No hay solidaridad -art. 30 LCT- pues el servicio de limpieza no es integrativo de la fabricación de cigarrillos

Limpieza (2)Partes: LX Argentina S.A. c/ Cura Waldo Andrés s/ consolidación

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 9-oct-2013

Cita: MJ-JU-M-82785-AR | MJJ82785 | MJJ82785

Resulta inaplicable la solidaridad prevista en el art. 30 LCT, pues el servicio de limpieza edilicia no puede considerarse integrativo del establecimiento industrial dedicado a la fabricación de cigarrillos.

Sumario:

1.-Corresponde modificar la sentencia de grado y liberar de toda responsabilidad a la demandada pues resulta inadmisible la pretensión de hacer extensiva la codena en los términos del art. 30 LCT., pues las tareas de limpieza edilicia no forman parte del proceso industrial o comercial propio de las distintas empresas que contratan con terceros el mantenimiento o limpieza de sus instalaciones, por lo que no resultando tal servicio una actividad que por las condiciones en que fuera prestado pudiera considerarse integrativa del establecimiento industrial dedicado a la fabricación de cigarrillos.

2.-Debe desestimarse el planteo formulado por el trabajador a fin de erigir a la empresa principal en empleadora directa de sus servicios, por cuanto el solo hecho de prestar tareas dentro de su establecimiento o sometido a ciertas facultades de organización y control no lo erige en empleado de la empresa contratante, en tanto la actividad en la que se desempeñó fue asumida por las empresas de limpieza contratadas en el marco de estructuras organizativas diferenciadas, circunstancia que no permite calificarlas, en el caso, como meras proveedoras de personal en los términos del art. 29 de la LCT.

3.-No se advierte en la especie la existencia de una causa fuente de solidaridad que justifique extender la responsabilidad a la empresa codemandada, salvo respecto de aquéllos créditos que hubieran nacido con anterioridad a la sustitución de empleador, por lo que no habiendo reclamado el dependiente créditos contemporáneos a la cesión o anteriores a ella, no corresponde condenar a la anterior empleadora al pago de tales acreencias, máxime cuando no se ha demostrado que la finalización del contrato comercial y la sustitución de empresas prestatarias hubiere ocultado un obrar ilícito destinado a defraudar los intereses de los trabajadores eventualmente afectados.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 9 DE OCTUBRE 2013, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducido en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

La sentenciante de grado hizo lugar en forma parcial a la demanda entablada por el ex trabajador en el expediente que se acumulara al presente y, contra tal decisorio se alzan el demandado a fs. 814/825, LX Argentina S.A. a fs. 802/806 y Eulen Argentina S.A. a tenor del memorial obrante a fs. 808.

En cuanto al planteo que formula Eulen Argentina S.A. con relación a la excepción de prescripción opuesta cabe referir que, en el caso, la totalidad de los créditos reclamados se han hecho exigibles con posterioridad a la fecha de cese de la que intenta valerse dicha coaccionada (renuncia operada a su respecto el 1/8/07) y que, computando el supuesto de suspensión al que alude la sentenciante de grado (conf. art. 3986 del Código Civil), teniendo en cuenta la fecha del distracto (20/12/08), la correspondiente a la última intimación formulada por el trabajador (27/12/08) y la de interposición de la demanda (15/3/11), los créditos reclamados no se encuentran prescriptos (conf. art. 256 de la L.C.T), por lo que sin perjuicio de lo que habrá de decidirse en torno al alcance de la responsabilidad que corresponde atribuirle a Eulen Argentina S.A. en su calidad de ex empleadora del demandado, corresponde desestimar la crítica formulada en cuanto se encuentra dirigida a cuestionar la decisión adoptada en materia de prescripción.

En lo que hace a la responsabilidad atribuída por el demandado a las tres empresas intervinientes en autos (Massalin Particulares S.A., LX Argentina S.A.y Eulen Argentina S.A.) y a los particulares vínculos existentes entre ellas, creo conveniente analizar en forma conjunta los distintos planteos que al respecto formularan las recurrentes por cuanto lo que eventualmente se decida respecto de la principal, habrá de incidir en el resultado de los cuestionamientos formulados por los otras.

