Le deniegan la prisión domiciliaria porque no se advierte que esté en mejores condiciones que la madre para asistir a los niños

CarcelPartes: M. D. R. s/ recurso de casación

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 22-ago-2013

Cita: MJ-JU-M-82373-AR | MJJ82373 | MJJ82373

Deniegan la prisión domiciliaria del imputado porque el grupo familiar presenta una historia de violencia y de consumo de tóxicos, razón por la cual, no se advierte cómo el padre estaría en mejores condiciones que la madre para asistir a los niños.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar el recurso de casación deducido por la defensa contra la decisión que rechazó el pedido de arresto domiciliario solicitado a favor de su pupilo, pues en base a los estudios realizados no puede soslayarse que el grupo familiar presenta una historia de violencia y de consumo de tóxicos por parte de ambos progenitores, razón por la cual, no se advierte cómo el padre estaría en mejores condiciones que la madre para asistir a los niños y tampoco puede afirmarse que los niños se encuentren en una situación de abandono que ameríte hacer una interpretación amplia de la normativa aplicable, toda vez que la madre y el abuelo prestan en la actualidad la debida asistencia y, además, se han tomado en la causa las medidas necesarias tendientes a salvaguardar la integridad de todo el grupo familiar.

2.-La declaración de inconstitucionalidad de una ley es una de las funciones más delicadas del ejercicio de la jurisdicción y por su gravedad debe estimarse como última ratio del orden jurídico toda vez que las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la Constitución Nacional, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución, únicamente cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable. De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado y para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley (en el caso, se rechazó el recurso de casación interpuesto contra la decisión que no hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad del art. 32, inc. f) de la ley 24660).

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de agosto de 2013, se reúnen los integrantes de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores Liliana E. Catucci como presidente y los doctores Eduardo Rafael Riggi y Mariano Hernán Borinsky, asistidos por el Secretario de Cámara, doctor Walter Daniel Magnone, con el objeto de dictar sentencia en la causa nº 16.752 caratulada: “M., D. R. s/recurso de casación”. Representa al Ministerio Público Fiscal, el señor Fiscal General, doctor Raúl Omar Pleé, y a D. R. M., la señora Defensora Pública Oficial Ad Hoc, doctora Graciela L. Galván.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto resultó que debe observarse el orden siguiente: doctores Mariano Hernán Borinsky, Liliana E. Catucci y Eduardo R. Riggi.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:

PRIMERO:

I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, provincia homónima, en el marco del expediente Nro. 58/11/03, con fecha 6 de septiembre de 2012, resolvió: “Primero: Rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 32, inc. “f” de la Ley 24.660 de la Defensa Oficial. Segundo: No hacer lugar al pedido de arresto domiciliario interpuesto a favor de D R M.” (cfr. fs. 78/80 vta.).

II. Contra dicha resolución, el Defensor Público Oficial Ad Hoc, doctor Martín Andrés Gesino, asistiendo a D R V, interpuso recurso de casación (cfr. fs. 83/95), el que denegado por el tribunal a quo (cfr. fs. 99/99 vta.) motivó la interposición de un recurso directo ante esta instancia (cfr. fs. 103/108), que fue concedido mediante resolución de fecha 28 de febrero de 2013 (Reg. Nro. 117/03, cfr. fs. 219).

III. Que la defensa fundó su presentación casatoria en ambos incisos del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación.

Planteó, asimismo, la inconstitucionalidad del art. 32, inc.f) de la ley 24.660.

La defensa solicitó la concesión de la detención domiciliaria argumentando que los hijos del imputado se encuentran en situación de abandono. Ello así, pues la madre de los menores padece de alcoholismo y el abuelo materno -que es la persona más cercana en condiciones de asistirlos- es discapacitado y tiene serias limitaciones de movilidad.

Sostuvo que los informes que obran en el expediente, efectuados por la Secretaría Asistencial del Juzgado de Menores Nro. 2 de Jujuy, dan cuenta de la grave situación que atraviesan los menores quienes dependen en la actualidad del cuidado de su hermana mayor que tiene 15 años y además es madre de otro niño.

Señaló que el art. 32, inc. f) de la ley 24.660 plantea una situación desigual y discriminatoria al limitar la aplicación de la modalidad de cumplimiento de prisión cautelar bajo arresto domiciliario a “madres de menores de cinco años”, excluyendo arbitrariamente a los padres de esos niños.

Recordó que el instituto analizado no fue previsto como un beneficio para los progenitores, sino que fue creado a los fines de proteger el interés superior del niño; concepto que abarca a cualquier menor, incluso a los mayores de 5 años.

Por los motivos descriptos, postuló la inconstitucionalidad del art. 32, inc. f) de la ley 24.660.

Alternativamente, propuso que se efectúe una interpretación amplia del mencionado artículo, ya que si bien el mismo no prevé la posibilidad de otorgar el beneficio de la detención domiciliaria a los padres de hijos menores, en un caso como el de autos, en el que la madre se encuentra imposibilitada de asistirlos, corresponde su concesión en aras de proteger el referido interés superior de los niños.

