La Corte se declaró incompetente en el amparo deducido por los Wichi por el reconocimiento de la propiedad de las tierras

wichiPartes: Comunidad de San José – Chustaj Lhokwe y Comunidad de Cuehuy c/ Salta, Provincia de y otro (Estado Nacional) s/ amparo

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 24-sep-2013

Cita: MJ-JU-M-82103-AR | MJJ82103 | MJJ82103

La Corte Suprema se declaró incompetente para entender en el amparo deducido por comunidades aborígenes, de la etnia Wichi, contra la Provincia de Salta y el Estado Nacional, con el objeto del reconocimiento de la propiedad de los territorios que ocupan históricamente.

Sumario:

1-Corresponde entender a la justicia local en cuestiones en las que comunidades indígenas reclaman el reconocimiento de la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que ocupan ancestralmente, con su delimitación, la mensura del terreno, la expedición del título de dominio y su inscripción registral; pues tales planteos requieren para su solución la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico provincial, sin perjuicio de que una eventual cuestión federal pueda oportunamente habilitar la instancia extraordinaria ante la Corte Suprema prevista en el art. 14 de la ley 48. 2-Es de aplicación la legislación local o nacional, según donde se encuentren ubicadas las tierras pretendidas o reivindicadas por las comunidades indígenas, puesto que su adjudicación debería estar precedida por la pertinente expropiación, en razón de que son de propiedad privada (del voto de los Doctores Fayt, Petracchi y Argibay). 3-Es competente la Corte Suprema para entender en el reclamo consistente en que los estados provincial y nacional le reconozcan a la comunidad indígena su derecho de propiedad sobre las tierras ocupadas por ellos históricamente, porque el conflicto se traduce en una violación a un principio de derecho público de distribución de competencias estatales impuesto por el art. 75. Inc. 17 de la C.N. que manda al Congreso Nacional a incorporar en materia de derechos indígenas aquellos otros derechos consagrados en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas mediante ley formal, y porque las obligaciones que impone la Convención Americana de Derechos Humanos exigen a los Estados federales adoptar medidas positivas, de cooperación y coordinación con las provincias (del dictamen de la Procuradora Fiscal al que remite el Dr. Zaffaroni).

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

Las comunidades «San José – Chustaj’ Lhokwe» y «Cuchuy», ubicadas al este de General Ballivián – Departamento San Martín de la Provincia de Salta, pertenecientes a la etnia wichí dedujeron acción de amparo, en los términos de los arts. 43 y 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, ante el Juzgado Federal de Orán, contra la Provincia de Salta y el . Estado Nacional, para: 1° que los demandados lleven a cabo la demarcación, de .su propiedad comunitaria y la titularización de las tierras que tradicionalmente ocupan; y 2° obtener la tutela de sus derechos constitucionales a la propiedad, a la identidad y a la diversidad, a la vida en condiciones dignas, a la Salud, al medio ambiente, a la preservación de su patrimonio natural y cultural, a la participación en la gestión de sus recursos naturales y en los demás asuntos que les afecten.

Asimismo solicitan, que luego se proceda a labrar los instrumentos legales necesarios -títulos- para su asentamiento en los registros instituidos por el Estado provincial y nacional, y su correspondiente publicación.

Sostienen que tienen legitimación para actuar en los términos de los arts. 75, inc. 17, y 43 de la Constitución Nacional.

Indican que si bien no cuentan con un mapa de relevamiento de sus tierras éstas’ fueron identificadas catastralmente bajo los números de matrículas: 22.031 a 22.034,22.036, 17.446, 21.766,65 Y 64, Y 22.761 P.1746, mato 22.762 y 22.017, entre otras.

Arguyen que tanto el Estado Nacional como la Provincia de Salta han incurrido en una omisión arbitraria, ilegítima y manifiesta de la Constitución Nacional al no garantizar la vigencia de su derecho a la propiedad comunitaria ni otorgarles seguridad jurídica sobre la efectiva posesión de sus tierras, lo que hace imposible el goce de los restantes derechos cuya tutela pretenden (v. fs.7/14), frente a los irregulares desmontes de los Bosques Nativos y al alambrado perimetra1 que se están llevando a cabo sobre el territorio que tradicionalmente ocupan (v. fs. 7/14, 49/51,57/61,65/66).

Fundan su reclamo en los arts. 75, inc. 17, de la Constitución Nacional,21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 13 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, 10 y 25 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (13/09/07), 13 a 16 de la ley 26.160 sobre Comunidades Indígenas y 19 de la ley 26.331 de Bosques Nativos.

En virtud de lo expuesto, peticionan la concesión de una medida cautelar de no innovar por la cual se ordene el cese de las actividades de desmontes y alambrado en las tierras que habitan realizados por particulares, ya sea que se encuentren autorizados o no por la Provincia de Salta.

A fs. 417/426, se presentó el Estado Nacional y opuso, como de previo y especial pronunciamiento, la excepción de falta de acción (art. 347, inc. 2°, del CPCCN). No obstante, en forma subsidiaria, acompañó el informe del art. 8° de la ley nacional 16.1986.

A fs. 458/468, la Provincia de Salta articuló. las excepciones previas de incompetencia y de falta de legitimación activa. En cuanto a la primera, adujo que la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación· al ser parte una provincia y el Estado Nacional y, además, por revestir la materia del pleito carácter federal.