Las partes reconocen que el demandado prestó servicios en tareas de limpieza en dependencias de Massalin Particulares S.A. (en adelante MP) desde el 1/8/01 hasta el 20/12/08 (fecha en que se consideró operado el distracto); que hasta el 31/7/07 lo hizo a través de Eulen Argentina S.A. ( en adelante EU) y que a partir del 1/8/07 LX Argentina S.A. (en adelante LX) se hizo cargo del servicio contratado por MP. En tanto el trabajador sostiene que su real empleadora fue MP mientras las otras empresas sólo habrían intermediado fraudulentamente en la contratación (conf. art. 29 LCT), estas últimas señalan que constituyen empresas reales e independientes que han asumido legítimamente la actividad contratada por MP durante los diversos períodos indicados y que, el accionado renunció voluntariamente a su empleo en EU para incorporarse al plantel de LX. A su vez, MP afirma que las labores de limpieza contratadas con EU y LX no hacen a su actividad normal y específica propia, por lo que considera que no corresponde en el caso, hacer aplicación del supuesto de solidaridad previsto en el art. 30 LCT

De conformidad con lo que emerge de la prueba testimonial detalladamente analizada en la sentencia de grado, en base a las transcripciones efectuadas en los considerandos de fs.789 vta./ 796 va., cabe concluir que el demandado prestó servicios en el sector de producción de MP realizando tareas de limpieza y recolección de residuos y remanentes que debían clasificarse, según si se trataba de material reutilizable o no; que en la planta se encontraba un supervisor dependiente de las empresas de limpieza contratadas y que el control de la tarea estaba a cargo de éste aunque algunas órdenes también se recibían de personal dependiente de MP. Asimismo los testigos que declararon a fs. 459, 480, 691, y 699 en forma concordante y coincidente señalaron que al disolverse en contrato existente entre MP y EU, los trabajadores renunciaron al empleo respecto de esta última para pasar a desempeñarse sin solución de continuidad en favor de la nueva empresa contratada (LX), para prestar tareas en el mismo establecimiento. Por su parte, los testigos deponentes a propuesta de las sociedades recurrentes (ver fs. 463, 696, 706, 449 y 456) señalaron que el personal de las empresas de limpieza llevaban otro uniforme que los identificaba y que en la planta cuentan con personal de mantenimiento y limpieza técnica propio que se dedica al control, cuidado, reparación y limpieza de las máquinas.

Frente a ello, y toda vez que conforme se extrae del informe del perito ingeniero (ver fs. 541/599 y aclaraciones a fs.682/683) en la planta elaboradora se opera tanto con carros, clarks y autoelevadores de una tercer empresa (JF Secco) como con autoelevadores de propiedad de LX; que estos últimos son operados por personal de dicha empresa y que las tarea de limpieza técnica o de mantenimiento (ya sea por parada de máquina o durante el proceso) están a cargo de personal propio de MP mientras que las contratadas con LX eran las comprendidas en el concepto de “limpieza edilicia”, que el perito describe y que no hacen al proceso de elaboración de cigarrillos, no es posible concluir que, en el caso, las tareas de limpieza contratadas por MP con EU y luego con LX resultaran ser las que, por sus especiales características, resultan susceptibles de considerarse integrativas del ciclo productivo, por lo de prosperar mi voto, corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto desestimó la pretensión de responsabilizar a la demandada Massalin Particulares S.A. en los términos del art. 30 de la LCT.

En efecto, como lo sostuviera esta Sala en un caso análogo y que involucró a las mismas demandadas (ver SD 98276 del 16/7/10 in re “Vega c/LX Argentina S.A. y otro”), en principio, las tareas de limpieza edilicia no forman parte del proceso industrial o comercial propio de las distintas empresas que contratan con terceros el mantenimiento o limpieza de sus instalaciones, por lo que no resultando tal servicio una actividad que por las condiciones en que fuera prestado pudiera considerarse integrativa del establecimiento industrial dedicado a la fabricación de cigarrillos (conf. arg. art. 30 LCT), la pretensión de hacer extensiva la codena a Massalin Particulares S.A.debe ser desestimada.

