 304 al 318)

CAPÍTULO I

DESISTIMIENTO.-

(Artículos 304 al 306)

Artículo 304.- DESISTIMIENTO DEL PROCESO.-

En cualquier estado de la causa anterior a la sentencia, las partes, de común acuerdo, podrán desistir del proceso manifestándolo por escrito al juez quien,

sin más trámite, lo declarará extinguido y ordenará el archivo de las actuaciones. Cuando el actor desistiera del proceso después de notificada la demanda,

deberá requerirse la conformidad del demandado, a quien se dará traslado notificándosele personalmente o por cédula, bajo apercibimiento de tenerlo por

conforme en caso de silencio. Si mediare oposición, el desistimiento carecerá de eficacia y proseguirá el trámite de la causa.

Artículo 305.- DESISTIMIENTO DEL DERECHO.-

En la misma oportunidad y forma a que se refiere el artículo anterior, el actor podrá desistir del derecho en que fundó la acción.

No se requerirá la conformidad del demandado, debiendo el juez limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio, y a dar por

terminado el juicio en caso afirmativo. En lo sucesivo no podrá promoverse otro proceso por el mismo objeto y causa.

Artículo 306.- REVOCACIÓN.-

El desistimiento no se presume y podrá revocarse hasta tanto el juez se pronuncie, o surja del expediente la conformidad de la contraria.

CAPÍTULO II

ALLANAMIENTO.

(Artículo 307)

Artículo 307.- OPORTUNIDAD Y EFECTOS.-

El demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia. El juez dictará sentencia conforme a derecho, pero si

estuviere comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de efectos y continuará el proceso según su estado. Cuando el allanamiento fuere simultáneo

con el cumplimiento de la prestación reclamada, la resolución que lo admita será dictada en la forma prescripta en el artículo 161.

CAPÍTULO III

TRANSACCIÓN.-

(Artículo 308)

Artículo 308.- FORMA Y TRÁMITE.-

Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio, con la presentación del convenio o suscripción de acta ante el juez. Este se limitará a

examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción, y la homologará o no. En este último caso, continuarán los

procedimientos del juicio.

CAPÍTULO IV

CONCILIACIÓN.

(Artículo 309)

Artículo 309.- EFECTOS.-

Los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el juez y homologados por éste, tendrán autoridad de cosa juzgada. Se procederá a su cumplimiento

en la forma establecida para el trámite de ejecución de sentencia.

CAPÍTULO V

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA.

(Artículos 310 al 318)

Artículo 310.- PLAZOS.-

Se producirá la caducidad de la instancia cuando no se instare su curso dentro de los siguientes plazos:

1. De seis (6) meses, en primera o única instancia.

2. De tres (3) meses, en segunda o tercera instancia y en cualquiera de las instancias en el juicio sumario o sumarísimos, en el juicio ejecutivo, en las

ejecuciones especiales y en los incidentes.

3. En el que se opere la prescripción de la acción, si fuere menor a los indicados precedentemente.

4. De un mes, en el incidente de caducidad de instancia.-

La instancia se abre con la promoción de la demanda o incidente aunque no hubiere sido notificada la resolución que dispone su traslado.-

Artículo 311.- CÓMPUTO.-

Los plazos señalados en el artículo anterior se computarán desde la fecha de la última petición de las partes, o resolución o actuación del tribunal, que

tuviese por efecto impulsar el procedimiento. Correrán durante los días inhábiles salvo los que correspondan a las ferias judiciales.-

Para el cómputo de los plazos se descontará el tiempo en que el proceso hubiere estado paralizado o suspendido por disposición de la ley, por acuerdo de las

partes o por disposición del juez, siempre que la reanudación del trámite no quedare supeditada a actos procesales que deba cumplir la parte a quién incumbe

impulsar el proceso.-

Artículo 312.- LITISCONSORCIO.-

El impulso del procedimiento por uno (1) de los litisconsortes beneficiará a los restantes

Artículo 313.- IMPROCEDENCIA.-

No se producirá la caducidad:

1. En los procedimientos de ejecución de sentencia, salvo si se tratare de incidentes que no guardaren relación estricta con la ejecución procesal forzada

propiamente dicha.-.

2. En los procesos sucesorios, de concursos, y en general, en los voluntarios, salvo los incidentes y juicios incidentales que en ellos se suscitaren.-

3. Cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere imputable al tribunal o ministerio público, o la prosecución

del trámite dependiere de una actividad que este Código o las reglamentaciones de superintendencia imponen al secretario.-

4. Si se hubiere llamado autos para sentencia, salvo si se dispusiere prueba de oficio, cuando su producción dependiere de la actividad de las partes, la

carga de impulsar el procedimiento existirá desde el momento en que éstas tomaren conocimiento de las medidas ordenadas.-

Artículo 314.- CONTRA QUIENES SE OPERA.-

La caducidad se operará también contra el Estado, los establecimientos públicos, los menores y cualquier otra persona que no tuviere la libre administración

de sus bienes, sin perjuicio de la responsabilidad de sus administradores y representantes. Estas disposiciones no se aplicará a los incapaces o ausentes que

carecieren de representación legal en el juicio.

Artículo 315.- QUIENES PUEDEN PEDIR LA DECLARACIÓN. OPORTUNIDAD.-

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, la declaración de caducidad podrá ser pedida en primera instancia, por el demandado; en los

incidentes, por el contrario de quien lo hubiere promovido; en los recursos, por la parte recurrida. La petición deberá formularse antes de consentir el

solicitante cualquier actuación del tribunal posterior al vencimiento del plazo legal, y se sustanciará únicamente con un traslado a la parte contraria. El

pedido de caducidad de la segunda instancia importa el desistimiento del recurso interpuesto por el peticionario, solo en el caso de que aquél prosperare.

Artículo 316.- MODO DE OPERARSE.-

La caducidad será declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos señalados en el artículo 310, pero antes de que

cualquiera de las partes impulsare el procedimiento.

Artículo 317.- RESOLUCIÓN.-

La resolución sobre la caducidad sólo será apelable cuando ésta fuere declarada procedente. En segunda o ulterior instancia, la resolución sólo será

susceptible de reposición si hubiese sido dictada de oficio.

Artículo 318.- EFECTOS DE LA CADUCIDAD.-

La caducidad operada en primera o única instancia no extingue la acción, la que podrá ejercitarse en un nuevo juicio, ni perjudica las pruebas producidas,

las que podrán hacerse valer en aquél. La caducidad operada en instancias ulteriores acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida. La caducidad

de la instancia principal comprende la reconvención y los incidentes; pero la de éstos no afecta la instancia principal. Las costas de los procedimientos

caducos, y del incidente, si este prospera, se impondrán al litigante sobre quien recaía primordialmente la carga de instar el procedimiento.

PARTE ESPECIAL

(Artículos 319 al 784)

LIBRO SEGUNDO

PROCESOS DE CONOCIMIENTO

(Artículos 319 al 498)

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

(Artículos 319 al 329)

CAPÍTULO I

CLASES

(Artículos 319 al 322)

Artículo 319.- PRINCIPIO GENERAL.-

Todas las contiendas judiciales que no tuvieren señalada una tramitación especial, serán ventiladas en juicio ordinario, salvo cuando este Código autoriza al

juez a determinar la clase de proceso aplicable.

Artículo 320.- JUICIO SUMARIO.-

Tramitarán por juicio sumario:

1. Los procesos de conocimiento que sean de competencia de la justicia de paz y los que a pesar de ser competencia de ella tramiten ante otros tribunales en

razón del fuero de atracción.

2. Los procesos de conocimiento que excedan de la competencia mencionada en el inciso anterior, hasta la suma de un sueldo de un Juez de Primera Instancia.

3. Cualquiera sea su monto, las controversias que versen sobre:

a) Pago por consignación;

b) División de condominio;

c) Cuestiones entre copropietarios surgidas de la administración, y las demandas que se promovieren por aplicación de la ley de propiedad horizontal, salvo

que las leyes especiales establecieren otra clase de procedimiento.

d) Cobro de crédito por alquileres de bienes muebles;

e) Cobro de medianería;

f) Obligación de otorgar escritura pública y resolución de contrato de compraventa de inmuebles.

g) Cuestiones relacionadas con restricciones y límites del dominio o sobre condominio de muros y cercos y, en particular, las que se susciten con motivo de

la vecindad urbana o rural;

h) Obligación exigible de dar cantidades de cosas o valores, o de dar cosas muebles ciertas o determinadas;

i) Suspensión del ejercicio de la patria potestad y suspensión y remoción de tutores y curadores;

j) Pedido de fijación del plazo de cumplimiento de la obligación cuando no se hubiere señalado en el acto constitutivo, o si se hubiere autorizado al deudor

para satisfacerla cuando pudiere o tuviere medios para hacerlo siempre que no se tratare de título ejecutivo;

k) Daños y perjuicios derivados de delitos y cuasidelitos; de incumplimiento del contrato de transporte; de accidentes y enfermedades del trabajo;

l) Cancelación de hipoteca o prenda;

m) Restitución de cosa dada en comodato.

4. Los demás casos que la ley establece.-

Artículo 321.- PROCESO SUMARÍSIMO.-

Será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 498.-

1. Cuando se reclamase contra un acto u omisión de un particular que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o

ilegalidad manifiesta algún derecho o garantía explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional y Provincial, siempre que fuere necesaria

la reparación urgente del perjuicio o la cesación inmediata de los efectos del acto y, esta cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de

los procesos establecidos por este Código u otras leyes, que le brinden la tutela inmediata y efectiva a que está destinada esta vía acelerada de protección.

2. Cuando se demandase la protección y defensa de los consumidores o usuarios, a menos que a pedido de parte el Juez por resolución fundada y basado en la

complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado.

3. En los demás casos previstos por este Código u otra ley. Si de conformidad con las pretensiones deducidas por el actor no procediere el trámite del juicio

sumario o sumarísimo, el juez resolverá cuál es la clase de proceso que corresponde. La resolución no será recurrible.

Artículo 322.- ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA.-

Podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa, para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance

o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiere de otro

medio legal para ponerle término inmediatamente. Si el actor pretendiera que la cuestión tramite por las reglas establecidas para el juicio sumario o

sumarísimo, la demanda deberá ajustarse a los términos del artículo 486. El juez resolverá de oficio y como primera providencia, si corresponde el trámite

pretendido por el actor, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida. Esta resolución no será recurrible.

CAPÍTULO II

DILIGENCIAS PRELIMINARES.-

(Artículos 323 al 329)

Artículo 323.- ENUMERACIÓN.-

El proceso de conocimiento podrá prepararse pidiendo el que pretenda demandar, o quien, con fundamento prevea que será demandado:

1. Que la persona contra quien se proponga dirigir la demanda preste declaración jurada, por escrito y dentro del plazo que fije el juez, sobre algún hecho

relativo a su personalidad, sin cuya comprobación no pueda entrarse en juicio.

2. Que se exhiba la cosa mueble que haya de pedirse por acción real, sin perjuicio de su depósito o de la medida precautoria que corresponda.

3. Que se exhiba un testamento cuando el solicitante se crea heredero, coheredero o legatario, si no pudiere obtenerlo sin recurrir a la justicia.

4. Que en caso de evicción, el enajenante o adquirente exhiba los títulos u otros instrumentos referentes a la cosa vendida.

5. Que el socio o comunero o quien tenga en su poder los documentos de la sociedad o comunidad, los presente o exhiba.

6. Que la persona que haya de ser demandada por reivindicación u otra acción que exija conocer el carácter en cuya virtud ocupa la cosa objeto del juicio a

promover, exprese a qué título la tiene.

7. Que se nombre tutor o curador para el juicio de que se trate.

8. Que si el eventual demandado tuviere que ausentarse del país, constituya domicilio dentro de los CINCO (5) días de notificado, bajo apercibimiento de lo

dispuesto en el artículo 41.

9. Que se practique una mensura judicial.

10. Que se cite para el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas.

11.- Que se practique reconocimiento de mercaderías, en los términos del Art. 809.-

Salvo en los casos de los incs. 9, 10 y 11 y del art. 326, no podrán invocarse las diligencias decretadas a pedido de quién pretende demandar, si no se

dedujere la demanda dentro de los treinta días de su realización. Si el reconocimiento a que se refiere el inc. 1 y el art. 324 fuere ficto, el plazo correrá

desde que la resolución que lo declare hubiere quedado firme.-

Artículo 324.- TRÁMITE DE LA DECLARACIÓN JURADA.-

En el caso del inciso 1 del artículo anterior, la providencia se notificará por cédula, con entrega del interrogatorio. Si el requerido no respondiere dentro

del plazo, se tendrán por ciertos los hechos consignados en forma asertiva, sin perjuicio de la prueba en contrario que se produjera una vez iniciado el

juicio.

Artículo 325.- TRÁMITE DE LA EXHIBICIÓN DE COSAS E INSTRUMENTOS.-

La exhibición o presentación de cosas o instrumentos se hará en el tiempo, modo y lugar que determine el juez, atendiendo a las circunstancias. Cuando el

requerido no los tuviere en su poder deberá indicar, si lo conoce, el lugar en que se encuentre o quién los tiene.

Artículo 328.- PRODUCCIÓN DE PRUEBA ANTICIPADA DESPUÉS DE TRABADA LA LITIS.-

Después de trabada la litis, la producción anticipada de prueba sólo tendrá lugar por las razones de urgencia indicadas en el artículo 326, salvo la

atribución conferida al juez por el artículo 36, inciso 2.

Artículo 329.- RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO.-

Cuando sin justa causa el interpelado no cumpliere la orden del juez en el plazo fijado, o diere informaciones falsas o que pudieren inducir a error o

destruyere u ocultare los instrumentos o cosas cuya exhibición o presentación se hubiere requerido, se le aplicará una multa que no podrá ser menor del

veinticinco por ciento del sueldo de un Jefe de Despacho ni mayor de dos sueldos de un Juez de Primera Instancia, sin perjuicio de las demás

responsabilidades en que hubiere incurrido.

La orden de exhibición o presentación de instrumento o cosa mueble, que no fuere cumplida, se hará efectiva mediante secuestro y allanamiento de lugares, si

resultare necesario.

Cuando la diligencia preliminar consistiere en la citación para el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas y el citado no compareciere, se tendrá

por admitida dicha obligación y la cuestión tramitará por el procedimiento de los incidentes. Si comparece y niega que deba rendir cuentas, pero en el

proceso posterior se declarare que la rendición corresponde, el juez, según su prudencial criterio, impondrá al demandado una multa, de hasta la suma

equivalente a dos sueldos de Juez de Primera Instancia, con destino al presupuesto del Poder Judicial de la Provincia.-

Si correspondiere, por la naturaleza de la medida preparatoria y la conducta observada por el requerido, los jueces y tribunales podrán imponer sanciones

conminatorias en los términos del art. 37 de este Código.-

TÍTULO II

PROCESO ORDINARIO.-

(Artículos 330 al 485)

CAPITULO I. DEMANDA.-

(Artículos 330 al 338)

Artículo 330.- FORMA DE LA DEMANDA.-

La demanda será deducida por escrito y contendrá:

1. El nombre y domicilio del demandante.

2. El nombre y domicilio del demandado.

3. La cosa demandada, designándola con toda exactitud.

4. Los hechos en que se funde, explicados claramente.

5. El derecho expuesto sucintamente, evitando repeticiones innecesarias.

6. La petición en términos claros y positivos. La demanda deberá precisar el monto reclamado, salvo cuando al actor no le fuere posible determinarlo al

promoverla, por las circunstancias del caso, o porque la estimación dependiera de elementos aún no definitivamente fijados y la promoción de la demanda fuese

imprescindible para evitar la prescripción de la acción. En estos supuestos, no procederá la excepción de defecto legal.

La sentencia fijará el monto que resulte de las pruebas producidas.

Artículo 331.- TRANSFORMACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA.-

El actor podrá modificar la demanda antes de que ésta sea notificada. Podrá, asimismo, ampliar la cuantía de lo reclamado si antes de la sentencia vencieren

nuevos plazos o cuotas de la misma obligación. Se considerarán comunes a la ampliación los trámites que la hayan precedido y se sustanciará únicamente con un

traslado a la otra parte.

Si la ampliación, expresa o implícitamente, se fundare en hechos nuevos, se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 365.

Artículo 332 (Suprimido)

Artículo 333.- AGREGACIÓN DE LA PRUEBA.-

Con la demanda, reconvención y contestación de ambas, deberá acompañarse la prueba documental que estuviese en poder de las partes y ofrecer todas las demás

pruebas de que las partes intenten valerse. Si la prueba documental no estuviere a disposición, la individualizarán indicando su contenido, el lugar,

archivo, oficina pública y persona en cuyo poder se encuentre.

Si se tratare de prueba documental oportunamente ofrecida, los letrados patrocinantes, una vez interpuesta la demanda, podrán requerir directamente a

entidades privadas, sin necesidad de previa petición judicial, y mediante oficio en el que se transcribirá este artículo, el envío de la pertinente

documentación o de su copia auténtica, la que deberá ser remitida directamente a la secretaría, con trascripción o copia del oficio.

Artículo 333 Bis: En el expediente electrónico, la documental acompañada deberá ser digitalizada y los archivos electrónicos así reproducidos serán firmados

digitalmente por los Secretarios, previo control de su exacta correspondencia con los documentos papel. Hecho lo cual se devolverán estos últimos,

debidamente visados por el Actuario, al presentante; quien los recibirá en calidad de Depositario Judicial con cargo de presentarlo nuevamente, en caso de

que lo requiera el Magistrado competente.-

Artículo 334.- HECHOS NO CONSIDERADOS EN LA DEMANDA O CONTRADEMANDA.-

Cuando en el responde de la demanda o de la reconvención se alegaren hechos no considerados en la demanda o contrademanda, los accionantes o reconvinientes,

según el caso, podrán agregar, dentro de los cinco (5) días de notificada la providencia respectiva, la prueba documental referente a tales hechos, sin otra

sustanciación. En tales casos se dará traslado a la otra parte quien deberá cumplir la carga que prevé el artículo 356, inciso 1.

Artículo 335.- DOCUMENTOS POSTERIORES O DESCONOCIDOS.-

Después de interpuesta la demanda, no se admitirán al actor sino documentos de fecha posterior, o anteriores, bajo juramento o afirmación de no haber antes

tenido conocimiento de ellos.

En tales casos se dará vista a la otra parte, quien deberá cumplir la carga que prevé el artículo 356, inciso 1.

Artículo 336.- DEMANDA Y CONTESTACIÓN CONJUNTAS.-

El demandante y el demandado, de común acuerdo, podrán presentar al juez la demanda y contestación en la forma prevista en los artículos 330 y 356,

ofreciendo la prueba en el mismo escrito.

El juez, sin otro trámite, dictará la providencia de autos si la causa fuere de puro derecho. Si hubiese hechos controvertidos, recibirá la causa a prueba.

Las audiencias que deban tener lugar en los juicios iniciados en la forma mencionada en el párrafo anterior, serán fijadas con carácter preferente.-

Artículo 337.- RECHAZO «IN LIMINE».-

Los jueces podrán rechazar de oficio las demandas que no se ajusten a las reglas establecidas, expresando el defecto que contengan.

Si no resultare claramente de ellas que son de su competencia, mandarán que el actor exprese lo necesario a ese respecto.

Artículo 338.- TRASLADO DE LA DEMANDA.-

Presentada la demanda en la forma prescripta, el juez dará traslado de ella al demandado para que comparezca y la conteste dentro de quince (15) días.

Cuando la parte demandada fuere la Nación, una Provincia o una Municipalidad, será de aplicación el procedimiento previsto por el artículo 793, dándose vista

en este caso al agente fiscal.

CAPÍTULO II

CITACIÓN DEL DEMANDADO

(Artículos 339 al 345)

Artículo 339.- DEMANDADO DOMICILIADO O RESIDENTE EN LA JURISDICCIÓN DEL JUZGADO.

La citación se hará por medio de cédula que se entregará al demandado en su domicilio real, si aquél fuere habido, juntamente con las copias a que se refiere

el artículo 120.

Si no se le encontrare, se le dejará aviso para que espere al día siguiente y si tampoco entonces se le hallare, se procederá según se prescribe en el

artículo 141.

Si el domicilio asignado al demandado por el actor fuere falso, probado el hecho, se anulará todo lo actuado a costa del demandante.

Artículo 340.- DEMANDADO DOMICILIADO O RESIDENTE FUERA DE LA JURISDICCIÓN PROVINCIAL.-

Cuando la persona que ha de ser citada no se domiciliare en la jurisdicción de ésta provincia, la citación se hará por medio de oficio o exhorto a la

autoridad judicial de la localidad en que se halle, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en la ley de trámite uniforme sobre exhortos.

Artículo 341.- PROVINCIA DEMANDADA.-

En las causas en que una provincia sea parte, la citación se hará por oficios dirigidos al gobernador y al fiscal de estado o funcionario que tuviere sus

atribuciones.

Artículo 342.- AMPLIACIÓN Y FIJACIÓN DE PLAZO.-

En los casos del artículo 340, el plazo de la citación se ampliará en la forma prescripta en el artículo 158.

Si el demandado residiese fuera de la República, el juez fijará el plazo en que haya de comparecer atendiendo a las distancias y a la mayor o menor facilidad

de las comunicaciones.

Artículo 343.- DEMANDADO INCIERTO O CON DOMICILIO O RESIDENCIA IGNORADOS.-

La citación a personas inciertas o cuyo domicilio o residencia se ignorare se hará por edictos publicados por dos (2) días en la forma prescripta por los

artículos 145, 146 y 147.

Si vencido el plazo de los edictos no compareciere el citado, se nombrará defensor oficial para que lo represente en el juicio.

El defensor deberá tratar de hacer llegar a conocimiento del interesado la existencia del juicio y, en su caso, recurrir de la sentencia.

Artículo 344.- DEMANDADOS CON DOMICILIOS O RESIDENCIAS EN DIFERENTES JURISDICCIONES.-

Si los demandados fuesen varios y se hallaren en diferentes jurisdicciones, el plazo de la citación solo se considerará vencido a los efectos legales con

respecto a todos, cuando venza para el que se encontrare a mayor distancia.

Artículo 345.- CITACIÓN DEFECTUOSA.-

Si la citación se hiciere en contravención a lo prescripto en los artículos que preceden, será nula y se aplicará lo dispuesto en el artículo 149.-

CAPÍTULO III

EXCEPCIONES PREVIAS

(Artículos 346 al 354)

Artículo 346.- FORMA DE DEDUCIRLAS. PLAZOS Y EFECTOS.-

Las excepciones que se mencionan en el artículo siguiente se opondrán únicamente como de previo y especial pronunciamiento en un solo escrito juntamente con

la contestación de demanda o de la reconvención.-

En los casos en que la obligación de comparecer surgiere con posterioridad al plazo acordado al demandado o reconvenido para contestar, podrá oponerla en su

primera presentación.-

Si se dedujere como excepción, se resolverá como previa si la cuestión fuere de puro derecho.-

La oposición de excepciones no suspende el plazo para contestar la demanda o la reconvención, en su caso, salvo si se tratare de falta de personería, defecto

legal o arraigo.-

Artículo 347.- EXCEPCIONES ADMISIBLES.-

Sólo se admitirán como previas las siguientes excepciones:

1. Incompetencia.

2. Falta de personería en el demandante, en el demandado o sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación

suficiente.

3. Falta de legitimación para obrar en el actor o en el demandado, cuando fuere manifiesta, sin perjuicio, en caso de no concurrir esta última circunstancia,

de que el juez la considere en la sentencia definitiva.

4. Litispendencia.

5. Defecto legal en el modo de proponer la demanda.

6. Cosa juzgada. Para que sea procedente esta excepción, el examen integral de las dos contiendas debe demostrar que se trata del mismo asunto sometido a

decisión judicial, o que por existir continencia, conexidad, accesoriedad o subsidiariedad, la sentencia firme ya ha resuelto lo que constituye la materia o

la pretensión deducida en el nuevo juicio que se promueve.-

7. Transacción, conciliación y desistimiento del derecho.

8. Las defensas temporarias que se consagran en las leyes generales, tales como el beneficio de inventario o el de excusión, o las previstas en los artículos

2486 y 3357 del Código Civil.

La existencia de cosa juzgada o de litispendencia podrá ser declarada de oficio, en cualquier estado de la causa.-

Artículo 348.- ARRAIGO.-

Si el demandante no tuviere domicilio o bienes inmuebles en la Provincia, será también excepción previa la del arraigo por las responsabilidades inherentes a

la demanda.

Artículo 349.- REQUISITO DE ADMISIÓN.-

No se dará curso a las excepciones:

1. Si la de incompetencia lo fuere por razón de distinta nacionalidad y no se acompañare el documento que acredite la del oponente; si lo fuere por distinta

vecindad y no se presentare la libreta o partida que justificare la ciudadanía Argentina del oponente; si lo fuere por haberse fijado de común acuerdo por

las partes el juez competente, cuando ello es admisible, y no se hubiere presentado el documento correspondiente.

2. Si la de litispendencia no fuere acompañada del testimonio del escrito de demanda del juicio pendiente.

3. Si la cosa juzgada no se presentare con el testimonio de la sentencia respectiva.

4. Si las de transacción, conciliación y desistimiento del derecho no fueren acompañadas de los instrumentos o testimonios que las acrediten.

En los supuestos de los incisos 2, 3 y 4, podrá suplirse la presentación del testimonio si se solicitare la remisión del expediente con indicación del

juzgado y secretaría donde tramita.

Artículo 350.- PLANTEAMIENTO DE LAS EXCEPCIONES Y TRASLADO.-

Con el escrito en que se propusieren las excepciones, se agregará toda la prueba instrumental y se ofrecerá la restante. De todo ello se dará traslado al

actor, quien deberá cumplir con idéntico requisito.

Artículo 351.- AUDIENCIA DE PRUEBA.-

Vencido el plazo con o sin respuesta, el juez designará audiencia dentro de 20 días para recibir la prueba ofrecida, si lo estimare necesario. La prueba que

no pueda recibirse en la audiencia deberá producirse antes de ella, pero si no fuese posible, el juez fijará el término dentro del cual deberá agregarse.

Vencido éste, o cuando se dispuso no recibir la prueba, el juez sin más trámite llamará autos para resolver.

Artículo 352.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA.-

Una vez firme la resolución que desestima la excepción de incompetencia, las partes no podrán argüir la incompetencia, en lo sucesivo. Tampoco podrá ser

declarada de oficio.

Artículo 353.- RESOLUCIÓN Y RECURSOS.-

El juez resolverá previamente sobre la declinatoria y la litispendencia. En caso de declararse competente, resolverá al mismo tiempo sobre las demás

excepciones previas.

La resolución será apelable en relación, salvo cuando se tratare de la excepción prevista en el inc. 3 del art. 347, y el juez hubiere resuelto que la falta

de legitimación no era manifiesta, en cuyo caso y sin perjuicio de lo establecido en dicho inciso, la decisión será irrecurrible.-

Artículo 354.- EFECTOS DE LA ADMISIÓN DE LAS EXCEPCIONES.-

Una vez firme la resolución que declare procedentes las excepciones previas, se procederá:

1. A remitir el expediente al tribunal considerado competente, si perteneciere a la jurisdicción provincial. En caso contrario se archivará.

2. A ordenar el archivo si se tratase de cosa juzgada, falta de legitimación manifiesta, prescripción o de las previstas en el inciso 8 del artículo 347,

salvo, en este último caso, cuando sólo correspondiere la suspensión del procedimiento.

3. A remitirlo al tribunal donde tramite el otro proceso si la litispendencia fuese por conexidad. Si ambos procesos fueren idénticos, se ordenará el archivo

del iniciado con posterioridad.

4 A fijar el plazo dentro del cual deben subsanarse los defectos o arraigar, según se trate de las contempladas en los incisos 2 y 5 del artículo 347, o en

el artículo 348. En este último caso se fijará también el monto de la caución. Vencido el plazo sin que el actor cumpla lo resuelto se lo tendrá por

desistido del proceso, imponiéndosele las costas.

Artículo. 354 bis: Consentida o ejecutoriada la resolución que rechaza las excepciones previstas en el art. 346, último párrafo o, en su caso, subsanada la

falta de personería o prestado el arraigo, se declarará reanudado el plazo para contestar la demanda; esta resolución será notificada personalmente o por

cédula. Subsanado el defecto legal, se correrá nuevo traslado, por el plazo establecido en el art. 338.-

CAPÍTULO IV

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y RECONVENCIÓN

(Artículos 355 al 359)

Artículo 355.- PLAZO.-

El demandado deberá contestar la demanda dentro del plazo establecido en el artículo 338, con la ampliación que corresponda en razón de la distancia.

Artículo 356.- CONTENIDO Y REQUISITOS.-

En la contestación opondrá el demandado todas las excepciones o defensas que, según este Código, no tuvieren carácter previo. Deberá, además:

1. Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeren y la

recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos cuyas copias se acompañen. Su silencio, sus respuestas evasivas, o la negativa meramente general podrán

estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran. En cuanto a los documentos se los tendrá por reconocidos o

recibidos, según el caso. No estarán sujetos al cumplimiento de la carga mencionada en el párrafo precedente, el defensor oficial y el demandado que

interviniere en el proceso como sucesor a título universal de quien participó en los hechos o suscribió los documentos o recibió las cartas o telegramas,

quienes podrán reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba.

2. Especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa.

3. Observar, en lo aplicable, los requisitos prescriptos en el artículo 330.

Artículo 357.- RECONVENCIÓN.-

En el mismo escrito de contestación deberá el demandado deducir reconvención, en la forma prescripta para la demanda, si se creyere con derecho a proponerla.

No haciéndolo entonces, no podrá deducirla después, salvo su derecho para hacer valer su pretensión en otro juicio.

Artículo 358.- TRASLADO DE LA RECONVENCIÓN Y DE LOS DOCUMENTOS.-

Propuesta la reconvención, o presentándose documentos por el demandado, se dará traslado al actor quien deberá responder dentro de quince (15) o cinco (5)

días respectivamente, observando las normas establecidas para la contestación de la demanda.

Para el demandado regirá lo dispuesto en el artículo 335.

Artículo 359.- TRÁMITE POSTERIOR SEGUN LA NATURALEZA DE LA CUESTIÓN.-

Con el escrito de contestación a la demanda, o la reconvención, en su caso, o vencidos los plazos para hacerlo y resueltas las excepciones previas, el pleito

se abrirá a prueba si mediare el supuesto previsto en el artículo siguiente. Si fuere de puro derecho, se conferirá nuevo traslado por su orden, con lo que

quedará concluso para definitivo.

CAPÍTULO V

PRUEBA.-

(Artículos 360 al 485)

SECCION 1ª.-

Normas Generales.-

(Artículos 360 al 386)

Artículo 360.- APERTURA A PRUEBA.-

Siempre que se hayan alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiere conformidad entre las partes, el juez recibirá la causa a prueba.

A estos fines, el juez citará a las partes a una audiencia dentro de los 20 días, que será presidida por el Juez, pudiendo delegar en el secretario por

resolución fundada. Si el juez o el secretario en su caso, no se hallaren presentes no se realizará la audiencia, debiéndose dejar constancia en el libro de

asistencia. En tal acto:

1. Invitará a las partes a una conciliación o a encontrar otra forma de solución de conflictos que acordarán en la audiencia. El Juez solo podrá derivar a

las partes a mediación en los casos que la naturaleza y estado del conflicto lo justifiquen y si ella no se hubiese realizado con anterioridad.

2. Recibirá las manifestaciones de las partes con referencia a lo prescripto en el artículo 361 del presente Código, debiendo resolver en el mismo acto.

3. Oídas las partes, fijará los hechos articulados que sean conducentes a la decisión del juicio sobre los cuales versará la prueba.

4. Recibirá la prueba confesional si ésta hubiera sido ofrecida por las partes. La ausencia de uno de todos los absolventes, no impedirá la celebración de la

audiencia preliminar.

5. Proveerá en dicha audiencia las pruebas que considere admisibles y concentrará -en lo posible- en una sola audiencia la prueba testimonial, la que se

celebrará con presencia del juez en las condiciones establecidas en este Capítulo. Esta obligación únicamente podrá delegarse en el secretario.

6.

Si correspondiere, decidirá en el acto de la audiencia que la cuestión debe ser resuelta como de puro derecho con lo que la causa quedará concluida para

definitiva.

CONCILIACION

Artículo 360 bis.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36, inciso 2, apartado a), en la audiencia mencionada en el artículo anterior, el juez y

las partes podrán proponer fórmulas conciliatorias.

Si se arribase a un acuerdo conciliatorio, se labrará acta en la que conste su contenido y la homologación por el juez interviniente. Tendrá efecto de cosa

juzgada y se ejecutará mediante el procedimiento previsto para la ejecución de sentencia. Si no hubiera acuerdo entre las partes, en el acta se hará constar

esta circunstancia, sin expresión de causas. Los intervinientes no podrán ser interrogados acerca de lo acontecido en la audiencia.

Artículo 360 ter.- En los juicios que tramiten por otros procedimientos, se celebrará asimismo la audiencia prevista en el artículo 360, observándose los

plazos procesales, que se establecen para los mismos.

Artículo 361.- OPOSICION

Si alguna de las partes se opusiere a la apertura a prueba en la audiencia prevista en el artículo 360 del presente Código, el juez resolverá lo que sea

procedente luego de escuchar a la contraparte.

Este derecho a oponerse a la apertura a prueba, puede ejercerse, también, en los procesos sumarios y sumarísimos.-

Artículo 362.- PRESCINDENCIA DE APERTURA A PRUEBA POR CONFORMIDAD DE PARTES.-

Si dentro de quinto día de quedar firme la providencia de apertura a prueba todas las partes manifestaren que no tienen ninguna a producir, o que ésta

consiste únicamente en las constancias del expediente o en la documental ya agregada y no cuestionada, la causa quedará conclusa para definitiva y, previo

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 359, párrafo segundo, el juez llamará autos para sentencia.

Artículo 363.- CLAUSURA DEL PERÍODO DE PRUEBA.-

El período de prueba quedará clausurado antes de su vencimiento, sin necesidad de declaración expresa, cuando todas hubiesen quedado producidas, o las partes

renunciaren a las pendientes.

Artículo 364.- PERTINENCIA Y ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.-

No podrán producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos.

No serán admitidas las que fueren manifiestamente improcedentes o superfluas o meramente dilatorias.

Artículo 365.- HECHOS NUEVOS.-

Cuando con posterioridad a la contestación de la demanda o reconvención ocurriese o llegase a conocimiento de las partes algún hecho que tuviese relación con

la cuestión que se ventila, podrán alegarlo hasta cinco (5) días después de notificada la providencia de apertura a prueba. Del escrito que se alegue se dará

traslado a la otra parte, quien, dentro del plazo para contestarlo, podrá también alegar otros hechos en contraposición a los nuevamente alegados. En este

caso quedará suspendido el plazo de prueba hasta la notificación de la resolución que los admita o los deniegue. En los supuestos mencionados en los párrafos

precedentes, las pruebas podrán recaer también sobre los hechos nuevamente aducidos.

Artículo 366.- INAPELABILIDAD.-

La resolución que admitiere el hecho nuevo será inapelable. La que lo rechazare será apelable en efecto diferido.

Artículo 367.- PLAZO ORDINARIO DE PRUEBA.-

El plazo de prueba será fijado por el juez, y no excederá de cuarenta (40) días. Dicho plazo es común y comenzará a correr a partir de que el auto de

apertura a prueba quede firme, lo que ocurre una vez transcurrido el término de cinco días previsto por el art. 361. Las pruebas deberán ofrecerse dentro de

los primeros 10 días.-

Artículo 368.- FIJACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE LAS AUDIENCIAS.-

Las audiencias deberán señalarse dentro del plazo de prueba.

En los supuestos previstos por el art. 153 de este Código, los jueces, de oficio, deberán habilitar días y horas, fijando las audiencias en horario

vespertino.-

Artículo 369.- PLAZO EXTRAORDINARIO DE PRUEBA.-

Cuando la prueba deba producirse fuera de la República, el juez señalará el plazo extraordinario que considere suficiente, el que no podrá exceder de 90 y

180 días según se trate o no, respectivamente, de un país limítrofe. Cuando deba producirse fuera de la provincia, el plazo extraordinario no podrá exceder

de 90 días. En el escrito mediante el que se solicita el plazo extraordinario y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 370 siguiente, deberá expresarse

a que hechos controvertidos se vinculan las pruebas ofrecidas y los demás elementos de juicio que permitan establecer si son esenciales o no.-

Artículo 370.- REQUISITOS DE LA CONCESIÓN DEL PLAZO EXTRAORDINARIO.-

Para la concesión del plazo extraordinario se requerirá:

1. Que se solicite dentro de los diez primeros días de notificada la providencia de apertura a prueba.

2. Que en el escrito en que se pide se indiquen las pruebas a producir y, en su caso el nombre y domicilio de los testigos y acompañarse los interrogatorios

y los documentos que deben testimoniarse, mencionando los archivos o registros donde se encuentren.

Artículo 371.- FORMACIÓN DE CUADERNO, RESOLUCIÓN Y RECURSOS.-

Cumplidos los requisitos del artículo anterior, se formará cuaderno por separado y el juez resolverá sin sustanciación alguna.

La resolución que conceda el plazo extraordinario será inapelable. La que lo deniegue será apelable, pero únicamente se elevará a la cámara el respectivo

cuaderno.

Artículo 372.- PRUEBA PENDIENTE DE PRODUCCIÓN.-

Cuando hubiese transcurrido el plazo extraordinario sin haberse diligenciado la prueba para cuya producción se concedió y, el proceso se encontrare en las

condiciones a que se refiere el art. 482, se procederá en la forma dispuesta por éste y el juez podrá, incluso, dictar sentencia definitiva, salvo que

considerare que dicha prueba revista carácter esencial para la decisión de la causa.

Si se hubiese pronunciado sentencia en primera instancia y, deducido contra ella recurso de apelación, la prueba deberá ser agregada en la alzada, siempre

que no hubiese mediado declaración de negligencia a su respecto.

