La Corte admitió la acción entablada contra un banco por un empleado despedido tras 23 años de sucesivos contratos

shutterstock_128217269Partes: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa González Lorenzo Ramón c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ demanda contencioso administrativa

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 8-oct-2013

Cita: MJ-JU-M-81914-AR | MJJ81914 | MJJ81914

La Corte revocó la sentencia que rechazó la acción entablada contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires por un empleado de seguridad despedido tras sucesivas renovaciones del contrato durante 23 años.

Sumario:

1.-Corresponde dejar sin efecto la sentencia del Tribunal que rechazó la demanda interpuesta contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de anular las resoluciones que dispusieron no renovar el contrato de trabajo del actor como empleado de seguridad -el que ocupó durante 23 años- dado que los jueces no repararon en que las sucesivas renovaciones del contrato que vincularon a las partes pudieron tener como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado, y generar una legitima expectativa de permanencia laboral que merece la protección que el art. 14 bis de la CN otorga al trabajador contra el despido arbitrario.

2.-La resolución que se limita a sostener la mayor diferencia de régimen radica en que el personal contratado tiene un vínculo sujeto a plazo cierto, mientras que el derecho a la estabilidad del personal de planta permanente consiste en la aptitud de perdurar en él toda la vida laboral, resta importancia a la antigüedad del actor en el empleo (23 años), y admite implícitamente que las categorías normativas de personal permanente y de personal contratado , resultan indistintamente aplicables a las relaciones laborales que perduran en el tiempo, sin advertir que dicha finalidad no puede presumirse del Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, si se lo interpreta en armonía con lo dispuesto en el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

A fs. 557/571 de los autos principales (foliatura a la que me referiré en adelante), la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó la demanda promovida por el actor -ex agente del Banco de la Provincia de Buenos Aires- a fin de que se declare la nulidad del acto que dispuso no renovar su contrato de empleo público y del acto que rechazó el recurso contra dicha decisión y, por lo tanto, tampoco hizo lugar a lo solicitado en cuanto a su reincorporación al cargo y la indemnización de los daños y perjuicios que habría padecido.

Para así decidir, el tribunal consideró aplicable al caso el criterio constante adoptado en cuanto a que el personal de planta temporaria participa de un status de excepción y no posee más derechos que los previstos en el régimen jurídico que regula su incorporación y desempeño en la relación de empleo.

Añadió que, debido a que todos los contratos suscriptos entre las partes contenían un plazo, la decisión de la demandada de no renovar el último acuerdo fue legítima, no correspondiendo su anulación.

Con relación al alegado perjuicio de índole previsional -consistente en la imposibilidad de obtener una jubilación por edad avanzada entendió que tampoco se encuentra probado y señaló que, a diferencia de otros casos en los cuales se solicitó el depósito de los aportes previsionales adeudados a la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en el caso se invocó la existencia de un daño y se requirió la fijación de un prudente resarcimiento.En este sentido, destacó que si bien de la certificación de servicios se desprende que la demandada no efectuó aportes previsionales entre 1977 y 1993, ello no es suficiente, pues el actor debió demostrar que la prestación por edad avanzada le fue denegada en virtud de la falta de aportes mínimos requeridos, ni tampoco estimó cuál pudo haber sido el importe de la jubilación que pudo haber perdido.

-II-

Disconforme con este pronunciamiento, el actor interpuso el recurso extraordinario de fs. 574/584 que, denegado, dio origen a la presente queja.

En lo sustancial, aduce que la sentencia es arbitraria pues efectuó una interpretación equivocada del texto aplicable y no tuvo en cuenta que las normas locales afectan el derecho del trabajador al haber mantenido por más de veintidós años una relación laboral bajo la modalidad de contrato, privándolo de la estabilidad y de los aportes a la seguridad social (arts. 14, 14 bis y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional). Añade que el tribunal omitió aplicar las disposiciones pertinentes para la solución de la litis, no consideró que el vínculo laboral existente por las sucesivas renovaciones desde 1984 generó la posibilidad de conocer los motivos de la no renovación contractual y prescindió de efectuar un tratamiento objetivo del material probatorio.Por otra parte, sostiene que la sentencia omitió hacer prevalecer la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, por cuanto la ilegitimidad del accionar de la demandada está dado por el motivo real de la no renovación, cual es que había llegado a la edad de sesenta y cinco años y estaba en condiciones de jubilarse.