A fs. 566, se corre vista, por la competencia, a este Ministerio Público, junto con el incidente de medida cautelar.

-II-

Ante todo, entiendo que, de conformidad con el art. 75, inc. 17, de la Constitución Nacional y la ley nacional 23.302, la Comunidad «San José – Chustaj Lhokwe» está registrada en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (resolución Re. Na. C.I.0027/00), por lo que tiene legitimación para promover esta acción de amparo. Por el contrario, respecto de la Comunidad «Cuchuy» no se advierte en el expediente constancia alguna de su inscripción, en consecuencia, considero, en principio que no se encuentra legitimada para actuar en este proceso. Ello es así de acuerdo con el informe presentado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a fs. 398/399.

-III-

Cabe recordar que para que proceda la competencia originaria de la Corte establecida en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional y 24, inc. 1°, del decreto-ley 1285/58, en los juicios en que una provincia es parte, resulta necesario examinar, además, la materia sobre la que éste versa, es decir, que se trate de una causa de manifiesto contenido federal o de naturaleza civil, en cuyo caso resulta esencial la distinta vecindad o nacionalidad de la contraria (Fallos: 322: 1514 y 3572; 323:1854 ; 324:533 y sus citas).

Asimismo, tiene dicho V.E. que, a fin de resolver una cuestión de competencia, es preciso atender, de manera principal, a la exposición de los hechos que el actor efectúa en la demanda, así como también, al origen de la acción y a la relación de derecho existente entre las partes (Fallos: 311:1791 y 2065; 322:617 , entre otros) y después, sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión (Fallos 305:1453; 306:1053 y 308:2230; 320:46 ; 324:4495 , entre muchos otros), pues deberá estarse a la realidad jurídica y no a la mera voluntad de los litigantes (Fallos:297:396; 299:89; 301:702, entre muchos otros).

En el sub lite, la Comunidad «San José – Chustaj Lhokwe», ante la injerencia de particulares en sus tierras, pretende sustancialmente que los demandados lleven a cabo la demarcación y la titularización de su territorio tradicional, es decir, que se le reconozca su derecho de propiedad sobre esos terrenos, pues la omisión en la que han incurrido las autoridades nacionales, y locales en materia legislativa lesiona también sus derechos constitucionales a la identidad y a la diversidad, a la vida en condiciones dignas, a la salud, al medio ambiente, a la preservación de su patrimonio natural y cultural y a la participación en la gestión de sus recursos naturales y en los demas asusntosque les afecten.

Por lo tanto, a mi modo de ver, se configura así un supuesto diverso al del caso «Salas» , Fallos: 331:2925; pues allí a diferencia de lo que se alega en el siguiente pleito, el objeto de la demanda era netamente «ambiental», en cambio aquí el proceso constiuye una «causa indígena» que debe encuadrarse dentro del art. 75, inc. 17, de la Constitución Nacional, en cuanto consiste sustancialmente en que ambos estados -provincial y nacional- le reconozcan a la comunidad indígena su derecho de propiedad sobre las tierras ocupadas por ellos históricamente.

Por ello, entiendo que lo medular del planteamiento que se efectúa remite necesariamente a desentrañar el sentido y los alcances de tal precepto federal, cuya .adecuada hermenéutica resultará esencial para la justa solución de la controversia y, permitirá apreciar si existe la mentada violación constitucional que se alega (Fallos: 311:2154, cons.4°), puesto que el inciso 17 constituye un mandato al Congreso Nacional (con independencia de que con anterioridad haya sido creado el INAI – Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), que sólo afectará la actividad de los demás órganos del Estado, nacional y local, y producirá derechos en la medida en que se incorpore a las leyes que dicte el legislador nacional (eficacia indirecta), pues -según el Constituyente- es responsabilidad del Congreso Nacional incorporar en materia de derechos indígenas aquellos otros derechos consagrados en el Convenio 169, de carácter infra constitucional, mediante ley formal, en concurrencia con la atribución de legislar de las provincias, quienes también se reservan la potestad de aplicar tales normas (conf. Art. 121 CN).

Al respecto, tiene dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos que «el derecho a la propiedad privada previsto en el art. 21 de la Convención Americana contiene un tipo especial de propiedad como lo es el derecho de posesión y propiedad comunitaria de los pueblos indígenas con respecto a tierras, territorios y recursos’ que han ocupado históricamente» , . (v. «Comunidad Mayagna [Sumo] Awas Tingni», sentencia del 3Y de agosto de 2001, párr.148. Ver también «Comunidad Indígena SawhoYaplaxa vs. Paraguay», sentencia de 29 de marzo de 2006, párr. 118).

Por ello entiende que los estados deben proceder a la delimitación, demarcación y titularización de las tierras tradicionales de las comunidades, a fin de hacer efectivo ese derecho, pues una actitud contraria conllevaría la violación del art. 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos; en cuanto este precepto es la fuente normativa del derecho a la tierra de los pueblos indígenas (v. «Comunidad Mayagna [Sumo] Awas Tingni», cit., párr; 153).

