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Responsabilidad de la Prov de Sta. Fe por la muerte de un interno que se auto inflingió golpes letales por un lapso de tiempo prolongado.

codigoPenalPartes: P. de L. C. E. c/ Provincia de Santa Fe s/ daños y perjuicios

Tribunal: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario

Sala/Juzgado: 2

Fecha: 15-oct-2013

Cita: MJ-JU-M-82487-AR | MJJ82487 | MJJ82487

La ausencia de una respuesta adecuada en la emergencia hace que deba atribuirse responsabilidad a la Provincia de Santa Fe por deficiente prestación del servicio (art.1112, CCiv.) al morir un interno que se auto inflingió golpes letales por un lapso de tiempo prolongado sin que los guardia cárceles hicieran nada al respecto. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde responsabilizar a la provincia demandada por deficiente prestación del servicio – en el caso, por funcionarios de un establecimiento penitenciario- desde que el ordenamiento civil argentino hace de la responsabilidad pública del Estado y de la responsabilidad de los funcionarios o agentes públicos un tema propio, donde las diferencias desaparecen y la asimilación con las personas jurídicas privadas y sus agentes o administradores apunta a ser completa y en el caso, los hechos ocurrieron a la vista de los dependientes del Estado, durante un prolongado lapso temporal que hubiera permitido tomar decisiones que habrían salvado la vida del interno.

2.-Toda vez que de la prueba testimonial surge que el interno estuvo autolesionándose, sin solución de continuidad y fuera de sí – sin asistencia psiquiátrica-, en el ámbito de los Tribunales de Rosario – rodeado de personas que hubieran podido colaborar-, por espacios mayores a una hora; frente a la atenta y constante mirada de cuatro guardias que se encontraban capacitados para proveer a su seguridad y sin embargo tales agentes no se acercaron, invocando la patología infecciosa que aquejaba al reo – HIV – riesgo que rápidamente podría haber sido conjurado agregando anteojos a los guantes de látex que ya tenían puestos; no cabe mas que responsabilizar al estado que por intermedio de sus servicios penitenciarios tiene la obligación de custodiar a quienes se encuentran cumplimiento una condena.

3.-Se vulneraron por la demandada las normas que hacen a la cautela de la vida y salud de quienes se encuentran cumpliendo una condena en un servicio penitenciario toda vez que el Estado, por intermedio del servicio penitenciario tiene la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física o moral siendo la la seguridad un deber primario que no importa solamente el resguardo de los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia, sino también los de los propios penados, cuya readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema y al que no sirven formas desviadas del control penitenciario.

4.-A los fines de la cuantificación del rubro pérdida de chance derivada del fallecimiento del interno que se encontraba cumpliendo una condena en el servicio penitenciario demandado no podrá perderse de vista que el beneficio atiende a lo que la víctima podría aportar en lo futuro al reclamante circunstancias que son valoradas y que en el caso se encuentra francamente relativizada atento a la particular situación, tanto legal como, sobre todo, médica, del occiso por lo que se fija el monto atento facultades conferidas por el art. 245 del CPCC.

5.-A los fines de la fijación del quantum del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste.

Fallo:

Rosario, 15 de octubre 2013.

VISTOS: Los presentes caratulados «P. DE L., C. E. c. Provincia de Santa Fe s. Daños y Perjuicios», Expte. Nro. 1394/2001, y su acumulado «P. DE L., C. c. Provincia de Santa Fe s. Declaratoria de Pobreza», Expte. Nro. 22/1999, ambos en trámite por ante este Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario, venidos a despacho a fin de dictar sentencia conforme se ordena a fs. 231 de los citados en primer término, de los que surge lo siguiente.

1. A fs. 73 y ss., F. P. de L. (representado por su progenitoria C. E. P. de L.) promueve demanda de indemnización de daños y perjuicios contra la Provincia de Santa Fe, tendente a la percepción de los siguientes rubros: daño material por pérdida de chance; y daño moral.

Relata que su padre C. G. F. C. se encontraba alojado como interno de la Unidad II de Las Flores, desde el 27.01.1997. En fecha 03.02.1997 fue trasladado a la ciudad de Rosario para comparecer por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia de la Decimoprimera Nominación, a fin de denunciar al personal penitenciario por apremios ilegales y amenazas.

Luego de cumplir tales diligencias, bajo la custodia de los agentes Jorge Jesús Miño, Carlos Alberto Castillo, Edgardo Héctor Ismael Farías y José Ramón Zapata, fue alojado en una celda, en donde fue brutalmente golpeado por sus guardias. Trasladado nuevamente a la unidad penitenciaria, se constató su deceso.

Imputa responsabilidad con base en los arts. 1109, 1112 y 1113, CC.

Refiere el agotamiento de la vía administrativa previa.

Funda su derecho y ofrece pruebas.

2. Citada y emplazada la parte demandada (fs. 87), a fs. 101 y ss. comparece y contesta la demanda la accionada Provincia de Santa Fe, negando puntualmente los hechos afirmados por la contraria en el escrito inicial.Reconoce la ocurrencia del hecho dañoso, así como las circunstancias de personas, tiempo y lugar.

Aduce que no se ha podido determinar con certeza la causa de la muerte de C., que la conducta desplegada por parte del personal del servicio penitenciario ha sido la correcta, y que la decisión del reo de quitarse la vida a golpes dentro de su propia celda, amenazando a los guardiacárceles, genera interrupción del nexo causal.

Ofrece pruebas.

3. Proveídas las pruebas (fs. 108), constan como producidas en autos las siguientes: a) informativas: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción de la Décima Nominación de Rosario (fs. 113 y ss., fs. 179 y ss.), Archivo Tribunales de Rosario (fs. 117, fs. 183 y ss., y fs. 189 y ss.), Unidad Regional II (fs. 151 y ss.), y Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción de la Undécima Nominación de Rosario (fs. 153 y ss.); b) pericial: psicológica (fs. 122 y ss.); y c) instrumentales: los caratulados «P. DE L., F. c. C., C. u Otra s. Filiación», Expte. Nro. 2106/1998, y su acumulado «P. DE L., C. c. HERRERA, Ana María y Otros s. D. de Pobreza», Expte. Nro. 606/2005, que tramitaran por ante el Tribunal Colegiado de Familia de la Quinta Nominación de Rosario; los caratulados «C., C. Gabriel Félix s. Su muerte», Sumario Nro. 36/1997, que tramitara por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción de la Sexta Nominación de Rosario (consta en original segundo cuerpo con cuerpo anexo del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción de la Décima Nominación de Rosario, y en copias simples el Sumario completo).

Designada la audiencia a los fines del art. 555, CPCC (fs. 174) y habida la misma (según da cuenta el acta de fs. 231), quedan los presentes en estado de emitir pronunciamiento definitivo.

Y CONSIDERANDO:

1.Liminarmente ha de tenerse presente que el accionante reclamó su pretensión ante la Administración, en cumplimiento de la exigencia legal del art. 1° de la Ley de defensa en juicio del Estado (Nro. 7.234, texto según ley Nro. 9.040), pretendiendo se lo indemnice por los daños causados que aquí reclama (cf. fs. 9 y ss., Expte. Nro. 22/1999).

La demandada Provincia de Santa Fe no se expidió al respecto, razón por la cual el actor dedujo pronto despacho en fecha 04.11.1999 (fs. 15 del citado expediente).

No constando el dictado de Resolución administrativa, queda expedita la vía judicial (arg. art. 1° citado).

2. En lo que atañe a la legitimación activa, ha de indicarse que en los caratulados «P. DE L., F. c. C., C. u Otra s. Filiación», Expte. Nro. 2106/1998, que tramitara por ante el Tribunal Colegiado de Familia de la Quinta Nominación de Rosario, se dictó la Sentencia Nro. 6778, de fecha 05.09.2007, por la cual se resolvió que «el menor F. P. de L. (.) es hijo de C. G. F. C. (.)» (fs. 153 del citado trámite).

3. Cabe indicar, como previo al análisis de los hechos expuestos por la parte actora, que en el proceso penal se ha dispuesto el sobreseimiento de los imputados, en función de lo previsto por los arts. 356 inc. 2° y 208, Código Procesal Penal (vide Resoluciones Nros. 204, 203, 202, 201 y 200, de fecha 08.03.2000, en copias certificadas a fs. 226 y ss.).

Tales decisiones firmes permiten al Tribunal Civil examinar la responsabilidad de la hoy demandada en el hecho, por la distinta naturaleza de la responsabilidad penal y civil, extremo que se hace constar expresamente por la disposición contenida en el art. 1103, CC.