-III-

Ante todo, cabe recordar la jurisprudencia de la Corte según la cual lo relativo a las facultades de los tribunales provinciales, al alcance de su jurisdicción y a la forma en que ejercen su ministerio -por ser materias que se encuentran regladas por la Constitución y las leyes locales- escapan a la instancia del arto 14 de la ley 48, en virtud del debido respeto a las atribuciones de las provincias (Fallos: 318:1044, entre otros). Asimismo, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas o que el recurrente considere tales, con sustento en su mera discrepancia con el alcance atribuido por el tribunal apelado a principios y normas de derecho público local o con la valoración de la prueba, sino que reviste un carácter estrictamente excepcional. En virtud de ello, su procedencia requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación, pues de lo contrario se extendería la jurisdicción de la Corte habilitándola para revisar todas las decisiones judiciales que se dicten, con menoscabo de los límites establecidos por la Constitución y las leyes (Fallos:315:575; 326:2525 ).

Sobre la base de lo expresado, entiendo que el recurso interpuesto es inadmisible, pues los agravios que se plantean por su intermedio constituyen meras discrepancias con lo resuelto por el máximo tribunal local sobre materias regidas por el derecho público provincial y con fundamentos de igual carácter que, al margen de su acierto o error, lo ponen a resguardo de la tacha que le endilga el recurrente.

Ello es así, toda vez que el apelante se limita a señalar que el máximo tribunal local se aparta de la normativa aplicable y,.que no efectúa una correcta apreciación de los hechos probados en la causa tendientes a demostrar que las sucesivas renovaciones durante más de veinte años habrían generado un vínculo laboral en relación de dependencia. Esta postura no basta para .aseverar que se configura un supuesto de arbitrariedad, máxime cuando el tribunal fundó su pronunciamiento, precisamente, en el estatuto que rige al personal del banco demandado y en los actos administrativos que regularon la relación entre las partes para concluir que el actor no integraba la planta permanente y que ninguna de las circunstancias invocadas por él habilitan a tener por modificada su situación de revista, ni a ejercer los derechos que derivan de una relación de empleo estable.

En tales condiciones, las quejas planteadas sólo traducen la mera disconformidad del recurrente respecto de cuestiones de derecho público local, pues no se observan defectos graves de razonamiento o fundamentación que puedan merecer amparo en la doctrina de la arbitrariedad.

-IV-

Opino, por tanto, que la queja interpuesta es inadmisible.

Buenos Aires,17 de mayo de 2012.

ES COPIA

LAURA M. MONTI

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013

Vistos los autos:”Recurso de hecho deducido por la actor a en la causa González, Lorenzo Ramón c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ demanda contencioso administrativo”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que, por sentencia del 6 de mayo de 2009, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires rechazó la demanda interpuesta por Lorenzo Ramón González contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que: a) se declarara la nulidad de las resoluciones por las que el banco demandado dispuso no renovar -a partir del 31/08/2000- el contrato de empleo público que desde el año 1977 lo vinculaba a la Institución, así como rechazar el recurso interpuesto contra esa decisión¡ .b) se ordenara su reincorporación en el cargo¡ c) se le abonara una indemnización por los perjuicios sufridos como consecuencia de lo expuesto, más los intereses y la actualización monetaria correspondientes hasta el día del efectivo pago.

Contra esa decisión la parte actora interpuso recurso extraordinario federal, cuya denegación dio origen a la presente queja.

