Es inconstitucional el tope previsto en el art. 14 de la LRT., pues cercena el valor de la reparación

%Partes: Cselle Pablo Manuel c/ Mapfre Argentina ART S.A. s/ accidente – ley especial

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: X

Fecha: 27-sep-2013

Cita: MJ-JU-M-82154-AR | MJJ82154 | MJJ82154

Inconstitucionalidad del tope previsto en el art. 14 de la LRT., pues en el caso importa un cercenamiento del valor de la reparación en el 57 % de su monto.

Sumario:

1.-Es menester confirmar la sentencia apelada en tanto la fijación del tope previsto en el art. 14 de la LRT. resulta absolutamente lesiva y confiscatoria, pues su aplicación en el caso implicaría un cercenamiento del valor de la reparación en el 57 % de su monto, siendo que la modalidad indemnizatoria que escoja el legislador para cumplir con la protección constitucional del empleado frente a los daños derivados de accidentes o enfermedades laborales bajo un régimen tarifado no puede válidamente dejar de satisfacer, al menos, la pérdida de ingresos o de capacidad de ganancia de la víctima.

2.-Si bien el legislador tiene la facultad de establecer una limitación dineraria en el respectivo monto del crédito, un cambio en el contexto dentro del cual fue sancionada la norma autoriza al juez a desplazarla en su aplicación al caso por resultar irrazonable, ya que la solución legal, al margen de si fue o no correcta al momento en que fue dictada, se tornó descalificable desde el punto de vista constitucional por el transcurso del tiempo.

3.-Si bien el dec. 1694/09 no resulta temporalmente de aplicación en el caso, dicha normativa deja plasmada la evidente intención del legislador de suprimir la fijación de límites o topes indemnizatorios, ello como evidente consecuencia de la observación de la realidad fáctica y social que es lo que, en definitiva, determina la necesidad de plasmar realidades sociales en normas legales.

4.-El fallo judicial que impone el pago de una indemnización por un infortunio laboral sólo declara la existencia del derecho que lo funda, que es anterior a ese pronunciamiento, por ello la compensación económica debe determinarse conforme a la ley vigente cuando ese derecho se concreta, lo que ocurre en el momento en que se integra el presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el resarcimiento, con independencia de la efectiva promoción del pleito, que persigue el reconocimiento de esta situación y de sus efectos en el ámbito jurídico.

Fallo:

Buenos Aires,27/09/2013

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:

I- Llegan los autos a conocimiento de esta alzada a propósito de los agravios vertidos por la parte el actor y la demandadacontra la sentencia dictada a fs.283/290a mérito delos memorialesobrantes a fs.310/316 y fs. 301/304, mereciendoréplica de la contraria a fs. 340/343 y fs. 320/326 -respectivamente-.

A fs. 291 apela la perito contadora porconsiderar bajos los honorarios estipulados en la instancia anterior.

II-Para una mejor exposición de los planteos interpuestos en primer término se analizará el recurso presentado por la parte actora.

Cuestiona la decisión de grado en cuanto considera que el sentenciante debió aplicar en autos lo establecido por el art. 17 de la ley 26.773.

En cuanto a la aplicación inmediata de la ley 26.773, se advierte que el actor no introdujo la temática que refiere en forma contemporánea a la publicación en el Boletín Oficial que tuvo lugar 26 de octubre de 2012, cuando nada se lo impedía, porque la sentencia de primera instancia dictada en autos tuvo lugar con fecha 27/3/13 y hasta esa fecha (ya vigente la normativa en cuestión) no formuló -reitero- ninguna mención respecto a su hipotética aplicación inmediata de las mejoras introducidas por la ley 26.773.

Dicho extremo, resulta argumento suficiente para desestimar, en el caso traído a consideración, los agravios deducidos por la parte actora en los términos del art. 277 del CPCCN en cuanto impide someter a instancias de esta alzada cuestiones que no fueron propuestas oportunamente al magistrado de grado.

Sin perjuicio de ello, no se observa claramente, en principio y en el marco acotado que puede tener esta decisión sin la debida sustanciación y garantía de la doble instancia, la aplicación de la nueva normativa.

Ello es así, porque a poco que se observa, lo dispuesto por la regla general prevista en el art.17.5 del nuevo cuerpo legal en cuanto prevé que “las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha”.