De este modp, es mi parecer que la presunta afectación del art. 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos frente a la omisión del Estado Nacional y de la Provincia de Salta de legislar de modo concurrente sobre el derecho a la,tierra de los pueblos Indígenas, tal como lo ordena el art. 75. inc.17 de la Constitución Nacional, configura una causa federal.

Así lo pienso, en razón de dos cuestiones: 1° porque el conflicto se traduce en una violación a un principio de derecho público de distribución de competencias estatales impuesto expresamente por el Constituyente de 1994 (art. 75. Inc. 17 CN), por lo que considero que el pleito se encuentra entre los especialmente regidos por la Constitución , Nacional, a los que alude el art. 2°, inc. 1°, de la ley 48, en cuanto versa, en principio, sobre la determinación de las órbitas de competencia del Congreso Nacional y de la Legislatura Provincial, lo que hace competente a la Justicia nacional para entender en este; y además, 2° porque las obligaciones que imponen los arts. 1º.1., 2° y 28 de la Convención Americana de Derechos Human os se hallan indisolublemente interrelacionadas y exigen a los Estados federales. adoptar medidas positivas, de cooperación y coordinación con las provincias, para hacerlas cumplir.

En tales condiciones, opino que el proceso corresponde a la competencia originaria de la,Corte, al ser parte una provincia en una causa de exclusivo carácter federal, en la que, además, concurre el Estado Nacional.

Buenos Aires, 06 de agosto de 2010.

LAURA M. MONTI

ES COPIA

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 15 de ocubre de 2013

Autos y Vistos; Considerando:

l°) Que a fs.15/36 las comunidades «San José-Chustaj Lhokwe» y «Cuchuy», pertenecientes a la etnia wichí, promovieron acción de amparo ante el Juzgado Federal de Orán en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, contra la Provincia de Salta y el Estado Nacional, con el objeto de que los demandados lleven a cabo la demarcación de su propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, de modo que puedan ejercer sin .restricciones sus derechos constitucionales a la identidad y a la diversidad, a la vida en condiciones dignas, a la salud, al medía ambiente, a la preservación de su patrimonio natural y cultural, a la participación en la gestión de sus recursos naturales y en los demás asuntos que los afecten.

Asimismo solicitan que luego se proceda a labrar los instrumentos legales necesarios -títulos- para su asentamiento en los registros instituidos por los Estados provincial y nacional, y su correspondiente publicación.

Indican que si bien no cuentan con un mapa de relevamiento de sus tierras -ubicadas en la localidad de General Ballivián, Departamento San Martín, Provincia de Salta-, éstas fueron identificadas catastralmente bajo los números de matrículas: 22.031 a 22.034, 22.036, 17.446, 21.766, 65 Y 64, Y 22.761 P.1746, mato 22.762 y 22.017, entre otras.

Arguyen que tanto el Estado-Nacional corno la-Provincia de Salta han incurrido en una omisión arbitraría, ilegítima y manifiesta al no garantizar la vigencia de su derecho a la propiedad comunitaria ni otorgarles seguridad jurídica sobre la efectiva posesión de sus tierras, -situación que no les permite el ejercicio de los restantes derechos cuya tutela pretenden, frente a los irregulares desmontes de los bosques nativos que -según denuncian- se realizaron en el territorio que tradicionalmente ocupan, y a la colocación de alambrados perimetrales por parte de terceros propietarios nominales, invocando títulos que desconocen.

Fundan su reclamo en los artículos 75, inciso 17, de la Constitución Nacional; 5, 8, 21 Y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 3, 4, 5, 7, 13 Y 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales; 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros instrumentos internacionales, y en las leyes 26.160 y 26.331.

Peticionan la concesión de una medida cautelar de no innovar por la cual se ordene el cese de las referidas actividades de desmonte en las tierras que habitan.

A fs. 417/426 se presentó el Estado Nacional y acompañó el informe del artículo 8° de la ley nacional 16.986.

A fs. 458/468 la Provincia de Salta opone las excepciones de incompetencia y de falta de legitimación activa y pasiva.

En cuanto a la primera, adujo que la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al ser parte una provincia y el Estado Nacional y, además, por revestir la materia del pleito -según esgrime carácter federal.

A fs. 37/38 del incidente sobre medida cautelar el señor juez federal rechazó la prohibición de innovar requerida, y. a fs.556/558 del expediente principal se declaró incompetente para entender en el caso y remitió. las actuaciones a esta Corte por considerar que corresponde ala jurisdicción prevista en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

2º) Que el Tribunal ha reconocido la posibilidad de que la acción de amparo, de manera general, tramite en esta instancia, siempre que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria, toda vez que, de otro modo, en tales ocasiones quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el artículo 43 de la Constitución Nacional (Fallos: 307:1379; 311:489, 810 y 2154; 313:127; 320:1093 ; 3326, 322:190 , 1379; 1514 y 3122; 323:2107 y 3326 entre otros) .