4. De la prueba rendida en autos, que se evaluará bajo la perspectiva de dilucidar sólo los aspectos controvertidos dado que las cuestiones admitidas no requieren acreditación (arg. art. 145, CPCC; cf.C.S.J.P.S.Fe, 29.12.1993, in re «MEDINA, Santa Teresa c. Techint S.A. -Daños y Perjuicios- s. Recurso de Inconstitucionalidad», en A. y S., tomo 105, págs. 207/212), surge lo siguiente.

En autos se encuentran acompañadas fotocopias simples del Sumario penal (a excepción del segundo cuerpo, que obra en original). No habiendo las partes controvertido tales constancias, se las analizará en lo sucesivo para establecer los aspectos fácticos que resulten de relevancia a los fines de resolver la presente causa.

Ante la preventora declaró Jorge Jesús Míño, narrando que «soy empleado penitenciario (.) en la fecha siendo las 05.15 horas aproximadamente, salimos de la cárcel de Las Flores junto al chofer el Sr. Hugo Pizarro, y el interno llamado C. C., yo iba a cargo de dicha comisión, porque lo trasladábamos a dicho interno hasta Sentencia Uno de Tribunales de la ciudad de Rosario, haciendo como es de costumbre una especie de trasbordo en la cárcel de Coronda, allí lo hacíamos subir al otro móvil que se trasladaba hasta Rosario y todo fue normal, yendo el mismo con las esposas puestas, al llegar al Palacio de Justicia, eran las 08.15 horas aproximadamente, lo bajamos del móvil y lo ingresamos a la sala de presos, lo anunciamos al Juzgado de Sentencia Uno, nos dijeron que esperemos que iban a avisar cuándo teníamos que subir, pasados unos minutos llaman por teléfono y nos dicen que lo llevemos hasta Instrucción 10ma., allí se comenzó a portar mal con actitudes de rebeldía, diciendo que él no iba para ese Juzgado, que no nos hagamos los vivos, que él no era ningún gil, que hacía seis años que tenía la enfermedad del SIDA, y él sabía lo que tenía que hacer si le trataban mal, en ese Juzgado de Instrucción 10ma.el mismo hace una denuncia manifestando ser víctima de lesiones «apremios ilegales» en la cárcel de Coronda diciendo que había sido un domingo, y también en Las Flores en la mañana antes de salir de comisión, por un empleado de la comisión, se da vuelta y dice «pero no por este empleado», señalándome a mí, «si yo lo veo lo reconozco» manifestando al mismo tiempo que no creería regresar a Las Flores porque iba a ser boleta, diciendo que la única forma que lo llevarían a Las Flores era muerto (.) nos manda al forense donde lo examinan, pero desconozco lo que tomó nota, y después lo trasladamos a Crimen 1ra. donde le leen una decisión del Juez, al parecer le denegaban un habeas corpus porque no quería estar en Rosario, en la cárcel de Coronda ni en Las Flores, sino en una comisaría y/o centro de rehabilitación, tomando nuevamente una actitud de rebeldía y diciéndole al Secretario de dicho Juzgado que la única forma de trasladarlo va a ser muerto, «me hago pedazos porque yo sé lo del SIDA», amenazando que a él no lo iban a llevar engañado, comenzándose a golpear en el ascensor y en la celda, entonces nosotros llamamos por teléfono al Juzgado diciéndole lo que estaba ocurriendo, y este Juzgado de Instrucción dijo que iban a poner en conocimiento del Juzgado de Sentencia Uno, asentando una denuncia allí se hizo presente un defensor quien trató de calmarlo pero no lo consiguió porque esta persona se seguía golpeando, solicitando ver un familiar (.) entonces éste continuó con todas las amenazas al mismo tiempo que le dijo al defensor que él también lo engañaba, fue donde dijo éste que lo sacáramos de allí y bueno después pasadas varias horas del Juzgado llaman a un empleado de la comisión donde nos entregaron un oficio que denegaba todo lo solicitado por este interno, como pudimos lo subimos al móvil donde éste siguió golpeándose y lo trasladamos hasta Coronda,allí lo subimos a nuestro móvil pero él ya estaba tranquilo (.) no obstante cuando veníamos cerca de la cancha de Colón se sintió un golpe pero parecía que se había caído porque se estaba parando, nosotros lo controlábamos cada quince minutos aproximadamente, pero venía bien (.) al llegar al control de Las Flores nos dimos cuenta que estaba desvanecido, entonces fuimos hasta la guardia, dimos aviso al oficial, de inmediato bajó el enfermero, le tomó la presión y dijo que tenía una presión de 8/4, que lo lleven urgente a un hospital, entonces enseguida lo llevamos al psiquiátrico, donde le ponen un suero y lo examina un médico clínico, quien nos dijo que esta persona, el interno, había dejado de existir (.) en la mañana estaba yo solo y el chofer, y de reg reso de Coronda hasta Las Flores, como apoyo, el Sr. Alfredo Cuevas (.) sólo en algunas oportunidades forcejeábamos con él pero esta persona [el interno] fue quien se golpeaba en todo momento (.)» (fs.6 y ss., Sumario penal).

Adicionó luego que el detenido «manifiesta que no tiene intención de regresar a la Unidad de Las Flores, que la única forma que lo sacaran de allí es muerto (.) [advirtiendo que] «saben bien lo que es HIV positivo, me corto y comienzo a desparramar sangre por todos lados y yo no soy gil, no traten de engañarme porque me muerdo y les escupo sangre en los ojos» (.), en un momento dado dice el interno «Ustedes me van a (.) llevar de nuevo a Las Flores» y comienza a golpearse la cabeza contra una puerta de rejas (.) lo llevamos nuevamente a la sala de detenidos y lo pusimos en la celda donde comienza a autolesionarse con golpes, luego se hace presente el defensor del interno donde lo trata de convencer de que desista de su actitud, no logrando nada al respecto, comienza nuevamente a amenazar al personal en presencia del defensor (.) al tomar conocimiento el interno del Oficio [denegándole el traslado] se tomó a golpes la pared, sufriendo un ataque de nervios, negándose a salir de la celda escupiendo sangre en actitud de demente (.)» (fs. 12, Sumario penal), y también que en el entrepiso donde está el pasillo y ascensor para traslados de presos «comenzó a gritar hasta golpearse contra una puerta de rejas de hierro que hay en dicho lugar, pero esto lo hacía con una violencia inusual, en forma descontrolada, se daba el rostro y la cabeza contra los barrotes en forma tremenda, y hasta llegó a escupir al empleado Zapata que intentó tomarlo, en eso Castillo baja las escaleras y le da conocimiento de lo que estaba pasando a los gritos a Serrano, momento en el cual C. se dirige hacia las mismas escaleras por las que previamente había bajado rápidamente Farías, a quien C. le dice «correte porque nos vamos los dos», y fue en ese momento que C.se lanzó como venía por dicha escalera, aun esposado, cayendo pesadamente por todos los peldaños de la misma, hasta llegar al suelo, donde como pudo se volvió a incorporar, pero el golpe que se dio fue terrible, él se largó de cabeza, como si se hubiese lanzado a una pileta, allí seguía con los gritos (.) esta vez se lo alojó en una celda solo, donde siguió golpeándose contra las paredes de dicha celda, si mal no recuerdo esto lo hizo en forma continua durante más de una hora, tal vez un poco más, sin que dejara de hacerlo pese a nuestros reclamos y amenazando en todo momento con escupirnos a los ojos con su sangre (.) se puso como loco, y mordía la lengua a fin de amenazarnos con escupirnos, entonces no fue fácil sacarlo de la celda, en la cual se arrinconó en el fondo de la misma (.) se lo lleva siempre empleando la fuerza debido a que era mucha la resistencia que ofrecía y fue cuando saliendo del edificio nos topamos con una parte que al parecer está en refacciones y nos caímos todos al tropezar con unos contenedores construidos con tablas de quince, allí nos caímos y él queda boca arriba, él aprovecha y le da una patada a Ramos, y entre todos decíamos agarralo y logramos hacerlo, hasta llegar al colectivo donde lo hicimos ingresar a la parte posterior, se lo colocó en el asiento trasero y se lo esposó quedando la cadena un tanto larga lo que posibilitaba golpearse solo nuevamente, entonces se lo debió volver a esposar previo a enrollar la cadena a fin de que quede más corta (.) en cercanías del Club Colón se escuchó un fuerte ruido desde atrás del móvil, me asomé por la ventanilla del compartimento de internos y vi que éste estaba en el piso incorporándose, le pregunté si necesitaba algo y éste se fue levantando lentamente y quedó sentado demostrando estar no muy bien (.)» (fs. 87 vta. y ss., Sumario penal).