Tampoco puede soslayarse que es criterio de la CSJN, en materia de sucesión normativa en materia de infortunios laborales, que “el fallo judicial que impone el pago de una indemnización por un infortunio laboral, sólo declara la existencia del derecho que lo funda, que es anterior a ese pronunciamiento. Por ello, la compensación económica debe determinarse conforme a la ley vigente cuando ese derecho se concreta, lo que ocurre en el momento en que se integra el presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el resarcimiento, con independencia de la efectiva promoción del pleito, que persigue el reconocimiento de esta situación y de sus efectos en el ámbito jurídico. Los actos procesales que se sucedan desde que el demandante adquirió el derecho en la plenitud de su contenido hasta arribar a la sentencia, la ejecución de ésta y la satisfacción de la condena, constituyen etapas en un procedimiento dirigido a obtener la expresión de un derecho existente, y el ulterior cobro de lo que ya era debido” (Fallo 314/481 in re “Escudero, Adolfo c/ Orandi y Massera S.A.” del 28/5/1991, L.L. 1991-E-740; en similar sentido Fallo 321:45 del 5/2/1998).

Dicho criterio, vale señalar también, fue ratificado mediante doctrina sentada por el Máximo Tribunal en su nueva integración en el precedente “Lucca de Hoz, Mirta Liliana c/ Taddei, Eduardo y otro s/ accidente-acción civil” (C.S.J.N., L.515, L.XLIII, del 17/8/10) criterio que por mayoría esta sala ha seguido en situaciones vinculadas con la aplicación del Decreto 1694/09 a contingencias ocurridas con anterioridad a su vigencia (ver del registro de esta Sala X, SD 19195 del 17/11/11 en autos: “Pérez Alejandro Marcelo c/ Mapfre Argentina ART SA s/ accidente -ley especial”, SD 20068 del 13/7/12 “Bengochea Mabel Noemi c/ Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART SA”, SD 19.279 del 20/12/11 “Vizcarra Raúl c/ Mapfre Argentina ART SA y otro s/ acción de amparo, entre otras” ).

Por último, no dejo de tener en cuenta, que el nuevo articulado trasunta la imperiosa e impostergable necesidad de ajustar el monto de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 (y sus modificatorias) pero en modo alguno puede predicarse de ello el ajuste de un crédito reconocido judicialmente, es decir una deuda pendiente de cancelación por parte de la aquí accionada.

De acuerdo con lo expuesto, propongo en este punto confirmar el fallo de grado, resultando abstracto analizar el planteo interpuesto por el accionante respecto al cálculo indemnizatorio a fs. 312 pto. B).

III- Sentado ello, resta analizar el planteo recursivo interpuesto por la demandada.

En primer término cuestiona el fallo de grado pues dice que el Juez “a quo” al establecer el monto de condena omitió aplicar el tope establecido por el art. 14 inc. a) de la ley 24.557, toda vez dice que al momento de calcular matemáticamente el monto de condena no aplicó el tope proporcional de $ 180.000.

Adelanto que a mi juicio cabe mantener en este punto lo decidido en la etapa anterior.

Digo ello pues coincido con el sentenciante de grado en que en el caso la fijación del tope previsto en el art. 14 de la L.R.T.resulta absolutamente lesiva y confiscatoria a poco que se repare en que según la fórmula provista por el propio sistema legal, y con prescindencia de toda limitación tarifaria, la condena ascendería a $ 32.007,38 mientras que de aplicarse el tope se vería reducida a $ 18.000 lo cual permite advertir, en este supuesto particular, un cercenamiento del valor de la reparación en el 57 % de su monto.

Reparase en que una norma es inconstitucional cuando pierde razonabilidad al verse alteradas las condiciones de hecho con base en las cuales fue dictada. Si bien el legislador tiene la facultad de establecer una limitación dineraria en el respectivo monto del crédito un cambio en el contexto dentro del cual fue sancionada la norma autoriza al juez a desplazarla en su aplicación al caso por resultar irrazonable ya que la solución legal, al margen de si fue o no correcta al momento en que fue dictada, se tornó descalificable desde el punto de vista constitucional por el transcurso del tiempo (SD de esta Sala X en autos “Masia c/ Mapfre Argentina ” del 30/6/11; SD 18.758 “Gutiérrez Leonardo c/ CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A” del 15/7/11).

