Que el perro sea manso no exonera la responsabilidad de los dueños frente a la mordedura que dañó la cara a la hija de los actores.

shutterstock_145289545Partes: B. C. A. y otro c/ Menendez Eduardo y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro

Sala/Juzgado: I

Fecha: 17-sep-2013

Cita: MJ-JU-M-82152-AR | MJJ82152 | MJJ82152

Responsabilidad de los dueños del perro que mordió en la cara a la hija de los actores, pues no resulta atendible como causa exonerante de la responsabilidad objetiva que la víctima haya excitado al animal, que se haya tratado de un “pequeño raspón” ni que el perro sea un animal manso. 

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios deducida por los padres en representación de su hija, pues surge acreditada la mordedura del perro de los demandados en la cara de la menor, no siendo atendible como causa exonerante de la responsabilidad objetiva que la víctima haya excitado al animal, que se haya tratado de un pequeño raspón ni que el perro se trata de un animal manso.

2.-Es inadmisible el argumento de la falta de vigilancia de los padres ante la ausencia de prueba, ya que los demandados reconocieron que los actores son vecinos y que la menor abrió la puerta e ingresó sola a la propiedad, abusando, según dicen los apelantes de su carácter confiado y amigable , donde se encontraba reunida la familia, oportunidad que al ofrecer una golosina el perro se produjo el hecho motivo del reclamo.

3.-Se entiende por lesión toda alteración a la contextura física o corporal, como una contusión, escoriaciones, heridas, mutilación, fractura, etc., y todo detrimento del funcionamiento del organismo, sea por un empeoramiento del desempeño de la función o un desempeño más gravoso de ello, cualquier perjuicio en el aspecto físico de la salud o en el mental, aunque no medien alteraciones corporales; y lo indemnizable a la víctima no es otra cosa que el daño ocasionado y que se traduce en una disminución de su capacidad en el sentido amplio que comprende, además de su aptitud laboral, la relacionada con la actividad social, cultural, deportiva.

4.-El daño estético es aquel que se sufre en el rostro o en cualquier parte del cuerpo que es costumbre mostrar o exhibir, o que se trasluce al exterior menoscabando o afeando el cuerpo al disminuir su armonía, perfección o belleza; no constituye un rubro autónomo, sino que integra el concepto de daño material o daño moral, según el caso, y para la admisión de la correspondiente reparación debe acreditarse su real existencia.

Fallo:

En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los .días de Septiembre de 2013, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Carlos Enrique Ribera y Hugo O.H. Llobera (artículos 36 y 48 de la ley 5.827), para dictar sentencia en el juicio: “B. C. A. Y OTRO C/ MENENDEZ EDUARDO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Ribera y Llobera, resolviéndose plantear y votar la siguiente:

CUESTION:

¿Debe modificarse la sentencia apelada?

VOTACION:

A la cuestión planteada el Dr. Ribera dijo:

1. La sentencia de fs. 327/41 hace lugar a la demanda por daños y perjuicios, iniciada por C. A. B. y E. M. S. en representación de su hija menor de edad C. A. B. contra Eduardo Florencio Menéndez y Mariana Estela Mazzuco, a quienes condena a pagar la suma de 98.320 $ para la menor y 1.500 $ para los padres, con más intereses. Impone las costas a los demandados vencidos y difiere la regulación de honorarios.

2. El referido decisorio es apelado por la parte demandada a fs. 345, a cuyo fin expresa agravios a fs. 361/7, contestando su contraria a fs. 371/3.

La actora apela a fs. 347, funda el recurso a fs. 357/9, la demandada contesta a fs. 369/70.

El Asesor de Incapaces se notifica a fs.356 vta.

3. Agravios

Se queja la parte demandada respecto a la responsabilidad civil que se le atribuyó y a la indemnización fijada en concepto de incapacidad sobreviniente, daño psicológico y tratamiento psicológico, gastos médicos y farmacéuticos y daño moral.