2°) Que para decidir como lo hizo, el tribunal a qua consideró que da las constancias de la causa surge que entre el 17/1/1977 Y el. 6/8/2000 la entidad demandada celebró sucesivos contratos con el señor González a fin de que éste desempeñara tareas en el área de seguridad del Banco. Afirmó que el vínculo entre las partes se regia por el Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, según el cual la relación entre un contratado y la entidad bancaria comienza a partir de la firma del contrato y termina cuando expira el plazo acordado (arts. 6 Y 9), por lo que entendió que’ el actor no formaba parte de la planta permanente de aquélla.En ese orden de ideas, señaló que ni la antigüedad en el nombramiento (23 años), ni la índole de las tareas realizadas en una situación idéntica a la del personal de planta permanente habilitan a tener por modificada la situación de revista del actor, pues es el acto de designación el que determina el régimen aplicable a la relación laboral. En razón de lo expuesto, y dado que todos los contratos firmados por González establecían un plazo de duración, consideró que la decisión del Banco de no renovar el último acuerdo por el mero vencimiento del término pactado resultaba legitima.

La Corte local entendió, asimismo, que en el caso no se configuraba una situación de fraude a la ley, dado que los contratos fueron celebrados entre las partes de conformidad con lo establecido en los arts. 6 y 9 del Estatuto para el Personal del Banco, cuya validez no fue cuestionada por la actora. En tales condiciones, concluyó que en el caso la entidad demandada no desvió su conducta de la finalidad de, la norma, en tanto al no asistir al empleado el derecho a la estabilidad, tampoco resultaba necesario instruir un sumario previo para disponer su cese.

Por último, afirmó que, al no haber demostrado que la jubilación por edad avanzada le fue denegada como consecuencia de la falta de pago por el empleador de los aportes correspondientes a los servicios prestados entre 1977 y 1993, ni estimado la cuantía del perjuicio alegado, previsional invocado. el actor no acreditó el de índole.

3°) Que el recurso extraordinario interpuesto suscita cuestión federal suficiente, en los términos de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia.Ello es así pues, si bien los agravios de la apelante remiten al examen de cuestiones de derecho público local, ajenas como regla a esta instancia, corresponde hacer excepción a tal principio cuando, como en el caso, el pronunciamiento impugnado no constituye una derivación razonada del derecho con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa, pues asigna un sentido que desvirtúa y torna inoperantes’ a las normas aplicables a la solución del caso (Fallos: 317:1271; 318:1012 , entre otros).

4°) Que” en efecto., el tribunal a qua funda su sentencia en que el Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires distingue entre personal permanente y personal contratado (arts. 1 y 6), especialmente en que, según lo dispuesto en su arto 9, este ú1tiles “aquél cuya relación de empleo público estaré dada por un contrato de plazo determinado y presta servicios en forma personal y directa. De ese modo, la Corte local supone -implícitamente- que las normas mencionadas admiten la renovación sucesiva de los contratos a lo largo de 23 aftas, como ocurrió en el caso de autos, aunque sin dar razón alguna que justifique esa interpretación.

En efecto, la Corte provincial se limita a sostener a tal fin que “la mayor diferencia entre un régimen y el otro radica, justamente, en que el personal contratado tiene un vínculo sujeto a plazo cierto, mientras que el derecho a la estabilidad del personal de planta permanente consiste en la aptitud de perdurar en él toda la vida laboral”. De ese modo, resta importancia a la antigüedad del actor en el empleo (23 años), y admite implícitamente que las categorías normativas de “personal permanente” y de “personal contratado”, resultan indistintamente aplicables a las relaciones laborales que perduran en el tiempo, sin advertir que dicha finalidad no puede presumirse del Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, si se lo interpreta en armonía con lo dispuesto en’ el art.14 bis de la Constitución Nacional.

En tales condiciones, y toda vez que las sucesivas continuas y renovaciones del contrato que vinculaba a las partes pudieron tener como objetivo del empleador encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado, y generar en González una legitima expectativa de permanencia laboral que merece la protección que el arto 14 bis de la Constitución Nacional otorga al trabajador contra el “despido arbitrario”, (confr. “Ramos, José Luis c/ Estado Nacional (Min. de Defensa – A.R.A.”, Fallos: 333:311), corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada.

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada con el alcance indicado.

Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente. Notifiquese, agréguese” la -queja” al principal” y remítase. RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – CARLOS S. FAYT – ENRIQUE S. PETRACCHI – JUAN CARLOS MAQUEDA – E. RAUL ZAFFARONI

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