Finalmente también expresó que «C.se azotaba contra todo, como ya decía, de manera impresionante, como yo nunca antes había visto, totalmente descontrolado (.) comenzó a pegarse la cabeza contra un caño de metal de unos 10 o 12 cm. de diámetro. Decía «Yo a Santa Fe no vuelvo, la única forma de volver es muerto, ves cómo» y comienza a golpearse la cabeza contra el caño (.) luego de ingresar a la celda continúa golpeándose (.) cuando lo íbamos llevando y en vez de tomar hacia el ascensor que lleva a los Juzgados nos dirigimos hacia otro lado, hace un movimiento como sorprendido, y ahí lo abrazan Zapata y Castillo y cuando veo que intenta escupir a Zapata y es cuando yo alcanzo a poner la mano evitando que le escupa a Zapata en el rostro y le tapo la boca. Ramos lo levanta de los pies y lo íbamos trasladando así boca abajo, yo tapándole la boca. Así caminamos los aproximadamente 40 metros en pendiente ascendente que tiene la rampa que conduce del subsuelo hacia la calle. (.) Una vez que salimos a la calle vamos por una vereda y al llegar a la esquina en que tenemos que doblar para llegar al móvil que estaba a unos 50 metros más adelante, había en el lugar unos contenedores de madera con tierra y escombro. Al ver el colectivo, C. patalea y le pega a Ramos y trastabillamos todos, fue algo muy rápido que no recuerdo bien, pero C. cae al piso quedando boca arriba (.)» (fs. 183 y ss., Sumario penal).

Raúl Adolfo Ramos, a su turno, puntualizó que al interno «se lo veía muy nervioso y exaltado, a la vez que insultaba a quien se le ponía en su camino, entonces, luego de lograr introducirlo en una celda de la sala, tomé conocimiento por intermedio de lo que hablaban estos empleados que C.había protagonizado un inconveniente en Sentencia Uno, que se había golpeado solo y que se había caído por una escalera (.) yo mismo vi por la mirilla que posee la celda donde fue alojado como C. se golpeaba solo contra las paredes de la celda, se daba la cabeza contra la pared y levantaba sus brazos y se azotaba con la parte del torso contra las mismas paredes, es más, intentó romper un vidrio grueso, tipo blindado, con las esposas que tenía colocadas pero no lo logró, nosotros intentamos calmarlo a fin de que cese en su actitud (.) pero no dio importancia a lo que le decíamos y seguía insultando (.) al vernos a nosotros que estábamos custodiándolo con los guantes quirúrgicos colocados, debido a que C. es enfermo y portador de SIDA, éste aun más nos insultaba (.). Pasados unos minutos se puso nuevamente violento a raíz de no tener respuesta alguna de su defensor, ocasión en la cual volvió a golpearse solo como antes le explicaba, se lo volvió a hablar para que se calmara y le dijimos que hablaríamos por teléfono para acelerar el trámite, en ese momento Castillo habla al Juzgado y le comunica que el preso C. seguía autolesionándose (.) luego de un momento Castillo baja con un oficio del Juzgado de Sentencia Uno, creo en el cual se ordenaba que reintegre a C. a la Unidad Dos (.) cuando Castillo llega con esta novedad, se la transmite a C.que permanecía en la celda, y esto fue para peor, debido a que continuó con sus golpes contra las paredes, a lo que hablarle parecía inútil realmente, pero de todos modos le abrimos la puerta pero éste no quería salir, se arrinconó a un costado de la celda y nos invitaba a entrar de a uno a la celda, en eso también decía «mirá que por el lagrimal también se contagia el SIDA, si entran les escupo los ojos (.)» y ya se notaba sangre en su boca, debido a que nos mostraba un corte en su lengua o paladar, y juntaba saliva para escupir a quien entrara, entonces se dispuso volver a cerrar la puerta de la celda (.). [Al salir del edificio de Tribunales] pretendió frenarse, preguntó a dónde íbamos, se le dijo que al móvil y éste se quiso resistir, allí entre todos lo sujetamos y lo redujimos fácilmente, siendo que Miño logró taparle con su guante la boca, justo en el momento en que C. iba a escupir a Zapata, una vez reducido se lo sujetó a fin de que no vuelva a golpearse ni tirarse en el suelo, y lograr de este modo hacerlo subir al móvil, lo cual se logró, hasta llegar a esposarlo al último asiento del colectivo (.) en ningún momento pidió asistencia médica ni manifestó alguna dolencia (.)» (fs. 65 y ss., Sumario penal).

José Ramón Zapata indicó que «(.) en forma radial me es comunicado por el encargado de la comisión que rápidamente me dirigiera al Juzgado de Sentencia Número Uno, por cuanto el interno C. estaba haciendo desorden dentro del mismo Juzgado.Al hacerme presente (.) ingreso al interior de las oficinas de dicho Juzgado donde provenían gritos (.) me encuentro en una oficina con el detenido C., el cual se hallaba con medio cuerpo encima del escritorio (.) se nos ordenó que lo bajáramos a la sala penitenciaria, subimos a la escalera que comunica a los interiores de los Juzgados, por medio de una escalera de metal, tipo chapón, con barandas de madera, la cual posee una altura de unos tres a cuatro metros con una posición inclinada. En el entrepiso de esta escalera hay una puerta de rejas que comunica a los Juzgados de Sentencia Dos y Cuatro, al igual que con el ascensor. Subimos dicha escalera (.) al haber cerrado dicha puerta luego de traspuesta, se escuchó decir al detenido «Se creen que me van a empaquetar otra vez, acá me voy a hacer pedazos», pegándose dos cabezazos a la puerta de rejas, por lo que el empleado Farías descendió la escalera para avisar que nuevamente se había puesto nervioso y se agredía solo, se escuchó por parte de C. «Hacete a un lado porque te llevo abajo conmigo», tirándose desde la escalera (.). Nosotros mucho no nos queríamos acercar, dado que el mismo era portador de HIV, poseía un coágulo de sangre en su boca, producto de haberse mordido la lengua en el Juzgado, por lo cual nos amenazaba que nos iba a escupir (.). En el interior de dicha celda este detenido seguía golpeándose solo contra las paredes (.) le es manifestado al detenido que sería trasladado al móvil para regresar a la Unidad de origen, oportunidad en la que toma nuevamente una postura de rebeldía, intentando forcejear, por lo que yo lo tomo de uno de sus brazos y el otro no me acuerdo, ocasión en la que C.dirige su mirada hacia mí lanzándome un escupitajo, oportunidad en la que Miño, encargado de éste, coloca su mano provista al igual que todos de guantes de látex (.) se lo tomó de los brazos y se lo trasladó al móvil, tratando de no ocasionar ningún perjuicio o molestia. Una vez en el móvil, nuevamente se lo esposó al final del colectivo, donde se golpeó dos veces con la butaca delantera a la altura de su cabeza (.)» (fs. 69 y ss., Sumario penal).

Este último extremo ha sido reafirmado por el testigo Mario Luis Ortiz, quien puntualizó que «logré ver como C., luego de ser colocado en el asiento, golpeaba su cabeza contra el respaldo del asiento que tenía delante de él, esto sí lo pude ver (.)» (fs. 74, Sumario penal).

Carlos Alberto Castillo advirtió que antes de salir hacia Rosario, «al efectuarse la requisa pude comprobar que el preso tenía unas marcas en la espalda y brazo, y ante esto Miño me dijo que eran golpes ya constatados previamente (.). [Ya en el edificio de Tribunales] el empleado Farías me dijo que C. se había golpeado contra la puerta de rejas arriba de la escalera como así que se había arrojado solo por las escaleras esposado, diciéndole a Farías que se corra debido a que si no se iban los dos juntos para abajo (.). Cuando lo metimos en esa celda, C.se comenzó a dar solo contra las paredes de la misma, de una forma descontrolada, se daba con los brazos y con su espalda contra las aristas internas de las paredes, que están cerca de la puerta de la celda, también se daba la cabeza y el rostro contra la pared y contra la misma puerta de chapón, y todos los intentos nuestros por que se calmara fueron vanos en razón de que éste no hacía ningún tipo de caso (.) bajé a la sala con el oficio, del cual le di conocimiento a C., y éste aun más se golpeaba a sí mismo contra las paredes, pero no obstante esto dispuse colocarse los guantes quirúrgicos a fin de trasladar a C. al móvil, yo lo invité un montón de veces a que saliera pero éste no quería y se veía claramente como estaba con sangre en su boca dispuesto a escupir a quien entrara (.) entre todos fue fácil reducirlo y no permitirle que siga golpeándose, no obstante tiró varias patadas, pero de todos modos se lo llevó hasta la explanada que hay para salir del Palacio de Justicia, desde allí y por la vereda, caminamos con el preso, donde nos caímos entre unos contenedores de tierra debido a que había una construcción (.)» (fs. 99 y ss., Sumario penal).