La actora se queja de la indemnización por daño psicológico, que no se le haya reconocido el costo de la cirugía reparadora, por la suma otorgada por gastos médicos y farmacéuticos y de la fijación de la tasa pasiva bancaria.

4. Análisis del caso

i. La responsabilidad por daños causados por animales

Cabe mencionar en primer término que la responsabilidad que se les atribuye a los demandados debe analizarse conforme a lo dispuesto en el Código Civil bajo el título “De los daños causados por animales” en los artículos 1124 y siguientes del Cód. Civil y por el art. 1113 del citado Código.

Esta responsabilidad se funda en el riesgo creado por un animal que, por su naturaleza, no deja de ser una cosa susceptible de generar daños (Pablo Daniel Rodríguez Salto, Daños causados por animales: el factor de atribución y la eximente por soltura o extravío sin culpa del guardador,LLPatagonia 2012 (junio), p. 272; Adriano C. Castelo, Problemáticas de la tenencia de perros violentos, DJ 18/05/2011, p. 1; Claudio Fabricio Leiva, Responsabilidad por daños causados por animales: la cuestión de la legitimación pasiva y su prueba a propósito de un fallo. La importancia de los indicios y las presunciones, LLGran Cuyo 2010 (junio), p.419).

En esta órbita objetiva, lo que corresponde indagar es si la conducta de la víctima o de un tercero ha concurrido causalmente a la provocación del daño, sin olvidar que al damnificado le alcanza con acreditar la relación de causalidad entre el perjuicio sufrido y el animal, cuya propiedad o custodia atribuye al que demanda.

La accionada reitera en sus agravios lo manifestado al contestar la demanda, en cuanto a que no es responsable pues dice que la niña excitó al animal al darle una golosina, el cual habría rozado la cara de la menor. Agrega como defensa que hubo culpa de los actores quienes no ejercieron debidamente su deber de vigilancia respecto a su hija, quien ingresó al domicilio sin compañía y sin autorización de los apelantes (fs. 362 vta., 5° párrafo, cc. fs. 36).

Recordemos que la responsabilidad del dueño o guardián solo cesa probándose por quien la invoca únicamente alguna de las causales de exención expresamente previstas por el Código Civil entre las cuales se encuentra la invocada por los demandados es decir culpa de la víctima. Al respecto, cabe mencionar que el art. 1128 repite el principio general del 1111 del Cód. Civil por el cual nadie puede reclamar daños que sean causados por su propia torpeza o negligencia. Así, el art. 1128 establece que cesa la responsabilidad del dueño, en caso de que el daño causado por un animal hubiese provenido de “una culpa imputable al que no hubiese sufrido”, por ello se ha dicho que se expone peligrosamente quien excita al animal (Germán D. Hiralde Vega, Daños causados por mordeduras de perro, DJ 16/09/2009, p. 2573).

Por lo tanto, tratándose de responsabilidad objetiva, la carga de la prueba de la causal absolutoria contenida en el art. 1128 del Cód. Civil recae sobre la demandada, mientras que a la actora, sólo debe demostrar el hecho causa del reclamo indemnizatorio (Jorge Bustamante Alsina,Teoría general de la responsabilidad civil, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2004, p.441/2).

Teniendo en cuenta tales principios corresponde analizar si en el caso se encuentra acreditada la eximición de la responsabilidad que pretende la demandada.

ii. Hechos

Según los actores, el 23 de junio de 2007 aproximadamente a las 17 hs. su hija de 11 años de edad, C. A. B., se encontraba en el domicilio de los demandados en el barrio privado “Santa Catalina” del partido de Tigre, cuando fue mordida por un perro adulto de gran porte, raza Bloodhound, propiedad de los últimos. Dicen que el animal mordió a la menor en la cara, la cual tuvo que ser trasladada al Centro Médico Nordelta.