Artículo 373.- MODO Y CÓMPUTO DEL PLAZO EXTRAORDINARIO.-

El plazo extraordinario de prueba correrá juntamente con el ordinario, pero empezará a contarse desde el día siguiente al de la notificación de la resolución

que lo hubiere otorgado. Si producidas todas las demás pruebas quedare pendiente en todo o en parte únicamente la que ha debido producirse fuera de la

jurisdicción, y de la ya acumulada resultare que no es esencial, se pronunciará sentencia prescindiendo de ella. Podrá ser considerada en segunda instancia

si fuere agregada cuando la causa se encontrare en la alzada, salvo si hubiere mediado declaración de caducidad por negligencia.-

Artículo 374.- CARGO DE LAS COSTAS.-

Cuando ambos litigantes hayan solicitado el plazo extraordinario, las costas serán satisfechas en la misma forma que las demás del pleito, pero si se hubiese

concedido a uno solo y éste no ejecutare la prueba que hubiese propuesto, abonará todas las costas, incluso los gastos en que haya incurrido la otra parte

para hacerse representar donde debieran practicarse las diligencias. Podrá también ser condenado a pagar a su colitigante una multa de entre el diez por

ciento del sueldo de un Jefe de Despacho y hasta un sueldo de Juez de Primera Instancia.

Artículo 375.- CONTINUIDAD DE LOS PLAZOS DE PRUEBA.-

Salvo acuerdo de partes o fuerza mayor, el plazo de prueba, tanto ordinario, como extraordinario, no se suspenderá por ningún incidente o recurso.

Artículo 376.- CONSTANCIAS DE EXPEDIENTES JUDICIALES.-

Cuando la prueba consistiere en constancias de otros expedientes judiciales no terminados, la parte agregará los testimonios o certificados de las piezas

pertinentes, sin perjuicio de la facultad del juez de requerir dichas constancias o los expedientes, en oportunidad de encontrarse el expediente en estado de

dictar sentencia.

Artículo 376 Bis.- Cuando las constancias del expediente en trámite ofrecidas como prueba se encuentren digitalizadas en el sistema de gestión informática,

se dejará constancia de dicha circunstancia y el Juez accederá a las mismas, para su evaluación a través de los medios electrónicos de consulta en línea, sin

necesidad de requerir la remisión.-

Artículo 377.- CARGA DE LA PRUEBA.-

Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el

deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o

excepción.

Artículo 378.- MEDIOS DE PRUEBA.-

La prueba deberá producirse por los medios previstos expresamente por la ley y por los que el juez disponga, a pedido de parte o de oficio, siempre que no

afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros, o no estén expresamente prohibidos para el caso. Los medios de prueba no previstos se

diligenciarán aplicando por analogía las disposiciones de los que sean semejantes o, en su defecto, en la forma que establezca el juez.

Artículo 379.- INIMPUGNABILIDAD.-

Serán inapelables las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas; pero si se hubiese negado alguna medida, la parte

interesada podrá solicitar a la cámara que la diligencie cuando el expediente le fuere remitido para que conozca del recurso contra la sentencia definitiva.

Artículo 380.- CUADERNOS DE PRUEBA.-

En la audiencia del artículo 360 el juez decidirá acerca de la conveniencia y/o necesidad de formar cuadernos separados de la prueba de cada parte, la que en

su caso se agregará al expediente al vencimiento del plazo probatorio. Esta norma rige también para los procesos sumarios.-

Artículo 381.- PRUEBA DENTRO DEL RADIO DEL JUZGADO.-

Los jueces asistirán a las actuaciones de prueba que deban practicarse fuera de la sede del juzgado o tribunal, pero dentro del radio urbano del lugar.

Artículo 382.- PRUEBA FUERA DEL RADIO DEL JUZGADO.-

Cuando las actuaciones deban practicarse fuera del radio urbano, pero dentro de la circunscripción judicial, los jueces podrán trasladarse para recibirlas, o

encomendar la diligencia a los de las respectivas localidades. Si se tratare de un reconocimiento judicial, los jueces podrán trasladarse a cualquier lugar

de la Provincia donde deba tener lugar la diligencia.

Artículo 383.- PLAZO PARA EL LIBRAMIENTO Y DILIGENCIAMIENTO DE OFICIOS Y EXHORTOS

Tanto en el caso del artículo precedente, como en el de los arts. 369 y 453, los oficios o exhortos serán librados dentro del quinto día contado a partir de

la notificación de la providencia que los ordenó. Se tendrá por desistida de la prueba a la parte si dentro de ese plazo no los retirara ni deja constancia

por escrito de su falta de libramiento por razones que no sean imputables a ella.

Artículo 384.- NEGLIGENCIA.-

Las medidas de prueba deberán ser pedidas, ordenadas y practicadas dentro del plazo. A los interesados incumbe urgir para que sean diligenciadas

oportunamente. Si no lo fueren por omisión de las autoridades encargadas de recibirlas, podrán los interesados pedir que se practiquen antes de los alegatos

siempre que, en tiempo, la parte que ofreció la prueba hubiese informado al juzgado de las dificultades y requerido las medidas necesarias para activar la

producción.

Artículo 385.- PRUEBA PRODUCIDA Y AGREGADA.-

Se desestimará el pedido de declaración de negligencia cuando la prueba se hubiere producido y agregado antes de vencido el plazo para contestarlo.

También, y sin sustanciación alguna, si se acusare negligencia respecto de la prueba de posiciones y de testigos antes de la fecha y hora de celebración de

la audiencia, o de peritos, antes de que hubiese vencido el plazo para presentar la pericia.

En estos casos, la resolución del juez será irrecurrible. En los demás, quedará a salvo el derecho de los interesados para replantear la cuestión en la

alzada, en los términos del artículo 260, inciso 2.

Artículo 386.- APRECIACIÓN DE LA PRUEBA.-

Salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán

el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de

la causa.

SECCIÓN 2ª.-

Prueba documental

(Artículos 387 al 395)

Artículo 387.- EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS.-

Las partes y los terceros en cuyo poder se encuentren documentos esenciales para la solución del litigio, estarán obligados a exhibirlos o a designar el

protocolo o archivo en que se hallan los originales.

El juez ordenará la exhibición de los documentos, sin sustanciación alguna, dentro del plazo que señale.

Artículo 388.- DOCUMENTO EN PODER DE UNA DE LAS PARTES.-

Si el documento se encontrare en poder de una (1) de las partes, se le intimará su presentación en el plazo que el juez determine. Cuando por otros elementos

de juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido, la negativa a presentarlo, constituirá una presunción en su contra.

Artículo 389.- DOCUMENTOS EN PODER DE TERCERO.-

Si el documento que deba reconocerse se encontrare en poder de tercero, se le intimará para que lo presente. Si lo acompañare, podrá solicitar su oportuna

devolución dejando testimonio en el expediente. El requerido podrá oponerse a su presentación si el documento fuere de su exclusiva propiedad y la exhibición

pudiere ocasionarle perjuicio. Ante la oposición formal del tenedor del documento no se insistirá en el requerimiento.

Artículo 390.- COTEJO.-

Si el requerido negare la firma que se le atribuye o manifestare no conocer la que se atribuya a otra persona, deberá procederse a la comprobación del

documento de acuerdo con lo establecido en los artículos 460 y siguientes, en lo que correspondiere.

Artículo 391.- INDICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL COTEJO.-

En los escritos a que se refiere el artículo 460 las partes indicarán los documentos que han de servir para la pericia.

Artículo 392.- ESTADO DEL DOCUMENTO.-

A pedido de parte, el secretario certificará sobre el estado material del documento de cuya comprobación se trate, indicando las enmiendas,

entrerrenglonaduras u otras particularidades que en él se adviertan.

Dicho certificado podrá ser reemplazado por la fotocopia certificada u otro medio electrónico que la sustituya a costa de la parte que la pidiere.

Artículo 393.- DOCUMENTOS INDUBITADOS.-

Si los interesados no se hubiesen puesto de acuerdo en la elección de documentos para la pericia, el juez sólo tendrá por indubitados:

1. Las firmas consignadas en documentos auténticos.

2. Los documentos privados reconocidos en juicio por la persona a quien se atribuya el que sea objeto de comprobación.

3. El impugnado, en la parte en que haya sido reconocido como cierto por el litigante a quien perjudique.

4. Las firmas registradas en establecimientos bancarios.

Artículo 394.- CUERPO DE ESCRITURA.-

A falta de documentos indubitados, o siendo ellos insuficientes, el juez podrá ordenar que la persona a quien se atribuya la letra forme un cuerpo de

escritura al dictado y a requerimiento de los peritos.

Esta diligencia se cumplirá en el lugar que el juez designe y bajo apercibimiento de que si no compareciere o rehusare escribir, sin justificar impedimento

legítimo, se tendrá por reconocido el documento.

Artículo 395.- REDARGUCIÓN DE FALSEDAD.-

La redargución de falsedad de un instrumento público tramitará por incidente que deberá promoverse dentro del plazo de diez (10) días de realizada la

impugnación, bajo apercibimiento de tener a quien la formulare como desistida.

Será inadmisible si no se indican los elementos y no se ofrecen las pruebas tendientes a demostrar la falsedad. Admitido el requerimiento, el juez suspenderá

el pronunciamiento definitivo de la sentencia, para resolver el incidente juntamente con ésta.- Será parte el oficial público que extendió el instrumento.

El mismo procedimiento se aplicará para la impugnación de documentos electrónicos firmados digitalmente y los reproducidos en formato digital firmados

digitalmente.

SECCION 3ª.-

Prueba de informes.-

(Artículos 396 al 403)

Artículo 396.- PROCEDENCIA.-

Los informes que se soliciten a las oficinas públicas, escribanos con registro y entidades privadas deberán versar sobre hechos concretos, claramente

individualizados, controvertidos en el proceso.

Procederán únicamente respecto de actos o hechos que resulten de la documentación, archivo o registros contables del informante.

Asimismo, podrá requerirse a las oficinas públicas la remisión de expedientes, testimonios o certificados, relacionados con el juicio.

Artículo 397.- SUSTITUCIÓN O AMPLIACIÓN DE OTROS MEDIOS PROBATORIOS.-

No será admisible el pedido de informes que manifiestamente tienda a sustituir o a ampliar otro medio de prueba que específicamente corresponda por ley o por

la naturaleza de los hechos controvertidos.

Cuando el requerimiento fuere procedente, el informe o remisión del expediente sólo podrá ser negado si existiere justa causa de reserva o de secreto,

circunstancia que deberá ponerse en conocimiento del juzgado dentro de quinto día de recibido el oficio.

Artículo 398.- RECAUDOS Y PLAZOS PARA LA CONTESTACIÓN.-

Las oficinas públicas no podrán establecer recaudos o requisitos para los oficios sin previa aprobación por el Poder Ejecutivo, ni otros aranceles que los

que determinen las leyes, decretos u ordenanzas.

Deberán contestar el pedido de informes o remitir el expediente dentro de veinte (20) días hábiles y las entidades privadas dentro de diez (10), salvo que la

providencia que lo haya ordenado hubiere fijado otro plazo en razón de la naturaleza del juicio o de circunstancias especiales. Cuando se tratare de la

inscripción de la transferencia de dominio en el Registro de la Propiedad, los oficios que se libren para determinar las deudas por impuestos, tasas y

contribuciones, contendrán el apercibimiento de que si no son contestados dentro del plazo legal, el bien se inscribirá como si estuviere libre de deudas.-

Artículo 399.- RETARDO.-

Si por circunstancias atendibles el requerimiento no pudiere ser cumplido dentro del plazo, se deberá informar al juzgado, antes del vencimiento de aquél,

sobre las causas y la fecha en que se cumplirá.

Cuando el juez advirtiere que determinada repartición pública, sin causa justificada, no cumple reiteradamente el deber de contestar oportunamente los

informes, deberá poner el hecho en conocimiento del Ministerio Secretaría de Relaciones Institucionales y Seguridad, a los efectos que corresponda, sin

perjuicio de las otras medidas a que hubiere lugar.

A las entidades privadas que sin causa justificada no contestaren oportunamente, se les impondrá multa de entre el cinco por ciento y hasta el veinte por

ciento del sueldo de un Jefe de Despacho por cada día de retardo.

La apelación que se dedujere contra la respectiva resolución tramitará en expediente por separado.

Artículo 400.- ATRIBUCIONES DE LOS LETRADOS PATROCINANTES.-

Cuando interviniere letrado patrocinante, los pedidos de informes, expedientes, testimonios y certificados, ordenados en el juicio, serán requeridos por

medio de oficios firmados, sellados y diligenciados por aquél, con transcripción de la resolución que los ordena y que fija el plazo en que deberán

expedirse. Deberá, asimismo, consignarse la prevención que establece el último párrafo del artículo anterior.

Los oficios dirigidos a bancos, oficinas públicas, o entidades privadas que tuvieren por único objeto acreditar el haber del juicio sucesorio, serán

presentados directamente por el abogado patrocinante, sin necesidad de previa petición judicial.

Deberá otorgarse recibo del pedido de informes y remitirse las contestaciones directamente a la secretaría con transcripción o copia del oficio.

Cuando en la redacción de los oficios los profesionales se apartaren de lo establecido en la providencia que los ordena, o de las formas legales, su

responsabilidad disciplinaria se hará efectiva de oficio o a petición de parte.

Artículo 401.- COMPENSACIÓN.-

Las entidades privadas que no fueren parte en el proceso, al presentar el informe y si los trabajos que han debido efectuar para contestarlo implicaren

gastos extraordinarios, podrán solicitar una compensación, que será fijada por el juez, previa vista a las partes. En este caso el informe deberá presentarse

por duplicado. La apelación que se dedujere contra la respectiva resolución tramitará en expediente por separado.

Artículo 402.- CADUCIDAD.-

Si la parte no presentare el oficio dentro de 5 días de notificada de la providencia que la ordenó se la tendrá por desistida de esa prueba sin sustanciación

alguna. Lo mismo se dispondrá si vencido el plazo fijado para contestar el informe, la oficina pública o entidad privada no lo hubiere remitido y la parte no

solicitare al juez la reiteración del oficio dentro de 5 días.

Artículo 403.- IMPUGNACIÓN POR FALSEDAD.-

Sin perjuicio de la facultad de la otra parte de formular las peticiones tendientes a que los informes sean completos y ajustados a los hechos a que han de

referirse, en caso de impugnación por falsedad, se requerirá la exhibición de los asientos contables o de los documentos y antecedentes en que se fundare la

contestación. La impugnación sólo podrá ser formulada dentro de quinto día de notificada por ministerio de la ley la providencia que ordena la agregación del

informe, requiriendo los antecedentes mencionados precedentemente. Agregados los mismos, la parte impugnante deberá promover, en su caso y dentro del plazo

de diez días, incidente de redargución de falsedad en los términos y condiciones establecidos en el art. 395 de este Código.-

SECCION 4ª.-

PRUEBA DE CONFESIÓN

(Artículos 404 al 425)

Artículo 404.- OPORTUNIDAD.-

En la oportunidad prevista por el art. 360, cada parte podrá exigir que la contraria absuelva, con juramento o promesa de decir verdad, posiciones

concernientes a la cuestión que se ventila.

Artículo 405.- QUIENES PUEDEN SER CITADOS.-

Podrán, asimismo, ser citados a absolver posiciones:

1. Los representantes de los incapaces por los hechos en que hayan intervenido, personalmente en ese carácter.

2. Los apoderados, por hechos realizados en nombre de sus mandantes, estando vigente el mandato; y por hechos anteriores cuando estuvieren sus representados

fuera del lugar en que se sigue el juicio, siempre que el apoderado tuviese facultades para ello y la parte contraria lo consienta.

3. Los representantes legales de las personas jurídicas, sociedades o entidades colectivas, que tuvieren facultad para obligarlas.

Artículo 406.- ELECCIÓN DEL ABSOLVENTE.-

La persona jurídica, sociedad o entidad colectiva podrá oponerse, dentro de quinto día de notificada la audiencia, a que absuelva posiciones el representante

elegido por el ponente, siempre que:

1. Alegare que aquél no intervino personalmente o no tuvo conocimiento directo de los hechos.

2. Indicare, en el mismo escrito, el nombre del representante que absolverá posiciones.

3. Dejare constancia que dicho representante ha quedado notificado de la audiencia, a cuyo efecto éste suscribirá también el escrito. El juez, sin

sustanciación alguna, dispondrá que absuelva posiciones el propuesto. No habiéndose formulado oportunamente dicha oposición o hecha la opción, en su caso, si

el absolvente manifestare en la audiencia que ignora los hechos, se tendrá por confesa a la parte que representa.

Artículo 407.- DECLARACIÓN POR OFICIO.-

Cuando litigare una (1) provincia, una (1) municipalidad o una (1) repartición municipal o provincial, o una persona jurídica de derecho público provincial o

municipal, la declaración deberá requerirse por oficio al funcionario facultado por ley para representarla bajo apercibimiento de tener por cierta la versión

de los hechos contenida en el pliego, si no es contestada dentro del plazo que el tribunal fije o no lo fuere en forma clara y categórica, afirmando o

negando.

Artículo 408.- POSICIONES SOBRE INCIDENTES.-

Si antes de la contestación se promoviese algún incidente, podrán ponerse posiciones sobre los que sea objeto de aquél.

Artículo 409.- FORMA DE LA CITACIÓN.-

El que deba declarar será citado por cédula con la anticipación necesaria, bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa será tenido por

confeso en los términos del artículo 417. No procede citar por edictos para la absolución de posiciones. La cédula deberá notificarse con tres días de

anticipación por lo menos. En casos de urgencia debidamente justificada ese plazo podrá ser reducido por el juez, mediante resolución que, en su parte

pertinente, se transcribirá en la cédula: en este supuesto la anticipación en su diligenciamiento no podrá ser inferior a un día.-

Artículo 410.- RESERVA DEL PLIEGO E INCOMPARENCIA DEL PONENTE.-

La parte que pusiese las posiciones podrá reservarlas hasta la audiencia en que deba tener lugar la declaración, limitándose a pedir la citación del

absolvente. El pliego deberá ser entregado en secretaría media (1/2) hora antes de la fijada para la audiencia, en sobre cerrado al que se le pondrá cargo.

Si la parte que pidió las posiciones no compareciere sin justa causa a la audiencia, ni hubiese dejado pliego, y compareciese el citado, perderá el derecho

de exigirlas.

Artículo 411.- FORMA DE LAS POSICIONES.-

Las posiciones serán claras y concretas; no contendrán mas de un (1) hecho; serán redactadas en forma afirmativa y deberán versar sobre puntos controvertidos

que se refieren a la actuación personal del absolvente. Cada posición importará, para el ponente, el reconocimiento del hecho a que se refiere. El juez podrá

modificar de oficio y sin recurso alguno, el orden y los términos de las posiciones propuestas por las partes, sin alterar su sentido. Podrá, asimismo,

eliminar las que fuesen manifiestamente inútiles.

Artículo 412.- FORMA DE LAS CONTESTACIONES.-

El absolvente responderá por sí mismo de palabra y en presencia del contrario, si asistiese, sin valerse de consejos ni de borradores, pero el juez podrá

permitirle la consulta de anotaciones o apuntes, cuando deba referirse a nombres, cifras u operaciones contables, o cuando así lo aconsejaren circunstancias

especiales. No se interrumpirá el acto por falta de dichos elementos, a cuyo efecto el absolvente deberá concurrir a la audiencia munido de ellos.

Artículo 413.- CONTENIDO DE LAS CONTESTACIONES.-

Si las posiciones se refieren a hechos personales, las contestaciones deberán ser afirmativas o negativas. El absolvente podrá agregar las explicaciones que

estime necesarias. Cuando el absolvente manifestare no recordar el hecho acerca del que se le pregunta, a pesar del apercibimiento que se le formulare, el

juez lo tendrá por confeso en la sentencia, siempre que las circunstancias hicieren inverosímil la contestación.

Artículo 414.- POSICIÓN IMPERTINENTE.-

Si la parte estimare impertinente una pregunta, podrá negarse a contestarla en la inteligencia de que el juez podrá tenerla por confesa si al sentenciar la

juzgare procedente. De ello sólo se dejará constancia en el acta, sin que la cuestión pueda dar lugar a incidente o recurso alguno.

Artículo 415.- PREGUNTAS RECÍPROCAS.-

El juez podrá interrogar de oficio a las partes en cualquier estado del proceso y éstas podrán hacerse recíprocamente las preguntas y observaciones que

juzgaren convenientes, en la audiencia que corresponda, siempre que el juez no las declare superfluas o improcedentes por su contenido o forma.-

Artículo 416.- FORMA DEL ACTA.-

Las declaraciones serán extendidas por el secretario a medida que se presten, conservando, en cuanto sea posible, el lenguaje de los que hubieren declarado.

Terminado el acto, el juez o el secretario hará leer y preguntará a las partes si tienen algo que agregar o rectificar.

Lo que agregaren o rectificaren se expresará a continuación, firmando las partes con el juez, si tuviese presente y, el secretario. Deberá consignarse cuando

ocurra, la circunstancia de que alguna de ellas no hubiere querido o podido firmar.

Artículo 417.- CONFESIÓN FICTA.-

Si el citado no compareciere a declarar dentro de la media (1/2) hora de la fijada para la audiencia, o si habiendo comparecido rehusare responder o

respondiere de una manera evasiva, a pesar del apercibimiento que se le hiciere el juez al sentenciar, lo tendrá por confeso sobre los hechos personales,

teniendo en cuenta las circunstancias de la causa y las demás pruebas producidas.- En caso de incomparecencia del absolvente, aunque no se hubiere extendido

acta, se aplicará lo establecido en el párrafo anterior, si el ponente hubiere presentado oportunamente el pliego de posiciones y el absolvente estuviere

debidamente notificado.-

Artículo 418.- ENFERMEDAD DEL DECLARANTE.-

En caso de enfermedad del que deba declarar, el juez o uno (1) de los miembros del Superior Tribunal o de las Cámaras, comisionado al efecto, se trasladará

al domicilio o lugar en que se encontrare el absolvente, donde se llevará a cabo la absolución de posiciones en presencia de la otra parte, si asistiere, o

del apoderado.

Artículo 419.- JUSTIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD.-

La enfermedad deberá justificarse con anticipación suficiente a la audiencia, mediante certificado médico. En éste deberá consignarse la fecha, el lugar

donde se encuentra el enfermo y el tiempo que durará el impedimento para concurrir al tribunal.

Si el ponente impugnare el certificado, el juez ordenará el examen del citado por un (1) médico forense. Si se comprobase que pudo comparecer, las posiciones

se declararán absueltas en rebeldía.

Artículo 420.- LITIGANTE DOMICILIADO FUERA DE LA SEDE DEL JUZGADO.-

La parte que tuviere domicilio a menos de trescientos (300) kilómetros del asiento del juzgado, deberá concurrir a absolver posiciones ante el juez de la

causa, en la audiencia que se señale.

Artículo 421.- AUSENCIA DEL PAIS.-

Mientras se esté pendiente la absolución de posiciones, la parte que tuviere que ausentarse del país, deberá comunicarlo al juez, para que se anticipe o

postergue la audiencia, bajo apercibimiento de llevarse a cabo y de tener a dicha parte por confesa.

Artículo 422.- POSICIONES EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA.-

Las posiciones podrán pedirse una (1) vez en cada instancia; en la primera, en la oportunidad establecida por el artículo 404; y en la alzada, en el supuesto

del artículo 260, inciso 4.

Artículo 423.- EFECTOS DE LA CONFESIÓN EXPRESA.-

La confesión judicial expresa constituirá plena prueba, salvo cuando:

1. Dicho medio de prueba estuviere excluido por la ley respecto de los hechos que constituyen el objeto del juicio, o incidiere sobre derechos que el

confesante no puede renunciar o transigir válidamente.

2. Recayeron sobre hechos cuya investigación prohíba la ley.

3. Se opusiere a las constancias de instrumentos fehacientes de fecha anterior, agregados al expediente.

Artículo 424.- ALCANCE DE LA CONFESIÓN.-

En caso de duda, la confesión deberá interpretarse en favor de quien la hace. La confesión es indivisible, salvo cuando:

1. El confesante invocare hechos impeditivos, modificativos o extintivos, o absolutamente separables, independientes unos de otros.

2. Las circunstancias calificativas expuestas por quien confiesa fueren contrarias a una (1) presunción legal o inverosímiles. 3 Las modalidades del caso

hicieren procedente la divisibilidad.

Artículo 425.- CONFESIÓN EXTRAJUDICIAL.-

La confesión hecha fuera del juicio, por escrito o verbalmente, frente a la parte contraria o a quien la represente, obliga en el juicio siempre que esté

acreditada por los medios de prueba establecidos por la ley. Quedará excluida la testimonial, cuando no hubiere principio de prueba por escrito. La confesión

hecha fuera de juicio a un (1) tercero, constituirá fuente de presunción simple.

SECCION 5ª.

PRUEBA DE TESTIGOS.-

(Artículos 426 al 458)

Artículo 426.- PROCEDENCIA.-

Toda persona mayor de catorce (14) años podrá ser propuesta como testigo y tendrá el deber de comparecer y declarar, salvo las excepciones establecidas por

ley.

Artículo 427.- TESTIGOS EXCLUÍDOS.-

No podrán ser ofrecidos como testigos los consanguíneos o afines en línea directa de las partes, ni el cónyuge, aunque estuviere separado legalmente, salvo

si se tratare de reconocimiento de firmas.

Artículo 428.- OPOSICIÓN.-

Sin perjuicio de la facultad del juez de desestimar de oficio y sin sustanciación alguna el ofrecimiento de prueba testimonial que no fuese admisible, o de

testigos cuya declaración no procediese por disposición de la ley, las partes podrán formular oposición si indebidamente se le hubiere ordenado.

Artículo 429.- OFRECIMIENTO.-

Cuando las partes pretendan producir prueba de testigos, deberán presentar una lista de ellos con expresión de sus nombres, profesión y domicilio. Si por las

circunstancias del caso a la parte le fuere imposible conocer alguno de esos datos, bastará que indique los necesarios para que el testigo pueda ser

individualizado sin dilaciones y sea posible su citación. El interrogatorio podrá reservarse por las partes hasta la audiencia en que deban presentarse los

testigos.

Artículo 430.- NÚMERO DE TESTIGOS.-

Cada parte podrá ofrecer hasta 12 testigos como máximo, salvo petición expresa y debidamente fundada que justifique el ofrecimiento de un mayor número.

También podrán las partes proponer, subsidiariamente, hasta tres testigos para reemplazar a quienes no pudieren declarar por causa de muerte, incapacidad o

ausencia. Si el juez hubiere ampliado el número podrán ofrecer hasta 5.

Artículo 431.- AUDIENCIA.-

Si la prueba testimonial fuese admisible en el caso, el juez mandará recibirla en la audiencia que señalará para el examen, en el mismo día, de todos los

testigos. Cuando el número de los ofrecidos por las partes permitiere suponer la imposibilidad de que todos declaren en la misma fecha, deberá habilitarse

hora y, si aun así fuere imposible completar las declaraciones en un solo día, se señalarán tantas audiencias como fueren necesarias en días seguidos,

determinando cuáles testigos depondrán en cada una de ellas, de conformidad con la regla establecida en el artículo 439. El juzgado preverá una audiencia

supletoria con carácter de segunda citación, en fecha próxima, para que declaren los testigos que faltaren a las audiencias preindicadas. Al citar al testigo

se le notificarán ambas audiencias, con la advertencia de que si faltare a la primera, sin causa justificada, se lo hará comparecer a la segunda por medio de

la fuerza pública y se le impondrá una multa de entre el diez por ciento del sueldo de un Jefe de Despacho y hasta un sueldo de Juez de Primera Instancia.

Artículo 432.- CADUCIDAD DE LA PRUEBA.-

A pedido de parte y sin sustanciación alguna, se tendrá por desistida del testigo a la parte que lo propuso si:

1. No hubiere activado la citación del testigo y éste no hubiese comparecido por esa razón.

2. No habiendo comparecido aquél a la primera audiencia, sin invocar causa justificada, no requiriere oportunamente las medidas de compulsión necesarias.

3. Fracasada la segunda audiencia por motivos no imputables a la parte, ésta no solicitare nueva audiencia dentro de quinto día.

Artículo 433.- FORMA DE LA CITACIÓN.-

La citación a los testigos se efectuará por cédula. Esta deberá diligenciarse con tres (3) días de anticipación por lo menos, y en ella se transcribirá la

parte del artículo 431 que se refiere a la obligación de comparecer y a su sanción.-

Los testigos domiciliados dentro de los setenta kilómetros de la sede del tribunal de la causa, se encuentran obligados a comparecer a prestar declaración

ante éste. Los testigos domiciliados a una distancia mayor a la mencionada precedentemente prestarán declaración en la forma prevista por el art. 453, ante

el Juez Letrado o Juez de Paz Lego de su domicilio, quien designara la audiencia a tal fin dentro de los 10 días de recepcionado el exhorto u oficio.-

Artículo 434.- CARGA DE LA CITACIÓN.-

Si en el escrito de ofrecimiento de prueba la parte no hubiese solicitado que el testigo sea citado por el juzgado, se entenderá que ha asumido la carga de

hacerlo comparecer a la audiencia. En este caso, si el testigo no concurriere sin justa causa, de oficio o a pedido de parte y sin sustanciación alguna se lo

tendrá por desistido.

Artículo 435.- EXCUSACIÓN.-

Además de las causas de excusación libradas a la apreciación judicial, lo serán las siguientes:

1. Si la citación fuere nula.

2. Si el testigo hubiese sido citado con intervalo menor al prescripto en el artículo 433, salvo que la audiencia se hubiese anticipado por razones de

urgencia, y constare en el texto de la cédula esa circunstancia.

Artículo 436.- TESTIGO IMPOSIBILITADO DE COMPARECER.-

Si alguno de los testigos se hallase imposibilitado de comparecer al juzgado o tuviere alguna otra razón atendible a juicio del juez para no hacerlo, será

examinado en su casa, según las circunstancias, ante el secretario, presentes o no las partes. La enfermedad deberá justificarse en los términos del artículo

419, párrafo primero. Si se comprobase que pudo comparecer, se le impondrá multa de entre el diez por ciento del sueldo de un Jefe de Despacho y hasta un

sueldo de Juez de Primera Instancia y se procederá a fijar audiencia de inmediato, la que deberá realizarse dentro de quinto día, notificándose a las partes

con habilitación de día y hora y disponiendo la comparecencia del testigo por medio de la fuerza pública.-

Artículo 437.- INCOMPARECENCIA Y FALTA DE INTERROGATORIO.-

Si la parte que ofreció el testigo no concurriere a la audiencia por sí o por apoderado y no hubiese dejado interrogatorio, se la tendrá por desistida de

aquél, sin sustanciación alguna.

Artículo 438.- PEDIDO DE EXPLICACIONES A LAS PARTES.-

Si las partes estuviesen presentes, el juez o el secretario, en su caso, podrá pedirles las explicaciones que estimare necesarias sobre los hechos. Asimismo,

las partes podrán formularse recíprocamente las preguntas que estimaren convenientes.

Artículo 439.- ORDEN DE LAS DECLARACIONES.-

Los testigos estarán en lugar desde donde no puedan oír las declaraciones de los otros. Serán llamados sucesiva y separadamente, alternándose, en lo posible,

los del actor con los del demandado, a menos que el juzgado estableciere otro orden por razones especiales.

Artículo 440.- JURAMENTO O PROMESA DE DECIR VERDAD.-

Antes de declarar, los testigos prestarán juramento o formularán promesa de decir verdad, a su elección, y serán informados de las consecuencias penales a

que pueden dar lugar las declaraciones falsas o reticentes.

Artículo 441.- INTERROGATORIO PRELIMINAR.-

Aunque las partes no lo pidan, los testigos serán siempre preguntados:

1. Por su nombre, edad, estado, profesión y domicilio.

2. Si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes, y en qué grado.

3. Si tiene interés directo o indirecto en el pleito.

4. Si es amigo íntimo o enemigo.

5. Si es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes, o si tiene algún otro género de relación con ellos. Aunque las circunstancias

individuales declaradas por el testigo no coincidieran totalmente con los datos que la parte hubiese indicado al proponerlo, se recibirá su declaración si

indudablemente fuere la misma persona y, por las circunstancias del caso, la contraria no hubiere podido ser inducida en error.

Artículo 442.- FORMA DEL EXAMEN.-

Los testigos serán libremente interrogados, por el juez o por quien lo reemplace legalmente, acerca de lo que supieren sobre los hechos controvertidos,

respetando la sustancia de los interrogatorios propuestos. La parte contraria a la que ofreció el testigo, podrá solicitar que se formulen las preguntas que

sean pertinentes, aunque no tengan estricta relación con las indicadas por quien lo propuso. Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 411,

párrafo tercero. Se podrá prescindir de continuar interrogando al testigo cuando las preguntas que se propongan, o las respuestas dadas, demuestren que es

ineficaz proseguir la declaración.

Artículo 443.- FORMA DE LAS PREGUNTAS.-

Las preguntas no contendrán más de UN (1) hecho; serán claras y concretas; no se formularán las que estén concebidas en términos afirmativos, sugieran la

respuesta o sean ofensivas o vejatorias. No podrán contener referencias de carácter técnico, salvo si fueren dirigidas a personas especializadas.

Artículo 444.- NEGATIVA A RESPONDER.-

El testigo podrá rehusarse a contestar las preguntas:

1. Si la respuesta lo expusiere a enjuiciamiento penal o comprometiera su honor.

2. Si no pudiere responder sin revelar un secreto profesional, militar, científico, artístico o industrial.

Artículo 445.- FORMA DE LAS RESPUESTAS.-

El testigo contestará sin poder leer notas o apuntes, a menos que por la índole de la pregunta, se le autorizara. En este caso, se dejará constancia en el

acta de las respuestas dadas mediante lectura. Deberá siempre dar la razón de su dicho; si no lo hiciere, el juez la exigirá.

El acta se extenderá, en lo pertinente, de conformidad con lo establecido en el artículo 416.

Artículo 446.- INTERRUPCIÓN DE LA DECLARACIÓN.-

Al que interrumpiere al testigo en su declaración podrá imponérsele una multa de entre el veinticinco por ciento y hasta un sueldo de Jefe de Despacho. En

caso de reincidencia incurrirá en el doble de la multa sin perjuicio de las demás sanciones que correspondieren.

Artículo 447.- PERMANENCIA.-

Después que prestaren su declaración, los testigos permanecerán en la sala del juzgado hasta que concluya la audiencia, a no ser que el juez dispusiese lo

contrario.

Artículo 448.- CAREO.-

Se podrá decretar el careo entre testigos o entre éstos y las partes. Si por residir los testigos o las partes en diferentes lugares el careo fuere

dificultoso o imposible, el juez podrá disponer nuevas declaraciones por separado, de acuerdo con el interrogatorio que él formule.

Artículo 449.- FALSO TESTIMONIO U OTRO DELITO.-

Si las declaraciones ofreciesen indicios graves de falso testimonio u otro delito, el juez podrá decretar la detención de los presuntos culpables,

remitiéndolos a disposición del juez competente, a quien se enviará también testimonio de lo actuado.

Artículo 450.- SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA.-

Cuando no puedan examinarse todos los testigos el día señalado, se suspenderá el acto para continuarlo en los siguientes sin necesidad de nueva citación,

expresándolo así en el acta que se extienda.

Artículo 451.- RECONOCIMIENTO DE LUGARES.-

Si el reconocimiento de algún sitio contribuyese a la eficacia del testimonio, podrá hacerse en el examen de los testigos.

Artículo 452.- PRUEBA DE OFICIO.-

El juez podrá disponer de oficio la declaración de testigos mencionados por las partes en los escritos de constitución del proceso o cuando, según resultare

de otras pruebas producidas, tuvieren conocimiento de hechos que puedan gravitar en la decisión de la causa. Asimismo, podrá ordenar que sean examinados

nuevamente los ya interrogados, para aclarar sus declaraciones o proceder al careo.-

Artículo 453.- TESTIGOS DOMICILIADOS FUERA DE LA JURISDICCIÓN DEL JUZGADO.-

En el escrito de ofrecimiento de prueba, la parte que hubiese presentado testigos que deban declarar fuera del lugar del juicio, acompañará el interrogatorio

e indicará los nombres de las personas autorizadas para el trámite del exhorto u oficio, quienes deberán ser abogados o procuradores de la matrícula de la

jurisdicción del tribunal requerido, excepto cuando por las leyes locales estuvieren autorizadas otras personas. Los comisionados podrán sustituir la

autorización. No se admitirá la prueba si en el escrito no se cumplieren dichos requisitos.

Artículo 454.- DEPÓSITO Y EXAMEN DE LOS INTERROGATORIOS.-

En el caso del artículo anterior el interrogatorio quedará a disposición de la parte contraria, la que podrá, dentro de quinto día, proponer preguntas. El

juez examinará los interrogatorios, pudiendo eliminar las preguntas superfluas y agregar las que considere pertinentes. Asimismo, fijará el plazo dentro del

cual la parte que ofreció la prueba debe informar acerca del juzgado en que ha quedado radicado el exhorto y la fecha de la audiencia, bajo apercibimiento de

tenerlo por desistido.

Artículo 455.- AMPLIACIÓN DEL INTERROGATORIO.-

En el acto de la declaración las personas autorizadas podrán ampliar el interrogatorio o formular preguntas.-

Artículo 456.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER.-

El presidente y vicepresidente de la nación, el gobernador y vicegobernador de la Provincia o los de cualquiera otra provincia argentina, los intendentes

municipales, los ministros nacionales y provinciales, las dignidades eclesiásticas, los miembros del Congreso y de las Legislaturas provinciales, los

magistrados judiciales y los jefes superiores de las Fuerzas Armadas y de la Administración pública prestarán declaración mediante informe, con la

manifestación de que lo hacen bajo juramento o promesa de decir verdad, dentro del plazo que fije el juzgado, debiendo entenderse que no excederá de 10 días

si no se lo hubiese indicado.

Artículo 457.- PREGUNTAS A INCLUIR EN EL INTERROGATORIO.-

La parte contraria a la que ofreció el testigo podrá presentar un pliego de preguntas a incluir en el interrogatorio.

Artículo 458.- IDONEIDAD DE LOS TESTIGOS.-

Dentro del plazo de prueba las partes podrán alegar y probar acerca de la idoneidad de los testigos. El juez apreciará, según las reglas de la sana crítica

y, en oportunidad de dictar sentencia definitiva, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones.