Hizo reserva del caso federal.

IV. En la etapa prevista por los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N., las partes -debidamente notificadas conforme consta a fs.222 vta.- no hicieron presentaciones.

Superada la etapa procesal prescripta por el artículo 468 del ritual tal como luce a fs. 226, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.

SEGUNDO:

I. Previo a ingresar al fondo de la cuestión a resolver, considero oportuno realizar una breve reseña de los hechos que motivan la presente causa.

Con fecha 6 de septiembre de 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General ante esa instancia, resolvió no hacer lugar al pedido de arresto domiciliario interpuesto a favor de D.

R. M. Además, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 32, inc. f) de la ley 24.660.

Para así decidir, el tribunal de grado señaló que “. en el caso que nos ocupa no se presentan ninguno de los supuestos contemplados en la norma. Eso conlleva que para un posible otorgamiento de la morigeración de la forma de cumplimiento de la prisión preventiva pretendida, no habría que superar solamente el obstáculo que el solicitante se trata de un hombre sino que sería el padre del menor de los niños (I. L. M. B. de 2 años) -circunstancia que no se encuentra debidamente acreditada-, ya que la edad del resto de los hijos de la pareja excede a la establecida por el legislador para el beneficio solicitado.” Respecto de la solicitud de inconstitucionalidad del art. 32, inc. f) de la ley 24.660, el tribunal colegiado sostuvo que “En el caso particular la defensa ha solicitado la inconstitucionalidad sin asumir la carga de demostrar en qué consiste tal tacha, lógico es pensar entonces que se trata de un planteo que busca mejorar la situación procesal de su asistido detrás de una inconstitucionalidad inexistente, por lo que propicio el rechazo de tal planteo.”. Contra dicha resolución, se interpuso el recurso de casación bajo análisis.

Con posterioridad a ello, el tribunal oral mencionado, en virtud del acuerdo de juicio abreviado celebrado por las partes el día 3 de octubre de 2012, condenó a D.R. M. a la pena de cuatro (4) años de prisión, multa de pesos doscientos veinticinco ($ 225), accesorias legales y costas, en orden al delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; pronunciamiento que se encuentra firme (cfr. informe obrante a fs. 218).

II. Sentado cuanto precede, previo a ingresar al examen de los agravios traídos a estudio por el impugnante, resulta conveniente recordar el marco normativo que regula la prisión domiciliaria, a fin de analizar si han sido erróneamente aplicadas las normas que la regulan, como afirma el recurrente; o si, por el contrario, tal denegación constituye una razonable aplicación al caso del marco jurídico en cuestión.

En primer lugar, cabe señalar que el artículo 10 del Código Penal de la Nación prevé, en su parte relevante, que: “Podrán, a criterio de juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria: “f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo”.

Asimismo, el artículo 32 de la ley 24.660 (B.O. 19/06/1996) -modificada por la ley 26.472 (B.O. 20/01/2009)- establece, en lo que aquí interesa, que: “El juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria: f) A la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su cargo”.

La normativa reseñada en los párrafos precedentes debe ser cuidadosamente ponderada con los preceptos constitucionales incorporados a nuestra Carta Magna en virtud del art. 75 inc.22, específicamente el principio del “interés superior del niño” contenido en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (ley nº 26.061).

En esa dirección, cabe recordar que el principio general es que las penas de prisión deben ser cumplidas en los establecimientos carcelarios y que el instituto de la prisión domiciliaria constituye una modalidad de cumplimiento de la pena previsto para determinadas situaciones.

Así pues, el art. 32 inc. “f” de la ley 24.660 (de similar redacción al inc. “f” del art. 10 del Código Penal) tiende a evitar el agravamiento de las condiciones personales y familiares de las madres de niños menores de cinco (5) años o de incapaces privadas de la libertad y, especialmente, el detrimento que esa situación puede provocar en la integridad psicofísica de los menores o incapaces que se encuentren a su cargo.

III. Dicho ello, debo señalar que tal como surge de las constancias de la causa y fue oportunamente sostenido por el tribunal a quo, Martínez no cumple con las condiciones fijadas por la ley para la concesión de la prisión domiciliaria ni tampoco ha demostrado, dadas las particulares circunstancias del caso, que pudiera estar inmerso en una situación de excepción al marco normativo en cuestión.

Así pues, obsérvese que en la actualidad, los menores A. C. F. -15 años-, S. J. A. M. -9 años -, K. D. N. B. -7 años- y I. L.

M. B. -3 años- se encuentran al cuidado de su madre, G. P. B., quien si bien padece una adicción al consumo de alcohol, se encuentra realizando un tratamiento en “Alcohólicos Anónimos” y bajo el control del Centro de Ayuda Integral del Niño, Adolescente y la Familia (CAINAF), tal como surge del informe socio-familiar que obra a fs. 13/13 vta.de los presentes actuados.