Los demandados Menéndez y Mazzucco en su defensa dijeron que la menor excitó al perro ofreciéndole un caramelo y que muestra de agradecimiento con una de sus patas rasguñó el lateral de la nariz de la niña. También argumentan que la culpa fue de los actores quienes no cumplieron con el deber de vigilancia respecto a su hija, quien ingresó sola a la casa sin invitación. Niegan el ataque del animal y explican que trasladaron a la menor al Centro Médico Nordelta porque en el momento no pudieron localizar a sus progenitores. Manifiestan que el perro no era agresivo.

iii. Prueba

Con el fin de acreditar lo expuesto, se ofreció prueba testimonial, pero tal como se mencionó en la sentencia, cinco de los testigos no estaban presentes cuando ocurrieron los hechos, pues declararon que tomaron conocimiento por referencias de terceros (testigos: Gomez a fs. 223, Arrayago a fs. 224, Díaz a fs. 225; Jubiría a fs. 228 y Argenzio fs. 229). Además la testigo Norma Argentina Iglesias, si bien dijo que estaba presente y que el perro sólo rasguñó a la menor, su declaración fue desestimada por ser suegra del demandado (art. 425 del C.P.C.C.). Y en cuanto a la testigo Gabriela Miryam Duva, si bien coincidió con la versión de la demandada al decir que se trató de un hecho “nada grave” (fs.234, cuarta pregunta), tal como con acierto se tuvo en cuenta en la sentencia, ello no coincide con las constancias de la historia clínica.

Efectivamente, según la referida informe del Centro Médico Nordelta, Carla fue atendida por heridas contuso cortantes faciales, por lo cual debió practicársele suturas complejas (fs. 108/111).

Ello es coincidente con lo contestado por el “Sanatorio Las Lomas” donde también fue asistida la menor en emergencia pediatría, con el mismo diagnóstico por heridas contusas de ángulo interno del ojo, mas heridas contusas nasales por dos (fs. 90/91).

Cabe agregar que las suturas en la cara de la víctima las realizó un cirujano plástico, quien al declarar como testigo dijo que la paciente presentaba heridas contuso cortantes faciales, por el cual realizó las suturas de las heridas conforme se manifiesta en el parte quirúrgico de fs. 109. Detalla que la intervención la realizó en el ángulo interno órbita izquierda, en el dorso nazal y en la punta nazal (fs. 294/5).

La gravedad de las lesiones que sufrió Carla también son descriptas por la perito médica, cuando informa que presenta cicatrices “quirúrgicas viciosas secuela de cirugía de urgencia en ángulo interno del ojo, 2 cm. dorso nasal 2,5 cm y mejilla, 3 cm”. En la sentencia, se transcribe de manera destacada que conforme a la experta la menor presenta deformación permanente de rostro y agrega que la gravedad de las lesiones requiere extirpación de los tejidos desvitalizados y la reparación por colgajos que se tallan sobre los tejidos sanos y se deslizan para cubrir las zonas resecadas. Agrega que en el lugar que se encuentran las cicatrices afectan el ángulo ocular, el dorso nasal y en la mejilla, lo cual informó demuestra la gravedad de las lesiones (fs.146/150).

Estas constancias, valoradas adecuadamente en la sentencia, adquieren valor de prueba para acreditar la existencia de la agresión del perro de los demandados, no siendo atendible como causa exonerante de la responsabilidad objetiva que la víctima haya excitado al animal, que se haya tratado de un “pequeño raspón” (fs. 36) ni que el perro se trata de un animal manso (cfr. arts. 1124, 1125, 1126 segunda parte y 1128 del Código Civil).

Debo mencionar que el perito veterinario al describir al perro de los demandados dijo que su altura era de 69 cm, peso de 50 km., robusto, cabeza grande, cuello largo y musculoso, aunque refiere que se trata de una raza que generalmente suele ser calmo tranquilo. Preguntado acerca de cuáles serían las lesiones ante un ataque de un can de la raza Bloodhound a una niña de 11 años, el especialista dijo que padecería de heridas profundas, llegando al tejido muscular y con desgarros (fs. 281).