Heraldo C. Acosta también dijo que al momento en que el interno debía ingresar al rodado para regresar «no quería realizarlo, así que debió ser cargado (.). En ocasión de esposarlo en la parte trasera del móvil, éste proseguía realizando fuerza, para evitar proseguir con la comisión ordenada, demostrando un alto nivel de ferocidad, mientras que con su cabeza se golpeaba hacia ambos lados, contra las butacas delanteras» (fs. 104, Sumario penal).

Más aun, Edgardo Héctor Ismael Farías expresó que «(.) C.no quería salir del Juzgado cuando supo que lo llevaríamos a la sala para que espere, estando arriba donde existe una puerta de rejas que conduce al ascensor de presos, éste comenzó a golpearse contra dicha puerta, tanto su cabeza como así el rostro, por lo cual bajé las escaleras a fin de darle la novedad de Castillo, cuando en forma imprevista siento que C. me grita a mí «correte porque nos vamos los dos juntos», yo que estaba a poco de llegar al descanso inferior de la escalera, me apuré y llegué a abrir la puerta que está al pie de dicha escalinata, logré abrirla y fui hacia el despacho de Serrano previo a ver como C. se lanzó de cabeza esposado hacia abajo de las escaleras, golpeándose duramente todo su cuerpo, pero apenas ocurrido esto, no sé cómo hizo, pero se incorporó entrando bruscamente al despacho de Serrano (.) luego lo hizo entrar nuevamente a la celda donde no dejaba de golpearse contra las paredes de la misma (.) Castillo subió a gestionar qué era lo que iba a suceder con el interno C., y luego de un rato bajó con un oficio en donde se ordenaba que el mismo debería ser trasladado nuevamente a Las Flores, esto hizo enloquecer aun más a C. quien se volvió a autolesionar nuevamente con golpes contra las paredes de la celda donde estaba solo (.)» (fs. 105 y ss., Sumario penal).

En análogo sentido depuso Alfredo Ramón Cuevas, aseverando que «soy empleado penitenciario y mi función específica es custodia en la comisión de traslados de internos, en la fecha siendo las 14 horas aproximadamente, me mandan junto al chofer Sr.César Nardoni en el móvil, hasta la cárcel de Coronda porque allí teníamos que buscar un interno que habían trasladado por la mañana a los tribunales de la ciudad de Rosario, le puedo decir que al llegar a Coronda procedemos a trasladarlo al interno del móvil que venía de Rosario al nuestro en el que lo teníamos que traer a Las Flores, emprendiendo el regreso a Santa Fe, y lo que puedo decirle es que a cada rato, entre quince y veinte minutos, lo observábamos al mismo por el problema que había hecho en Rosario, nada más en inmediaciones cuando cruzábamos la cancha de Colón sentimos un ruido, pero éste justo se paraba, era porque se había caído; entonces cuando llegamos al control observamos que éste estaba caído nuevamente en el interior del móvil, fuimos de inmediato a la conserjería para que lo viera el enfermero, quien al tomarle la presión nos dijo que tenía 8/4 y que lo lleváramos urgentemente a un centro asistencial, trasladándolo hasta el hospital psiquiátrico que era lo más cercano que había, lo examina una doctora y después un médico clínico quien constató que había fallecido, momentos antes le había puesto un suero (.) de Coronda a Las Flores era él el único [interno que trasladábamos. Me acompañaban] (.) el chofer (.), César Nardoni y Jorge Miño (.)» (fs. 7, Sumario penal).

Luego agregó que «Yo pude apreciar en su rostro del lado izquierdo, quizás cerca del tabique, que el mismo poseía morado, semi hinchado (.). De acuerdo a las novedades que se habían dado, C. se había autolesionado en Rosario, así que estaba golpeado. Cuando yo lo veo a C., caminaba al interior de nuestro móvil solo, acompañado por nosotros, pero de una forma lenta. Miño ya me había comentado que incluso en la ciudad de Rosario, C. se había arrojado por una escalera (.)» (fs. 90 vta.y ss., Sumario penal).

De la declaración de Ángel Damián Giménez puede extraerse que se encontraba cumpliendo tareas de «enfermero a cargo de la enfermería de la cárcel (.) cuando se solicita mi presencia en la zona de la Oficina de Conserjería (.) ingreso a la misma y veo que en el suelo tirado de costado se hallaba un interno a quien reconocí como el llamado C. C., debido a que este mismo estaba alojado en la Enfermería de la Cárcel, cuando llego sólo escucho que me decían que lo controlara, lo vi desvanecido, con sus ojos cerrados, no estaba consciente ni despierto, o sea estaba como desmayado, lo acomodé en el piso y lo primero que hice fue controlar su tensión arterial, la cual me indicó que tenía una tensión de (80/40) lo que me da a entender que esta persona estaba realmente en una situación extrema, estaba grave y más aun sabiendo que era un enfermo de SIDA, es por ello que ante esto, y al no contar con los medios y elementos necesarios para brindarle una buena asistencia, además de no hallarse en la cárcel el médico de turno, debido a que hace servicio externo, opiné que era conveniente trasladarlo rápidamente a un centro asistencial, lo cual se hizo de inmediato (.). [Preguntado sobre si el paciente tenía golpes o lesiones visibles, respondió] Sí, recuerdo que poseía un hematoma visible sobre la parte del pómulo, no recuerdo qué pómulo, sangre no vi, era un golpe (.)» (fs.55 y ss., Sumario penal).

En cuanto a los restantes internos que compartieron el traslado con el occiso, Marcelo Gerardo Ifrán refiere que «cuando llegamos a los Tribunales de Rosario, más precisamente a un lugar que se denomina «leonera» ubicada en el subsuelo, creo que antes funcionaba la Alcaidía (.) pasado un tiempo escucho que en una celda lindante, el personal de la comisión lo deja a este muchacho, no obstante se escuchaba que discutían, como así algunos gritos del interno, dando la pauta que le estaban pegando. Pero le aclaro que no pude ver quién lo hacía, ya que la puerta de la celda tiene una ventana chica y tiene como agujeritos en la misma y de ahí se puede observar parados al personal de la comisión, dado a estos gritos junto a Toloza comenzamos a gritar que lo dejen tranquilo al muchacho, pero ni cinco de bola nos dieron, habrá durado un par de minutos, no le puedo precisar con exactitud, al rato no se sintió más nada y recién lo vimos a éste cuando nos llevan al colectivo (.) cuando subo al colectivo este muchacho estaba medio inconsciente, se quejaba de dolor, yo lo hablaba y no me contestaba (.) cada pozo que agarraba el colectivo, este muchacho se quejaba de dolor, todo el viaje se quejó (.) [me consta que lo agredieron físicamente] dado a los gritos que se escuchaban en la leonera, además cuando subí al colectivo (.) tenía golpes en el rostro y le salía algo de sangre de la boca y del pómulo (.) lo traían medio desmayado (.)» (fs. 59 y ss., Sumario penal).

Va de suyo, el testimonio pretranscripto no se revela útil para acreditar que el personal del Servicio Penitenciario estuviera agrediendo físicamente al occiso, habida cuenta que reconoce el propio deponente que no alcanzaba a ver el interior de la celda contigua, y sólo deduce tal extremo por los gritos que escuchaba, elemento claramente insuficiente para arribar a tal conclusión.En idéntico sentido refirió Darío Enrique Toloza que «(.) En el colectivo íbamos mi gran amigo personal C., al cual yo lo llamo por el apodo de Serrucho, junto al cual iba esposado en el mismo asiento (.). Entramos a la leonera, como llamamos a la Alcaidía y nos alojaron a los tres en una celda (.) Por el cabo de un rato largo, ya que como Serrucho estaba empezando a descomponerse, esperaron un rato, hasta que se lo trasladó a un Juzgado. Al cabo de un buen rato (.) lo trajeron según yo presumo a los empujones, ya que escuchamos que decía que no lo empujen y lo llevaron a una celda solo, justamente ubicado al lado de la nuestra, desde donde se escuchaban ruidos como si le estuvieran pegando, por lo que nosotros al escuchar estos quejidos, comenzamos a golpear las paredes, hasta que nos dijeron que nos calláramos. Estuvo cobrando cerca de media hora por lo menos, hasta que lo sacaron y le dijeron que lo iban a llevar con el defensor, mientras que por el pasillo se escuchaba que le seguían pegando (.). Durante gran parte del viaje no hablaba como si se hubiera desmayado, pero cerca de acá de Coronda, logré verle la cara toda hinchada y los pies también ya que tenía HIV, lo que al parecer lo apretaban las esposas (.) cuando le estaban pegando en la celda de Rosario, C. gritaba que nosotros estábamos de testigos que él estaba vivo (.)» (fs. 61 y ss., Sumario penal).