3º) Que en causas sustancialmente análogas en las que distintas comunidades indígenas reclamaron el reconocimiento de la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que ocupan ancestralmente, con la delimitación correspondiente, la mensura del terreno, la expedición del título de dominio y su inscripción en el. Registro de la Propiedad. Inmueble, este Tribunal ha tenido oportunidad de establecer que Su conocimiento corresponde a la justicia local; pues tales planteos requieren para su solución la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico provincial, sin perjuicio de que una. eventual cuestión federal en los términos del articulo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional pueda oportunamente habilitar la instancia extraordinaria ante la Corte Suprema prevista en el articulo 14 de la ley 48 (Fallos: 328: 3555; causas c. 4022.XLI «Comunidad Indígena del Pueblo Guaraní Kufta Piru 11 cl Misiones, Provincia de y Estado Nacional si demanda ordinaria de acción de reconocimiento de posesión y propiedad comunitaria indígena, escrituración, y daños y perjuicios» y C.4024.XLI «Comunidad Aborigen de Tekoa Ama y de Kapii Yutae cl Misiones, Provincia de y Estado Nacional si demanda ordinaria de acción de reconocimiento de posesión y propiedad comunitaria indígena y daños y perjuicios», sentencias del 21 de marzo de 2006)

4º) Que sin perjuicio de ello, cabe agregar a lo expuesto en los precedentes citados que la consagración constitucional de facultades concurrentes en la materia entre la Nación y las provincias (artículo 75, inciso 17), no solo tiene raigambre histórica, pues desde la organización nacional fueron los Estados locales los que se ocuparon en primer término de las cuestiones indígenas, e incluso el proceso legislativo de reconocimiento de tales derechos tuvo su origen en las provincias que sancionaron una serie de leyes específicas -entre las que se puede citar la ley 6373 de Salta-, sino que además responde a los lineamientos básicos de un régimen federal equilibrado, que no puede prescindir de las múltiples y variadas realidades locales, con mayor razón en materia aborigen, por el íntimo encuentro entre los distintos pueblos y cada una de las tierras que habitan (arg. decreto PEN 700/2010).

En cuanto al ejercicio de tales atribuciones concurrentes se ha señalado que: «En realidad el grueso de las tierras llamadas ‘fiscales’, disponibles en el país, y gran parte de los recursos naturales, son del dominio de los Estados Provinciales, de modo que la aplicación de la norma a nivel nacionales restringiría a las tierras de esa jurisdicción (ej.Parques Nacionales) o a actividades económicas regladas por leyes nacionales» (apartado 3.2.2 del .Programa Nacional «Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas Ejecución de la ley n’ 26.160» que, como Anexo I, forma parte de la resolución INAI 587/2007) .

5º) Que las conclusiones expuestas no se ven alteradas por el hecho de que las omisiones en que -según se denuncia habría incurrido el Estado provincial, tengan influencia en las garantías que la Constitución Nacional le ha reconocido a las comunidades indígenas, ya que su presencia en juicio, o el reconocimiento de los derechos que invocan, no transforma a la cuestión planteada en una que pueda ser calificada como predominante o exclusivamente federal y que, como tal, justifique, por la sola presencia de las garantías que se dicen afectadas, la jurisdicción constitucional que se pretende mediante el planteo efectuado en autos.

En efecto, no solo es facultad local, sino que en orden a la previsión contenida en el artículo 5º de la Ley Fundamental, también es deber de las jurisdicciones provinciales, el proveer normativas tendientes a garantizar los derechos reconocidos en la cláusula constitucional referida, desde que cada provincia debe dictar para si una constitución «de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional» y naturalmente las leyes locales necesarias para facilitar la operatividad de la garantía de los pueblos indígenas.

Al respecto cabe poner de resalto que el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Salta es casi una transcripción del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional y dispone: «Pueblos indígenas. 1. La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que residen en el territorio de Salta. Reconoce la personalidad de sus propias comunidades y sus organizaciones a efectos de obtener la personería jurídica y la legitimación para actuar en las instancias administrativas y judiciales de acuerdo con lo que establezca la ley. Créase al efecto un registro especial.Reconoce y garantiza el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras fiscales. que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes ni embargos. Asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten de acuerdo a la ley. 11. El Gobierno Provincial genera mecanismos que permitan, tanto a los pobladores indígenas corno no indígenas, con su efectiva participación, consensuar soluciones en lo relacionado con la tierra fiscal, respetando los derechos de terceros» .

En tales condiciones, no se advierte que la disposición provincial transcripta contradiga o altere la finalidad, sentido o espíritu de la norma nacional citada, de manera tal que se justifique esta competencia, en la inteligencia de que la previsión local, por no contemplar los presupuestos de la Constitución Nacional o de las leyes dictadas en su consecuencia, exija la intervención directa de esta Corte como órgano custodio de garantías constitucionales (conf. Fallos: 333:1784).

6º) Que, por lo demás, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Y el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) suscribieron el 24 de abril de 2008 un Convenio Específico -aprobado por la resolución INAI 621/2008- con el objeto de implementar el relevamiento técnicojurídico- catastral de la situación dominial de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades de los pueblos indígenas de la Provincia de Salta, en el contexto del articulo 3′ de la ley 26.160 y del Convenio Marco de Cooperaci6n firmado .entre las mismas partes y protocolizado .mediante la resolución INAI 399/2008 (fs.510/543).

En ese instrumento el IPPIS asumió las responsabilidades y el desempeño de las funciones asignadas en el «Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas Ejecución de la Ley nº 26.160» (cláusula V del Convenio Específico referido, fs. 527/543), circunstancia que exigirá para la solución del pleito la valoración de los actos llevados a cabo en ese marco por el organismo provincial.