SECCION 6

PRUEBA DE PERITOS.-

(Artículos 459 al 478)

PROCEDENCIA

Artículo 459.- PROCEDENCIA

Será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o

actividad técnica especializada.-

PERITO. CONSULTORES TÉCNICOS.-

Artículo 460.- PERITO. CONSULTORES TÉCNICOS.-

La prueba pericial estará a cargo de un perito único designado de oficio por el juez, salvo cuando una ley especial establezca un régimen distinto.

En los procesos de declaración de incapacidad y de inhabilitación, se estará a lo dispuesto en el art. 626, inc. 3.

En el juicio por nulidad de testamento, el juez podrá nombrar de oficio tres peritos cuando por la importancia y complejidad del asunto lo considere

conveniente.

Si los peritos fuesen tres, el juez les impartirá las directivas sobre el modo de proceder para realizar las operaciones tendientes a la producción y

presentación del dictamen.

Cada parte tiene la facultad de designar un consultor técnico.-

Artículo 461.- DESIGNACIÓN. PUNTOS DE PERICIA.

Al ofrecer la prueba pericial se indicará la especialización que ha de tener el perito y se propondrán los puntos de pericia; si la parte ejerciera la

facultad de designar consultor técnico, deberá indicar, en el mismo escrito, su nombre, profesión y domicilio.

La otra parte, al contestar el traslado que se le conferirá si se tratare de juicio ordinario o la demanda, en los demás casos, podrá formular la

manifestación a que se refiere el artículo 478 o, en su caso, proponer otros puntos que a su juicio deban constituir también objeto de la prueba, y observar

la procedencia de los mencionados por quien la ofreció; si ejerciese la facultad de designar consultor técnico deberá indicar en el mismo escrito su nombre,

profesión y domicilio.

Si se hubiesen presentado otros puntos de pericia u observado la procedencia de los propuestos por la parte que ofreció la prueba, se otorgará traslado a

ésta.

Cuando los litisconsortes no concordaran en la designación del consultor técnico de su parte, el juzgado desinsaculará a uno de los propuestos.

El juzgado dictará resolución y si considerare admisible la prueba pericial, señalará audiencia.-

Artículo 461 bis.- DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE PERICIA. PLAZO.-

En la audiencia a que se refiere al artículo anterior el juez designará el perito y fijará los puntos de pericia, pudiendo agregar otros o eliminar los que

considere improcedentes o superfluos, y señalará el plazo dentro del cual el perito deberá cumplir su cometido. Si la resolución no fijase dicho plazo se

entenderá que es de quince días.-

Artículo 461 ter.- REEMPLAZO DEL CONSULTOR TÉCNICO. HONORARIOS.-

El consultor técnico podrá ser reemplazado por la parte que lo designó; el reemplazante no podrá pretender una intervención que importe retrogradar la

práctica de la pericia.

Los honorarios del consultor técnico integrarán la condena en costas.-

Artículo 462.- ACUERDO DE PARTES.-

Antes de que el juez ejerza la facultad que le confiere el art. 461 bis, las partes de común acuerdo, podrán presentar un escrito proponiendo perito y puntos

de pericia.-

Podrán, asimismo, designar consultores técnicos.-

En este caso no se señalará la audiencia o se la dejará sin efecto, según correspondiere.

Artículo 463.- ANTICIPO DE GASTOS.-

Si el perito lo solicitare dentro de tercero día de haber aceptado el cargo, y si correspondiere por la índole de la pericia, la o las partes que han

ofrecido la prueba deberán depositar la suma que el juzgado fije para gastos de las diligencias.-

Dicho importe deberá ser depositado dentro del quinto día, plazo que comenzará a correr a partir de la notificación personal o por cédula de la providencia

que lo ordena; se entregará al perito, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva respecto de las costas y del pago de honorarios. La resolución sólo

será susceptible de recurso de reposición.-

En el caso que quien deba efectuar el depósito sea un Estado provincial o municipal, el plazo para el mismo será de veinte días, prorrogable por resolución

fundada.-

La falta de depósito dentro del plazo importará el desistimiento de la prueba.-

Artículo 464.- IDONEIDAD.-

Si la profesión estuviese reglamentada, el perito deberá tener título habilitante en la ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada a que

pertenezcan las cuestiones acerca de las cuales deba expedirse.-

En caso contrario, o cuando no hubiere en el lugar del proceso perito con título habilitante, podrá ser nombrada cualquier persona con conocimientos en la

materia.-

Artículo 465.- RECUSACIÓN.-

El perito podrá ser recusado por justa causa, dentro del quinto día de notificado el nombramiento.-

Artículo 466.- CAUSALES.-

Son causas de recusación de perito las previstas respecto de los jueces; también, la falta de título o incompetencia en la materia de que se trate, en el

supuesto del art. 464, párrafo segundo.-

Artículo 467.- TRÁMITE. RESOLUCIÓN.-

Deducida la recusación se hará saber al perito para que en el acto de la notificación o dentro del tercero día manifieste si es o no cierta la causal.

Reconocido el hecho o guardado silencio, será reemplazado; si se lo negare, el incidente tramitará por separado, sin interrumpir el curso del proceso.-

De la resolución no habrá recurso pero esta circunstancia podrá ser considerada por la alzada al resolver sobre lo principal.-

Artículo 468.- REEMPLAZO.-

En caso de ser admitida la recusación, el juez, de oficio, reemplazará al perito recusado, sin otra sustanciación.-

Artículo 469.- ACEPTACIÓN DEL CARGO.-

El perito aceptará el cargo ante el secretario, dentro del tercero día de notificado de su designación; en el caso de no tener título habilitante, bajo

juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo. Se lo citará por cédula u otro medio autorizado por este Código.-

Si el perito no aceptare, o no concurriere dentro del plazo fijado, el juez nombrará otro en su reemplazo, de oficio y sin otro trámite.-

El Superior Tribunal de Justicia determinará el plazo durante el cual quedarán excluidos de la lista los peritos que reiterada o injustificadamente se

hubieren negado a aceptar el cargo, o incurrieren en la situación prevista por el artículo siguiente.-

Artículo 470.- REMOCIÓN.-

Será removido el perito que, después de haber aceptado el cargo renunciare sin motivo atendible, rehusare dar su dictamen o no lo presentare oportunamente.

El juez de oficio, nombrará otro en su lugar y lo condenará a pagar los gastos de las diligencias frustradas y los daños y perjuicios ocasionados a las

partes, si éstas los reclamasen.-

El reemplazado perderá el derecho a cobrar honorarios.-

Artículo 471.- PRÁCTICA DE LA PERICIA.-

La pericia estará a cargo del perito designado por el juez.

Los consultores técnicos, las partes y sus letrados podrán presenciar las operaciones técnicas que se realicen y formular las observaciones que consideraren

pertinentes.-

Artículo 472.- PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN.-

El perito presentará su dictamen por escrito, con copias para las partes. Contendrá la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los

principios científicos en que se funde.-

Los consultores técnicos de las partes dentro del plazo fijado al perito podrán presentar por separado sus respectivos informes, cumpliendo los mismos

requisitos.-

Artículo 473.- TRASLADO. EXPLICACIONES. NUEVA PERICIA.-

Del dictamen del perito se dará traslado a las partes, que se notificará por cédula. De oficio o a instancia de cualquiera de ellas, el juez podrá ordenar

que el perito dé las explicaciones que se consideren convenientes, en audiencia o por escrito, atendiendo a las circunstancias del caso.-

Si el acto se cumpliere en audiencia y los consultores técnicos estuvieren presentes, con autorización del juez, podrán observar lo que fuere pertinente; si

no comparecieren esa facultad podrá ser ejercida por los letrados.-

Si las explicaciones debieran presentarse por escrito, las observaciones a las dadas por el perito podrán ser formuladas por los consultores técnicos o, en

su defecto, por las partes dentro del quinto día de notificadas por ministerio de la ley. La falta de impugnaciones o pedidos de explicaciones u

observaciones a las explicaciones que diere el perito, no es óbice para que la eficacia probatoria del dictamen pueda ser cuestionada por los letrados hasta

la oportunidad de alegar con arreglo a lo dispuesto por el art. 477.-

Cuando el juez lo estimare necesario podrá disponer que se practique otra pericia, o se perfeccione o amplíe la anterior, por el mismo perito u otro de su

elección.-

El perito que no concurriere a la audiencia o no presentare el informe ampliatorio o complementario dentro del plazo, perderá su derecho a cobrar honorarios,

total o parcialmente.-

Artículo 474.- DICTAMEN INMEDIATO.-

Cuando el objeto de la diligencia pericial fuese de tal naturaleza que permita al perito dictaminar inmediatamente, podrá dar su informe por escrito o en

audiencia; en el mismo acto los consultores técnicos podrán formular las observaciones pertinentes.-

Artículo 475.- PLANOS, EXÁMENES CIENTÍFICOS Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS.-

De oficio o a pedido de parte, el juez podrá ordenar:

1. Ejecución de planos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas, o de otra especie, de objetos, documentos o lugares, con empleo de

medios o instrumentos técnicos.-

2. Exámenes científicos necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos.-

3. Reconstrucción de hechos para comprobar si se han producido o pudieron realizarse de una manera determinada.-

A estos efectos podrá disponer que comparezcan el perito y los testigos y hacer saber a las partes que podrán designar consultores técnicos o hacer

comparecer a los ya designados para que participen en las tareas, en los términos de los arts. 471 y, en su caso, 473.-

Artículo 476.- CONSULTAS CIENTÍFICAS O TÉCNICAS.-

A petición de parte o de oficio, el juez podrá requerir opinión a universidades, academias, corporaciones, institutos y entidades públicas o privadas de

carácter científico o técnico, cuando el dictamen pericial requiriese operaciones o conocimientos de alta especialización.-

A pedido de las entidades privadas, el juez fijará el honorario que les corresponde percibir.-

Artículo 477.- EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN.-

La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en

que se funda la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados,

conforme a los arts. 473 y 474 y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca.-

Artículo 478.- IMPUGNACIÓN. DESINTERÉS. CARGO DE LOS GASTOS Y HONORARIOS.-

Los jueces deberán regular los honorarios de los peritos y demás auxiliares de la justicia, conforme a los respectivos aranceles, debiendo adecuarlos, por

debajo de sus topes mínimos inclusive, a las regulaciones que se practicaren a favor de los restantes profesionales intervinientes, ponderando la naturaleza,

complejidad, calidad y extensión en el tiempo de los respectivos trabajos.-

Al contestar el traslado a que se refiere el art. 461 precedente la parte contraria a la que ha ofrecido la prueba pericial podrá:

1) Impugnar su procedencia por no corresponder conforme a lo dispuesto en el art. 459; si no obstante haber sido declarada procedente, de la sentencia

resultare que no ha constituido unos de los elementos de convicción coadyuvante para la decisión, los gastos y honorarios del perito y consultores técnicos

será a cargo de la parte que propuso la pericia.-

2) Manifestar que no tiene interés en la pericia, y que se abstendrá, por tal razón, de participar en ella; en este caso, los gastos y honorarios del perito

y consultor técnico serán siempre a cargo de quién la solicitó, excepto cuando para resolver a su favor se hiciere mérito de aquélla.-

SECCION 7

RECONOCIMIENTO JUDICIAL

(Artículos 479 al 480)

Artículo 479.- MEDIDAS ADMISIBLES.-

El juez o tribunal podrá ordenar, de oficio o a pedido de parte:

1. El reconocimiento judicial de lugares o de cosas.

2. La concurrencia de peritos y testigos a dicho acto.

3. Las medidas previstas en el artículo 475.

Al decretar el examen se individualizará lo que deba constituir su objeto y se determinará el lugar, fecha y hora en que se realizará.

Si hubiere urgencia, la notificación se hará de oficio y con un (1) día de anticipación.

Artículo 480.- FORMA DE LA DILIGENCIA.-

A la diligencia asistirá el juez o los miembros del tribunal que éste determine. Las partes podrán concurrir con sus representantes y letrados y formular las

observaciones pertinentes, de las que se dejará constancia en acta.

SECCION 8.-

CONCLUSIÓN DE LA CAUSA PARA DEFINITIVA

(Artículos 481 al 485)

Artículo 481.- ALTERNATIVA.-

Cuando no hubiese mérito para recibir la causa a prueba, deberá procederse con arreglo a lo establecido en el último párrafo del artículo 359.

Artículo 482.- AGREGACIÓN DE LAS PRUEBAS. ALEGATOS.-

Si se hubiese producido la prueba, el juez, sin necesidad de gestión alguna de los interesados o sin sustanciarla si se hiciere, ordenará en una sola

providencia que se agregue al expediente con el certificado del secretario sobre las que se hayan producido, y sin perjuicio de lo previsto en el art. 495.

Notificada personalmente o por cédula la clausura del período de prueba, los autos se pondrán para alegar y el secretario entregará el expediente a los

letrados por su orden y por el plazo de seis (6) días a cada uno, sin necesidad de petición escrita y bajo su responsabilidad, para que presenten, si lo

creyeren conveniente, un escrito sobre el mérito de la prueba. Se considerará como una sola parte a quiénes actúen bajo representación común. Transcurrido el

plazo del préstamo sin que el expediente haya sido devuelto, la parte que lo retuviere perderá el derecho de alegar sin que se requiera intimación».-

Artículo 483.- LLAMAMIENTO DE AUTOS.-

Sustanciado el pleito en el caso del artículo 481, o transcurrido el plazo fijado en el artículo anterior, el secretario, sin petición de parte, pondrá el

expediente a despacho agregando los alegatos si se hubiesen presentado. El juez, acto continuo, llamará autos para sentencia.

Artículo 484.- EFECTOS DEL LLAMAMIENTO DE AUTOS.-

Desde el llamamiento de autos quedará cerrada toda discusión y no podrán presentarse más escritos ni producirse más pruebas, salvo las que el juez dispusiere

en los términos del artículo 36, inciso 2. Estas deberán ser ordenadas en un (1) solo acto. El juez pronunciará sentencia dentro del plazo establecido en el

art- 34 inc. 3, c, contado desde que quede firme la providencia de autos o desde el vencimiento del ampliatorio que se le hubiese concedido. Si se ordenare

prueba de oficio, no se computarán los días que requiera su cumplimiento.

Artículo 485.- NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA.-

La sentencia será notificada de oficio, dentro de tercero día. En la cédula se transcribirá la parte dispositiva. Al litigante que lo pidiere, se le

entregará una (1) copia simple de la sentencia, firmada por el secretario o por el oficial primero.

TITULO III

PROCESOS SUMARIO Y SUMARÍSIMO

(Artículos 486 al 498)

CAPITULO I

PROCESO SUMARIO

(Artículos 486 al 497)

Artículo 486.- DEMANDA, CONTESTACIÓN Y OFRECIMIENTO DE PRUEBA.-

Presentada la demanda con sujeción a lo dispuesto en el artículo 330, se dará traslado por diez (10) días. Cuando la parte demandada fuere una Provincia o un

Municipio el plazo para comparecer y contestar la demanda será de treinta días. Para la contestación regirá lo dispuesto en el artículo 356. Con la demanda,

reconvención y contestación de ambas, deberá acompañarse la prueba instrumental, en los términos del artículo 333, y ofrecerse todas las demás pruebas de que

las partes intentaren valerse. Dentro del plazo de cinco (5) días contados desde la notificación de la providencia que tiene por contestada la demanda o la

reconvención en su caso, el actor o reconviniente podrá ampliar su prueba con respecto a hechos invocados por el demandado o reconvenido, que no hubiesen

sido aducidos en la demanda o reconvención siempre que tengan relación con las cuestiones a que se refiere el proceso y directa incidencia en la decisión del

litigio. Con respecto a la prueba documental, se observará lo dispuesto por el art. 334. En esta clase de proceso no procederá la recusación sin causa.

Artículo 487.- RECONVENCIÓN.-

La reconvención será admisible si las pretensiones en ella deducidas derivaren de la misma relación jurídica o fueren anexas con las invocadas en la demanda.

De la reconvención se dará traslado por 10 días.

Artículo 488.- EXCEPCIONES PREVIAS.-

Las excepciones previas se regirán por las mismas normas del proceso ordinario, pero se opondrán conjuntamente con la contestación a la demanda. Si las

normas sobre competencia engendraren duda razonable, el juez requerido deberá conocer de la acción.

Artículo 489.- CONTINGENCIAS POSTERIORES.-

Contestada la demanda o la reconvención, vencido el plazo para hacerlo o desestimadas en su caso las excepciones previas, no habiendo hechos controvertidos

el juez declarará la cuestión de puro derecho y firme dicha providencia llamará autos para sentencia. Si hubiere hechos controvertidos, se estará a lo

dispuesto en los arts. 360 y subsiguientes.

Artículo 490.- ABSOLUCIÓN DE POSICIONES.-

Sólo podrá pedirse la absolución de posiciones en primera instancia una sola vez. Deberá solicitarse en la oportunidad mencionada en el artículo 486, segundo

párrafo.

Artículo 491.- NÚMERO DE TESTIGOS.-

Los testigos no podrán exceder de cinco (5) por cada parte. Si se hubiese propuesto un mayor número, el juez citará a los cinco (5) primeros y luego de

examinados, de oficio, o a pedido de parte, podrá disponer la recepción de otros testimonios si fuesen estrictamente necesarios.

Artículo 492.- CITACIÓN DE TESTIGOS.-

Para la citación y comparecencia del testigo regirá lo dispuesto en los artículos 433 y 434.

Artículo 493.- JUSTIFICACIÓN DE LA INCOMPARECENCIA.-

La inasistencia del testigo a la audiencia supletoria sólo podrá justificarse por una (1) vez, por causa grave invocada con anterioridad. La fuerza mayor que

hubiese impedido la justificación anticipada será excusable si se la hiciere valer dentro de las veinticuatro (24) horas de celebrada la audiencia, para la

cual deberá acompañarse la prueba del hecho, o acreditarse sumariamente dentro del plazo que fije el juez.

Artículo 494.- PRUEBA PERICIAL.-

Si fuese pertinente la prueba pericial, el juez designará perito único de oficio, quien deberá presentar su dictamen con anticipación de CINCO (5) días al

acto de la audiencia de prueba. El perito podrá ser recusado dentro de tercero día de notificado su nombramiento. Deducida recusación se procederá en la

forma establecida en el art. 467. El nombramiento y actuación de los consultores técnicos se ajustará a lo establecido en los arts. 460, 461, 461 ter, 471,

472, 473 y 474.-

Artículo 495.- CLAUSURA DEL PERÍODO DE PRUEBA. PRUEBA DE INFORMES. ALEGATOS

Si producidas las pruebas quedare pendiente únicamente la de informes en su totalidad o parte, y ésta no fuere esencial, se pronunciará sentencia

prescindiendo de ella, sin perjuicio de que sea considerada en segunda instancia si fuere agregada cuando la causa se encontrare en la alzada. No existiendo

prueba pendiente de producción, con la salvedad establecida en el párrafo anterior, el juez declarará clausurado el período correspondiente. Esta resolución

será notificada personalmente o por cédula. Una vez firme se entregará el expediente a los letrados, por su orden, y por el plazo de tres días a cada uno,

sin necesidad de petición escrita y bajo su responsabilidad para que presenten, si lo creyeren conveniente, el escrito alegando sobre el mérito de la prueba.

Se considerará como una sola parte a quienes actúen bajo representación común. El plazo para alegar es común. Transcurrido el plazo sin que el expediente

haya sido devuelto, la parte que lo retuviese perderá el derecho de alegar, sin que se requiera intimación. Presentados los alegatos, o vencido el plazo para

hacerlo, se procederá en la forma establecida en el art. 483.-

Artículo 496.- RESOLUCIONES Y RECURSOS.-

El plazo para dictar sentencia será de 30 ó 50 días, según se tratare de tribunal unipersonal o colegiado. Únicamente serán apelables la resolución que

rechaza de oficio la demanda; la que declara la cuestión de puro derecho; la que decide las excepciones previas; las providencias cautelares; las

resoluciones que pongan fin al juicio o impidan su continuación y la sentencia definitiva. Las apelaciones deducidas contra resoluciones que desestiman las

excepciones previstas en los incisos 6, 7 y 8 del artículo 347 se concederán en efecto diferido. Las interpuestas respecto de providencias cautelares

tramitarán en incidente por separado. Las resoluciones sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas, estarán sujetas al régimen del artículo

379.

Artículo 497.- NORMAS SUPLETORIAS.-

En cuanto no se hallare previsto, regirán las normas generales en lo que fuesen compatibles con el carácter sumario del procedimiento.

CAPITULO II.

PROCESO SUMARÍSIMO

(Artículo 498)

Artículo 498.- TRÁMITE.-

En los casos del art. 321, inc. 2 presentada la demanda, el juez, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida, resolverá de oficio y

como primera providencia si corresponde su trámite según las normas del juicio sumarísimo. La sustanciación, se ajusta a lo establecido en los artículos

anteriores, con estas modificaciones:

1. No será admisible reconvención ni excepciones de previo y especial pronunciamiento.

2. Todos los plazos serán de 2 días salvo el de la contestación de la demanda que será de cinco (5) días y el de prueba que fijará el juez.

3. La audiencia de prueba deberá señalarse dentro de los 10 días de contestada la demanda o de vencido el plazo para hacerlo.

4. Sólo serán apelables la sentencia definitiva y las providencias que decreten medidas precautorias.

5. El plazo para dictar sentencia será de 10 o de 15 días, según se tratare de tribunal unipersonal o colegiado.

LIBRO TERCERO

PROCESOS DE EJECUCIÓN.-

(Artículos 499 al 605)

TÍTULO I

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS.-

(Artículos 499 al 519)

CAPÍTULO I

SENTENCIAS DE TRIBUNALES ARGENTINOS

(Artículos 499 al 516)

Artículo 499.- RESOLUCIONES EJECUTABLES.-

Consentida o ejecutoriada la sentencia de un (1) tribunal judicial o arbitral y vencido el plazo fijado para su cumplimiento, se procederá a ejecutarla, a

instancia de parte, de conformidad con las reglas que se establecen en este CAPÍTULO. Podrá ejecutarse parcialmente la sentencia aunque se hubiere

interpuesto recurso ordinario o extraordinario contra ella, por los importes correspondientes a la parte de la condena que hubiere quedado firme. El título

ejecutorio consistirá, en este caso, en un testimonio que deberá expresar que ha recaído sentencia firme respecto del rubro que se pretende ejecutar por

haber sido consentido.- Si hubiere duda acerca de la existencia de este requisito se denegará el testimonio; la resolución del juez que lo acuerde o, en su

caso, lo deniegue, es irrecurrible.-

Artículo 500.- APLICACIÓN A OTROS TÍTULOS EJECUTABLES.-

Las disposiciones de este título serán asimismo aplicables:

1. A la ejecución de transacciones o acuerdos homologados.

2. A la ejecución de multas procesales.

3. Al cobro de honorarios regulados en concepto de costas.

Artículo 501.- COMPETENCIA.-

Será juez competente para la ejecución:

1. El que pronunció la sentencia.

2. El de otra competencia territorial si así lo impusiere el objeto de la ejecución, total o parcialmente.

3. El que haya intervenido en el proceso principal si mediare conexión directa entre causas sucesivas.

Artículo 502.- SUMA LÍQUIDA. EMBARGO.-

Si la sentencia contuviere condena al pago de cantidad líquida y determinada o hubiese liquidación aprobada, a instancia de parte se procederá al embargo de

bienes, de conformidad con las normas establecidas para el juicio ejecutivo. Se entenderá que hay condena al pago de cantidad líquida siempre que de la

sentencia se infiera el monto de la liquidación, aún cuando aquél no estuviese expresado numéricamente. Si la sentencia condenase a una misma parte al pago

de una cantidad líquida y de otra ilíquida, podrá procederse a la ejecución de la primera sin esperar a que se liquide la segunda.

Artículo 503.- LIQUIDACIÓN.-

Cuando la sentencia condenare al pago de cantidad ilíquida y el vencedor no hubiese presentado la liquidación, dentro de DIEZ (10) días contados desde que

aquélla fuere ejecutable, podrá hacerlo el vencido. En ambos casos se procederá de conformidad con las bases que en la sentencia se hubiesen fijado.

Presentada la liquidación se dará traslado a la otra parte por CINCO (5) días.

Artículo 504.- CONFORMIDAD. OBJECIONES.-

Expresada la conformidad por el deudor, o transcurrido el plazo sin que se hubiese contestado la vista, se procederá a la ejecución por la suma que

resultare, en la forma prescripta por el artículo 502. Si mediare impugnación se aplicarán las normas establecidas para los incidentes en los artículos 178 y

siguientes. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo y en los dos anteriores, el acreedor podrá solicitar se intime por cédula al ejecutado el pago de

lo adeudado, cuando se trate de cantidad líquida y determinada o hubiere liquidación aprobada.-

Artículo 505.- CITACIÓN DE VENTA.-

Trabado el embargo se citará al deudor para la venta de los bienes embargados. Las excepciones deberá oponerlas y probarlas dentro de quinto día.

Artículo 506.- EXCEPCIONES.-

Sólo se considerarán legítimas las siguientes excepciones:

1. Falsedad de la ejecutoria.

2. Prescripción de la ejecutoria.

3. Pago.

4. Quita, espera o remisión.

Artículo 507.- PRUEBA.-

Las excepciones deberán fundarse en hechos posteriores a la sentencia o laudo. Se probarán por las constancias del juicio o por documentos emanados del

ejecutante que se acompañarán al deducirlas, con exclusión de todo otro medio probatorio. Si no se acompañasen los documentos, el juez rechazará la excepción

sin sustanciarla. La resolución será irrecurrible.

Artículo 508.- RESOLUCIÓN.-

Vencido los cinco (5) días sin que se dedujere oposición, se mandará continuar la ejecución sin recurso alguno. Si se hubiese deducido oposición, el juez,

previo traslado al ejecutante por cinco (5) días mandará continuar la ejecución siempre que declarase improcedente las excepciones opuestas; si las declarare

procedentes dispondrá el levantamiento del embargo.

Artículo 509.- RECURSOS.-

La resolución que desestime las excepciones será apelable en efecto devolutivo, siempre que el ejecutante diese fianza o caución suficiente. Todas las

apelaciones que fueren admisibles en las diligencias para la ejecución de la sentencia, se concederán en efecto diferido.

Artículo 510.- CUMPLIMIENTO.-

Consentida o ejecutoriada la resolución que mande llevar adelante la ejecución, se procederá según las reglas establecidas para el cumplimiento de la

sentencia de remate, hasta hacerse pago al acreedor.

Artículo 511.- ADECUACION DE LA EJECUCIÓN.-

A pedido de parte el juez establecerá las modalidades de la ejecución o ampliará o adecuará las que contenga la sentencia, dentro de los límites de ésta.

Artículo 512.- CONDENA A ESCRITURAR.-

La sentencia que condenare al otorgamiento de escritura pública, contendrá el apercibimiento de que si el obligado no cumpliera dentro del plazo fijado, el

juez la suscribirá por él y a su costa. La escritura se otorgará ante el registro del escribano que proponga el ejecutante, si aquél no estuviere designado

en el contrato. El juez ordenará las medidas complementarias que correspondan.

Artículo 513.- CONDENA A HACER.-

En caso de que la sentencia contuviese condena a hacer alguna cosa, si la parte no cumpliese con lo que se le ordenó para su ejecución dentro del plazo

señalado por el juez, se hará a su costa o se le obligará a resarcir los daños y perjuicios provenientes de la inejecución, a elección del acreedor. Podrán

imponerse las sanciones conminatorias que autoriza el artículo 37. La obligación se resolverá también en la forma que establece este artículo, cuando no

fuere posible el cumplimiento por el deudor. La determinación del monto de los daños tramitará ante el mismo juez por las normas de los artículos 503 y 504,

o por juicio sumario, según aquél lo establezca. La resolución será irrecurrible. Para hacer efectiva la indemnización se aplicarán las reglas establecidas

según que la sentencia haya fijado o no su monto para el caso de inejecución.

Artículo 514.- CONDENA A NO HACER.-

Si la sentencia condenare a no hacer alguna cosa, y el obligado la quebrantase, el acreedor tendrá opción para pedir que se repongan las cosas al estado en

que se hallaban, si fuese posible, y a costa del deudor, o que se le indemnicen los daños y perjuicios, conforme a lo prescripto en el artículo anterior.

Artículo 515.- CONDENA A ENTREGAR COSAS.-

Cuando la condena fuere de entregar alguna cosa, se librará mandamiento para desapoderar de ella al vencido, quien podrá oponer las excepciones a que se

refiere el artículo 506, en lo pertinente. Si la condena no pudiera cumplirse, se le obligará a la entrega del equivalente de su valor, previa determinación

si fuere necesaria, con los daños y perjuicios a que hubiere lugar. La fijación de su monto se hará ante el mismo juez, por las normas de los artículos 503 ó

504 o por juicio sumario, según aquél lo establezca. La resolución será recurrible.

Artículo 516.- LIQUIDACIÓN EN CASOS ESPECIALES.-

Siempre que las liquidaciones o cuentas fueren muy complicadas y de lenta y difícil justificación o requirieren conocimientos especiales, serán sometidas a

la decisión de peritos árbitros o, si hubiere conformidad de partes, a la de amigables componedores.- La liquidación de sociedades, incluida la determinación

del carácter propio o ganancial de los bienes de la sociedad conyugal, impuesta por sentencia, se sustanciará por juicio ordinario, sumario o incidente,

según lo establezca el juez de acuerdo con las modalidades de la causa. Esta resolución será irrecurrible.

CAPÍTULO II

SENTENCIAS DE TRIBUNALES EXTRANJEROS.-

(Artículos 517 al 519)

Artículo 517.- PROCEDENCIA.-

Las sentencias de tribunales extranjeros tendrán fuerza ejecutoria en los términos de los tratados celebrados con el país de que provengan. Cuando no hubiese

tratados, serán ejecutables si concurriesen los siguientes requisitos:

1. Que la sentencia, con autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se ha pronunciado, emane de tribunal competente en el orden internacional y sea

consecuencia del ejercicio de una acción personal, o de una acción real sobre un bien mueble, si éste ha sido trasladado a la República durante o después del

juicio tramitado en el extranjero.

2. Que la parte condenada, domiciliada en la República, hubiese sido personalmente citada.

3. Que la obligación que haya constituido el objeto del juicio sea válida según nuestras leyes.

4. Que la sentencia no contenga disposiciones contrarias al orden público interno.

5. Que la sentencia reúna los requisitos necesarios para ser considerada como tal en el lugar en que hubiere sido dictada y las condiciones de autenticidad

exigidas por la ley nacional.

6. Que la sentencia no sea incompatible con otra pronunciada, con anterioridad o simultáneamente, por un (1) tribunal argentino.

Artículo 518.- COMPETENCIA. RECAUDOS. SUSTANCIACIÓN.-

La ejecución de la sentencia dictada por un (1) tribunal extranjero se pedirá ante el juez de primera instancia que corresponda, acompañando su testimonio

legalizado y traducido y de las actuaciones que acrediten que ha quedado ejecutoriada y que se han cumplido los demás requisitos, si no resultaren de la

sentencia misma. Para el trámite del exequátur se aplicarán las normas de los incidentes. Si se dispusiere la ejecución, se procederá en la forma establecida

para las sentencias pronunciadas por tribunales argentinos.

Artículo 519.- EFICACIA DE SENTENCIA EXTRANJERA.-

Cuando en juicio se invocare la autoridad de una sentencia extranjera, ésta sólo tendrá eficacia si reúne los requisitos del artículo 517.

Artículo 519 bis.- LAUDOS DE TRIBUNALES ARBITRALES EXTRANJEROS.-

Los laudos pronunciados por tribunales arbitrales extranjeros podrán ser ejecutados por el procedimiento establecido en los artículos anteriores, siempre

que: 1) Se cumplieren los recaudos del art. 517, en lo pertinente y, en su caso, la prórroga de jurisdicción hubiese sido admisible en los términos del art.

1.- 2) Las cuestiones que hayan constituido el objeto del compromiso no se encuentren excluidas del arbitraje conforme a lo establecido por el art. 737.-

TITULO II

JUICIO EJECUTIVO.-

(Artículos 520 al 594)

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

(Artículos 520 al 530)

Artículo 520.- PROCEDENCIA.-

Se procederá ejecutivamente siempre que en virtud de un (1) título que traiga aparejada ejecución, se demandare por obligación exigible de dar cantidades

líquidas de dinero, o fácilmente liquidables. Si la obligación estuviere subordinada a condición o prestación, la vía ejecutiva procederá si del título o de

otro instrumento público o privado reconocido que se presente junto con aquél, o de la diligencia prevista en el artículo 525, inciso 4, resultare haberse

cumplido la condición o prestación. Si la obligación fuere en moneda extranjera, la ejecución deberá promoverse por el equivalente en moneda nacional, según

la cotización del banco oficial que corresponda al día de la iniciación o la que las partes hubiesen convenido, sin perjuicio del reajuste que pudiere

corresponder al día del pago.

Artículo 521.- OPCIÓN POR PROCESO DE CONOCIMIENTO.-

Si, en los casos en que por este Código, corresponde un proceso de ejecución, el actor optare por uno de conocimiento y hubiese oposición del demandado, el

juez, atendiendo a las circunstancias del caso, resolverá cuál es la clase de proceso aplicable. La resolución no será recurrible.

Artículo 522.- DEUDA PARCIALMENTE LÍQUIDA.-

Si del título ejecutivo resultare una deuda de cantidad líquida y otra que fuese ilíquida, podrá procederse ejecutivamente respecto de la primera.

Artículo 523.- TÍTULOS EJECUTIVOS.-

Los títulos que traen aparejada ejecución son los siguientes: 1) El instrumento público presentado en forma. 2) El instrumento privado suscripto por el

obligado, reconocido judicialmente o cuya firma estuviese certificada por escribano con intervención del obligado y registrada la certificación en el

protocolo. 3) La confesión de deuda líquida y exigible prestada ante el juez competente para conocer en la ejecución. 4) La cuenta aprobada o reconocida como

consecuencia del procedimiento establecido en el artículo 525. 5) La letra de cambio, factura de crédito, vale o pagaré, el cheque y la constancia del saldo

deudor de cuenta corriente bancaria, cuando tuvieren fuerza ejecutiva de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio o ley especial. 6) El

crédito por alquileres o arrendamientos de inmuebles. 7) Los demás títulos que tuvieren fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento

especial.

Artículo 524.- CRÉDITO POR EXPENSAS COMUNES.-

Constituirá título ejecutivo el crédito por expensas comunes de edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal. En el escrito en que se promueva la

ejecución deberán acompañarse certificados de deuda que reúnan los requisitos exigidos por el reglamento de copropiedad. Asimismo, se acompañará constancia

de la deuda líquida y exigible y del plazo concedido a los copropietarios para abonarla, expedida por el administrador o quien haga sus veces.

Artículo 525.- PREPARACIÓN DE LA VIA EJECUTIVA.-

Podrá prepararse la acción ejecutiva, pidiendo previamente:

1. Que sean reconocidos los documentos que por sí solos no traigan aparejada ejecución.

2. Que en la ejecución por alquileres o arrendamientos, el demandado manifieste previamente si es locatario o arrendatario y, en caso afirmativo, exhiba el

último recibo. Si el requerido negase categóricamente ser inquilino y su condición de tal no pudiere probarse sumariamente en forma indubitada, no procederá

la vía ejecutiva y el pago del crédito será reclamado por juicio sumario. Si durante la sustanciación de éste se probare el carácter de inquilino, en la

sentencia se le impondrá una multa a favor de la otra parte equivalente al treinta por ciento (30 %) del monto de la deuda.

3. Que el juez señale el plazo dentro del cual debe hacerse el pago, si el acto constitutivo de la obligación no lo designare o si autorizare al deudor para

realizarlo cuando pudiera o tuviese medios para hacerlo. El juez dará traslado y resolverá sin más trámite ni recurso alguno.

4. Que el deudor reconozca el cumplimiento de la condición, si la deuda fuese condicional.

Artículo 526.- CITACIÓN DEL DEUDOR.-

La citación al demandado para que efectúe el reconocimiento de su firma se hará en la forma prescripta en los artículos 339 y 340, bajo apercibimiento de que

si no compareciese o no contestare categóricamente, se tendrá por reconocido el documento, o por confesados los hechos en los demás casos. El citado deberá

comparecer personalmente y formular la manifestación ante el juez. Dicha manifestación no podrá ser reemplazada por un escrito. Si el citado no compareciere,

o no probare justa causa de inasistencia, se hará efectivo inexcusablemente el apercibimiento y se procederá como si el documento hubiere sido reconocido por

el deudor personalmente, o hubiese confesado los hechos, en los demás casos. . El desconocimiento de la firma por alguno de los coejecutados no impide que se

cumpla con lo dispuesto por los artículos 531 y 542, respecto de los deudores que la hayan reconocido, o a quiénes se los haya tenido por reconocida.-

Artículo 527.- EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA.-

Reconocida la firma del instrumento quedará preparada la acción ejecutiva, aunque se hubiese negado su contenido.

Artículo 528.- DESCONOCIMIENTO DE LA FIRMA.-

Si el documento no fuere reconocido, el juez, a pedido del ejecutante, previo dictamen de un perito designado de oficio, declarará si la firma es auténtica.

Si lo fuere, se procederá según lo establece el artículo 531 y se impondrá al ejecutado las costas y una multa equivalente al treinta por ciento (30 %) del

monto de la deuda, que aquél deberá dar a embargo como requisito de admisibilidad de las excepciones. Si no las opusiere, el importe de la multa integrará el

capital a los efectos del cumplimiento de la sentencia de remate. La resolución que declara la autenticidad de la firma e impone la multa será apelable en

efecto diferido.-

Artículo 529.- CADUCIDAD DE LAS MEDIDAS PREPARATORIAS.-

Se producirá la caducidad de las medidas preparatorias del juicio ejecutivo, sin necesidad de declaración judicial, si no se dedujere la demanda dentro de

los quince (15) días de su realización. Si el reconocimiento fuere ficto, el plazo correrá desde que la providencia hubiese sido notificada al ejecutante.-

Artículo 530.- FIRMA POR AUTORIZACIÓN O A RUEGO.-

Si el instrumento privado hubiese sido firmado por autorización o a ruego del obligado, quedará preparada la vía ejecutiva si, citado éste, declarase que

otorgó la autorización o que es cierta la deuda que el documento expresa. Si la autorización resultare de un instrumento público, bastará citar al autorizado

para que reconozca la firma.