Nuevamente, este testimonio también refiere a conclusiones que el testigo, que no percibió visualmente la agresión que invoca habría sufrido el occiso, extrae de los gritos que escuchó, lo cual no logra conmover los anteriores testimonios analizados.

A fs. 170 del Sumario obra acta de defunción de C. G. F. C.

Examinado el cadáver en la morgue judicial, en la primera de dos autopsias que se practicaron, pudo constatarse (fs. 320 vta.y ss., Sumario penal): 1) excoriaciones en cuello lado izquierdo, brazo izquierdo, muslo izquierdo; 2) hematomas en labio superior, frontoparietal derecho, biparietal medial, brazo izquierdo, mano izquierda, y hombro derecho; 3) hematoma y equimosis toracoabdominal; 4) heridas en muñeca izquierda; 5) hematoma retroperitoneal izquierdo; 6) fracturas costales múltiples en parrilla lado izquierdo (5ta., 6ta., 7ma., 8va., 9na., 10ma. y 11ma.); 7) 3.600 c.c. de sangre libre en toda la cavidad abdominal; 8) hematoma en cola del páncreas; 9) 3 líneas de fractura en cara interna del bazo; y 10) puntos hemorrágicos en riñón izquierdo.

En relación a tales heridas se concluyó que el detenido «fue objeto en las últimas 48 horas de vida de diversos traumatismos de los cuales el más grave que produjo las fracturas múltiples costales, con la consiguiente rotura del bazo, ha hecho que se produzca la hemorragia posterior que provocó su muerte por shock hipovolémico. El bazo es una víscera de tejido friable que se puede romper por cualquier tipo de traumatismo, aunque sea mínimo. La muerte de C. G. F. C. fue producida por hemorragia masiva aguda intrabdominal por roturas de cara interna de bazo (3 -tres- roturas)» (fs. 321 vta., Sumario penal).

Sobre la producción de la herida fatal, aseveró el médico que constató la muerte, Oscar José López, que «daría la impresión, por los bordes superior e inferior del hematoma, bordes que eran redondeados, podrían corresponderse a la contusión producida por un golpe producido por la planta de un pie calzado con zapatillas, mejor dicho, no era por un golpe de zapatos, ya que era algo marcado liso y total, era como de un calzado con planta sin arco. Que quiere decir que este gran hematoma que se observaba era de los más recientes que presentaba el cuerpo, era de una evolución de 12 a 15 horas, es por ello que puse que la evolución del hematoma era de menos de 15 horas» (fs.518, Sumario penal).

Sin embargo, en oportunidad de la segunda autopsia practicada, concluyó el cuerpo médico interviniente que «No surge de la 2da. autopsia efectuada en este Instituto Médico Legal una causa cierta que acredite la muerte de C. Como «causa probable» inferimos que la misma se debió a traumatismos atento a los hallazgos fracturarios encontrados en el examen autópsico. El modo y producción de las lesiones se debe al efecto de golpear o ser golpeado con o contra superficie firme y con singular violencia, siendo el tiempo de evolución de carácter reciente (.). Dichas lesiones debieron provocar suficiente sintomatología como para ser referidas por el detenido y/o profesional actuante (.). La triple fractura debió producirse a posteriori de la entrevista entre C. y Loverse (.). Desconocemos cuál ha sido la causa de muerte de C., no pudiendo afirmar como cierta que la triple fractura costal haya sido la causal de su muerte, aunque sea éste el mecanismo probable (.). Resulta también concordante el lugar de la impronta del calzado con las fracturas y con el hematoma retroperitoneal descripto en la 1ra. autopsia (.). La producción de la triple fractura es reciente, no pudiendo determinarse el número de horas de producida y la cual se corresponde con el mecanismo de golpear o ser golpeado, compatible con el traumatismo ocasionado por la plancha de suela de calzado (.). Atento a que las fracturas se encuentran en una misma línea (alineadas), se puede inferir que fue un único golpe, o más de uno exactamente en el mismo lugar. Difícilmente resulten de autoinferimiento, más aun teniendo en cuenta la existencia de la impronta de un calzado, para la lesión que probablemente causó la muerte (.). Resulta muy poco probable que una caída desde la altura que se refiere, en un traslado «boca arriba» o «boca abajo», produzca la triple fractura. (.) En nuestra opinión, las lesiones que ocasionaron la muerte de C. se produjeron entre las 14,33 y 16,50 horas (.). Conclusiones: 1- La muerte se produjo por un shock hipovolémico.2- El shock hipovolémico se produjo por traumatismo externo. 3- El traumatismo externo se produjo en la franja horaria entre las 14,33 y 16,50 horas» (fs. 665 y ss., Sumario penal).

Como puede apreciarse, de la colecta probatoria se verifica la posibilidad de construir dos hipótesis diversas: 1) que el interno se autolesionó y falleció a raíz de las heridas que se propinara; 2) que el interno fue agredido por terceros que, atento la configuración situacional, sólo pueden ser los dependientes de la demandada que debían proveer a su custodia.

La decisión de la Alzada penal, que revocó los procesamientos oportunamente dictados respecto de los miembros del Servicio Penitenciario, toma partido por la primera de las hipótesis posibles, invocando como argumento que «mal puede sostenerse la existencia de torturas cuando siquiera mínimamente se ha demostrado que existiera agresión alguna. El lugar donde se pretende acaecieran los hechos, es impensable como el que pueda elegirse para tal tipo de agresiones por lo imposible de disimular las mismas, y de hecho, nadie parece haber advertido nada» (fs. 916 vta., Sumario penal).

4. Por la confirmación de las circunstancias del hecho dañoso, conforme los términos indicados en los puntos que anteceden, debe examinarse la responsabilidad.

Al respecto debe puntualizarse que se encuentra desechada la añeja postura que entendía que el Estado no resultaba responsable, atribuyéndosele hoy plena responsabilidad de corresponder, en virtud de múltiples factores de atribución diferenciados. Es que el ordenamiento civil argentino hace de la responsabilidad pública del Estado y de la responsabilidad de los funcionarios o agentes públicos un tema propio, donde las diferencias desaparecen y la asimilación con las personas jurídicas privadas y sus agentes o administradores apunta a ser completa.

Bien se ha expresado que «la aplicación de los principios del derecho civil en materia de responsabilidad de la administración pública tendrá un efecto moralizador innegable: el estado sanciona el derecho y debe vivir dentro de él.Sería inconcebible, al respecto, ni una separación entre administrados y administración, ni mucho menos que los actos perjudiciales a esta última, sean soportados únicamente por el que sufrió el daño y no por la colectividad toda» (SPOTA, Alberto, «Los daños causados por los bienes públicos y la responsabilidad extracontractual de la administración», en «Responsabilidad civil. Doctrinas esenciales», Buenos Aires, La Ley S.A.E. e I., 2007, tomo IV, pág. 878).

En tales términos, la moderna orientación del Derecho de daños determina que siempre que el Estado cause perjuicio, la víctima deberá ser indemnizada, sea cual fuere la actividad estatal de donde derivare el daño, aun cuando se consideren las particularidades referencias publicistas.

4.1. Así, dentro de la órbita extracontractual, el Estado puede estar obligado a responder tanto por su actividad lícita, como por su accionar ilícito.

En el primer supuesto, es menester que se configure alguna razón por la cual el Estado debe responder de aquellos daños que el Derecho estima injusto pesen sobre un sujeto particular y no sobre toda la comunidad, desplazándose el presupuesto de la antijuridicidad (art. 1066, CC).