En cuanto a la falta de vigilancia de los padres que se alega como defensa, ante la ausencia de prueba, tampoco puede ser aceptada en este caso, ya que los demandados reconocieron que los actores son vecinos y que la menor abrió la puerta e ingresó sola a la propiedad, abusando, según dicen los apelantes de su “carácter confiado y amigable” (fs. 35 vta.), donde se encontraba reunida la fam ilia, oportunidad que al ofrecer una golosina el perro se produjo el hecho motivo del reclamo (art. 375 del C.P.C.C.).

En definitiva, el recurso no puede prosperar, ya que los antecedentes mencionados acreditan que el perro adulto de raza Bloodhound de nombre “Rocco” mordió a la hija de los actores en su rostro, produciéndole heridas cortantes que debieron ser suturadas por un cirujano plástico, quedando cicatrices con deformación permanente del rostro.

4. Propuesta

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1113, 1125, 1127, 1128 y concordantes del Código Civil y los arts.375, 384 y 474 del C.P.C.C; no habiendo logrado los demandados probar una causal eximente de responsabilidad, propongo al Acuerdo desestimar los agravios interpuestos en este punto y confirmar la responsabilidad atribuida a los demandados en la sentencia (CNCiv., sala D, L.L. 1992-C-242 con nota de Juan José Casiello Responsabilidad por daños causados por animales).

5. Indemnización

i. Daño por incapacidad física

En la demanda se agravia respecto a la indemnización por la incapacidad física, pues dice que la perita médica no explicó el mecanismo que utilizó para arribar al porcentaje de incapacidad estimado (15%), por lo cual el dictamen carece de validez procesal. Agrega que la suma fijada en la sentencia (60.000 $), supera lo solicitado en la demanda (50.000 $). Subsidiariamente pide que se reduzca la suma otorgada.

Respecto a la presente partida, cabe mencionar que este Tribunal ha dicho en reiteradas oportunidades, que se entiende por lesión toda alteración a la contextura física o corporal, como una contusión, escoriaciones, heridas, mutilación, fractura, etc., y todo detrimento del funcionamiento del organismo, sea por un empeoramiento del desempeño de la función o un desempeño más gravoso de ello, cualquier perjuicio en el aspecto físico de la salud o en el mental, aunque no medien alteraciones corporales. Y lo indemnizable a la víctima no es otra cosa que el daño ocasionado y que se traduce en una disminución de su capacidad en el sentido amplio que comprende, además de su aptitud laboral, la relacionada con la actividad social, cultural, deportiva, etc. (arts. 901/904 del Código Civil, esta Sala 1ra., causas 67.077, 67.817, 68.035, entre muchas otras).

Por otro lado, ha expresado el Supremo Tribunal de la Provincia que la incapacidad sobreviniente es la secuela o disminución física o psíquica que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación o restablecimiento (SCBA, Ac. 42.528 del 19/6/90, en A.y S., 1990-II-539).

Las citas jurisprudenciales y doctrinarias referidas, fijan las pautas a seguir al momento de determinar el quantum resarcitorio para esta partida, conjugadas ellas con los distintos elementos probatorios y determinantes en autos, las que seguidamente serán analizados a la luz de las reglas de la sana crítica (art. 384 del C.P.C.C.).

Ello así, el daño que padeció la hija de los actores como consecuencia de la mordedura que le causó el perro de los demandados queda acreditado con las constancias de la historia clínica de fs. 108/10 del Centro Médico Nordelta, donde consta la atención médica prestada el mismo día del accidente y las “suturas complejas” en el rostro que debieron practicarse.

Asimismo del peritaje médico realizado por un especialista en cirugía plástica que Carla presenta “cicatrices quirúrgicas viciosas secuela de cirugía de urgencia en ángulo interno del ojo, 2 cm. dorso nasal 2,5 cm y mejilla, 3 cm. Total 7,5 cm que afectan tres zonas de la cara. Presenta DEFORMACION PERMANENTE de ROSTRO”. Estimó la incapacidad en el 15% de total obrera, irreversible y permanente (fs. 147/7 vta.).