Asimismo, cabe recordar que nuestro Máximo Tribunal en autos “Ascua, Luis Ramón c/ SOMISA s/ cobro de pesos” Recurso de Hecho A.374 XLIII del 10/8/2010 consideró que “.es necesario concluir que la modalidad indemnizatoria que escoja el legislador para cumplir con la protección constitucional del empleado frente a los daños derivados de accidentes o enfermedades laborales bajo un régimen tarifado -al cual apuntan los textos transcriptos-, no puede válidamente dejar de satisfacer, al menos, la pérdida de ingresos o de capacidad de ganancia de la víctima”. (cfr.Considerando 8º). Ello encuentra sustento en reiterada doctrina del más Alto Tribunal, en cuanto tiene expresado que “.el trabajo humano exhibe características que impone su consideración con criterios propios que obviamente exceden el marco del mercado económico y que se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y justicia, también normativamente comprendidos en la Constitución Nacional (ver “Mansilla”, Fallos: 304:415, 421 y su cita). Continúa la Corte Suprema expresando que “Más todavía; dicha justicia no es otra cosa que la justicia social, vale decir, aquella por la que se consigue o se tiende a alcanzar el “bienestar”, esto es, “las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme con su excelsa dignidad” (Bercaitz”, Fallos: 289:430, 436 -1974-; v., entre otros, además del ya citado caso “Aquino” : “Prattico c. Basso y Cía” , Fallos:246:345, 349; “Roldán c/ Borrás”, Fallos: 250:46, 48/50 y citas, y “Pérez c. Disco SA”, Fallos :332:2043, 2057/2058 y sus citas -2009).

Señaló también que “En el campo de los derechos humanos, asimismo, el principio pro homine, exige que aquéllos sean interpretados con la mayor amplitud que permita la norma que los reconozca, y censura, por ende toda exégesis restrictiva”(“Madorrán” , Fallos: 330:1989, 2004-2007), cuanto más que , de acuerdo con reiterada y conocida doctrina, el trabajador es sujeto de “preferente tutela constitucional” (“Vizzoti” , cit., ps 3689 y 3690; “Aquino”, cit., ps. 3770 y 3797, y “Pérez c. Disco SA”, cit., ps 2054/2055).

Por todo ello, no caben dudas en cuanto a que la aplicación al caso del tope que establece la norma cuya inconstitucionalidad ha sido decretada en autos, resulta confiscatorio y pulveriza de manera diáfana el crédito que según la propia ley correspondería percibir al actor sin la limitación que dispone el art.14 de la Ley 24.557.

A mayor abundamiento cabe señalar que si bien resulta indiscutible que el decreto 1694/09 no resulta temporalmente de aplicación en esta contienda (atento que al momento de ocurrir los sucesos de autos no se encontraba en vigencia y del mismo no se desprende su aplicación retroactiva), no lo es menos que se ha afirmado con criterio que comparto que “dicha normativa deja plasmada la evidente intención del legislador de suprimir la fijación de límites o topes indemnizatorios, ello como evidente consecuencia de la observación de la realidad fáctica y social que es lo que, en definitiva, determina la necesidad de plasmar realidades sociales en normas legales. Así, no puede obviarse al momento de evaluar situaciones como las que aquí nos convoca, que el móvil del dictado de la norma aludida que, y esto lo reitero, no se aplica al supuesto de marras por razones t emporales, ha sido precisamente el resultado de la observancia de la insuficiencia de ese régimen legal que se reglamenta por su intermedio, para tener por cumplida la finalidad de la justicia social, la protección de las víctimas y la creación de un marco de paz social” ( conf. sala IX SD 16.498 del 19/8/10).

En suma, por todo lo expuesto, encuentro debidamente fundada la decisión arribada en la sede de grado en cuanto considera que no resulta justo ni equitativo para el caso disponer la aplicación del tope indemnizatorio previsto en el art. 14 y, consecuentemente, sugiero confirmar la decisión recurrida en este sentido.

IV- En cuanto a la queja opuesta en materia de honorarios y la forma en que fueron impuestas las costas, propongo mantener lo así decidido en la instancia anterior, toda vez que considero ajustado y equitativo el modo en que fueron fijadas las costas en grado como también los emolumentos establecidos en la instancia anterior a favor de la perito contadora actuante (conf. arts. 68 C.P.C.C.N.; 38 L.O. y cctes. ley arancelaria; arts.3º y 12 decreto ley 16638/57).

V- Finalmente y sin perjuicio de la solución que propongo, sugiero imponer las costas de alzada a cargo dela demandada (art. 68 C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de la representación letrada de la actora y de la demandada, por las tareas cumplidas en esta instancia, en el 25% -respectivamente- de lo que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la instancia anterior (art. 14 de la ley arancelaria).

VI- Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto correspondería: 1) Confirmar la sentencia en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios; 2) Imponer las costas de alzada a cargo dela demandada; 3) Regular los honorarios de la representación letrada de la actora y de la demandada, por las tareas cumplidas en esta instancia, en el 25% -respectivamente- de lo que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la instancia anterior.

El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente adhiero al mismo.

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO no vota (art. 125 L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1)Confirmar la sentencia en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios; 2) Imponer las costas de alzada a cargo de la demandada; 3) Regular los honorarios de la representación letrada de la actora y de la demandada, por las tareas cumplidas en esta instancia, en el 25% -respectivamente- de lo que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la instancia anterior.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

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