Múltiples posiciones teóricas se han propugnado sobre la cuestión, proponiéndose que el Estado responde en función de la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad (arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional; cf. C.S.J.N., 26.02.1943, in re «LAPLACETTE, Juan -Suc.-«, en Fallos 195:66), o también con asidero en la igualdad frente a las cargas públicas (vide C.S.J.N., 13.05.1982, in re «GÓMEZ ALZAGA, Martín B. c. Provincia de Buenos Aires», en Fallos 304:674; C.S.J.N., 17.12.1985, in re «TORRES, Guillermo y Otra c. Provincia de Buenos Aires», en LL 1986-D, pág.3; entre muchos otros).

Así, aunque no se le pueda imputar ilegitimidad en el accionar, el Estado responderá cuando los sujetos individualmente considerados no deban sufrir exclusivamente un daño causado por un actuar en beneficio para la comunidad.

En el segundo supuesto (cf. art. 18, Constitución de la Provincia de Santa Fe), se han analizado diversos casos en los que el Estado ha de responder.

Es que puede atribuírsele reproche por sus omisiones antijurídicas (arg. art. 1074, CC; cf. C.S .J.N., 02.07.1991, in re «LANATI, Marta N. y otros c. Dirección Nacional de Vialidad», en Fallos 314:661), o por la deficiente prestación de un servicio (arg. art. 1112, CC; cf. C.S.J.N., 30.06.1977, in re «Industria Maderera Lanín S.R.L. c. Estado Nacional», en Fallos 298:223; C.S.J.N., 18.12.1984, in re «VADELL, Jorge F. c. Provincia de Buenos Aires», en La Ley 1985-B, págs. 3 y ss.; C.S.J.N., 22.12.1994, in re «BRESCIA, Noemí L. c. Provincia de Buenos Aires y Otros», en Fallos 317:1921; C.S.J.N., 19.10.1995, in re «BADÍN, Rubén y Otros c. Provincia de Buenos Aires», en LL 1996-C, pág. 585; C.S.J.N., 19.10.1995, in re «BALDA, Miguel A. c. Provincia de Buenos Aires», en Fallos 318:1990; entre muchos otros; CASSAGNE, Juan Carlos «La Responsabilidad del Estado por omisión» en LL 1989-C, pág. 512; y HUICI H., «La responsabilidad del Estado por omisión», en LL 1993-D, pág. 829), inclusive cuando ello sea consecuencia de actividad reglada (vide C.S.J.N., 13.10.1994, in re «Román S.A. c. Estado Nacional», en LL 1995-B, págs. 440 y ss.; C.S.J.N., 11.06.1998, in re «L., J. de la C. y otros c. Provincia de Corrientes», en Fallos 321:1712; C.S.J.N., 18.07.2002, in re «ROBLES, Ramón C. c.Provincia de Buenos Aires y otros», en Fallos 325:1855; C.S.J.N., 20.03.2003, in re «LEMA, Jorge H. c. Provincia de Buenos Aires y otros», en Fallos 326:820; C.S.J.N., 08.05.2007, in re «POULER, E. R. c. Estado Nacional», en Fallos 330:2112; entre muchos otros), o de la conducta ilícita de sus agentes (arg. art. 43, CC; vide C.S.J.N., 09.12.1993, in re «GÓMEZ ORUÉ de GAETE, Frida A. y Otra c. Provincia de Buenos Aires y Otros», en Fallos 316:2894), resultando aplicables al Estado las normas del sistema objetivo de responsabilidad por riesgo o vicio de la cosa de la que es dueño o se vale, en los términos del art. 1113, CC.

4.2. Las probanzas rendidas, que se han merituado precedentemente, resultan elocuentes para conducir a este Tribunal a entender que la prestación del servicio penitenciario, proveído por la demandada Provincia de Santa Fe, ha sido claramente deficiente (art. 1112, CC).

En tal sentido, el concepto de falta de servicio, en los términos del máximo Tribunal nacional, parte de la idea de que «quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución» (Fallos 306:2030 y 312:1656, entre muchos otros; y también BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, «La Responsabilidad del Estado en el Ejercicio del Poder de Policía», en LL 1990-C, pág. 429).

Y es que, aun tomando por cierta la primera hipótesis planteada (como lo hizo la Alzada penal), esto es, que el interno se autolesionó y falleció a raíz de las heridas que se propinara, la responsabilidad de la demandada deviene inexcusable. Va de suyo que en la segunda hipótesis planteada, esto es, que el interno fue agredido por dependientes de la demandada, la responsabilidad también habría de serle atribuida (arg. arts.43 y 1113, CC).

En efecto, de una lectura de los testimonios vertidos en autos surgen conclusiones que no pueden sino ser calificadas de sorprendentes, tales como: 1) el interno estuvo autolesionándose, sin solución de continuidad y fuera de sí (pese a lo cual no se le proveyó asistencia psiquiátrica), en el ámbito de los Tribunales de Rosario (por ende, rodeado de personas que hubieran podido colaborar con la situación), por espacios mayores a una hora; 2) lo expresado sucedió frente a la atenta y constante mirada de, por lo menos, cuatro guardias (Jorge Jesús Miño, Carlos Alberto Castillo, Edgardo Héctor Ismael Farías y José Ramón Zapata) que se encontraban capacitados para proveer a su seguridad; 3) sin embargo, tales agentes no se acercaron, invocando la patología infecciosa que aquejaba al reo (riesgo que rápidamente podría haber sido conjurado agregando anteojos a los guantes de látex que ya tenían puestos); 4) los precitados miembros del servicio penitenciario (con la colaboración de un quinto guardia, Raúl Adolfo Ramos), aun con la superioridad numérica a su favor, ante las brutales autoagresiones que refieren haber percibido, sólo intentaron disuadir al hoy occiso requiriéndole verbalmente que cesara en su actitud, sin ocultar lo que para todos resultaba evidente: que C. no estaba en condiciones de escuchar razones según coinciden los testimonios; 5) ante la ausencia de solicitud de asistencia médica por parte del interno, tanto con anterioridad (frente al desborde emocional que evidenciaba) como con posterioridad (con evidentes heridas físicas percibidas por múltiples testigos) a la abrumadora situación descripta, inexplicablemente sus guardias no consideraron necesario requerirla.

4.3. La gesta constituyente de 1853 estableció que «(.) Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas (.)» (art. 18, CN). En idéntico sentido, la Constitución de la Provincia de Santa Fe prescribe que «(.) Las cárceles serán sanas y limpias y adecuadas para la readaptación social de los internados en ellas (.)» (art.9).

Tales mandatos también han merecido oportuna recepción en variados instrumentos de Derecho internacional, algunos de ellos con jerarquía constitucional a tenor de lo normado por el art. 75, inc. 22, de nuestra Carta Magna (a título ejemplificativo, y sin pretensión de ser exhaustivos, p. c. arts. 4 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 6, 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 de la Convención Internacional contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; arts. 6 y 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño; arts. I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 2 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura; principio 6 de los Conjuntos de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión; entre muchos otros; cf. FIERRO, Guillermo J., «La ley penal y el Derecho Internacional», 2a. edición, Buenos Aires, TEA, 1997).

La doctrina especializada también ha remarcado puntualmente el deber de los establecimientos carcelarios de propender a la reinserción social del condenado (vide NEUMAN, Elías, «Cárcel y pena privativa de la libertad», en SABSAY, Daniel A. -Director-, MANILI, Pablo L. -Coordinador-, «Constitución de la Nación Argentina y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial», Buenos Aires, Hammurabi, 2009, tomo I, págs. 865 y ss.; y también GELLI, María Angélica, «Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada», 4a. edición ampliada y actualizada, Buenos Aires, La Ley S.A.E. e I., 2008, págs. 312 y ss. Para ampliar en el ámbito nacional, p. c.el artículo «El libro negro de las cárceles federales», en Diario Judicial del 26.09.2012, disponible en fecha 27.09.2012 en versión electrónica en la dirección http://www.diariojudicial.com/contenidos/2012/09/25/noticia_0003.html).

En tal sentido la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que aunque muchas veces la realidad se empeña en desmentirlo, dicha cláusula tiene un sentido operativo. Como tal impone al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física o moral. Destaca en tal sentido, que la seguridad como deber primario del Estado, no importa solamente el resguardo de los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia, sino también los de los propios penados, cuya readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema y al que no sirven formas desviadas del control penitenciario (Fallos: 318:2002).

Enfervorizadamente agregó el Alto Tribunal que si el Estado no puede garantizar la vida de los internos ni evitar las irregularidades, de nada sirven las políticas preventivas del delito ni menos aun las que persiguen la reinserción social de los detenidos. Es más, indican una degradación funcional de sus obligaciones primarias que se constituye en el camino más seguro para su desintegración y para la malversación de los valores institucionales que dan soporte a una sociedad justa.