Conforme la pericial reseñada, ha quedado acreditado que C. A. padeció un grado de incapacidad física, siendo menester recordar que esta Sala se ha pronunciado reiteradamente con relación a la prueba pericial, sosteniendo que estos son auxiliares la justicia y que las conclusiones del peritaje, son sólo un elemento informativo sujeto a la apreciación del juez (SCBA, Ac. y Sent. 1957-IV-54; 1961-V-490). Ello no significa que éste pueda apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del perito idóneo (conf. causas 45.416 del 23/2/88, Sala 1°). En la hipótesis, entiendo que las apreciaciones del perito tienen fundamentos científicos suficientemente sólidos como para tener en cuenta a la hora de decidir (arts.474, 384 del C.P.C.C.).

En lo que hace al porcentual de incapacidad estimado, cabe apuntar que la traducción numérica del grado de incapacidad de una persona establecida por el perito, tiene un valor relativo, indiciario o meramente orientador, toda vez que la indemnización debe ser establecida con arreglo al perjuicio efectivamente sufrido por la víctima (esta Sala 1°, in re “Altube, Gustavo c/ Hileni, Alfredo s/daños y perjuicios” del 17/7/1998). Así ha de examinarse la influencia o repercusión que la incapacidad física tuviere en los diversos aspectos de la vida de las víctimas.

Respecto a que la suma fijada en la sentencia (60.000 $) es superior a la reclamada en la demanda (50.000 $), tal como se dijo en la sentencia la indemnización solicitada fue en lo que más o en menos resulte de la prueba a producirse (fs. 11 vta.),

Por consiguiente, teniendo en cuenta la secuela de incapacidad física, 15%, edad (11 años al momento del evento), conforme las pautas señaladas y los límites del recurso, propongo la confirmación de la indemnización fijada a favor de la menor de edad (arts. 165, 384 y conc. del C.P.C.C., art. 1086 del C. Civ.)

ii. Honorarios de psiquiatra

La actora se queja respecto al valor asignado a cada sesión del tratamiento psicológico (80 $), pide que sea elevado a 300 $.

Por su parte la demandada dice que la sentencia repite el informe pericial, sin tomar en consideración las impugnaciones que efectuara su parte. Sostiene que la pericia carece de fundamento.

El perito psicóloga informó que Carla a consecuencia del hecho traumático experimentado ha respondido con un shock emocional de índole traumático debido a la pérdida de la homeostasis psíquica que le impacto de lo sucedido tuvo sobre su subjetividad. Agregó que en la actualidad padece los restos de ese impacto ya que hay puntos en la peritada aún no elaborados.Dice que la situación traumática vivida se manifiesta en conductas defensivas evitativas, por el temor experimentado, sumado a los sentimientos de vergüenza que padece por el daño estético, más aún cuando se encuentra atravesando la adolescencia. También informó que la menor padece temores en relación a las intervenciones médicas como también al no poder recuperarse estéticamente y además persiste el impacto del hecho recomendando la realización de un tratamiento psícológico que estima de dos años con una frecuencia semanal (fs. 125 vta.).

La demandada fundamenta sus agravios en la observación que hizo a la pericia a fs. 130/2.

Al respecto cabe mencionar que la prueba pericial es, en principio, el medio más idóneo para aclarar cuestiones de una especialidad técnica ajena al conocimiento judicial. Esta se produce a través del perito, que es un sujeto ajeno a las partes, con conocimientos técnicos de los que carece el juez o, por lo menos, no está obligado a conocer, ya que su deber se circunscribe al conocimiento del derecho. Se trata de un auxiliar del órgano judicial, con conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada (cfr. art. 363, CCAyT; Carlos Eduardo Fenochietto, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado con los códigos provinciales, Ed. Astrea, Bs. As., 1999, t. 2, pág. 644 y ss.).