7º) Que descartada entonces la competencia originaria del Tribunal ratione materiae por no tratarse de una cuestión estricta o nítidamente federal, resta determinar si corresponde ratione persona e, en cuyo caso solo resultaría justificada si se llegase a la conclusión de que el Estado Nacional debe ser parte en el proceso, extremo que exige desentrañar si, más allá de que ha sido nominalmente demandado, cabe considerarlo parte sustancial en la cuestión planteada.

En este aspecto, cabe señalar que no se advierte cuáles han sido las omisiones -por cierto genéricas- que se imputan a la Nación en orden a la previsión constitucional contenida en el artículo 75, inciso 17, y, particularmente la relación que guardarían tales omisiones con el objeto principal de la demanda; y, en todo caso, por qué resultaría insuficiente a tal efecto el remedio establecido en el artículo 14 de la ley 48 (con£. precedentes citados en el considerando 3º) .

De tal manera, no aparece configurada la exigencia de que aquél sea parte en sentido sustancial, en la medida en que no se advierte que se le pueda atribuir una vinculación con la cuestión que surja manifiesta de la realidad jurídica más allá de las expresiones formales usadas por las partes (arg. Fallos:

313:1681; 316:2705) Estas consideraciones llevan a apartar al Estado Nacional de este proceso.

8′) Que no empece- a la conclusión del considerando precedente el hecho de que las comunidades demandantes no hayan sido incorporadas como beneficiarias del relevamiento técnicojurídíco- catastral de la Provincia de-Salta en el anexo 11 de la citada resolución INAI 621/2008, pues tales omisiones fueron subsanadas de conformidad con lo que surge de la nota INAI 182/2009, obrante a fs. 398/400.

En efecto, allí se informa que las aquí actoras serán contempladas en el relevamiento previsto para la provincia, extremo que en relación a la Comunidad San José Chustaj Lhokwe fue corroborado mediante el dictado de la resolución INAI 51/2009, en la que se decidió incorporarla en el listado de comunidades a relevar.

En lo que concierne a la Comunidad de Cuchuy el INAI expresó que la circunstancia de que no se encuentre inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) ní en el organismo provincial competente, no obsta a su inclusión como beneficiaria del relevamiento, pues la inscripción de la personería no posee alcances constitutivos sino declarativos, toda vez que su reconocimiento deviene de la preexistencia de los Pueblos Indígenas declarada en la Constitución Nacional (fs. 399) .

También destacó que las disposiciones de la ley 26.160 no solo alcanzan a- las comunidades que tengan su personería inscripta, sino también a «aquellas preexistentes» (artículo l°) , entendiéndose por tales a las pertenecientes a un pueblo indígena preexistente haya o no registrado su personería jurídica (fs.399).

Sí bien le corresponde al INAI resolver su incorporación al relevamiento en cuestión, previa consulta al Consejo de Participación Indígena (artículo 3° del decreto reglamentario 1122/2007), esa circunstancia no justifica su presencia en este pleito, sino que, en tal caso, un eventual incumplimiento al compromiso asumido en la nota 182/20.09 ya referida, de contemplar a la Comunidad de Cuchuy en el relevamiento, dará lugar al reclamo respectivo por la vía y forma pertinente.

9°) Que frente a la incompetencia definida precedentemente, las actuaciones deberán continuar su trámite ante la jurisdicción local. En su caso el articulo 14 de la ley 48 permitirá la consideración de las cuestiones federales que puedan comprender este tipo de litigios, y consolidará el verdadero alcance de la jurisdicción provincial, preservando así el singular carácter de la intervención de este Tribunal, reservada para después de agotada la instancia local (arg. Fallos: 311:2478; 312:606; 255:256; 258:116; 259:343; 283:429; 180:87; 318:992 ; 319:1407 ; 322:617; conf. causa «Asociación Civil para la Defensa y Promoción del Cuidado del Medio Ambiente y Calidad de Vida cl San Luis, Provincia de y otros sI amparo», Fallos: 329: 2469) .

Sin perjuicio de ello, con la finalidad de evitar la profusión de trámites e impedir la provocación de situaciones que puedan llegar a configurar un caso de privación jurisdiccional, habrá de disponerse la remisión de estas actuaciones a la Corte de Justicia de la Provincia de Salta para que decida lo concerniente al tribunal provincial que resulte competente con arreglo a las disposiciones locales de aplicación (Fallos: 334: 1754 y sus citas).