CAPÍTULO II

EMBARGO Y EXCEPCIONES.-

(Artículos 531 al 558)

Artículo 531.- INTIMACIÓN DE PAGO Y PROCEDIMIENTO PARA EL EMBARGO.-

El juez examinará cuidadosamente el instrumento con que se deduce la ejecución, y si hallare que es de los comprendidos en los artículos 523 y 524, o en otra

disposición legal, y que se encuentran cumplidos los presupuestos procesales, librará mandamiento de embargo, observándose el siguiente procedimiento:

1. Con el mandamiento, el oficial de justicia requerirá el pago al deudor. Si no se pagare en el acto el importe del capital reclamado, del estimado por el

juez en concepto de intereses y costas, y de la multa establecida por el artículo 528, en su caso, dicho funcionario procederá a embargar bienes suficientes,

a su juicio, para cubrir la cantidad fijada en el mandamiento. El dinero deberá ser depositado dentro del primer día hábil siguiente en el banco de depósitos

judiciales.

2. El embargo se practicará aún cuando el deudor no estuviese presente, de lo que se dejará constancia. En este caso, se le hará saber dentro de los tres (3)

días siguientes al de la traba. Si se ignorase su domicilio, se nombrará al defensor oficial, previa citación por edictos que se publicarán por una (1) sola

vez.

3. El oficial de justicia requerirá al propietario de los bienes para que manifieste si se encuentran embargados o afectados por prenda u otro gravamen y, en

su caso, por orden de qué juez y en qué expediente, y el nombre y domicilio de los acreedores, bajo apercibimiento de lo dispuesto en las leyes sobre la

materia. Si el dueño de los bienes no estuviere presente, en la misma diligencia se le notificará que debe formular esta manifestación dentro del plazo para

oponer excepciones.

Artículo 532.- DENEGACIÓN DE LA EJECUCIÓN.-

Será apelable la resolución que denegare la ejecución.-

Artículo 533.- BIENES EN PODER DE UN TERCERO.-

Si los bienes embargados se encontraren en poder de un (1) tercero, se notificará a éste en el día, personalmente o por cédula. En el caso del artículo 736

del Código Civil, si el notificado del embargo pagase indebidamente al deudor embargado, el juez hará efectiva su responsabilidad en el mismo expediente por

el trámite de los incidentes o del juicio sumario, según correspondiere atendiendo a las circunstancias del caso.

Artículo 534.- INHIBICIÓN GENERAL.-

Si no se conocieren bienes del deudor o si los embargados resultaren presuntivamente insuficientes para cubrir el crédito del ejecutante, podrá solicitarse

contra el ejecutado inhibición general de vender o gravar sus bienes. La medida quedará sin efecto si el deudor presentare bienes a embargo o diere caución

bastante.

Artículo 535.- ORDEN DE LA TRABA. PERJUICIOS.-

El acreedor no podrá exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el deudor, si hubiese otros disponibles. Serán

aplicables, además, las normas establecidas en el Capítulo relativo a las medidas cautelares en cuanto fueren pertinentes. Si los bienes muebles embargados

formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o fueren los de uso de la casa habitación del deudor, éste podrá exonerarlos del embargo

presentando otros bienes no gravados, o que, aún cuando lo estuviesen, bastaren manifiestamente para cubrir el crédito reclamado.

Artículo 536.- LÍMITES Y MODALIDADES DE LA EJECUCIÓN.-

Durante el curso del proceso de ejecución de la sentencia, el juez podrá de oficio o a pedido de parte y, si las circunstancias así lo aconsejaren, fijar una

audiencia para que comparezcan ejecutantes y ejecutado con el objeto de establecer la forma más rápida y eficaz de satisfacer el crédito, procurando evitar

perjuicios innecesarios. A esta audiencia deberán comparecer las partes personalmente y se celebrará con la que concurra. No podrá señalarse una nueva con el

mismo objeto, ni tampoco podrá el ejecutado promover posteriormente incidentes por causas anteriores que no fueron invocadas en dicha audiencia.

Artículo 537.- DEPOSITARIO.-

El oficial de justicia dejará los bienes embargados en poder de un depositario provisional que podrá ser el deudor si resultare conveniente, salvo que

aquellos se encontraren en poder de un tercero y éste requiriere el nombramiento a su favor. Cuando las cosa embargadas fueren de difícil o costosa

conservación o hubiese peligro de pérdida o desvalorización, el depositario deberá poner el hecho oportunamente en conocimiento del juez, si no lo hubiese

expresado el oficial, lo que se hará saber a las partes a los fines del artículo 205.

Artículo 538.- EMBARGO DE INMUEBLES O MUEBLES REGISTRABLES.-

Si el embargo hubiese de hacerse efectivo en bienes inmuebles o en muebles registrables, bastará su anotación en el registro, en la forma y con los efectos

que resultaren de la ley. Los oficios o exhortos serán librados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la providencia que ordenare el embargo.

Artículo 539.- COSTAS.-

Aunque el deudor pagare en el acto de la intimación judicial, serán a su cargo las costas del juicio.

Artículo 540.- AMPLIACIÓN ANTERIOR A LA SENTENCIA.-

Cuando durante el juicio ejecutivo y antes de pronunciarse sentencia, venciere algún nuevo plazo de la obligación en cuya virtud se procede, a pedido del

actor podrá ampliarse la ejecución por su importe, sin que el procedimiento retrotraiga, y considerándose comunes a la ampliación los trámites que la hayan

precedido.

Artículo 541.- AMPLIACIÓN POSTERIOR A LA SENTENCIA.-

Si durante el juicio, pero con posterioridad a la sentencia, vencieren nuevos plazos o cuotas de la obligación en cuya virtud se procede, la ejecución podrá

ser ampliada pidiéndose que el deudor exhiba dentro de quinto día los recibos correspondientes o documentos que acrediten la extinción de la obligación, bajo

apercibimiento de hacerse extensiva la sentencia a los nuevos plazos y cuotas vencidos. Si el deudor no exhibiere recibos o documentos que fuesen reconocidos

por el ejecutante, o no se comprobase sumariamente su autenticidad, se hará efectivo el apercibimiento sin recurso alguno. Lo dispuesto en este artículo y en

el anterior regirá también en las ejecuciones por cobro de alquileres y expensas comunes. En cada caso de ampliación deberá cumplirse con la intimación de

pago.

Artículo 542.- INTIMACIÓN DE PAGO. OPOSICIÓN DE EXCEPCIONES.-

La intimación de pago importará la citación para oponer excepciones, debiendo dejarse al ejecutado copia de la diligencia, del escrito de iniciación y de los

documentos acompañados. Las excepciones se propondrán, dentro de cinco (5) días, en un (1) solo escrito, conjuntamente con el ofrecimiento de prueba. Deberán

cumplirse, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los artículos 330 y 356, determinándose con exactitud cuáles son las excepciones que se oponen.

La intimación de pago importará, asimismo, el requerimiento para que el deudor dentro del plazo establecido en el párrafo segundo de este artículo,

constituya domicilio, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 41. No habiéndose opuesto excepciones dentro del plazo, el juez, sin otra

sustanciación, pronunciará sentencia de remate.

Artículo 543.- TRÁMITES IRRENUNCIABLES.-

Son irrenunciables la intimación de pago, la citación para oponer excepciones y la sentencia.

Artículo 544.- EXCEPCIONES.-

Las únicas excepciones admisibles en el juicio ejecutivo son:

1. Incompetencia

2. Falta de personería en el ejecutante, en el ejecutado o en sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación

suficiente.

3. Litispendencia en otro juzgado o tribunal competente.

4. Falsedad o inhabilidad de título con que se pide la ejecución. La primera podrá fundarse únicamente en la adulteración del documento; la segunda se

limitará a las formas extrínsecas del Título, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa. Si hubiere mediado reconocimiento expreso de la firma no

procederá la excepción de falsedad, salvo que se la funde en la adulteración del documento. Estas excepciones son inadmisibles si no se ha negado la

existencia de la deuda.

5. Prescripción.

6. Pago documentado, total o parcial.

7. Compensación de crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada ejecución.

8. Quita, espera, remisión, novación, transacción, conciliación o compromiso documentado.

9. Cosa juzgada.

Artículo 545.- NULIDAD DE LA EJECUCIÓN.-

El ejecutado podrá solicitar, dentro del plazo fijado en el artículo 542, por vía de excepción o de incidente, que se declare la nulidad de la ejecución.

Podrá fundarse únicamente en:

1. No haberse hecho legalmente la intimación de pago, siempre que en el acto de pedir la declaración de nulidad, el ejecutado depositara la suma fijada en el

mandamiento u opusiere excepciones.

2. Incumplimiento de las normas establecidas para la preparación de la vía ejecutiva, siempre que el ejecutado desconozca la obligación, niegue la

autenticidad de la firma, el carácter de locatario, o el cumplimiento de la condición o de la prestación. Es inadmisible el pedido de nulidad si el ejecutado

no mencionare las excepciones que no ha podido deducir, en términos que demuestren la seriedad de su petición.-

Artículo 546.- SUBSISTENCIA DEL EMBARGO.-

Si se anulare el procedimiento ejecutivo o se declarare la incompetencia, el embargo trabado se mantendrá, con carácter preventivo, durante quince (15) días

contados desde que la resolución quedó firme. Se producirá la caducidad automática si dentro de ese plazo no se reiniciare la ejecución.

Artículo 547.- TRÁMITE.-

El juez desestimará sin sustanciación alguna las excepciones que no fueren de las autorizadas por la ley, o que no se hubieren opuesto en forma clara y

concreta, cualquiera sea el nombre que el ejecutado les hubiese dado. En ese mismo acto dictará sentencia de remate. Si se hallaren cumplidos los requisitos

pertinentes, dará traslado de las excepciones al ejecutante por cinco (5) días quien al contestarlo ofrecerá la prueba de que intente valerse. No se dará

declaración especial previa acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad de las excepciones.

Artículo 548.- EXCEPCIONES DE PURO DERECHO. FALTA DE PRUEBA.-

Si las excepciones fueren de puro derecho o se fundasen exclusivamente en constancias del expediente, o no se hubiere ofrecido prueba, el juez pronunciará

sentencia dentro de 20 días de contestado el traslado o de vencido el plazo para hacerlo.

Artículo 549.- PRUEBA.-

Cuando se hubiere ofrecido prueba que no consistiese en constancias del expediente, el juez acordará un plazo común para producirla, tomando en consideración

las circunstancias y el lugar donde deba diligenciarse. Corresponderá al ejecutado la carga de la prueba de los hechos en que funde las excepciones. El juez,

por resolución fundada, desestimará la prueba manifiestamente inadmisible, meramente dilatoria o carente de utilidad. Se aplicarán supletoriamente las normas

que rigen el juicio sumario

Artículo 550.- EXAMEN DE LAS PRUEBAS. SENTENCIA.-

Producidas las pruebas, el expediente se pondrá en secretaría durante 5 días, dentro de los cuales las partes podrán alegar sobre las pruebas producidas.

Vencido dicho plazo, el juez dictará sentencia dentro de 20 días.

Artículo 551.- SENTENCIA DE REMATE.-

La sentencia de remate sólo podrá determinar que se lleve la ejecución adelante, en todo o en parte, o su rechazo. En el primer caso, al ejecutado que

hubiese litigado sin razón valedera u obstruido el curso normal del proceso con articulaciones manifiestamente improcedentes, o que de cualquier manera

hubiese demorado injustificadamente el trámite, se le impondrá una multa a favor del ejecutante, cuyo monto será fijado entre el cinco por ciento (5 %) y el

treinta por ciento (30 %) del importe de la deuda, según la incidencia de su inconducta procesal sobre la demora del procedimiento.

Artículo 552.- NOTIFICACIÓN al DEFENSOR OFICIAL.-

Si el deudor con domicilio desconocido no se hubiese presentado, la sentencia se notificará al defensor oficial.

Artículo 553.- JUICIO ORDINARIO POSTERIOR.-

Cualquiera fuere la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrán promover el ordinario, una vez cumplidas las condenas

impuestas en aquella. Toda defensa o excepción que por la ley no fuese admisible en el juicio ejecutivo podrá hacerse valer en el ordinario. No corresponderá

el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones, respecto de las que legalmente pudo deducir, ni para el ejecutante, en cuanto a las que se

hubiese allanado. Tampoco se podrá discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviese

limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de la ejecución.

La falta de cumplimiento de las condenas impuestas podrá ser opuesta como excepción de previo y especial pronunciamiento. El juicio ordinario promovido

mientras se sustancia el ejecutivo no produce la paralización de este último.-

Artículo 554.- APELACIÓN.-

La sentencia de remate será apelable:

1. Cuando se tratare del caso previsto en el artículo 547, párrafo primero.

2. Cuando las excepciones hubiesen tramitado como de puro derecho.

3. Cuando se hubiese producido prueba respecto de las opuestas.

4. Cuando versare sobre puntos ajenos al ámbito natural del proceso o causare gravamen irreparable en el juicio ordinario posterior. Serán apelables las

regulaciones de honorarios que contuviere la sentencia de remate o fueren su consecuencia, aunque ella, en el caso, no lo sea.-

Artículo 555.- EFECTO. FIANZA.-

Cuando el ejecutante diere fianza de responder de lo que percibiere si la sentencia fuese revocada, el recurso se concederá en efecto devolutivo. El juez

establecerá la clase y el monto de la fianza. Si no se prestase dentro de los cinco (5) días de haber sido concedido el recurso, se elevará el expediente a

la cámara. Si se diere fianza se remitirá también el expediente dejándose, en primera instancia, testimonio de las piezas necesarias para que prosiga la

ejecución.

Artículo 556.- EXTENSIÓN DE LA FIANZA.-

La fianza sólo se hará extensiva al resultado del juicio ordinario, cuando así lo solicitare el ejecutado que opuso excepciones si el juez les hubiese dado

curso y se hubiese producido prueba, en su caso. Quedará cancelada:

1. Si el ejecutado no promoviere el juicio dentro de los quince (15) días de haber sido otorgada.

2. Si habiéndolo deducido dentro de dicho plazo, la sentencia fuere confirmada.

Artículo 557.- CARÁCTER Y PLAZO DE LAS APELACIONES.-

Las apelaciones en el juicio ejecutivo se concederán en efecto diferido con excepción de las que procedieren contra la sentencia de remate y la providencia

que denegare la ejecución.

Artículo 558.- COSTAS.-

Las costas del juicio ejecutivo serán a cargo de la parte vencida, con excepción de las correspondientes a las pretensiones de la otra parte que hayan sido

desestimadas. Si se hubiese declarado procedente la excepción de pago parcial, al ejecutado se le impondrán sólo las costas correspondientes al monto

admitido en la sentencia.

CAPÍTULO III

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE REMATE

(Artículos 559 al 594)

SECCIÓN 1

ÁMBITO. RECURSO. DINERO EMBARGADO. LIQUIDACIÓN. PAGO INMEDIATO. TÍTULOS O ACCIONES.-

Artículo 559.- ÁMBITO.-

Si la subasta se dispone a requerimiento de propietario o de condómino y no en cumplimiento de una sentencia de condena, la operación se regirá por las

normas del derecho sustancial; en este caso, las que se establecen en este Código sólo serán aplicables en lo que fueren conciliables con aquéllas.

Artículo 560.- RECURSOS.-

Son inapelables, por el ejecutado, las resoluciones que se dictaren durante el trámite de cumplimiento de la sentencia de remate, salvo las que se refieran a

cuestiones que:

1. No pueden constituir objeto del juicio ordinario posterior.

2. Debiendo ser objeto del juicio ordinario posterior, con arreglo al art. 553, no obstante, han sido debatidas en la etapa de cumplimiento de la sentencia

por haber asentido el ejecutante.

3. Se relacionen con el reconocimiento del carácter de parte.

4. En los casos de los arts. 554, inc. 4 y 591, 1 y 2 párrafos.-

Artículo 561.- EMBARGO. SUMAS DE DINERO. LIQUIDACIÓN. PAGO INMEDIATO.-

Es requisito del trámite de cumplimiento de la sentencia de remate, la traba de embargo.

Cuando lo embargado fuese dinero, una vez firme la sentencia o dada la fianza a que se refiere el art. 555, el acreedor practicará liquidación de capital,

intereses y costas, de la que se dará traslado al ejecutado, aplicándose, en lo pertinente, las reglas de los arts. 503 y 504. Aprobada la liquidación, se

hará pago inmediato al acreedor del importe que de ella resultare.-

Artículo 562.- ADJUDICACIÓN DE TÍTULOS O ACCIONES.

Si se hubiese embargado títulos o acciones que se coticen oficialmente en los mercados de valores, el ejecutante podrá pedir que se le den en pago al precio

que tuvieren a la fecha de la resolución que así lo dispone; si no se cotizaren, se observará lo establecido por el art. 573.-

SECCIÓN 2

DISPOSICIONES COMUNES A LA SUBASTA DE MUEBLES, SEMOVIENTES O INMUEBLES.-

Artículo 563.- MARTILLERO. DESIGNACIÓN. CARÁCTER DE SU ACTUACIÓN. REMOCIÓN.-

El martillero será nombrado de oficio, salvo si existiere acuerdo de las partes para proponerlo. No podrá ser recusado; sin embargo, cuando circunstancias

graves lo aconsejaren, el juez, dentro del quinto día de hecho el nombramiento, podrá dejarlo sin efecto.

Deberá ajustar su cometido a las instrucciones que le imparta el juez; si no cumpliere con este deber podrá ser removido; en su caso, se le dará por perdido

total o parcialmente el derecho a comisión o se aplicará en lo pertinente la sanción que establece el 3 párr. del art. 565.

No podrá delegar sus funciones, salvo autorización expresa del juez.

El martillero no es parte en los trámites del cumplimiento de la sentencia de remate; sólo podrá tener intervención en lo que se refiere a su actuación, en

los términos establecidos en este Código o en otra ley.-

Artículo 564.- DEPÓSITO DE LOS IMPORTES PERCIBIDOS POR EL MARTILLERO. RENDICIÓN DE CUENTAS.

El martillero deberá depositar las sumas recibidas y rendir cuentas del remate al juzgado, dentro de los tres días de realizado. Si no lo hiciere

oportunamente, sin justa causa, carecerá de derecho a cobrar comisión.-

Artículo 565.- COMISIÓN. ANTICIPO DE FONDOS.

El martillero percibirá la comisión que corresponda conforme al bien subastado, establecida por la ley o, en su caso, la costumbre.

Si el remate se suspendiere o fracasare sin culpa del martillero, el monto de la comisión será fijado por el juez, de acuerdo con la importancia del trabajo

realizado; si se anulare, también sin su culpa, tendrá derecho a la comisión que correspondiere. Si el mismo martillero vendiere el bien en un remate

posterior, su retribución será determinada atendiendo al efectivo trabajo que le hubiere demandado esa tarea.

Si el remate se anulare por culpa del martillero, éste deberá reintegrar el importe de la comisión que percibió, dentro del tercer día de notificado por

cédula de la resolución que decreta la nulidad.

Cuando el martillero lo solicitare y el juez lo considere procedente, las partes deben adelantar los fondos que se estimen necesarios para la realización de

la subasta.-

Artículo 566.- EDICTOS.

El remate se anunciará por edictos, que se publicarán por dos días en el Boletín Oficial y en otro diario, en la forma indicada en los arts. 145, 146 y 147.

Si se tratare de bienes de escaso valor, sólo se publicarán en el Boletín Oficial, por un día y podrá prescindirse de la publicación si el costo de la misma

no guardare relación con el valor de los bienes.

Si se tratare de inmuebles, podrá asimismo, anunciarse en diarios del lugar donde estén situados.

En los edictos se indicará el juzgado y secretaría donde tramita el proceso, el número del expediente y el nombre de las partes si éstas no se opusieren; el

lugar, día, mes, año y hora de la subasta; no tratándose de bienes de escaso valor, se individualizarán las cantidades, el estado y el lugar donde podrán ser

revisados por los interesados; se mencionará, asimismo, la obligación de depositar el importe de la seña y de la comisión en el acto de remate y, en su caso,

las modalidades especiales del mismo.

Si la subasta fuere de inmuebles, deberá indicarse, además, la base, condiciones de venta, estado de ocupación y horario de visitas; si estuvieren sujetos al

régimen de propiedad horizontal, en las publicaciones y en el acto del remate deberá determinarse el monto de las expensas comunes correspondientes al último

mes, y la deuda por este concepto, si fuere posible.

En todos los casos, la última publicación deberá realizarse cuando menos cuarenta y ocho horas antes del remate.

No podrán denunciarse defectos de publicidad de la subasta vencidos cinco días contados desde la última publicación.-

Artículo 567.- PROPAGANDA. INCLUSIÓN INDEBIDA DE OTROS BIENES.

La propaganda adicional será a cargo del ejecutante, salvo si el ejecutado hubiese dado conformidad, o si su costo no excediere del dos por ciento de la

base.

No se podrá mencionar en la propaganda, ni subastar en el mismo remate, bajo pena de perder el martillero su comisión, bienes distintos de aquellos cuya

venta fue ordenada judicialmente.

Si la propaganda adicional se realizare a través de diarios, será aplicable lo dispuesto en el último párrafo del artículo anterior.

Artículo 568.- PREFERENCIA PARA EL REMATE.-

Si el bien estuviere embargado en diversos procesos seguidos contra el ejecutado, salvo disposición específica de otra ley que regule ejecuciones especiales,

la subasta se realizará en el que estuviere más adelantado en su trámite, con prescindencia de la naturaleza o garantías que tuvieren los créditos.

La preferencia que se acordare para la realización del remate importa reconocer al acreedor que promovió el juicio donde se ordena, la facultad de proponer

martillero, si en el acto constitutivo de la obligación se le hubiere otorgado esa prerrogativa.-

Artículo 569.- SUBASTA PROGRESIVA.-

Si se hubiese dispuesto la venta de varios bienes, el juez a pedido del ejecutado, podrá ordenar que la subasta se realice en distintas fechas y que se

suspenda cuando el precio obtenido alcanzare a cubrir el crédito, intereses y costas reclamados.-

Artículo 570.- POSTURAS BAJO SOBRE.-

Cualquiera sea la naturaleza de los bienes a subastar, a pedido de parte o de oficio el juez podrá disponer que se admitan posturas en sobre cerrado, en las

condiciones que fije, que deberán indicarse en los edictos y, en su caso, en la propaganda.-

Artículo 571.- COMPRA EN COMISIÓN.-

El comprador deberá indicar, dentro del tercer día de realizada la subasta, el nombre de su comitente, en escrito firmado por ambos. En su defecto, se lo

tendrá por adjudicatario definitivo.

El comitente constituirá domicilio en esa presentación, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 41, en lo pertinente.-

Artículo 572.- REGULARIDAD DEL ACTO.-

Si existieren motivos fundados y sin perjuicio de la facultad del juez para disponerlo de oficio, el ejecutante, el ejecutado o el martillero podrán

solicitar al juzgado la adopción de las medidas necesarias para proveer a la regularidad del remate y al mantenimiento del orden que asegure la libre oferta

de los interesados.-

SECCIÓN 3

SUBASTA DE MUEBLES O SEMOVIENTES.-

Artículo 573.- SUBASTA DE MUEBLES O SEMOVIENTES.-

Si el embargo hubiere recaído en bienes muebles o semovientes, se observarán las siguientes reglas:

1. Se ordenará su venta en remate, sin base, al contado o con las facilidades de pago que por resolución fundada se establezca, por un martillero público que

se designará observando lo establecido en el art. 563.

2. En la resolución que dispone la venta se requerirá al deudor para que, dentro del plazo de cinco días, manifieste si los bienes están prendados o

embargados. En el primer caso, aquél deberá indicar el nombre y domicilio de los acreedores y el monto del crédito; en el segundo, el juzgado, secretaría y

la carátula del expediente.

3. Se podrá ordenar el secuestro de las cosas, que serán entregadas al martillero para su exhibición y venta; al recibirlas éste, las individualizará con

indicación de su estado y del lugar y fecha en que se lleva a cabo la entrega.

4. Si se tratare de muebles registrables, se requerirá a los registros que correspondiere un informe sobre las condiciones de dominio y gravámenes.

5. La providencia que decrete la venta será comunicada a los jueces embargantes; se notificará por cédula a los acreedores prendarios, quienes podrán

formular las peticiones que estimaren pertinentes, dentro del tercer día de notificados.-

Artículo 574.- ARTICULACIONES INFUNDADAS. ENTREGA DE LOS BIENES.-

Al adjudicatario que planteare cuestiones manifiestamente improcedentes que demoraren el pago del saldo del precio, se le impondrá la multa que prevé el art.

581.

Pagado totalmente el precio, el martillero o la parte que, en su caso, correspondiere, entregará al comprador los bienes que éste hubiese adquirido, siempre

que el juzgado no dispusiere otra cosa.-

SECCIÓN 4

SUBASTA DE INMUEBLES.-

A) DECRETO DE LA SUBASTA.-

Artículo 575.- EMBARGOS DECRETADOS POR OTROS JUZGADOS. ACREEDORES HIPOTECARIOS.-

Decretada la subasta se comunicará a los jueces embargantes e inhibientes.

Se citará a los acreedores hipotecarios para que dentro de tercer día presenten sus títulos. Los de grado preferente, dentro del mismo plazo, podrán

solicitar el aumento de la base hasta cubrir el importe de sus créditos.-

Artículo 576.- RECAUDOS.-

Antes de ordenar la subasta el juez requerirá informes:

1. Sobre la deuda por impuestos, tasas y contribuciones.

2. Sobre las deudas por expensas comunes, si se tratare de un bien sujeto al régimen de propiedad horizontal.

3. Sobre las condiciones de dominio, embargo e inhibiciones, según las constancias del registro de propiedad inmueble. Los informes tendrán una vigencia de

sesenta días, a cuyo vencimiento deberán ser actualizados.

Asimismo, intimará al deudor para que dentro de tercero día presente el título de propiedad del inmueble, bajo apercibimiento de obtener testimonio a su

costa. No se realizará la subasta mientras no se haya agregado el título o, en su caso, el testimonio.

Podrá comprobarse judicialmente el estado de ocupación del bien si las circunstancias así lo aconsejaren.-

Artículo 577.- DESIGNACIÓN DE MARTILLERO. LUGAR DEL REMATE.-

Cumplidos los recaudos a que se refiere el artículo anterior, se ordenará la subasta, designando martillero en los términos del art. 563 y se determinará la

base. Oportunamente se fijará el lugar donde aquélla debe realizarse que será donde tramita la ejecución, o el de ubicación del inmueble, según lo resolviere

el juez de acuerdo con lo que resultare más conveniente; se establecerá también el día y la hora, que no podrán ser alterados salvo autorización del juez o

acuerdo de partes expresado por escrito.

Se especificará la propaganda adicional autorizada, en los términos del art. 567.-

Artículo 578.- BASE. TASACIÓN.-

Si no existiere acuerdo de partes, se fijará como base los dos tercios de la valuación fiscal actualizada correspondiente al inmueble.

A falta de valuación el juez designará de oficio perito ingeniero, arquitecto o agrimensor para que realice la tasación; la base equivaldrá a las dos

terceras partes de dicha tasación.

Para la aceptación del cargo, plazo para el cumplimiento de la tarea y, en su caso, remoción, se aplicarán las reglas de los arts. 469 y 470.

De la tasación se dará traslado a las partes, quienes dentro de cinco días comunes expresarán su conformidad o disconformidad. Las objeciones deberán ser

fundadas.

El juez tiene la facultad de apartarse de la tasación o de lo estipulado por las partes, fijando la base en una suma que impida que los bienes sean

malvendidos.-

B) CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO.-

Artículo 579.- DOMICILIO DEL COMPRADOR.-

El martillero requerirá al adjudicatario la constitución del domicilio en el lugar que corresponda al asiento del juzgado. Si el comprador no lo constituyese

en ese acto y no lo denunciare oportunamente, se aplicará la norma del art. 41, en lo pertinente.-

C) DEBERES Y FACULTADES DEL COMPRADOR.-

Artículo 580.- PAGO DEL PRECIO. SUSPENSIÓN DEL PLAZO.-

Dentro de los cinco días de aprobado el remate, el comprador deberá depositar el importe del precio que corresponda abonar al contado, en el banco de

depósitos judiciales; si no lo hiciere en esa oportunidad y no invocare motivos fundados para obtener la suspensión del plazo, se ordenará nueva subasta en

los términos del art. 584.

La suspensión sólo será concedida cuando medien circunstancias totalmente ajenas a la conducta del adquirente y en situaciones que no pudieren ser superadas

con la sola indisponibilidad de los fondos.

El ejecutante y el ejecutado tienen legitimación para requerir el cumplimiento de las obligaciones del comprador.-

Artículo 581.- ARTICULACIONES INFUNDADAS DEL COMPRADOR.-

Al adjudicatario que planteare cuestiones manifiestamente improcedentes que demoraren el pago del saldo del precio, se le impondrá una multa que podrá ser

del cinco por ciento al diez por ciento del precio obtenido en el remate.-

Artículo 582.- PEDIDO DE INDISPONIBILIDAD DE FONDOS.-

El comprador que hubiere realizado el depósito del importe del precio podrá requerir su indisponibilidad hasta tanto se le otorgue la escritura, o se

inscriba el bien a su nombre si prescindiera de aquélla, salvo cuando la demora en la realización de estos trámites le fuera imputable.

La indisponibilidad no regirá respecto de los gastos de escrituración y pago de impuestos.-

D) SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO

Artículo 583.- SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO.-

El ejecutado sólo podrá liberar los bienes depositando el importe del capital y de lo presupuestado en concepto de intereses y costas, sin perjuicio de la

liquidación que ulteriormente correspondiere; asimismo, una suma a favor del comprador, integrada por la comisión del martillero, sellado del boleto y el

equivalente a una vez y media del monto de la seña.

Los importes deberán ser satisfechos aunque el martillero hubiere descontado los gastos del remate de la cantidad correspondiente a seña.

La indemnización establecida sobre la base del valor de la seña es sin perjuicio de otras que pudieren corresponder en concepto de responsabilidad civil.

La simple promesa de pago no autoriza a pedir el sobreseimiento; tampoco podrá supeditarse el pago a la exigencia de una liquidación previa.

El ejecutado no podrá requerir el sobreseimiento si el comprador hubiese depositado en pago el saldo del precio dentro de los plazos a que se refiere el art.

580, o antes. Por saldo de precio se entiende el que debe abonarse al contado.

La facultad de solicitar el sobreseimiento sólo podrá ser ejercida por el ejecutado o, en su caso, sus herederos.

Si el adquirente fuere el acreedor autorizado a compensar, el ejecutado podrá requerir el sobreseimiento antes de que se tenga por oblado o compensado el

precio de venta con el crédito del adquirente.

En las cuestiones que se plantearen acerca de la suficiencia del pago realizado por el ejecutado, el comprador sólo es parte en lo que se refiere a las sumas

que podrían corresponderle de conformidad con lo establecido en el párrafo primero.-

E) NUEVAS SUBASTAS.-

Artículo 584.- NUEVA SUBASTA POR INCUMPLIMIENTO DEL COMPRADOR.-

Cuando por culpa del postor cuya oferta hubiese sido aceptada como definitiva en el acto del remate la venta no se formalizare, se ordenará nuevo remate.

Dicho postor será responsable de la disminución real del precio que se obtuviere en la nueva subasta, de los intereses acrecidos, de los gastos ocasionados y

de las costas causadas con ese motivo.

El cobro del importe que resultare, previa liquidación, tramitará por el procedimiento de ejecución de sentencia, quedando embargadas a ese efecto las sumas

que el postor hubiere entregado.-

Artículo 585.- FALTA DE POSTORES.-

Si fracasare el remate por falta de postores, se dispondrá otro, reduciendo la base en un veinticinco por ciento. Si tampoco existieren postores, se ordenará

la venta sin limitación de precio.-

F) PERFECCIONAMIENTO DE LA VENTA. TRÁMITES POSTERIORES. DESOCUPACIÓN DEL INMUEBLE.-

Artículo 586.- PERFECCIONAMIENTO DE LA VENTA-

La venta judicial sólo quedará perfeccionada una vez aprobado el remate, pagado el precio o la parte que correspondiere, si se hubieren otorgado facilidades,

y luego de realizada la tradición del inmueble a favor del comprador.-

Artículo 587.- ESCRITURACIÓN.-

La escritura de protocolización de las actuaciones será extendida por escribano sin que sea necesaria la comparecencia del ejecutado.

El adquirente que solicita la escrituración toma a su cargo la realización de las diligencias tendientes a ella, pero no está obligado a soportar los gastos

que corresponden a la otra parte.-

Artículo 588.- LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS PRECAUTORIAS.-

Los embargos e inhibiciones se levantarán al solo efecto de escriturar, con citación de los jueces que los decretaron.

Una vez escriturado el bien, sin otro trámite, esas medidas cautelares se levantarán definitivamente, si fuere procedente, con la presentación del testimonio

para la inscripción en el Registro de la Propiedad.

Los embargos quedarán transferidos al importe del precio.-

Artículo 589.- DESOCUPACIÓN DE INMUEBLES.-

No procederá el desahucio de los ocupantes del inmueble subastado hasta tanto no se hubiere pagado el saldo del precio y hecho la tradición.

Las cuestiones que se suscitaren con motivo de la desocupación del inmueble se sustanciarán por el trámite de los incidentes, cuando la ilegitimidad de la

ocupación apareciere manifiesta o no requiriere la dilucidación de controversias que por su naturaleza y complejidad deban, a criterio del juez, ser

sometidas a otra clase de proceso.-

SECCIÓN 5

PREFERENCIAS. LIQUIDACIÓN. PAGO. FIANZA.-

Artículo 590.- PREFERENCIAS.-

Mientras el ejecutante no esté totalmente desinteresado, las sumas depositadas no podrán aplicarse a otro destino, salvo que se tratare de las costas de la

ejecución, o del pago de otro acreedor preferente o privilegiado.

Los gastos causados por el deudor para su defensa no tendrán, en ningún caso, prelación, salvo cuando correspondiere por aplicación de la ley sustancial.

El defensor de ausentes no podrá cobrar honorarios al ejecutado por su intervención.-

Artículo 591.- LIQUIDACIÓN. PAGO. FIANZA.-

Dentro de los cinco días contados desde que se pagó el precio o desde la aprobación del remate, en su caso, el ejecutante presentará la liquidación del

capital, intereses y costas; de ella se dará traslado al ejecutado.

Si el ejecutante no presentare oportunamente liquidación, podrá hacerlo el ejecutado, en cuyo caso se conferirá traslado a aquél. Contestado dicho traslado o

vencido el plazo para hacerlo, el juez resolverá.

La falta de impugnación no obligará a aprobar la liquidación en cuanto ésta no se ajustare a derecho.

Si el ejecutado lo pidiere, el ejecutante deberá prestar fianza para percibir el capital y sus intereses. Dicha fianza quedará cancelada, sin que se requiera

declaración expresa, si el deudor no promoviere el proceso ordinario dentro del plazo de quince días desde que aquélla se constituyó. En este caso se

impondrá al ejecutado una multa que no podrá exceder del veinticinco por ciento del importe de la fianza, y que será a favor del ejecutante.-

SECCIÓN 6

NULIDAD DE LA SUBASTA.-

Artículo 592.- NULIDAD DE LA SUBASTA A PEDIDO DE PARTE.-

La nulidad del remate, a pedido de parte, sólo podrá plantearse hasta dentro de quinto día de realizado.

El pedido será desestimado «in limine» si las causas invocadas fueren manifiestamente inatendibles o no se indicare con fundamento verosímil el perjuicio

sufrido. Esta resolución será apelable; si la cámara confirmare, se impondrá al peticionario una multa que podrá ser del cinco al diez por ciento del precio

obtenido en el remate.

Si el pedido de nulidad fuere admisible, se conferirá traslado por cinco días a las partes, al martillero y al adjudicatario; dicho traslado se notificará

personalmente o por cédula.-

Artículo 593.- NULIDAD DE OFICIO.-

El juez deberá decretar de oficio la nulidad de la subasta cuando las irregularidades de que ella adoleciere comprometieren gravemente la actividad

jurisdiccional; no podrá hacerlo si hubiere decretado medidas que importen considerar válido el remate.-

SECCIÓN 7ª

TEMERIDAD

Artículo 594.- TEMERIDAD.-

Si el ejecutado hubiere provocado dilación innecesaria en el cumplimiento de la sentencia de remate, el juez le impondrá una multa, en los términos del art.

551, sobre la base del importe de la liquidación aprobada.-

TITULO III

EJECUCIONES ESPECIALES

(Artículos 595 al 605)

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

(Artículos 595 al 596)

Artículo 595.- TÍTULOS QUE LAS AUTORIZAN.-

Los títulos que autorizan las ejecuciones especiales sólo serán aquellos que se mencionan expresamente en este Código o en otras leyes.

Artículo 596.- REGLAS APLICABLES.-

En las ejecuciones especiales se observará el procedimiento establecido para el juicio ejecutivo, con las siguientes modificaciones:

1. Sólo procederán las excepciones previstas en el Capítulo siguiente o en la ley que crea el título.-.

2. Sólo se admitirá prueba que deba rendirse fuera de la circunscripción territorial del juzgado cuando el juez, de acuerdo con las circunstancias, lo

considerara imprescindible, en cuyo caso fijará el plazo dentro del cual deberá producirse.

CAPITULO II

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

(Artículos 597 al 605)

SECCION 1

EJECUCIÓN HIPOTECARIA

(Artículos 597 al 599)

Artículo 597.- EXCEPCIONES ADMISIBLES.-

Además de las excepciones procesales autorizadas por los incisos 1, 2, 3, 4 y 9 del artículo 544 y en el artículo 545, el deudor podrá oponer, únicamente,

las de prescripción, pago total o parcial, quita, espera y remisión. Las cuatro (4) últimas sólo podrán probarse por instrumentos públicos o privados o

actuaciones judiciales que deberán presentarse en sus originales, o testimoniadas, al oponerlas. Dentro del plazo para oponer excepciones podrá invocarse

también la caducidad de la inscripción hipotecaria, con los efectos que determina el Código Civil.

Artículo 598.- Dictada la sentencia de trance y remate se procederá de la siguiente forma:

1. El juez ordenará verificar el estado físico y de ocupación, designando a tal fin al escribano que proponga el acreedor. Si de esa diligencia resulta que

el inmueble se encuentra ocupado, en el mismo acto se intimará a su desocupación en el plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de lanzamiento por la

fuerza pública.