Aún cuando la demandada ha cuestionado la pericia, cabe destacar que “no es dable admitir cualquier clase de impugnación, sino aquellas que se funden objetivamente en la incompetencia del experto, en errores o en el uso inadecuado de los conocimientos técnicos o científicos en los que pudiese haber incurrido. De allí que, cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos y científicos, y concuerda con los demás elementos de ponderación arrimados al proceso, la sana crítica aconseje -en principio- que frente a la imposibilidad de oponer argumentos de igual naturaleza y de mayor peso convictivo, se acepten sus conclusiones (cfr.CNCiv., sala C, LL, 1991-E, 489 del 14 de junio de 1991, Lino Palacio, Derecho Procesal Civil, V-514 y sus citas; CNCiv, Sala I, C., A. P. c. Transportes Metropolitanos Gral. Roca S.A.”, LL, ejemplar del 12/11/2004, p. 7).

Por ello, teniendo presente lo expuesto en cuanto a la relevancia de los dictámenes, no hallo razones que permitan apartarme del informe que se ha emitido en estos actuados (arts. 374 y ccs. del C.P.C.C.).

Cabe agregar que esta Sala tiene dicho que cuando como en el caso de autos la pericial arroje que el peritado deba efectuar un tratamiento determinado en tiempo, sesiones y valor de cada una de ellas, lo aconsejable es que la suma de dinero se de por el rubro daño psicológico equivalga al monto del tratamiento o terapia. Es decir, deberá enjugar dicha partida con la suma correspondiente al costo de la misma.

Por ello y visto el tratamiento psicológico aconsejado, duración, periodicidad, y teniendo en cuenta que esta Sala considera adecuado el costo de la sesión de $ 180 (cfr. causa “Romero, Matías Andrés c. Baez, Oscar Alfredo y otra s/ Daños y Perjuicios” (16/4/13, Reg. Sent. nº 51), en el caso cabe admitir un lapso de 2 años de duración con una frecuencia semanal, duración del tratamiento aconsejado, lo que implica un total de 104 sesiones.

En consecuencia, no habiéndose demostrado que luego del tratamiento no pueda superarse incapacidad psíquica estimada por le especialista, interpreto que sólo cabe reconocer el costo del tratamiento recomendado, para lo cual deberá tenerse en cuenta la duración y periodicidad indicadas por el perito, y el nuevo criterio adoptado por la Sala a partir de la causa citada en relación al cost o por sesión, para cubrir este aspecto del reclamo corresponde fijar la suma indemnizatoria en 17.280 $, lo que así propongo al Acuerdo (arts. 1083 Cód. Civil; art.165, 384 del C.P.C.C.).

iii. Cirugía reparadora

La actora se queja por el rechazo de la indemnización por el costo de la cirugía reparadora, juzgando que se ha hecho una incorrecta valoración de la prueba pericial médica.

No asiste razón al quejoso.

En primer término cabe mencionar que el daño estético es aquel que se sufre en el rostro o en cualquier parte del cuerpo que es costumbre mostrar o exhibir, o que se trasluce al exterior menoscabando o afeando el cuerpo al disminuir su armonía, perfección o belleza (Jorge Mosset Iturraspe, Responsabilidad por daños, t. II-B, N° 232). Este no constituye un rubro autónomo, sino que integra el concepto de daño material (arts. 1068, 1069 del Cód. Civil), o daño moral (art. 1078 del cód. citado), según el caso (conf. causas 43.257, 64.093, entre otras), sin dejar de reconocer la admisión de la correspondiente reparación de acreditarse su real existencia (causa 65.263, esta Sala 1°).

En el dictamen de fs. 145/50 el perito médico especialista en cirugía plástica da cuenta de las cicatrices que presenta en su rostro C. A. como consecuencia de la mordedura del perro de los demandados, ya han recibido tratamiento y que el resultado quirúrgico es bueno, agregando que en su opinión “es difícil mejorar el resultado obtenido”. En cuanto a la referencia que hace el especialista con relación a que en la cirugía reparadora con fines estéticos se puede mejorar las lesiones pero no lograr una restitución integra, son consideraciones generales que hace el profesional, pero que no están referidas a este caso en concreto.

Además cuando se le pregunta acerca del costo de la cirugía contestó que requiere tratamiento médico y control periódico (fs. 149 vta.). Al contestar las explicaciones a fs. 157 vta./8, ratifica el informe y agrega que “El riesgo quirúrgico de no lograr una mejoría contraindica una cirugía.En estética lo perfecto puede ser enemigo de lo bueno” (fs. 158).