Por ello, y oida la señora Procuradora Fiscal, se resuelve: l. Declarar que esta causa no es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 11.Disponer la remisión de las actuaciones a la Corte de Justicia de la Provincia de Salta a los efectos indicados en el considerando 9°. Notifíquese, comuníquese a la señora Procuradora General y al señor Defensor Ofícial ante esta Corte y, oportunamente, cúmplase con la remisión ordenada. RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – CARLOS S. FAYT – ENRIQUE S. PETRACCH I – JUAN CARLOS MAQUEDA – E. RAUL ZAFFARONI – CARMEN M. ARGIBAY –

VOTO DEL SEÑORES MINISTROS DOCTOR DON CARLOS S. FAYT, DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI y DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY

Considerando:

l°) Que a fs. 15/36 las comunidades «San José-Chustaj Lhokweu y «Cuchuyu, pertenecientes a la etnia wichi, promovieron acción de amparo ante el Juzgado Federal de Orán en los términos del articulo 43 de la Constitución Nacional, contra la Provincia de Salta y el Estado Nacional, con el objeto de que los demandados lleven a cabo la demarcación de su propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, de modo que puedan ejercer sin restricciones sus derechos constitucionales a la identidad y a la diversidad, a la vida en condiciones dignas, a la salud, al medio ambiente, a la preservación de su patrimonio natural y cultural, a la participación en la gestión de sus recursos, naturales y en los,demás asuntos que los afecten.

Asimismo solicitan que luego se proceda a labrar los instrumentos legales necesarios -títulos- para su asentamiento en los registros instituidos por los Estados provincial y nacional, y su correspondiente publicación.

Indican que si bien no cuentan con un mapa de relevamiento de sus tierras -ubicadas en ,la localidad de General Ballivián, Departamento San Martín, provincia de Salta-, éstas fueron identificadas catastralmente bajo los números de matriculas: 22.031 a 22.034, 22.036, 17.446, 21.766, 65 Y 64, Y 22.761 P.1746, mat.22.762 y 22.017, entre otras.

Arguyen que tanto el Estado Nacional como la Provincia de Salta han incurrido en una omisión arbitraria, ilegítima y manifiesta al no garantizar la vigencia de su derecho a la propiedad comunitaria ní otorgarles seguridad jurídica sobre la efectiva posesión de sus tierras, situación que no les permite el ejercicio de los restantes derechos cuya tutela pretenden, frente a los irregulares desmontes de los bosques nativos que -según denuncian- se realizaron en el territorio que tradicionalmente ocupan, y a la colocación de alambrados perimetrales por parte de terceros propietarios nominales, invocando títulos que desconocen.

Fundan su reclamo en los artículos 75, inciso 17, de la Constitución Nacional; 5, 8, 21 Y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 3, 4, 5, 7, 13 Y 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales; 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros instrumentos internacionales, y en las leyes 26.160 y 26.331.

Peticionan la concesión de una medida cautelar de no innovar por la cual se ordene el cese de las referidas actividades de desmonte en las tierras que habitan.

A fs. 417/426 se presentó el Estado Nacional y acompañó el informe del artículo 8º de la ley nacional 16.986.

A fs. 458/468 la Provincia de Salta opone las excepciones de incompetencia y de falta de legitimación activa y pasiva.

En cuanto a la primera, adujo que la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al ser parte una provincia y el Estado Nacional y, además, por revestir la materia del pleito -según esgrime carácter federal.

A fs. 37/38 del incidente sobre medida cautelar el señor juez federal rechazó la prohibición de innovar requerida, y a fs.556/558 del expediente principal se declaró incompetente para entender en el caso y remitió las actuaciones a esta Corte por c onsiderar que corresponde a la jurisdicción prevista en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

2º) Que el Tribunal ha reconocido la posibilidad de que la acción de amparo, de manera general, tramite en esta instancia, siempre que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria, toda vez que, de otro modo, en tales ocasiones quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el artículo 43 de la Constitución Nacional (Fallos: 307:1379; 311:489, 810 y 2154; 313:127; 320:1093; 322:190, 1387, y 1514 y 3122; 323:2107 y 3326, entre otros) .

3º) Que en causas sustancialmente análogas en las que distintas comunidades indígenas reclamaron el reconocimiento de la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que ocupan ancestralmente, con la delimitación correspondiente, la mensura del terreno, la expedición del título de dominio y su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble, este Tribunal ha tenido oportunidad de establecer que su conocimiento corresponde a la justicia local, pues tales planteos requieren para su solución la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico provincial, sin perjuicio de que una eventual cuestión federal en los términos del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional pueda oportunamente habilitar la instancia extraordinaria ante la Corte Suprema prevista en el artículo 14 de la ley 48 (Fallos:328:3555; causas C.4022.XLI «Comunidad Indígena del Pueblo Guaraní Kufta Piru 11 cl Misiones, Provincia de y Estado Nacional si demanda ordinaria de acción de reconocimiento de posesión y propiedad comunitaria indígena, escrituración, y daños y perjuicios» y C.4024.XLI «Comunidad Aborigen de Tekoa Ama y de Kapii Yutae c/ Misiones, Provincia de y Estado Nacional si demanda ordinaria de acción de reconocimiento de posesión y propiedad comunitaria indígena y daños y perjuicios», sentencias del 21 de marzo de 2006) .