No verificada en ese plazo la desocupación, sin más trámite se procederá al lanzamiento y se entregará la tenencia al acreedor, hasta la aprobación del

remate, con intervención del notario al que se refiere el párrafo anterior. A esos fines, el escribano actuante puede requerir el auxilio de la fuerza

pública, allanar domicilio y violentar cerraduras y poner en depósito oneroso los bienes que se encuentren en el inmueble, a costa del deudor.

2. El acreedor estará facultado para solicitar directamente al Registro de la Propiedad un informe sobre el estado y gravámenes que afectaren el inmueble

hipotecado, con indicación del importe de los créditos, sus titulares y domicilios.

3. Asimismo, el acreedor puede requerir la liquidación de las deudas que existan en concepto de expensas de la propiedad horizontal, impuestos, tasas y

contribuciones que pesen sobre el inmueble, bajo apercibimiento que de no contarse con dichas liquidaciones en el plazo de diez (10) días hábiles desde la

recepción de su solicitud, se podrá subastar el bien como si estuviera libre de deudas. Los reclamos que se dedujeran por aplicación de lo dispuesto en este

inciso no afectarán el trámite de remate del bien gravado.

4. La venta quedará perfeccionada una vez pagado el precio en el plazo que se haya estipulado y realizada la tradición a favor del comprador. El pago se

podrá realizar directamente al acreedor, quien deberá depositar el remanente dentro del quinto día de verificado el cobro.

Si el acreedor ostenta la tenencia

del inmueble subastado, podrá transmitirla directamente al comprador; caso contrario y no habiendo mediado desposesión como lo prevé el inc. 1, deberá ser

entregado con intervención del juez. La protocolización de las actuaciones será extendida por intermedio del escribano designado por el comprador, sin que

sea necesaria la comparecencia del ejecutado.

5. El deudor ni el tercero, poseedor del inmueble hipotecado, pueden interponer incidente ni recurso alguno, salvo las defensas del art. 64 en la oportunidad

del art. 54 -ambos de la ley 24.441- sin perjuicio de que el deudor pueda ejercitar, en juicio sumarísimo posterior, los derechos que tenga que reclamar el

acreedor. Si existiera peligro de desprotección de alguno de los interesados, se notificará al defensor oficial para que asuma el control del proceso de

ejecución de la garantía.

6. Una vez realizada la subasta y cancelado el crédito ejecutado, el deudor podrá impugnar por la vía judicial:

a) La liquidación practicada por el acreedor, y

b) El incumplimiento de los recaudos establecidos en el presente artículo por parte del ejecutante.

En todos los casos el acreedor deberá indemnizar los perjuicios ocasionados, sin perjuicio de las sanciones penales y administrativas de que se hiciera

pasible.

7. En los casos previstos en el presente artículo, no procederá la compra en comisión ni la indisponibilidad de los fondos de la subasta. No obstante el juez

podrá pedir caución suficiente al acreedor.-

Artículo 599.- TERCERO POSEEDOR.-

Si del informe o de la denuncia a que se refiere el artículo anterior, resultare que el deudor transfirió el inmueble hipotecado, dictada la sentencia de

remate contra aquél, se intimará al tercer poseedor para que dentro del plazo de cinco (5) días pague la deuda o haga abandono del inmueble, bajo

apercibimiento de que la ejecución se seguirá también contra él. En este último supuesto, se observarán las reglas establecidas en los artículos 3165 y

siguientes del Código Civil.-

SECCION 2

EJECUCIÓN PRENDARIA.-

(Artículos 600 al 601)

Artículo 600.- PRENDA CON REGISTRO.-

En la ejecución de prenda con registro sólo procederán las excepciones enumeradas en los incisos 1, 2, 3, 4, y 9 del artículo 544 y en el artículo 545 y las

sustanciales autorizadas por la ley de la materia.

Artículo 601.- PRENDA CIVIL.-

En la ejecución de la prenda civil sólo serán oponibles las excepciones que se mencionan en el artículo 597, primer párrafo. Serán aplicables, en lo

pertinente, las disposiciones que rigen la ejecución hipotecaria y la ejecución de prenda con registro.

SECCION 3

EJECUCIÓN COMERCIAL

(Artículos 602 al 603)

Artículo 602.- PROCEDENCIA.-

Procederá la ejecución comercial para el cobro de:

1. Fletes de los transportes marítimos, terrestres y aéreos, acreditados con la póliza de fletamento o conocimiento o carta de porte o documento análogo, en

su original, y en su caso, el recibo de las mercaderías.

2. Crédito por las vituallas suministradas para la provisión de los buques, justificado con las respectivas facturas valoradas, aprobadas por el capitán,

consignatario o cargador por cuya orden las haya entregado el acreedor.

Artículo 603.- EXCEPCIONES ADMISIBLES.-

Sólo serán admisibles las excepciones previstas en los incisos 1, 2, 3, y 9 del artículo 544 y en el artículo 545 y las de prescripción, pago, quita, espera

y remisión. Las cuatro (4) últimas sólo podrán probarse por instrumentos públicos o privados o actuaciones judiciales que deberán presentarse en sus

originales o testimoniadas.

SECCION 4

EJECUCIÓN FISCAL.-

(Artículos 604 al 605)

Artículo 604.- PROCEDENCIA.-

Procederá la ejecución fiscal cuando se persiga el cobro de impuestos, patentes, tasas, retribuciones de servicios o mejoras, multas adeudadas a la

administración pública, aportes y contribuciones al sistema nacional de previsión social y en los demás casos que las leyes establecen. La forma del título y

su fuerza ejecutiva serán las determinadas por la legislación fiscal.

Artículo 605.- EXCEPCIONES ADMISIBLES.-

La ejecución fiscal tramitará conforme a las reglas que estableciere la ley que específicamente regula la materia impositiva u otro título al que también por

ley se haya atribuido fuerza ejecutiva. A falta de tales disposiciones o en lo que ellas no previenen procederán las excepciones procesales autorizadas por

los incs, 1, 2, 3, y 9 del art. 544 y en el art. 545 y las de falsedad material o inhabilidad extrínseca del Título, falta de legitimación para obrar pasiva

en el ejecutado, pago, espera y prescripción, siempre que la enumeración precedente no contraríe las disposiciones contenidas en las leyes fiscales. Las

excepciones de pago y espera sólo podrán probarse con documentos.

LIBRO CUARTO

PROCESOS ESPECIALES.-

(Artículos 606 al 688)

TÍTULO I

INTERDICTOS Y ACCIONES POSESORIAS.-

(Artículos 606 al 623)

CAPÍTULO I

INTERDICTOS

(Artículo 606)

Artículo 606.- CLASES.-

Los interdictos sólo podrán intentarse:

1. Para adquirir la posesión.

2. Para retener la posesión o tenencia.

3. Para recobrar la posesión o tenencia.

4. Para impedir una obra nueva.

CAPÍTULO II

INTERDICTO DE ADQUIRIR.-

(Artículos 607 al 609)

Artículo 607.- PROCEDENCIA.-

Para que proceda el interdicto de adquirir se requerirá:

1. Que se presente título suficiente para adquirir la posesión con arreglo a derecho.

2. Que nadie tenga título de dueño o de usufructuario o posea los bienes que constituyen el objeto del interdicto. Si otro también tuviere título o poseyere

el bien, la cuestión deberá sustanciarse en juicio ordinario. Cuando alguien ejerciere la tenencia de los bienes, la demanda deberá dirigirse contra él y se

sustanciará por el trámite del juicio sumarísimo.

Artículo 608.- PROCEDIMIENTO.-

Promovido el interdicto, el juez examinará el título y requerirá informe sobre las condiciones de dominio y gravámenes del bien. Si lo hallare suficiente,

otorgará la posesión, sin perjuicio de mejor derecho, y dispondrá la inscripción del Título, si correspondiere. Si otra persona también tuviere título o

poseyere el bien, la cuestión deberá sustanciarse en juicio ordinario o sumario, según lo determine el juez atento a la naturaleza y complejidad del asunto.-

Cuando alguien ejerciera la tenencia de la cosa, la demanda contra él se sustanciará por el trámite del juicio sumarísimo.- Si el título que presenta el

actor para adquirir la posesión o la tenencia deriva del que invoca el oponente para resistirla, el juez dispondrá que la controversia tramite por juicio

sumario o sumarísimo, atendiendo a las circunstancias del caso.-

Artículo 609.- ANOTACIÓN DE LITIS.-

Presentada la demanda, si el derecho fuere verosímil, podrá decretarse la anotación de litis en el registro de la propiedad.

CAPÍTULO III

INTERDICTO DE RETENER.-

(Artículos 610 al 613)

Artículo 610.- PROCEDENCIA.-

Para que proceda el interdicto de retener se requerirá:

1. Que quien lo intentare se encuentre en la actual posesión o tenencia de un bien, mueble o inmueble.

2. Que alguien amenazare perturbarle o lo perturbase en ellas mediante actos materiales.

Artículo 611.- PROCEDIMIENTO.-

La demanda se dirigirá contra quien el actor denunciare que lo perturba en la posesión o tenencia, sus sucesores o copartícipes, y tramitará por las reglas

del proceso sumarísimo.

Artículo 612.- OBJETO DE LA PRUEBA.-

La prueba sólo podrá versar sobre el hecho de la posesión o tenencia invocada por el actor, la verdad o falsedad de los actos de perturbación atribuidos al

demandado, y la fecha en que éstos se produjeron.

Artículo 613.- MEDIDAS PRECAUTORIAS.-

Si la perturbación fuere inminente, el juez podrá disponer la medida de no innovar, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones a que se refiere el artículo

37.

CAPÍTULO IV

INTERDICTO DE RECOBRAR.-

(Artículos 614 al 618)

Artículo 614.- PROCEDENCIA.-

Para que proceda el interdicto de recobrar se requerirá:

1. Que quien lo intente, o su causante, hubiere tenido la posesión actual o la tenencia de una cosa.

2. Que hubiere sido despojado total o parcialmente de la cosa, con violencia o clandestinidad.

Artículo 615.- PROCEDIMIENTO.-

La demanda se dirigirá contra el autor denunciado, sus sucesores, copartícipes o beneficiarios del despojo y la tramitará por juicio sumarísimo. Sólo se

admitirán pruebas que tuvieren por objeto demostrar el hecho de la posesión o tenencia invocadas, así como el despojo y la fecha en que este se produjo.

Artículo 616.- RESTITUCIÓN DEL BIEN.-

Cuando el derecho invocado fuere verosímil y pudieren derivar perjuicios si no se decretare la restitución del bien, el juez podrá ordenarla previa fianza

que prestará el reclamante para responder por los daños que pudiere irrogar la medida.

Artículo 617.- MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA.-

Si durante el curso del interdicto de retener se produjere el despojo del demandante, la acción proseguirá como interdicto de recobrar, sin retrotraer el

procedimiento. Cuando llegare a conocimiento del demandante la existencia de otros sucesores, copartícipes o beneficiarios, podrá ampliar la acción contra

ellos en cualquier estado del juicio.

Artículo 618.- SENTENCIA.-

El juez dictará sentencia, desestimando el interdicto o mandando restituir la posesión o la tenencia del bien al despojado.

CAPÍTULO V

INTERDICTO DE OBRA NUEVA.-

(Artículos 619 al 620)

Artículo 619.- PROCEDENCIA.-

Cuando se hubiere comenzado una obra que afectare a un inmueble, su poseedor o tenedor podrá promover el interdicto de obra nueva. Será inadmisible si

aquella estuviere concluida o próxima a su terminación. La acción se dirigirá contra el dueño de la obra y, si fuere desconocido, contra el director o

encargado de ella. Tramitará por el juicio sumarísimo. El juez podrá ordenar preventivamente la suspensión de la obra.-

Artículo 620.- SENTENCIA.-

La sentencia que admitiere la demanda dispondrá la suspensión definitiva de la obra o, en su caso, su destrucción y la restitución de las cosas al estado

anterior, a costa del vencido.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES COMUNES A LOS INTERDICTOS.-

(Artículos 621 al 622)

Artículo 621.- CADUCIDAD.-

Los interdictos de retener, de recobrar y de obra nueva no podrán promoverse después de transcurrido un (1) año de producidos los hechos en que se fundaren.

Artículo 622.- JUICIO POSTERIOR.-

Las sentencias que se dictaren en los interdictos de adquirir, retener y recobrar no impedirán el ejercicio de las acciones reales que pudieren corresponder

a las partes.

CAPÍTULO VII

ACCIONES POSESORIAS.-

(Artículo 623)

Artículo 623.- TRÁMITE.-

Las acciones posesorias del título III, libro III, del Código Civil tramitarán por juicio sumario. Deducida la acción posesoria o el interdicto,

posteriormente sólo podrá promoverse acción real.

CAPÍTULO VIII

DENUNCIA DE DAÑO TEMIDO. OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN DE REPARACIONES URGENTES.-

Artículo 623 bis.- DENUNCIA DE DAÑO TEMIDO. MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

Quien tema que de un edificio o de otra cosa derive un daño grave e inminente a sus bienes, puede solicitar al juez las medidas de seguridad adecuadas, si no

mediare anterior intervención de autoridad administrativa por el mismo motivo.- Recibida la denuncia el juez se constituirá en el lugar y si comprobare la

existencia de grave riesgo, urgencia en removerlo y temor de daño serio e inminente, podrá disponer las medidas encaminadas a hacer cesar el peligro. Si la

urgencia no fuere manifiesta requerirá la sumaria información que permitiere verificar, con citación de las partes y designación de perito, la procedencia

del pedido.- La intervención simultánea o ulterior de la autoridad administrativa determinará la clausura del procedimiento y el archivo del expediente.- Las

resoluciones que se dicten serán inapelables.- En su caso, podrán imponerse sanciones conminatorias.-

Artículo 623 ter.- OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN DE REPARACIONES URGENTES.-

Cuando deterioros o averías producidos en un edificio o unidad ocasionen grave daño a otro, y el ocupante del primero se opusiere a realizar o a permitir que

se ejecuten las reparaciones necesarias para hacer cesar la causa de perjuicio, el propietario, copropietario o inquilino directamente afectados o, en su

caso, el administrador del consorcio, podrá requerir que se adopten las medidas y se lleven a cabo los trabajos que sean necesarios, disponiéndose el

allanamiento de domicilio, si fuere indispensable.- La petición tramitará sin forma de juicio, con la sola audiencia de los interesados y el informe técnico

que deberá acompañarse al escrito inicial.- La resolución del juez es inapelable.- En su caso podrán imponerse sanciones onminatorias.-

TÍTULO II

PROCESOS DE DECLARACION DE INCAPACIDAD.-

(Artículos 624 al 637)

CAPÍTULO I

DECLARACIÓN DE DEMENCIA.-

(Artículos 624 al 636)

Artículo 624.- REQUISITOS.-

Las personas que pueden pedir la declaración de demencia se presentarán ante el juez competente exponiendo los hechos y acompañando certificados de dos (2)

médicos, relativos al estado mental del presunto incapaz y su peligrosidad actual.

Artículo 625.- MÉDICOS FORENSES.-

Cuando no fuere posible acompañar dichos certificados, el juez requerirá la opinión del o de los médicos forenses, quienes deberán expedirse dentro de

cuarenta y ocho (48) horas. A ese solo efecto y de acuerdo con las circunstancias del caso, el juez podrá ordenar las medidas necesarias para garantizar la

integridad física del presunto incapaz por igual plazo, si fuere indispensable para su examen.

ARTICULO 626.- RESOLUCION

Con los recaudos de los artículos anteriores, y previa vista al asesor de menores e incapaces y pedido de informe al Registro de Actos de Autoprotección del

Colegio de Escribanos de la Provincia, el juez resolverá:

1) El nombramiento de un curador provisional que recaerá en UN (1) abogado de la matricula, salvo que el juez considere conveniente designar al propuesto por

el propio denunciado mediante acto de autoprotección previo. En este caso y si no fuera letrado requerirá el patrocinio letrado. Sus funciones subsistirán

hasta que se resuelva la curatela definitiva o se desestime la demanda.

2) La fijación de un plazo no mayor de TREINTA (30) días, dentro del cual deberán producirse todas las pruebas.

3) La designación de oficio de TRES (3) médicos psiquiatras o legistas, para que informen, dentro del plazo preindicado, sobre el estado actual de las

facultades mentales del presunto insano. Dicha resolución se notificará personalmente a aquél

Artículo 627.- PRUEBA.-

El denunciante únicamente podrá aportar pruebas que acrediten los hechos que hubiese invocado y el presunto insano las que hagan a la defensa de su

capacidad. Asimismo ambos podrán aportar las que acrediten la voluntad del presunto incapaz relativas a la dirección de su persona y bienes. Las pruebas que

aquellos o las demás partes ofrecieren, se producirán en el plazo previsto en el inciso 2 del artículo anterior.

Artículo 628.- CURADOR OFICIAL Y MÉDICOS FORENSES.-

El juez siempre valorará prioritariamente todo lo dispuesto anticipadamente por el presunto insano, especialmente lo manifestado con relación a la

designación o rechazo de determinado curador.

Cuando el presunto insano careciere de bienes o éstos sólo alcanzaren para su subsistencia, circunstancia que se justificará sumariamente, el nombramiento

del curador provisional recaerá en el defensor de pobres y ausentes y el de psiquiatras o legistas, en médicos forenses.

Artículo 629.- MEDIDAS PRECAUTORIAS.-

Cuando la demencia apareciere notoria e indudable, el juez de oficio, adoptará las medidas establecidas en el artículo 148 del Código Civil, decretará la

inhibición general de bienes y las providencias que crea convenientes para asegurar la indisponibilidad de los bienes muebles y valores. Si se tratase de un

presunto demente que ofreciese peligro para sí o para terceros, el juez adoptará las medidas necesarias del caso.

Artículo 630.- PEDIDO DE DECLARACIÓN DE DEMENCIA.-

Cuando al tiempo de formularse la denuncia el presunto insano estuviera bajo tratamiento médico, el juez deberá tomar conocimiento directo de aquél y adoptar

todas las medidas que considerase necesarias a los fines de garantizar la integridad física del presunto insano y para resolver si debe o no mantenerse el

tratamiento médico adecuado.-

Artículo 631.- CALIFICACIÓN MÉDICA.-

Los médicos, al informar sobre la enfermedad, deberán expedirse con la mayor precisión posible, sobre los siguientes puntos:

1. Diagnóstico.

2. Fecha aproximada en que la enfermedad se manifestó.

3. Pronóstico.

4. Régimen aconsejable para la protección y asistencia del presunto insano.

5. Necesidad de tratamiento.

Artículo 632.- TRASLADO DE LAS ACTUACIONES.-

Producido el informe de los facultativos y demás pruebas, se dará traslado por CINCO (5) días al denunciante, al presunto insano y al curador provisional y,

con su resultado, se dará vista al Defensor de Menores e Incapaces.

Artículo 633.- SENTENCIA. RECURSOS.-

Antes de pronunciar sentencia, y si las particularidades del caso lo aconsejaren, el juez hará comparecer al presunto insano a su presencia o se trasladará a

su domicilio o lugar donde se encuentre. La sentencia se dictará en el plazo de quince (15) días y se comunicará a los registros de incapaces y del estado

civil de las personas. Si no se declarase la incapacidad, cuando el juez estimare que del ejercicio de la plena capacidad pudiere resultar, presumiblemente

daño a la persona o al patrimonio del que sin haber sido hallado demente presenta disminución de sus facultades mentales, podrá declararlo inhabilitado en la

forma y con el alcance previstos en el artículo 152 bis del Código Civil. La sentencia será apelable dentro de quinto día por el denunciante, el presunto

demente o inhabilitado, el curador provisional o el Defensor de Menores e Incapaces.- Si la sentencia que declara la demencia no fuere apelada será de

aplicación el art. 253 bis de este código.-

Artículo 634.- COSTAS.-

Los gastos causídicos serán a cargo del denunciante si el juez considerase inexcusable el error en que hubiere incurrido al formular la denuncia, o si ésta

fuere maliciosa. Los gastos y honorarios a cargo del presunto insano no podrán exceder, en conjunto, del diez por ciento (10%) del monto de sus bienes.

Artículo 635.- REHABILITACIÓN.-

El declarado demente o inhabilitado podrá promover su rehabilitación. El juez designará tres (3) médicos psiquiatras o legistas para que lo examinen y, de

acuerdo con los trámites previstos para la declaración de demencia, hará o no lugar a la rehabilitación.

Artículo 636.- FISCALIZACIÓN DEL REGIMEN DE TRATAMIENTO.-

En los supuestos de dementes, presuntos o declarados, que deban permanecer bajo tratamiento continuo, el juez, atendiendo a las circunstancias de cada caso,

podrá disponer que el curador provisional o definitivo y el Defensor de Menores e Incapaces visiten periódicamente al enfermo e informen sobre la evolución

de su enfermedad y régimen de atención a que se encontrare sometido. Asimismo, podrá disponer que el director del establecimiento que lo atiende informe

periódicamente acerca de los mismos hechos.

CAPÍTULO II

DECLARACIÓN DE SORDOMUDEZ.-

(Artículo 637)

Artículo 637.- SORDOMUDO

Las disposiciones del Capítulo anterior regirán, en lo pertinente, para la declaración de incapacidad del sordomudo que no sabe darse a entender por escrito

y, en su caso, para la cesación de esta incapacidad.

CAPÍTULO III.-

INHABILITACIÓN.-

Artículo 637 bis.- ALCOHOLISTAS HABITUALES, TOXICÓMANOS, DISMINUIDOS.-

Las disposiciones del Capítulo I del presente título regirán en lo pertinente para la declaración de inhabilitación a que se refiere el art. 152 bis, incs. 1

y 2 del Cód. Civil.- La legitimación para accionar corresponde a las personas que de acuerdo con el Código Civil pueden pedir la declaración de demencia.-

Artículo 637 ter.- PRÓDIGOS.-

En el caso del inc. 3 del art. 152 bis del Cód. Civil, la causa tramitará por proceso sumario.-

Artículo 637 quáter.- SENTENCIA. LIMITACIÓN DE ACTOS.-

La sentencia de inhabilitación, además de los requisitos generales, deberá determinar, cuando las circunstancias del caso lo exijan, los actos de

administración cuyo otorgamiento le es limitado a quien se inhabilita.- La sentencia se inscribirá en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las

Personas.

Artículo 637 quinquies.- DIVERGENCIAS ENTRE EL INHABILITADO Y EL CURADOR.-

Todas las cuestiones que se susciten entre el inhabilitado y el curador se sustanciarán por el trámite de los incidentes, con intervención del defensor de

menores e incapaces.-

TÍTULO III

ALIMENTOS Y LITISEXPENSAS.-

(Artículos 638 al 651)

Artículo 638.- RECAUDOS.-

La parte que promoviere juicio de alimentos deberá, en un mismo escrito:

1. Acreditar el título en cuya virtud los solicita.

2. Denunciar, siquiera aproximadamente, el caudal de quien deba suministrarlos.

3. Acompañar toda la documentación que tuviere en su poder y que haga a su derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 333.

4. Ofrecer la prueba de que intentare valerse. Si se ofreciere prueba testimonial, los testigos declararán en primera audiencia.

Artículo 639.- AUDIENCIA PRELIMINAR.-

El juez, sin perjuicio de ordenar inmediatamente las medidas probatorias que fueren solicitadas, señalará una audiencia que tendrá lugar dentro de un plazo

que no podrá exceder de diez (10) días, contado desde la fecha de la presentación. En dicha audiencia, a la que deberán comparecer las partes personalmente y

el representante del ministerio pupilar, si correspondiere, el juez procurará que aquéllas lleguen a un acuerdo directo, en cuyo caso, lo homologará en ese

mismo acto, poniendo fin al juicio.

Artículo 640.- INCOMPARECENCIA INJUSTIFICADA DEL ALIMENTANTE. EFECTOS.-

Cuando, sin causa justificada, la persona a quien se le requieren alimentos no compareciere a la audiencia prevista en el artículo anterior, en el mismo acto

el juez dispondrá:

1. La aplicación de una multa, a favor de la otra parte, que fijará entre el diez por ciento del sueldo de un Jefe de Despacho hasta dos sueldos de Juez de

Primera Instancia y cuyo importe deberá depositarse dentro de tercero día contado desde la fecha en que se notificó la providencia que la impuso.

2. La fijación de una nueva audiencia que tendrá lugar dentro de quinto día, la que se notificará con habilitación de día y hora, bajo apercibimiento de

establecer la cuota alimentaria de acuerdo con las pretensiones de la parte actora y con las constancias del expediente.

Artículo 641.- INCOMPARECENCIA INJUSTIFICADA DE LA PARTE ACTORA. EFECTOS.-

Cuando quien no compareciere sin causa justificada a la audiencia que prevé el artículo 639 fuere la parte actora, el juez señalará nueva audiencia, en la

misma forma y plazo previstos en el artículo anterior, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de su pretensión si no concurriese.

Artículo 642.- INCOMPARECENCIA JUSTIFICADA.-

A la parte actora y a la demandada se les admitirá la justificación de la incomparecencia por una (1) sola vez. Si la causa subsistiese, aquéllas deberán

hacerse representar por apoderado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los artículos 640 y 641, según el caso.

Artículo 643.- INTERVENCIÓN DE LA PARTE DEMANDADA.-

En la audiencia prevista en el artículo 639, el demandado, para demostrar la falta de título o derecho de quien pretende los alimentos, así como la situación

patrimonial propia o de la parte actora, sólo podrá:

1. Acompañar prueba instrumental.

2. Solicitar informes cuyo diligenciamiento no podrá postergar, en ningún caso, el plazo fijado en el artículo 644. El juez al sentenciar valorará esas

pruebas para determinar el monto de la pensión, o para denegarla, en su caso.

Artículo 644.- SENTENCIA.-

Cuando en la oportunidad prevista en el artículo 639 no se hubiere llegado a un acuerdo, el juez, sin necesidad de petición de parte, deberá dictar sentencia

dentro de cinco (5) días, contados desde que se hubiese producido la prueba ofrecida por la parte actora. Admitida la pretensión, el juez fijará la suma que

considere equitativa y la mandará abonar por meses anticipados, desde la fecha de interposición de la demanda. Las cuotas mensuales a que se refiere este

artículo, como también las suplementarias previstas en el siguiente, devengarán intereses desde las fechas fijadas en la sentencia para el pago de cada una

de ellas.

Artículo 645.- ALIMENTOS ATRASADOS.-

Respecto de los alimentos que se devengaren durante la tramitación del juicio, el juez fijará una cuota suplementaria, de acuerdo con las disposiciones sobre

inembargabilidad de sueldos, jubilaciones y pensiones, la que se abonará en forma independiente. El juez puede aumentar el porcentaje, contemporizándolo con

el caudal económico del alimentante.- La inactividad procesal del alimentado crea la presunción, sujeta a prueba en contrario, de su falta de necesidad y con

arreglo a las circunstancias de la causa, puede determinar la caducidad del derecho a cobrar las cuotas atrasadas referidas al período correspondiente a la

inactividad.- La caducidad no es aplicable a los beneficiarios menores de edad; tampoco, cuando la aparente inactividad del interesado es provocada por la

inconducta del alimentante.-

Artículo 646.- PERCEPCIÓN.-

Salvo acuerdo de partes, la cuota alimentaria se depositará en el banco de depósitos judiciales y se entregará al beneficiario a su sola presentación. Su

apoderado únicamente podrá percibirla cuando existiere resolución fundada que así lo ordenare.

Artículo 647.- RECURSOS.-

La sentencia que deniegue los alimentos será apelable en ambos efectos. Si los admitiere, el recurso se concederá en efecto devolutivo. En este último

supuesto, una vez deducida la apelación, se expedirá testimonio de la sentencia, el que se reservará en el juzgado para su ejecución, remitiéndose

inmediatamente las actuaciones a la cámara.

Artículo 648.- CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA.-

Si dentro de quinto día de intimado el pago, la parte vencida no lo hubiere hecho efectivo, sin otra sustanciación se procederá al embargo y se decretará la

venta de los bienes necesarios para cubrir el importe de la deuda.

Artículo 649.- DIVORCIO DECRETADO POR CULPA DE UNO O DE AMBOS CÓNYUGES.-

Cuando se tratare de alimentos fijados a favor de uno (1) de los cónyuges durante la sustanciación del juicio de divorcio, y recayese sentencia definitiva

decretándolo por culpa de aquél o de ambos, la obligación del alimentante cesará de pleno derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 80 de la ley

de matrimonio civil.

Artículo 650.- TRÁMITE PARA LA MODIFICACIÓN O CESACIÓN DE LOS ALIMENTOS.-

Toda petición de aumento, disminución, cesación o coparticipación en los alimentos, se sustanciará por las normas de los incidentes en el proceso en que

fueron solicitados. Este trámite no interrumpirá la percepción de las cuotas ya fijadas. En el incidente de aumento de la cuota alimentaria, la nueva

cantidad fijada rige desde la notificación del pedido.-

Artículo 651.- LITISEXPENSAS.-

La demanda por litisexpensas se sustanciará de acuerdo con las normas de este Título.

TÍTULO IV

RENDICIÓN DE CUENTAS

(Artículos 652 al 657)

Artículo 652.- OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS.-

La demanda por obligación de rendir cuentas tramitará por juicio sumario, a menos que integrase otras pretensiones que debieren sustanciarse en juicio

ordinario. El traslado de la demanda se hará bajo apercibimiento de que si el demandado no la contestare, o admitiere la obligación y no las rindiere dentro

del plazo que el juez fije al conferir dicho traslado, se tendrán por aprobadas las que presente el actor, en todo aquello que el demandado no pruebe que

sean inexactos.

Artículo 653.- TRÁMITE POR INCIDENTE.-

Se aplicará el procedimiento de los incidentes siempre que:

1. Exista condena judicial a rendir cuentas.

2. La obligación de rendirlas resultare de instrumento público o privado reconocido, o haya sido admitida por el obligado al ser requerido por diligencia

preliminar.

Artículo 654.- FACULTAD JUDICIAL.-

En los casos del artículo anterior, si conjuntamente con el pedido, quien promovió el incidente hubiere acompañado una (1) cuenta provisional, el juez dará

traslado a la otra parte para que la admita u observe, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere se aprobará la presentada. El juez fijará los plazos para

los traslados y producción de prueba, atendiendo a la complejidad de las cuentas y documentos que se hubiesen acompañado.

Artículo 655.- DOCUMENTACIÓN. JUSTIFICACIÓN DE PARTIDAS.-

Con el escrito de rendición de cuentas deberá acompañarse la documentación correspondiente. El juez podrá tener como justificadas las partidas respecto de

las cuales no se acostumbrare a pedir recibos y fueren razonables y verosímiles.

Artículo 656.- SALDOS RECONOCIDOS.-

El actor podrá reclamar el pago de los saldos reconocidos por el demandado, sin esperar la resolución definitiva sobre las cuentas y sin que por ello se

entienda que las ha aceptado. El pedido se sustanciará por las normas sobre ejecución de sentencias.

Artículo 657.- DEMANDA POR APROBACIÓN DE CUENTAS.-

El obligado a rendir cuentas podrá pedir la aprobación de las que presente. De la demanda, a la que deberá acompañarse boleta de depósito por el importe del

saldo deudor, se dará traslado al interesado, por el plazo que fije el juez, bajo apercibimiento de ser tenido por conforme si no las impugnare al contestar.

Se aplicará, en lo pertinente, el procedimiento establecido en los artículos anteriores.

TÍTULO V

MENSURA Y DESLINDE.

(Artículos 658 al 675)

CAPÍTULO I

MENSURA.-

(Artículos 658 al 672)

Artículo 658.- PROCEDENCIA.-

Procederá la mensura judicial:

1. Cuando estando el terreno deslindado, se pretendiera comprobar su superficie.

2. Cuando los límites estuvieren confundidos con los de un terreno colindante.

Artículo 659.- ALCANCE.-

La mensura no afectará los derechos que los propietarios pudieren tener al dominio o a la posesión del inmueble.

Artículo 660.- REQUISITOS DE LA SOLICITUD.-

Quien promoviere el procedimiento de mensura, deberá:

1. Expresar su nombre, apellido y domicilio real.

2. constituir domicilio legal, en los términos del artículo 40.

3. Acompañar el título de propiedad del inmueble.

4. Indicar el nombre, apellido y domicilio de los colindantes, o manifestar que los ignora.

5. Designar el agrimensor que ha de practicar la operación. El juez desestimará de oficio y sin sustanciación previa la solicitud que no contuviere los

requisitos establecidos.

Artículo 661.- NOMBRAMIENTO DEL PERITO. EDICTOS.-

Presentada la solicitud con los requisitos indicados en el artículo anterior, el juez deberá:

1. Disponer que se practique la mensura por el perito designado por el requirente.

2. Ordenar se publiquen edictos por tres (3) días, citando a quienes tuvieren interés en la mensura. La publicación deberá hacerse con la anticipación

necesaria para que los interesados puedan concurrir a presenciarla, por sí o por medio de sus representantes. En los edictos se expresará la situación del

inmueble, el nombre del solicitante, el juzgado y secretaría, y el lugar, día y hora en que se dará comienzo a la operación.

3. Hacer saber el pedido de mensura a la oficina topográfica.

Artículo 662.- ACTUACIÓN PRELIMINAR DEL PERITO.-

Aceptado el cargo, el agrimensor deberá:

1. Citar por circular a los propietarios de los terrenos colindantes, con la anticipación indicada en el inciso 2 del artículo anterior y especificando los

datos en él mencionados. Los citados deberán notificarse firmando la circular. Si se negaren a hacerlo, el agrimensor deberá dejar constancia en aquélla ante

dos (2) testigos, que la suscribirán. Si los propietarios colindantes no pudiesen ser notificados personalmente, la diligencia se practicará con quien los

represente, dejándose constancia. Si se negare a firmar, se labrará acta ante dos (2) testigos, se expresarán en ella las razones en que fundare la negativa

y se lo tendrá por notificado. Si alguno de los terrenos colindantes fuese de propiedad fiscal, el agrimensor deberá citar a la autoridad administrativa que

corresponda y a su representante judicial.

2. Cursar aviso al peticionario con las mismas enunciaciones que se especifiquen en la circular.

3. Solicitar instrucciones a la oficina topográfica y cumplir con los requisitos de carácter administrativo correspondientes a la intervención asignada a ese

organismo.

Artículo 663.- OPOSICIONES.-

La oposición que se formulare al tiempo de practicarse la mensura no impedirá su realización, ni la colocación de mojones. Se dejará constancia, en el acta,

de los fundamentos de la oposición, agregándose la protesta escrita en su caso.

Artículo 664.- OPORTUNIDAD DE LA MENSURA.-

Cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 660 a 662, el perito hará la mensura en el lugar, día y hora señalados, con la presencia de los

interesados o de sus representantes. Cuando por razones climáticas o mal estado del terreno no fuese posible comenzar la mensura en el día fijado en las

citaciones y edictos, el profesional y los interesados podrán convenir nueva fecha todas las veces que ello sea necesario, labrándose siempre acta de cada

postergación. Cuando la operación no pudiere llevarse a cabo por ausencia del profesional, el juzgado fijará la nueva fecha. Se publicarán edictos, se

practicarán citaciones a los linderos y se cursarán avisos con la anticipación y en los términos del artículo 662.

Artículo 665.- CONTINUACIÓN DE LA DILIGENCIA.-

Cuando la mensura no pudiere terminar en el día, proseguirá en el más próximo posible. Se dejará constancia de los trabajos realizados y de la fecha en que

continuará la operación, en acta que firmarán los presentes.

Artículo 666.- CITACIÓN A OTROS LINDEROS.-

Si durante la ejecución de la operación se comprobare la existencia de linderos desconocidos al tiempo de comenzarla, se los citará, si fuere posible, por el

medio establecido en el artículo 662, inciso 1. El agrimensor solicitará su conformidad respecto de los trabajos ya realizados.

Artículo 667.- INTERVENCIÓN DE LOS INTERESADOS.-

Los colindantes podrán:

1. Concurrir al acto de la mensura acompañados por peritos de su elección, siendo a su cargo los gastos y honorarios que se devengaren.

2. Formular las reclamaciones a que se creyeren con derecho, exhibiendo los títulos de propiedad en que las funden. El agrimensor pondrá en ellos constancia

marginal que suscribirá. Los reclamantes que no exhibieron sus títulos sin causa justificada, deberán satisfacer las costas del juicio que promovieren contra

la mensura, cualquiera fuese el resultado de aquél. La misma sanción se aplicará a los colindantes que, debidamente citados, no hubiesen intervenido en la

operación de mensura sin causa justificada. El perito deberá expresar, oportunamente, su opinión técnica acerca de las observaciones que se hubiesen

formulado.

Artículo 668.- REMOCIÓN DE MOJONES.-

El agrimensor no podrá remover los mojones que encontrare, a menos que hubiesen comparecido todos los colindantes y manifestasen su conformidad por escrito.

Artículo 669.- ACTA Y TRÁMITE POSTERIOR.-

Terminada la mensura, el perito deberá:

1. Labrar acta en la que expresará los detalles de la operación y el nombre de los linderos que la han presenciado. Si se hubiere manifestado disconformidad,

las razones invocadas.

2. Presentar al juzgado la circular de citación y, a la oficina topográfica, un informe acerca del modo en que ha cumplido su cometido y, por duplicado, el

acta y el plano de la mensura. Será responsable de los daños y perjuicios que ocasionare su demora injustificada.

Artículo 670.- DICTAMEN TÉCNICO ADMINISTRATIVO.-

La oficina topográfica podrá solicitar al juez el expediente con el título de propiedad. Dentro de los treinta (30) días contados desde la recepción del acta

y diligencia de mensura o, en su caso, del expediente requerido al juez, remitirá a éste uno (1) de los ejemplares del acta, el plano y un (1) informe acerca

del valor técnico de la operación efectuada.

Artículo 671.- EFECTOS.-

Cuando la oficina topográfica no observare la mensura y no existiere oposición de linderos, el juez la aprobará y mandará expedir los testimonios que los

interesados solicitaren.

Artículo 672.- DEFECTOS TÉCNICOS.-

Cuando las observaciones u oposiciones se fundaren en cuestiones meramente técnicas, se dará traslado a los interesados por el plazo que fije el juez.