Consecuentemente con ello, habiéndose fijado la indemnización por las secuelas estéticas en el aspecto patrimonial en el rubro “incapacidad sobreviniente”, y sin perjuicio de lo que se valorará al momento de estimar el “daño moral”, corresponde rechazar la queja bajo estudio (arts. 384, 474 y conc. del C.P.C.C., art. 1086 del C. Civ.).

iv. Gastos médicos y farmacéuticos

Se solicita en la demanda la suma de 3.000 $ para solventar los diversos gastos de atención médica.

En la sentencia se fija la suma de 1.500 $.

La actora se queja pues dice que en la pericia médica se informó que la menor deberá someterse a control por dermatología, cosmetología y cirugía plástica por el término de dos años, no debiéndose exponer al sol ya que ello empeoraría la secuela cicatrizal. Por ello sostiene que la suma establecida en la sentencia es reducida, si se tiene en cuenta el costo de antibióticos, desinfectantes, pantallas solares, honorarios médicos por los controles durante el plazo mencionado.

La demandada se agravia porque interpreta que la partida indemnizatoria debe ser rechazada porque no se ha acreditado en forma mínima los gastos en los cuales incurrieron, como así tampoco en la sentencia se menciona las constancias tenidas en cuenta para llegar al monto en crisis.

Este Tribunal tiene dicho que los gastos médicos, de farmacia y medicamentos, resultan procedentes sobre la base de una presunción jurisprudencial al respecto; no requiriendo prueba específica de su realización en tanto guarden prudente relación con la entidad de lesiones padecidas (arts. 165 inc. 5° del C.P.C.C.; esta Sala 1°, causas 61.721 reg. 212/93; 63.697, reg. 127/94, entre muchas otras).

Va de suyo que, ausente la prueba directa, la suma a otorgarse debe ajustarse a las circunstancias del caso y su fijación hecha mediante la facultad que concede el art.165 del ordenamiento procesal (esta Sala 1°, causas 63.223, 65.725, entre muchas otras).

A tales efectos, ha de tenerse en cuenta que aún cuando la atención sea efectuada en un hospital público “gratuitamente”, e inclusive se tenga los beneficios de una obra social, como consecuencia de las lesiones siempre existen gastos por aranceles mínimos, propinas, medicamentos, etcétera, que deben ser necesariamente realizados (esta Sala 1°, causas 66.477, 68.357, 69.611, 70.077, 74.277), y por lo tanto merecen ser reparados por quien dio origen a los mismos (esta Sala 1°, in re “Castro c/Transp. Ideal San Justo s/Daños”, 6/11/98, en Rev. de Derecho de Daños, La prueba del daño-II, Edit. Rubinzal-Culzoni, Bs. As. 1999, pág. 319).

En consecuencia, meritándose la entidad y gravedad de las lesiones sufridas por la hija de los actores, anteriormente descriptas, y demás aspectos referidos en los párrafos precedentes, juzgo que la indemnización debe ser elevada a la suma de 2.500 $. Lo que así dejo propuesto (arts. 165, 474, 384 y conc. del C.P.C.C.).

v. Daño moral

Pide la demandada que la indemnización por este rubro sea rechazada, por argumentos similares expuestos al referirse a la incapacidad física, es decir la impugnación que hizo oportunamente de la pericia médica y agrega a la pericia psicológica. Subsidiariamente pide que se reduzca la suma reconocida en la sentencia (30.000 $).

Se considera daño moral aquél que supone una injusta privación o disminución de los bienes que tienen valor fundamental en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más caros afectos (S.C.B.A., Ac. Nº 63.364, 10-11-1998, D.J.B.A.156-17).

Se trata de una afectación íntima que sufre la persona con motivo del actuar de terceros, es decir, son consecuencias derivadas de la acción de alguien por quién no se debe responder. Implica ser ajeno a la causalidad de los eventos que lo originaron (arts. 1078 y 1111 Cód. Civil).