Igual suerte desestimatoria ha de seguir el planteo formulado por el trabajador a fin de erigir a la empresa principal en empleadora directa de sus servicios, por cuanto el solo hecho de prestar tareas dentro de su establecimiento o sometido a ciertas facultades de organización y control, no lo erige en empleado de la empresa contratante, en tanto la actividad en la que se desempeñó fue asumida por las empresas de limpieza contratadas en el marco de estructuras organizativas diferenciadas, circunstancia que no permite calificarlas, en el caso, como meras proveedoras de personal en los términos del art. 29 de la LCT.

En orden a la relación existente entre las sucesivas empleadoras, la argumentación esgrimida por LX en su memorial recursivo resulta a mi juicio ineficaz para rebatir los sólidos fundamentos en los que se asienta la sentencia de grado para responsabilizarla por la totalidad de la antigüedad en el servicio, por cuanto no aporta elementos de juicio idóneos para controvertir la vigencia sin interrupciones de la prestación de servicios y la continuidad de la relación bajo su dependencia a partir del 1/8/07. El hecho de que no se hubiere acreditado objetivamente el fraude o la simulación como vicios de los actos formales adoptados para instrumentar el traspaso, no resulta a mi juicio dirimente del planteo puesto, que la situación puede razonablemente enmarcarse en un supuesto de cesión del contrato en los términos del art. 229 de la L.C.T., el que no requiere para su operatividad la acreditación de maniobras defraudatorias.

Al respecto, esta Sala in re “Ferro, Susana B. c/Iarai S.A.” (SD 99021 del 14/3/11) ha sostenido que en casos como el de autos, resulta de aplicación la responsabilidad derivada del art.229 de la LCT aun cuando no se hubiere documentado la cesión en debida forma y que, tal como se señalara reiterada y pacíficamente (ver, entre otros, “Martinez Fernando Gabriel y otros c/ Escencia Argentina SA y otros s/ despido” , SD Nº 95.322 del 23/10/07 del registro de esta Sala), la solidaridad prevista en dicha norma se limita a las obligaciones nacidas hasta el momento de la transferencia de la relación y no alcanza a las que se generan con posterioridad a aquélla (postura que, por otra parte, ha sostenido esta Sala entre muchos otros en “Salinas Segundo Enrique C/ Rodriguez Alerto Hugo y Falcon de Rodriguez Vicenta Filomena Soc de Hecho s/ Despido”, SD 92.218, del 3/12/03), lo que lleva a confirmar la sentencia en cuanto computa a los fines indemnizatorios la fecha de ingreso correspondiente a la incorporación del trabajador en EU y, a su vez, a revocar la decisión adoptada en cuanto a la responsabilidad que cabe atribuirle a esta última con relación a créditos salariales e indemnizatorios originados con notable posterioridad a la cesión.

En efecto, como lo sostuviera el Dr. Pirolo en el precedente “Ferro” antes citado, ” una interpretación meramente literal del párrafo segundo del art. 229 de la LCT no conduce a abordar correctamente la cuestión, ya que la redacción de la norma ha sido poco feliz y que, tal como ha sostenido Fernández Madrid (“Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, La ley, 1989, Tº II, pág 972; opinión recogida por Hector Guisado en la “Ley de Contrato de Trabajo” dirigida por Antonio Vázquez Vialard, Rubinzal Culzoni Editores, 2005, Tº III, pág.255 y en el “Tratado de Derecho del Trabajo” dirigido por Mario E.