Contestados los traslados o vencido el plazo para hacerlo, aquél resolverá aprobando o no la mensura, según correspondiere, u ordenando las rectificaciones

pertinentes, si fuere posible.

CAPÍTULO II

DESLINDE

(Artículos 673 al 675)

Artículo 673.- DESLINDE POR CONVENIO.-

La escritura pública en que las partes hubiesen efectuado el deslinde deberá presentarse al juez, con todos sus antecedentes. Previa intervención de la

oficina topográfica se aprobará el deslinde, si correspondiere.

Artículo 674.- DESLINDE JUDICIAL.-

La acción de deslinde tramitará por las normas establecidas para el juicio sumario. Si el o los demandados no se opusieren a que se efectúe el deslinde, el

juez designará de oficio perito agrimensor para que realice la mensura. Se aplicarán, en lo pertinente, las normas establecidas en el Capítulo I de este

Título, con intervención de la oficina topográfica. Presentada la mensura, se dará traslado a las partes por diez (10) días, y si expresaren su conformidad,

el juez la aprobará estableciendo el deslinde. Si mediare oposición a la mensura el juez previo traslado y producción de prueba por los plazos que fijare,

dictará sentencia.

Artículo 675.- EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE DISPONE EL DESLINDE.-

La ejecución de la sentencia que declare procedente el deslinde se llevará a cabo de conformidad con las normas establecidas en el artículo anterior. Si

correspondiere, se efectuará el amojonamiento.

TÍTULO VI

DIVISIÓN DE LAS COSAS COMUNES

(Artículos 676 al 678)

Artículo 676.- TRÁMITE.-

La demanda por división de cosas comunes se sustanciará y resolverá por el procedimiento del juicio sumario. La sentencia deberá contener, además de los

requisitos generales, la decisión expresa, cuando fuere posible, sobre la forma de la división, de acuerdo con la naturaleza de la cosa.

Artículo 677.- PERITOS.-

Ejecutoriada la sentencia, se citará a las partes a una (1) audiencia para el nombramiento de un (1) perito tasador, partidor o martillero, según

corresponda, y para que convengan la forma de la división, si no se hubiere establecido en la sentencia. Para su designación y procedimientos ulteriores, se

aplicarán las disposiciones relativas a la división de herencia, en el primer caso, o las del juicio ejecutivo, en el segundo.

Artículo 678.- DIVISIÓN EXTRAJUDICIAL.-

Si se pidiere la aprobación de una división de bienes hecha extrajudicialmente, el juez, previas las ratificaciones que correspondieren, y las citaciones

necesarias en su caso, resolverá aprobándola o rechazándola, sin recurso alguno.

TÍTULO VII

DESALOJO.-

PROCEDIMIENTO

Artículo 679.- PROCEDIMIENTO.

La acción de desalojo de inmuebles urbanos y rurales se sustanciará por el procedimiento establecido por este Código para el juicio sumario, con las

modalidades que se establecen en los artículos siguientes.-

Artículo 680.- PROCEDENCIA.

La acción de desalojo procederá contra locatarios, sublocatarios, tenedores precarios, intrusos y cualesquiera otros ocupantes cuyo deber de restituir sea

exigible.

Artículo 680 bis.- ENTREGA DEL INMUEBLE al ACCIONANTE.

En los casos que la acción de desalojo se dirija contra intruso, en cualquier estado del juicio después de trabada la litis y a pedido del actor, el juez

podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil y previa caución por los eventuales daños y perjuicios que se puedan

irrogar.

Artículo 680 ter.- RECONOCIMIENTO JUDICIAL.

Cuando el desalojo se fundare en las causales de cambio de destino, deterioro del inmueble, obras nocivas o uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar

antes del traslado de la demanda un reconocimiento judicial dentro de los cinco días de dictada la primera providencia, con asistencia del Defensor Oficial.

Igual previsión deberá tomarse cuando se diera la causal prevista en los artículos 680 bis y 684 bis.

Artículo 681.- DENUNCIA DE LA EXISTENCIA DE SUBLOCATARIOS U OCUPANTES.

En la demanda y en la contestación las partes deberán expresar si existen o no sublocatarios u ocupantes terceros. El actor, si lo ignora, podrá remitirse a

lo que resulte de la diligencia de notificación, de la contestación a la demanda, o de ambas.

Artículo 682.- NOTIFICACIONES.

Si en el contrato no se hubiese constituido domicilio especial y el demandado no tuviese su domicilio real dentro de la jurisdicción, la notificación de la

demanda podrá practicarse en el inmueble cuyo desalojo se requiere, siempre que en él hubiese algún edificio habitado.

Artículo 683.- LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE.

Si faltase la chapa indicadora del número del inmueble donde debe practicarse la notificación, el notificador procurará localizarlo inquiriendo a los

vecinos. Si obtuviese indicios suficientes, requerirá en el inmueble la identificación de los ocupantes, pidiéndoles razón de su relación con el demandado.

Si la notificación debiese hacerse en una casa de departamentos y en la cédula no se hubiere especificado la unidad, o se la designare por el número y en el

edificio estuviere designada por letras, o viceversa, el notificador inquirirá al encargado y vecinos si el demandado vive en el edificio; lo notificará si

lo hallare, identificándolo. En caso contrario devolverá la cédula informando el resultado de la diligencia.

Artículo 684.- DEBERES Y FACULTADES DEL NOTIFICADOR.

Cuando la notificación se cumpla en el inmueble reclamado, el notificador:

1. Deberá hacer saber la existencia del juicio a cada uno de los sublocatarios u ocupantes presentes en el acto, aunque no hubiesen sido denunciados,

previniéndoles que la sentencia que se pronuncie producirá efectos contra todos ellos y que, dentro del plazo fijado para contestar la demanda, podrán

ejercer los derechos que estimen corresponderles.

2. Identificará a los presentes e informará al juez sobre el carácter que invoquen y acerca de otros sublocatarios u ocupantes cuya presunta existencia surja

de las manifestaciones de aquéllos. Aunque existiesen sublocatarios u ocupantes ausentes en el acto de la notificación, no se suspenderán los trámites y la

sentencia de desalojo producirá efectos también respecto de ellos.

3. Podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, allanar domicilios y exigir la exhibición de documentos de identidad u otros que fuesen necesarios.

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo y en el anterior constituirá falta grave del notificador.

Artículo 684 bis.- DESALOJO POR FALTA DE PAGO O VENCIMIENTO DE CONTRATO. DESOCUPACIÓN INMEDIATA.

En los supuestos en que la causal invocada para el desalojo fuere la de falta de pago o vencimiento del contrato, el actor podrá también, bajo caución real,

obtener la desocupación inmediata de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 680 bis. Para el supuesto que se probare que el actor obtuvo esa medida

ocultando hechos o documentos que configuraren la relación locativa o el pago de alquileres, además de la inmediata ejecución de la caución se le impondrá

una multa equivalente hasta dos sueldos mensuales de un Juez de Primera Instancia, en favor de la contraparte».

Artículo 685.- PRUEBA.

En los juicios fundados en las causales de falta de pago o por vencimiento del plazo sólo se admitirá la prueba documental, la de confesión y la pericial.

Artículo 686.- LANZAMIENTO.

El lanzamiento se ordenará:

1. Tratándose de quienes entraron en la tenencia u ocupación del inmueble con título legítimo, a los diez días de la notificación de la sentencia si la

condena de desalojo se fundare en vencimiento del plazo, falta de pago de los alquileres o resolución del contrato por uso abusivo u otra causa imputable al

locatario; en los casos de condena de futuro, a los diez días del vencimiento del plazo. En los demás supuestos, a los noventa días de la notificación de la

sentencia, a menos que una ley especial estableciera plazos diferentes.

2. Respecto de quienes no tuvieron título legítimo para la ocupación del inmueble, el plazo será de cinco días.

Artículo 687.- ALCANCE DE LA SENTENCIA.

La sentencia se hará efectiva contra todos los que ocupen el inmueble, aunque no hayan sido mencionados en la diligencia de la notificación o no se hubiesen

presentado en el juicio.

Artículo 688.- CONDENA DE FUTURO.

La demanda de desalojo podrá interponerse antes del vencimiento del plazo convenido para la restitución del bien, en cuyo caso la sentencia que ordena la

desocupación deberá cumplirse una vez vencido aquél.

Las costas serán a cargo del actor cuando el demandado, además de haberse allanado a la demanda, cumpliere su obligación de desocupar oportunamente el

inmueble y de devolverlo en la forma convenida.

LIBRO QUINTO

TÍTULO ÚNICO – PROCESO SUCESORIO

(Artículos 689 al 735)

CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES.-

Artículo 689.- REQUISITOS DE LA INICIACIÓN.-

Quien solicitare la apertura del proceso sucesorio, deberá justificar, prima facie, su carácter de parte legítima y acompañar la partida de defunción del

causante. Si éste hubiere hecho testamento y el solicitante conociere su existencia, deberá presentarlo, cuando estuviese en su poder, o indicar el lugar

donde se encontrare, si lo supiere. Cuando el causante hubiere fallecido sin haber testado, deberá denunciarse el nombre y domicilio de los herederos o

representantes legales conocidos. En todos los casos se deberá librar oficio al Registro de Testamentos del Colegio de Escribanos de la Provincia, quién

deberá informar dentro del plazo de 5 días sobre la existencia de testamento u otra disposición de última voluntad susceptible de producir efectos en el

proceso. Si el informe resultare positivo, el Juez requerirá del Notario testimonio de la escritura, si aquél hubiese sido otorgado por acto público, o la

entrega del original en caso contrario.

Artículo 690.- MEDIDAS PRELIMINARES Y DE SEGURIDAD.-

El juez hará lugar o denegará la apertura del proceso, previo examen de su competencia y recepción de la prueba que resultare necesaria. A petición de parte

interesada, o de oficio, en su caso, el juez dispondrá las medidas que considere convenientes para la seguridad de los bienes y documentación del causante.

El dinero, los títulos, acciones y alhajas se depositarán en el banco de depósitos judiciales. Respecto de las alhajas se adoptará la misma medida, salvo que

los herederos decidieren que quedaren bajo su custodia. Dentro del tercer día de iniciado el procedimiento el Secretario deberá comunicarlo al Registro de

Juicios Universales.-

Artículo 691.- SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS.-

Cuando en el proceso sucesorio el juez advirtiere que la comparecencia personal de las partes y de sus letrados podría ser beneficiosa para la concentración

y simplificación de los actos procesales que deben cumplirse, de oficio o a pedido de parte, señalará una (1) audiencia a la que aquellos deberán concurrir

personalmente, bajo apercibimiento de imponer una multa de entre medio sueldo de un Jefe de Despacho y hasta un sueldo de Juez de Primera Instancia en caso

de inasistencia injustificada. En dicha audiencia el juez procurará que las partes establezcan lo necesario para la más rápida tramitación del proceso.

Artículo 692.- ADMINISTRADOR PROVISIONAL.-

A pedido de parte, el juez podrá fijar una (1) audiencia para designar administrador provisional. El nombramiento recaerá en el cónyuge supérstite o en el

heredero que, prima facie, hubiere acreditado mayor aptitud para el desempeño del cargo. El juez sólo podrá nombrar a un (1) tercero cuando no concurrieren

estas circunstancias.

Artículo 693.- INTERVENCIÓN DE INTERESADOS.-

La actuación de las personas y funcionarios que pueden promover el proceso sucesorio o intervenir en él, tendrá las siguientes limitaciones:

1. El ministerio público cesará de intervenir una vez aprobado el testamento, dictada la declaratoria de herederos, o reputada vacante la herencia.

2. Los tutores ad-litem cesarán de intervenir cuando a sus pupilos se les designe representante legal definitivo, o desaparezca la incapacidad o la oposición

de intereses que dio motivo a su designación.

3. La Dirección Provincial de Ingresos Públicos u organismo responsable de la percepción de impuestos y tasas provinciales, deberá ser notificada por cédula

de la iniciación de todo proceso sucesorio, pudiendo sus apoderados ejercer el control que consideren necesario. Únicamente será oída cuando se realicen

inventarios o se pretendieren efectuar actos de disposición.

4. La autoridad encargada de recibir la herencia vacante deberá ser notificada en la forma y oportunidad indicadas en el inciso anterior. Las actuaciones

sólo se le remitirán cuando se reputare vacante la herencia. Su intervención cesará una vez aprobado el testamento o dictada la declaratoria de herederos.

Artículo 694.- INTERVENCIÓN DE LOS ACREEDORES.-

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3314 del Código Civil, los acreedores sólo podrán iniciar el proceso sucesorio después de transcurridos cuatro

(4) meses desde el fallecimiento del causante. Sin embargo, el juez podrá ampliar o reducir ese plazo cuando las circunstancias así lo aconsejaren. Su

intervención cesará cuando se presente al juicio algún heredero o se provea a su representación en forma legal, salvo inacción manifiesta de éstos, en cuyo

supuesto los acreedores podrán activar el procedimiento.

Artículo 695.- FALLECIMIENTO DE HEREDEROS.-

Si falleciere un heredero o presunto heredero, dejando sucesores, éstos deberán acreditar ese carácter y comparecer, bajo una sola representación, dentro del

plazo que el juez fije. Se aplicará en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 54.

Artículo 696.- ACUMULACIÓN.-

Cuando se hubiesen iniciado dos (2) juicios sucesorios, uno (1) testamentario y otro ab intestato, para su acumulación prevalecerá, en principio, el primero.

Quedará a criterio del juez la aplicación de esta regla, teniendo en cuenta el grado de adelanto de los trámites realizados y las medidas útiles cumplidas en

cada caso, siempre que la promoción del proceso o su sustanciación no revelaren el propósito de obtener una prioridad indebida. El mismo criterio se aplicará

en caso de coexistencia de juicios testamentarios o ab intestato.

Artículo 697.- AUDIENCIA.-

Dictada la declaratoria de herederos o declarado válido el testamento, el juez convocará a audiencia que se notificará por cédula a los herederos y

legatarios de parte alícuota, en su caso, y a los funcionarios que correspondiere, con el objeto de efectuar las designaciones de administrador definitivo,

inventariador, tasador y las demás que fueren procedentes.

Artículo 698.- SUCESIÓN EXTRAJUDICIAL.-

Aprobado el testamento o dictada la declaratoria de herederos, en su caso, si todos los herederos fueren capaces y hubiere conformidad fundada entre ellos,

los ulteriores trámites del proceso sucesorio podrán continuar extrajudicialmente a cargo del o de los profesionales intervinientes. En este supuesto, las

operaciones de inventario, avalúo, partición y adjudicación, deberán efectuarse con la intervención y conformidad de los organismos administrativos que

correspondan. Cumplidos estos recaudos los letrados podrán solicitar directamente la inscripción de los bienes registrables y entregar las hijuelas a los

herederos. Si durante la tramitación extrajudicial se suscitasen desinteligencias entre los herederos, o entre éstos y los organismos administrativos,

aquéllas deberán someterse a la decisión del juez del proceso sucesorio. El monto de los honorarios por los trabajos efectuados será el que correspondería si

aquellos se hubiesen realizado judicialmente. No se regularán dichos honorarios hasta tanto los profesionales que hubiesen tenido a su cargo el trámite

extrajudicial presenten al juzgado copia de las actuaciones cumplidas, para su agregación al expediente. Tampoco podrán inscribirse los bienes registrables

sin el certificado expedido por el secretario en el que conste que se han agregado las copias a que se refiere el párrafo anterior.

CAPÍTULO II .-

SUCESIONES AB-INTESTATO.-

(Arts. 699 al 703).

Artículo 699.- PROVIDENCIA DE APERTURA Y CITACIÓN A LOS INTERESADOS.-

Cuando el causante no hubiere testado o el testamento no contuviere institución de heredero, en la providencia de apertura del proceso sucesorio, el juez

dispondrá la citación de todos los que se consideraren con derecho a los bienes dejados por el causante, para que dentro del plazo de treinta (30) días lo

acrediten. A tal efecto ordenará:

1. La notificación por cédula, oficio o exhorto a los herederos denunciados en el expediente que tuvieren domicilio conocido en el país.

2. La publicación de edictos por tres (3) días en el Boletín Oficial y en otro diario del lugar del juicio, salvo que el monto del haber hereditario no

excediere, prima facie, el equivalente a diez sueldos de Jefe de Despacho, o que no hubiera inmuebles edificados, en cuyo caso sólo se publicarán en el

Boletín Oficial. Si el haber sobrepasare, en definitiva, la suma precedentemente indicada o hubiera un inmueble edificado, se ordenarán las publicaciones que

correspondan. El plazo fijado por el art. 3539 del Código Civil comenzará a correr desde el día siguiente a la última publicación, salvo los que

correspondieren a ferias judiciales.-

Artículo 700.- DECLARATORIA DE HEREDEROS.-

Cumplidos el plazo y los trámites a que se refiere el artículo anterior, y acreditado el derecho de los sucesores, el juez dictará declaratoria de herederos.

Si no se hubiere justificado el vínculo de alguno de los presuntos herederos, se diferirá la declaratoria por el plazo que el juez fije para que, durante su

transcurso, se produzca la prueba correspondiente. Vencido dicho plazo, el juez dictará declaratoria a favor de quienes hubieren acreditado el vínculo, o

reputará vacante la herencia.

Artículo 701.- ADMISIÓN DE HEREDEROS.-

Los herederos mayores de edad que hubieren acreditado el vínculo conforme a derecho, podrán, por unanimidad, admitir coherederos que no lo hubiesen

justificado, sin que ello importe reconocimiento del estado de familia. Los herederos declarados podrán, en iguales condiciones, reconocer acreedores del

causante.

Artículo 702.- EFECTOS DE LA DECLARATORIA. POSESIÓN DE LA HERENCIA.-

La declaratoria de herederos se dictará sin perjuicio de terceros. Cualquier pretendiente podrá promover demanda impugnando su validez o exactitud, para

excluir al heredero declarado, o para ser reconocido con él. Aún sin decisión expresa, la declaratoria de herederos otorgará la posesión de la herencia a

quienes no la tuvieren por el solo hecho de la muerte del causante.

Artículo 703.- AMPLIACIÓN DE LA DECLARATORIA.-

La declaratoria de herederos podrá ser ampliada por el juez en cualquier estado del proceso, a petición de parte legítima, si correspondiere.

CAPÍTULO III

SUCESIÓN TESTAMENTARIA

(Artículos 704 Al 708)

SECCION PRIMERA

PROTOCOLIZACIÓN DE TESTAMENTO

(Artículos 704 Al 706).-

Artículo 704.- TESTAMENTOS OLÓGRAFOS Y CERRADOS.-

Quien presentare testamento ológrafo deberá ofrecer dos (2) testigos para que reconozcan la firma y letra del testador. El juez señalará audiencia a la que

citará a los beneficiarios y a los presuntos herederos cuyos domicilios fueron conocidos, y el escribano y testigos, si se tratare de testamento cerrado. Si

el testamento ológrafo se acompañare en sobre cerrado, el juez lo abrirá en dicha audiencia en presencia del secretario.

Artículo 705.- PROTOCOLIZACIÓN.-

Si los testigos reconocieren la letra y firma del testador, el juez rubricará el principio y fin de cada una de las páginas del testamento y designará un (1)

escribano para que los protocolice.

Artículo 706.- OPOSICION A LA PROTOCOLIZACIÓN

Si reconocida la letra y la firma del testador por los testigos, se formularen objeciones sobre el cumplimiento de las formalidades prescriptas, o reclamos

que no se refieran a la validez del testamento, la cuestión se sustanciará por el trámite de los incidentes.

SECCION SEGUNDA

DISPOSICIONES ESPECIALES

(Artículos 707 al 708)

Artículo 707.- CITACIÓN.-

Presentado el testamento, o protocolizado en su caso, el juez dispondrá la notificación personal de los herederos instituidos, de los demás beneficiarios y

del albacea, para que se presenten dentro de treinta (30) días. Si se ignorase el domicilio de las personas mencionadas en el apartado anterior, se procederá

en la forma dispuesta en el artículo 145.

Artículo 708.- APROBACIÓN DE TESTAMENTO

En la providencia a que se refiere el artículo anterior, el juez se pronunciará sobre la validez del testamento, cualquiera fuere su forma. Ello importará

otorgar la posesión de la herencia a los herederos que no la tuvieren de pleno derecho.

CAPÍTULO IV

ADMINISTRACIÓN

(Artículos 709 al 715)

Artículo 709.- DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR.

Si no mediare acuerdo entre los herederos para la designación del administrador, el juez nombrará al cónyuge supérstite, y a falta, renuncia o inidoneidad de

éste, al propuesto por la mayoría, salvo que se invocasen motivos especiales que, a criterio del juez, fueren aceptables para no efectuar ese nombramiento.

Artículo 710.- ACEPTACIÓN DEL CARGO.-

El administrador aceptará el cargo ante el secretario y será puesto en posesión de los bienes de la herencia por intermedio del oficial de justicia. Se le

expedirá testimonio de su nombramiento.

Artículo 711.- EXPEDIENTE DE ADMINISTRACIÓN

Las actuaciones relacionadas con la administración tramitarán en expediente separado, cuando la complejidad e importancia de aquella así lo aconsejaren.

Artículo 712.- FACULTADES DEL ADMINISTRADOR

El administrador de la sucesión sólo podrá realizar actos conservatorios de los bienes administrados. Con respecto a la retención o disposición de fondos de

la sucesión, deberá ajustarse a lo dispuesto por el artículo 225, inc. 5. No podrá arrendar inmuebles sin el consentimiento de todos los herederos, o

autorización judicial en su defecto. Cuando no mediare acuerdo entre los herederos, el administrador podrá ser autorizado por el juez para promover,

proseguir o contestar las demandas de la sucesión. Si existieren razones de urgencia, podrá prescindir de dicha autorización, pero deberá dar cuenta al

juzgado de esa circunstancia en forma inmediata.

Artículo 713.- RENDICIÓN DE CUENTAS

El administrador de la sucesión deberá rendir cuentas trimestralmente, salvo que la mayoría de los herederos hubiere acordado fijar otro plazo. Al terminar

sus funciones rendirá una (1) cuenta final. Tanto las rendiciones de cuentas parciales como la final se pondrán en secretaría a disposición de los

interesados durante 5 y 10 días, respectivamente. Si no fueren observadas, el juez las aprobará, si correspondiere. Cuando mediaren observaciones, se

sustanciarán por el trámite de los incidentes.

Artículo 714.- SUSTITUCIÓN Y REMOCIÓN

La sustitución del administrador se hará de acuerdo con las reglas contenidas en el artículo 709. Podrá ser removido, de oficio o a pedido de parte, cuando

su actuación importare mal desempeño del cargo. La remoción se sustanciará por el trámite de los incidentes. Si las causas invocadas fueren graves y

estuviesen prima facie acreditadas, el juez podrá disponer su suspensión y reemplazo por otro administrador. En este último supuesto, el nombramiento se

regirá por lo dispuesto en el artículo 709.

Artículo 715.- HONORARIOS.-

El administrador no podrá percibir honorarios con carácter definitivo hasta que haya sido rendida y aprobada la cuenta final de la administración. Cuando

ésta excediere de seis (6) meses, el administrador podrá ser autorizado a percibir periódicamente sumas, con carácter de anticipos provisionales, las que

deberán guardar proporción con el monto aproximado del honorario total.

CAPÍTULO V

INVENTARIO Y AVALUO

(Artículos 716 al 725)

Artículo 716.- INVENTARIO Y AVALÚO JUDICIALES

El inventario y avalúo deberán hacerse judicialmente:

1. A pedido de un heredero que no haya perdido o renunciado al beneficio de inventario.

2. Cuando se hubiere nombrado curador de la herencia.

3. Cuando lo solicitaren los acreedores de la herencia o de los herederos o el organismo recaudador fiscal, y resultare necesario a criterio del juez.

4. Cuando correspondiere por otra disposición de la ley. No tratándose de alguno de los casos previstos en los incisos anteriores, las partes podrán

sustituir el inventario por la denuncia de bienes, previa conformidad del ministerio pupilar si existieren incapaces. Si hubiese oposición del organismo

recaudador fiscal Dirección Provincial de Ingresos Públicos u organismo responsable de la percepción de impuestos y tasas provinciales, el juez resolverá en

los términos del inc. 3.

Artículo 717.- INVENTARIO PROVISIONAL

El inventario se practicará en cualquier estado del proceso, siempre que lo solicitare alguno de los interesados. El que se realizare antes de dictarse la

declaratoria de herederos o aprobarse el testamento, tendrá carácter provisional.

Artículo 718.- INVENTARIO DEFINITIVO

Dictada la declaratoria de herederos o declarado válido el testamento, se hará el inventario definitivo. Sin embargo, con la conformidad de las partes, podrá

asignarse ese carácter al inventario provisional, o admitirse el que presentaren los interesados, a menos que en este último caso, existieren incapaces o

ausentes, y sin perjuicio de la intervención que corresponda a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos u organismo responsable de la percepción de

impuestos y tasas provinciales.

Artículo 719.- NOMBRAMIENTO DEL INVENTARIADOR

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 716, último párrafo, el inventario será efectuado por un (1) escribano que se propondrá en la audiencia prevista

en el artículo 697, o en otra, si en aquélla nada se hubiere acordado al respecto. Para la designación bastará la conformidad de la mayoría de los herederos

presentes en el acto. En su defecto, el inventariador será nombrado por el juez.

Artículo 720.- BIENES FUERA DE LA JURISDICCIÓN

Para el inventario de bienes existentes fuera del lugar donde tramita el proceso sucesorio, se comisionará al juez de la localidad donde se encontraren.

Artículo 721.- CITACIONES, INVENTARIO.-

Las partes, los acreedores y legatarios y el representante de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos u organismo responsable de la percepción de

impuestos y tasas provinciales, quienes serán citados para la formación del inventario, notificándoselos por cédula, en la que se les hará saber el lugar,

día y hora de la realización de la diligencia. El inventario se hará con intervención de las partes que concurran. El acta de la diligencia contendrá la

especificación de los bienes, con indicación de la persona que efectúe la denuncia. Si hubiese título de propiedad, sólo se hará una relación sucinta de su

contenido. Se dejará constancia de las observaciones o impugnaciones que formularen los interesados. Los comparecientes deberán firmar el acta. Si se negaren

se dejará también constancia, sin que ello afecte la validez de la diligencia.-

Artículo 722.- AVALÚO

Sólo serán valuados los bienes que hubiesen sido inventariados, y siempre que fuere posible, las diligencias de inventario y avalúo se realizarán

simultáneamente. El o los peritos serán designados de conformidad con lo establecido en el artículo 719. Podrán ser recusados por las causas establecidas

para los peritos.

Artículo 723.- OTROS VALORES.-

Si hubiere conformidad de partes, se podrá tomar para los inmuebles la valuación fiscal y para los títulos y acciones, la cotización de la bolsa de comercio

o mercado de valores, al día del fallecimiento del causante. Si se tratare de los bienes de la casa-habitación del causante, la valuación por peritos podrá

ser sustituida por declaración jurada de los interesados, debiendo tenerse en cuenta las previsiones del Código Tributario de la Provincia.-

Artículo 724.- IMPUGNACIÓN al INVENTARIO O al AVALÚO

Agregados al proceso el inventario y el avalúo, se los pondrá de manifiesto en la secretaría por cinco (5) días. Las partes serán notificadas por cédula.

Vencido el plazo sin haberse deducido oposición, se aprobarán ambas operaciones sin más trámite.

Artículo 725.- RECLAMACIONES.-

Las reclamaciones de los herederos o de terceros sobre inclusión o exclusión de bienes en el inventario se sustanciarán por el trámite de los incidentes. Si

las reclamaciones versaren sobre el avalúo, se convocará a audiencia a los interesados y al perito para que se expidan sobre la cuestión promovida,

resolviendo el juez lo que correspondiere. Si no compareciere quien dedujo la oposición, se lo tendrá por desistido, con costas. En caso de inasistencia del

perito, éste perderá el derecho a cobrar honorarios por los trabajos practicados, cualquiera sea la resolución que se dicte respecto de las impugnaciones. Si

las observaciones formuladas requiriesen, por su naturaleza, sustanciación más amplia, la cuestión tramitará por juicio sumario o por incidente. La

resolución del juez no será recurrible.

CAPÍTULO VI

PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN

(Artículos 726 al 732)

Artículo 726.- PARTICIÓN PRIVADA

Una vez aprobadas las operaciones de inventario y avalúo, si todos los herederos capaces estuvieren de acuerdo, podrán formular la partición y presentarla al

juez para su aprobación. Podrán solicitar que se inscriban la declaratoria de herederos o el testamento. En ambos casos, previamente se pagará la tasa de

justicia, gastos causídicos y honorarios, de conformidad con lo establecido en este Código y en las leyes impositivas y de aranceles. No procederá la

inscripción si mediare oposición de acreedores o legatarios.-

Artículo 727.- PARTIDOR

El partidor, que deberá tener título de abogado, será nombrado en la forma dispuesta para el inventariador.

Artículo 728.- PLAZO

El partidor deberá presentar la partición dentro del plazo que el juez fije, bajo apercibimiento de remoción. El plazo podrá ser prorrogado si mediare pedido

fundado del partidor o de los herederos.

Artículo 729.- DESEMPEÑO DEL CARGO

Para hacer las adjudicaciones, el perito, si las circunstancias lo requieren, oirá a los interesados a fin de obrar de conformidad con ellos en todo lo que

acordaren, o de conciliar, en lo posible, sus pretensiones. Las omisiones en que incurrieren deberán ser salvadas a su costa.

Artículo 730.- CERTIFICADOS

Antes de ordenarse la inscripción en el registro de la propiedad de las hijuelas, declaratoria de herederos, o testamento en su caso, deberá solicitarse

certificación acerca del estado jurídico de los inmuebles según las constancias registrales. Si se tratare de bienes situados en otra jurisdicción, en el

exhorto u oficio se expresará que la inscripción queda supeditada al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las leyes registrales.-

Artículo 731.- PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PARTICIONARIA

Presentada la partición, el juez la pondrá de manifiesto en la secretaría por diez (10) días. Los interesados serán notificados por cédula. Vencido el plazo

sin que se haya formulado oposición, el juez, previa vista al ministerio pupilar, si correspondiere, aprobará la cuenta particionaria, sin recurso, salvo que

violare normas sobre división de la herencia o hubiere incapaces que pudieren resultar perjudicados. Sólo será apelable la resolución que rechace la cuenta.

Artículo 732.- TRÁMITE DE LA OPOSICIÓN

Si se dedujere oposición el juez citará a audiencia a las partes, al ministerio pupilar, en su caso, y al partidor, para procurar el arreglo de las

diferencias. La audiencia tendrá lugar cualquiera fuese el número de interesados que asistiere. Si quien ha impugnado la cuenta particionaria dejare de

concurrir, se lo tendrá por desistido, con costas. En caso de inasistencia del perito, perderá su derecho a los honorarios. Si los interesados no pudieren

ponerse de acuerdo, el juez resolverá dentro de los DIEZ (10) días de celebrada la audiencia.

CAPÍTULO VII

HERENCIA VACANTE

(Artículos 733 al 735).-

Artículo 733.- REPUTACIÓN DE VACANCIA, CURADOR.

Vencido el plazo establecido en el artículo 699, cuando no se hubieren presentado herederos, la sucesión se reputará vacante y se designará curador al

representante de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos u organismo responsable de la percepción de impuestos y tasas provinciales.

Artículo 734.- INVENTARIO Y AVALÚO

El inventario y el avalúo se practicarán por peritos designados a propuesta de Dirección Provincial de Ingresos Públicos u organismo responsable de la

percepción de impuestos y tasas provinciales. Se realizarán en la forma dispuesta en el Capítulo Quinto.

Artículo 735.- TRÁMITES POSTERIORES

Los derechos y obligaciones del curador, la liquidación de los bienes y la declaración de vacancia y sus efectos se regirán por el Código Civil, aplicándose

supletoriamente las disposiciones sobre administración de la herencia contenida en el Capítulo Cuarto.

LIBRO SEXTO

PROCESO ARBITRAL

(ARTICULOS 736 al 773)

TÍTULO I

JUICIO ARBITRAL

Artículo 736.- OBJETO DEL JUICIO

Toda cuestión entre partes, excepto las mencionadas en el artículo 737, podrá ser sometida a la decisión de jueces árbitros, antes o después de deducida en

juicio y cualquiera fuere el estado de éste. La sujeción a juicio arbitral puede ser convenida en el contrato o en un acto posterior.

Artículo 737.- CUESTIONES EXCLUÍDAS

No podrán comprometerse en árbitros, bajo pena de nulidad, las cuestiones que no puedan ser objeto de transacción.

Artículo 738.- CAPACIDAD

Las personas que no pueden transigir no podrán comprometer en árbitros. Cuando la ley exija autorización judicial para realizar actos de disposición, también

aquélla será necesaria para celebrar el compromiso. Otorgada la autorización, no se requerirá la aprobación judicial del laudo.

Artículo 739.- FORMA DEL COMPROMISO.-

El compromiso deberá formalizarse por escritura pública o instrumento privado, o por acta extendida ante el juez de la causa, o ante aquél a quien hubiese

correspondido su conocimiento.

Artículo 740.- CONTENIDO.-

El compromiso deberá contener, bajo pena de nulidad:

1. Fecha, nombre y domicilio de los otorgantes.-

2. Nombre y domicilio de los árbitros, excepto en el caso de art. 743.

3. Las cuestiones que se sometan al juicio arbitral, con expresión de sus circunstancias.

4. La estipulación de una multa que deberá pagar, a la otra parte, la que dejare de cumplir los actos indispensables para la realización del compromiso.

Artículo 741.- CLÁUSULAS FACULTATIVAS

Se podrá convenir, asimismo, en el compromiso:

1. El procedimiento aplicable y el lugar en que los árbitros hayan de conocer y fallar. Si no se indicare el lugar, será el de otorgamiento del compromiso.

2. El plazo en que los árbitros deben pronunciar el laudo.

3. La designación de un (1) secretario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 748.

4. Una multa que deberá pagar la parte que recurra el laudo, a la que lo consienta, para poder ser oído, si no mediase la renuncia que se menciona en el

inciso siguiente.

5. La renuncia del recurso de apelación y del de nulidad, salvo los casos determinados en el artículo 760.

Artículo 742.- DEMANDA.-

Podrá demandarse la constitución de tribunal arbitral, cuando una (1) o más cuestiones deban ser decididas por árbitros. Presentada la demanda con los

requisitos del artículo 330, en lo pertinente, ante el juez que hubiese sido competente para conocer en la causa, se conferirá traslado al demandado por diez

(10) días y se designará audiencia para que las partes concurran a formalizar el compromiso. Si hubiese resistencia infundada, el juez proveerá por la parte

que incurriere en ella, en los términos del art. 740. Si las partes concordaren en la celebración del compromiso, pero no sobre los puntos que ha de

contener, el juez resolverá lo que corresponda. Si la oposición a la constitución del tribunal arbitral fuese fundada, el juez así lo declarará, con costas,

previa sustanciación por el trámite de los incidentes, si fuere necesario.

Artículo 743.- NOMBRAMIENTO

Los árbitros serán nombrados por las partes, pudiendo el tercero ser designado por ellas, o por los mismos árbitros, si estuviesen facultados. Si no hubiere

acuerdo, el nombramiento será hecho por el juez competente. La designación sólo podrá recaer en personas mayores de edad y que estén en el pleno ejercicio de

los derechos civiles.

Artículo 744.- ACEPTACIÓN DEL CARGO

Otorgado el compromiso, se hará saber a los árbitros para la aceptación del cargo ante el secretario del juzgado, con juramento o promesa de fiel desempeño.

Si alguno de los árbitros renunciare, admitiere la recusación, se incapacitare o falleciere, se lo reemplazará en la forma acordada en el compromiso. Si nada

se hubiese previsto, lo designará el juez.

Artículo 745.- DESEMPEÑO DE LOS ÁRBITROS

La aceptación de los árbitros dará derecho a las partes para compelerlos a que cumplan con su cometido, bajo pena de responder por daños y perjuicios.

Artículo 746.- RECUSACIÓN

Los árbitros designados por el juzgado podrán ser recusados por las mismas causas que los jueces. Los nombrados de común acuerdo por las partes, únicamente

por causas posteriores al nombramiento. Los árbitros no podrán ser recusados sin causa. Sólo serán removidos por consentimiento de las partes y decisión del

juez.

Artículo 747.- TRÁMITE DE RECUSACIÓN

La recusación deberá deducirse ante los mismos árbitros, dentro de los cinco (5) días de conocido el nombramiento. Si el recusado no se abstuviere de

intervenir, conocerá de la recusación el juez ante quien se otorgó el compromiso o el que hubiese debido conocer si aquél no se hubiese celebrado. Se

aplicarán las normas de los artículos 17 y siguientes, en lo pertinente. La resolución del juez será irrecurrible. El procedimiento quedará suspendido

mientras no se haya decidido sobre la recusación.

Artículo 748.- EXTINCIÓN DEL COMPROMISO

El compromiso cesará en sus efectos:

1. Por decisión unánime de los que lo contrajeron.

2. Por el transcurso del plazo señalado en el compromiso, o del legal en su defecto, sin perjuicio de la responsabilidad de los árbitros por daños e

intereses, si por su culpa hubiese transcurrido inútilmente el plazo que corresponda, o del pago de la multa mencionada en el artículo 740, inciso 4, si la

culpa fuere de alguna de las partes.

3. Si durante tres (3) meses las partes o los árbitros no hubiesen realizado ningún acto tendiente a impulsar el procedimiento.

Artículo 749.- SECRETARIO

Toda la sustanciación del juicio arbitral se hará ante un secretario, quien deberá ser persona capaz, en el pleno ejercicio de sus derechos civiles e idónea

para el desempeño del cargo. Será nombrado por las partes o por el juez, en su caso, a menos que en el compromiso se hubiese encomendado su designación a los

árbitros. Prestará juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo ante el tribunal arbitral.

Artículo 750.- ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL

Los árbitros designarán a uno (1) de ellos como presidente. Este dirigirá el procedimiento y dictará, por sí solo, las providencias de mero trámite. Sólo las

diligencias de prueba podrán ser delegadas en uno (1) de los árbitros; en los demás, actuarán siempre formando tribunal.