Su indemnización debe atender a los sufrimientos psíquicos y afectivos del demandante, que constituyen aquello que se pretende reparar. La suma que se fije a tal efecto no está sujeta a reglas fijas. Su reconocimiento y cuantía depende, en principio, del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión (S.C.B.A., Ac. 51.179, 2/11/93).

Para ello corresponde tener en cuenta que esta indemnización de carácter resarcitorio (C.S.J.N., 5/8/86, E.D. 120-649), debe atender a los sufrimientos psíquicos y afectivos padecidos por el demandante, como así también a la gravedad del ilícito que lo originó; su admisión y graduación no se hallan condicionadas al daño material ni a otros que se reclamen, porque no es accesorio de los mismos (C.S.J.N., 6/5/86, R.E.D. a-499).

Todas estas consideraciones han sido ponderadas en reiteradas causas por esta Sala (nº 101.321, 100.706, 102.722, 102.829, 100.883, 102.592, 101.100, 101.709, entre muchas otras).

En el caso de autos la hija de los actores, conforme a las constancias médicas mencionadas, ha sufrido las lesiones antes descriptas (pericial médica referenciada), padeciendo en la actualidad el porcentaje de incapacidad físico mencionado (15%), a más del tratamiento psicológico.

Por ello y ponderadas las circunstancias personales de la víctima (niña de 11 años de edad) y cicatrices que han quedado en el rostro, en virtud de todo lo expresado y lo dispuesto por los arts. 1078 y concordantes del Código Civil; arts. 375, 384, 474 y conc.del C.P.C.C., entiendo que corresponde confirmar la suma indemnizatoria fijada en la sentencia, lo que así dejo propuesto al Acuerdo.

6. Intereses

En cuanto a los intereses, la actora afirma que la tasa pasiva fijada en la sentencia no cumple en debida forma con su función resarcitoria de reparar el daño por el retardo injustificado en el cumplimiento de la obligación.

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de esta Provincia ha dispuesto de manera uniforme que en caso de ilícitos los intereses por el período posterior al 1° de abril de 1991 serán liquidados a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires aplicable a los depósitos a 30 días. Por ello propongo que en este aspecto se confirme la sentencia (arts. 622 y ccs. Código Civil) (SCBA, causa c. 89.243, “Pérez Levalle, Héctor Mario contra Molino, Raúl Armando s/ Daños y perjuicios”, 9/6/2010, como lo reiteró la SCBA en causa nº 102.410, “Nuñez, Enrique Agustín c/ Ivancich, Raúl Leopoldo s/ daños y perjuicios”, del 4/4/2012; causa nº 107.097, “Lescano, Gustavo Ariel c/ Cepeda, Edgardo Omar s/ daños y perjuicios”, del 27/6/2012; causa nº 105.187 “Spadaro, Mería Lorena c/ Salezzi, Claudia y otros s/ daños y perjuicios, del 15/8/2012, entre otras).

Por todo ello cual y fundamentos expuestos, voto por la AFIRMATIVA.

Por los mismos fundamentos que los señalados el Dr. Llobera vota también por la AFIRMATIVA.

Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente

SENTENCIA

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede se modifica la sentencia elevando la indemnización por tratamiento psicológico a diecisiete mil doscientos ochenta pesos (17.280 $), y gastos médicos y farmacéuticos a dos mil quinientos pesos (2.500 $), confirmando el resto que fuera materia de agravios.

Se imponen las costas ante esta Alzada por el recurso de la actora 50% a su cargo y el resto a la contraria atento el progreso parcial de los agravios. Y por el recurso de los demandados las costas deberán ser soportadas exclusivamente por estos en su condición de vencidos (art. 68 y cc. del C.P.C.C.), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31, 51 y cc. de la Ley 8.904).

Regístrese, notifíquese y devuélvase a la Instancia de origen.

Carlos Enrique Ribera Hugo O. H. Llobera juez juez

Mariano A. Bonanni

Auxiliar Letrado

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