4º) Que sin perjuicio de ello, cabe agregar a lo expuesto en los precedentes citados que la consagración constitucional de facultades concurrentes en la materia entre la Nación y las provincias (artículo 75, inciso 17), no solo tiene raigambre histórica, pues desde la organización nacional fueron los Estados locales los que se ocuparon en primer término de las cuestiones indígenas, e incluso el proceso legislativo de reconocimiento de tales derechos tuvo su origen en las provincias que sancionaron una serie de leyes específicas -entre las que se puede citar la ley 6373 de Salta-, sino que además responde a los lineamientos básicos de un régimen federal equilibrado, que no puede prescindir de las múltiples y variadas realidades locales, con mayor razón en materia aborigen, por el íntimo encuentro entre los distintos pueblos y cada una de las tierras que habitan (arg. decreto PEN 700/2010) En cuanto al ejercicio de tales atribuciones concurrentes se ha señalado que: «En realidad el grueso de las tierras llamadas ‘fiscales’, disponibles en el país, y gran parte de los recursos naturales, son del dominio de los Estados Provinciales, de modo que la aplicación de la norma a nivel nacional se restringiría a las tierras de esa jurisdicción (ej.Parques Nacionales) o a actividades económicas regladas por leyes nacionales» (apartado 3.2.2 del Programa Nacional «Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas Ejecución de la ley n° 26.160» que, como Anexo I, forma parte de la resolución INAI 587/2007) .

5°) Que, asimismo, es preciso señalar que si las tierras pretendidas o reivindicadas por las comunidades indígenas son de propiedad privada -como ocurre en el sub lite, ver fs. 430/457-, su adjudicación para cumplir con el objetivo constitucional debería estar precedida por la pertinente expropiación, en cuyo caso, se aplicaría la legislación local o nacional que rija en la materia en la jurisdicción e’n las que se encuentren ubicadas.

6°) Que las conclusiones expuestas no se ven alteradas por el hecho de que las omisiones en que -según se denuncia habría incurrido el Estado provincial, tengan influencia en las garantías que la Constitución Nacional le ha reconocido a las comunidades indígenas, ya que su presencia en juicio, o el reconocimiento de los derechos que invocan, no transforma a la cuestión planteada en una que pueda ser calificada como predominante o exclusivamente federal y que, como tal, justifique, por la sola presencia de las garantías que se dicen afectadas, la jurisdicción constitucional que se pretende mediante el planteo efectuado en autos.

En efecto, no solo es facultad local, sino que en orden a la previsión contenida en el articulo 5° de la Ley Fundamental, también es deber de las jurisdicciones provinciales, el proveer normativas tendientes a garantizar los derechos re conocidos en la cláusula constitucional referida, desde que cada provincia debe dictar para si una constitución «de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional» y naturalmente las leyes locales necesarias para facilitar la operatividad de la garantía de los pueblos indígenas.

Al respecto cabe poner de resalto que el articulo 15 de la Constitución de la Provincia de Salta es casi una transcripción del articulo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional ydispone: «Pueblos indígenas. La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que residen en el territorio de Salta. Reconoce la personalidad de sus propias comunidades y sus organizaciones a efectos de obtener la personería jurídica y la legitimación para actuar en las instancias administrativas y judiciales de acuerdo con lo que establezca la ley. Créase al efecto un registro especial. Reconoce y garantiza el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras fiscales que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes ni embargos. Asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten de acuerdo a la ley. 11. El Gobierno Provincial genera mecanismos que permitan, tanto a los pobladores indígenas como no indígenas, con su efectiva participación, consensuar soluciones en lo relacionado con la tierra fiscal, respetando los derechos de terceros».

En tales condiciones no se advierte que la disposición provincial transcripta contradiga o altere la finalidad, sentido o espíritu de la norma nacional citada, de manera tal que se justifique esta competencia, en la inteligencia de que la previsión local, por no contemplar los presupuestos de la Constitución Nacional o de las leyes dictadas en su consecuencia, exija la intervención directa de esta Corte como órgano custodio de garantías constitucionales (conf. Fallos: 333:1784).

7°) Que, por lo demás, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Y el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) suscribieron el 24 de abril de 2008 un Convenio Específico -aprobado.por la resolución .INAI 621/2008- con el objeto de implementar el relevamiento técnicojurídico- catastral de la situación dominial de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades de los pueblos indígenas de la Provincia de Salta, en el contexto del artículo 3° de la ley 26.160 y del Convenio Marco de Cooperación firmado entre las mismas partes y protocolizado mediante la resolución INAI 399/2008 (fs. 510/543) En ese instrumento el IPPIS asumió las responsabilidades y el desempeño de las funciones asignadas en el «Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas Ejecución de la Ley n° 26.160» (cláusula V del Convenio Específico referido, fs. 527/543), circunstancia que exigirá para la solución del pleito la valoración de los actos llevados a cabo en ese marco por el organismo provincial.

8°) Que descartada entonces la competencia originaria del Tribunal ratione roateriae por no tratarse de una cuestión estricta o nítidamente federal, resta determinar si corresponde ratione personae, en cuyo caso solo resultaría justificada si se llegase a la conclusión de que el Estado Nacional debe ser parte en el proceso, extremo que exige desentrañar si, más allá de que ha sido nominalmente demandado, cabe considerarlo parte sustancial en la cuestión planteada.

En este aspecto, cabe señalar que no se advierte cuáles han sido las omisiones -por cierto genéricas- que se imputan a la Nación en orden a la previsión constitucional contenida en el artículo 75, inciso 17, y, particularmente la relación que guardarían tales omisiones con el objeto principal de la demanda; y, en todo caso, por qué resultaría insuficiente a tal efecto el remedio establecido en el artículo 14 de la ley 48 (conf.precedentes citados en el considerando 3°).