Artículo 751.- PROCEDIMIENTO

Si en la cláusula compromisoria, en el compromiso, o en un acto posterior de las partes no se hubiese fijado el procedimiento, los árbitros observarán el del

juicio ordinario o sumario, según lo establecieren, teniendo en cuenta la naturaleza e importancia económica de la causa. Esta resolución será irrecurrible.

Artículo 752.- CUESTIONES PREVIAS

Si a los árbitros les resultare imposible pronunciarse antes de que la autoridad judicial haya decidido alguna de las cuestiones que por el artículo 737 no

pueden ser objeto de compromiso, u otras que deben tener prioridad y no les hayan sido sometidas, el plazo para laudar quedará suspendido hasta el día en que

una (1) de las partes entregue a los árbitros un testimonio de la sentencia ejecutoriada que haya resuelto dichas cuestiones.

Artículo 753.- MEDIDAS DE EJECUCIÓN

Los árbitros no podrán decretar medidas compulsorias, ni de ejecución. Deberán requerirlas al juez y éste deberá prestar el auxilio de su jurisdicción para

la más rápida y eficaz sustanciación del proceso arbitral.

Artículo 754.- CONTENIDO DEL LAUDO

Los árbitros pronunciarán su fallo sobre todas las pretensiones sometidas a su decisión, dentro del plazo fijado en el compromiso, con las prórrogas

convenidas por los interesados, en su caso. Se entenderá que han quedado también comprometidas las cuestiones meramente accesorias y aquellas cuya

sustanciación ante los árbitros hubiese quedado consentida.

Artículo 755.- PLAZO

Si las partes no hubieren establecido el plazo dentro del cual debe pronunciarse el laudo, lo fijará el juez atendiendo a las circunstancias del caso. El

plazo para laudar será continuo y sólo se interrumpirá cuando deba procederse a sustituir árbitros. Si una de las partes falleciere, se considerará

prorrogado por treinta (30) días. A petición de los árbitros, el juez podrá prorrogar el plazo, si la demora no les fuese imputable.

Artículo 756.- RESPONSABILIDAD DE LOS ÁRBITROS

Los árbitros que, sin causa justificada, no pronunciaren el laudo dentro del plazo, carecerán de derecho a honorarios. Serán asimismo responsables por los

daños y perjuicios.

Artículo 757.- MAYORÍA

Será válido el laudo firmado por la mayoría si alguno de los árbitros se hubiese resistido a reunirse para deliberar o para pronunciar. Si no pudiese

formarse mayoría porque las opiniones o votos contuviesen soluciones inconciliables en la totalidad de los puntos comprometidos, se nombrará otro árbitro

para que dirima. Si hubiese mayoría respecto de algunas de las cuestiones, se laudará sobre ellas. Las partes o el juez, en su caso, designarán un (1) nuevo

integrante del tribunal para que dirima sobre las demás y fijarán el plazo para que se pronuncie.

Artículo 758.- RECURSOS

Contra la sentencia arbitral podrán interponerse los recursos admisibles respecto de las sentencias de los jueces, si no hubiesen sido renunciados en el

compromiso.

Artículo 759.- INTERPOSICIÓN

Los recursos deberán deducirse ante el tribunal arbitral, dentro de los cinco (5) días, por escrito fundado. Si fueren denegados, serán aplicables los

artículos 282 y 283, en lo pertinente.

Artículo 760.- RENUNCIA DE RECURSOS. ACLARATORIA. NULIDAD

Si los recursos hubieren sido renunciados, se denegarán sin sustanciación alguna. La renuncia de los recursos no obstará, sin embargo, a la admisibilidad del

de aclaratoria y de nulidad, fundado en falta esencial del procedimiento, en haber fallado los árbitros fuera del plazo, o sobre puntos no comprometidos. En

este último caso, la nulidad será parcial si el pronunciamiento fuere divisible. Este recurso se resolverá sin sustanciación alguna, con la sola vista del

expediente.

Artículo 761.- LAUDO NULO

Será nulo el laudo que contuviere en la parte dispositiva decisiones incompatibles entre sí. Se aplicarán subsidiariamente las disposiciones sobre nulidades

establecidas por este Código. Si el proceso se hubiese sustanciado regularmente y la nulidad fuese únicamente del laudo, a petición de parte, el juez

pronunciará sentencia, que será recurrible por aplicación de las normas comunes.

Artículo 762.- PAGO DE LA MULTA

Si se hubiese estipulado la multa indicada en el artículo 741, inciso 4, no se admitirá recurso alguno, si quien lo interpone no hubiese satisfecho su

importe. Si el recurso deducido fuese el de nulidad por las causales expresadas en los artículos 760 y 761, el importe de la multa será depositado hasta la

decisión del recurso. Si se declarase la nulidad, será devuelto al recurrente. En caso contrario, se entregará a la otra parte.

Artículo 763.- RECURSOS

Conocerá de los recursos el tribunal jerárquicamente superior al juez a quien habría correspondido conocer si la cuestión no se hubiera sometido a árbitro,

salvo que el compromiso estableciera la competencia de otros árbitros para entender en dichos recursos.

Artículo 764.- PLEITO PENDIENTE

Si el compromiso se hubiese celebrado respecto de UN (1) juicio pendiente en una instancia, el fallo de los árbitros causará ejecutoria.

Artículo 765.- JUECES Y FUNCIONARIOS

A los jueces y funcionarios del Poder Judicial les está prohibido, bajo pena de nulidad, aceptar el nombramiento de árbitro o amigables componedores, salvo

si en el juicio fuese parte la Nación o una (1) provincia.

TÍTULO II

JUICIO DE AMIGABLES COMPONEDORES

(Artículos 766 al 772).-

Artículo 766.- OBJETO. CLASE DE ARBITRAJE

Podrán someterse a la decisión de arbitradores o amigables componedores, las cuestiones que pueden ser objeto del juicio de árbitros. Si nada se hubiese

estipulado en el compromiso acerca de si el arbitraje ha de ser de derecho o de amigables componedores, o si se hubiese autorizado a los árbitros a decidir

la controversia según equidad, se entenderá que es de amigables componedores.

Artículo 767.- NORMAS COMUNES

Se aplicará al juicio de amigables componedores lo prescripto para los árbitros respecto de:

1. La capacidad de los contrayentes.

2. El contenido y forma del compromiso.

3. Calidad que deban tener los arbitradores y forma de nombramiento.

4. La aceptación del cargo y responsabilidad de los arbitradores

5. El modo de reemplazarlos.

6. La forma de acordar y pronunciar el laudo.

Artículo 768.- RECUSACIONES

Los amigables componedores podrán ser recusados únicamente por causas posteriores al nombramiento. Sólo serán causas legales de recusación: 1. Interés

directo o indirecto en el asunto. 2. Parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad con las partes. 3. Enemistad manifiesta con

aquéllas, por hechos determinados. En el incidente de recusación se procederá según lo prescripto para la de los árbitros.

Artículo 769.- PROCEDIMIENTO. CARÁCTER DE LA ACTUACIÓN.-

Los amigables componedores procederán sin sujeción a formas legales, limitándose a recibir los antecedentes o documentos que las partes les presentasen, a

pedirles las explicaciones que creyeren convenientes, y a dictar sentencia según su saber y entender.

Artículo 770.- PLAZO.-

Si las partes no hubiesen fijado plazo, los amigables componedores deberán pronunciar el laudo dentro de los tres (3) meses de la última aceptación.

Artículo 771.- NULIDAD.-

El laudo de los amigables componedores no será recurrible, pero si se hubiese pronunciado fuera del plazo o sobre puntos no comprometidos, las partes podrán

demandar su nulidad dentro de cinco (5) días de notificado. Presentada la demanda, el juez dará traslado a la otra parte por cinco (5) días. Vencido este

plazo, contestado o no el traslado, el juez resolverá acerca de la validez o nulidad del laudo, sin recurso alguno.

Artículo 772.- COSTAS. HONORARIOS.-

Los árbitros y amigables componedores se pronunciarán acerca de la imposición de las costas, en la forma prescripta en los artículos 68 y siguientes. La

parte que no realizare los actos indispensables para la realización del compromiso, además de la multa prevista en el artículo 740, inciso 4, si hubiese sido

estipulado, deberá pagar las costas. Los honorarios de los árbitros, secretario del tribunal, abogados, procuradores y demás profesionales, serán regulados

por el juez. Los árbitros podrán solicitar al juez que ordene el depósito o embargo de la suma que pudiere corresponderles por honorarios, si los bienes

objeto del juicio no constituyesen garantía suficiente.

TÍTULO III

PERICIA ARBITRAL

Artículo 773.- PROCEDENCIA.-

RÉGIMEN.-

La pericia arbitral procederá en el caso del art. 516 y cuando las leyes establezcan ese procedimiento con el nombre de juicio de árbitros, perito o perito

árbitros, para que resuelvan exclusivamente cuestiones de hecho concretadas expresamente.- Son de aplicación las reglas del juicio de amigables componedores,

debiendo tener los árbitros peritos especialidad en la materia; bastará que el compromiso exprese la fecha, los nombres de los otorgantes y del o de los

árbitros, así como los hechos sobre los que han de laudar, pero será innecesario cuando la materia del pronunciamiento y la individualización de las partes

resulten determinados por la resolución judicial que disponga la pericia arbitral o determinables por los antecedentes que lo han provocado.- Si no hubiere

plazo fijado, deberán pronunciarse dentro de un mes a partir de la última aceptación.- Si no mediare acuerdo de las partes, el juez determinará la imposición

de costas y regulará los honorarios.- La decisión judicial que, en su caso, deba pronunciarse en todo juicio relacionado con las cuestiones de hecho

laudadas, se ajustará a lo establecido en la pericia arbitral.-

LIBRO VII

PROCESOS VOLUNTARIOS Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS (Artículos 774 al 784).-

TÍTULO I

PROCESOS VOLUNTARIOS

(Artículos 774 al 784).-

CAPÍTULO I

AUTORIZACIÓN PARA CONTRAER MATRIMONIO

(Artículos 774 al 775).-

Artículo 774.- TRÁMITE.-

El pedido de autorización para contraer matrimonio tramitará en juicio verbal, privado y meramente informativo, con intervención del interesado, de quien

deba darla y del representante del ministerio público. La licencia judicial para el matrimonio de los menores o incapaces sin padres, tutores o curadores,

será solicitada y sustanciada en la misma forma.

Artículo 775.- APELACIÓN.-

La resolución será apelable dentro de quinto día. El tribunal de alzada deberá pronunciarse, sin sustanciación alguna, en el plazo de diez (10) días.

CAPÍTULO II

TUTELA. CURATELA

(Artículos 776 al 777)

Artículo 776.- TRÁMITE.-

El nombramiento de tutor o curador y la confirmación del que hubieren efectuado los padres, se hará a solicitud del interesado o del ministerio público, sin

forma de juicio, a menos que alguien pretendiere tener derecho a ser nombrado. Si se promoviere cuestión, se sustanciará en juicio sumarísimo. La resolución

será apelable en los términos del artículo 775.

En todos los casos, el Juez deberá requerir informe al Registro de Actos de Autoprotección que funciona en el Colegio de Escribanos de la Provincia, quien

deberá expedirse acerca de la existencia de disposiciones efectuadas por el interesado en cuanto al discernimiento de su propio curador.

De existir estipulaciones de este tipo, el Juez deberá considerarlas especialmente en pos de respetar la voluntad del interesado.-

Artículo 777.- ACTA.-

Confirmado o hecho el nombramiento, se procederá al discernimiento del cargo, extendiéndose acta en que conste el juramento o promesa de desempeñarlo fiel y

legalmente y la autorización judicial para ejercerlo.

CAPÍTULO III

COPIA Y RENOVACIÓN DE TÍTULOS

(Artículos 778 al 779)

Artículo 778.- SEGUNDA COPIA DE ESCRITURA PÚBLICA.-

La segunda copia de una (1) escritura pública, cuando su otorgamiento requiera autorización judicial, se otorgará previa citación de quienes hubiesen

participado en aquélla, o del ministerio público en su defecto. Si se dedujere oposición, se seguirá el trámite del juicio sumarísimo. La segunda copia se

expedirá previo certificado del registro inmobiliario, acerca de la inscripción del título y estado del dominio, en su caso.

Artículo 779.- RENOVACIÓN DE TÍTULOS.-

La renovación de títulos mediante prueba sobre su contenido, en los casos en que no fuere posible obtener segunda copia, se sustanciará en la forma

establecida en el artículo anterior. El título supletorio deberá protocolizarse en el registro provincial del lugar del tribunal, que designe el interesado.

CAPÍTULO IV

AUTORIZACIÓN PARA COMPARECER Y EJERCER ACTOS JURÍDICOS

Artículo 780.- TRÁMITE.-

Cuando la persona interesada o el ministerio pupilar a su instancia, solicitare autorización para comparecer en juicio u ejercer actos jurídicos, se citará

inmediatamente a aquélla, a quien deba otorgarla y al representante del ministerio pupilar, a una audiencia que tendrá lugar dentro de tercero día y en la

que se recibirá toda la prueba. En la resolución en que se conceda autorización a un menor para estar en juicio, se le nombrará tutor especial, en la

autorización para comparecer en juicio queda comprendida la facultad de pedir litis expensas.

CAPÍTULO V

EXAMEN DE LOS LIBROS POR EL SOCIO

Artículo 781.- TRÁMITE:

El derecho del socio para examinar los libros de la sociedad se hará efectivo, sin sustanciación, con la sola presentación del contrato, decretándose las

medidas necesarias, si correspondiere. El juez podrá requerir el cumplimiento de los recaudos necesarios para establecer la vigencia de aquella. La

resolución será irrecurrible.

CAPÍTULO VI

RECONOCIMIENTO, ADQUISICIÓN Y VENTA DE MERCADERIAS (Artículos 782 al 784)

Artículo 782.- RECONOCIMIENTO DE MERCADERIAS.-

Cuando el comprador se resistiese a recibir las mercaderías compradas, sosteniendo que su calidad no es la estipulada, el juez decretará, sin otra

sustanciación, a solicitud del vendedor o de aquél, su reconocimiento por uno (1) o tres (3) peritos, según el caso, que designará de oficio. Para el acto de

reconocimiento y al solo efecto de controlarlo y formular las protestas escritas que considere pertinentes, citará a la otra parte, si se encontrare en el

lugar, o al defensor de ausentes, en su caso, con la habilitación de día y hora. Igual procedimiento se seguirá siempre que la persona que deba entregar o

recibir mercaderías, quisiera hacer constar su calidad o el estado en que se encontraren.

Artículo 783.- ADQUISICIÓN DE MERCADERIAS POR CUENTA DEL VENDEDOR.-

Cuando la ley faculta al comprador para adquirir mercaderías por cuenta del vendedor, la autorización se concederá con citación de éste, quien podrá alegar

sus defensas dentro de tres (3) días. Si el vendedor no compareciere o no se opusiere, el tribunal acordará la autorización. Formulada oposición el tribunal

resolverá previa información verbal.

La resolución será irrecurrible y no causará instancia.

Artículo 784.- VENTA DE MERCADERIAS POR CUENTA DEL COMPRADOR.-

Cuando la ley autoriza al vendedor a efectuar la venta de mercaderías por cuenta del comprador, el tribunal decretará el remate público con citación de

aquél, si se encontrare en el lugar, o del defensor de ausentes, en su caso, sin determinar si la venta es o no por cuenta del comprador.

LIBRO VIII

TÍTULO I

DEMANDA Y RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Artículo 785.- Esta demanda y recurso se dan cuando la inconstitucionalidad de Leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, acordadas con efectos

generales que estatuyen sobre la materia regida por la constitución, sea contradicha por parte interesada

Artículo 786.- El Superior Tribunal es Juez competente para su conocimiento y resolución.

Artículo 787.- La Jurisdicción del Superior Tribunal puede ejercerse originariamente o en virtud de apelación.

Artículo 788.- Procede del primer modo en todos los casos en que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Municipales, Corporaciones y otras

autoridades públicas dicten leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales o acordadas con efectos generales, y las partes interesadas comprendidas en

sus disposiciones y a quienes deban aplicarse se consideren agraviadas por ser contrarios a derechos, exenciones, garantías que estén acordadas por alguna

cláusula de la Constitución.

Artículo 789.- El plazo para la interposición de esta demanda será el de un mes que empezará a correr desde el día en que la ley, decreto, reglamento,

ordenanza Municipal, acordadas con efectos generales, afectó los derechos patrimoniales del querellante.

No habrá plazo cuando se trate de leyes, decretos o reglamentos de carácter inconstitucional o que afecten las garantías individuales.

Artículo 790.- Para demandar por inconstitucionalidad de impuestos, deben estos previamente ser abonados, con la protesta del caso.

Artículo 791.- La parte que se considere agraviada presentará escrito al Superior Tribunal mencionando la ley, decreto, reglamento, ordenanza municipal,

acordada con efectos generales, impugnada; citará además la cláusula de la Constitución que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y

concretos la petición.

Artículo 792.- El presidente del Superior Tribunal sustanciará la demanda oyendo al Sr. Fiscal de Estado, cuando se trate de actos provenientes de los

Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; a los representantes legales de los Municipios o Corporaciones, y a los funcionarios que ejerzan la autoridad

pública o apoderados que deberán constituir citándolos y emplazándolos para que se apersonen a responder.

Artículo 793.- Cuando la parte demandada sea el Estado provincial como consecuencia de actos de cualquiera de sus tres poderes, se remitirá por oficio a la

Fiscalía de Estado, copia de la demanda, con toda la prueba documental acompañada y se procederá, cumplido este acto, a dar vista al procurador general, para

que se expida acerca de la procedencia y competencia del tribunal. Admitido el curso de la acción, se correrá traslado por el plazo de treinta (30) días,

para que se conteste la demanda. El traslado se efectuará por oficio dirigido al órgano ejecutivo provincial, ministerio, o entidad autárquica pertinente y a

la Fiscalía de Estado.

Cuando la parte demandada sea un Estado municipal, como consecuencia de actos de cualquiera de sus tres poderes se remitirá por oficio al órgano

administrativo cuya competencia sea equivalente al de la Fiscalía de Estado de la Provincia, copia de la demanda, con toda la prueba documental acompañada y

se procederá, cumplido este acto, a dar vista al procurador general, para que se expida acerca de la procedencia y competencia del tribunal. Admitido el

curso de la acción, se correrá traslado por el plazo de treinta (30) días, para que se conteste la demanda. El traslado se efectuará por oficio dirigido al

órgano ejecutivo municipal, órganos administrativos competentes o entidad autárquica pertinente y al órgano administrativo cuya competencia sea equivalente

al de la Fiscalía de Estado de la Provincia

Los plazos de contestación sólo comenzarán a correr desde la efectiva recepción del oficio recibido en último término.

Artículo 794.- Las disposiciones de esta Ley sobre constitución de domicilio legal, forma de las notificaciones y rebeldías, regirán en la sustanciación.-

Artículo 795.- Previo a resolver en definitiva, deberá oírse al Procurador General.

Artículo 796.- Vencido el plazo señalado para comparecer y contestar sin que se haya presentado el poder público contra cuya disposición se reclame de

inconstitucionalidad, el Secretario pondrá el expediente a despacho y se llamará autos inmediatamente, dictándose sentencia dentro de noventa días.

Igual procedimiento observará cuando la demanda fuera contestada.

Si el Tribunal estimare que en el caso que forma la materia de la demanda, la ley, decreto, reglamento, ordenanza municipal o acordada con efectos generales

son contrarios a la cláusula o cláusulas de la Constitución que se han citado, deberá resolverlo así, haciendo la declaratoria conveniente sobre el punto

discutido. Si estimare que no existe infracción a la constitución, lo declarara así, desechando la demanda.-

Artículo 797.- En la tramitación de los juicios por inconstitucionalidad, se observarán en lo pertinente, las disposiciones de esta Ley sobre juicios

contencioso administrativos.

Artículo 798.- La Jurisdicción del Superior Tribunal se ejerce en virtud de apelación:

a) Cuando en un litigio se haya cuestionado la validez de una ley, decreto, reglamento, ordenanza o acordada con efectos generales, bajo la pretensión de ser

contrarios a la constitución, en el caso que forme la materia de aquél y la sentencia definitiva de los jueces sea a favor de la ley, decreto, reglamento y

ordenanza.

b) Cuando en un litigio se haya puesto en cuestión la inteligencia de alguna cláusula constitucional y la sentencia definitiva de los jueces sea contraria a

la validez del Título, decreto, garantía o exención que fuera materia del caso y que se funda en dicha cláusula.

Artículo 799.- El recurso de inconstitucionalidad deberá deducirse ante el tribunal que haya resuelto el punto controvertido, ya se interponga solo o

conjuntamente con otros recursos de la resolución dictada.

Artículo 800.- La interposición y trámite de este recurso se regirá por lo normado en los artículos 281 bis y 281 ter de este código.-

Artículo 801.- La sentencia se dictará en el término de noventa días y cuando el recurso de inconstitucionalidad se hubiere interpuesto conjuntamente con

otros, todos serán resueltos en un mismo fallo.

Artículo 802.- Cuando el Tribunal estimare que no ha existido infracción ni inteligencia errónea o contraria a la constitución, lo declarará así, desechando

el recurso, con condenación al apelante en las costas causadas. Si el Superior Tribunal admitiera el recurso, impondrá las costas al apelado, y podrá

devolver el proceso para que se dicte una nueva sentencia según las pautas que establezca o, a su sola discreción, resolver definitivamente sobre el fondo,

también con imposición de costas al vencido. Incluso podrá ordenar la ejecución, especialmente si la causa hubiese sido una vez devuelta por idéntica razón.-

TÍTULO II

CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS

Artículo 803.- Cuando algún Juez considere que una autoridad extraña al Poder Judicial, invade atribuciones que a él le corresponden, le dirigirá nota,

haciéndole las observaciones del caso y citando la Ley en que se funda.

Si la autoridad requerida sostiene en su contestación que ella es la competente, el Juez pasará los antecedentes al Agente Fiscal y con su dictamen,

resolverá lo que en derecho proceda. Si persiste en sostener su competencia, elevará al Superior Tribunal el expediente. En este caso dirigirá nota de aviso

a la autoridad con quien sostiene la competencia.

Esta podrá presentar un memorial sosteniendo su competencia, dentro de cinco días y con él, el Superior Tribunal resolverá.

Artículo 804.- El mismo procedimiento usarán las autoridades administrativas respecto de los Jueces, cuando consideren que éstos invaden funciones de la

competencia que a ellas corresponda. En estos casos, los jueces suspenderán sus procedimientos hasta que resuelva el Tribunal.

Artículo 805.- Al elevar el expediente, el Juez emplazará a los interesados si los hubiere, para que dentro de diez (10) días comparezcan ante el Superior.

Si comparecieren, el Tribunal, oído el Fiscal, llamará autos y los interesados podrán presentar un escrito dentro de cinco (5) días sosteniendo sus

pretensiones. Presentados los escritos o sin ellos, si no se hubieren presentado, se correrá vista al Sr. Procurador General y con su dictamen el Tribunal

dictará sentencia.-

TÍTULO III

DE LOS CONFLICTOS INTERNOS DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES.

Artículo 806.- El Superior Tribunal conocerá originariamente y en única instancia, de todo conflicto interno que se promueva en las corporaciones municipales

entre el intendente y el Concejo Deliberante.

Artículo 807.- Producido el conflicto interno en las corporaciones municipales, y de cualquier naturaleza que sea, ya desconociendo la autoridad de una de

las ramas, estorbando el ejercicio de su autoridad o negando la existencia legal de la misma o de los actos practicados por una y otra rama del Gobierno

municipal, resulte alguna entorpecida o imposibilitada en el libre ejercicio de sus funciones, cualquiera de ellas deberá elevar al Superior Tribunal un

memorial, en que, exponiéndose los hechos pertinentes con toda verdad y precisión y las consideraciones legales aplicables al caso, y documentos que

convengan, requiera del Tribunal la resolución del conflicto; avisándose por oficio a la otra rama del Poder.

Artículo 808.- Recibido en el Superior Tribunal el memorial a que se refiere el artículo anterior, éste lo comunicará a la otra rama del Poder en conflicto,

para que en el término de diez (10) días desde que sea citada, con la ampliación del caso en razón de la distancia, presente a su vez un memorial sosteniendo

sus pretensiones en la misma forma indicada anteriormente.

Artículo 809.- Vencido el término señalado, se haya presentado o no el memorial de contestación y previa vista del Procurador General, el Tribunal fallará.

Artículo 810.- Si por los antecedentes sometidos al Superior Tribunal, no tuviera un conocimiento suficiente de los hechos para dictar resolución, podrá

proceder por inspección propia o por medio del Poder Ejecutivo a verificar su existencia o exactitud y practicada esa diligencia, resolverá.

Artículo 811.- La resolución del Tribunal causará ejecutoria y el mismo podrá tomar las medidas que estime necesarias y conducentes para efectivizar su

cumplimiento si aquella no fuere acatada o cumplida.

Artículo 812.- Si resultara que la rama vencida no hubiera procedido con motivo atendible o disculpable, sus miembros serán penados con una multa equivalente

entre un 5% a un 15% de un sueldo de Jefe de Despacho y serán personal y solidariamente responsables por los gastos ocasionados; todo sin perjuicio de las

demás responsabilidades en que pudieran haber incurrido.

Artículo 813.- El mismo procedimiento se observará cuando el conflicto se promueva, en los Poderes Ejecutivos y Legislativo, entre éstos y algún Municipios o

entre dos o más Municipios.

Artículo 814.- En éstos juicios no se admitirán incidentes de ninguna clase y todo escrito en que se intente promoverlos será rechazado sin más trámite.

Artículo 815.- El procedimiento establecido en éste título será aplicable también cuando se trate del caso regido por el artículo 253 y 259 de la

Constitución de la Provincia.

La presentación en éste caso ante el Tribunal se hará dentro de un mes de desaprobada la elección con pena de no serle admitida después.

TÍTULO IV

CAUSAS CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I

DE LA MATERIA CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVA

Artículo 816.- A los efectos de la jurisdicción acordada al Superior Tribunal por el artículo 213 inciso tercero de la Constitución, se reputarán causas

contencioso administrativas, las que inicien los particulares o alguna autoridad administrativa, reclamando contra un acto administrativo definitivo dictado

por los órganos del Estado provincial, Municipal, entes públicos no estatales, en ejercicio de la función administrativa, y en la cual se vulnere un derecho

de carácter administrativo, establecido a favor del reclamante por una ley, decreto, reglamento, ordenanza, acordada u otra disposición administrativa

preexistente.

Artículo 817.- En el caso de que por una medida de carácter general la autoridad administrativa perjudicase derechos privados o de otra administración

pública, deberá acudirse individualmente a la misma autoridad que dictó la medida general, reclamando de ella y solicitando se deje sin efecto la disposición

en cuanto al interés que perjudica o al derecho que vulnera dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la última publicación en el boletín oficial o

de su notificación.

Artículo 818.- Los actos administrativos definitivos de las autoridades administrativas que rescindan, modifiquen o interpreten contratos celebrados en su

carácter de poder público darán lugar a una demanda contencioso administrativa, previa denegación a revocarla de la autoridad que la hubiere dictado.

Artículo 819.- En el caso de una eventual denegación o concesión de una pensión o jubilación, hecha por el Poder Administrativo, la resolución definitiva

dará lugar a la acción contencioso administrativa, por parte del que considere vulnerados sus derechos.

Artículo 820.- Las autoridades administrativas no podrán revocar los actos administrativos regulares, en asuntos que den lugar a la acción contencioso

administrativa, una vez que hayan sido notificados a los particulares interesados. Si el acto administrativo es irregular, no lo podrá revocar, si hubiere

generado prestaciones que estuvieren en vías de cumplimiento. En ambos casos, salvo las excepciones previstas por ley.

Si así se hiciere el particular interesado, podrá promover el juicio contencioso administrativo, al solo efecto de que se restablezca el imperio del acto

revocado. Exceptuase de esta disposición todo acto administrativo que tenga por objeto rectificar errores de hecho o de cálculo los que podrán ser corregidos

administrativamente.

Artículo 821.- Cuando se produzca algún conflicto de jurisdicción entre el Tribunal ordinario de la Provincia y el Superior Tribunal como Tribunal de lo

contencioso administrativo las partes podrán entablar la contienda ante el mismo Tribunal, el que resolverá el incidente, causando ejecutoria su decisión.

Artículo 822.- Cuando hubieren transcurrido tres (3) meses, luego de vencidos los plazos previstos en el art. 29 inc. g) de la ley VI-0156-2004- o de otro

plazo establecidos por norma Municipal o de un Ente público no estatal, se considerará que hay denegación tácita y el particular o la administración

interesados, podrán iniciar el juicio ante el Superior Tribunal, como si el acto administrativo se hubiere dictado y fuere contrario a los derechos del

interesado.

Habrá también lugar a la acción contencioso administrativa por retardación cuando la administración no dicte las providencias de trámite en un asunto que dé

lugar a la acción contencioso administrativa, en los plazos establecidos por la misma autoridad administrativa, en los decretos o reglamentos que fijen sus

procedimientos y en defecto de estos, en el término de quince días.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES GENERALES:

Artículo 823.- Todas las disposiciones de este Código referentes a la representación en juicio, a la intervención de letrados, al domicilio legal de las

partes, a las notificaciones, rebeldías, recusaciones y perención de instancia, regirán en la sustanciación de estos juicios y sin limitación alguna,

debiendo los representantes de las autoridades administrativas, constituir domicilio como los particulares.

Las demás autoridades administrativas que comparezcan ante el Tribunal contencioso administrativo serán representadas por los abogados titulares que tuvieren

o por representantes ad hoc nombrados en cada caso.

Artículo 824.- El Señor Fiscal de Estado defenderá a la Provincia cuando fuere esta demandada y actuará como actor cuando ella deba actuar en tal carácter.

Los representantes de las autoridades administrativas, en los juicios contencioso administrativos tendrán los mismos derechos y obligaciones que los

particulares que intervengan en ellos, sin otra excepción que la del Procurador General, que deberá ser notificado en su despacho oficial.

Artículo 825.- No podrá deducirse la acción contencioso administrativa sino dentro de los treinta días siguientes a la notificación personal, por cédula o

por edictos, del acto administrativo que agota la instancia que motiva la demanda.

Artículo 826.- El consentimiento tácito o expreso del acto administrativo manifestado por actos posteriores a la notificación, quita al particular, que se

suponga perjudicado por aquel, todo derecho para deducir la acción contenciosa administrativa.

Artículo 827.- La parte que hubiere intentado su acción por la vía ordinaria, no podrá abandonarla para seguir la contencioso administrativa.

Artículo 828.- De todo escrito que se presente ante el Tribunal de lo contencioso administrativo, así como de los documentos que lo acompañen, se presentarán

tantas copias cuantas sean las partes que intervengan en el juicio. Esas copias deberán ser firmadas por la parte que las presenta y entregadas por la

Secretaria a los interesados, aún cuando no sea el caso de evacuarse un traslado.

Artículo 829.- En las causas contencioso administrativas las costas serán establecidas por el Superior Tribunal de Justicia, de conformidad con las normas

generales previstas en los arts. 68 y 69 de este Código. Asimismo el Tribunal podrá imponer, al sentenciar o resolver incidentes, las sanciones previstas en

este código para los casos de actuación con temeridad y malicia.-

Artículo 830.- Todos los términos son improrrogables y se computarán como en el juicio ordinario.

Artículo 831.- Cuando con motivo de un mismo acto administrativo, se hubieren iniciado distintas causas contencioso administrativas, el Superior Tribunal

podrá de oficio o a solicitud de parte legítima, decretar la acumulación de autos. la petición deberá hacerse antes de que se hayan llamado los autos para

sentencia definitiva y podrá deducirla cualquiera que haya sido admitido como parte en cualquiera de los pleitos cuya acumulación se pretenda.

Artículo 832.- (es el art. 861 actual). El Superior Tribunal podrá disponer la suspensión de los actos administrativos impugnados, con excepción de las

ordenanzas municipales, cuando su cumplimiento pudiere producir perjuicios irreparables, pero en estos casos, quien solicite la suspensión deberá dar fianza

bastante por los perjuicios para el caso en que fuere condenado.

Artículo 833.- Cuando la autoridad administrativa demandada manifestare que la suspensión produce perjuicios al servicio público o que es urgente cumplir

aquel acto administrativo , el tribunal dejará sin efecto la suspensión ordenada, pero declarará a cargo de la autoridad demandada, o personalmente de los

que la desempeñan, la responsabilidad de los perjuicios que la ejecución produzca.

Artículo 834.- En cualquier estado de la causa el tribunal de oficio o a solicitud de parte podrá declarar su incompetencia cuando hechos nuevos o causas no

conocidas al radicarse el juicio, así lo demostraren.

Artículo 835.- En todo lo referente al procedimiento de las causas contencioso administrativas y que no tuvieren tramitación o términos especiales señalados

en este titulo, deberán aplicarse las normas que este código establece para los procesos de conocimiento ordinarios.-

Artículo 836.- En toda la provincia no existe más tribunal de lo contencioso administrativo que el Superior Tribunal de Justicia.

Artículo 837.- En los juicios contencioso administrativos se admitirá la representación de los interesados por medio de mandatarios, los que quedarán sujetos

a las disposiciones de las leyes de fondo y de este Código. No podrán comparecer ante el tribunal como apoderados ni abogados de los particulares, empleados

de la misma autoridad administrativa que dictó la resolución que motiva el juicio, ni tampoco de una autoridad administrativa que demanda a otra.

CAPÍTULO III

DE LA DEMANDA, EXCEPCIONES Y CONTESTACIÓN

Artículo 838.- La demanda contencioso administrativa podrá interponerse por un particular o por una autoridad administrativa en contra de los actos

administrativos que reúnan las condiciones legales siguientes.

1) Que el acto sea definitivo y que cause estado, por no haber recurso administrativo alguno contra el o que la retardación se halla producido de conformidad

al artículo 822.

2) Que el acto verse sobre un asunto en que la autoridad administrativa haya procedido en ejercicio de sus facultades reglamentadas por leyes o disposiciones

anteriores.

3) Que el acto vulnere un derecho de carácter administrativo establecido anteriormente en favor del demandante, por una ley, un reglamento u otro precepto

administrativo.

4) Que no exista en los tribunales de otra jurisdicción otro juicio pendiente sobre los mismos derechos a que refiere la demanda contencioso administrativa.

Artículo 839.- El Superior Tribunal desechará in limine toda demanda que verse:

1. Sobre cuestiones en que la autoridad administrativa haya procedido en ejercicio de sus facultades discrecionales.

2. Sobre cuestiones en que el derecho vulnerado sea de orden civil o en que la autoridad haya procedido como persona jurídica.

3. Sobre actos que sean reproducción de otros que no hubieran sido reclamadas por el mismo demandante en tiempo oportuno.

4. Sobre asuntos en que alguna ley haya declarado expresamente que quedan excluidos de la acción contencioso administrativa.

Artículo 840.- Cuando el acto administrativo que motive la demanda, en su parte dispositiva ordenare el pago de alguna suma de dinero proveniente de cuentas

o de impuestos, el demandante no podrá promover acción, sin abonar previamente la suma reclamada.

Artículo 841.- La demanda reunirá los requisitos de la demanda ordinaria y además se deberá acompañar:

1. La escritura, documento, ley, acto administrativo o la referencia donde se hallare el título en que se funde el derecho que se invoque por el demandante.

2 El testimonio del acto administrativo impugnado, si este le hubiere sido transcripto al comunicársela la autoridad administrativa, o en su caso la

indicación precisa del expediente en que hubiere recaído.

Artículo 842.- Presentado el escrito en la Secretaría del S. Tribunal, el secretario le pondrá cargo y dará al que lo presente un recibo en que se hará

constar el día y hora de presentación.

Artículo 843.- El tribunal reclamará del poder administrativo correspondiente dentro de las cuarenta y ocho horas, el expediente a que se refiere el escrito

presentado, debiendo la administración requerida enviar el mencionado expediente dentro de diez días, contados desde la fecha de entrega en la oficina

administrativa correspondiente de la comunicación del tribunal en la que se reclamen los autos.

Al efecto, la oficina que recibe esa comunicación dará el recibo correspondiente, consignando en él la fecha en que la hubiere recibido.

Artículo 844.- Si transcurriere el término señalado en la comunicación del tribunal para la remisión del expediente administrativo, sin que la autoridad

correspondiente lo remitiere, el tribunal reiterará el oficio, señalando un plazo que no podrá exceder de cinco días, para que el expediente sea remitido; y

si tampoco fuere obedecido el tribunal en esta segunda intimación, se declararán a salvo los derechos del interesado para exigir la indemnización de daños y

perjuicios, contra la persona o personas que resultaren culpables de la demora, sin perjuicio de las demás acciones a que hubiere lugar.

Artículo 845.- Si después de producirse la negativa o resistencia de la autoridad administrativa a remitir el expediente, el interesado insistiere, en

escrito motivado, en entablar la acción contencioso administrativa, el tribunal procederá a entender en ella, tomando como base la exposición que hiciere el

actor, sin perjuicio del derecho de la administración demandada, para producir como prueba el mismo expediente y dándosele al juicio la misma tramitación que

si se tratare de un caso de retardación en el despacho.

Artículo 846.- El tribunal tomará conocimiento de la demanda y resolverá si ella es o no procedente.

Si esta resolución no fuere posible por falta de elementos de juicio, por no haber el poder administrador remitido el expediente administrativo, así lo

declarará en auto motivado, mandando que se intime a la autoridad administrativa demandada, que remita el expediente o que informe sobre el asunto, en un

término que no podrá exceder de diez días, a contarse desde que recibió la intimación en la oficina a que fuere dirigida.

Artículo 847.- Cuando el demandante invocase documentos que no presenta, designando el archivo, oficina o protocolo en que se encuentran y el tribunal

creyese necesario tenerlos a la vista antes de pronunciarse sobre su competencia y la procedencia de la acción, mandará que se expidan, por cuenta del

demandante, los certificados o copias de aquellos documentos que creyese necesarios y que no pudieren ser traídos originales al tribunal.

Artículo 848.- Después de presentada la demanda y la contestación, no se podrán presentar por las partes documentos que no se hallaren en las condiciones

siguientes:

1. Ser de fecha posterior a la demanda o contestación y tener relación directa con la cuestión sub judice.

2. Si son de fecha anterior incurrirá la parte que los presente en las costas de presentación tardía.

3. Que habiendo sido citados en la demanda o contestación, las partes sólo los hayan podido obtener después de presentado el escrito.