Debe subrayarse que la Asistente Social del Juzgado de Menores Nro. 2 del Centro Judicial San Pedro, encargada de la confección de ese informe, destacó que “. predomina [en la madre]. un perfil positivo en donde su rol materno, busca proteger y cuidar de sus hijos, brindándole dentro de sus limitaciones asistencia, cuidado y afecto.” (cfr. fs. 13 vta.).

En esa línea, el titular del Juzgado de Menores Nro. 2 del Centro Judicial San Pedro de la provincia de Jujuy ordenó, con fecha 7 de agosto de 2012, la permanencia de los menores junto a su progenitora, al mismo tiempo que dispuso dar intervención a la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia y a la Dirección de Asuntos Sociales dependiente de la Secretaría de Desarrollo y Acción Social del Municipio de la ciudad de San Pedro para que asuman el tratami ento del caso en cumplimiento de sus funciones, sugiriendo el tratamiento psicológico de la progenitora y el seguimiento del grupo familiar desde lo social y emocional (cfr. fs. 68).

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el señor M. A. B. -padre de P. B. y abuelo de los menores- ha manifestado su voluntad de colaborar con su hija en el cuidado de sus hijos no obstante las dificultades que presenta como consecuencia de la discapacidad que padece.

Nótese que, en el afán de brindarle ayuda a su hija, se ha hecho cargo de uno de los menores durante 9 meses cubriendo sus necesidades básicas para su normal desarrollo (cfr. fs. 44/44 vta.).

Por lo demás, no puede soslayarse que, tal como surge del informe médico-psicológico obrante a fs.14/14 vta., el grupo familiar presenta una historia de violencia y de consumo de tóxicos por parte de ambos progenitores, razón por la cual, no se advierte como el padre estaría en mejores condiciones que la madre para asistir a los menores en cuestión.

En base a los argumentos desarrollados, no puede afirmarse que los menores se encuentren en una situación de abandono que amerite hacer una interpretación amplia de la normativa aplicable -tal como solicita la defensa en su recurso-, toda vez que de acuerdo a las constancias del presente expediente, la madre y el abuelo prestan en la actualidad asistencia a los niños y, además, se han tomado en la causa las medidas necesarias tendientes a salvaguardar la integridad de los niños y del grupo familiar.

Por lo expuesto, entiendo que del análisis de la resolución recurrida se desprende que la decisión del tribunal a quo se ajusta a lo establecido en el art. 32, inc. f) de la ley 24.660 y no constituye una decisión arbitraria dado que los sentenciantes sujetaron su pronunciamiento a los términos expresos de la normativa aplicable. La inteligencia que pretende el recurrente contraviene los postulados que autorizan a modificar las condiciones comunes de detención y no ha logrado demostrar, en el caso, alguna circunstancia que amerite hacer excepción a esa regla.

IV. Por último, con relación al planteo de inconstitucionalidad art. 32, inc. f) de la ley 24.660, resulta pertinente recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es una de las funciones más delicadas del ejercicio de la jurisdicción y por su gravedad debe estimarse como última ratio del orden jurídico (cfr.Fallos 305:1304), toda vez que, las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la Constitución Nacional, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución, únicamente cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable.

De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado y para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley (Fallos: 226:688; 242:73, 285:369; 314:424, entre otros).

Sentado ello, considero que los argumentos sostenidos por la defensa de D. R. M. en su presentación casatoria carecen de fundamentación suficiente, no logrando demostrar el gravamen en el caso concreto.

Por lo referido ut supra, el planteo de inconstitucionalidad esgrimido por la Defensa Pública Oficial no habrá de tener favorable acogida.

V. En atención a todo lo expuesto, propongo al acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 83/95 por la defensa de D. R. M., debiéndose tener presente la reserva del caso federal, con costas (arts. 470, 471 -a contrario sensu-, 530 y 531 del C.P.P.N.).

La señora juez Dra. Liliana Elena Catucci dijo:

Me adhiero al voto del Dr. Borinsky atento al evidente desajuste del interno D. R. M.con las normas atinentes al arresto domiciliario, cuya pretensión de inconstitucionalidad carece de fundamentos como para ser atendida.

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

Por coincidir sustancialmente con los fundamentos expuestos por el distinguido colega que encabeza el presente Acuerdo, doctor Mariano Hernán Borinsky, formulamos nuestra adhesión a cuanto propone y, en consecuencia, emitimos nuestro voto en idéntico sentido.

Tal es nuestro voto.

En mérito al resultado arribado en la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs. 83/95 por la defensa de D. R. M., debiéndose tener presente la reserva del caso federal, con costas (arts. 470, 471 -a contrario sensu-, 530 y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada de la CSJN n° 15/13) y cúmplase con la remisión dispuesta, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Ante mí:

FDO.:

Liliana E. Catucci.

Eduardo Rafael Riggi.

Mariano Hernán Borinsky.

Ante mí:

Walter Daniel Magnone.

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