De tal manera, no aparece configurada la exigencia de que aquél sea parte en sentido sustancial, en la medida en que no se advierte que se le pueda atribuir una vinculación con la cuestión que surja manifiesta de la realidad jurídica más allá de las expresiones formales usadas por las partes (arg. Fallos:

313:1681; 316:2705). Estas consideraciones llevan a apartar al Estado Nacional de este proceso.

9o) Que no empece a la conclusión del considerando precedente el hecho de que las comunidades demandantes no hayan sido incorporadas como beneficiarias del relevamiento técnicojurídico- catastral de la Provincia de Salta en el anexo 11 de la citada resolución INAI 621/2008, pues tales omisiones fueron subsanadas de conformidad con lo que surge de la nota INAI 182/2009, obrante a fs. 398/400.

En efecto, allí se informa que las aquí actoras serán contempladas en el relevamiento previsto para la provincia, extremo que en relación a la Comunidad San José Chustaj Lhokwe fue corroborado mediante el dictado de la resolución INAI 51/2009, en la que se decidió incorporarla en el listado de comunidades a relevar.

En lo que concierne a la Comunidad de Cuchuy el INAI expresó que ¡a circunstancia de que no se encuentre inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) ni en el organismo provincial competente, no obsta a su inclusión como beneficiaria del relevamiento, pues la inscripción de la personería no posee alcances constitutivos sino declarativos, toda vez que su reconocimiento deviene de la preexistencia de los Pueblos Indígenas declarada en la Constitución Nacional (fs. 399) .

También destacó que las disposiciones de la ley 26.160 no solo alcanzan a las comunidades que tengan su personería inscripta, sino también a «aquellas preexistentes» (artículo 1″), entendiéndose por tales a las pertenecientes a un pueblo indígena preexistente haya o no registrado su personería jurídica (fs.399).

Si bien le corresponde al INAI resolver su incorporación al relevamiento en cuestión, previa consulta al Consejo de Participación Indígena (artículo 3″ del decreto reglamentario 1122/2007), esa circunstancia no justifica su presencia en este pleito, sino que, en tal caso, un eventual incumplimiento al compromiso asumido en la nota 182/2009 ya referida, de contemplar a la Comunidad de Cuchuy en el relevamiento, dará lugar al reclamo respectivo por la vía y forma pertinente.

10) Que frente a la incompetencia definida precedentemente, las actuaciones deberán continuar su trámite ante la jurisdicción local. En su caso el artículo 14 de la ley 48 permitirá la consideración de las cuestiones federales que puedan comprender este tipo de litigios, y consolidará el verdadero alcance de la jurisdicción provincial, preservando así el singular carácter de la intervención de este Tribunal, reservada para después de agotada la instancia local (arg. Fallos: 180:87; 255:256; 258:116; 259:343; 283:429; 311:2478; 312:606; 318:992; 319:1407; 322:617; conf. causa «Asociación Civil para la Defensa y Promoción del Cuidado del Medio Ambiente y Calidad de Vida c/ San Luis, Provincia de y otros s/ amparo» , Fallos: 329:2469).

Sin perjuicio de ello, con la finalidad de evitar la profusión de trámites e impedir la provocación de situaciones que puedan llegar a configurar un caso de privación jurisdiccional, habrá de disponerse la remisión de estas actuaciones a la Corte de Justicia de la Provincia de Salta para que decida lo concerniente al tribunal provincial que resulte competente con arreglo a las disposiciones locales de aplicación (Fallos: 334: 1754 y sus citas) Por ello, y oída la señora Procuradora Fiscal, se resuelve: l. Declarar que esta causa no es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia .de la Nación. I.I.Disponer la remisión de las actuaciones a la Corte de Justicia de la Provincia de Salta a los efectos indicados en el considerando 10. Notifíquese, comuníquese a la señora Procuradora General y al señor Defensor Oficial ante esta Corte y, oportunamente, cúmplase con la remisión ordenada. ENRIQUE S. PETRACCHI – CARLOS S. FAYT – CARMEN M. ARGIBAY –

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E. RAÚL ZAFFARONI

Considerando:

Que el infrascripto comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal ante esta Corte, a los que cabe remitir en razón de brevedad.

Por ello, se resuelve: Declarar que la presente causa es de la competencia originaria de. la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Notifíquese y comuníquese a la señora Procuradora General y al Defensor Oficial ante esta Corte. E.RAUL ZAFFARONI

  1. Originarios piden educación universitaria de acuerdo a la ley 26206 de educación y 23302 en sus jurisdicciones
    La inclusión en el sistema educativo es un mandato central de la sociedad y un deber del Estado. Así la Constitución Nacional otorga a los ciudadanos el derecho a la educación. Y la Educación Superior al igual que el conjunto de la educación Argentina debe ser considerada como un derecho y que es el estado el responsable de garantizar su cumplimiento y es un bien social y no un bien de mercado
    No hay democracia si no se respetan todas las leyes.
    ORIGINARIOS PIDEN EDUCACION UNIVERSITARIA- Promover Juicio político al Ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni por no responder el petitorio de fecha 23/06/12 y producir consecuencias de analfabetismo, y daños irreparables al momento. Según art. 53 y concordantes de la Constitución Nacional

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