Artículo 849.- En este juicio podrán oponerse las mismas excepciones que en el juicio ordinario, menos la de arraigo. La de incompetencia se fundará

solamente en que la resolución reclamada no da lugar a la acción contencioso administrativa o que la demanda ha sido presentada fuera de término. La de litis

pendencia, de acuerdo con el artículo 827.

Artículo 850.- Las excepciones tendrán la misma tramitación para las opuestas en el juicio ordinario.

Artículo 851.- Declarada la competencia del tribunal y la procedencia de la acción, por sus formas extrínsecas se decretará traslado a la autoridad

administrativa demandada, enviándole copia de la demanda y sus anexos y emplazándola para que comparezca y conteste dentro de quince días o mayor que le

corresponda a contarse desde el siguiente al de la entrega del oficio del emplazamiento.

Si el demandado fuere la provincia, se remitirá por oficio a la Fiscalía de Estado copia de la demanda, con toda la prueba documental acompañada y se

procederá, cumplido este acto, a dar vista al procurador general, para que se expida acerca de la procedencia y competencia del tribunal.

Admitido el curso de la acción, se correrá traslado por el plazo de treinta (30) días o el mayor que corresponda, para que se opongan todas las defensas y

excepciones y se conteste la demanda El traslado se efectuará por oficio dirigido al órgano ejecutivo provincial, ministerio, o entidad autárquica pertinente

y a la Fiscalía de Estado.

Cuando la parte demandada sea un Estado municipal, se remitirá por oficio al órgano administrativo cuya competencia sea equivalente al de la Fiscalía de

Estado de la Provincia, copia de la demanda, con toda la prueba documental acompañada y se procederá, cumplido este acto, a dar vista al procurador general,

para que se expida acerca de la procedencia y competencia del tribunal. Admitido el curso de la acción, se correrá traslado por el plazo de treinta (30)

días, para que se conteste la demanda. El traslado se efectuará por oficio dirigido al órgano ejecutivo municipal, órganos administrativos competentes o

entidad autárquica pertinente y al órgano administrativo cuya competencia sea equivalente al de la Fiscalía de Estado de la Provincia

Los plazos de contestación sólo comenzarán a correr desde la efectiva recepción del oficio recibido en último término.

Artículo 852.- Los particulares favorecidos por el acto administrativo que motiva la demanda podrán ser partes en el juicio si lo solicitaren como

coadyuvantes de la autoridad demandada. y si se presentaren en la causa tendrán los mismos derechos de los representantes del interés fiscal, con la sola

diferencia de que deberán abonar la respectiva tasa de justicia.-

Los coadyuvantes podrán tomar intervención en cualquier estado de la causa, pero su presentación no hará retroceder ni interrumpir la tramitación de

aquella.-

Artículo 853.- La contestación de la demanda, tanto por el representante de la autoridad demandada como el coadyuvante, deberán contener los mismos

requisitos enumerados para la demanda.

CAPÍTULO IV

DE LA PRUEBA ALEGATOS Y SENTENCIA

Artículo 854.- En el juicio contencioso administrativo las partes deben acompañar a la demanda o contestación toda la prueba documental, siendo de aplicación

lo dispuesto en el artículo 333 de este código.-

Artículo 855.- El Superior Tribunal señalará el término dentro del ordinario del procedimiento civil para que las partes puedan producir sus pruebas. Será de

aplicación lo dispuesto por el artículo 367 de este código y las normas concordantes sobre ofrecimiento y producción de pruebas previstas para el proceso

ordinario.-

Artículo 856.- Las partes podrán proponer por escrito las preguntas que quisieran hacer a los Jefes de las administraciones demandadas, las que deberán ser

contestadas por los funcionarios a quienes se refieren los hechos, bajo su responsabilidad personal, dentro del término que el tribunal fije.

Artículo 857.- En los casos del artículo anterior, los oficios con los interrogatorios respectivos serán entregados, bajo constancia, a quien represente en

el juicio a la autoridad de quien dependa el funcionario cuyo testimonio se requiere por informe, quien estará obligado a presentar al Tribunal la

contestación dentro del término señalado; y en su defecto la prueba de que el oficio fue entregado a su destinatario.

Artículo 858.- El Tribunal rechazará la prueba que se solicite en los casos siguientes:

1. Cuando sea evidentemente improcedente o ajena al asunto, materia de juicio.

2. Cuando verse sobre hechos en que las partes hayan estado conformes.

3. Cuando la cuestión que se discute sea de puro derecho.

Artículo 859.- Los alegatos, reposiciones y conclusión de la causa se harán en la misma forma prescripta para el juicio ordinario en Primera Instancia.

Artículo 860.- La sentencia se pronunciará dentro de noventa días.

Artículo 861.- Cuando llamados los autos para Sentencia, el Tribunal se apercibiera de que se ha incurrido en el procedimiento en vicios que anularían la

sentencia si fuere dictada, podrá de oficio mandar subsanar la nulidad o declarar nulo lo obrado y mandar reponer los autos al estado en que se hallaban en

el punto donde la nulidad se produjo.

Artículo 862.- La Sentencia se dictará en la forma prescripta por los arts. 280 y siguientes de esta ley.

Artículo 863.- Cuando la Sentencia anule un acto administrativo no se harán en el fallo declaraciones respecto a los derechos reales, civiles o de otra

naturaleza que las partes pretendan tener, debiendo el fallo limitarse a resolver el punto a que haya dado lugar el juicio contencioso administrativo. Sin

embargo, el Superior Tribunal podrá, además de declarar la invalidez del acto administrativo impugnado, reconocer el derecho subjetivo de carácter

administrativo y ordenar el restablecimiento pleno de la situación jurídico-subjetiva lesionada condenando, en consecuencia, a la demandada al resarcimiento

de los daños y perjuicios derivados del acto administrativo anulado y que sean consecuencia inmediata del mismo.-

Artículo 864.- El tribunal, al pronunciar la sentencia definitiva deberá resolver ante todo las excepciones opuestas al contestar la demanda, y si la

admisión de alguna de ellas terminare el juicio, no hará pronunciamiento alguno sobre el fondo del juicio.

Artículo 865.- La Sentencia debe reducirse al caso concreto en que se produce el fallo, no pudiendo dictarse resoluciones de carácter general ni que importen

la interpretación de una ley o de una disposición administrativa en el sentido de que ella deba aplicarse a personas ajenas al pleito en que la resolución se

dicte.

Artículo 866.- La Sentencia dictada en lo contencioso administrativo no podrá ser invocada ante los tribunales ordinarios contra terceros, como prueba del

reconocimiento de derechos reales por mas que estos hayan sido invocados y discutidos en el juicio contencioso administrativo.

CAPÍTULO V

DE LOS RECURSOS, EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 867.- Dentro de cinco días de notificada la sentencia, las partes podrán pedir aclaración de ésta.

Artículo 868.- El recurso de aclaración deberá interponerse por escrito y precisando los puntos de las partes dispositiva del fallo que el recurrente no

encuentra suficientemente claros.

Artículo 869.- No dará lugar al recurso de aclaración:

1. La Sentencia que se limita a declarar sin efecto la resolución administrativa motivo del juicio, aun cuando no haga pronunciamiento respecto de los demás

puntos comprendidos en la demanda.

2. Las dudas que puedan surgir sobre puntos no discutidos en los autos o no resueltos en la sentencia aún cuando tengan atingencias con el juicio, como

consecuencia del fallo.

3. La ambigüedad u oscuridad que resulte de los considerandos aún cuando esa contradicción sea efectiva si ella no existe en la parte dispositiva de la

sentencia.

Artículo 870.- Este recurso será resuelto por el Superior Tribunal sin sustanciación alguna.-

Artículo 871.- La interposición del recurso de aclaración interrumpe el término para poder deducir el de revisión y cualquiera que fuere el resultado podrá

interponerse éste.

Artículo 871 bis.- El recurso de reposición in extremis se entablará por las mismas causas y se resolverá por los trámites establecidos en el título IV

Capítulo IV sección 1 del Libro Primero.-

Artículo 872.- El recurso de revisión se entablará por las mismas causas y se resolverá por los trámites establecidos en el título V de este libro.

Artículo 873.- Las decisiones del Tribunal sobre competencia en materia contencioso administrativa no dará lugar al recurso de revisión.

Artículo 874.- El recurso de nulidad se interpondrá dentro de cinco días de notificada la sentencia y solo procede:

1. Cuando en la sentencia se hubiere omitido fallar sobre alguna de las cuestiones pendientes, planteadas en la demanda o en la contestación siempre que el

fallo del tribunal no se limite a confirmar o dejar sin efecto el acto administrativo materia del juicio.

2. Cuando en la tramitación del juicio se hubieran omitido procedimientos sustanciales o se hubieran producido vicios radicales que invaliden las actuaciones

y durante el juicio no se hubieran mandado subsanar.

3. Cuando resultare que los representantes de la autoridad administrativa hubieran procedido a hacer reconocimientos o transacciones sin las autorizaciones

legales correspondientes.

Artículo 875.- En todo caso en que se deduzca el recurso de nulidad, el tribunal correrá traslado a la parte contraria por cinco días; y con su contestación

o sin ella, vencido ese término resolverá el recurso dentro de los treinta días de quedar el expediente a despacho.-

Artículo 876.- Cuando la sentencia del Superior Tribunal, sea contraria a la resolución de la autoridad administrativa que hubiere motivado el juicio, una

vez consentida o ejecutoriada, se comunicará en testimonio a la parte vencida, intimándole de su debido cumplimiento dentro del término fijado en aquella.

Esta comunicación deberá hacerse dentro de cinco días de ejecutoriada la sentencia.

Artículo 877.- Cuando la autoridad administrativa, vencida en juicio, considere necesaria la suspensión de la ejecución de la sentencia, lo comunicará así al

Superior Tribunal dentro de los cinco días de recibir copia del fallo, con declaración de estar dispuesta a indemnizar los perjuicios que causare la

suspensión en cuyo caso el mismo tribunal estimará la indemnización previo los informes del caso.

Artículo 878.- Si la sentencia recayere sobre bienes que la autoridad administrativa estuviere autorizada a expropiar por ley dictada antes o después del

fallo, podrá pedir que se suspenda la ejecución de la sentencia declarando que dentro de diez días iniciará el correspondiente juicio de expropiación. En

este caso se suspenderá la ejecución y si el juicio de expropiación se iniciare se dará por terminado el contencioso administrativo. En caso contrario se

continuará dentro de los diez días.

Artículo 879.- Si pasaren 60 días después de vencido el término fijado en la sentencia sin que la autoridad administrativa objetare su ejecución ni diese

cumplimiento a lo mandado por el S. Tribunal, la parte vencedora en el juicio podrá pedir que el tribunal mande cumplir directamente su resolución.

Artículo 880.- Dentro de los tres días fijados para la presentación del precedente pedido, el Superior Tribunal hará saber a la autoridad que va a proceder a

ejecutar su sentencia, disponiendo que se ordene a los funcionarios que van a intervenir en la ejecución que procedan de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 213 inc. 3 de la Constitución.

Artículo 881.- Tres días después y sin necesidad de un nuevo requerimiento de la parte vencedora, el Superior Tribunal, dictará auto mandando que el o los

empleados correspondientes procedan a dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, determinando expresa y taxativamente lo que cada funcionario deba hacer

y el término en que deba verificarlo.

Artículo 882.- Cualquiera que sea la disposición que el Superior Tribunal mande cumplir por los empleados o funcionarios de la administración, estos deberán

hacerlo, aún cuando no exista ley que lo autorice y aun cuando sus superiores le ordenasen no obedecer.

Artículo 883.- Cuando expirasen los plazos fijados por el Superior Tribunal, para que los empleados de la administración cumplan directamente una sentencia,

sin que aquellos hubieren cumplido lo que se les ordenase, salvo los casos de fuerza mayor o imposibilidad material de cumplirla, lo que deberán poner en

conocimiento del tribunal la parte interesada podrá pedir que haciéndose efectiva la responsabilidad del empleado, se haga la ejecución en los bienes de

éste.

Artículo 884.- En el caso del artículo anterior, la ejecución de la sentencia se seguirá por la vía ejecutiva contra el o los empleados que no hubieren dado

cumplimiento a lo ordenado por el tribunal.

Artículo 885.- La renuncia del empleado no lo exime de responsabilidad si ella se produce después de haber recibido la comunicación del Tribunal que le

mandaba cumplir directamente la sentencia.

Artículo 886.- La responsabilidad civil de los funcionarios indicados en los artículos anteriores, es independiente de la responsabilidad penal que pudiere

corresponderle.

Artículo 887.- El Superior Tribunal podrá adoptar de oficio todas las providencias y resoluciones que estime convenientes para poner en ejercicio la facultad

que le confiere el artículo 213 de la Constitución, sin que puedan oponerse a aquellas providencias o resoluciones las disposiciones que figuren en leyes o

decretos administrativos.

Artículo 888.- En cualquier momento la autoridad condenada puede cumplir la sentencia, en cuyo caso cesará el procedimiento civil contra los empleados.

Artículo 889.- Los actos ejecutorios de una sentencia no dará lugar a un nuevo juicio contencioso administrativo sino en el caso en que la autoridad

condenada so pretexto de cumplir el fallo, lo tergiversare o interpretare en forma perjudicial a los intereses reconocidos de la parte vencedora.

Artículo 890.- La representación de las autoridades administrativas que intervengan en los juicios contenciosos administrativos, con excepción del Fiscal de

Estado, en los Municipios y Comisiones Municipales corresponde a los Intendentes.

Artículo 891.- La representación de las autoridades administrativas cuya personería hubiere sido reconocida en los juicios pendientes, continuará

desempeñando su mandato, aun cuando no hayan sido designados como lo dispone el artículo anterior, sin perjuicio de que aquellos procedan dentro de un mes de

vigencia de esta ley, como lo determina el artículo precitado.

TÍTULO V

RECURSO DE REVISIÓN

Artículo 892.- El recurso de revisión procede contra las sentencias definitivas del Superior Tribunal, cuando concurra alguna de las circunstancias

siguientes:

1. Que la resolución hubiere recaído sobre cosas no demandadas.

2. Que se otorgue en la sentencia más de lo pedido, o que no se provea en ella sobre algunos de los extremos de la demanda o de la reconvención.

3. Que resulte contradicción entre los puntos contenidos la parte dispositiva en el fallo.

4. Que haya recaído contra distinta persona de aquélla contra la cual se interpuso la demanda.

5. Que la sentencia haya sido dictada sin audiencia de partes, en los casos en que la ley lo prescribe.

6. Que no se hayan observado en la sentencia las formas y solemnidades prescriptas por la ley.

7. Que haya sido dictada con intervención de algún Ministro recusado o pendiente de recusación.

8. Que no haya sido dictada por el número de Ministros requerido por la ley.

9. Que existan sentencias contrarias dictadas por el tribunal, entre las mismas partes, por los mismos fundamentos y sobre la misma cosa.

10. Que la sentencia haya recaído en virtud de documentos que, al tiempo de dictarse aquella ignorase una de las partes, que estuvieren reconocidos o

declarados falsos, o que se reconocieren o declarasen falsos después de la sentencia.

11. Que después de pronunciada la Sentencia se recobrasen documentos decisivos ignorados hasta entonces, extraviados o detenidos por fuerza mayor o por obra

de la parte a cuyo favor se hubiese dictado aquella.

12. Si la Sentencia se hubiere dictado solo en mérito de la prueba testimonial y los testigos fueron condenados por falso testimonio, dado en las

declaraciones que sirvieron de fundamento a la decisión.

13. Que se probase que existió prevaricato, cohecho o violencia al dictarse la sentencia.

Artículo 893.- Se entiende por sentencia definitiva al objeto del precedente recurso, la que termine el pleito haciendo imposible su continuación, aunque

hubiere recaído en un incidente; y la que someta al recurrente a un juicio no instaurado contra el.

Artículo 894.- No se dará el recurso de revisión contra las sentencias recaídas en juicios que después de terminados no obsten a la promoción de otro sobre

el mismo objeto.

Artículo 895.- Entenderá en el recurso de revisión el Superior Tribunal de Justicia.

Artículo 896.- El recurso debe entablarse dentro de los cinco días de notificada la sentencia en los casos del artículo 892 desde el primero al noveno

inclusive; en los demás dentro de quince días desde que se recobraron los documentos, o se tuvo noticia del fraude o de la falsedad.

Artículo 897.- El recurso se interpondrá por escrito, en el que se explicará con toda claridad la causa en que se funde y se acompañará copia de la sentencia

firme que haya declarado la falsedad, cohecho o maquinación fraudulenta o bien de los documentos hallados o recobrados. Si el recurrente no tuviere a mano

los documentos a que se refiere este artículo, lo individualizará con la precisión posible indicando la oficina, registro o archivo en que se encuentren o

particular que los tenga en su poder. Si no se llenaran estos requisitos será desestimado sin más trámite.

Artículo 898.- El recurrente, al interponer el recurso de revisión, acompañará un recibo del Agente Financiero del Estado Provincial o Banco que indique el

Superior Tribunal por el que conste haber depositado a disposición del tribunal una cantidad equivalente al 4% sobre el valor del pleito, no pudiendo en

ningún caso bajar del importe equivalente al cincuenta por ciento del sueldo de un Jefe de Despacho, entendiéndose que cuando se trata de bienes raíces , el

valor del pleito se fijará por la última valuación fiscal para el pago del impuesto inmobiliario.

Si el valor del pleito fuera indeterminado el depósito será de un importe equivalente al cincuenta por ciento del sueldo de un Jefe de Despacho.

Se tendrá por no interpuesto el recurso y se devolverá al presentante, sin más trámite ni recurso, si dentro de los dos días siguientes a los de la

notificación, por ministerio de la ley, de la providencia que exige el cumplimiento del requisito, no fuere suplida la omisión. Si el recurrente ha litigado

con el beneficio de litigar sin gastos concedido con anterioridad a la interposición del recurso de revisión prestará caución juratoria.

El depósito se devolverá al recurrente si el éxito del recurso le fuera favorable; en caso contrario lo perderá a favor de la otra parte. La oblación no será

necesaria cuando el recurrente sea el Ministerio Fiscal o Pupilar u otra persona que intervenga en el juicio con nombramiento de oficio o en razón de un

cargo público.

Artículo 899.- El tribunal correrá traslado a la contraria por diez días.-

Artículo 900.- Contestado el traslado o vencido el término para hacerlo, se correrá vista al Sr. Procurador General para que se pronuncie sobre la

procedencia o improcedencia del recurso.-

Artículo 901.- El tribunal, si lo creyere necesario, abrirá la causa a prueba por un término ordinario que no podrá exceder de veinte días.

Pasado ese término el Secretario dará cuenta del vencimiento y el Tribunal llamará a autos resolviendo sin recurso alguno dentro del plazo de noventa días.

Artículo 902.- Cuando se hubiere pedido aclaración de la Sentencia, el término para interponer el recurso de revisión se contará recién desde que sea

resuelta la aclaración.

Artículo 903.- El recurso de revisión no suspenderá la ejecución de la Sentencia que la motiva. Podrá sin embargo el Tribunal en vista de la circunstancias,

a petición del recurrente, dando fianza, ordenar que se suspendan las diligencias de ejecución de sentencia.

El tribunal señalará la cuantía de la fianza, la cual comprenderá el valor de lo litigado y los daños y perjuicios consiguientes a la inejecución de la

Sentencia, para el caso de que el recurso fuera desestimado.

Artículo 904.- El Superior Tribunal reverá la sentencia y resolverá definitivamente lo que corresponda.

Esta sentencia hará cosa juzgada.

Artículo 905.- Si no se hiciera lugar a la revisión se condenará en costas al recurrente y a la pérdida del depósito del artículo 898.-

Artículo 906.- El Superior Tribunal deberá organizar mediante acordada la forma en que se harán públicas sus resoluciones, cuidando que esa publicidad sea

efectiva para litigantes y miembros del Poder Judicial.-

Artículo 907.- Ámbito de Aplicación: el presente recurso será aplicable en materia Civil, Comercial, Familia, Minas y Laboral.-

TÍTULO VI

USUCAPIÓN.

I.- MEDIDAS PREPARATORIAS

Artículo 908.- El interesado acompañará con el escrito inicial:

a) Un plano de mensura para gestionar título por prescripción adquisitiva correspondiente al inmueble poseído, del que surja qué inmuebles resultan

afectados, en todo o en parte, confeccionado por profesional autorizado y visado por la Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales.

b) Un estudio de los antecedentes sobre la titularidad del dominio y de la condición catastral de los inmuebles afectados, suscripto por abogado, escribano o

agrimensor. En la solicitud se indicarán los nombres de los colindantes y, si los conociere, sus domicilios. Dicho estudio de dominio deberá tener como

máximo un (1) año de antigüedad a la fecha de la interposición de la demanda.

II.- INFORMES

Artículo 909.- El Juzgado dispondrá se requieran los siguientes informes:

1) A la Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales, a efectos que remita: a) Certificado de registración catastral correspondiente al inmueble

empadronado, indicando expresamente nombre, documento de identidad y domicilio real o fiscal de sus respectivos titulares y, b) Informe si el Plano de

Mensura agregado afecta tierras fiscales.

Todo en base a los datos que proporcione la documentación a que se refiere el artículo anterior, como también de los colindantes del mismo.

2) Al Registro de la Propiedad Inmueble, con los datos sobre la presunta titularidad del dominio que surjan de los informes precedentes, para que informe

sobre las condiciones de dominio del inmueble que se pretende usucapir, en el que conste: a) descripción del inmueble. b) datos de individualización del o

los propietarios y/o quienes sean titulares de otros derechos reales que afecten ese dominio y sus documentos de identidad y domicilios.

3) Al Juzgado Electoral Federal y/o Provincial para que suministre los domicilios que figuran en sus registros de las personas que, conforme a los informes

previstos en los incisos anteriores, aparezcan como presuntos propietarios del inmueble materia del pleito, o colindantes del mismo.

III- DEMANDA Y CITACIONES

Artículo 910.- La demanda deberá deducirse dentro del plazo perentorio de sesenta (60) días de expedido el informe registral a que se refiere el inc. 2 del

artículo 909, caso contrario se la tendrá por desistida.

La acción se dirigirá contra quienes figuren como titulares en los informes emitidos por los Registros previstos en el artículo 909 y contra quienes se

consideren con derechos sobre el inmueble objeto del juicio. Al proveerse la demanda y a los fines de dar publicidad registral respecto de terceros, se

deberá notificar al Registro de la Propiedad Inmueble la existencia del juicio a fin de que el mismo proceda a tomar razón del proceso que pesa sobre el o

los inmuebles en cuestión, a través de nota marginal.

IV- CITACIÓN DE DEMANDADOS

Artículo 911.- Los demandados individualizados serán citados y emplazados para comparecer a juicio mediante notificación por cédula. Para quienes se crean

con derecho a los bienes objeto de la usucapión y no hubiese sido posible determinarlos, serán citados por edictos dos (2) veces, en intervalos regulares de

treinta (30) días entre una y otra publicación. Cada una se practicará por dos (2) días en el Boletín Oficial y Judicial de la Provincia, y en un diario de

mayor circulación en la Provincia.

Artículo 912.- En todos los casos los edictos que deben publicarse en el Boletín Oficial y Judicial de la Provincia, y en un diario de mayor circulación en

la Provincia, los que deberán contener la designación del Juzgado, Secretaría, Carátula y Número de expediente, descripción del inmueble, ubicación,

superficie y colindancias.

Artículo 913.- El Tribunal deberá agotar todos los medios necesarios para determinar el domicilio real y efectivo de los titulares de dominio, como también

la existencia real y efectiva de la posesión que se detenta, debiendo disponer medidas para mejor proveer cuando a su juicio los informes producidos en la

etapa preparatoria no resultaren suficientemente claros y precisos.

Artículo 914.- CITACIÓN DE TERCEROS INTERESADOS.-

Serán citados en sus domicilios, si se conocieren, a fin de que tomen conocimiento del juicio y en el caso de que se hallaran afectados en sus derechos,

pidan la participación que procesalmente les corresponda en el mismo:

a) La Provincia, y en su caso el Municipio respectivo;

b) Los titulares de otros derechos reales que surjan del informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia;

c) Quienes surjan del Certificado Catastral previsto en el inciso 1 artículo 908, como posibles titulares de derechos, cuya existencia no resultare

coincidente con el informe emitido por el Registro de la Propiedad Inmueble conforme lo prevé el inciso 2 del mismo artículo;

d) Los colindantes informados por la Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales según lo previsto en el inciso 1 del artículo 909.

La incomparecencia de los mismos, hará presumir que la demanda no afecta sus derechos y serán declarados rebeldes.

V- PUBLICIDAD

Artículo 915.- EXHIBICIÓN DE EDICTOS.

Los edictos posesorios deberán exhibirse en la sede del Juzgado donde tramita la causa y en el Municipio al que pertenezca el inmueble o en su defecto en el

más cercano al mismo, durante treinta (30) días, lo que deberá acreditarse con las constancias respectivas. Asimismo del edicto se dará amplia publicidad en

la página web del Poder Judicial de la Provincia.

Artículo 916.- CARTEL INDICATIVO.

Se ordenará la colocación, con actuación de un Oficial de Justicia o Juez de Paz del lugar, de un cartel indicativo con una medida de un metro cuadrado (1

m²) como mínimo, con las referencias necesarias acerca de la existencia del juicio y en un lugar del inmueble visible desde el principal camino de acceso. Su

mantenimiento estará a cargo del actor durante toda la tramitación del juicio bajo apercibimiento, en caso de constatarse el incumplimiento, de suspender la

tramitación del proceso y de aplicación de una multa de Pesos Un Mil ($1.000) a Pesos Cien Mil ($100.000), hasta tanto se acredite en un plazo máximo de

treinta (30) días la ejecución de la medida ordenada al respecto. Los montos antes referidos serán actualizados por el Superior Tribunal de Justicia de la

Provincia.

VI- REBELDÍA

Artículo 917.- El juicio continuará en rebeldía contra los demandados que no hubieren comparecido, proveyéndose a la representación oficial de los citados

por edictos disponiéndose a tal fin, la intervención del Defensor de Pobres, Encausados y Ausentes conforme lo previsto por el inciso 9 del Artículo 83 de la

Ley N° IV-0086-2004 (5651 *R).

VII- INSPECCIÓN JUDICIAL

Artículo 918.- INSPECCIÓN JUDICIAL.

El Juez de la causa, deberá ordenar de oficio, con antelación a la producción de la prueba ofrecida, la medida de inspección judicial in situ, que deberá

realizar en forma personal o en caso de impedimento a través del Secretario, del inmueble o inmuebles objeto de usucapión, a los fines de examinar el lugar,

actos posesorios, colindantes y demás datos que acerquen al Juez a la verdad material acerca de lo cual deberá luego pronunciarse en la sentencia.

VIII- TRÁMITE Y SENTENCIA

Artículo 919.- TRASLADOS.

Se correrá el debido traslado a:

1) Los demandados individualizados en la demanda que hubieren comparecido.

2) Los terceros interesados que hayan pedido participación en el juicio.

3) Los representantes de la Provincia, y en su caso, del Municipio.

4) El representante oficial de los citados por edictos.

5) Los rebeldes citados personalmente.

Artículo 920.- La Sentencia que declare adquirido el derecho de dominio sobre el o los inmuebles objeto de la usucapión a favor del actor o los actores,

deberá ordenar se oficie al Registro de la Propiedad Inmueble, con el objeto que tome razón de la nueva situación dominial.

La Sentencia que rechace la demanda no impedirá la iniciación de un nuevo juicio con el mismo objeto.

Artículo 921.- PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA.-

La sentencia definitiva firme que declare adquirido el dominio por Usucapión se publicará en su parte pertinente en la página web del Poder Judicial y en un

cartel indicativo colocado por el Oficial de Justicia o Juez de Paz en un lugar visible del inmueble durante treinta (30) días.

TÍTULO VII

JUSTICIA DE PAZ LEGA.-

Artículo 922.- Los Jueces de Paz Legos son competentes para entender en todos aquellos asuntos y cuestiones que le atribuye la ley orgánica de administración

de justicia y toda otra norma legal o Acordada del Superior Tribunal.-

Artículo 923.- Para determinar la competencia se estará a las normas generales previstas en el artículo 5 de este código, en cuánto sean aplicables.-

Artículo 924.- Los Jueces de Paz Legos tienen los deberes que les impone la ley orgánica de administración de justicia y toda otra disposición legal o

reglamentaria. En especial deberán llevar los siguientes libros:

1) De entradas y salidas de expedientes y de resoluciones. Estos libros serán habilitados y sellados por el Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial

y Minas en turno de cada Circunscripción Judicial. En el libro de entradas y salidas se asentarán cronológicamente todos los expedientes que se inicien, los

oficios, mandamientos, cédulas, etc., cuyos diligenciamientos hayan sido comisionados por otros Jueces. Se deberá consignar fecha de ingreso, carátula,

Juzgado oficiante, objeto de la diligencia, fecha de devolución y persona a quién se los devuelve o medios empleados.-

2) Libro de Ingresos y Egresos, rubricados por la Secretaría Administrativa del Superior Tribunal. En el rubro Ingresos, se asentarán todos los importes que

los Sres. Jueces de Paz Legos perciban en concepto de aranceles si estuviesen autorizados, especificando numeración del recibo oficial, carátula de los autos

o tipo de diligencia, identificación de la persona que abona el arancel, fecha, etc. En el rubro Egresos se asentarán todos los gastos que se realicen para

el Juzgado, respaldados por los respectivos comprobantes.-

Artículo 925.- Los Jueces de Paz Legos son auxiliares del Superior Tribunal y de las Cámaras de Apelaciones y Jueces Letrados y como tales deben cumplimentar

las órdenes que de ellos recibieran. También deberán cumplir las rogatorias que le efectúen los miembros del Ministerio Público.- Las personas y/o

profesionales que requieran la intervención de los jueces de paz legos para la realización de diligencias fuera de la sede del Juzgado, deberán

suministrarles los medios de movilidad adecuados para su realización, además de abonar los aranceles respectivos si estuviesen autorizados.-

Artículo 926.- Es obligación de los Jueces de Paz Legos exigir el cumplimiento de las normas legales en materia tributaria, en especial la exigencia del pago

de las tasas de justicia por las actuaciones que se tramiten ante ellos, como asimismo que se acredite la satisfacción de los impuestos provinciales que

graven los instrumentos o bienes que se sometan a su conocimiento.- Así: 1) en relación al impuesto de sellos, siempre que les sea presentado un documento o

contrato -sea para certificaciones de firmas, como para reclamos judiciales- deberán exigir, previa a su intervención, que conste el pago del respectivo

impuesto de sellos: 2) en cuánto a los impuestos inmobiliario y del automotor, cuando intervengan en cuestiones vinculadas a dichos bienes, deberán exigir

que se les acredite la inexistencia de deuda tributaria sobre los mismos; 3) al promoverse cualquier proceso que sea de su competencia, los Sres. Jueces de

Paz Legos deberán exigir el pago de la respectiva tasa judicial y que se acredite haber realizado los aportes correspondientes a los Colegios de Abogados.-

Artículo 927.- El procedimiento ante la Justicia de Paz Lega será verbal y actuado, debiendo los jueces resolver a verdad sabida y buena fe guardada, de

acuerdo a los antecedentes recopilados en los autos y procurando, en cuanto sea posible, ajustar a derecho sus resoluciones. Por cada asunto o cuestión

sometido a su consideración, deberá formarse un legajo o expediente, debidamente foliado, en el que se recopilará ordenadamente todo lo actuado.-

Artículo 928.- La Justicia de Paz Lega es esencialmente amigable y conciliatoria y es un deber de los jueces, en todos los casos, propender a través de sus

consejos a que las partes eviten los litigios o los terminen por medio de transacciones.-

Artículo 929.- En las causas de competencia de los juzgados de paz legos, las partes pueden someterles su decisión como amigables componedores, debiendo

hacerse constar el compromiso por medio de un acta ante el mismo y el juez fallar según su leal saber y entender.- Se aplicarán, en lo pertinente, las normas

previstas en los arts. 766 y concordantes de este código.-

Artículo 930.- Cuando no fuere posible lograr la conciliación o transacción, ni tampoco las partes consientan la intervención del Juez de Paz Lego como

amigable componedor, los procesos contenciosos que deben tramitar ante el mismo por ser de su competencia tramitarán según las reglas que este código

establece para los procesos sumarios. Asimismo serán de aplicación las normas de este código sobre procesos sucesorios, en los que deban tramitar ante él por

ser de su competencia.-

Artículo 931.- Sin perjuicio de la facultad que la ley orgánica de administración de justicia confiere a los jueces de paz legos para otorgar poderes para

pleitos, los mismos se encuentran facultados para certificar la firma de personas que se lo requieran en instrumentos privados. Asimismo podrán certificar la

autenticidad de copias o fotocopias de instrumentos que se les presente. También podrán recibir, instrumentar y certificar declaraciones juradas que deseen

realizar vecinos de su jurisdicción para ser presentadas ante las autoridades que correspondan. En todos estos casos pueden percibir el arancel que haya sido

fijado por el Superior Tribunal de Justicia.-

Artículo 932.- Las sentencias dictadas por los Jueces de Paz Legos en asuntos de su competencia, son apelables -en segunda y última instancia- ante el

Juzgado de Paz Letrado que corresponda a su jurisdicción.- Las resoluciones de mero trámite de los Sres. Jueces de Paz Legos son inapelables, pudiendo el

Juez de Paz Letrado revisarlas, cuando intervenga con motivo del recurso interpuesto contra la sentencia. El recurso de apelación contra la sentencia del

Juez de Paz Lego deberá ser interpuesto ante el mismo dentro del quinto día y se regirá por las normas previstas en este código para las apelaciones de

sentencias definitivas en procesos sumarios.-

Artículo 933.- Interpuesto el recurso de apelación, el Sr. Juez de Paz Lego resolverá su concesión o denegación. En el primer caso se ordenará la remisión al

Juzgado de Paz Letrado respectivo dentro del quinto día y simultáneamente se emplazará a las partes para que constituyan domicilio ante el Superior, bajo

apercibimiento de ser notificados en los Estrados del Tribunal. Los gastos de remisión del expediente serán a cargo del apelante, quién deberá entregar al

Juzgado de Paz Lego el importe necesario dentro del tercer día de que se le haga saber la concesión del recurso.-

Artículo 934.- Una vez firme la sentencia del Juez de Paz Lego, se procederá a su ejecución por la vía prevista en los artículos 499 y siguientes de este

código.-

Artículo 935.- Los Jueces de Paz Legos pueden -de conformidad con lo previsto en el art. 216 de la Constitución de la Provincia-, en asuntos de su

competencia, requerir el auxilio de la fuerza pública, estando obligados los miembros de la misma a prestarlo. En caso de que un juez de paz lego advierta

que, reiteradamente y sin causa justificada, tal auxilio no le es prestado, deberán poner los hechos en conocimiento del Superior Tribunal, con la remisión

de todos los antecedentes, a los efectos de que se arbitren las medidas que el caso requiera.-

TÍTULO VIII –

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-

Artículo 936.- DESTINO DE LAS MULTAS:

En el marco de la Autarquía económica y financiera del Poder Judicial las multas determinadas en la presente Ley, cuando no tengan como destino a la

contraparte, se destinarán al financiamiento del Poder Judicial.-

Artículo 937.- Los Juzgados en materia Civil, Comercial, Minas, Familia y Menores de la Provincia deberán al día primero de enero de 2015, haber cesado la

mora en el dictado de Sentencias definitivas e Interlocutorias, bajo pena de incurrir en las causales de mal desempeño de conformidad a lo establecido en el

Artículo 167 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de San Luis.-

Artículo 938.- VIGENCIA TEMPORAL

Las disposiciones de éste código entrarán en vigencia el 1 de abril de 2014 y serán aplicables a todos los juicios que se iniciaren a partir de esa fecha.

Se aplicarán también a los juicios pendientes, con excepción de los trámites, diligencias y plazos que hayan tenido principio de ejecución o empezado su

curso, los cuales se regirán por las disposiciones hasta entonces aplicables.-

Artículo 2.- Deróguense a partir del 1 de Abril de 2014, las leyes Nº: VI-0150-2004, sus modificatorias: Ley VI-0151-2004 (5667 R) y Ley VI-0688-2009 , y sustextos ordenados (Ley Nº VI-0150-2004 (5606) TEXTO ORDENADO Ley XVIII-0712-2010 – Ley VI-0151-2004 (5667 *R), Ley VI-0688-2009).-

Artículo 3.- Aplicar a la presente Ley el Nº VI-0150-2013.-

Artículo 4.- Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.-

Artículo 326.- PRUEBA ANTICIPADA.-

Los que sean o vayan a ser parte en un proceso de conocimiento y tuvieren motivos justificados para temer que la producción de sus pruebas pudiera resultar

imposible o muy dificultosa en el período de prueba, podrán solicitar que se produzcan anticipadamente las siguientes:

1. Declaración de algún testigo de muy avanzada edad, o que esté gravemente enfermo o próximo a ausentarse del país.

2. Reconocimiento judicial o dictamen pericial para hacer constar la existencia de documentos, o el estado, calidad o condición de cosas o de lugares.

3. Pedido de informes. La absolución de posiciones podrá pedirse únicamente en proceso ya iniciado.

4. La exhibición, resguardo o secuestro de documentos concernientes al objeto de la pretensión, conforme lo dispuesto por el art. 325.-

Artículo 327.- PEDIDO DE MEDIDAS PRELIMINARES, RESOLUCIÓN Y DILIGENCIAMIENTO.-

En el escrito en que se solicitaren medidas preliminares se indicará el nombre de la futura parte contraria, su domicilio si fuere conocido y los fundamentos

de la petición. El juez accederá a las pretensiones si estimare justas las causas en que se funda, repeliéndolas de oficio en caso contrario. La resolución

será apelable únicamente cuando denegare la diligencia.

Si hubiese de practicarse la prueba se citará a la contraria, salvo cuando resultare imposible por razón de urgencia, en cuyo caso intervendrá el defensor

oficial. El diligenciamiento se hará en la forma establecida para cada clase de prueba, salvo en el caso de la pericial, que estará a cargo de un perito

único, nombrado de oficio.

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