Más aun, la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe (Nro.8.183) dispone en su artículo 3° que son funciones del Servicio Penitenciario «a) Velar por la seguridad y custodia de las personas sometidas a proceso, procurando que el régimen penitenciario contribuya a preservar y mejorar sus condiciones morales su educación y su salud física y mental; b) Promover la readaptación social de los condenados a sanciones privativas de libertad (.)». Análoga prescripción encontramos en el art. 5° de la correspondiente normativa nacional (Ley Nro. 20.416).

En el caso de autos se verifica que el sentido de las citadas disposiciones ha sido vulnerado por la demandada, habida cuenta que no se cauteló debidamente la vida y la salud del hoy fallecido.

4.4. Hecha la aclaración precedente, resta por establecer si el hecho de la víctima interfirió o interrumpió el nexo de causalidad adecuada entre el acto del ente público y el daño producido.

Entiende este órgano jurisdiccional que la respuesta negativa se impone.

En efecto, los hechos ocurrieron a la vista de los dependientes del Estado, durante un prolongado lapso temporal que hubiera permitido tomar decisiones que habrían salvado la vida del interno.

Máxime que el propio C. expresamente explicó a los guardias cuál era su intención, cumpliéndola frente a la inacción de quienes legalmente debían asegurar su bienestar físico y no lo hicieron.

En estos términos, pretender que la actitud del ho y occiso se erigía en valladar infranqueable para proveer a su cuidado, se evidencia argumentación carente de sustento. Si los órganos del Estado así lo hubieran querido, múltiples conductas podrían haberse adoptado para evitar el resultado dañoso.

Por todo lo expresado, este órgano jurisdiccional concluye que la ausencia de una respuesta adecuada en la emergencia hace que deba atribuirse responsabilidad a la demandada Provincia de Santa Fe por deficiente prestación del servicio (art.1112, CC).

5. Despejada la atribución de responsabilidad, debe pasarse revista a los daños cuya indemnización se demanda.

5.1.En relación al rubro daño material por pérdida de chance, se ha expresado que «Nada autoriza a establecer una pauta monetaria mínima igualitaria e indiferenciada correspondiente a un valor «vida humana» o «pérdida de vida humana», como monto indemnizatorio, con prescindencia de todo otro perjuicio cierto» (C.A.C.C.Ros., en pleno, 12.11.1992, in re «FRANCHI, Juan c. FERRER, Héctor R. y O.»), contando los herederos necesarios con la presunción contenida en el art. 1084, CC, por remisión del art. 1085.

En análogo sentido ha tenido oportunidad de expedirse el máximo Tribunal nacional, aseverando que «resulta razonable admitir que la muerte (.) importó la frustración de una posible ayuda material» (C.S.J.N., 09.12.1993, in re «GÓMEZ ORUÉ de GAETE, Frida A. c. Provincia de Buenos Aires y Otros», en LL 1994-C, pág. 546).

Es que «en el caso de pérdida de la vida humana, lo indemnizable no es una suerte de valor intrínseco (.) adjudicable a la existencia del ser desaparecido, sino (.) la pérdida patrimonial que pueden experimentar los sobrevivientes a raíz del fallecimiento de aquél. (.) Consideramos que la vida en sí es inconmensurable económicamente (¿quién podría ponerle un precio?). Lo valioso en este sentido se refiere a los bienes materiales que el hombre crea u obtiene mientras vive, y que implican una desventaja pecuniaria también para otros si de alguna manera son sus destinatarios. En consecuencia, la vida humana no tiene un valor económico intrínseco, sino mediato. No se trata del económico valor de la vida, sino de los valores de esa índole que con la vida («viviendo») se pueden alcanzar, a cuyo respecto el sujeto cumple un papel instrumental» (ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde; en BUERES, Alberto J. -Director-; HIGHTON, Elena I. -Coordinadora-; «Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial», Buenos Aires, Hammurabi, 1999, tomo 3 A, págs.249 y ss., y sus citas).

Para cuantificar el daño producido, deben tenerse presentes las características personales de la víctima (C.S.J.P.S.Fe, 29.12.1993, in re «SULIGOY, Nancy Rosa FERUGLIO de y Otros c. Provincia de Santa Fe», en A. y S., tomo 105, págs. 171 y ss.), en cuanto a edad, sexo, estado civil, nivel de capacitación, para el supuesto de que realizara tareas remuneradas si lo hacía o no en relación de dependencia. Es decir, debe ponderarse con estas pautas el perjuicio económico que del hecho deriva.

A efectos de determinar el monto de resarcimiento, los fallos precedentes pueden ofrecer una ayuda o pauta de cuantificación, cuando se trata de casos análogos o casos próximos, reuniendo características similares en aquellas variables consideradas relevantes para la decisión judicial.

En cuanto a las condiciones personales de C., fallecido a los 31 años de edad, ha de considerarse lo siguiente.

A fs. 210 vta. y ss. obra el profuso listado de sus antecedentes penales, por hechos que se indican como ocurridos entre las fechas 11.04.1985 y 10.02.1997. A fs. 177 del Sumario penal puede visualizarse informativa del Instituto de Detención de la Capital Número 2, en la que se hizo constar que «el interno de referencia ingresó a esta Unidad en fecha 27 de enero de 1997, y hasta la fecha que se produjo su deceso (.). Es dable destacar que el interno se encontraba purgando una condena de 5 años y 9 meses de prisión (conmutada), a disposición del Juzgado de Ejecución Penal de Sentencia con sede en el Inst. de detención de Rosario (U.3) por el delito de estafa, y registraba una causa por ante el Juzgado Penal de Sentencia N° 1 de la precitada ciudad, causa sobre robo calificado (.)».

Padecía una significativa adicción a las drogas, lo cual motivó que a mediados de 1988 fuera internado en «Esperanza de Vida» en Cañada de Gómez por 11 meses, y entre abril y julio de 1996 en el «Programa Andrés» (fs. 2 y ss., Expte. Nro. 2106/1998), y fuera medicado diariamente con Rohipnol durante su estadía carcelaria.

En cuanto a su estado físico, se encuentra acreditado que el fallecido sufría, como patología de base, una hepatopatía crónica, y también que era portador del virus de la inmunodeficiencia humana desde hacía más de una década (cf. informe de la junta médica forense, a fs. 902, Sumario penal), lo cual muestra que nos encontramos ante una persona especialmente debilitada orgánica y funcionalmente por los particulares padecimientos que portaba de larga data.

Es sabido que uno de los problemas más difíciles de superar en este tema es el referido a la cuantificación de la chance, pero aun así no podrá perderse de vista que el beneficio atenderá a lo que la víctima podría aportar en lo futuro al reclamante. En tales términos, todas estas circunstancias que este órgano jurisdiccional valora, conducen a entender que la pérdida de chance de ayuda al reclamante se encuentra francamente relativizada atento a la particular situación (tanto legal como, sobre todo, médica) del occiso.

Es por ello que, teniendo en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, y las condiciones particulares de la víctima a las que se alude precedentemente, se declara procedente el rubro y se fija el mismo en la suma de $ 40.000.-

5.2.Se define al daño moral sufrido a consecuencia del siniestro, como «una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial» (ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde; «Daños a las personas», tomo 2, pág. 49).

Cabe consignar que, sobre la procedencia de su reparación, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que «no figura entre las potestades de un estado constitucional imponer a los habitantes cargas que superen a las requeridas por la solidaridad social. Es obvio que, desde una especial -y respetable- concepción de la ética, puede mirarse a la reparación del daño moral como un apartamiento de las rigurosas exigencias que tal ética formula a quienes deseen seguirla. Pero no cabe que los jueces se guíen, al determinar el derecho, por patrones de moralidad que excedan los habitualmente admitidos por el sentimiento medio, pues, como lo señala Cardozo, «los jueces deben dar vigor con sus sentencias a la moralidad corriente de hombres y mujeres de conciencia recia» («The nature of the judicial process», U.S., Yale University Press, 1937, pág. 106). En efecto, la decisión judicial no ha de reemplazar las opciones éticas personales cuya autonomía también reconoce el art. 19 de la Constitución Nacional. Ahora bien, en el sentimiento corriente, la actitud hacia las pérdidas definitivas no es aconsejar su asunción heroica, sino que se traduce en un activo intento de mitigarlas, aun a sabiendas de la pobreza de medios con que se cuenta a ese fin» (C.S.J.N., in re «SANTA COLOMA c. Empresa Ferrocarriles Argentinos» , en ED, tomo 120, pág.652).