Ackerman, Rubinzal Culzoni Edit ores, 2005, Tº III pág 813) la literalidad del texto conduce a un absurdo resultado, en el que -sin lógica alguna- quien se ha desligado de personal -mediando aceptación- se vería obligado a seguir la suerte de obligaciones no contraídas por él y a responder por un trabajo del que no obtiene ningún rédito (ver también “Ley de Contrato de Trabajo Comentada” por N. Centeno, J. López y J.C.Fernández Madrid, Tº II, pág. 1095) . – En efecto, el artículo 229 de la LCT -tal como se ha señalado- prevé la solidaridad entre cedente y cesionario, respecto de las obligaciones nacidas con anterioridad a la cesión y no incluye en ningún caso a las obligaciones surgidas con posterioridad” Desde tal perspectiva, no se advierte en la especie la existencia de una causa fuente de solidaridad que justifique extender la responsabilidad a Eulen Argentina S.A., salvo respecto de aquéllos créditos que hubieran nacido con anterioridad a la sustitución de empleador, por lo que no habiendo reclamado el dependiente en estos autos créditos contemporáneos a la cesión o anteriores a ella, considero que no corresponde condenar a la anterior empleadora al pago de tales acreencias, máxime cuando no se ha demostrado que la finalización del contrato comercial y la sustitución de empresas prestatarias hubiere ocultado un obrar ilícito destinado a defraudar los intereses de los trabajadores eventualmente afectados si, como aconteció en autos, ninguna prueba se produjo a efectos de demostrar hipotéticas vinculaciones societarias o comerciales entre las distintas sociedades involucradas.

En consecuencia, y sin perjuicio de las eventuales acciones que entre LX Argentina S.A. y Eulen Argentina S.A.pudieran intentar hacerse valer, de prosperar mi voto corresponde modificar la sentencia apelada y liberar de toda responsabilidad en la especie a la última de las nombradas.

En función de la decisión que antecede deviene abstracto el tratamiento de los restantes agravios deducidos por la codemandada Eulen Argentina S.A. y, en atención a la naturaleza de las relaciones ventiladas, considero que el trabajador pudo verosímilmente considerarse asistido con mejor derecho a incorporar al litigio a dicha sociedad, por lo que propicio revocar la sentencia de grado con relación a las costas derivadas de su intervención en autos e imponer las mismas en ambas instancias, en el orden causado (art. 68 in fine CPCCN). En tal sentido, teniendo en cuenta el resultado obtenido respecto de Eulen Argentina S.A., el valor económico del litigio y el mérito y extensión de las tareas profesionales desarrolladas, propicio regular los honorarios de ambas instancias correspondientes a la representación y patrocinio de dicha coaccionada en la suma de $ 9.000, la que se encuentra establecida a valores del presente pronunciamiento.

Cuestiona LX Argentina S.A. que se la condenara al pago de la sanción prevista en el último párrafo del art. 80 de la LCT cuando -según indica- oportunamente puso a disposición del dependiente la documentación pertinente. Si bien de la certificación de firmas de la documental agregada a fs. 11/13 cabe colegir que el certificado de trabajo se encontraba confeccionado antes de cumplirse el plazo previsto en el decreto 146/01 puesto que lleva fecha cierta del 29/12/08, lo cierto es que la empleadora no intentó hacer entrega de tales instrumentos en las audiencias celebradas ante el SECLO (ver fs.180) y que recién los consignó al deducir la presente acción el 21/5/09, fecha en la cual se encontraba holgadamente vencido el plazo previsto legalmente para dar satisfacción al requerimiento que, en el caso, también se ha dejado formulado en la instancia conciliatoria previa.

En consecuencia, por lo expuesto, propicio confirmar la sentencia de grado en cuanto hace lugar a la indemnización especial prevista en el art. 80 LCT.

También cuestiona la actora (LX) que se rechazara la consignación deducida y que se haya admitido el reclamo fundado por el trabajador en el art. 2 de la ley 25323. Evidentemente, la consignación efectuada no resultó ni íntegra ni oportuna por cuanto la acción se inició en el mes de mayo de 2009 (ver cargo a fs. 16 vta.) y a esa fecha se encontraba holgadamente vencido el plazo para hacer efectivo el pago de las indemnizaciones derivadas del distracto operado el 20/12/08, por lo que frente a ello, y en atención a lo decidido en relación a la antigüedad computable a los fines previstos en el art. 245 L.C.T y al monto adeudado al trabajador con motivo del egreso, corresponde desestimar las críticas formuladas por la actora en tal sentido y confirmar en tales aspectos la sentencia apelada.

El demandado cuestiona el rechazo de las diferencias salariales reclamadas en base al convenio colectivo de trabajo aplicable en la actividad desarrollada por MP (CCT 565/09 -tabacaleros-) al considerar que su relación laboral se encontró encuadrada en dicho cuerpo normativo, teniendo en cuenta el carácter de empleador directo que, con sustento en lo dispuesto en el art. 29 de la L.C.T., le atribuyó al actor.

Tal como se puntualizara en los considerandos precedentes, las empresas de limpieza contratadas por MP no han actuado respecto del demandado y las concretas tareas que les fueran encomendadas, como meras proveedoras de personal, por lo que no verificándose el presupuesto fáctico en el que el demandado sustentó su reclamo (conf. arg. art.29 LCT), se impone desestimar en este aspecto la crítica formulada.

En orden a la forma en que han sido impuestas las costas respecto de la acción que prospera parcialmente contra la parte actora (LX Argentina S.A.), debe señalarse que la determinación de tal tópico no constituye una cuestión meramente aritmética o de cálculo y que para ello debe tenerse en consideración no sólo el resultado final obtenido, sino también la forma de resolverse y los motivos por los cuales se llegó a litigio, por lo que teniendo ello en cuenta y que el demandado ha obtenido éxito en parte sustancial de sus reclamos, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 68 y 71 del CPCCN, propicio modificar la sentencia apelada en dicho aspecto y establecer las costas de primera instancia en un 70% a cargo de la parte actora (LX Argentina S.A.) y en el 30% restante a cargo del demandado.

En cambio, las costas correspondientes a la actuación en la Alzada por la acción que prospera parcialmente contra LX Argentina S.A., deberán ser impuestas a cargo de esta última en tanto ha resultado vencida en esta instancia en lo que ha sido materia principal de agravios (art. 68 CPCCN).

La parte actora apela los honorarios regulados en primera instancia por considerarlos elevados. Al respecto, teniendo en cuenta el valor económico del litigio, el resultado obtenido y el mérito y extensión de las tareas profesionales desarrolladas, de conformidad con lo dispuesto en la ley 21839, en el dec. Ley 16638/57 y en el art. 38 L.O. las regulaciones apeladas no resultan elevadas, por lo que propicio confirmarlas.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art.14 de la ley 21839 corresponde regular los honorarios de segunda instancia correspondientes a la representación y patrocinio del demandado y de la parte actora (LX Argentina S.A.) en el 25% de lo que en definitiva resulte para cada una de ellas, por su intervención en la instancia previa.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

Por análogos fundamentos, adhiero a las conclusiones del voto precedente.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125, 2ª parte de la ley 18.345), El tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia de grado y liberar de toda responsabilidad en la especie a EULEN ARGENTINA S.A., 2) Revocar la imposición de costas decidida en primera instancia con relación a EULEN ARGENTINA S.A. e imponer las mismas en ambas instancia en el orden causado (art. 68 in fine CPCCN), 3) Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en favor de la representación letrada de Eulen Argentina S.A. y regular sus emolumentos en forma originaria y por su actuación en ambas instancias, en la suma de $ 9.000, la que se encuentra establecida a valores del presente pronunciamiento, 4) Mantener la decisión recaída en primera instancia con relación a MASSALIN PARTICULARES S.A., 5) Confirmar la condena recaída con relación a LX ARGENTINA S.A. y modificar la imposición de costas efectuada a su respecto en la instancia previa, 5) Declarar las costas de primera instancia con relación a la acción que progresa parcialmente contra LX ARGENTINA S.A.en un 70% a cargo de dicha empresa y en el 30% restante a cargo del demandado e imponer las correspondientes a la actuación ante la Alzada en su totalidad a cargo de LX Argentina S.A., 6) Confirmar las regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia -con excepción de la correspondiente a la representación letrada de Eulen Argentina S.A.- y regular los honorarios de la representación y patrocinio del demandado y de la parte actora (LX Argentina S.A.) por las tareas de Alzada, en el 25% de lo que en definitiva resulte, para cada una de ellas, por su intervención en la instancia previa, 7) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013. A tal fin, se deberán adoptar los resguardos legales en orden a la tutela de los derechos personalísimos de las partes o terceros en el proceso que pudieran resultar afectados por la difusión de datos protegidos y se publicarán sólo las iniciales de sus nombres.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara

Graciela A. González

Juez de Cámara

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