Sobre las facultades del Tribunal para fijar prudencialmente el monto se ha resuelto «la fijación del importe por daño moral es de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante» (Cám. Nac. Civ., Sala F, 05.08.1997, in re «DEPAOLINI, Jorge R. c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires», en JA 20.05.1998, págs. 48 y ss.). En idéntico sentido, «La fijación del importe del daño moral es de difícil determinación, ya que no se halla sujeta a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas, y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose sujeto su monto a una ponderada discrecionalidad del juzgador» (Cám. Nac. Civ., Sala F, 12.05.1992, in re «CENTURIÓN de MORENO, Elvira c. RASTELLI, Favio V. y Otro», en LL 1993-B, índice por materia, 26).

Sentado lo anterior, el Tribunal hace saber que, como directriz general para el examen de los daños, participa del criterio que no debe aceptarse la multiplicidad de rubros resarcitorios, los que se limitan en número al daño patrimonial y moral (GOZAÍNI, Osvaldo; «La legitimación en el proceso civil», Buenos Aires, Ediar, 1996, pág. 416; entre otros), posición en que se ha manifestado la Alzada (CCCRos, Sala IV, Ac. No. 371, 12.08.2005, in re «MORENO, Zulema del C. y Ot. c. PIATTI, Héctor s.Daños y Perjuicios»).

Así, la lesión o daño estético, la lesión o daño psíquico o psicológico, y la frustración del proyecto de vida, son rubros a tener en cuenta para evaluar la entidad del perjuicio, pero cualquiera de éstos no configura un daño de distinta naturaleza, o con entidad propia, sino que al momento de fijar la cuantía de la indemnización, se los debe incluir dentro del daño patrimonial o moral, según los intereses afectados, en esto siguiendo la opinión de la doctrina en la materia (VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto; «La legitimación activa para reclamar indemnización por daño mora l», Rev. Jca. Delta, Nos. 9/10, pág. 78).

Adentrándonos a la consideración de la determinación de su monto, cabe consignar que existen para ello distintos criterios, y que corresponde, desde ya, adelantar que este Tribunal, siguiendo a la jurisprudencia mayoritaria, descarta que deban buscarse forzadas relaciones entre la suma otorgada por perjuicio material y la que haya de fijarse en concepto de daño moral. En efecto, ambas resarcen perjuicios de distinta naturaleza e, hipotéticamente puede concebirse el uno sin el otro.

Es así que se ha entendido que «A los fines de la fijación del quantum del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste» (C.S.J.N., 09.12.1993, in re «GÓMEZ ORUE de GAETE, Frida A. y Otra c. Provincia de Buenos Aires», JA 1997-II, síntesis).

Sobre el tema en cuestión ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que «Ya se ha señalado entre nosotros con relación a la cuantía del resarcimiento del daño moral, que:»De nada vale sostener, por un lado, que debe resarcirse a la víctima, para luego, a la hora de determinar el monto de la indemnización, hacerlo con una suma puramente simbólica, sin entidad alguna, que nada compensa (.)»; muy por el contrario, a la víctima le interesa recibir una suma dineraria que tenga alguna entidad, jerarquía o importancia», lo cual «sugiere, en última instancia, la necesidad de un límite mínimo: no debe ser irrisoria». Con similares lineamientos pero más concretamente se ha destacado asimismo que «Nada autoriza a excluir al daño moral del principio de la reparación plena y del régimen predeterminado de imputación de consecuencias que consagra el Código Civil, al que está indisolublemente ligado. La regulación específica del daño moral que contienen los arts. 522 y 1078 del Código Civil, en modo alguno permiten inferir su apartamiento de los principios generales de la reparación»; criterio éste reafirmado por la propia Corte Suprema, al decidir que el pronunciamiento que estableció la indemnización del daño moral sufrido por el actor en unas sumas «que no cubren mínimamente los requerimientos de la prudencia en la determinación del perjuicio causado (.) ha establecido su cuantía en términos que desvirtúan el principio de la reparación integral propio de la materia en examen, razón por la cual no satisface el requisito de debida fundamentación exigible en las decisiones judiciales» (C.S.J.N., 01.04.1997, in re «LACUADRA, Ernesto Adolfo y Otros c. S.A. Nestlé de Productos Alimenticios» , en ED 1997, tomo 174, pág. 259).

Es por todo lo expresado, atento a todas estas circunstancias, que nos enfrentamos a la difícil tarea de justipreciar el dolor humano.

Para ello contamos con la pericial psicológica, en la que se concluyó que «en el Sr. P. de L., F., hay pocos recuerdos, dado que los hechos ocurrieron antes, durante y hasta los 9 (nueve) años de edad, que es cuando su padre muere» (punto 1, fs.122), que el cuadro del actor podría ser calificado como «neurosis de angustia, llamada melancolía» (fs. 146), y que «si bien, el actor traumáticamente dañado por efectos de la muerte del padre (.) tiene una estructura psíquica conformada por discursos familiares que datan desde su niñez, este acontecimiento dañoso y sumamente doloroso (.) vuelve a abrir la herida del estado premórbido del sujeto dañado por este accidente, que provocó en el tiempo de concluir de un ser humano amado por él» (punto 1, fs. 146 vta.).

Entonces, teniendo nuevamente en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, y las condiciones particulares de la víctima y del reclamante, que se señalan precedentemente, se declara procedente el rubro fijándose el mismo en la suma de $ 100.000.-

6. En lo atinente a las costas, atento el éxito obtenido que se pondera jurídicamente y por imperio del principio normativo del vencimiento objetivo, se impondrán en su totalidad a la demandada perdidosa (art. 251, CPCC).

Por el mérito de los fundamentos que anteceden, el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario, integrado, RESUELVE: I) Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, condenar a la Provincia de Santa Fe a pagar a F. P. de L. la suma de $ 140.000. II) Imponer las costas a la parte demandada. III) Regular por su actuación en autos los honorarios profesionales de los Dres. Jorge Elías y Arturo Edgardo Marchesi, conjuntamente y en proporción de ley, en la suma de $ . (. unidades jus); los del Dr. José María Fernández Murray en la suma de $ . (. unidades jus); y los de la perito Ps. Olga Liliana Marra en la suma de $. (. unidades jus). Difiérase el prorrateo previsto en el art. 505, CC, al momento de la práctica de la liquidación correspondiente. IV) Las sumas aquí consignadas devengarán un interés no acumulativo de acuerdo a las siguientes pautas:a) desde el día del hecho y hasta el 31.12.2001, será del 8 % anual; b) desde el 01.01.2002 y hasta el vencimiento del plazo que la normativa aplicable otorga para el pago (Ley Nro. 7.234, texto según Ley Nro. 12.036; art. 13, Decreto Nro. 953/2011), se aplicará sobre el capital el promedio entre las tasas activa y pasiva mensual sumado que abone el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. (índice diario); c) desde la fecha de la presente Sentencia y hasta el vencimiento del plazo que la normativa aplicable precedentemente citada otorga para el pago, se aplicará sobre los honorarios profesionales idéntica tasa; d) en caso de incumplimiento a los términos del procedimiento de cancelación de sentencias referido y hasta su efectivo pago, el capital indemnizatorio y los honorarios devengarán un interés equivalente al doble de la tasa referenciada (arg. art. 12, Decreto Nro. 953/2011). V) Insértese, agréguese copia y hágase saber.

Autos: «P. DE L., C. E. c. Provincia de Santa Fe s. Daños y Perjuicios», Expte. Nro. 1394/2001, y su acumulado «P. DE L., C. c. Provincia de Santa Fe s. Declaratoria de Pobreza», Expte. Nro. 22/1999.-

CINGOLANI

BENTOLILA

KVASINA

BITETTI

  1. JORGE ANTONIO GIORDANO D.N.I. 29 mayo 2020 at 1:58 PM

    Esta resolución es PESIMA, imaginense Argentinos y Argentinas si por cada preso que se quita la vida o se muere en la carcel en forma violenta, el Estado le tiene que pagar a los familiares una determinada suma de dinero ? Estos Sres jueces están LOCOS. Se puede pagar por lo que una persona NORMAL podría haber aportado a su familia por su oficio, profesión o trabajo, pero no por ser DELINCUENTE. Imaginense si estos Sres Jueces hubiesen hecho una estimación de los ingresos que el obsiso le hubiese dado a su familia ROBANDO A RAZON DE UN BANCO POR MES ? Cuantos millones tendría que haber pagado la Provincia; En definitiva nosotros los contribuyentes ?

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